“No estamos hablando de discriminación. Es apartheid de género. Una lógica del régimen talibán que les permite mantener el poder. Han borrado a las mujeres de la vida pública y ponerle un nombre abre la puerta al nivel adecuado de rendición de cuentas”. La activista británico-afgana Sahar Halaimzai no duda en pronunciar las palabras que, para ella, definen con precisión lo que ocurre en Afganistán desde el regreso de los talibanes al poder hace justo cuatro años en agosto de 2021.

“Llamarlo apartheid de género es estratégico, como también lo es que se incluya en el tratado de crímenes de lesa humanidad que algunos países y organizaciones están intentando impulsar”, insiste la activista en una entrevista con elDiario.es.

Este viernes se cumple el cuarto aniversario de la toma de Kabul por parte de los talibanes. Desde su regreso al poder, la jerarquía integrista afgana ha borrado a las mujeres y a las niñas de la vida pública y les ha negado los derechos más básicos. Lo ha hecho de forma sistemática y metódica con un centenar de decretos que les han negado el derecho de asistir a la escuela secundaria, ir a la universidad, trabajar en la mayoría de sectores o desplazarse solas, entre otros. Estas prohibiciones tienen un impacto devastador en las tasas de alfabetización, la pobreza, la salud maternoinfantil y el bienestar mental de las mujeres.

Halaimzai, que dirige la Iniciativa para Afganistán del Fondo Malala —la organización formada por la activista premio nobel de la paz Malala Yousafzai— sabe que las palabras importan, pero que en este caso también pueden ser una herramienta jurídica. Su objetivo es que el término se codifique como un crimen en el nuevo Tratado sobre Crímenes de Lesa Humanidad que Naciones Unidas ha comenzado a preparar. El reconocimiento no sería solo simbólico: obligaría a los Estados a actuar y abriría la puerta a que los líderes talibanes pudieran ser perseguidos internacionalmente.

A diferencia de los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad pueden cometerse tanto en tiempos de guerra como de paz, y de aprobarse el tratado podrían incluir la desaparición forzada, la violación y la esclavitud sexual, las ejecuciones extrajudiciales masivas y el apartheid.

El Fondo Malala ha tejido alianzas con personas expertas en la lucha contra el apartheid de Sudáfrica —la Fundación Nelson Mandela les ha dado su apoyo desde el inicio— con el objetivo de dar pasos firmes hacia el fin de un sistema que niega los derechos más básicos a la mitad de la población del país.

La activista subraya que el uso del término “apartheid de género” no es retórico. “Es el único que capta la naturaleza totalitaria del régimen talibán”, afirma. La expresión se inspira en el apartheid racial de Sudáfrica. El paralelismo no es casual: como entonces, el sistema se basa en leyes y prácticas que buscan excluir de la vida pública a un grupo entero de personas por su condición, en el caso de Afganistán, el género.

“Sin ese reconocimiento legal, se sigue tratando como una manifestación cultural y no como un delito deliberado”, advierte. El objetivo es cerrar esa brecha para que la comunidad internacional esté obligada a actuar, desde la política exterior hasta la ayuda humanitaria y la protección a personas refugiadas.

Halaimzai insiste en que no basta con denunciar. Es necesario actuar. “El reconocimiento legal del apartheid de género permitiría una acción internacional coordinada, desde la política exterior hasta la distribución de la ayuda humanitaria. Codificarlo como crimen de lesa humanidad daría herramientas para proteger a las víctimas y perseguir a los responsables”. Ese reconocimiento, afirma, permitiría cerrar una brecha que ha permitido que la violencia de género sistemática se trate como una cuestión cultural y no como una violación del derecho internacional.

Nombrar el crimen para acabar con la impunidad

Desde 2021, Afganistán es el único país del mundo que prohíbe expresamente la educación secundaria y universitaria a las niñas. Las mujeres tienen vetado trabajar, moverse libremente, acudir solas a un médico o aparecer en público sin un acompañante masculino. “Esto no es una práctica cultural o religiosa. Es una estrategia codificada de control”, recalca Halaimzai.

El marco para esa codificación es el futuro Tratado sobre Crímenes de Lesa Humanidad. La resolución 79/122 de la Asamblea General fue aprobada por consenso en diciembre de 2024 y se prevén conferencias diplomáticas en 2028 y 2029 para cerrar el texto, tras un periodo de trabajo que incluirá la definición de crímenes, jurisdicción y obligaciones de los Estados.

Amnistía Internacional ha subrayado que este tratado ofrecería “la oportunidad de remediar algunos de los compromisos que se alcanzaron en Roma hace más de 25 años. También contribuiría a incorporar los avances del derecho internacional producidos desde entonces, algo especialmente importante en lo que respecta a la igualdad de género y a la protección contra los delitos de género”. La nueva convención mejoraría los estándares internacionales en materia de justicia de género, reconociendo crímenes que han recibido poca atención, como el apartheid de género o el matrimonio forzado.

En junio de 2024, durante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas celebrado en Ginebra, el secretario general de la ONU, António Guterres, se sumó al creciente número de voces que reclaman reconocer formalmente que la situación de las mujeres y niñas en Afganistán constituye un apartheid de género. Guterres instó a la comunidad internacional a adoptar “medidas efectivas” para poner fin a esta discriminación sistemática, comparables a las que contribuyeron a desmantelar el apartheid en Sudáfrica.

Halaimzai destaca que “España ha jugado un papel crítico en impulsar el tratado”. “Está actuando con una claridad moral propia”, afirma. Su expectativa es que el Gobierno español mantenga el liderazgo político y diplomático hasta la adopción final. Para la activista, la posición española es también una oportunidad para enviar un mensaje claro: ningún Estado debe reconocer al régimen talibán como legítimo. “Volvieron al poder no porque el pueblo afgano lo quisiera. Hubo una negociación con Estados Unidos y el pueblo afgano no fue invitado a la mesa”, recuerda.

En enero de este año, El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, solicitó a los jueces del tribunal la aprobación de dos órdenes de arresto, una contra el líder supremo de los talibanes, Haibatullah Akhundzada, y otra contra el presidente de la Corte Suprema, Abdul Hakim Haqqani, por persecución por motivos de género en Afganistán.

Una red de resistencia

El trabajo de Halaimzai no se limita al plano diplomático. El Fondo Malala ha redirigido sus programas para seguir apoyando la educación de las mujeres y las niñas en un contexto de prohibiciones. Los programas de educación alternativa del Fondo Malala tienen la capacidad de llegar a dos millones de niñas en el país mediante clases clandestinas en casas particulares, clases por radio, televisión o plataformas digitales y aplicaciones.

Además de formación, ofrecen apoyo emocional en un país donde, por primera vez, las cifras de suicidio de las mujeres superan a las de los hombres. “Es un contexto increíblemente complejo y nuestros socios son muy audaces y creativos para sortear las trabas”, señala Halaimzai quien, a pesar del amplio alcance de sus programas, subraya que “no dejan de ser un recurso para mitigar un problema que es profundo y sistémico”.

Las cifras confirman el colapso social. El 80% de la población vive en la pobreza. El desempleo femenino ha empujado a muchas familias a la mendicidad. Las clínicas han cerrado. La venta de anticonceptivos ha sido prohibida. La mortalidad materna está en uno de los niveles más altos del mundo. Según el último índice de ONU Mujeres, el 78% de las mujeres afganas entre 18 y 29 años no trabaja, no estudia ni recibe formación.

Halaimzai se esfuerza también por cambiar algunos relatos falsos. “Afganistán es un país conservador, pero la mayoría de los hombres están a favor de la educación de las mujeres y las niñas”, plantea. La activista cita una encuesta sobre la opinión pública afgana realizada por The Asia Foundation en 2017 que mostró que la mayoría de la población, sin distinción de género ni de grupo demográfico, considera que las mujeres deberían tener las mismas oportunidades que los hombres en educación y empleo. En concreto, el 72,4% estuvo de acuerdo en que las mujeres deberían poder trabajar fuera del hogar y el 82,3% opinó que deberían tener las mismas oportunidades educativas. Ese estudio se basó en una muestra representativa de más de 10.000 personas de todas las provincias de Afganistán y en distintos grupos étnicos.

La activista señala que el sistema diseñado por los talibanes es perverso y obliga a colaborar a los hombres para que opriman a las mujeres. “La noción de que los padres y hermanos oprimen a sus hijas y hermanas no es correcta. Es más complejo. Los talibanes también castigan a los hombres si las mujeres de su familia se atreven a desafiar las normas. Te pueden quitar el coche y eso puede significar no tener pan en casa”, explica.

“La situación de las mujeres y las niñas en Afganistán es otra prueba de fuego para la comunidad internacional sobre cuáles son los límites de lo aceptable”, señala la activista. Naciones Unidas no reconoce a los talibanes como el gobierno legítimo de Afganistán. Hasta la fecha, solo Rusia ha otorgado ese reconocimiento formal, motivada por una combinación de intereses geopolíticos, estratégicos y de seguridad regional.

Moscú aceptó las credenciales del embajador talibán y colocó su bandera en la embajada afgana en julio de 2025. Otros países, como China, Irán, Pakistán, Turkmenistán, Emiratos Árabes Unidos y Uzbekistán, han aceptado a diplomáticos designados por los talibanes —en calidad de embajadores o cónsules— y, en algunos casos, han restablecido misiones diplomáticas o entregado el control de las embajadas.

El reto, dice, es convertir las palabras en acción sostenida: “La comunidad internacional tiene que actuar con honestidad. Han creado las condiciones para el regreso de los talibanes. Ahora deben actuar con legalidad, con diplomacia, para apoyar a las mujeres y a las niñas y ayudar a la población afgana dentro y fuera del país”.

Sahar Halaimzai comparte su experiencia personal para mostrar una situación que se repite generación tras generación en su país. La activista nació en Kabul y llegó al Reino Unido con 13 años, con su hermano y sin estudios formales. “Llegamos solos como menores no acompañados y no hablábamos inglés”, explica, y avisa: “Es una situación que se repite una y otra vez, y tuvimos la suerte de llegar a una sociedad que en ese momento nos acogió. Ahora hay otra ola de familias de Afganistán que se ven obligadas a marchar y lamentablemente se enfrentan a un clima mucho más hostil”.

Cuando Zuhal tiene un mal día o se siente sola, le reconforta leer una cita de su padre que ha colgado en la pared de su habitación: “No seas la hija de tu padre, sino la hija de tu sabiduría, ya que tu sabiduría hará que el nombre de tu padre perdure”. Zuhal vive desde hace medio año en Sant Cugat del Vallès, una ciudad situada a media hora de Barcelona, y participa en un programa de protección de defensores de derechos humanos de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo. Su padre, profesor de biología en un instituto, permanece en Kabul junto al resto de la familia.

El 15 de agosto se cumplirán cuatro años desde que los talibán retomaron el poder, cuando entraron en Kabul sin resistencia militar significativa y provocaron la huida del entonces presidente Ashraf Ghani. Ese día marcó el colapso del gobierno respaldado por Occidente y el inicio del segundo régimen talibán en el país, 20 años después de haber sido derrocado en 2001 por la invasión liderada por Estados Unidos. El colapso coincidió con la retirada de las tropas estadounidenses y aliadas, como parte del acuerdo firmado en Doha en 2020.

Borradas de la vida pública

Han sido cuatro años marcados por profundos retrocesos en los derechos humanos, especialmente para las mujeres y las niñas, que han sido borradas de la vida pública y han sido privadas de sus derechos más básicos. El Ministerio de la Mujer ha sido disuelto y en su lugar se ha creado el “Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio”. No hay ninguna mujer en el gabinete talibán ni en altos cargos públicos, ni en la judicatura, fiscalía o en cargos municipales.

Human Rights Watch y otras organizaciones hablan de “apartheid de género”. Esta represión ha desencadenado una grave crisis de salud mental entre las mujeres del país: Afganistán es el único país del mundo donde las tasas de suicidio o de intentos de suicidio son más altas en mujeres que en hombres.

Zuhal, que cumplirá 22 años en agosto, nació y creció en Kabul. A los 14 años, empezó a colaborar con la ONG catalana Ponts per la Pau (Puentes para la Paz), que proporciona formación profesional y educación a mujeres y niñas, hasta convertirse en la coordinadora de toda la red nacional.

La activista creció en una familia numerosa: es la cuarta de cinco hermanos. Su hermana mayor, de 30 años, es abogada, aunque ya no puede ejercer. La menor, de 14, tiene prohibido ir a la escuela. Uno de sus hermanos es farmacéutico y el otro, informático. Todos siguen en Kabul.

“Mis padres siempre me han apoyado. Son mis amigos, mi modelo a seguir. Cuando tomé la decisión de marchar, me dijeron, 'confiamos en tus decisiones. Nosotros sentamos las bases; ahora tienes libertad para elegir tu camino'”, explica Zuhal en un encuentro que tuvo lugar en una cafetería de Sant Cugat.

