Patricia Bullrich lo presenta como un líder narco y dice que sus actuales condiciones de detención ejemplifican que ahora el que las hace las paga. Francisco Ezequiel Riquelme, acusado por al menos dos amenazas y por encargar un atentado contra Maximiliano Pullaro, se encuentra en régimen de confinamiento en la cárcel federal de Marcos Paz. Pero, más que las bandas narcocriminales que desvelan a la ministra de Seguridad y al gobernador de Santa Fe, el caso que lo tiene como protagonista expone las características de un crimen precarizado que resiste al encarcelamiento, encuentra jóvenes de refresco para sus filas en los barrios de Rosario y recurre a la violencia armada como medio de resolver conflictos.

Riquelme se hizo llamar “el Pablo Escobar de (el barrio) Empalme Graneros”. La banda que lideraba sobre la base de vínculos familiares y vecinales sufrió un duro golpe en 2022, cuando veintisiete de sus integrantes fueron detenidos después de una investigación de los fiscales provinciales Adrián Spelta y Patricio Saldutti. Entre ese año y 2023 la fiscalía regional de Rosario desarticuló además otras dos bandas, la de Ariel “Viejo” Cantero, el fundador de Los Monos, y la de una franquicia de esta organización encabezada en la calle por Mauro Gerez y dirigida a control remoto por presos de la cárcel de Piñero.

En prisión desde el 3 de abril de 2020, Riquelme se mantiene sin embargo activo. Su método consiste en tener un contacto en la calle con el que se comunica telefónicamente para impartir órdenes. Desde entonces hasta ahora varios jóvenes se sucedieron en esa función y terminaron asesinados o en prisión. El último delegado de Riquelme en las calles de Rosario es C. R. M., el joven de 18 años que se tiroteó con policías el 27 de diciembre y al que le encontraron una nota con amenazas de muerte contra la familia de Pullaro.

Un fiscal de Rosario enfatiza en que la prisión sea federal o provincial no interrumpe el circuito del delito sino que lo realimenta. “La posibilidad de acceder a teléfonos celulares o fijos desde el interior de los penales, así como las visitas que reciben, hace que los miembros de las bandas sigan operando –dice–. Sus integrantes son fácilmente reemplazables porque existe una mano de obra barata entre los jóvenes. Por más personas que detengamos, hay muchas otras disponibles para ocupar sus lugares”, dice el fiscal que intervino en causas resonantes.

La intervención de Bullrich puso el foco en Riquelme, al ordenar su traslado desde Ezeiza a Marcos Paz, y dejó en la sombra el complemento necesario para que un preso pueda ordenar crímenes o balaceras. “Riquelme sigue en actividad por la inexistencia, ineficacia o corrupción de los sistemas de seguridad del Servicio Penitenciario, provincial o federal”, agrega el funcionario rosarino.

La ley de la violencia

La banda de Riquelme tuvo una sede estable en el domicilio familiar de Felipe Moré al 600 bis, zona oeste de Rosario, “y desde ahí se extendió a los barrios Ludueña y Empalme Graneros”, dice el fiscal Spelta. En ese lugar precisamente, y a pedido de la fiscalía de Rosario, fue derribada este jueves una construcción que funcionaba como bunker de drogas.

“A principios de 2021 Riquelme tenía el dominio total de la zona norte de Rosario –explica Spelta–. Sus actividades principales eran la venta de estupefacientes, las extorsiones y los homicidios. No lavaban dinero sino que lo blanqueaban a través de la compra de bienes: un cómplice tenía una concesionaria y les hizo comprar autos, en su mayoría hoy decomisados, a todos los integrantes de la banda”.

La época de bonanza narco concluyó con la competencia por el mercado. “Cuando aparece Gerez empieza la puja por la zona y un enfrentamiento que produjo muchos homicidios. Riquelme respondía a Esteban Alvarado y Gerez tenía la franquicia de Los Monos. Eso termina cuando los metemos presos”, agrega Spelta.

La banda de Gerez se fragmentó dentro de la cárcel en por lo menos tres grupos, por conflictos derivados de su desarticulación. Su forma de llevar la contabilidad era notablemente rudimentaria: un cuaderno donde anotaban los ingresos, como podría hacer un almacén de barrio. La estructura con la que Riquelme ordenó balaceras contra escuelas y comisarías en 2023 resultó a su vez mínima –una persona que recibía sus órdenes y dos soldaditos encargados de los atentados- pero suficiente para provocar un estado de conmoción en Rosario.

El incremento de la violencia en Rosario parece inversamente proporcional a la importancia de lo que se disputa. “A veces cuando se habla de bandas se piensa en Ecuador. Pero estas bandas se pelean por un puesto de venta, ni siquiera por un barrio”, afirma Spelta, quien investigó asimismo el asesinato del niño Máximo Gerez, de 11 años, víctima de un tiroteo entre narcos. Cualquier diferencia se resuelve por las armas: Riquelme ordenó balaceras tanto para protestar contra sus condiciones de detención como para reclamar la devolución de un revólver.

Otra característica del crimen precarizado surge de su dependencia de la cárcel. La costumbre de grabar en video los crímenes o las balaceras, para rendir cuenta a los jefes del cumplimiento de sus órdenes, contribuye involuntariamente a las investigaciones judiciales y suministra pruebas. El teléfono del joven de 18 años detenido con una nota amenazante contra Pullaro proporcionó así los datos de cinco puestos de venta cuya demolición se exhibió esta semana ante los medios.

“Esta es una investigación que tiene que ver con los estándares de la nueva ley de micro tráfico. Es la primera consecuencia seria e importante para los barrios en los cuales tomamos intervención”, dijo el fiscal Franco Carbone en conferencia de prensa. La práctica de demoler bunkers, sin embargo, no es novedosa: entre 2012 y 2014 la llevó adelante el gobierno de Antonio Bonfatti en conjunto con el gobierno nacional, con amplia difusión en los medios y sin efectos en la cadena de la venta minorista de drogas.

El perfil de las amenazas

El gobernador Pullaro atribuye las amenazas al endurecimiento de las condiciones de detención que dispuso para los presos de alto perfil en la provincia. Esta fue una promesa de campaña y una de sus primeras medidas, anunciada el 12 de diciembre como “la restitución de los pabellones de alto perfil para jefes narcos y sicarios en las unidades penitenciarias provinciales”.

Hasta el cierre de esta nota el gobernador recibió cinco mensajes intimidatorios, los últimos pintados con aerosol en la vereda de una escuela y en el acceso a un centro de salud. La situación de los presos de Piñero es aludida en esos mensajes, que además dejan el interrogante respecto a la actuación de la policía en el control de la calle, otra promesa del gobernador

El Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia difundió el traslado de presos de alto perfil con publicaciones en redes sociales que evocaron las prácticas punitivas del presidente Nayib Bukele en El Salvador: presos a medio vestir que desfilan cabizbajos y zamarreados por guardias ante la mirada atenta de altos funcionarios o se exhiben hacinados en el piso de lugares que parecen desprovistos de mantenimiento.

La secretaria de Asuntos Penitenciarios, Lucía Masneri, y el concejal socialista Federico Lifschitz, ahijado político de Pullaro, participaron en requisas de presos y el gobierno lo difundió en sus redes. Las imágenes de los presos de alto perfil mostrarían el orden finalmente recuperado en las cárceles de Santa Fe. “Preferimos no hacer más declaraciones al respecto salvo que exista alguna pregunta en alguna actividad pública”, dijo el vocero de prensa del Ministerio, consultado para esta nota.

Los pabellones de alto perfil ya existían sin embargo bajo la administración de Omar Perotti. De hecho Riquelme compartió una de esas unidades con otros referentes criminales en Piñero –y encontró un nuevo socio entre ellos, Alejandro Isaías Nuñez–, hasta que fue trasladado a la cárcel de Ezeiza. Tampoco es afectado directamente por las disposiciones del gobierno provincial, ya que está en una prisión federal.

La introducción de escáneres para el control de las visitas, a principios de 2023, provocó la resistencia de algunos presos. Riquelme ordenó balaceras contra el Complejo Penitenciario de Rosario, una comisaría y varias escuelas donde sus emisarios dejaron notas dirigidas al director y al subdirector de la cárcel de Piñero para que hicieran vista gorda en las requisas. Dentro de la cárcel, amenazó y provocó temor entre los guardias: “nadie quiere hablar y muchos tenemos miedo”, confesó el celador de un pabellón en la investigación del Ministerio Público.

El 22 de diciembre, Riquelme amenazó a guardias del Servicio Penitenciario, en Ezeiza, después que prohibieran el acceso a una visita y les dijo que miraran la televisión porque iba a encargar un tiroteo contra una comisaría. Cinco días después hubo una balacera contra el frente de la comisaría 19, por la que fue imputado, con un mensaje dirigido a un preso de Piñero, un antiguo rival en la disputa barrial.

“Desde la instalación de escáneres los teléfonos solo pueden ser ingresados de dos maneras a la cárcel: con personas que no son revisadas, por ejemplo, embarazadas o pacientes oncológicos, o por los propios celadores, aunque también son revisados”, dice el fiscal rosarino que pide reserva de identidad. El tráfico de celulares prosigue.

La política boba

Como trasfondo de la situación se extiende el programa de reformas de la seguridad y la Justicia penal que impulsa el gobierno de Pullaro. La mayoría de Unidos para Cambiar Santa Fe en diputados y senadores de la provincia le permitió la sanción exprés de una nueva ley orgánica del Servicio Penitenciario, la adhesión a la desfederalización de la ley de estupefacientes (ley de narcomenudeo), la reforma a la ley del Ministerio Público de la Acusación y la formulación de una ley de inteligencia.

Según un informe publicado el 20 de diciembre por el programa Abrir la prisión de la Universidad Nacional del Litoral “en los últimos tiempos se ha producido un impresionante crecimiento de la población encarcelada en la provincia de Santa Fe, alcanzando en 2022 la tasa de encarcelamiento de 263 personas privadas de su libertad cada 100.000 habitantes, 125% mayor que la de 2008”. El incremento de la población encarcelada no sería sin embargo una consecuencia indeseada sino un objetivo del gobierno provincial, si se tiene en cuenta que Pullaro alienta la construcción de una cárcel de 3 mil plazas “para narcos y sicarios”.

Juan Lewis, ex ministro de Justicia de la provincia durante el gobierno de Antonio Bonfatti, cuestiona la Ley de Ejecución de penas, otra norma de reciente sanción: “Desde su propio articulado admite la posibilidad de que haya sobrepoblación carcelaria. Todos los tribunales internacionales han definido que la sobrepoblación carcelaria es un trato cruel, inhumano y degradante. Si sucede, lo que debe prever una ley no es la forma de consolidarla o de incorporarla a la normalidad sino cómo evitarla. Esta ley viene a naturalizar el problema, regulándolo”. La ley orgánica del Servicio Penitenciario, por otra parte, “en alguna medida es una superación de la anterior y un reconocimiento de muchas cuestiones, pero no avanza en organizarlo de otra manera o en fortalecer su aspecto resocializador”.

Otro conjunto de reformas propuestas por el Poder Ejecutivo provincial al Código Procesal Penal de la provincia serán tratadas en febrero. Entre otras disposiciones incluyen la ampliación del plazo de detención sin audiencia imputativa; la posibilidad de que los fiscales mantengan detenidos a los ciudadanos por 30 días sin informarles por qué se los investiga; la sustitución de la audiencia imputativa por una formalización sintética de cargos. “Es una política criminal boba que llenará las cárceles de perejiles y soldaditos”, advirtió en diciembre ante los legisladores Julián Alfie, subdirector del Inecip (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales).

Las reformas que alienta Pullaro en Santa Fe sintonizan con las de Patricia Bullrich para el Gobierno nacional. La diferencia consiste en que mientras la ministra retrocede en algunas propuestas ante los cuestionamientos de la oposición, el gobernador de Santa Fe tiene el camino allanado para convertir en ley su programa por simple mayoría parlamentaria.

OA

Este viernes por la madrugada, desconocidos pasaron en moto por la casa de los padres de un alto funcionario del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, tiraron tiros al aire y dejaron un cartel colgado en la reja. “Deja de hacerte el pillo. Atte: La Mafia”, también contenía el nombre a quien iba dirigido el mensaje. Se investiga si tiene relación con la banda de Los Monos, ya que muchos de sus integrantes están detenidos allí, incluido el líder, Ariel “Guille” Cantero.

Primero se le dio intervención a la justicia provincial, pero horas después el caso quedó en manos de la Justicia Federal, por quien era el destinatario de las amenazas.

Federico Villena, juez federal de Lomas de Zamora a cargo de la investigación, dispuso medidas de seguridad para los funcionarios y sus familiares. Ordenó una serie de medidas en busca de determinar quiénes fueron, las cuales ya se pusieron en marcha y se mantienen bajo reserva. Se descuenta que se incluya el rastrillaje con las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los ocupantes de la moto. Ocurrió durante la madrugada en uno de los barrios de Ezeiza.

La semana pasada, había sido amenazado el director del módulo de la cárcel de Ezeiza donde están alojados Los Monos. Se trató de un episodio de “características similares”, se señaló. Por eso, se cree que detrás de estas amenazas estarían los responsables de la sanguinaria banda de narcotraficantes que se hizo famosa por su violencia en la ciudad de Rosario. “Está firmado: La Mafia. El mensaje es claro”, dijeron a Infobae las fuentes consultadas.

