Crece el escándalo en Córdoba luego de que el fiscal general, Juan Manuel Delgado y uno de los tres adjuntos, Pablo Bustos Fierro, firmaran un dictamen de 25 páginas haciendo lugar a un recurso de amparo para que en la provincia de Córdoba se suspendiera la aplicación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Hubo una fuerte reacción de distintos sectores sociales y políticos y se presentarán en la Legislatura, al menos, dos pedidos de juicio político contra el fiscal general.

La que debe resolver si el Delgado sigue en su cargo es la Legislatura en pleno, de 70 miembros, y no sólo el comité de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios judiciales. Se desprende que la alianza schiarettista Hacemos por Córdoba que está integrada por el peronismo cordobesista, sectores albertistas, del Movimiento Evita, el GEN de Margarita Stolbizer y hasta del Partido Socialista, bloquearán los pedidos de juicio político de la oposición. Hacemos por Córdoba tiene 51 bancas; la alianza macrista Córdoba Cambia que responde a Mario Negri tiene 8 legisladores; los radicales que responden a Ramón Javier Mestre, 7 escaños: el Encuentro Vecinal Córdoba del amparista García Elorrio tiene 2 legisladores, el MST 1 y el Frente de Izquierda, 1.

La legisladora Luciana Echevarría del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), ya presentó el primer pedido de juicio político contra Delgado y declaró a elDiarioAR que “a las mujeres nos costó años de organización y lucha colectiva conquistar el elemental derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y hay algunos que piensan que pueden seguir obstaculizando nuestra decisión. Personajes como el fiscal general Delgado se creen que están por encima de todo, incluso de las leyes que con tanto sacrificio logramos y no se lo vamos a permitir. Cuando lo designaron en Fiscalía General, con el apoyo del schiarettismo y del Frente de Todos, denunciamos que era un fiel representante del poder eclesiástico, empresarial y político de la provincia. Hoy lo ratificamos y por eso iniciamos este trámite de juicio político”.

El escrito girado por la legisladora Echevarría al vicegobernador y presidente de la Legislatura de Córdoba, Juan Manuel Calvo destaca: “Solicito a la Sala Acusadora de la Legislatura provincial que conforme lo normado por los art. 112, 113, subsiguientes y correlativos de la Constitución Provincial, proceda a la apertura del procedimiento constitucional de Juicio Político, designe una comisión investigadora, ordene la suspensión preventiva del acusado y oportunamente formule la acusación  ante la Sala Juzgadora”.

La legisladora del MST le dijo a elDiarioAR que “es inadmisible que la persona que tiene a su cargo, nada más y nada menos que la defensa del interés público y el derecho de las personas, desconozca de manera tan grosera las leyes fundamentales de nuestro país. Que el Fiscal General de la Provincia desconozca que la Constitución Nacional y los tratados internacionales consagran expresamente el derecho de las mujeres y cuerpos gestantes a decidir sobre nuestros propios cuerpos, es motivo más que suficiente para pedir el juicio político a Delgado”.

Por su parte el legislador alfonsinista Dante Rossi, que integra el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), también presentará un pedido de juicio político el martes próximo ante el vicegobernador Calvo: “El fiscal general ha hecho un abuso del Derecho, ha emitido un dictamen sin esperar la autorización del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, porque él estaba recusado en la causa; pretende que todos los cordobeses nos subordinemos a su posición confesional, que es absolutamente respetable; pero cuando un funcionario público tiene que dictaminar, no puede pretender borrar por cuestiones personales o por convicciones personales borrar un debate que se produjo no solamente en el Congreso de la Nación durante años, sino también en la sociedad toda”. El legislador Rossi agregó que “el fiscal Delgado pretende vulnerar derechos de personas que habían luchado por ellos; por esa razón, entiendo que debe ser removido de su cargo. Yo voy a presentar este pedido de juicio político en consideración de nuestro bloque”.

Ya en marzo pasado, cuando el gobernador Juan Schiaretti había propuesto a Delgado como nuevo Fiscal General de la Provincia, tras dos años de acefalía, el legislador Dante Rossi había advertido: “El gobernador ya tiene tres amigos en el Tribunal Superior de Justicia. Ahora garantiza falta de independencia en la Fiscalía General. Nada se investigó durante 21 años. Por eso se premió con un ascenso a camarista al ex fiscal del Fuero Anticorrupción. Y en el caso de Delgado, el candidato propuesto como nuevo fiscal general; en vez de elegir a algún jurista independiente, el gobernador resolvió a favor de un empleado del Gobierno, para garantizar que nada se investigue en la Provincia. Se tomó dos años para la designación de la cabeza del Ministerio Público, en abierta violación de la Constitución Nacional”.

El dictamen polémico

El viernes se conoció que el fiscal General titular Juan Manuel Delgado y su adjunto Pablo Bustos Fierro, suscribieron un dictamen por el cual ordenan que se suspenda la aplicación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo todo el territorio cordobés, atendiendo un amparo interpuesto por Aurelio García Elorrio, ex legislador y titular de la ONG católica Portal de Belén. La resolución de Fiscalía General no es vinculante y la decisión final sobre la aplicación de la ley sancionada a fines de 2020 está en manos del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que no dará curso al pedido de Delgado y Bustos Fierro.

El 30 de diciembre del año pasado se aprobó la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), tras un arduo debate que se había iniciado en 2018. Los cuatro diputados de Hacemos por Córdoba que forman el bloque Córdoba Federal, encabezados por Alejandra Vigo, esposa del gobernador Schiaretti, votaron en contra.

El escrito de dos de los cuatro miembros de Fiscalía General firmado a principios de agosto señala que en abril pasado, el abogado García Elorrio había interpuesto un amparo donde se arroga “la legitimación para solicitar la tutela de los derechos de incidencia colectiva de acuerdo al art. 53 de la CP, aclarando que en el caso se está ante dos colectivos: uno, conformado por los niños no nacidos y no deseados por sus progenitoras en la Provincia de Córdoba, físicamente invisibilizados, sin que su propio padre, tíos, hermanos, padrinos o abuelos o el propio Ministerio Público Tutelar, puedan abogar por ellos; el otro, las niñas menores de 18 años a las que les están suministrando el producto misoprostol sin cumplimentar cuestiones básicas de salud, como ser que semejante producto sea entregado en un hospital que cuente con acceso inmediato a la asistencia médica de emergencia”. 

El dictamen fue firmado el 3 de agosto pasado por Delgado y Bustos Fierro; aunque no contó con la adhesión de los otros fiscales generales adjuntos Héctor David y José Gómez Demmel. David es un reconocido operador judicial delasotista y Gómez Demmel es un operador schiarettista; ambos estuvieron al frente de la Fiscalía General desde mayo de 2019 hasta que entró en funciones Delgado. Durante nueve días, el escrito no fue dado a conocer por Delgado ni por Bustos Fierros. Tampoco la oficina de Prensa del Ministerio Público Fiscal, a cargo de Gustavo Danilo Bastos dio a conocer este dictamen que choca contra una ley aprobada por el Congreso. 

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) emitió un comunicado donde denuncia que “en Córdoba, a pesar de la histórica lucha colectiva por legalizar el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, hay sectores que siguen creyéndose dueños de las decisiones y vidas de las personas gestantes. Pero lo más alarmante, es que desde la Fiscalía General a cargo de Juan Manuel Delgado se le ceda poder a las maniobras más antiderechos y retrógradas de nuestra provincia”.

GM/WC