Desde su llegada a esta tranquila localidad, la joven ha ido adquiriendo hábitos que ahora mismo son impensables en Kabul: desplazarse sola en bicicleta, cruzar parques de noche o ir a la biblioteca a estudiar.

Llega al encuentro en bicicleta, cargada con una moderna mochila impermeable llena de libros. En un perfecto inglés, cuenta que está aprendiendo castellano y catalán para poder estudiar Ciencias Políticas en Barcelona.

“Mi padre siempre me decía que si hablas un idioma piensas como una persona, si hablas dos idiomas, piensas como dos personas, si hablas muchos idiomas, tu mente se abre al mundo”, explica.

Antes de la vuelta de los talibán al poder, Zuhal quería estudiar Ciencias Políticas en la Universidad de Kabul y se formó en violencia basada en género, protección, salud mental, gestión de conflictos y liderazgo. De la noche a la mañana, y a golpe de edictos, los talibán acabaron con su sueño de poder estudiar en la universidad: “Primero pensamos que se trataba de un cierre temporal, una medida provisional, ahora visto con la perspectiva de cuatro años, fuimos un tanto ingenuos”, lamenta.

Su labor como activista le abrió la puerta a poder entrar en el programa de protección de defensores de los derechos humanos. Reconoce que fue muy duro para ella tomar la decisión de marcharse de Afganistán porque está muy unida a su familia: “Pero pensé: si comparo la cifra de familiares que echo de menos con la cifra de personas a las que puedo ayudar alzando mi voz, la decisión está clara. Escogí entre mi familia y las niñas y jóvenes de mi país. Me decanté por la cifra más alta”.

Sin derecho a la escuela

Afganistán es ahora el único país del mundo donde las niñas no tienen derecho a asistir a la escuela secundaria. Hasta la fecha, estas restricciones han afectado a alrededor de 1,5 millones de niñas afganas.

Según un informe de la UNESCO, si la prohibición continúa hasta 2030, más de cuatro millones de niñas se verán afectadas. La organización denuncia que el régimen talibán ha anulado dos décadas de progresos, amenazando el futuro de toda una generación.

A ello se suma la prohibición de que mujeres trabajen, salvo en unos pocos sectores. Se les impide desplazarse si no son escoltadas por un mahram, un pariente masculino, como padre, marido o hermano. No pueden acceder a parques o gimnasios. El código de vestimenta es estricto y sanciona a los hombres en caso de incumplimiento de las mujeres y las niñas de la familia, lo que ha convertido, en muchas ocasiones muy a su pesar, a los padres y hermanos en colaboradores del sistema policial para esquivar sanciones que podrían suponer la ruina para la familia.

La ONG Ponts per la Pau impulsa programas de apoyo psicosocial a las mujeres, alfabetización y también les da herramientas para que puedan ser emprendedoras, ya que hoy por hoy todavía tienen permiso para hacer trabajos artesanales. “Tenemos que apoyar a las mujeres para que puedan tener una fuente de ingresos. Los talibanes les permiten hacer trabajos artesanales así que disponemos de un pequeño espacio que les permitirá ganar dinero para tener pan”, explica Zuhal.

Asimismo, la organización ha tejido una red de escuelas y bibliotecas clandestinas para las niñas; aulas en los sótanos o en las despensas de algunas casas, para que puedan estudiar en grupos reducidos o, cuando no es posible, sin moverse de su casa. Cuentan con el apoyo de muchas profesoras que perdieron el trabajo con la llegada de los talibán. Más de 700 niñas estudian hoy en estos espacios ocultos, con la complicidad de sus familias. “Deberíamos conseguir que cada hogar en el que vive una niña se convierta en una escuela”, afirma Zuhal. “Si un miembro de la familia recibe educación, toda la familia se beneficia. Y si transformamos una sola mentalidad, ya es un logro”. “La mentalidad talibán ocupa el espacio público, pero también penetra en los hogares. Es importante no normalizar esta situación y repetir una y otra vez que no se puede privar a las mujeres y a las niñas de sus derechos”, señala.

“La cifra de 700 niñas no es suficiente; tiene que crecer exponencialmente. Cada niña que estudia influye en su familia. Si tenemos en cuenta que las familias afganas son muy numerosas, tenemos un gran impacto en la comunidad cada vez que logramos que una niña o una mujer entre en nuestro programa”, subraya la activista. “Cambiar la mentalidad de una persona ya es un logro. Mis tíos, al ver lo que he conseguido gracias a la educación, animan ahora a mis primas y sobrinas a seguir mi ejemplo”.

En un país donde muchos jóvenes sueñan con dejar los estudios para emigrar, los padres de Zuhal les enseñaron a priorizar la educación sobre el dinero. “Aunque a veces apenas había dinero en casa, siempre había para pagar la matrícula y el material escolar”. Su madre, que huyó a Pakistán durante el primer régimen talibán, terminó secundaria pero no pudo ir a la universidad: “Ella y mi padre querían cruzar la frontera con mis dos hermanos mayores. Mi madre, que es muy fuerte, logró cruzar embarazada de mi tercer hermano, y con los dos pequeños de la mano”, explica Zuhal: “Mi padre no pudo cruzar, se quedó atrás”.

El exilio generación tras generación

La experiencia del exilio se repite en Afganistán generación tras generación. “Yo soy la semilla que plantó una mujer afgana que se exilió muchos años antes que yo”, indica Zuhal.

Esa mujer es Nadia Ghulam, una activista y escritora afgana que desde 2006 vive en Badalona y que es la fundadora de Ponts per la Pau. La vida de Nadia cambió en 1991, durante la guerra civil afgana, cuando una bomba destruyó la casa familiar. Nadia resultó gravemente herida y pasó seis meses en el hospital, donde fue sometida a catorce operaciones. En ese momento, los talibanes habían tomado el control del país y su familia había quedado en la ruina. Su hermano había muerto, su padre estaba enfermo y ninguna de las mujeres de la familia podía trabajar ya que les estaba prohibido. Fue en ese momento cuando Nadia, que tenía once años y todavía se recuperaba de las secuelas del ataque, decidió suplantar “por unos días” a su hermano para poder trabajar y mantener a la familia. Terminó viviendo como un hombre durante diez años. Hizo trabajos físicos muy duros, a pesar de su edad y constantemente cambiaba de pueblo para que nadie descubriera su secreto, que se hacía cada vez más difícil de ocultar. La activista recuerda que “las mujeres, las niñas y las personas vulnerables siempre son los más afectados por las guerras y la violencia” y la historia de Afganistán en el último siglo es una sucesión de guerras, intervenciones extranjeras, regímenes inestables y una población atrapada en un conflicto casi permanente.

“Generación tras generación, las mujeres de Afganistán han luchado para defender sus derechos, mejorar sus vidas y las de sus hijas. Mi madre y la madre de Zuhal han luchado para que nosotras nos convirtamos en lo que somos”, dice Ghulam.

Cuando se cumplen tres años de la vuelta al poder de los talibanes en Kabul, el Gobierno de facto de Afganistán ratifica una nueva ley que obliga al uso del velo para cubrir el rostro de mujeres, y condena el sonido en público de la voz de mujer como una falta contra la modestia, implementando la interpretación más rigurosa de la ley islámica.

La norma, denominada Ley para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio relativa al Ministerio de la Virtud y Vicio, fue ratificada el jueves por el Emirato Islámico de Afganistán, como se denomina el régimen de facto de los talibanes, confirmaron este viernes a EFE fuentes oficiales de los talibanes.

La ley de 35 artículos, que EFE ha podido leer, contiene cuatro capítulos que abordan cuestiones como el velo integral o hiyab para mujeres, la vestimenta de los hombres, y regulaciones de los medios de comunicación.

“De acuerdo con esta ley, el Ministerio —para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio— está obligado a ordenar el bien y prohibir el mal (...) y también es responsable de la paz y la fraternidad entre la gente”, indicó el portavoz del Ministerio de Justicia, Barkatullah Rasooli, en una declaración publicada este viernes por el canal afgano Tolo News. Además, el temido Ministerio deberá “impedir a la gente participar en prejuicios étnicos, lingüísticos y regionales”, agregó.

En el artículo que se refiere al hiyab, la norma establece como necesario que las mujeres se cubran el rostro y el cuerpo para evitar “causar tentación”, y evitar el sonido en público o de la voz en alto de mujeres, incluyendo cantar, recitar, o hablar frente a micrófonos.

Prohibido ir en taxi sin un tutor masculino

Asimismo prohíbe a los conductores transportar mujeres adultas sin un tutor masculino legal.

“La implementación de la sharia y el hiyab es nuestra línea roja. No podemos negociar con nadie sobre estos asuntos”, dijo en una reunión con las autoridades el ministro de la Virtud y el Vicio, Mohammad Khalid Hanafi, según Tolo.

Para los hombres, el artículo 22 prohíbe o condena el uso de corbata, afeitarse o recortar la barba por debajo de la longitud de un puño, o peinarse, como violaciones de la ley islámica.

La norma tiene también provisiones generales sobre los medios de comunicación y su obligación de adaptarse a la sharia, y la prohibición de “humillar o insultar a los musulmanes”, así como incluir imágenes de seres vivos.

De acuerdo con los talibanes, la norma esta hecha en concordancia con la sharia islámica y Hanafi, una de las cuatro principales escuelas de jurisprudencia islámica sunita. Aunque para algunos analistas, los talibanes no siguen una escuela jurídica específica, sus interpretaciones y aplicación de la ley islámica se basan en gran medida en el Hanafi, su enfoque es más estricto y fundamentalista.

Aunque gran parte de las prohibiciones relacionadas a mujeres o la vestimenta se han ido implementado en el país desde que los talibanes volvieron al poder, hace exactamente tres años, esta ley supone la uniformidad y el rigor del castigo para imponer su cumplimiento.

Esta publicación forma parte del programa “Towards Equality” (Hacia la igualdad), una alianza colaborativa de 16 medios de comunicación internacionales que destacan los desafíos y las soluciones para alcanzar la igualdad de género. Towards Equality es una iniciativa impulsada por Sparknews.

En julio de 2023, el Ministerio talibán para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio ordenó el cierre de más de 12.000 salones de belleza femeninos en Afganistán. Como resultado, decenas de miles de mujeres que habían trabajado en el sector de la cosmetología durante años se vieron sin empleo.

A pesar de las continuas amenazas de los talibanes, algunas de estas mujeres no han abandonado la lucha por su derecho al trabajo. Para poder seguir ayudando a sus familias, trasladaron los equipos de los salones de belleza a sus hogares y crearon salones improvisados. Cuentan con menos clientes y salarios bajos, pero mantienen la esperanza de un futuro mejor.

Bahara, casada y madre de seis hijos, ha trabajado como peluquera desde hace aproximadamente 18 años. Señala que actualmente se enfrenta a dificultades tanto económicas como psicológicas tras la prohibición de los talibanes de las actividades de su salón. En un intento por asegurar un futuro mejor para su familia, Bahara transformó su negocio en una sastrería para mujeres mientras continúa con su trabajo de peluquera. Esto le permite ejercer discretamente su derecho natural a la igualdad laboral.

Sin embargo, ha perdido alrededor del 90 por ciento de su clientela y el 10 por ciento restante demanda sus servicios con mucha menos frecuencia. A pesar de la disminución de sus ingresos, Bahara todavía tiene que contribuir económicamente con los talibanes, ya que su negocio sigue figurando en los registros financieros y debe continuar con los pagos hasta el final del año fiscal, incluso posiblemente después.

“Durante el gobierno anterior mi negocio floreció y mis ingresos eran buenos, pero ahora he perdido casi toda mi clientela. Solo viene el 10 por ciento y no puedo realizar mi trabajo correctamente por miedo a los talibanes. Mientras trabajo, me preocupa constantemente que nos puedan atacar y las clientas se abstienen de venir por miedo a ser detenidas”, explica Bahara.

Fátima, otra peluquera en Kabul, se ha visto obligada a trasladar todo el material de su local a su casa, donde trabaja a pesar de las restricciones impuestas por los talibanes. Para Fátima, este trabajo es el único medio para mantenerse a sí misma y a sus hijos. “A pesar de los prejuicios sociales que rodean esta profesión y los numerosos obstáculos que tuve que afrontar, consideraba la peluquería un oficio legítimo e hice un esfuerzo por aprenderlo. Trabajé de forma independiente durante seis años, cubriendo mis necesidades y las de mis hijos. Ahora, los talibanes no solo consideran que mi profesión va en contra de la Sharia [ley islámica], sino que también miran con desprecio a las peluqueras y nos tachan de impuras”.