“Si me preguntás, este nuevo ataque tiene que ver con cómo reaccionan cuando se les aprieta el zapato. Se están quejando nuevamente del régimen de condición que están teniendo”, dijo un funcionario judicial que investiga a grupos narco. “¿Qué banda es? Todavía no sabemos”, añadió.

La amenaza se da en medio de la escalada de tensión en ese penal federal por los controles y restricciones que desde hace semanas se les aplican a 25 presos rosarinos de alto perfil que tienen vinculación con Los Monos, entre ellos Jorge “Ema” Chamorro y Cristian “Pupi” Avalle, quienes debieron ser hospitalizados una semana atrás luego de un incendio intencional.

En el mismo penal están alojados otros célebres integrantes de Los Monos: Carlos Damián “Toro” Escobar y Leandro “Pollo” Vinardi, quienes gerencian la barra brava de Newell’s Old Boys por orden de Cantero.

Con información de elciudadanoweb.com

LC

Cuatro integrantes de la narcobanda “Los Monos” fueron condenados hoy a penas de entre 17 y 29 años de cárcel por el crimen de Enrique Encino (64), contador asesinado en enero de 2020 durante una balacera contra el Casino City Center de la ciudad de Rosario. Así lo determinó este viernes al mediodía el tribunal penal de primera instancia integrado por los jueces Gonzalo Fernández Bussy, Rodrigo Santana y Aldo Bilbao Benítez.

El jefe de la banda criminal Ariel Máximo “Guille” Cantero fue sentenciado a 17 años de prisión como “instigador” de la balacera que tenía como objetivo extorsionar a las autoridades del Casino para conseguir dinero. Así, acumula ya una pena total de 113 años y 8 meses ─que cumplirá en el penal de Marcos Paz donde está alojado actualmente─ por múltiples delitos que incluyen amenazas, homicidios, secuestro extorsivo, atentados, asociación ilícita y narcotráfico.

Por su lado, el lugar teniente de Cantero, Maximiliano “Cachete” Díaz fue condenado a 29 años de cárcel por haber contratado al sicario que llevó a cabo el crimen y conseguido los vehículos necesarios para tal fin. Penas menores recibieron Caros Damián “Toro” Escobar (17 años de prisión) y Otniel De León Almonte (18 años) por ser uno de los estrategas del ataque y efectuar los disparados mortales, respectivamente.

“A Cantero solamente lo hemos imputado el homicidio, en cambio, a Díaz le hemos imputado una serie de cinco extorsiones (una consumada y cuatro intentos) más la organización de la sociedad ilícita y el homicidio, por eso obtuvo una condena tan alta”, explicó el fiscal Luis Schiappa Pietra.

Durante el juicio, los investigadores demostraron mediante escuchas telefónicas que Cantero ordenó, el 11 de enero de 2020, alrededor de las 22.30 horas, desde la cárcel, que dos personas a bordo de una moto dispararan contra el lateral del casino que se encuentra ubicado en la calle Moreno al 6400. Escobar colaboró con la organización del ataque y delegó en Díaz la tarea de reclutar gatilleros y vehículos para llevar adelante el delito. De León Almonte fue uno de esos gatilleros.

Los imputados también deben afrontar cargos por una serie de extorsiones a sindicatos y comercios junto a Rodrigo Ortigala, sentenciado a un año y seis meses de prisión.

ACM con información de agencias

Se trata de un caso único en la historia criminal argentina: Los Monos, como se conoce al emprendimiento criminal desarrollado por la familia Cantero, llevan un cuarto de siglo de actuación ininterrumpida en la ciudad de Rosario. La continuidad de la banda y su resistencia ante las persecuciones judiciales y el encarcelamiento de sus líderes exponen tanto una clave del incremento de la violencia asociada con el narcomenudeo como una evidencia del fracaso de las políticas de seguridad implementadas en Santa Fe.

El registro más antiguo de las actividades de Los Monos remite al 27 de agosto de 1999, cuando la Policía Federal detuvo a Máximo Ariel Cantero, “el Viejo”, en una estación de servicio de Itatí, provincia de Corrientes, con 76 kilos de marihuana. Por esa causa recibió su primera condena, de cuatro años de prisión, pero entre 2000 y 2003 la banda libró un enfrentamiento contra otro grupo rival, Los Garompa, y terminó por imponer su hegemonía en un amplio sector de la zona sur de Rosario.

En su libro De ladrones a narcos. Violencias, delitos y búsquedas de reconocimiento (2022), un estudio sobre las transformaciones del crimen en Rosario, la antropóloga Eugenia Cozzi señala que el enfrentamiento entre Los Monos y Los Garompa “instauró un nuevo orden (en el ambiente del delito) a través del terror”. La consolidación de ese orden se asoció a cambios en la forma de relacionarse con la policía, que pasó del “arreglo” a “trabajar con la policía”, según los términos de los entrevistados por la investigadora.

El juicio a Los Monos que concluyó en 2018 mostró que eran los narcos quienes dirigían la sociedad y que miembros de la policía rosarina estaban subordinados a sus necesidades de información sobre competidores, prevención de allanamientos y lavado de dinero. Entre otros fueron identificados Juan Marcelo Maciel, de la Secretaría de Delitos Complejos, teóricamente encargada de investigar al narcotráfico, y Juan José Raffo, un oficial de policía de dilatada trayectoria en el delito y hoy con pedido de captura por su presunta participación en el asesinato del ex barra brava de Newell´s Nelson “Chivo” Saravia.

Nacido en Rosario, el 20 de junio de 1964, Máximo Ariel Cantero se identificó de ocupación cartonero ante la Justicia y de hecho fue detenido en 2015 cuando conducía un carro tirado por un caballo. “El Viejo” tiene 24 hijos con distintas mujeres. Uno de los más conocidos es Claudio Ariel Cantero, “el Pájaro”, cuyo asesinato el 26 de mayo de 2013 en Villa Gobernador Gálvez inauguró una saga de venganzas y perdura como un hito en la historia criminal de Rosario.

Una de las hijas de Cantero, de 13 años, falleció esta semana en el Hospital de Emergencias de Rosario por causas que no trascendieron. El velatorio se realizó en el marco de un fuerte operativo policial, después de la balacera contra una cochería que provocó reclamos de la Asociación de Empresas Fúnebres de Santa Fe.

Como resultado del juicio a Los Monos de 2018, el Viejo fue condenado a seis años de prisión. Era analfabeto y completó la escuela primaria en la cárcel de Piñero, donde cumplió la pena. Otra vez detenido en 2022, está acusado junto a su pareja Rosa Bibiana Montero como jefe de una organización que realizó balaceras contra estaciones de servicio, dos escuelas y un restaurante y por extorsiones y venta de drogas en la zona suroeste de Rosario.

“Se comportan como dueños del territorio y ninguna actividad puede tener lugar allí sin su venia, la cual conlleva un pago”, señalaron los fiscales Franco Carbone y Valeria Haurigot en la audiencia donde presentaron los cargos. En noviembre de 2022, Cantero fue imputado además por la violación de una adolescente mientras estaba en el pabellón 7 de Piñero; la menor era llevada por Montero a las visitas y sufrió los abusos entre los 13 y los 15 años.

Un modelo familiar

Las bandas que explotan el narcomenudeo y sus delitos derivados en Rosario están organizadas a partir de los vínculos familiares de sus integrantes. Los lazos de sangre son un reaseguro contra las delaciones y para la asistencia de los que están en prisión. Pero no se trata de los modelos tradicionales sino de familias ensambladas de modo múltiple, donde se valorizan lazos de parentesco que pueden ser remotos. La estructura de Los Monos parece un modelo de ese funcionamiento.

El núcleo de la banda surgió de la relación de Cantero con Patricia Celestina Contreras: en el hogar del barrio La Granada se criaron “el Pájaro” y Ramón Ezequiel Machuca, condenado a 36 años de prisión. El sello patriarcal del Viejo Cantero se advierte en la costumbre repetida de imponer sus nombres a los vástagos como hizo con Ariel Máximo Cantero, el “Guille”, el principal heredero.

Ariel Maximiliano “Chanchón” Cantero y Alexis Claudio “Tartita” Cantero cumplen condenas de prisión por distintos homicidios (en el caso del primero, el de un policía, el 22 de julio de 2019). El miércoles pasado fueron sentenciados a otros 6 años y 4 meses de cárcel por ordenar balaceras contra un domicilio de Garibaldi al 3400, donde querían instalar un bunker, y todavía esperan el resultado de una causa federal por narcotráfico. Macarena y Yoana Cantero, a su vez, fueron acusadas de hacer de testaferros para lavar dinero y lograron la eximición de prisión en la causa Los Patrones, llamada así por el apodo de un proveedor de marihuana.

Lorena Myriam Verdún, viuda del “Pájaro” Cantero, actuó en principio como frontwoman del grupo ante el interés periodístico y los reclamos judiciales. Entre enero y febrero de 2018 tuvo al menos dos reuniones con el falso abogado Marcelo D’Alessio y el agente de inteligencia Rolando Barreiro en las que según la investigación del juez Alejo Ramos Padilla deliberaron sobre un posible intercambio de favores: información sobre la policía de Santa Fe a cambio de mejoras en la situación judicial de Los Monos y acciones contra el grupo competidor de Esteban Alvarado. En enero de 2022, Verdún amenazó en medio de una audiencia al fiscal Matías Edery (“esto no va a quedar así”) y la Justicia Federal revocó la excarcelación que había recibido en una causa por narcotráfico, por lo que fue enviada a la cárcel de Ezeiza.

A los 19 años, Uriel Luciano Cantero, nieto del Viejo e hijo del “Pájaro” y de Verdún, también está preso y afronta acusaciones por homicidio, extorsiones y venta de drogas.  Fue detenido en enero de 2022, en posesión de un arsenal.

“Guille” Cantero, cuyo liderazgo parece en crisis ante la coyuntura, nació en Rosario el 14 de mayo de 1988. Cumple una condena de 96 años de prisión, por la acumulación de las sentencias de ocho juicios. Si la cifra no tiene parangón en la historia criminal argentina, es altamente probable que Cantero la supere incluso con las investigaciones que lo involucran en la trama del asesinato del músico Lorenzo “Jimi” Altamirano y en una organización que seguía sus instrucciones para vender drogas y cometer otros delitos en Villa Gobernador Gálvez y Arroyo Seco.

En agosto de 2022 la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó el procesamiento de Cantero y de Leandro “Pollo” Vinardi, entre otros, por el secuestro extorsivo del hijo de un empresario y por “comercio de drogas agravado por servirse de menores de dieciocho años, cometido con violencia e intimidación”. El juez Aníbal Pineda describió al grupo como “una organización de corte piramidal”, también dedicada a las extorsiones contra comerciantes mediante balaceras.

Vinardi, detenido en la cárcel de Ezeiza, es ahora protagonista de un conflicto que erosiona la estructura narco. Otro grupo que reconoce la autoridad de “Guille”, integrado por Rodolfo Masini, Leandro Vilches y Pablo Nicolás Camino le reclaman el pago de una deuda. La disputa es el trasfondo de los crímenes de Lorenzo Altamirano y de Yamil Brandon Ortigoza, ajenos a los hechos y asesinados al solo efecto de intercambiar amenazas entre unos y otros.

Las investigaciones recientes permiten vislumbrar que en el narcomenudeo rosarino rige el criterio de que quien pierde una carga de droga en un allanamiento debe hacerse cargo de los costos o atenerse a las consecuencias. Las diferencias económicas, entonces, agregan otro motivo a la violencia cotidiana. Ese sería el caso de los reclamos que enfrentan Vinardi y sus socios Damián Escobar y Cristian Avalle y también de las ejecuciones que padece la familia de Julio y Gonzalo Villalba, otros actores conocidos en el ambiente, después de que la policía bonaerense les incautó 12 kilos de cocaína.

En las escuchas telefónicas de la causa se advierte que Vinardi reconoce el padrinazgo de Cantero y se subordina a su autoridad (“está bien todo lo que vos quieras”), pero también reclama por la violencia de los rivales, presos en la cárcel de Rawson (“los apañás a ellos”). En la triangulación de llamadas que arma el circuito telefónico tumbero se aprecian también las dificultades de “Guille” para resolver el conflicto. Una fisura que podría resquebrajar el orden que su familia impuso a sangre y fuego hacia fines del siglo XX.

OA

Un informe elaborado por fiscales federales y organismos de la Procuración General de la Nación identificó a 19 casos de jefes de bandas narco  manejando el negocio desde las cárceles del país –tanto federales como provinciales–, donde se encuentran cumpliendo condenas o con prisión preventiva, incluyendo a varios líderes de las bandas de Rosario, pero también de los grupos de Marcos Estrada González en la 1-11-14 (Ciudad y provincia de Buenos Aires) o del Primer Comando de Frontera (Misiones), de acuerdo con el documento analizado por elDiarioAR y que es público desde septiembre de 2021.

La investigación fue realizada por cinco fiscales federales de distintos puntos del país, la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), la Procuraduría de Violencia Institucional, la Unidad Fiscal de Ejecución Penal, la Asociación de Fiscales y funcionarios del Ministerio Público Fiscal. Luego fue elevado por el procurador interino Eduardo Casal al Ministerio de Justicia de la Nación, pero desde el Ejecutivo, que tiene bajo su poder el control del Servicio Penitenciario Federal, responden que las restricciones en las cárceles tocaron techo y que “se toman todas las medidas de prevención posibles dentro de la ley y la Constitución Nacional”, según informaron en 2022 a este medio ante la consulta.

Mientras la ciudad de Rosario volvió a la agenda de los medios, políticos y jueces esta semana tras el golpe de efecto que provocaron las amenazas de bandas narco al futbolista Leonel Messi y la familia de su esposa, los fiscales finalizan un nuevo informe para actualizar la información suministrada hace más de un año a las autoridades del Ejecutivo y volverán a incluir a capos de organizaciones criminales de la ciudad más asediada por el narcotráfico y la criminalidad organizada, adelantó e elDiarioAR una fuente con acceso directo a la investigación.

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, afirmó este jueves que “ganaron los narcos”.

Rosario alcanzó en 2022 el pico de homicidios desde al menos 2014, con 287 muertes que concentran el 70% de los asesinatos de la provincia de Santa Fe, de acuerdo al reporte anual de homicidios del Observatorio de Seguridad Pública provincial.

En el documento, los fiscales denunciaron maniobras “concretas de tráfico, transporte y comercialización de estupefacientes y de otros graves delitos vinculados (como el lavado de activos, homicidios, secuestros extorsivos, amenazas, amenazas coactivas o tenencia y tráfico de armas de guerra), que fueron planificadas o llevadas a cabo desde el interior de los establecimientos penitenciarios”. Todo controlado por 19 acusados con cómplices directos en el exterior de las cárceles. 

“Estas personas también habían sido previamente condenadas por haber cometido otros delitos desde el interior de las cárceles y pese a ello pudieron repetir esos patrones de conductas criminales”, dice el informe. Los 19 casos de líderes de bandas u organizaciones fueron identificados en el informe.

A su vez, los fiscales identificaron en qué cárceles los acusados y condenados por narcotráfico siguen operando con incidencia directa en el territorio: desde los establecimientos federal de Ezeiza y Marcos Paz hasta la Unidad 6 de Rawson; y otras unidades en Chaco, Ciudad de Buenos Aires, Misiones, Salta, Santa Fe y La Matanza, en la provincia de Buenos Aires. Este viernes, la Policía Federal allanó los penales de Rawson, Marcos Paz y Ezeiza por orden de juzgados federales de Morón, Rosario

Para la investigación, los fiscales se basaron en escuchas telefónicas a los presos, entre otras medidas de prueba en sus respectivas causas, ya que se trata de los mismos fiscales que los investigan por delitos cometidos antes de que ingresaran a las unidades carcelarias.

En Rosario y Clorinda, Santa Fe, y en la cárcel federal de Rawson, Chubut, se detectaron al menos seis episodios de capos narcos, entre ellos los líderes de Los Monos Ariel Máximo “Guille” Cantero y Leandro Vilches, alias “Gordo”. Cantero incluso “organizó la privación de libertad” desde un teléfono fijo que utilizaba en su lugar de detención“, informaron los fiscales. El acusado fue trasladado luego a la cárcel federal de Ezeiza.

Cantero “está condenado a 67 años de prisión, le hacen requisas semanales y está alojado solo en un pabellón para 20 plazas, sin contacto con otros detenidos. Lo custodia un grupo especial del Servicio. El año pasado le encontraron un celular

Cantero “está condenado a 67 años de prisión, le hacen requisas semanales y está alojado solo en un pabellón para 20 plazas, sin contacto con otros detenidos para evitar que los maneje. Lo custodia un grupo especial del Servicio. El año pasado le encontraron un celular y suspendieron y sumariaron a 36 penitenciarios”, respondieron en el Ejecutivo.

“Quitarle acceso total al teléfono del pabellón -donde tiene acceso al teléfono oficial- y prohibirle las visitas es ilegal y anticonstitucional y ningún juez lo solicita formalmente. Es el poder Judicial es que tiene que solicitar ese tipo de restricciones al Ejecutivo”, respondió la fuente gubernamental consultada.

La investigación demuestra que “la detención y condena de sus responsables no resultan suficientes para desarticular la compleja estructura de las organizaciones narcocriminales y hacer cesar sus actividades ilícitas”, sostienen los fiscales en el informe.

Se trata de “sujetos condenados por hechos graves y de suma peligrosidad y que han ocupado los eslabones más altos de organizaciones criminales complejas” y que “fueron alojados en unidades que, conforme a la categorización de los establecimientos penitenciarios, presentaron niveles de seguridad que no resultaron adecuados para prevenir los riesgos inherentes a la peligrosidad de los internos allí alojados”.

“En la mayoría de los casos, la comunicación con las personas del exterior se llevó a cabo a través de dispositivos de telefonía celular”. Por eso, y en base a lo que establece la ley argentina, los fiscales solicitaron la instalación de inhibidores en los pabellones o módulos de cada penal. 

“Restringir o incluso inhibir las comunicaciones telefónicas en las cárceles puede conducir a motines y otras situaciones violentas”, se quejó un funcionario del ministerio de Justicia ante la sugerencia. 

Además de teléfonos celulares y teléfonos de los pabellones, los capos narco utilizan para transmitir sus órdenes al exterior a “personas tanto de adentro como del exterior y hasta coordinación entre personas detenidas en diversos penales”, sostiene el informe. “En algunos casos, no puede dejar de suponerse una posible connivencia de parte de los agentes del servicio penitenciario” en la facilitación o habilitación del uso de teléfonos celulares.

En el Ejecutivo aseguran que “se realizan requisas en busca de los celulares, se sanciona a los penitenciarios ante presuntas irregularidades y se monitorea con cámaras las 24 horas. El Ejecutivo hace todas las medidas que nos sugieren los fiscales en el documento”, dijo una fuente oficial ante la consulta en 2022.

Pero los fiscales también sostienen que “en algunos casos, los establecimientos penitenciarios presentaron niveles de seguridad que no resultaron adecuados para prevenir los riesgos inherentes a la peligrosidad de los internos allí alojados”. 

ED/MG

Policía Federal allanó los penales de Rawson, Marcos Paz y Ezeiza por orden de juzgados federales de Morón, Rosario y fiscales de esta última ciudad en búsqueda de narcos que siguen operando desde esos establecimientos de máxima seguridad, entre ellos el líder de “Los Monos”, Ariel Máximo “Guille” Cantero.

Los operativos los hace Policía Federal por orden del juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, y el de Morón, Jorge Rodríguez, en trabajo conjunto con la PROCUNAR, la fiscalía anti drogas a cargo de Diego Iglesias, así como fiscales que investigan el crimen organizado en Rosario que encabezan Matías Edery y Luis Chiapa Pietra. 

La búsqueda de celulares es porque se sospecha que desde esos penales se imparten órdenes para cometer distintos hechos de violencia -Cantero se encuentra en Marcos Paz-, y en este caso en particular se trata de dos hechos recientes: la balacera en noviembre al instituto de Marcos Paz y el asesinato en Rosario de Lorenzo Altamirano, quien fue secuestrado y abandonado en la puerta de la cancha de Newell's Old Boys con disparos en su cuerpo.

Junto al cuerpo de Altamirano, quien fue dejado en el lugar con tres disparos, los asesinos dejaron un cartel: “Damián Escobar y Leandro Vinardi. Gerardo Gomes! Dejen de sacar chicos del club para tirar tiro en Rosario”.

Vinardi, Escobar y Cristian Avalle, este último también mencionado en otro cartel en otra balacera protagonizada ese mismo día, son laderos de Cantero y los tres están presos en Ezeiza. Por eso, parte de los allanamientos consistieron en ir a sus celdas para ver si se da con algún indicio de aquel caso.

En Rawson, están detenidos Leandro “el Gordo” Vilches, Rodolfo Héctor Marini y Alexis Camino, ellos tres pertenecientes a una facción rival, por lo que se sospecha que se está protagonizando un enfrentamiento interno entre distintos grupos de la banda “Los Monos”.

El otro hecho por el cual allanaron a Cantero en Marcos Paz es porque en noviembre pasado al frente de ese penal, en una obra lindante donde se está haciendo una ampliación del complejo, un auto disparó doce balazos lo que fue interpretado como un apriete por la detención allí del líder de la banda narco criminal.

LC con información de agencia NA

La Cosa Nostra tiene más de 100 años de historia. El momento espacio temporal de mayor crecimiento para la organización mafiosa se dio cuando el mercado internacional de las drogas creció en Estados Unidos y Europa Occidental en los 60, y después el cierre de las refinerías de opio en manos de la mafia corsa en los 70.

La clase política siciliana y parte de la política nacional, además de incrementar su nivel de vida con el dinero que comenzó a recibir de la mafia tuvo en ella a una aliada política, inestable pero aliada al fin. La baja participación política siciliana debido a la poca confianza que los ciudadanos meridionales tuvieron -y tienen- respecto del Estado Nacional, convirtió a las redes de dependencia clientelar de la Cosa Nostra en una apetitosa porción de votantes para los partidos políticos en tiempos de elecciones. Pero el desequilibrado acuerdo entre la mafia y algunos sectores del Estado se rompió cuando un grupo de políticos, funcionarios judiciales, periodistas y policías honestos decidieron enfrentar a la Cosa Nostra.

En 1987, un grupo especial de jueces y fiscales -el famoso pool antimafia- logró después de una serie de investigaciones las condenas de casi trescientos mafiosos, incluidos los jefes de la organización. Con esa sentencia se puso en jaque el pacto entre la mafia y los funcionarios corruptos del Estado. Los niveles de violencia antes de ella eran altos pero tolerables para los criterios de la mafia, el sector corrupto del Estado y parte de la opinión pública. 

El acuerdo entre los funcionarios y la organización mafiosa preveía que los primeros se encargaban de evitar que cualquier institución del Estado interfiriera con las actividades criminales de la Cosa Nostra y la segunda aportaba el dinero, los votos y cualquier solución especial a problemas que los funcionarios necesitaban resolver por fuera del Estado de derecho. El acuerdo entre la mafia y los funcionarios era tácito. La mafia sabía que el poder de los funcionarios del Estado era superior y que las sugerencias que le realizaban debían ser aceptadas: por ejemplo, si podían o no cometer un asesinato, si podían o no participar en un licitación pública.

Pero el constante crecimiento participativo de la Cosa Nostra en el sector de la economía y la cultura de la sociedad siciliana llevó a los líderes de la organización criminal a atacar a los funcionarios que antaño fueron sus aliados. El objetivo fue castigarlos y fundamentalmente reemplazarlos por otros funcionarios que pudieran generar y sostener un nuevo pacto. 

Argentina y el mercado

Desde comienzos de siglo, el ingenio y la tecnología destruyeron conceptos históricamente arraigados sobre países productores y países consumidores. Las agencias de seguridad detectaron decenas de laboratorios montados para terminar de producir cocaína o para fabricar drogas totalmente sintéticas.

En el mercado internacional de las drogas, la Argentina sigue siendo preponderantemente un país de paso de la cocaína producida en Bolivia, Perú y Colombia hacia Europa y Asia. La debilidad administrativa y operativa de las instituciones gubernamentales, las extensas e interconectadas vías navegables que el país tiene con otros países de la región y que facilitan el traslado de la mercancía en tránsito, junto a una moneda nacional debilitada respecto al dólar norteamericano, transformaron a diversas regiones del país en importantes centros de trasbordo del mercado internacional de la cocaína. Sin embargo, la casi exclusiva función que las organizaciones criminales internacionales le asignan al país en ese gran mercado internacional no excluye la existencia de un mercado interno nacional.

Los mercados internos de las drogas en todo el mundo se encuentran sujetos al desarrollo económico general de cada uno de los países y de esos países con los otros. Como cualquier sector de la economía, los mercados particulares -legales o ilegales- se encuentran en gran parte atados al desarrollo o el retroceso de la economía en su conjunto. El mercado argentino es pequeño, el legal y el ilegal, por ese motivo el mercado criminal interior nunca fue apetitoso para las organizaciones criminales internacionales. 

El precio de las drogas en Latinoamérica se determina en dólares. Todas las transacciones en el mercado internacional de las drogas -desde los países en donde se fabrican hasta los vendedores mayoristas- se realizan en dólares, pero la venta al por menor se hace en la moneda de mayor circulación interna, en general, la moneda nacional. 

Al comparar el mercado de las drogas en Argentina con los mercados de Brasil y México se reconoce todavía más que el mercado nacional argentino es mucho más pequeño. No solo por la cantidad de consumidores reales y potenciales en cada uno de ellos, sino también respecto a la diferencia en los márgenes de ganancia que en cada uno de ellos se pudiera obtener.

La debilidad del peso argentino respecto al dólar norteamericano no solo tensiona los niveles de ganancia que las organizaciones pueden llegar a obtener, también las obliga a reducir la calidad del producto si es que buscan mantener los márgenes de ganancia previos. Situación sucedida en la llamada “tragedia de puerta ocho”, de febrero de 2022, cuando la cocaína se mezcló con un opiáceo sintético para reducir la calidad y aumentar el volumen disponible..