Los salones de belleza del resto del país también se han visto afectados. Humaira (nombre ficticio), una peluquera de la región de Baghlan que ha dedicado 20 años de su vida a esta actividad, dice que las restricciones a las mujeres en los pueblos superan a las de las ciudades. Tras la orden de los talibanes de prohibir el funcionamiento de los salones de belleza femeninos, ella también se vio obligada a trasladar su negocio al sótano de su casa.

“Las restricciones talibanes nos obligan a trabajar con miedo y las clientas no se atreven a venir. Antes, muchas novias venían acompañadas, pero ahora pedimos que vengan solas y si traen un acompañante no deben entrar juntas en mi casa. Tampoco permitimos que las novias salgan con sus vestidos de boda puestos”.

Respuestas violentas e irrespetuosas

Humaira relata que, tras el cierre de los salones en su región, los talibanes asaltaron las casas de las peluqueras para asegurarse de que no habían trasladado los equipos de belleza a sus hogares. Añade que una de sus amigas había instalado un salón de belleza en su casa, pero los talibanes se enteraron, atacaron su vivienda, agredieron a su marido y destruyeron todo el material. 

Algunas peluqueras han intentado hablar en varias ocasiones con el ministro talibán para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio con el fin de tratar sus necesidades ocupacionales, pero solo han recibido respuestas violentas e irrespetuosas.

Desde el resurgimiento de los talibanes en Afganistán, las medidas más restrictivas se han centrado en contra de las actividades de las mujeres. En unos incidentes ocurridos recientemente, algunas mujeres de varias provincias fueron detenidas, acusadas de no respetar la obligatoriedad del hiyab y fueron trasladadas a lugares no revelados. Estas acciones han provocado un mayor confinamiento de las mujeres afganas en sus hogares.

Aun así, un importante número de mujeres en Afganistán, especialmente peluqueras, se esfuerza por sortear estas condiciones desfavorables y cambiar la atmósfera restrictiva del país. En medio de estas terribles circunstancias, luchan por mantener viva la esperanza de que algún día recuperarán sus derechos.

MF

La Misión de la ONU en Afganistán (Unama) publicó hoy un informe done advierte sobre nuevas y continuas violaciones de los derechos a las mujeres impuestas por los talibanes, el grupo islamista que retomó el poder en agosto de 2021 tras derrotar a Estados Unidos y sus aliados en una guerra de 20 años.

Las intervenciones del Ministerio de la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio talibán derivaron en repetidas violaciones a los derechos de la mujeres en los últimos tres meses del 2023 tanto en materia laboral y educativa como sanitaria y de libertad de movimiento.

La Unama también detectó incumplimientos del gobierno talibán a sus propias normas como es el caso del uso del hiyab, velo facial para las mujeres. El marco legal prevé avisos en caso de que las mujeres no lo utilicen y castigos progresivos ante reincidencias. Sin embargo, desde Naciones Unidas han informado que las mujeres que son sorprendidas sin el hiyab son detenidas “arbitrariamente” durante horas, lo que va en contra de lo estipulado por la ley. Para ser liberadas, sus familiares deben firmar un compromiso de no repetición.

Otras penalidades impuestas contra las mujeres atienden a la falta de un custodio masculino o “mahram”. Según la versión más conservadora de la “sharia” (ley islámica), las mujeres siempre deben asistir a lugares públicos con la compañía de un hombre.

Por otro lado, el divorcio también está prohibido ahora en Afganistán. Sin embargo, antes de retorno de os talibanes, se consumaron algunas separaciones que ahora fueron avalados por dos tribunales del país. Lo llamativo es que, si bien se admitió la validez del divorcio, las mujeres fueron obligadas a pagar una compensación económica a su exmarido. Como advierte la misión internacional, esto deriva de una “falta de claridad sobre la legislación aplicable a las denuncias de violencia de género contra mujeres y niñas”.

Tras la publicación del informe, autoridades del gobierno talibán salieron a cuestionarlo por basarse en un “desconocimiento” de las normas islámicas y generar “información sesgada o malinterpretada”. “La Unama critica o califica las normas islámicas como actos contra los derechos humanos, lo que evidentemente es un insulto para las creencias del pueblo”, protestó el portavoz talibán, Zabihullah Muyahid, según información de la agencia de noticias Europa Press.

Y agregó: “El abandono de las leyes islámicas condena a la opresión, la violencia, la corrupción y el conflicto social. El informe se centra en la aplicación de la 'sharia' islámica cayendo en la ignorancia y el desconocimiento de sus normas y su necesaria aplicación”.

Desde el gobierno sostuvieron que tanto el hiyab y los castigos por su falta de uso como las condiciones de trabajo y educación de las mujeres “son compromisos y responsabilidades de un gobierno atento e islámico”.

Más allá de los derechos de las mujeres, Unama también advirtió sobre las violaciones a los derechos que se están produciendo en Afganistán sin distinción de género. En su informe, documentó una serie de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y castigos físicos en público publicitados con antelación en redes sociales. También denunció torturas y maltratos a miembros del gobierno anterior o militares, pese a la amnistía general anunciada por lo talibanes tras retomar el poder.

ACM con información de la agencia Télam.

La administración talibán de Afganistán ordenó el cierre de los salones de belleza en el plazo de un mes, según informó el Ministerio de Moralidad, en la última reducción del acceso de las mujeres afganas a los lugares públicos.

“El plazo para el cierre de los salones de belleza para mujeres es de un mes”, declaró el martes Mohammad Sadiq Akif, portavoz del Ministerio de Prevención del Vicio y Propagación de la Virtud, refiriéndose a un anuncio del ministerio.

Gobiernos extranjeros y altos cargos de la ONU han condenado las crecientes restricciones impuestas a las mujeres desde que los talibanes volvieron al poder en 2021, tras derrotar a un Gobierno respaldado por Estados Unidos, al retirarse las fuerzas extranjeras.

El año pasado, las autoridades cerraron la mayoría de los institutos femeninos, prohibieron el acceso de las mujeres a la universidad e impidieron trabajar a muchas cooperantes afganas.

Muchos lugares públicos, como baños, gimnasios y parques, han sido cerrados a las mujeres.

Los salones de belleza surgieron en Kabul y otras ciudades afganas en los meses posteriores a la expulsión de los talibanes del poder a finales de 2001, semanas después de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos.

Muchos permanecieron abiertos tras la vuelta de los islamistas al poder hace dos años, pero con sus letreros y escaparates tapados, proporcionando a algunas mujeres trabajo y a sus clientes sus servicios.

Gobiernos occidentales y organizaciones internacionales han señalado que las restricciones impuestas a las mujeres obstaculizan cualquier posible avance hacia el reconocimiento internacional de la administración talibán.

El Gobierno talibán afirma que respeta los derechos de las mujeres de acuerdo con su interpretación de la ley islámica y las costumbres afganas.

Con información de agencias.

IG

Wahida Amiri vivía tranquila en Afganistán. Hace unos años trabajaba, estudiaba y llevaba una rutina sin mayores sobresaltos pues las mujeres habían conseguido ejercer, y hasta cierto punto, disfrutar de sus derechos. Había alrededor de dos millones de niñas en las escuelas secundarias y miles de alumnas cursaban estudios superiores. Había médicas, profesoras, pilotos, atletas, actrices, políticas, diplomáticas, ministras, viceministras, directoras, gobernadoras provinciales, abogadas, juezas, empresarias, directoras ejecutivas y activistas, como Wahida.

La Constitución era una de las más progresistas de la región del sur de Asia y el país mostraba avances a la hora de informar sobre la aplicación de los tratados de derechos humanos ante la ONU. Distintas instituciones gubernamentales habían logrado abordar los retos a los que se enfrentaban las mujeres.

Sin embargo, un día todo cambió. El regreso de los talibanes a Afganistán el 15 de agosto de 2021 eliminó estos logros, que si bien era limitados también fueron importantes. El colapso llegó y fue destructivo para las personas afganas, pero en particular, para las mujeres. Las restricciones impuestas a su participación en los ámbitos social, político, cultural y educativo, en las escuelas, las universidades y las ONG significan, una vez más, el regreso de la discriminación y la represión.

Además de los derechos de las mujeres, los talibanes siguen violando otros derechos humanos. Las detenciones arbitrarias, la tortura, los castigos públicos y la violencia siguen siendo cometidos sin que exista rendición de cuentas. La situación actual y el silencio del mundo son dolorosos y terribles para todas las personas, pero aún más para las mujeres que no se han rendido y que, a pesar de todas las adversidades, siguen luchando.

Por desgracia, esta situación no ha mejorado a la fecha. La mayoría de las mujeres temen por su futuro desconocido, enfrentan problemas económicos y se encuentran en situaciones psicológicas delicadas. Los programas anunciados para la evacuación de las personas en peligro son muy lentos e insuficientes. Así, la vida de Wahida Amiri cambió para siempre. Ella pudo huir del país, pero muchas siguen sufriendo violencia, discriminación e intimidación a diario. 

Hoy Wahida es una reconocida activista que integra el movimiento espontáneo de mujeres afganas y con su lucha muestran al mundo la verdadera cara de los talibanes. Unidas protestan en las calles, recopilan información, dan entrevistas a medios de comunicación locales e internacionales y escriben en sus redes sociales durante meses. Sin embargo, los talibanes responden con violencia, cárcel y tortura a quienes se manifiestan.

En el marco del Día Internacional de las Mujeres es importante recordar que siempre la comunidad internacional tiene un rol clave para lograr que países como Afganistán tengan un costo por el ejercicio y aplicación de estas políticas. A través de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de la ONU y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, se debe presionar al gobierno afgano, por la sistemática violación a los derechos humanos que cometen a diario. Si no se actúa a tiempo, estaremos siendo cómplice de los talibanes en la represión de los derechos de las mujeres y niñas en ese país.

Los talibanes flagelaron este martes a nueve personas en un estadio de fútbol repleto de personas en la ciudad afgana de Kandahar, según informó el Tribunal Supremo del país en el que supone el último castigo público llevado a cabo por los fundamentalistas en Afganistán.

“Hoy, nueve personas fueron castigadas por cargos de robo y sodomía por el tribunal de apelación de la provincia de Kandahar”, dijo en un escueto comunicado el máximo órgano judicial del país asiático.

Según testigos citados por el medio independiente afgano Hasht-e-Subh Daily, los talibanes cortaron las manos a cuatro de los hombres detenidos por robo.

Al campo de fútbol acudieron altos funcionarios locales del Gobierno talibán que dieron una serie de discursos antes de que los condenados fuesen flagelados, según el Tribunal Supremo.

Un testigo ocular que pide no ser identificado dijo a EFE que cientos de personas acudieron al lugar para presenciar la pena.

Haji Zaid, portavoz de la oficina del gobernador de la provincia meridional de Kandahar, dijo en su Twitter que cada hombre fue flagelado entre 35 y 39 veces delante de funcionarios talibanes, clérigos religiosos, ancianos y lugareños.

Más de 100 flagelaciones en un mes

La práctica de administrar castigos corporales o incluso ejecutar a personas en público, reintroducida en Afganistán por los talibanes desde que volvieron al poder en agosto de 2021, fue condenada repetidamente por organismos como Naciones Unidas.

El 14 de noviembre, el líder supremo talibán dio una orden obligatoria para la plena aplicación de la sharía o ley islámica en Afganistán. Según la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, desde entonces, los talibanes llevaron a cabo varias flagelaciones públicas de mujeres y hombres acusados de adulterio, robo, conducta sexual homosexual o secuestro.

“Los talibanes siguen haciendo caso omiso de las críticas generalizadas mientras desprecian flagrantemente los principios básicos de los derechos humanos en un alarmante deslizamiento hacia lo que parece un sombrío recuerdo de su gobierno de hace tres décadas”, dijo la ONG en un comunicado. “La comunidad internacional debe intensificar inmediatamente sus esfuerzos para garantizar que las autoridades de facto de Afganistán abolan todos los castigos crueles, inhumanos y degradantes.”

El pasado diciembre, diez expertos en derechos humanos de la ONU pidieron a las autoridades talibanes que pongan fin a las ejecuciones y los castigos en ceremonias multitudinarias.

“Desde el 18 de noviembre de 2022, las autoridades de facto habrían flagelado a más de 100 personas, hombres y mujeres, en varias provincias”, dijeron hace un mes los expertos en un comunicado. “Cada uno recibió entre 20 y 100 latigazos por presuntos delitos, entre ellos robo, relaciones ”ilegítimas“ o violación de los códigos de conducta social”. Además, señalaron que el castigo para las relaciones fuera del matrimonio “se dirige de forma abrumadora contra las mujeres y las niñas”.

El mes pasado, los talibanes ejecutaron a un afgano condenado por matar a otro hombre, “lo que parece ser la primera ejecución pública” desde que tomaron el poder, indican los expertos. La ejecución fue llevada a cabo con un fusil de asalto por el padre de la víctima en la provincia occidental de Farah ante cientos de espectadores y muchos altos cargos talibanes.