Pero que el mercado argentino sea pequeño y periódicamente se devalúe, no deja de ser atractivo para las organizaciones dedicadas a la venta de drogas al menudeo en los grandes centros urbanos del país. Durante mucho tiempo, la cocaína que ingresó al país lo hizo desde Bolivia hacía las provincias limítrofes. Pero con el crecimiento cualitativo y cuantitativo de las organizaciones dedicadas al narcotráfico de origen brasileño, uruguayo y paraguayo, el tránsito de la cocaína se trasladó hacia el este, comenzó a ocupar el río Paraná y lo transmutó en una larga, zigzagueante y serpenteante línea blanca con 28 puertos privados y estatales entre las ciudades de Santa Fe y Rosario.

Si tomamos como referencia a las investigaciones y sentencias judiciales, hasta comienzos del año 2013, las organizaciones dedicadas al narcotráfico minorista en el departamento de Rosario contaron con un acuerdo de coexistencia y desarrollo con parte de la policía provincial, la política y la justicia; también entre las diferentes organizaciones criminales del lugar. 

La policía santafesina actuó como órgano de contralor de ese pacto. La policía fue la encargada de mantener los niveles criminales en proporciones aceptables. Pero a diferencia de lo que sucedió en Italia, donde la criminalidad también opinaba, en Rosario solo lo hizo la clase política, judicial y empresarial vinculadas a la criminalidad. Pero todo eso cayó a partir de la detención del entonces jefe de la policía de Santa Fe; los acuerdos comenzaron a quebrarse. 

Ante los hechos judiciales, periodísticos y criminales que se desataron después la política respondió nombrando y desplazando en periodos muy cortos de tiempo a diferentes funcionarios en la cúpula de la policía santafesina y del Ministerio de Seguridad. El ir y venir de nombres, el despoder interno y externo que se generó, trajo aparejado problemas mayores: los ciudadanos y funcionarios honestos se encontraron desprotegidos y las organizaciones criminales comenzaron a actuar con mayor autonomía, atomizadas y desafiando al poder coludido del Estado que antaño fue su aliado.

Los subalternos de los subalternos del excomisario desplazado también eran corruptos y también terminaron desplazados. Cada una de las organizaciones dedicadas al narcotráfico se autopercibieron lo suficientemente capacitadas -económica y armamentisticamente- para barrer a sus competidores directos en un mercado que se amplió a cuentagotas pero que se devaluó como una represa fracturada. 

Actualmente, en Rosario, tal como sucedió en otras ciudades del país en 2013 -Cordoba y Tucuman-, las organizaciones buscan establecer un nuevo pacto sobre los condicionantes de la sangre, las balas y la intimidación pública, fundamentalmente sobre las instituciones del Estado. Las organizaciones criminales no tienen problemas para encontrar funcionarios corruptos, pero necesitan que estos tengan el poder suficiente para ordenar el fenómeno de la cabeza a los pies. 

La situación actual en el gran Rosario representa una verdadera oportunidad para articular una serie de medidas a corto, mediano y largo plazo para impedir cambios que podrían ser mucho más difíciles de revertir. 

Es necesario impedir que las organizaciones dedicadas al narcotráfico se conviertan en “organizaciones criminales complejas” con el poder suficiente de intervenir en una mayor cantidad de aspectos de la sociedad. La situación en Rosario y en muchas regiones citadinas del país es parecida, pero la ruptura del pacto establecido en la ciudad santafecina trae aparejada la posibilidad de impedir el restablecimiento de un acuerdo de coexistencia, control y desarrollo entre las organizaciones criminales y los funcionarios corruptos del Estado.

En Italia, la Cosa Nostra nunca se propuso ocupar el pleno rol del Estado y mucho menos destruirlo. Las organizaciones criminales son parasitarias, necesitan de un organismo vivo para poder sobrevivir. La mafia siciliana a través de la intimidación pública -asesinatos y amenazas- buscó nuevos y más desarrollados canales de diálogo con los sectores corrompidos y temerosos del Estado italiano. En Sicilia la lucha contra las organizaciones criminales se mantiene vigente. Reforzando el trabajo y la memoria con la que se sostuvo el compromiso y la voluntad de los funcionarios y ciudadanos organizados en esa lucha, trabajando en conjunto para estatuir leyes y mecanismos que le quitaran los bienes a las organizaciones criminales, legislando regímenes penitenciarios especiales para impedir que los mafiosos siguieran cometiendo delitos desde las cárceles y creando instituciones dedicadas exclusivamente a perseguir delitos vinculados a la criminalidad organizada. 

Quizás el trabajo, la lucha y la memoria al otro lado del Atlántico pueda llegar a servir de guía para hacer frente a un fenómeno social que en Argentina todavía se encuentra en estado embrionario.

* Representante de Libera Associazioni Nomi e Numeri Contro le Mafie en Argentina Coordinador del Proyecto Bien Restituido

LM/CC

Lucas Matías Piaggio fue baleado el viernes desde un auto o una camioneta, según distintas versiones, y cayó herido. Dos sicarios volvieron sobre sus pasos y lo remataron a plena luz del día en el barrio Belgrano. Si los crímenes de las bandas narco son visibles de manera espectacular en las calles de Rosario, los circuitos económicos que reciben fondos del narcomenudeo recién comienzan a ser investigados.

Los socios de la violencia pueden auspiciar torneos de golf o presentarse como entidades de bien público. Se trata de organizaciones criminales que generan actividades con fachada legal para introducir en la economía formal dinero proveniente de actividades ilícitas y de reconocidos operadores de la City rosarina que hacen negocios con fondos derivados del narcotráfico.

“Los grupos que operan negocios ilegales generan estructuras según sus necesidades –dice el fiscal Sebastián Narvaja, a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Especiales de Rosario-. Arman mutuales y fideicomisos, tienen cuevas y agencias de turismo. Las mutuales son utilizadas en particular para hacer descuentos de cheques que se reciben en las financieras, y además permiten tener una pata en el sistema bancario y evadir impuestos”.

El delito económico involucra a actores destacados. Gustavo Pedro Shanahan, director de la Terminal Puerto Rosario entre 2010 y 2013 y desarrollador inmobiliario, será llevado a juicio como integrante de una banda narco. Patricio Carey, vicepresidente de una financiera que tenía a un reconocido narco entre sus clientes, pertenece a una familia tradicional en los negocios de Rosario. Una organización integrada por escribanos, gestores y empresarios afrontará desde el lunes 27 de febrero un juicio oral por apoderarse de propiedades en la ciudad y en el sur de la provincia mediante fraudes inmobiliarios que habrían servido además para blanquear fondos de actividades ilegales.

“Hay casos donde se ve claramente que los profesionales son parte de la organización delictiva, como en la mega estafa inmobiliaria –señala una investigadora económica consultada para esta nota-. En otros casos están en una zona gris, donde no hacen preguntas y dejan pasar. Lo más importante es que empiecen a hacerse responsables de las operaciones en las que intervienen”.

Shanahan cayó con una red que vendía cocaína bajo la dirección del peruano Julio Rodríguez Granthon y fue procesado como coautor del delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas. La acusación responde a un criterio reciente en la Justicia Federal: vender dólares a un grupo narco no es una actividad accesoria sino central para la organización criminal, tanto para asegurar los beneficios como para reinvertir en la provisión de droga.

Rodríguez Granthon cuenta ya con dos condenas de prisión y afronta un pedido de prisión perpetua por su presunta participación en el asesinato del pastor evangélico y exconcejal Eduardo Trasante, el 14 de julio de 2020. En las comunicaciones telefónicas interceptadas en la investigación dejó constancia de su beneplácito por las condiciones de Shanahan para el cambio de moneda.

Shanahan tenía sus oficinas en un edificio de España 889, en el centro de Rosario. Los investigadores judiciales volvieron al lugar del crimen en septiembre de 2022, esta vez para allanar la Asociación Mutual de Emprendedores del Litoral (Amel), vinculada en operaciones financieras con una red narco dirigida por Pablo Nicolás Camino, desde la cárcel de Coronda.

Amel se presentaba socialmente como una entidad “destinada a otorgar ayuda económica y brindar oportunidades de crecimiento personal y laboral a sus asociados”. Uno de sus integrantes fue descripto como “un arbolito particular de Los Monos”, en alusión a los servicios prestados a la banda del barrio La Granada. Camino fue el destinatario el 20 de febrero de un mensaje para el que una banda rival cometió el homicidio de Brandon Ortigoza, de 18 años y ajeno al enfrentamiento entre los narcos: “Nico Camino dejá de matar gente inocente”.

La mega estafa inmobiliaria que involucra a empresarios y escribanos llega a juicio oral en el Centro de Justicia Penal de Rosario después de seis años de investigación y de una intervención del ex fiscal Patricio Serjal que sacó de la causa a un agente bursátil y al ex gerente comercial del diario La Capital. Entre los quince acusados se encuentran Leandro “Lelo” Pérez, ex socio de uno de los condenados por traficar 1.200 kilos de cocaína a Portugal en la causa Carbón blanco, y Vanina Vaglione, esposa de Andres “Gitano” Fernández, condenado en el juicio a la banda de Los Monos. Serjal fue destituido como responsable de la protección judicial a una red de juego clandestino organizada por el empresario Leonardo Peiti, con complicidad también policial y política, según la investigación de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery.

Otros de los acusados por la mega estafa, Maximiliano González de Gaetano, compartió sociedades con el empresario narco Luis Medina, asesinado en 2013. Se presentaba como secretario del Sindicato Único de Monteros Argentinos, un gremio fantasma que supuestamente nucleaba a trabajadores de monte, con sede en la ciudad de Necochea y 62 afiliados, y fue acusado por falsificar derechos de imagen de Lionel Messi en China, en complicidad con un escribano.

González de Gaetano fue identificado además como socio de otro presunto empresario narco, Yalil Roberto Azum, en actividades de lavado de dinero a través de una financiera y de una empresa que prestaba servicios de limpieza al iniciar sus actividades en Rosario en 2017 y tareas de construcción y reparación de servicios públicos a partir de 2019.

Según una investigación del Ministerio Público de la Acusación, la financiera y la empresa de servicios organizadas por Azum fueron las fachadas para ocultar un poli rubro de actividades ilegales: financiaron la instalación de bunkers, prestaron dinero con intereses del 30% mensual y traficaron vehículos “con inhibiciones o problemas de papeles” entre Rosario y Córdoba.

El club Echesortu, una institución tradicional de la ciudad, fue utilizado por otra parte como pantalla para el lavado de activos provenientes de actividades ilegales según una investigación de la Justicia Federal. Azum está acusado en esta causa por montar una mesa de dinero y por blanquear cheques a través de la mutual de socios y las cuentas bancarias del club.

“Descontar cheques es una actividad muy lucrativa. Pueden hacerlo los bancos y también las mutuales, que como son entidades favorecidas para promover el esfuerzo común tienen una serie de exenciones”, apunta el fiscal Narvaja, también integrante de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, Inecip.

Sangre y dinero

El iceberg de la criminalidad económica emergió en Rosario el 10 de septiembre de 2020 con el asesinato de Marcelo “Coto” Medrano, que articuló dos circuitos del delito: las cuevas financieras y los puertos secos, como se llama a los depósitos clandestinos de cereales, agroquímicos y combustible. Medrano, un ex jefe de la barra brava de Newells, fue acribillado a balazos en una estación de servicio de Granadero Baigorria horas después de comprar 17.600 dólares en la financiera Cofyrco, ubicada en Corrientes 832, a pasos de la Bolsa de Comercio.

Según la acusación del fiscal Narvaja, los directivos de Cofyrco habían elaborado un protocolo con instrucciones ante la eventualidad de un allanamiento. Y lo pusieron en práctica cuando se presentaron los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada: uno de los integrantes de la financiera escapó por una puerta trasera llevándose dispositivos electrónicos que no fueron recuperados.

“Cofyrco era un nombre de fantasía –destaca Narvaja-. La sociedad, la persona jurídica, tenía movimiento cero, nada de nada, ni una sola factura. Los negocios ilícitos que se llevaban adelante eran cambio ilegal de moneda, intermediación financiera no autorizada, contrabando de divisas –los llamaban cables– y descuentos de cheques”.

En otra derivación de la causa, mientras buscaba al narco identificado como responsable del asesinato de Medrano, la Agencia de Criminalidad Organizada descubrió un puerto seco en jurisdicción de Ricardone, en el departamento San Lorenzo. El lugar pertenecía a un comisario retirado y almacenaba cereal en negro, combustible y fertilizantes.

“Son los dos temas que jamás se han investigado en San Lorenzo. Pese a que se sabe y se tiene conocimiento jamás se ha tocado nada de eso”, reconoció la fiscal Melisa Serena en un chat rescatado de Telegram. Serena consideró esa posibilidad “una jugada peligrosa para el MPA (Ministerio Público de la Acusación) de San Lorenzo” y ahora afronta un pedido de tres años de prisión por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por reservarse información sobre el juego clandestino y los puertos secos.