Los talibanes acostumbraban a aplicar durante su primer gobierno entre 1996 y 2001 brutales sanciones públicas como el ahorcamiento, amputaciones, lapidación o latigazos, en base a su rígida interpretación del islam y su estricto código social conocido como pastunwali.

Poco después de hacerse con el control de Kabul, y a pesar de sus promesas de cambio, los talibanes mataron a cuatro secuestradores y colgaron sus cuerpos en público en la ciudad de Herat, en el oeste de Afganistán.

Asesinada la exdiputada Mursal Nabizada

Junto al retorno de los castigos públicos, las mujeres experimentaron un deterioro en sus derechos con restricciones como el veto a las universidades y escuelas secundarias, la segregación por sexos en lugares públicos, la imposición del velo o la obligación de ir acompañadas por un familiar masculino en trayectos largos. 

Este domingo, la líder afgana Mursal Nabizada, ex diputada del Parlamento durante del Gobierno previo a la llegada al poder de los talibanes, murió tiroteada junto a su guardaespaldas en un ataque cometido por individuos no identificados en Kabul.

Las fuerzas de seguridad iniciaron “serios esfuerzos para encontrar a los criminales y entregarlos a la justicia”, dijo a EFE el portavoz de policía, Khalid Zadran, sin precisar información sobre la naturaleza del crimen.

Nabizada fue una de las líderes políticas que decidió quedarse en Afganistán tras la caída de la antigua administración, pese a que cientos de funcionaros del Gobierno decidieron dejar el país en la evacuación de las fuerzas internacionales.

El secretario general de la ONU, António Guterres, exigió este lunes que se esclarezca el asesinato de Nabizada y su guardaespaldas. Guterres, a través de una portavoz, se mostró impactado por el asesinato y trasladó sus condolencias a las familias y amigos de las víctimas.

Con información de la agencia EFE

Zahra, una estudiante afgana recién graduada en Psicología, estaba hablando con sus hermanas y algunos de sus parientes cuando revisó sus mensajes en el móvil y entre ellos vio una noticia que informaba sobre la nueva prohibición indefinida de la educación universitaria para las mujeres. El pasado 21 de diciembre, el Ministerio de Educación del Gobierno talibán envió una carta a todas las universidades de Afganistán en la que prohibía el acceso de las mujeres a la educación superior. La carta, firmada por el titular de Educación, Neda Mohammad Nadeem, decía lo siguiente: “Se les informa a todos de que implementen la orden mencionada de suspender la educación de las mujeres hasta nuevo aviso”.

“Realmente, para mí no fue ninguna sorpresa”, dice Zahra a elDiario.es desde Afganistán, “lo esperaba de los talibanes”. “Son un grupo de terroristas que llegaron a Afganistán sin ninguna vía humanitaria y están forzando a la gente a hacer estas cosas por sus estúpidas creencias”. 

Zahra cuenta que esto fue “mucho más duro” para las chicas afganas que cualquier otra medida impuesta anteriormente. “Esta decisión está volviendo loco a todo el mundo, nadie quiere quedarse en casa mirando las paredes”. También señala que desde que se tomó la medida, se organizaron numerosas manifestaciones en el país. Sin embargo, éstas fueron rápidamente reprimidas por los talibanes.

Desde la llegada de los fundamentalistas, las chicas tuvieron que enfrentar a la obligatoriedad de llevar velo en las universidades o la segregación por sexos. Zahra explica que, a pesar de graduarse el pasado mes de diciembre, antes de la prohibición, se siente “muy molesta” por las personas que todavía están en la universidad, como su hermana o sus primas. “Se suponía que se graduarían en un año”, dice. A pesar de ello, cuenta que las chicas afganas harán “todo lo posible para encontrar formas diferentes de aprender”.

“Nacimos con dolor y vivimos con dolor”

Farahat* no tuvo tanta suerte como Zahra. A ella todavía le quedaban unos pocos exámenes para graduarse de Medicina cuando se enteró de la prohibición. Cuenta a elDiario.es que eligió ser médica porque sentía la necesidad de “servir y ayudar” a su nación. Esto se debe principalmente a que Afganistán es uno de los países más necesitados de ayuda humanitaria en estos días, debido a la crisis crónica y compleja que atraviesa el país. Según Médicos Sin Fronteras, la escasez de personal médico es uno de los principales problemas a los que se enfrenta el sistema sanitario afgano. 

“Somos niñas afganas, nacimos con dolor y vivimos con dolor”, dice Farahat, “pero el cierre de las puertas de las instituciones educativas sacudió todo nuestro ser”. “Nos rompimos y caímos en pedazos, un nuevo dolor se sumó a los anteriores. Somos víctimas del terror de la ignorancia y la incultura”, afirma.

Farahat cuenta que estos días las estudiantes afganas viven “más desmotivadas que nunca”. “Las metas que tenía para el futuro me parecen lejanas”. Sin embargo, ella no acepta “la derrota” y asegura que luchará por su “futuro” y por su país. “Nunca dejaré de intentarlo, aunque todo el universo se dé la mano e intente destruirme”, añade.

“Una sociedad analfabeta”

Cuando los talibanes llegaron al poder en agosto de 2021 prometieron que iban a tener una forma distinta de funcionar a la de hace 20 años, cuando ya gobernaron el país. No fue así. La medida de prohibir el acceso a las mujeres a la universidad se suma a la suspensión indefinida del acceso a la educación secundaria para las niñas, impuesta por los talibanes en septiembre de 2021. Esta medida ya limitaba el acceso de las niñas afganas a sus estudios superiores. Hace semanas también impusieron un veto a las mujeres para trabajar en ONG.

Mahjuba, una profesora y activista política de 30 años, cuenta a elDiario.es que se vio obligada a dejar las aulas el pasado mes de agosto. “Los talibanes me arrestaron durante unas protestas”. “Dejé mi trabajo después de escuchar una advertencia de la inteligencia talibán sobre mi seguridad”, relata.

Según Mahjuba, las mujeres en Afganistán han estado forzadas a numerosas restricciones desde que los talibanes subieron al poder. “Nos enfrentamos a un futuro desconocido, hemos perdido todas nuestras esperanzas”. A pesar de ello, recalca que no pararán de luchar. “Cuando una mujer es analfabeta, una familia es analfabeta. Cuando una familia es analfabeta, una sociedad es analfabeta. Al fin y al cabo, las mujeres son la mitad de la sociedad afgana”, dice la profesora. Con estas prohibiciones “los talibanes están borrando nuestra identidad”.

La medida provocó rápidamente el rechazo internacional. Ramiz Alakbarov, representante especial adjunto del secretario general de la ONU para Afganistán, dijo estar “profundamente preocupado” por la orden. “La educación es un derecho humano fundamental. Una puerta cerrada a la educación de las mujeres es una puerta cerrada al futuro de Afganistán”.

*Se le ha cambiado el nombre para preservar su seguridad.

Naciones Unidas suspendió de forma temporal algunos de sus programas humanitarios más urgentes en Afganistán “por falta de personal femenino”, tras la decisión talibán de prohibir trabajar a las mujeres en organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales.

El veto del Gobierno de Afganistán de permitir a las mujeres realizar labores humanitarias “tiene consecuencias inmediatas que ponen en peligro la vida de todos los afganos”, afirmó el Comité Permanente Interinstitucional (IASC) de Naciones Unidas en un comunicado.

“Algunos programas en los que el tiempo es un factor crítico ya han tenido que interrumpirse temporalmente por falta de personal femenino”, agregó.

Asimismo, el organismo expresó su voluntad para continuar con las actividades que salvan vidas pero prevén que “muchas más actividades tendrán que interrumpirse” al no poder prestar ayuda humanitaria sin trabajadoras femeninas.

La decisión del Gobierno talibán tiene lugar en un momento en el que más de 28 millones de personas en el país se encuentran en situación de supervivencia, debido al riesgo de hambruna, el declive económico, la pobreza estructural y las severas condiciones climáticas del invierno.

El comunicado fue firmado de forma conjunta por los responsables ejecutivos de varias agencias de Naciones Unidas, entre ellos el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios, Martin Griffiths, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, y la directora de ONU Mujeres, Sima Sami Bahous.

También el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, señaló que la agencia deberá interrumpir parte de sus actividades, en la medida en que más de 500 mujeres trabajan con las 19 ONG con la que colabora la organización en Afganistán.

“Impedir la labor humanitaria de las mujeres es negarles de manera grave su humanidad. Sólo provocará más sufrimiento para todos los afganos, especialmente mujeres y niños”, lamentó, en un comunicado en el que ha expresado también su temor por los efectos de esta nueva medida talibán en los esfuerzos para hallar “soluciones a largo plazo” a los 3,4 millones de desplazados internos y los 2,9 millones de refugiados.

DOCE PAÍSES Y LA UE PIDEN LA REVOCACIÓN DEL VETO

Los ministros de Exteriores de doce países y la Unión Europea emitieron una declaración conjunta este jueves para instar a los talibán a revocar la decisión de prohibir la presencia de mujeres afganas en las organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales.

Los máximos cargos diplomáticos que firmaron la declaración corresponden a los gobiernos de Alemania, Australia, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Noruega, Reino Unido, Suiza, Países Bajos, así como el Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borell.

Los líderes se muestran “gravemente preocupados por la temeraria y peligrosa orden de los talibán” y piden la inmediata revocación, pues “pone en peligro la supervivencia de millones de afganos que dependen de la ayuda humanitaria”, según se desprende del comunicado conjunto.

Europa Press.

IG

El Gobierno de los talibanes emitió este sábado una orden para prohibir a las mujeres trabajar en cualquier organización no gubernamental (ONG), lo que se suma al veto a la educación universitaria femenina dictaminado hace menos de una semana.

La orden, emitida por el ministro de Economía de los talibanes, Qari Din Mohammad Hanif, solicita a todas las organizaciones no gubernamentales de carácter nacional e internacional que despidan a sus empleadas por considerar que no están cumpliendo con las leyes islámicas al no usar velo.

“Con el fin de cumplir con su responsabilidad de implementar las normas y reglamentos del Emirato Islámico de Afganistán (como se autodenominan los talibanes), se instruyó a todas las ONG a suspender todos los trabajos de sus trabajadoras mujeres hasta nuevo aviso”, indica la misiva.

En caso de que retrasen en implementar esta norma “se cancelará la licencia de la organización emitida por este ministerio”, concluye la orden.

Esta nueva condena a la libertad de las mujeres afganas se produce pocos días después de que los talibanes excluyesen a las mujeres de la universidad, una orden que sucede a la prohibición a la educación secundaria femenina impuesta desde que los talibanes llegaron al poder en agosto de 2021.

Este sábado los fundamentalistas reprimieron en la ciudad occidental de Herat una protesta de decenas de mujeres que se manifestaban en contra del veto a las instituciones universitarias.

Desde la llegada al poder de los fundamentalistas hace un año y medio, las mujeres experimentaron cómo sus derechos se reducían en Afganistán con restricciones como la segregación por sexos en lugares públicos, la imposición del velo o la obligación de ir acompañadas por un familiar masculino en trayectos largos.

La realidad que viven las afganas a día de hoy se asemeja cada vez más a la época del primer régimen de entre 1996 y 2001, cuando en base a una rígida interpretación del islam y su estricto código social conocido como pashtunwali prohibieron la asistencia femenina a las escuelas y recluyeron a las mujeres en el hogar.

Las mujeres no podrán asistir a las universidades en Afganistán, según una orden publicada este martes por el Gobierno de los talibanes, en un nuevo movimiento de opresión del régimen fundamentalista, que ya prohibió hace un año la educación secundaria de niñas.

La decisión emitida por el ministro de Educación Superior de los talibanes, Shaikh Nida Muhammad Nadim, fue tomada tras una reunión del gabinete del Gobierno de los islamistas, según una misiva oficial publicada por medios afganos.

La carta dirigida a las autoridades de las universidades del sector público y privado instruye a los centros a prohibir todo tipo de educación para mujeres “con efecto inmediato y hasta nuevo aviso”.

La decisión de este martes está precedida de la prohibición a la educación secundaria femenina impuesta desde que los talibanes llegaron al poder en agosto del año pasado.

Sin embargo, los islamistas habían prometido en varias ocasiones que permitirían la educación de las jóvenes una vez que encontraran un modelo de enseñanza que se adecuara a la sharía o ley islámica.

Continuo retroceso

A los largo de casi año y medio, estas restricciones se han sumado a otras en un continuo retroceso de los derechos humanos para las mujeres, como la segregación por sexos en lugares públicos, la imposición del burka o la obligación de ir acompañadas de un familiar masculino en trayectos largos.

“Me invade la ira, la desesperanza, una sensación de impotencia y culpa. Ningún paso adelante y un retroceso tan inmenso para Afganistán en los últimos 16 meses. Tenemos que encontrar formas nuevas y creativas de mantener la luz encendida, para que la lucha continúe”, escribió en Twitter la activista afgana Shaharzad Akbar.