Otro aspecto que surge con las investigaciones son conexiones entre los actores financieros. Carlos Nicolás Ciochietto y Carlos Nicolás Bacigaluppo, operadores del grupo Carey en Rosario y empleados de la Asociación Mutual 29 de Noviembre, fueron procesados como participantes en las actividades financieras ilegales del empresario santafesino Hugo Oldani, asesinado en la capital provincial el 11 de enero de 2020.

El crimen de Oldani descubrió una cueva financiera en la trastienda de una agencia de turismo y provocó la suspensión de la fiscal Cristina Ferraro por entorpecer la investigación y permitir que los familiares de la víctima se llevaran documentos y sumas millonarias en dólares y pesos. El juicio por el asesinato comenzará el 6 de marzo en Santa Fe.

“Las cuevas financieras prestan servicios a gente que por diferentes motivos busca ocultarse –dice el fiscal Narvaja-. Generan un mercado de servicios financieros ilegales que tiene como uno de sus principales productos la clandestinidad. Reciben la plata que proviene de los cereales en negro, de las extorsiones y de la venta de droga sin preguntar de dónde viene”. En esos circuitos de la economía no corre la sangre de la violencia narco, pero el dinero que se cuenta tiene el mismo origen.

OA

La fachada de la sede municipal ubicada en la zona sur de Rosario fue atacada a balazos por personas que dejaron un mensaje mafioso dirigido al líder de la banda narcocriminal Los Monos, Ariel “Guille” Cantero, informaron hoy fuentes municipales y policiales.

“Guille Cantero controla los gatos, Matías Cesar Pino. Los picudos que están batiendo la cana. Atentamente La mafia”, dice el mensaje escrito a mano en un papel que fue dejado en el lugar, consignaron a Télam los voceros consultados.

El hecho se registró anoche, alrededor de las 22, en la sede del Distrito Municipal situada en Buenos Aires y Uriburu, de la zona sur de Rosario.

Según las pericias realizadas por efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se detectaron un total de cuatro impactos de bala en los vidrios de la sede y al menos otras seis vainas servidas calibre 9 milímetros quedaron dispersas en el piso, por lo que fueron secuestradas para peritajes.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, un hombre que se movilizaba en una bicicleta fue quien colocó la nota escrita en el piso y posteriormente se produjo la balacera.

Los pesquisas intentaban ahora establecer mediante el análisis de cámaras de seguridad si quienes dispararon se movilizaban en moto o en un auto.

Al confirmar el hecho y asegurar que “no hubo heridos, solo daños materiales en el blindex del frente de la sede”, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Gustavo Zignago, dijo a la prensa que la “actividad -en ese distrito municipal- hoy será normal”.

“Necesitamos que nos cuiden más y mejor”, reclamó el funcionario, al tiempo que aseguró que entre el personal que se desempeña allí “hay un poco de miedo”.

En ese contexto, recordó que esa sede el pasado jueves fue blanco de otro ataque a pedradas en el que los agresores dejaron una nota intimidatoria escrita contra el fiscal provincial Pablo Socca, quien la semana pasada imputó a 26 miembros de una narcobanda que opera en barrios de la periferia de Rosario.

“Fiscal Socca, dejá de vender humo con gente inocente y meter preso a la gente, que Fran Riquelme y Jonita Riquelme te apuntan”, decía ese mensaje, que también fue dejado en otras sedes de edificios públicos, en algunos casos escrito a mano y en otros impreso.

“Son mensajes entre bandas, quieren notoriedad”, opinó Zignago, quien consideró “que hay que redoblar el poder punitivo del Estado en las calles”.

Este nuevo ataque es investigado por la Unidad Fiscal de Flagrancia de turno en Rosario.

Con información de agencias.

IG

La oficina de Asuntos Penitenciarios de Rosario fue blanco de una nueva balacera cometida por personas que dispararon contra la fachada en plena madrugada, luego de que días atrás dejaran un mensaje intimidatorio en esa sede y que la viuda del asesinado jefe de la banda narcocriminal “Los Monos” amenazara en plena audiencia judicial al fiscal que dispuso detener a su hijo por tenencia ilegal de armas.

El ataque se registró cerca de las 4 de la madrugada del domingo en la oficina situada en Alsina y Pellegrini, según confirmó este lunes en una conferencia de prensa el secretario de Asuntos Penitenciarios, Walter Gálvez, quien agregó que la principal sospecha de la justicia es que la balacera está relacionada a la detención de Uriel “Lucho” Cantero (18), la semana pasada, acusado de un homicidio y de tenencia de arma.

De acuerdo a lo informado por el funcionario penitenciario, los atacantes efectuaron un solo disparo contra el frente del lugar, sin llegar a herir a nadie, y escaparon.

El hecho se produjo luego de que el pasado jueves desconocidos dejaran en esa oficina una amenaza escrita: “Si siguen verdugueando a la familia de los altos perfiles la próxima vamos contra la familia de los empleados de servicios. El que avisa no traiciona”.

Tras ello, el sábado a la mañana, en una audiencia imputativa realizada a ella y a su hijo “Lucho” Cantero por tenencia de armas, la viuda del asesinado líder de “Los Monos”, Claudio “Pájaro” Cantero, amenazó al fiscal que instruye el caso, Matías Every.

“Le digo al fiscal que esto no va a quedar así”, dijo Lorena Verdún en la audiencia, al expresar además que para la justicia “siempre son los Cantero” los culpables y pidió pidió que dejen de “agarrársela” con su familia.

“Viniendo de una persona que está en un grupo al que se le secuestraron 24 armas lo tomo como una amenaza”, fue la respuesta del fiscal.

Este lunes, en diálogo con la prensa local, Every, quien vive con custodia hace tres años y ahora se le sumó mas protección por orden del Gobierno santafesino, pidió “investigar a fondo el crimen organizado”.

Con información de agencias.

IG

A una pareja de dealers vinculados a Los Monos, en Arroyo Seco, les incautaron o robaron -esa parte no está del todo clara- varios kilos de cocaína que tenían para fraccionar y vender en los puestos de esa ciudad a 30 kilómetros de Rosario. Como debían responder por eso ante sus jefes, decidieron armar un plan para conseguir dinero en poco tiempo. Ellos le vendían drogas a un joven de 23 años, que varias veces había generado una deuda grande y que terminaba siempre pagando con dinero de su padre empresario. La solvencia de sus familiares se había puesto a prueba varias veces y ellos respondían. Por esa razón, decidieron secuestrar y pedir rescate por su cliente.

El 23 de julio por la noche, la víctima le escribió a la mujer de la pareja de dealers para decirle que necesitaba comprar marihuana. Ella le contestó que no había problema. Según el relato de los fiscales, pasaron unos minutos y la mujer le pasó una captura de pantalla con esa información a miembros de la banda que estaban esperando al joven. Cuando él frenó en la esquina y caminó hasta la puerta le cruzaron un Chevrolet Astra. Bajó un hombre vestido de policía y dio la voz de alto. Otro apareció por atrás y le dio un culatazo. A pesar del golpe, el joven quiso escapar y llegó a gritarle a un amigo que iba con él y que sí pudo huir. A él lo apuntaron con armas y lo subieron al auto. Lo metieron en el medio del asiento de atrás sujetado por otras dos personas. El Chevrolet aceleró y desapareció del barrio sin que nadie pudiera dar muchas precisiones de lo que había ocurrido. 

A las pocas horas, la madre del joven recibió un llamado desde el penal de Piñero. Todavía no habían notado la falta de su hijo, con lo cual oscilaban entre la sorpresa y la desconfianza. Pero le avisó a su marido que de ahí en adelante se encargó de la negociación. Primero le pidieron 100.000 dólares para no matarlo. El padre del dijo que era imposible conseguir ese dinero de un momento para otro. Y los captores se lo bajaron a la mitad. 

Durante  las dos horas que estuvo secuestrado, al joven lo llevaron a un búnker de Villa Gobernador Gálvez. Lo golpearon, y le fracturaron un dedo, la mano y el codo. Y con un cuchillo le tajearon la punta de una falange, por lo cual tuvieron que operarlo. Ese corte fue filmado y enviado a su padre para intimidarlo. En los relatos posteriores, la víctima explicó que recibió trompadas y golpes con objetos metálicos y un arma durante gran parte del tiempo que estuvo ahí.

Mientras él sufría esas torturas, desde otro teléfono un “soldado” acordó que la familia le entregara lo que había podido juntar hasta ese momento. Así dejaron en el Puente Cargill, también en Gálvez, 10.000 dólares, joyas y otros objetos de valor. Apenas unos minutos después de que la familia entregara el dinero, al joven lo dejaron sin ropa, a unas cuadras del puente. 

Lo que se puede ver a partir del análisis de los mensajes de la pareja es que los que recibieron la plata del rescate -y que también respondían a altos mandos de la banda- nunca les dieron la parte que habían acordado y que iba a servir para pagar las deudas. “Tuve que mandar a secuestrar un pibe para que me caguen todo”, le escribió el hombre de la pareja, que también estaba preso, a su novia.    

En base a las llamadas de los dos dealers, los investigadores pudieron reconstruir los vínculos con el secuestro de varias personas cercanas al líder de Los Monos, Ariel “Guille” Cantero. La primera llamada se habría hecho desde el pabellón 7 de la cárcel de Piñero, donde estaban alojados en ese momento Axel Vilches, Leonardo “Pollo” Vinardi, Jonatan Lencinas y Nicolás Avalle, hombres de confianza de Cantero. Para los investigadores, Cantero tuvo que autorizar el secuestro.  

A partir de las pruebas encontradas, los fiscales pidieron el procesamiento con prisión preventiva de Cantero, de los cuatro presos mencionados y de cinco hombres y tres mujeres más, todos integrantes de la organización. Se les imputa los delitos de secuestro extorsivo agravado por haberse cobrado el rescate, por las lesiones graves infligidas y por el uso de armas. La presentación fue realizada en conjunto por los fiscales federales de Rosario Claudio Kishimoto y Franco Benetti, de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE) y de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), que le pidieron al juez Carlos Vera Barros, que procese a todos los sospechados. 

En su requerimiento, también se les imputó a Cantero y a Vinardi haber organizado y financiado la distribución y comercialización de drogas, al menos desde el día del secuestro hasta el 2 de octubre de 2021, en las ciudades de Villa Gobernador Gálvez y Arroyo Seco. 

Para los fiscales el secuestro extorsivo que disparó esta investigación “no fue producto de un accionar aislado cometido por un grupo de personas que se organizó de improviso o en forma transitoria con el objeto de perpetrarlo, sino que fue cometido por una agrupación criminal dedicada, entre otras cosas, al comercio de estupefacientes”. Esto es importante para entender el perfil cada vez más violento que están tomando Los Monos. A diferencia de otras bandas narcos, no solo se dedica al narcomenudeo sino a delitos como el secuestro o la extorsión.

Mesa sobre narcocriminalidad desde las cárceles

Por delitos como éstos, que se organizan desde las unidades penitenciarias, una mesa de trabajo integrada por fiscales intervinientes en temas relacionados al narcotráfico e impulsada por el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, alertó sobre el aumento de casos de bandas que siguen operando desde las cárceles. También un informe de la PROCUNAR señala que “las organizaciones se sirven de contactos del exterior y que instrumentan las acciones ordenadas por los líderes que se encuentran detenidos (condenados en casi todos los casos) y, pese a ello, continúan interviniendo en complejas maniobras de narcocriminalidad”.

A partir de ese informe, Casal entregó una lista de recomendaciones al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre cómo terminar con el poder narco detrás de las rejas. Entre varias medidas, sugiere separar a los presos de organizaciones narcos, prohibirles las comunicaciones con el exterior, instalar inhibidores de señales, mayores controles de las visitas, llevar a líderes nacos a cárceles de máxima seguridad y extremar controles sobre los presos y los agentes de servicio penitenciario.

AM

Los que estudian los altos niveles de violencia en Rosario se resisten a colocar en la centralidad del problema a las bandas narcos que operan ese territorio. Las estadísticas de crímenes en la última década sostienen su análisis y muestran que dos tercios de los asesinatos no tienen relación con los grupos que concentran la venta de drogas. Ese enemigo temible aparece como el gran blanco a combatir y no permite avanzar en políticas públicas certeras para reducir otra enorme cifra, que es la de la violencia interpersonal provocada por la marginalidad, el descreimiento institucional y una enorme circulación de armas. Señalan que apuntarle a Los Monos termina siendo “rentable” pero puede resultar una trampa terrible en la medida que no se observe lo que sucede en los barrios, que no tiene que ver con los sicarios ni con el narcomenudeo. 

Desde la década del ‘90, por la destrucción del modelo productivo, la expansión del negocio agroexportador y la concentración de riqueza en torno al puerto, enormes sectores de la ciudad y de la Provincia quedaron fuera de toda formalidad. Ese deterioro es contemporáneo con los crecimientos de las tasas de criminalidad. Según consigna La Capital, desde 2013 hasta mediados de 2020, hubo 1.298 homicidios y 5.204 heridos de bala. El crecimiento iniciado en 2013 duplicó la tasa de homicidio que existía hasta 2010. En 2021, según un informe oficial de la provincia, uno de cada tres asesinatos fueron por encargo. La constitución de grupos volcados al delito, que ya tenía historia de décadas anteriores, se multiplicó y se instaló en la geografía rosarina. 