Hace escasamente dos meses que miles de jóvenes de todo el país se presentaron a las pruebas para acceder a las universidades, lo que suponía para miles chicas una de las últimas oportunidades para acceder a la educación superior.

Entre ellas se encuentra Fatima Amiri, una joven de la perseguida minoría chií hazara, que perdió uno de sus ojos en un ataque suicida en un centro educativo de Kabul y que aún con las heridas de aquel atentado se presentó a las pruebas de ingreso y logró un puesto en una de las principales instituciones de Kabul.

Estudiar informática “era mi sueño”, contó Amiri a EFE cuando se conocieron los resultados de admisión.

Pese a que prometieron que habían cambiado, los talibanes han repetido el comportamiento de su anterior régimen entre 1996 y 2001, cuando en base a una rígida interpretación del islam y su estricto código social conocido como pastunwali prohibieron la asistencia femenina a las escuelas y recluyeron a las mujeres en el hogar.

EEUU amenaza con “consecuencias significativas”

Estados Unidos amenazó este martes con “consecuencias” para los talibanes por vetar el acceso a las mujeres en las universidades de Afganistán, sin dar más detalles al respecto.

“Estados Unidos condena en los términos más enérgicos la indefendible decisión de los talibanes de prohibir el ingreso de mujeres a las universidades”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en una rueda de prensa.

Price calificó de “inaceptable” el veto talibán y advirtió de que habrá “consecuencias significativas para los talibanes, a la vez que los alejará aún más de la comunidad internacional”. Aseguró que Estados Unidos y sus aliados cuentan con “una serie de herramientas” para hacer que “los talibanes rindan cuentas”, aunque evitó entrar en más detalles por ahora.

Por su parte, la ONU instó este miércoles a los talibanes a garantizar la igualdad de acceso a la educación a todas las afganas. “La negación de la educación no solo viola la igualdad de derechos de mujeres y niñas, sino que tendrá un impacto devastador en el futuro del país”, dijo en un comunicado Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres.

El secretario general “está profundamente alarmado” por esta decisión e instó a los fundamentalistas “a garantizar la igualdad de acceso a la educación en todos los niveles para mujeres y niñas” en Afganistán, dice Dujarric.

“He perdido mi identidad”. La crudeza del testimonio de Friba Quraishi, jueza afgana exiliada en España, sobrecogió al auditorio del cuarto Women Business & Justice European Forum celebrado esta semana en el Colegio de la Abogacía de Barcelona. Quraishi personifica el drama que ha supuesto la vuelta de los talibanes para las mujeres afganas, pero a la vez sus palabras son una lección de resistencia y esperanza.

Con la indispensable asistencia de una traductora de farsi, Quraishi conversa con elDiario.es cuando se cumple un año de su llegada a España. Allí empezó de nuevo. La Asociación de Mujeres Juezas de España la ayuda, como a otras magistradas exiliadas en ese país. Pero en su cabeza siguen muy presentes todas las mujeres, togadas o no, que se quedaron en Afganistán.

“Las mujeres de Afganistán son fuertes, pero el mundo las abandonó, están luchando solas”, lamenta Quraishi. Pone como ejemplo la mujer que, a principios de septiembre, logró grabar un vídeo en el que explicaba cómo los talibanes la detuvieron, la violaron y la obligaron a casarse. “La grabación se difundió mucho por Internet, todo el mundo expresaba su tristeza y quería ayudar, pero al final se fue olvidando y la mujer se quedó sola”, constata la magistrada. Sola frente a la furia talibán.

La jueza se muestra crítica con Occidente y los Estados Unidos por no haber siquiera intentado frenar la ofensiva talibán el año pasado. “El día que Afganistán y sus mujeres y sus niños necesitaban de verdad a Occidente, el mundo los abandonó”. La magistrada confía no obstante en que las llamadas de los que como ella consiguieron exiliarse hagan posible que la comunidad internacional vuelva a “presionar” a los talibanes para que cesen sus hostilidades.

“Es cierto, los países ricos invirtieron muchos recursos y ayudaron a Afganistán, pero también se beneficiaron de nuestra tierra a nivel económico”, asevera la magistrada, que se expresa de forma serena y tranquila pese a todo lo vivido.

Antes de tener que exiliarse el año pasado, Quraishi era una de las 270 juezas de Afganistán. Son 14 años de ejercicio de la judicatura a sus espaldas. Su carrera empezó como magistrada de familia. Después pasó tres años juzgando casos de terrorismo relacionado con los talibanes y finalmente se ocupó de los crímenes contra las mujeres. “Éramos juezas independientes como los jueces hombres, teníamos las mismas capacidades y poderes”, recuerda con orgullo.

Fueran hombres o mujeres, todos los jueces que juzgaban a los talibanes recibían amenazas. La única diferencia con sus colegas era que, aunque les amenazaran por igual, los talibanes sí reconocían la autoridad de un hombre para juzgarles. No así la de Quraishi, a quien los talibanes negaban legitimidad para decidir su futuro penal. “Cuando llegaban al juzgado no me aceptaban, no veían válido que una mujer les condenara a prisión”. Aún así a la magistrada no le temblaba el pulso.

Quraishi ejercía y vivía en Mazar-e Sarif, la cuarta ciudad más poblada del país. Rememora la llegada de los talibanes como un proceso del que todo el mundo conocía el final. “Primero cayeron los pueblos periféricos, después llegaron a la ciudad”.

La magistrada sabía que estaba en peligro si permanecía en su casa, una vivienda estatal destinada a los funcionarios. Los últimos días, al salir del juzgado no se iba a dormir a su piso. Eran un objetivo demasiado fácil para los talibanes. No tuvo dudas en emprender el camino del exilio.

“La caída de mi ciudad era palpable, se veía venir. Exiliarme no fue una decisión meditada porque era algo de vida o muerte. Me tenía que ir y punto”. No todas sus compañeras estuvieron a tiempo de hacer lo mismo y a algunas de ellas ningún país extranjero les otorga protección.

La jueza Quraishi mantiene el contacto con amigos y familiares que se quedaron en Afganistán. La realidad que le describen es una pesadilla, sobre todo para las mujeres que habían logrado independencia económica. “Las mujeres que antes eran funcionarias ahora lo tienen prohibido y algunas piden limosna por la calle”, denuncia. “Todo el mundo lo ve, todo el mundo sabe lo que pasa en Afganistán, pero nadie hace nada”.

Las mujeres de Afganistán, recalca la jueza, “necesitan estudiar y trabajar”. Más en un país donde los sucesivos conflictos provocaron la muerte de los hombres en muchas familias, quedando la mujer como la única responsable de generar ingresos y de llevar el pan a casa. “Para las afganas trabajar y estudiar no es ya un derecho, sino una necesidad, pero los talibanes no las dejan”.

La supuesta moderación de los talibanes tras su vuelta al poder resultó una mentira. La única vía posible que la magistrada ve para revertir la actual situación es la presión internacional sobre el régimen. “Ahora mi labor aquí es dar a conocer los problemas de la gente de Afganistán, de sus mujeres y sus niños y niñas, para que las cosas cambien”. Pese a todo, Quraishi conserva la esperanza de volver a su país.

“Casi la damos en adopción por el hambre y su mala salud en varias ocasiones. Me duele tanto que a veces deseo que muera”, dice Homaira, madre de Arezzo, una bebé de siete meses, en un testimonio recogido por UNICEF. Se cumple un año de la caída de Afganistán en manos de los talibanes y, desde hace 10 meses, nueve de cada 10 afganos no tiene acceso a la comida suficiente a pesar de gastar el 90% de sus ingresos en alimentos, según datos del Programa Mundial de Alimentos de la ONU (WFP, por sus siglas en inglés). La mitad de la población (19,7 millones) de unos 40 millones de habitantes sufre actualmente inseguridad alimentaria aguda.

El informe del Integrated Food Security Phase Classification (IPC), herramienta de referencia a nivel internacional en el ámbito de la alimentación, sostiene que casi el 40% de los hogares ha tenido que comprar cereales con crédito. El 92% de las familias dice estar endeudada y el 88% de ellas cita la compra de comida como la principal razón de su endeudamiento. 

“En el último año vimos un colapso económico. El empleo y los salarios desaparecieron, las familias empezaron a pedir, acumularon deudas, vendieron sus bienes productivos y sus mecanismos de resistencia ya no existen. Los agricultores, por ejemplo, tuvieron que vender sus tierras”, dice a elDiario.es Philippe Kropf, director de comunicaciones de WFP en Kabul. “El invierno es el momento más difícil para las familias afganas, que no están preparadas para pasar otro invierno duro. En los próximos meses solo podemos esperar que incluso más familias se vean en la necesidad de recibir alimentos”.

Richard Trenchard, director de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) en Afganistán, cuenta a este medio una anécdota que refleja la gravedad del nivel de endeudamiento: “En Afganistán es muy normal que un terrateniente proporcione al agricultor una tierra y que este le dé un porcentaje final de la cosecha que suele ser del 50%. Hace seis semanas hablé con un pequeño terrateniente de la provincia de Parwan que tiene media hectárea que suele producir algo más de una tonelada de cereal al año y me dijo que después de pagar todas sus deudas, al agricultor le quedaron 11 kilos de cereal”.

“El grano que tienen va a pagar deudas y eso es comida con la que normalmente se alimentarían. Cuando eso se acaba es cuando empieza la temporada de hambre. Por eso, desafortunadamente esperamos que la temporada de hambre empiece este invierno mucho antes”, dice Trenchard.

A todo ello se añade la falta de fondos para la ayuda humanitaria. El Plan de Respuesta Humanitaria de 2022 para Afganistán solicitó 4.440 millones de dólares para evitar la catástrofe. “Este es el mayor llamamiento de la historia para un solo país en materia de ayuda humanitaria y triplica la cantidad que se necesitó y que realmente se recaudó en 2021”, dijo entonces el coordinador de la Ayuda de Emergencia de la ONU, Martin Griffiths. Sin embargo, la suma total de las donaciones prometidas no llegó a los 2.000 millones, según los datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Esos fondos comprometidos por los donantes internacionales suponen solo el 40% del total solicitado en el Plan de Respuesta Humanitaria, lo que representa el porcentaje más bajo en una década. 

El plan recoge las necesidades humanitarias divididas por sectores: sanidad, educación, alimentación, etc. Educación es el único campo que recaudó lo solicitado. En el terreno de la seguridad alimentaria y agricultura se solicitaron 2.660 millones de dólares y se consiguieron 764, menos del 30% del total. Algo similar ocurre con el apartado de nutrición que, de los 287,5 millones solicitados, solo consiguió un 28%. Otro factor relevante es el aumento de los precios: la cesta de la comida básica de WFP ha aumentado un 54% entre junio de este año y junio de 2021.

“Como madre, hubiera dado a mi bebé mi propia vida, pero necesitaba comida y eso no lo tenía”, dice Pari Gul en otro testimonio recogido por UNICEF. “Después de tres meses no podía producir leche. No tenía para comprar leche y solo podía alimentarla con té azucarado y agua”. Gul llevó a su hija desnutrida al hospital: “Vomitaba continuamente y tenía los ojos cerrados”. En el último año, la tasa de desnutrición en mujeres lactantes y embarazadas se duplicó.

Consecuencias de la falta de fondos

Con los fondos recibidos, WFP pudo asistir entre enero y junio a 21,4 millones de personas, la mitad de la población del país, dice Kropf. Sin embargo, en junio la agencia de la ONU se vio obligada a reducir su actividad “por falta de financiación”. Se trata también de una decisión estratégica para reservarse para el invierno, que es la temporada más difícil del año, y porque ahora es época de cosecha y, en teoría, los afganos pueden acceder a producción propia. “Pero todo esto significa que 8 millones de personas que estaban esperando alimentos no los recibieron , pasando de 18,6 millones a 10,8 millones”, dice Kropf.

“Tuvimos que reducir la ayuda y ahora estamos preparados para aumentarla a finales de año para llegar a 18 millones si recibimos 960 millones de dólares para los meses que quedan. Sin esta financiación, no podemos cumplir nuestros planes”, dice el portavoz de WFP. “Los donantes fueron realmente generosos en los últimos meses, pero la escala de la crisis es tan grande que las necesidades de la gente son mayores que la financiación disponible. Ya desde agosto nos estamos preparando a contrarreloj para el invierno porque muchas comunidades quedarán aisladas cuando llegue la nieve y el hielo. Planeamos posicionar de antemano en esas comunidades 150.000 toneladas de comida, seis veces más que en el invierno pasado, pero tenemos un déficit de fondos que necesitamos urgentemente antes de que llegue el invierno”.