“A falta de poder acceder al mercado de trabajo, participar de una banda, de una junta, tener una arma, confrontar a otro grupo, aparece como una manera de construir identidad.  Son grupos que tienen enfrentamientos antiguos, con muchos muertos. Ellos no deciden recurrir al arbitraje estatal para resolver el conflicto por el desprestigio que la Policía y la Justicia tiene entre ellos”, explica el criminólogo, docente e investigador de la Universidad Nacional de Rosario, Enrique Font. 

Para Font el fenómeno de Rosario “no es la narcocriminalidad, es la violencia que atraviesa las relaciones sociales en sectores populares”, que entre otras actividades, tiene la venta de drogas. “La economía de narcomenudeo en Córdoba, en CABA o en lugares del conurbano es tan expandida como acá pero no hay tasas de criminalidad tan altas”, agrega sobre una ciudad que triplica los números del resto del país, con 15 crímenes cada 100.000 habitantes.     

Esas bandas que se disputan el delito y el territorio son alimentadas desde el circuito ilegal de armas, otro condimento que suma a la problemática. Y esa enorme circulación de armas de fuego es alertada por todos los que estudian la evolución del delito en Rosario y Santa Fe. Una muestra de lo que sucede son las actuales investigaciones que implican a policías y armerías, que venden al mercado negro utilizando los carnets de legítimos usuarios. Este es un fenómeno que creció en los últimos tiempos pero que ya desde 2013, en pleno pico de asesinatos, la Procuración provincial alertaba por la enorme cantidad de pistolas policiales denunciadas como perdidas o los robos a los galpones judiciales donde estaban secuestradas armas vinculadas a delitos. En mayo, por ejemplo, se desarmó una organización de policías de la Unidad Regional II, que vendían pistolas, revólveres, fusiles y cajas de balas y las tenían en el barrio Saladillo, donde encontraron 10 pistolas 9 milímetros, un revólver 357 Magnum, nueve armas largas y 50 cajas de municiones.

En los barrios populares, el nivel de investigación y resolución de los casos es muy bajo, de entre el 50% y 60%, según el lugar, y los porcentajes de condenas varían entre el 30% y el 40%. “Las bandas a las que les matan a un integrante saben que el Estado muy probablemente no lo resuelva. Y en lugar de pelear contra eso, resuelven de manera directa, por mano propia. Esa desconfianza en el aparato represivo del Estado es uno de los motivos por los que allí no hay paz”, detalla el ex defensor general Gabriel Ganón. “En el último Estudio Mundial sobre Homicidios, de Naciones Unidas, se señalaba como causas de aumento de crímenes la concentración de armas, y la baja tasa de esclarecimiento y castigo. Bueno, como vemos, en Rosario todas esas variables están juntas”, agrega.

“Algunas de las bandas crecieron al amparo de la participación policial que se fueron haciendo fuertes en el negocio de la droga pero que antes eran bandas de pistoleros de la usura. Una robaba caballos y la otra levantaba autos en la provincia de Buenos Aires”. Esta última referencia que Font hace es sobre Los Monos y el clan Alvarado, que tuvieron un origen similar a otras tantas bandas pero, por esos vínculos que señala pudieron expandirse en el negocio narco, que estalló entre finales de los ‘90 y comienzos de 2000.   

La degradación policial es uno de los grandes temas en el debate de la violencia. Los casos de bandas que gozan de la colaboración o que directamente están integradas por medios de las fuerzas son repetidos, como sucede en la última causa contra el clan de Esteban Alvarado por el crimen de un financista. Allí se puede ver cómo los policías participan del encubrimiento entregando datos de la investigación a un líder narco. O el accionar de la cuestionadísima Brigada Operativa de la División Judiciales que actuó durante la gobernación de Antonio Bonfatti. El ex subjefe de ese grupo, Luis Quevertoque, fue condenado por investigar a Los Monos para beneficiar al clan Alvarado.

“Es una Policía que perdió control del territorio y que en gran parte de ese espacio convive o fomenta el delito. Hasta que eso no se resuelva, es muy difícil que lo que sucede con la violencia en Rosario se modifique. Es una Policía que ya no se cuadra cuando le pegan cuatro gritos, entre otras cosas porque perdió su organicidad. Y el último intento de una reestructuración terminó con el ministro de Seguridad eyectado. El poder político no está convencido de romper lanzas y pide que se resuelva desde afuera con la llegada de las fuerzas federales. Así se posterga siempre la decisión de tener un control político de la Policía”, analiza un alto funcionario de Seguridad nacional que pidió no ser mencionado en esta nota. 

“Recuerdo en 2012, que en una causa judicial se discriminaba cuánto se llevaban los policías de los puntos de venta de droga. En ese momento, la División Judiciales, se llevaba 24.000 pesos, la Brigada de Drogas, unos 22.000, la Comisaría, 13.000 y el Comando Radioeléctrico, unos 8.000 pesos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿En otros lugares no hay corrupción? Claro que sí, pero el volumen y el involucramiento de los policías no se ve de esta manera en esos lugares”, refuerza Font. 

La falta de precisión respecto de cómo responder al problema de inseguridad también se puede ver en algunas decisiones recientes de la actual gestión. En el verano de este año, el encuentro entre el gobernador Omar Perotti y la ex ministra Sabina Fréderic, él le pedía más gendarmes y ella le recordaba que ya había más en Santa Fe que en cualquier otro lugar del país. “Era una demanda para patrullar el centro de Rosario, para satisfacer una demanda de los sectores medios. Vos tenés que tener en claro para qué los querés. Si es para el sistema de seguridad pública, para los patrullajes, o para combatir el crimen organizado. Si no lo tenés en claro vas a seguir fallando”, agrega el funcionario.

El periodista y diputado del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, que investigó el narcotráfico en Rosario, también refuerza la visión de que la violencia en la ciudad no está generada de manera mayoritaria por Los Monos y el clan Alvarado. “Hay que ver el origen en la enorme desigualdad social, la destrucción de una ciudad que supo ser una ciudad obrera y que se transformó en una ciudad de intermediación de servicios. Y la solución que plantean es militarizar, una concepción de la doctrina de seguridad estadounidense. La mayoría de los crímenes son por conflictos interpersonales. Empecemos a pensar en destinar más presupuesto para deportes, cultura y educación. El plan de llenar de policías ya falló, no sigamos buscando ahí como si fuera la única solución”. 

En la misma línea, el fiscal Matías Edery, que hace un par de semanas condenó al líder de Los Monos, Guille Cantero, remarca la necesidad de recomponer tejidos sociales antes de pensar en castigos. “A largo plazo, darles a los pibes una salida alternativa al delito. Tienen que trabajar varias áreas del Estado pensando en mejorar las condiciones de vida en los lugares complicados. ¿Me decís que es utópico? Nosotros tuvimos un programa en el barrio Grandoli y Gutiérrez, allí trabajaron las fiscalías sacando armas, con Desarrollo Social acompañando y con Educación. En ese barrio, había habido 30 crímenes en dos años y al año siguiente del programa no hubo ningún tiro. El problema fue que luego se discontinuó”. “Por supuesto que también se deben hacer investigaciones criminales y escalar sobre el permiso estatal que gozan las bandas del crimen organizado, con los vínculos con las fuerzas de seguridad y la política. Y, por último, más a corto plazo, que la presencia policial en la calle le vuelva a dar sensación de seguridad a la gente”, sostuvo Edery. 

AM   

Las fuerzas de Gendarmería terminaron de llegar a Rosario para completar el primer envío de 575 efectivos del plan oficial que intentará controlar los altos niveles de violencia en la ciudad. Los contingentes arribaron de Santiago del Estero, de Córdoba, Campo de Mayo y Ezeiza. Para darle un contexto de formalidad al desembarco, este jueves, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández junto al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti y el director nacional de Gendarmería, Andrés Severino, encabezaron el acto de bienvenida a este primer grupo, al que luego se le irán agregando mil agentes más desde ahora hasta marzo de 2022.

Esta primera tanda de efectivos nutrirá la fuerza especial destinada a hacer operaciones especiales de control e intervención en el combate contra el narcotráfico. El nuevo esquema de reorganización de las fuerzas federales contempla la creación de una nueva Unidad Móvil de Gendarmería con base en Rosario, especialmente destinada a los delitos complejos.

Esta llegada de nuevos gendarmes forma parte del acuerdo que Perotti y Fernández firmaron hace más de dos semanas, en la que también estuvieron el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo De Pedro. “Será un dispositivo de seguridad simultáneo y progresivo mediante la combinación de controles fijos y patrullaje móvil, parte del operativo de agentes federales para combatir el narcotráfico en la provincia de Santa Fe, especialmente en la ciudad de Rosario”, explicó el ministro de Seguridad de la Nación.

Todo esto sucede en el contexto del recrudecimiento de la violencia en la ciudad, con crímenes que no se detienen. De comienzos de año hasta final de septiembre, se produjeron 171 asesinatos en el distrito judicial de Rosario. Parte de ellos están vinculados a los enfrentamientos de bandas narcos como Los Monos, liderada hoy desde el Penal de Marcos Paz por Ariel “Guille” Cantero, y por el clan que dirige Esteban Alvarado. Pero los números se completan con una enorme cantidad de muertes por la violencia interpersonal, vinculadas a grupos que no tienen relación con la venta de drogas.

Como sucedió hace siete años, cuando durante la gestión de Sergio Berni en Seguridad de Nación, desde la provincia de Santa Fe esperaban un operativo de alto impacto con muchos más efectivos, la idea de inundar las calles de agentes les interesaba, entre otras cosas, pensando en las elecciones del mes que viene. Pero, por el mismo motivo, la posibilidad de sacarlos todos del conurbano, donde también hay problemas de inseguridad, no era una opción. Así que decidieron sacar algunos del interior, de Campo de Mayo y de Ezeiza. 

Esta semana terminó un juicio contra el líder de Los Monos y otros seis miembros de la temible banda que maneja parte del negocio de la droga en Rosario. Durante poco más de un mes, los fiscales pudieron probar que Ariel “Guille” Cantero y el resto de los procesados organizaron en 2018 una serie de tiroteos a domicilios de funcionarios y sedes judiciales para condicionar el trabajo de los magistrados en las causas que los implicaban. En medio del proceso, cuando le preguntaron al jefe narco a qué se dedicaba, respondió con ironía que contrataba “sicarios para tirar tiros a jueces”. Pero el amedrentamiento no funcionó: Cantero recibió 22 años de condena y ya suma más de 100 de sus 7 procesos anteriores. “Le va a pasar como a Robledo Puch, va a ser muy difícil que alguien le firme la libertad”, dice Matías Edery, uno de los cuatro fiscales que acusaron a Cantero.

Edery tiene una larga trayectoria en juzgar a miembros de este clan y el de Esteban Alvarado, el rival de Los Monos. Con el tiempo se volvió un testigo analizador muy cercano de la violencia desatada por la banda narco. Sostiene que en los últimos años, bajo el mando de Guille Cantero, la organización narco que heredó hace 8 años tras el asesinato de su hermano se radicalizó y cambió la centralidad de su operatoria. “La configuración territorial de los integrantes de Los Monos de hoy no tiene nada que ver con la que fue en el 2013. Por supuesto que se dedican al narcomenudeo, pero sobre todo, lo que realmente sabe hacer Guille Cantero es vender violencia y proveerla a sus lugartenientes de barrio”.

¿Cómo se ejecuta en la práctica la logística de esa violencia?

Por ejemplo, alguien tiene problemas contra contra una banda rival. Entonces van y les pagan a Los Monos para poder copar un territorio. O si en un gremio la lista opositora quiere ganar las elecciones, ellos le venden su mano de obra y tirotean opositores. Por ejemplo, hubo un caso de un empresario acá en Rosario que se peleó con el socio y lo quiso matar y contrató a los sicarios de Cantero para que lo hagan. Por todo eso, Cantero cobra dinero. Y los recursos, los insumos que necesita para hacer eso son mucho menores que lo que necesita para vender droga. Para vender droga necesitas tener un productor, tener un proveedor, tener los soldaditos, tener medio de transporte, pagarle a la Policía. Te demanda mucho dinero. En cambio, para extorsionar solo precisás dos personas con un arma. Y como la situación social empuja para que haya mucha gente que la única salida que ve sea esa, el reclutamiento no es un problema y el costo de lo que le pagan tampoco. 

¿Vos pensás que en Córdoba no hay venta de drogas? Claro que las hay. Lo que pasa es que no hay una banda con estos rasgos que lucran con que los pibes se maten entre ellos.

¿Pero la centralidad no es el negocio narco?

Por supuesto que hay narcomenudeo pero el negocio de la violencia es enorme. En otros lugares del país no sucede de la misma manera. ¿Vos pensás que en Córdoba no hay venta de drogas? Claro que las hay. Lo que pasa es que no hay una banda con estos rasgos que lucran con que los pibes se maten entre ellos. En Rosario alguien lo llama a Guille Cantero y le dice: “Me quiero quedar con el barrio”. Y él le responde: “Listo, quedátelo. ¿Cuánto me pasás?” El le habilita el territorio y se queda con una cuota por permitirle hacer sus cosas en ese lugar. 

Da la sensación de que por más que haya condenas la solución no va por ahí. 