“El alcance de la crisis económica es tal que es muy difícil trazar un camino a la recuperación y me temo que empeorará antes que mejorar”, dice Trenchard. “Si tenés una sequía normal, una invasión de langostas, un terremoto o algo parecido, sabes que tenés que levantar un puente hasta que la gente se recupere. El problema es que ahora estamos construyendo un puente, pero no tiene fin porque la crisis económica es lo que está agravando la situación. La impresión es que evitamos una catástrofe, pero estamos en una mala situación”.

Como ejemplo de los efectos de la crisis, el director de la FAO en Afganistán recuerda otro encuentro que tuvo hace unos meses con un ganadero. “El año pasado tenía 200 animales y ahora tenía 20 y estaban en los huesos. Iba a vender dos de esos 20 por 20 dólares, cuando normalmente se venden entre a 80 y 100 dólares, pero me dijo que no tenía otra opción si quería alimentar a su familia”, cuenta mientras un miembro de su equipo le interrumpe para firmar unos contratos: “Es el momento más ocupado del año por la temporada de cosecha. Estamos desarrollando el mayor programa que la FAO ha tenido nunca en cualquier país del mundo”, se disculpa. Trenchard explica que el trabajo de la FAO y de WFP están muy relacionados: “Si los agricultores son capaces de cultivar su propia comida, entonces necesitan menos ayuda alimentaria, pero mientras crecen los cultivos, seguirán necesitando ayuda”.

El efecto de las sanciones

No solo han aumentado las necesidades humanitarias en el último año, sino que el entorno cambió y en ocasiones resultó más difícil entregar esa ayuda. “Fue increíblemente difícil trabajar cuando la mayoría de los bancos no funcionaban y no podías traer dinero”, recuerda Trenchard. “Los donantes también aumentaron los requisitos para que el dinero no llegase a manos equivocadas”, añade en referencia a los talibanes y destacando que en los últimos 20 años hubo “una enorme inversión” a través del Gobierno.

“Desde el año pasado no podíamos operar de la mano del Gobierno, por lo que se hizo mucho más difícil”, señala el director de FAO en Afganistán. “Algunos de los donantes se han relajado y defendimos nuestra posición de que no se trata de compromiso político [con los talibanes]”. En diciembre el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que da a las agencias humanitarias algo más de margen de maniobra. “No dice que no podemos trabajar [con el Gobierno], dice que podemos hacerlo cuando es necesario para la entrega de asistencia humanitaria y apoyo a las necesidades básicas. Pero aunque existe ese espacio legal para operar, un donante puede decir que no quiere que lo hagamos”.

Kropf, de WFP, coincide y asegura que aumentó el nivel de vigilancia. “En principio, toda la asistencia humanitaria está exenta de las sanciones, pero creo que a nivel práctico, las cosas se han complicado. Ningún donante puede arriesgarse a que su dinero vaya a los talibanes”.

Además de la escala de la ayuda y los cambios en el entorno económico a la hora de operar, Kropf cuenta que en el último año también cambió el perfil del receptor de ayuda humanitaria. Ya no son solo ciudadanos residentes en zonas rurales. “Son también antiguos asalariados. Trabajaban para el Gobierno o para empresas que tuvieron que cerrar porque ya no hay clientes. Ahora tenemos puntos de distribución en el centro de Kabul, en lo que era el barrio de las embajadas, una zona de clase media”.

Maryam es la primera de su clase. Estudia sexto en una escuela de la capital, Kabul. Según los criterios del régimen talibán que controla el país desde hace un año, su educación debería terminar dentro de unos meses.

Sin embargo, esta niña de 10 años, cuyo nombre se ha cambiado en este reportaje para protegerla, ha ideado una estrategia para seguir en la escuela un año más, y sus ojos brillan de alegría cuando explica su plan: “Voy a asegurarme de no responder bien muchas preguntas. Decidí equivocarme para poder hacer sexto grado otra vez”.

Así es Afganistán casi un año después de que los talibanes se hicieran con el control del país en un veloz despliegue. De hecho, fueron tan rápidos en la toma de Kabul que sorprendieron incluso a sus líderes.

Los jóvenes más brillantes del país utilizan su inteligencia para autosabotearse, porque en el retorcido sistema que el Gobierno talibán ha creado, eso les brinda más posibilidades que el éxito.

En su campaña por Afganistán, y en las conversaciones diplomáticas con Estados Unidos, los talibanes ofrecieron una promesa implícita. Indicaron que a cambio de una versión ligeramente adaptada a su extremismo puritano, traerían la paz y la estabilidad a un país asolado por décadas de guerra.

En encuentros internacionales, los representantes del régimen afirmaron que las mujeres tenían el derecho islámico a la educación y al trabajo, y que, en un contexto de calma exento de enfrentamientos constantes, la economía afgana tendría más espacio para crecer. Aunque cientos de miles de afganos huyeron, muchos otros vieron con esperanza el fin de los enfrentamientos. Casi un año después, esa percepción inicial se ha ido diluyendo. Al hablar del cambio sísmico del pasado agosto, los talibanes se refieren al antes y al después de “la victoria”. Los afganos de habla persa de la capital hablan de la vida antes y después de “la caída”, o “el colapso”, “suqut” en el dialecto dari de Afganistán. 

Fuera del foco internacional

Los talibanes son un Estado paria aislado, no reconocido por ningún país, ni siquiera por sus aliados. Su apoyo a grupos violentos quedó dramáticamente expuesto la semana pasada, cuando Estados Unidos mató al líder de Al Qaeda en el corazón de Sherpur, un barrio de élite en Kabul. 

Sin embargo, durante meses los talibanes han estado fuera del foco de la atención de la comunidad internacional. La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha sido un regalo para los talibanes, ya que ha desviado la atención del mundo y el régimen ha podido intensificar sus políticas extremistas en Afganistán sin recibir críticas. 

En Afganistán, las mujeres tienen menos libertades que en cualquier otra parte del mundo, ya que se les priva de educación secundaria y no tienen acceso a ningún otro trabajo que no sea en los sectores de la sanidad o la educación. Están obligadas a ir acompañadas de un tutor masculino en todos los desplazamientos, excepto en los cortos, y a cubrirse la cara en público. Las restricciones se aplican de forma intermitente. Para las mujeres más pobres y vulnerables, incluidas las que carecen de tutor, el miedo a estos castigos arbitrarios puede ser abrumador.

“Ya he visto tres veces cómo los talibanes golpeaban a mujeres en el mercado. Algunas llevaban pantalones que según los talibanes eran demasiado ajustados, deberías haber visto lo rotas que estaban después de la paliza”, explica Farkhunda (cuyo nombre, como el de todas las mujeres de este artículo también fue cambiado), de 16 años, que tuvo que dejar la escuela en septiembre y libra una batalla contra la depresión.

“En otra ocasión, unas chicas recibieron una paliza solo por sonreír y hablar demasiado alto. Es algo natural charlar sobre los vestidos que te vas a comprar y otras cosas”, lamenta. No lleva la abaya negra (burka afgano) y larga reglamentada por los talibanes y su familia no puede permitirse comprar una. “Desde entonces incluso he dejado de ir a la madraza, la escuela religiosa, es mejor estar en casa que toparse con estos animales”, dice.

Colapso económico

La economía se desplomó al menos un 30%, después de que las sanciones internacionales impuestas a los talibanes cortaran el comercio y la ayuda internacional que había sostenido al último régimen se agotara. El grupo de militantes carecía de preparación para pasar de la lucha a gobernar.

“No teníamos un vínculo político con el último gobierno, pero los talibanes se están vengando de que estemos aquí haciendo negocios”, explica un importante empresario que despidió a casi 500 empleados después de que el régimen talibán le confiscara material y suspendiera licencias para operar en varios sectores. Está frustrado, pero también desconcertado por el enfoque a corto plazo de las autoridades. Tuvo que parar su actividad, aunque el nuevo régimen sabe por experiencia lo lucrativos que pueden ser sus negocios. “Les había pagado más de tres millones de dólares en concepto de 'impuestos' forzados, antes de que tomaran el control”, explica. “Ya se hundieron muchos negocios, y si las cosas siguen así, la situación irá a más”, relata. 

Para los que antes eran ricos, el colapso económico supone el fin de los lujos. La clase media de antaño, sin embargo, se vio sumida prácticamente de la noche a la mañana en la pobreza y el hambre. Al menos la mitad de la población depende ahora de la ayuda alimentaria, si es que puede conseguirla.

Sardar y su esposa tenían puestos de trabajo en las fuerzas de seguridad, y ganaron lo suficiente para comprar un terreno y construir una casa. Ambos fueron despedidos cuando los talibanes llegaron al poder. Hoy en día, ella permanece sentada en casa mientras él se dedica a hacer trabajos manuales al borde de la carretera y tiene suerte de conseguir un día de trabajo en una semana, por 200 afganis (unos dos euros). “Nunca hice un trabajo así en mi vida y es duro para mí porque no estoy acostumbrado, pero tengo una familia que mantener”, dice mientras sus cuatro hijos juegan a su lado. “Juro que no tengo ni 1.000 afganis en casa, mi madre tiene diabetes y carecemos de dinero para comprar la medicación que necesita”, asegura.

Pérdida de apoyo

En ocasiones, los nuevos dirigentes del país se mostraron asombrosamente insensibles ante este sufrimiento, y dicen a los afganos que deben confiar en Dios para alimentarse, no en su gobierno. Pero también son conscientes de que la crisis está erosionando la confianza que pudieran tener. “Están perdiendo el apoyo interno y son muy conscientes de ello”, indica un analista afgano con conexiones con talibanes que ocupan puestos de responsabilidad en el Gobierno y que pide no ser identificado para hablar de asuntos internos.

La transición de la insurgencia rural descentralizada a la administración de Kabul iba a ser siempre difícil para los talibanes. “Gobernar tiene que ser la peor de las pesadillas para ellos. Se sorprendieron con el giro de los acontecimientos”, dice una fuente afgana con estrechos vínculos con los talibanes y que afirma que los líderes no estaban preparados para hacer frente a los desafíos de una capital que se había transformado desde su salida en 2001.

“Son fuerzas rurales tradicionales, llegaron a las ciudades, pero en lugar de integrarse, quieren que sean las ciudades las que se integren a su mentalidad, quieren que nos parezcamos a ellos, que tengamos sus creencias y aficiones”, cuenta.

Buscar una salida

Una generación entera de afganos educados huyo o está buscando una salida. No es de extrañar la desesperación por marcharse, dado que los talibanes llevan años persiguiendo a los profesionales de los medios de comunicación, la sociedad civil y el gobierno para asesinarlos. Aunque las matanzas que algunos temían que los talibanes llevaran a cabo en Kabul no llegaron a producirse, decenas de personas fueron asesinadas por sus vínculos con el anterior gobierno y con las anteriores fuerzas del orden.

Un antiguo miembro del servicio de inteligencia cuenta a The Observer que se rindió el día en que los talibanes llegaron a su ciudad, pero que a pesar de ello desde entonces fue detenido tres veces cuando intentaba trabajar. Ahora apenas sale de su casa.

Según explica un directivo de un banco que durante meses participó en conversaciones sobre la crisis que vive Afganistán a The Observer, la fuga de cerebros dificultó aún más la gestión del país. El banco central, que lucha contra la congelación de las reservas y las sanciones, solo ha mantenido al personal de nivel medio y bajo. 

Uno de los logros de los talibanes fue la lucha contra los elevados niveles de corrupción de los distintos gobiernos de los últimos 20 años. Sin embargo, incluso su lucha contra la corrupción se está estancando.

“La corrupción no es tan grave (como bajo la gestión del ex presidente Ashraf Ghani), cuando entrabas en una oficina para hacer una gestión y todos, de la A a la Z, te pedían algo. Ahora solo hay un par de personas concretas, pero volvió a florecer”, dice el empresario. 

Regreso de la violencia

Entre los manzanos de la aldea de Ismail Khel, a una hora en coche al suroeste de Kabul, una bandera pintada con una rosa, un tulipán y un dron lanzando bombas ondea sobre un pequeño grupo de tumbas. A la derecha, están las ruinas abandonadas de una casa, donde hace 14 años, al menos ocho mujeres y niños murieron en un ataque aéreo. Fueron enterrados junto a su hogar. A la izquierda, Haji Yahyah, de 66 años, sigue viviendo con su mujer y una sobrina en lo que queda de su hogar, que fue alcanzado por un segundo misil que mató a su nuera y a su sobrino. Nunca recibieron una indemnización de Estados Unidos con la que volver a construir su casa, y se quedaron porque no tenían otro sitio al que ir.

Los aldeanos explican que esos fueron los únicos ataques aéreos contra esta comunidad agrícola, pero durante más de una década la zona estuvo asolada por la muerte y la violencia, ya que las tropas extranjeras y gubernamentales aterrizaban en helicópteros e irrumpían en las casas.