Sí, claro. Incluso lo dijeron los jueces en la sentencia. Cargar en la espalda del sistema penal es una utopía. Es un conflicto que nos excede totalmente. Esto es una cuestión que implica la acción de un montón de organismos del Estado. En el juicio, Guille Cantero intentó amedrentar a los jueces para que lo beneficien, pero los jueces no lo beneficiaron. O sea, fue una reacción positiva de un poder del Estado, pero la respuesta del Estado tiene que ser más amplia. Para terminar con un grupo como Los Monos primero hay que desestructurarlo económicamente, porque esos delitos se cometen porque ellos pueden pagar y manejan una estructura de dinero muy grande. Eso implica avanzar contra los que le lavan el dinero, contra el contador y el abogado. Contra todos los que permiten que haya en Rosario torres construidas con plata que no se sabe de dónde salió. Bueno, eso sale de dos lugares: o plata narco o plata del cereal en negro,  no hay otra explicación. Esa es una de las patas. Por otro lado hay que cortar sus vínculos. Acordate que en el juicio de Los Monos condenaron a 10 policías. Siempre que hay un conflicto territorial hay un policía metido. Y, por último, cortar los vínculos políticos que también existen con organizaciones como éstas. Estas tres cosas son fundamentales porque porque con la crisis que hay los sicarios son fungibles. 

También durante el juicio le encontraron a Cantero un teléfono en la celda. Los vínculos con el Servicio Penitenciario son similares a los de los policías. 

Sí, por supuesto. El control del personal en las cárceles es igual de importante. Vos pensá que las siete condenas de Guille Cantero fueron por delitos que cometió estando preso. Si no es muy frustrante. La pena por sí misma, si no hay control interno en las cárceles, no alcanza. 

¿Pensás que la llegada de más fuerzas federales a Rosario es la solución? Es algo a lo que se recurre cíclicamente y no parece detener la violencia.   

Yo creo que el pedido de fuerzas más que verlo como la solución hay que entenderlo respecto de la gente. Porque a la que le da más tranquilidad la presencia policial. No hay que despreciarlo. Eso es muy importante en los barrios más calientes. Pero está claro que realmente no va a solucionar la  la situación porque los hechos de violencia son muy puntuales. Si yo quiero matar a alguien en algún momento lo voy a matar y es difícil que la presencia policial me lo impida. Pero es real que está en un lugar medio complicado y que ves aparecer un móvil y la gente se alivia. 

El pedido de fuerzas hay que entenderlo respecto de la gente. Porque a la que le da más tranquilidad la presencia policial. Pero está claro que no va a solucionar la situación, porque los hechos de violencia son muy puntuales.

El plan en marcha del Ministerio de Seguridad además de los efectivos yendo hacia allá contempla una unidad de información financiera abocada al lavado de dinero. ¿Eso está en línea con lo que sugerís? 

Respecto de los policías, todavía no sabemos cómo van a ser esas llegadas de los efectivos, pero también anunciaron que va a venir una fuerza de investigación y eso puede ser muy bueno para avanzar en investigaciones complejas. Porque es gente que tiene cierta transparencia y no está contaminada por la organización narco. Y por el tema lavado, para nosotros eso es tan o más importante que investigar los hechos violentos porque realmente es lo que les permite mantenerse. Tener bienes, tener autos de alta gama. Vos ves cómo ha cambiado su forma de vida. Por ejemplo, la primera generación de Los Monos antes vivía en un barrio periférico. Hoy los hijos viven en el centro, en una torre, en los departamentos más caros de la ciudad. ¿Por qué viven ahí? Porque alguien se lo vendió, porque alguien permitió que fluya la plata para que estén en ese lugar. Ahí está la clave. Porque si vos los ahogás económicamente, les va a ser mucho más difícil operar desde adentro de la cárcel. 

¿Se discute bastante qué hacer con los jefes narcos para que no sigan controlando el negocio desde las cárceles? 

Hay un informe de la Procunar (NdeR: la Procuraduría de Narcocriminalidad) sobre los conflictos que tiene la Justicia federal con las bandas narcos en cárceles de todo el país. Plantea el debate sobre un sistema de sanciones para esos grupos narcos que siguen cometiendo delitos desde adentro. Para que el que lo haga reciba una sanción real, que no reciba visitas, o que lo haga a través de un blindex, que no reciba la mercadería de afuera. Y por otro lado la connivencia del Servicio Penitenciario. El ingreso de cosas no puede pasar sin la colaboración de miembros del Servicio Penitenciario. 

¿Cuál es la principal diferencia entre Los Monos y el clan de Alvarado?

La de Alvarado es una organización más sofisticada. Él usa recursos más complejos en cuanto a la logística de los hechos. El siempre ejecuta sus hechos y trata de inculpar a otro, de dejar huellas falsas, despistar a los investigadores. Se han llegado a disfrazar de policías. A Los Monos no les importa eso. Te patean una puerta y te llenan de tiros. El vínculo que tuvieron los dos con la Policìa fue distinto. Los Monos le pagaban coimas, pero en el caso de Alvarado eran prácticamente parte de la organización. De hecho, si vos ves una de las causas, Alvarado logró que parte de su banda de policías trabaje para meter presos a Los Monos. Nosotros, en el juicio contra la organización de Alvarado, condenamos a los policías que metieron presos a Los Monos porque acreditamos que lo hicieron para beneficiarlo y para evitar que se lo investigara. Ese nivel de sofisticación para cometer el delito y cubrirlo es su marca registrada.

¿Y el de Los Monos la marca registrada es la violencia que mencionabas?

Con Los Monos, el mensaje permanente es que si te metés con nosotros te va a ir mal en serio, muy al estilo de los cárteles mexicanos. La violencia como forma de intimidación, de responder rápido y con muchas balas porque ese terror es gran parte de lo que venden. Ellos llegan disparan, queman autos. 

Yo les dije a ellos: ‘Ustedes saben que lo que nosotros decimos es cierto’. Y si vos a ellos no los engarronás y si los acusás por lo que hicieron, en general, no hay represalias. No veo que crucen ese límite en este caso. Al menos todavía.

¿Cómo es la vida cotidiana después de un juicio así, contra una banda que suele tomar represalias?

La verdad que trato de no pensarlo. Como tenemos que seguir adelante con casos muy importantes no nos queda otra. La verdad que no creo que haya represalias porque el juicio fue muy claro. Yo les dije a ellos: ‘Ustedes saben que lo que nosotros decimos es cierto’. Y si vos a ellos no los engarronás y si los acusás por lo que hicieron, en general, no hay represalias. No veo que crucen ese límite en este caso. Al menos todavía.

Hablabas de los vínculos políticos con el delito. En una causa que investigás, un hombre fuerte del peronismo, el senador Armando Traferri, aparece señalado por varios testigos como el organizador de una red de juego clandestino. Eso es un cimbronazo político con pocos antecedentes en la provincia y habla mucho de todo lo que venís mencionando. 

Por supuesto. No es una figura menor Traferri, que manejaba el Senado. Lo manejaba como si fuera suyo. Un tipo con el que todos sabían que era recontra turbio y con el que nadie se había metido nunca. Esa causa muestra de qué manera, a través de una actividad ilícita como el juego clandestino, se financió o se corrompió a parte de la política y parte de la fiscalía. Traferri le había armado a un empresario del juego una red para que lo protegieran, con dos fiscales amigos que le avisaran cuándo lo iban a allanar. Y por todo eso recibía mucho dinero. En este caso se ve una puntita de cómo muchas veces la política se financia de manera ilegal. 

¿Más allá del combate a las bandas, cómo se aborda el problema de la violencia en Santa Fe?

Sin duda que recuperando el tejido social. Porque desde el derecho penal las investigaciones funcionan. Nosotros desde 2014, que empezó el sistema, se duplicó la cantidad de presos en Santa Fe. Entonces la relación entre aumento de presos y de violencia, evidentemente la solución pasa por recuperar el tejido social, y se lo discuto a quien sea.

AM/WC

El líder de la banda narcocriminal “Los Monos”, Ariel “Guille” Cantero, fue condenado este jueves a 22 años de prisión por balaceras cometidas en 2018 contra domicilios de funcionarios y sedes judiciales de Rosario en 2018, pena que se le unificó en 28 años por una condena previa que tenía.

Al término del juicio oral que se llevó a cabo bajo una modalidad semipresencial en el Centro de Justicia Penal de Rosario, el Tribunal a cargo del debate encontró a Cantero responsable de siete de los diez ataques que se cometieron hace tres años en Rosario.

Cantero enfrentó el séptimo juicio de su carrera criminal y escuchó el veredicto desde las 13 en boca de los mismos jueces a quienes enfrentó de manera amenazante en la primera audiencia, cuando en cumplimiento de una formalidad procesal le preguntaron por su actividad, y les respondió: “Contrato sicarios para tirarle tiros a los jueces”.

Los fiscales del juicio, Miguel Moreno, Matías Edery, Aníbal Vescovo y Gastón Ávila, pidieron al tribunal una pena de 24 años de prisión para el líder de “Los Monos”, mientras su abogado defensor solicitó la absolución o, en caso de ser condenado, un castigo de 6 años y 8 meses de privación de la libertad.

El tribunal, integrado por los jueces Hebe Marcogliese, Rafael Coria y Pablo Pinto, leyó la sentencia en el Centro de Justicia Penal de Rosario durante una audiencia semipresencial, ya que si bien estuvieron en la sala los abogados y los fiscales, todos los acusados lo hicieron de manera virtual desde sus lugares de detención.

Cantero, de 32 años, ya fue condenado en otras seis oportunidades por delitos como homicidio, amenazas, portación ilegal de armas, secuestro extorsivo y narcotráfico, por los que acumuló penas por 62 años que aún no fueron unificadas.

Cuatro de esas condenas fueron por delitos cometidos mientras estaba en prisión, situación que no menguó significativamente su actividad criminal.

En este juicio estuvo acusado junto a otras seis personas de balear durante 2018 exdomicilios de los jueces que integraron el tribunal que lo condenó ese año a 22 años de cárcel; viviendas de camaristas y edificios del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

En su alegato final, los fiscales también pidieron la pena de 24 años para Matías César y su novia, Lucía Uberti; 13 años para Daniel “Teletubi” Delgado -condenado por el triple crimen de militantes sociales de Rosario- y Leandro Olivera; 12 para Leonel Fernández y 9 y seis meses para Damián Chávez.

Para los acusadores, Cantero ideó desde la cárcel al menos 7 de los 10 ataques ocurridos aquel año, con el presunto objetivo de “tener como propósito alguna medida o concesión de un miembro del poder público”.

Los investigadores señalaron que, con ese fin, el líder de la banda “Los Monos” tenía por debajo suyo a tres organizaciones que cometían, en forma directa o a través de terceros, los atentados que él dictaba.

Por eso fue acusado de “amenazas coactivas agravadas por ser anónimas, por la utilización de un arma de fuego y en concurso ideal con daño calificado”.

En la primera jornada del proceso oral, cuando los jueces le preguntaron por su actividad, Cantero respondió: “Contrato sicarios para tirar tiros a los jueces”, frase que su abogado interpretó como “una ironía” por su “desconfianza en el Poder Judicial”.

El día anterior al comienzo del juicio, el Centro de Justicia Penal donde se desarrollan las audiencias, volvió a ser baleado por dos personas que tiraron desde una moto, lo que motivó una ampliación del servicio de seguridad en la zona y de la custodia de “objetivos judiciales”.

“Guille” Cantero está detenido desde junio de 2013, cuando se entregó a la Policía de Rosario, quien lo buscaba por el asesinato del dueño de un boliche bailable en venganza por el crimen de su hermano y antiguo jefe de “Los Monos”, Claudio “Pájaro” Cantero.

Por ese hecho y como organizador de una asociación ilícita, fue condenado en abril de 2018 a 22 años de cárcel, en el primer juicio a “Los Monos” que terminó con altas penas para la mayoría de los miembros de la banda del barrio Las Flores de Rosario.

El dispositivo de seguridad

Un total de 250 efectivos en 98 puestos fijos y móviles fueron destinados para brindar seguridad durante la última jornada del juicio al líder de la banda narcocriminal “Los Monos”, Ariel “Guille” Cantero y a otros seis acusados por balaceras cometidas contra domicilios de funcionarios y sedes judiciales durante 2018, informó el Ministerio de Seguridad de Santa Fe.

“Hay un total de 250 policías y 70 patrulleros”, custodiando el Centro de Justicia de Rosario y los alrededores, además de algunos otros objetivos fijos, indicaron a Télam voceros de la cartera que conduce Jorge Lagna.

Las fuentes detallaron que en esos 98 dispositivos distribuidos en puestos móviles y fijos hay efectivos de distintas dependencias y unidades de las fuerzas de seguridad santafesinas para garantizar la seguridad tanto de los funcionarios judiciales como de los más de 100 testigos que desfilaron a la largo del debate que concluirá después de las 13, cuando se de a conocer el veredicto.

Con información de agencias.

IG

Una inspección realizada en la celda del penal de Marcos Paz que ocupa el jefe de la narcobanda rosarina “Los Monos”, Ariel “Guille” Cantero, sirvió para encontrar otra vez un teléfono fijo a su disposición, por lo que la interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF) realizó una denuncia penal contra el personal del organismo, informaron fuentes oficiales.

Según un comunicado del SPF, se trata del mismo teléfono público que había sido hallado dentro de la celda de Cantero el 23 de agosto y que en la nueva requisa realizada las últimas horas volvió a encontrarse a disposición del jefe de la narcobanda.

Cantero permanece alojado en una celda del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, donde cumple condena por homicidios y venta de drogas, entre otros delitos.

El SPF señaló a través de un comunicado que “se encontró nuevamente el teléfono público del pabellón dentro de la celda de Ariel Máximo Cantero”.

El jefe de “Los Monos” está siendo juzgado, justamente, por ordenar desde la cárcel al menos siete balaceras contra domicilios de jueces y edificio judiciales ocurridas en 2018.

Ante esta situación la interventora del SPV, María Laura Garrigós de Rébori, “decidió presentar una denuncia penal y proceder a la suspensión y apertura de un nuevo sumario de los agentes penitenciarios responsables de la custodia y seguridad del pabellón en el que se encuentra cumpliendo condena el señor Cantero”, informó el organismo.

El 23 de agosto pasado, por orden del fiscal de la ciudad de Rosario, Franco Carbone, la policía de DDI de Luján allanó la celda de Cantero y encontró un teléfono fijo conectado a un largo cableado que provenía del pasillo, donde los reclusos hacen uso del teléfono público que garantiza su derecho a la comunicación con el exterior.

Carbone es el fiscal que investiga la última balacera al Centro de Justicia Penal de Rosario, ocurrida un día antes del inicio del juicio a Cantero y otras seis personas por 12 ataques a tiros a domicilios de magistrados y edificios del Poder Judicial.

El SPF explicó entonces que se trataba del teléfono público del pabellón, aunque el aparato fue encontrado en la celda del jefe de “Los Monos”, en la que está solo.

Garrigós de Rébori inició un sumario interno por el hallazgo y “suspendió a los agentes penitenciarios responsables de la seguridad de ese pabellón y del área requisa de la unidad”, informo el SPF.

Voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe dijeron a Télam que la requisa de ayer obedeció a un nuevo allanamiento solicitado por el fiscal Carbone.

“Se secuestraron algunos papeles con anotaciones que se analizarán, pero el tema es que volvieron a encontrar el teléfono”, señaló la fuente consultada.

Desde el MPA indicaron que comprenden el derecho de comunicación que poseen los reclusos, pero cuestionaron que un preso con el perfil de Cantero disponga de un aparato fijo en su celda.

De las siete condenas que le dictaron al jefe de “Los Monos”, que en total suman 62 años –sin unificar-, cinco fueron por delitos que cometió desde la cárcel a través de comunicaciones con el exterior, que fueron ejecutados por miembros de la organización criminal.

Cantero está detenido desde el 21 de junio de 2013 cuando se entregó a la Policía de Rosario, mientras tenía pedido de captura en una causa por homicidio y asociación ilícita por la que, finalmente, fue condenado a 22 años de prisión en abril de 2018.

Con información de Télam.

IG

Los investigadores del último ataque a tiros contra el frente de la sede del Centro de Justicia Penal de Rosario, ocurrido el jueves de la semana pasada, hallaron un teléfono de línea en la celda que ocupa Ariel “Guille” Cantero, el jefe de la narcobanda “Los Monos”, en la Unidad Penitenciaria de Marcos Paz.

Fuentes del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe aseguraron que el hallazgo se produjo en las últimas horas tras una requisa realizada en el celda de Cantero en Marcos Paz, solicitada por el fiscal de Rosario, Franco Carbone, ante la sospecha de que fue ese preso el que instigó la última balacera contra la sede judicial el día previo al inicio del juicio oral que lo tiene como uno de los acusados de otros 12 ataques a tiros contra edificios judiciales y viviendas de jueces.

“Lo vamos a agarrar al juez”, el audio con amenazas a un magistrado

Un llamado anónimo para advertir que si no soltaban a los integrantes de “Los Monos” iban a matar a un juez, fue una de las pruebas exhibidas hoy en el juicio por 12 balaceras a edificios judiciales que se le sigue a Ariel “Guille” Cantero, líder de esa narcobanda, a quien tres años después de esa amenaza le requisaron su celda en la cárcel de Marcos Paz y le encontraron un teléfono de línea.

“Somos acá la banda de los Cantero. A 'Los Monos' suéltenlos porque lo vamos a agarrar al juez”, comienza la amenaza realizada al 911 el 29 de mayo de 2018, en referencia al juez Ismael Manfrín, uno de los magistrados que había condenado a integrantes de esa banda criminal y a quien un día antes de la llamada le balearon dos de sus domicilios particulares. Y continúa: “Al juez le reventamos toda la casa y lo matamos, lo vamos a secuestrar, esto lo estamos diciendo ahora en vivo”.

La noche previa, desconocidos habían baleado los frentes de dos domicilios vinculados al magistrado, uno situado en Italia al 2100 y otro en Montevideo al 1000, con aproximadamente 20 minutos de diferencia.

Esa prueba es una de las que exhibieron hoy los acusadores en la segunda audiencia del juicio que se le sigue a Ariel “Guille” Cantero y a otros seis integrantes de la banda que lidera: Matías César, Lucía Uberti, Daniel Delgado, Leandro Olivera, Leonel Fernández y Damián Chávez.

En esta oportunidad, Cantero no presenció del debate desde la celda que ocupa en el Complejo Penitenciario Federal 2 de Marcos Paz, debido a que tenía asignada una visita de su esposa.

Precisamente, durante esta mañana, en una requisa realizada por personal de la Policía bonaerense en la celda de Cantero fue hallado un teléfono de línea que funcionaba como Prepago.

La requisa fue solicitada por los titulares de la Unidad de Flagrancias de Rosario, los fiscales Franco Carbone y Federico Rébola, ante la sospecha de que fue Cantero el que instigó la última balacera contra la sede judicial ocurrida el jueves último, es decir el día previo al inicio del juicio oral que lo tiene como uno de los acusados de otros 12 ataques a tiros contra edificios judiciales y viviendas de jueces.

“En las requisas es habitual que se encuentren teléfonos celulares o chips de celulares, pero nunca teléfonos de línea”, dijo a Télam un investigador que agregó que los fiscales pidieron ahora un peritaje para establecer las llamadas entrantes y salientes de esa línea.

Si bien la aparición de ese teléfono de línea en la celda de Cantero no está vinculado a los 12 ataques a balazos que están siendo juzgados desde el viernes en Rosario, los investigadores quedaron sorprendidos con el hallazgo ya que la principal sospecha apunta a que el jefe de “Los Monos” fue el instigador desde la cárcel de todos las balaceras.

Durante la primera jornada del juicio realizada el viernes pasado, “Guille” había manifestado ante el tribunal que lo juzga que se dedica a contratar “sicarios para tirar tiros a jueces”, cuando fue consultado formalmente acerca de su oficio o profesión.

En esa audiencia de apertura del debate que se desarrolla bajo una modalidad virtual para los acusados y presencial para los jueces, fiscales y abogados convocados en el Centro de Justicia Penal de Rosario, los representantes del Ministerio Público adelantaron el pedido de penas para los siete acusados, que varían entre 24 y 9 años y medio de prisión.

Los fiscales del caso, Matías Edery, Gastón Ávila, Miguel Moreno y Aníbal Vescovo imputan a los detenidos 12 ataques a tiros contra edificios judiciales y domicilios de magistrados y funcionarios en 2018.

El juicio se inició con un fuerte operativo de seguridad para el que se desplegaron 70 móviles y 250 efectivos, varios de ellos de las Tripas de Operaciones Federales (TOE) apostados en los techos del edificio del Centro de Justicia Penal, que la noche del pasado miércoles fue atacado a balazos.

El debate está a cargo de los jueces Hebe Marcogliese, Rafael Coria y Pablo Pinto y se estima que se extenderá durante varias jornadas.

Con información de agencias.

IG

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Jorge Lagna, dijo este viernes que 250 policías y 70 patrullas fueron asignados para brindar seguridad durante el juicio que se inició en Rosario a integrantes de la banda criminal “Los Monos” y que hay entre “20 y 30 objetivos” para custodiar ante la amenaza de que puedan ser víctimas de algún atentado.

En la puerta del Centro de Justicia Penal de Rosario, que la noche del pasado miércoles fue atacado a tiros y donde esta mañana comenzó el juicio a el líder de la banda, Ariel “Guille” Cantero, y otros seis acusados, Lagna dijo que el tema del delito complejo y de la narcocriminalidad en Rosario es “de larga data”.

En tanto, al referirse a Cantero, expresó que “tiene condenas firmes por más de 60 años”, lo que implica que “va a tener toda su vida adentro de un penal”.

Al respecto, Lagna aseguró al canal TN que existe “un problema de violencia afuera generado desde adentro de las cárceles”, por lo que es necesario realizar un fuerte trabajo con el Servicio Penitenciario.

Sobre las tareas de prevención, el ministro explicó que se trabaja sobre un programa y que para este juicio se elaboró un plan especial, ya que se trataba de un debate de “riesgo extremo”, por lo cual se decidió hacerlo de manera virtual con los imputados.

“Iba a ser presencial este juicio, pero elaboramos informes y, como era de riesgo extremo, se trocó a un juicio virtual, ya que, de lo contrario, había que movilizar siete imputados, más de 100 testigos, jueces fiscales y demás”, explicó.

Lagna dijo que además de la sede judicial existen “20 o 30 objetivos entre inmuebles y seres humanos”, lo cual “insume que toda la policía de distintas áreas esté trabajando en este tema”.

Además, informó que consensuó con el presidente de la Corte Suprema santafesina que se alargaran las jornadas de las audiencias para acortar el juicio.

“Tenemos que ocuparnos; es una gran preocupación en la familia judicial sobre todo; esto deviene de 2018 con 15 balaceras en distintos centros públicos. Este plan de prevención va a seguir aún terminado el juicio y leída la sentencia ”, completó.

Con información de agencias.

IG

El líder de la banda criminal “Los Monos”, Ariel 'Guille' Cantero, dijo este viernes que contrata “sicarios para tirar tiros a jueces” cuando el tribunal que lo juzga por siete de los diez atentados contra edificios judiciales y domicilios de funcionarios del área de Justicia le pidió sus datos personales y le preguntó por su oficio o profesión.

“Oficios varios. Contrato sicarios para tirar tiros a jueces”, dijo Cantero, en tono casual a los magistrados.

El audio de la declaración de Cantero fue reproducido a la prensa que asiste al juicio virtual en una sala contigua a la 10, donde se desarrolla el debate con la presencia de los jueces los fiscales y los defensores.

A poco de iniciarse la audiencia, los jueces preguntaron a cada uno de los siete acusados sus datos filiatorios y cuando llegó el turno de Cantero escucharon su respuesta irónica frente a los cargos que se le atribuyen, justamente, por intimidación y atentados planeados desde prisión contra integrantes del Poder Judicial.

La audiencia transcurre en medio de un clima enrarecido, pedido de explicaciones entre los distintos organismos del estado y un informe del Ministerio de Seguridad, que avisó de un posible ataque armado al edificio judicial, lo que se concretó este miércoles por la noche, según consigna el sitio elciudadanoweb.com.

Los hechos que le adjudican a un grupo liderado por Ariel Máximo “Guille” Cantero, líder de Los Monos y señalado como ideólogo de los ataques en venganza de las condenas impartidas por la Justicia a su organización, son diez, según un testigo de identidad.

Para la Fiscalía, Cantero -que cuenta con seis condenas por diversos delitos– digitaba desde la cárcel estos ataques -Al menos siete atentados, de los diez investigados- para amedrentar y condicionar a funcionarios judiciales y de esta manera afectar la administración de Justicia.

El debate comenzó poco antes de la 9 de la mañana. Está a cargo del tribunal conformado por los jueces Hebe Marcogliese, Rafael Coria y Pablo Pinto y se estima que se extenderá durante varias jornadas a lo largo de cuatro semanas.

El fiscal Miguel Moreno fue consultado sobre la frase desafiante que pronunció “Guille” Cantero en su presentación: “Lo dijo voluntariamente; obviamente tiene un impacto en nuestra teoría del caso y en algún momento vamos a explotarlo, pero más allá de lo que haya dicho Cantero, lo que habla aquí son las pruebas, no una autoinculpación”.

Los fiscales del caso, Matías Edery, Gastón Ávila, Moreno y Aníbal Vescovo, adelantaron que pedirán la pena de 24 años de prisión para Cantero por considerar que los ataques “tuvieron como propósito intimidar a los integrantes del Ministerio Público de la Acusación en particular y del Poder Judicial en general, a fin de impedir el normal desarrollo de sus funciones”, según publica la agencia Télam.

Los siete imputados llegaron al debate oral detenidos, aunque no todos por las balaceras. Algunos de ellos están con prisión preventiva por otros delitos. Cantero se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario de Marcos Paz, mientras que Leandro Daniel Olivera, Damián Oscar Chávez, Matías Nicolás César, Daniel Alejandro “Teletubi” Delgado, Leonel Alejandro Fernández se encuentran en la Unidad 11. En tanto, Lucía Estefanía Uberti permanece recluida en la Unidad 5 de Mujeres de Rosario.

Con información de Télam y elciudadanoweb.com.

IG