“El pueblo tiene cuatro cementerios. Hace veinte años solo tenía uno”, explica Ainullah, de 53 años. “Hace poco vino al pueblo una organización benéfica en busca de niños que habían perdido a su padre o a su madre, para ofrecerles alimentos. Apenas pudieron encontrar una casa en el pueblo sin al menos uno”, cuenta.

Aprovecharse del dolor

Todos los hombres que se paran a hablar con periodistas (las mujeres rara vez hablan con extraños en una zona rural conservadora) tienen una historia desgarradora de pérdida de hermanos, primos, tíos, u otras personas civiles asesinadas durante estos ataques, a veces delante de sus hijos, siempre al alcance de sus oídos.

Estas incursiones nocturnas y las muertes de civiles sirvieron como potentes armas de reclutamiento, y fueron una de las razones por las que Occidente y sus aliados perdieron la guerra. 

“Mucha, mucha gente se unió a los talibanes por el dolor que les causaron estas acciones. Si matan a tu padre o a tu hijo delante de ti, ¿no querrías vengarte? Y la manera de hacerlo era unirse a los talibanes”, explica Mohammad Habib, de 26 años.

“Cuando por la noche los vecinos oían que se acercaban los helicópteros hacía sus abluciones, para al menos morir limpios, se vestían para que sus cadáveres estuvieran decentes”, dice.

En partes del país como ésta, donde el ruido de las armas cesó por fin después de una década, o incluso dos, las aldeas están volviendo a la vida. Se están abriendo escuelas en algunos distritos del sur de Helmand y Kandahar donde la inseguridad -incluidas las amenazas de los talibanes- hacía imposible la educación.

Pero también hay lugares que estuvieron tranquilos durante las dos últimas décadas y que ahora están asolados por la violencia y los ataques, como la matanza de civiles, las incursiones nocturnas, los saqueos y la confiscación de infraestructuras civiles como clínicas y escuelas.

Desde la provincia de Panjshir, en el norte, en el distrito de Baghlan y en Balkhab, en el centro de Sar-e Pol, se están difundiendo vídeos e informes de atrocidades como las que en su día alimentaron las simpatías hacia los talibanes. Ahora son ellos los que asesinaron civiles, tomaron escuelas para convertirlas en bases militares, profanaron mezquitas y asaltaron hogares.

De momento, nada hace pensar que la violencia se extienda por todo el país o vuelva a estallar una guerra civil como la que comenzó con la invasión soviética en 1979. Sin embargo, muchos pensaron lo mismo hace 21 años. 

“Los talibanes representan a los talibanes”

Estados Unidos estaba convencido de que una aplastante victoria militar en 2001 permitía imponer su voluntad política en un país diverso, en el que los extremistas con pocos medios tenían un apoyo real.

“La noción de que el movimiento talibán podría ser barrido por el poderío militar estadounidense resultó ser un caso más de espejismo”, escribieron Jolyon Leslie y Chris Johnson en un libro publicado en 2004 sobre el polémico nuevo orden internacional, Afganistán: El espejismo de la paz. El ensayo, sorprendentemente premonitorio, fue tachado de sombrío y fuera de la realidad en el momento de su publicación. Ahora los talibanes pueden estar repitiendo el mismo error, confundiendo su propia victoria militar aplastante con un mandato político para controlar un país diverso.

“Los talibanes representan a los talibanes, no a Afganistán. La mitad de la población no fue representada en el gobierno en absoluto en los últimos nueve meses”, subraya el analista afgano. Al igual que en 2001, comunidades étnicas, religiosas y culturales enteras fueron excluidas de un gobierno dominado casi en su totalidad por los extremistas talibanes pastunes.

Estos grupos libraron muchas luchas a lo largo de los años y, si los talibanes no consiguen mitigar la crisis política y económica de Afganistán, pueden ser persuadidos con demasiada facilidad para volver a tomar las armas.

“Solo el 2% de los afganos tiene más de 60 años, y el 45% tiene menos de 14”, explica un veterano de varias de las muchas guerras civiles de Afganistán. “Dale a un niño 100 dólares y un Kalashnikov y tendrás un luchador. Vivimos con bombas de relojería humanas. Han crecido con armas y no necesitan dos semanas de entrenamiento: una hora es suficiente”, cuenta.

Este artículo ha sido escrito con información adicional de Lutfullah Qasimyar.

Traducción de Emma Reverter

Se hizo famoso con el libro superventas internacional El librero de Kabul, y sobrevivió a varios regímenes represivos en Afganistán. Ahora, dos décadas después, Shah Muhammad Rais vive en un hotel de Londres alojado por el Ministerio de Exteriores británico, tras huir de los talibanes para solicitar asilo en el Reino Unido. 

Rais, de 69 años, llegó al Reino Unido el pasado 26 de septiembre y pidió asilo en el aeropuerto. Está a la espera de que se procese su caso y vive junto a otros solicitantes de asilo provenientes de varias zonas de conflicto. “El Reino Unido era mi única puerta abierta para protegerme de los talibanes”, dice. Los miembros de su familia, entre ellos sus nueve hijos y cuatro nietos, están desperdigados por varios países. Pero su librería en Kabul sigue abierta tras el retorno al poder de los talibanes, junto con su librería online. Entrega con orgullo su tarjeta de visita: “Shah M Book Co, impresores, editores, libreros. Shah Muhammad Rais, director ejecutivo”. 

Pero son tiempos difíciles para las librerías independientes y Rais no está seguro de que su librería, fundada en 1974 y que ha aguantado casi cinco décadas turbulentas, pueda resistir los desafíos actuales del régimen talibán. “Poca gente compra libros ahora”, dice con tristeza. Una de las consecuencias del retorno de los talibanes ha sido un éxodo masivo de intelectuales y otras personas que eran parte de la población que compraba libros cuando las fuerzas del Reino Unido y los Estados Unidos estaban aún en Afganistán. “Voy a mantener la librería abierta todo lo que pueda, quizás los talibanes la prohíban o destruyan”, dice encogiéndose de hombros. 

Desde 1979

Rais vivió bajo diferentes regímenes en Afganistán y fue dos veces encarcelado en tiempos soviéticos, primero en 1979 durante un año, y otra vez un año y medio después de su liberación. Dice que sufrió torturas y malos tratos en la cárcel, incluyendo la privación de sueño y ser sometido a condiciones de frío extremo. 

La periodista noruega Åsne Seierstad viajó a Afganistán poco tiempo después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y regresó la primavera siguiente para escribir un relato de la vida en el país a través de un retrato íntimo de las vidas de una familia afgana: el librero Rais, sus dos esposas y su familia. El libro de la periodista se basó en el relato del librero después de que la invitara a mudarse con la familia, con la que vivió durante cinco meses. 

Así, Rais se hizo famoso tras la publicación en 2002 del libro, que encabezó las listas de ventas internacionales y fue traducido a docenas de idiomas. Sin embargo, junto a los miembros de su familia inició acciones legales contra la autora, aduciendo que el libro era inexacto e invasivo. Tras una extensa batalla legal, un tribunal de apelación en Noruega determinó que la autora no había invadido la privacidad de la familia y concluyó que los hechos relatados del libro eran exactos. 

La librería

Se cree que la librería de Rais cuenta con la mayor colección de libros sobre Afganistán, expresando una variedad de puntos de vista acerca de acontecimientos históricos, todos bajo el mismo techo. Junto con textos para estudiantes en áreas como medicina, ingeniería e idiomas hay muchos libros únicos que Rais ocultó en caso de que su tienda sufriera una redada. “Tengo escondites en Irán y Pakistán para algunos de los libros”, dice. 

Rais habla seis idiomas y dice, con pesar, que ha olvidado un séptimo que antes podía hablar: el ruso. Tras obtener un título de maestría en ingeniería civil por la Universidad de Kabul, pensó que no sería posible vivir de la ingeniería y decidió tratar de transformar su amor por los libros, el que había desarrollado desde su adolescencia, en un negocio. Junto con su colección enorme y diversa de libros afganos, le encantan los clásicos como Tolstoi, Balzac y Hemingway, así como su favorito Rumi, el poeta persa del siglo XIII. “Me encantó leer Otelo, de Shakespeare, en persa”, dice. 

“Entre 2002 y 2020 vendí más de 15.000 copias de literatura europea y estadounidense”, dice Rais. Dice que su objetivo siempre fue reflejar una pluralidad de puntos de vista sobre los acontecimientos significativos de la historia y no tomar partido. “Estoy del lado de la sinceridad”, dice. “Los soviéticos me encarcelaron por coleccionar decretos de Mullah Omar y otros periódicos yihadistas que conseguí en Pakistán. Dije al juez: ‘Mañana necesitaremos estos periódicos para estudiar el yihad afgano, para entender a sus enemigos’”. 

En tiempos mejores, su librería era un centro en el que intelectuales de varias procedencias se reunían, se sentaban en colchones a escuchar noticias internacionales en una radio de buena calidad y luego debatían los asuntos políticos y filosóficos del día. 

Ahora el futuro de Rais es incierto, mientras espera con ansiedad el resultado de su solicitud de asilo. Además, lo que resulta particularmente inquietante para un amante de los libros, ahora padece problemas de vista. Pero su energía y su entusiasmo están intactos. “Si recibo el permiso para trabajar en el Reino Unido, me encantaría abrir una sala de lectura afgana en la Biblioteca Británica. Estoy escribiendo un libro sobre la tierra, la cultura y la historia de Afganistán, y me gustaría abrir una librería multicultural y multilingüe para gente de la región que está aquí, gente de Pakistán, Bangladesh, Irán. Ese es mi sueño”. 

Traducción de Patricio Orellana.

El líder supremo de Afganistán y jefe de los talibanes ordenó este sábado que todas las mujeres usen en público el burka, un velo que las cubre integralmente, e impuso así la restricción más severa contra la libertad femenina desde que los radicales islamistas se hicieron con el poder en agosto pasado.

El decreto fue divulgado por el Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, responsable de vigilar el cumplimiento de la ley islámica.

Un vocero ministerial explicó en rueda de prensa que las mujeres deben cubrirse el rostro en público, ya que de lo contrario sus “guardianes” varones serán detenidos o convocados por las autoridades y se arriesgan incluso a terminar en prisión, informó la agencia de noticias Jaama.

“Tendrán que llevar un chador (un término que también se usa para designar al burka o velo de los pies a la cabeza) porque es tradicional y respetuoso”, según reza el decreto firmado por Hibatullah Akhundzada y difundido por las autoridades talibanas en un acto en Kabul.

Y precisó: “Las mujeres que no sean ni demasiado jóvenes ni demasiado mayores tendrán que cubrir su rostro cuando estén frente a un hombre que no sea miembro de su familia para evitar la provocación”.

Si no tienen algo importante que hacer en el exterior, es “mejor para ellas que permanezcan en casa”, agregó, según la agencia de noticias AFP.

Los talibanes también impusieron el uso del burka durante su primer Gobierno, entre 1996 y 2001, durante el cual llevaron a cabo una fuerte represión contra los derechos de las mujeres, de acuerdo con su interpretación de la “sharia”, la ley islámica.

Tras haber vuelto al poder a mediados de agosto, al término de dos décadas de ocupación de Estados Unidos y sus aliados en Afganistán, los talibanes prometieron que su Gobierno sería más tolerante. Pero rápidamente fueron tomando medidas contra las mujeres, como excluirlas de los empleos públicos o prohibirles viajar solas.

En marzo, tras meses prometiendo que autorizarían la educación a las mujeres, los talibanes ordenaron el cierre de los centros femeninos de enseñanza secundaria, apenas unas horas después de haber abierto sus puertas.

Esta semana, funcionarios talibanes de Herat, la ciudad más progresista de Afganistán, pidieron a los instructores de escuelas de conducir no entregar registros a las mujeres.

La reacción de la ONU y Estados Unidos

La ONU repudió el nuevo código de vestimenta y conducta femeninas anunciado por los talibanes afganos y acusó al movimiento fundamentalista de traicionar sus compromisos de libertad adoptados tras reconquistar el poder.

Para la Unama, la misión de Naciones Unidas en Afganistán, “esta decisión contradice numerosas garantías sobre el respeto y la protección de los Derechos Humanos de todos los afganos, incluidos los de las mujeres y las niñas, que los representantes de los talibán proporcionaron a la comunidad internacional durante los debates y negociaciones de la última década”.

La ONU recordó que “la comunidad internacional ha estado ansiosa por recibir señales de que los talibán están listos para tener relaciones positivas con el resto del mundo” y que decisiones como ésta, o la adoptada hace seis semanas de posponer la educación secundaria para las niñas afganas “podría tensar aún más el compromiso con la comunidad internacional”.

Por todo ello, la Unama indicó que solicitará de inmediato una reunión con las autoridades talibán para buscar aclaraciones sobre el impacto de esta decisión, y anuncia que “también participará en consultas con miembros de la comunidad internacional sobre sus implicaciones”.

Un portavoz del Departamento de Estado, por otro lado, dijo que el Gobierno de Estados Unidos está “preocupado” por la erosión de los derechos de las mujeres en Afganistán. “Estamos extremadamente preocupados porque los derechos y el progreso que las mujeres y niñas afganas lograron y disfrutaron en los últimos 20 años se están erosionando”, agregó el portavoz.

A Washington y sus socios internacionales, señaló, les inquieta “profundamente” los pasos recientes dados por los talibanes “en relación a las mujeres y las niñas, incluidas las restricciones a la educación y los viajes”.

MB con información de agencia Télam

Mehrajuddin tiene 70 años. En el transcurso de su vida fue comandante de policía, combatiente de los muyahidines, gobernador de distrito y fiscal. Incluso trabajó durante un tiempo en Europa. Hasta este año, nunca había tenido problemas para alimentar a su familia.

Ahora solo tienen un plato al día y rebanadas de pan duro remojadas en agua hasta que se ablandan. “Toda la familia se muere de hambre”, admite sin tapujos mientras espera en un banco de alimentos de Kabul que le entreguen lentejas, arroz, harina y aceite. “Incluso me preocupa morir, porque si mañana ocurriera, ¿cómo pagaría mi familia el funeral?”.

Con la llegada de los talibanes al poder, su pensión de funcionario se ha interrumpido y el puesto de su hijo como funcionario público fue suprimido. Su esposa e hija con discapacidad son especialmente vulnerables. La comida que le entregaron en el banco de alimentos debería durarles un par de semanas, pero después no sabe qué harán. Millones de familias están en la misma situación.

El hambre, causada por una devastadora conjunción de crisis políticas y medioambientales, acecha al país. La ONU calcula que solo el 2% de la población tiene suficiente para comer.

La victoria de los talibanes puso fin de la noche a la mañana a la ayuda extranjera que había apuntalado la economía del país en los últimos 20 años. En el campo, donde viven más de dos tercios de los afganos, la peor sequía de los últimos 30 años ya había dejado a los agricultores sumidos en la miseria y la desesperación.

Ahora, la cifra de personas que ingiere una cantidad escasa de alimentos y de niños desnutridos –al menos uno de cada tres– es probablemente suficiente para que Afganistán cumpla dos de los tres criterios que la ONU utiliza para declarar una hambruna.

“En estos momentos, o ya cumplen con los indicadores o están muy cerca de hacerlo”, afirma Mary-Ellen McGroarty, directora del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Afganistán, que calcula que 3,2 millones de niños y niñas sufren desnutrición aguda y 23 millones de personas están en situación de crisis alimentaria.

“El país está al límite. No hay ninguna provincia en Afganistán que tenga menos del 30% de su población en una situación de emergencia o crisis alimentaria”. En los hospitales y centros de alimentación la cifra de niños que necesitan ayuda se está duplicando e incluso triplicando. “Se ven dos o tres niños por cama, familias que llegan no solo con un niño desnutrido, sino tal vez dos o tres”, señala.

Crisis sin precedentes

Si la población empieza a morir de forma masiva como consecuencia de la escasez de alimentos, la situación se convertirá en una hambruna oficial. Las agencias de ayuda humanitaria, las organizaciones sin ánimo de lucro y los particulares intentan contra reloj hacer llegar ayuda a Afganistán. Si esta ayuda no llega, ese sombrío escenario es probablemente solo cuestión de tiempo.

“Las imágenes que se están viendo en los centros de nutrición y en los hospitales son probablemente solo una muestra de lo que se avecina a menos que podamos dar una respuesta masiva, en la que estamos trabajando todos los días”, afirma McGroarty. La directora del PMA en el país indica que la magnitud de la crisis en Afganistán no tiene precedentes en la historia moderna del Estado.

Conscientes de la situación, Estados Unidos y la ONU relajaron la semana pasada las restricciones impuestas a los talibanes antes de su llegada al poder. Esto permitirá la entrega de alimentos y otra ayuda humanitaria, incluidos fondos para pagar los salarios de los profesores.

Durante los últimos meses, las sanciones impuestas a raíz de los atentados terroristas que los talibanes orquestaron cuando aún eran insurgentes han obstaculizado la labor de los donantes y las organizaciones humanitarias internacionales. Querían apoyar a los afganos, pero les preocupaba que al hacerlo se infringiera la ley en sus países de origen.

Los pobres “pagan el precio”

Las reservas de divisa extranjera de Afganistán, depositadas en Estados Unidos, están congeladas desde el verano, lo que contribuye a la escasez de efectivo sobre el terreno. Esto significa que incluso la minoría que sigue cobrando o tiene ahorros en un banco tiene dificultades para acceder a su dinero.

La economía del país se ha contraído al menos un tercio en 2021. Los puestos de trabajo para la mayoría de la población han desaparecido y los que aún tienen empleo no están cobrando su salario. El afgani, la moneda oficial del país, ha perdido más del 25% de su valor y la acelerada inflación ha provocado que el poco dinero que tienen los ciudadanos sirva para comprar cada vez menos alimentos.

“Los pobres no han tenido nada que ver con un avance o retroceso de los talibanes, pero pagan el precio”, señala Obaidullah Baheer, profesor universitario antes de que los talibanes tomaran el control.

Mientras su país se sumía en el desastre económico, y con las clases canceladas, el profesor decidió centrarse en la recaudación de fondos para la ayuda alimentaria. El dinero recaudado ha llegado a varios cientos de familias en todo Afganistán, pero el grado de desesperación a veces resulta abrumador.

“A menudo sentimos que estamos usando una toalla mojada para apagar un incendio forestal”, indica. “No puedes pensar en la magnitud y en las cifras. Si lo haces resulta frustrante. Hacemos lo que podemos mientras sea posible”.

Mehrajuddin, que recogía alimentos en una de las campañas benéficas de Baheer, forma parte de una clase media urbana que se ha desmoronado en apenas un par de meses. Las redes sociales están llenas de fotos de periodistas que ahora se ven obligados a vender su ropa al lado de la carretera y de profesores trabajando en obras de construcción.

Baheer también ha hecho campaña para que se descongelen las reservas nacionales, aunque comprende la preocupación por los talibanes que intentan desviar el dinero.

Ya se ha enfrentado a un gobernador provincial que intentó requisar su ayuda y a un comandante que retuvo a un miembro del equipo durante 40 días, pero insiste en que la comunidad internacional debe tratar con las autoridades para salvar vidas. “No es política, se trata de detener niveles obscenos de sufrimiento”, puntualiza. “Los talibanes son una realidad y no van a desaparecer”.

Mujeres relegadas al hogar

La crisis es especialmente dura para las mujeres porque los talibanes les han prohibido trabajar en la mayoría de los sectores más allá de la sanidad y la educación, y la sociedad profundamente conservadora ya les dificultaba trabajar fuera del hogar.

Nadera (nombre ficticio) fue una de las últimas viudas fruto de los combates entre los talibanes y la derruida República de Afganistán. Su marido, agente de policía, fue alcanzado por un misil en agosto, cuando iba a recoger a su mujer y a sus seis hijos a casa preocupado por la escalada de violencia en la zona. 

Huyeron a casa de su hermano, pero el trabajo de este como conductor también fue arrasado por el colapso económico, por lo que tiene poco que compartir. “Mi hermano nos da dos rebanadas [de pan naan afgano] para siete personas al día, si puede. La mayoría nos quedamos con hambre”.

Aunque los talibanes la dejaran trabajar, no sabe si podría hacerlo. “No hay nadie que cuide del bebé”, explica. Sus hijos imploran volver a la escuela a pesar de estar hambrientos, pero la educación parece ahora un sueño imposible.

McGroarty calcula que Afganistán necesita unos 220 millones de dólares mensuales (algo más de 194 millones de euros) si quiere evitar la hambruna hasta la próxima primavera. Y el dinero debe llegar pronto.

El Himalaya atraviesa Afganistán y, en las zonas de gran altitud, las fuertes nevadas dejan incomunicadas a las aldeas durante meses, por lo que necesitan que se envíen ya los suministros de alimentos. Incluso para las zonas que no quedarán aisladas, la obtención y el transporte de alimentos para millones de personas también lleva tiempo.

“Necesitamos financiación urgente para aguantar hasta mayo”, señala McGroarty. “El hambre está tan extendida que es difícil mantenerse al día”.

Repercusiones globales

Incluso los políticos occidentales que no se preocupan por el sufrimiento humano en otros países deberían ser conscientes de las implicaciones globales que tendría el hecho de que Afganistán cayera en una hambruna generalizada. El Estado Islámico, un grupo aún más extremo que los talibanes e interesado en la yihad internacional, está reclutando en el país.

Además, el país sigue siendo la principal fuente de heroína del mundo. Los talibanes han prometido oficialmente erradicar los campos, pero los agricultores se preparan para una abundante cosecha de primavera.

Los hombres que cultivan el opio obtienen poca riqueza del comercio, pero al menos pueden alimentar a sus familias. En un campo situado junto a la carretera principal entre Helmand y Kandahar, Abdul Manan prepara las amapolas para la pequeña cosecha de invierno, cortando los brotes de las semillas para que la savia del opio rezume.

“Antes comíamos tres veces al día, pero este año solo comemos dos veces al día. Todo se ha encarecido mucho”, lamenta. No recibe casi nada por las granadas cosechadas en sus huertos, lo que le hace depender aún más del opio. Con un gesto, señala sus amapolas y se encoge de hombros: “El precio este año es un poco mejor”.

Traducción de Emma Reverter

La llegada del invierno supone para cientos de miles de niños en Afganistán un riesgo añadido, con múltiples amenazas que se superponen a un crisis alimentaria sin precedentes y a un colapso de los servicios públicos, ha advertido el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

La organización prevé que uno de cada dos niños menores de cinco años sufra desnutrición grave en 2022 debido a la crisis alimentaria y al deficiente acceso a los servicios de agua, saneamiento e higiene. Este mismo mes, UNICEF reclamó 2.000 millones de dólares (unos 1.770 millones de euros) para atender a más de 24 millones de personas, en un llamamiento sin precedentes.

“Nos aproximamos a una coyuntura crítica para los niños y niñas de Afganistán, ya que el invierno les trae multitud de amenazas para su salud”, señaló el representante en funciones de UNICEF en Afganistán, Abdul Kadir Musse, quien considera que “no hay tiempo que perder”.

Así, reclamó “una acción urgente y consensuada” ahora que arranca el invierno, ya que de lo contrario “muchos de los niños del país no vivirán para ver la primavera”. Ya en 2021 se registraron más de 66.000 casos de sarampión, así como brotes de diarrea acuosa aguda, malaria y dengue y cuatro casos de polio.

El descenso de las temperaturas -en algunas zonas ya están bajo cero- aumenta el riego de neumonía y de infección respiratoria, pero muchas familias carecen de las herramientas necesarias para calentar su hogar. UNICEF calcula que entre el 25 y el 30 por ciento de las muertes de menores de cinco años se deben a infecciones del tracto respiratoria, en su mayoría por neumonía.

Con información de Europa Press.

IG

El acceso de los talibanes al poder en agosto derivó en que el 43% de los medios de comunicación cerraran en Afganistán, dejando desocupados al 60% de los periodistas y a la mayoría de mujeres que ejercían la profesión, según alertaron hoy Reporteros Sin Fronteras (RSF) y una organización afgana.

“De los 543 medios censados a comienzos del verano boreal, solamente 312 continuaban funcionando a fines de noviembre de 2021”, precisaron.

Esto significa que en el periodo de tres meses, el 43% de los medios afganos desaparecieron“, constató un estudio de RSF y la Asociación de Periodistas Independientes afganos (AJIA).

La organizaciones indicaron que “más de cuatro de cada diez medios desaparecieron y el 60% de periodistas y otros trabajadores del sector se encuentran desocupados”.

Las mujeres han sido las más afectadas, ya que el 84% perdieron sus empleos, añadieron.

Estos datos fueron calculados sobre la base de un censo de la cantidad de medios y periodistas en actividad antes de la toma del poder por parte de los talibanes, el 15 de agosto, cuando obtuvieron una resonante victoria sobre Estados Unidos y sus aliados occidentales al poner fin a 20 años de frustrada intervención militar.

“Hasta hace cuatro meses atrás, la mayor parte de las provincias afganas contaban con al menos diez medios privados y actualmente algunas regiones casi no tienen medios locales”, refirió el informe recogido por la agencia de noticias AFP.

La región de Kabul, la capital, donde hay mayor concentración de medios, perdió más de la mitad de éstos (51%) y de 148 censados antes de mediados de agosto, solo 72 aún operaban a finales de noviembre.

En consecuencia, de las 10.790 personas que trabajaban en las redacciones afganas, incluyendo a 2.490 mujeres a comienzos agosto, “solamente 4.360 continuaban haciéndolo en el momento del estudio”, esto es, “3.950 hombres y 410 mujeres”, dijeron las organizaciones.