Samuel Niqueas Medina, más conocido como el “Gordo Samu”, era yerno de Ariel “Guille” Cantero. Lo acribillaron poco antes de la medianoche de este martes cuando conducía un auto en el que también iba otro joven que resultó herido. Los agresores dispararon al menos 16 veces contra el vehículo en la colectora de Circunvalación Juan Pablo ll y Dr José Maria Fernández, en la zona norte de Rosario. Medina tenía 24 años. Una foto lo hizo conocido en plena pandemia: la que se sacó, haciendo ostentación de armas largas en plena pandemia, con el trapero Zaramay y tras viralizarse le valió una condena condicional.

Numerosas detonaciones se escucharon alrededor de las 23.50 cerca de la Plaza Lomas de Alberdi. Por las denuncias al 911, personal policial que llegó hasta el lugar encontró un Volkswagen Polo blanco con varios impactos de proyectiles, un hombre tendido al lado y otro en el interior, del lado del volante. El segundo era el Gordo Samu. Los médicos del Sies –el servicio de emergencia médicas de la ciudad– que arribaron en los primeros minutos de este miércoles constataron que había muerto. Su cuerpo presentaba 14 heridas de bala. Quien estaba fuera del vehículo fue identificado como Mateo Julián D., de 18 años. Había recibido un disparo en el brazo izquierdo, pero estaba vivo y lo trasladaron hasta el hospital más cercano, el Eva Perón de Granadero Baigorria.

El sobreviviente del ataque alcanzó a relatar que fueron varias personas en dos motos las que se les acercaron y comenzaron a dispararles.

El caso quedó en principio a cargo del fiscal de la Unidad de Homicidios Luis Schiappa Pietra, quien ordenó las medidas de rigor. Personal de la Policía de Investigaciones levantó de la zona 16 vainas servidas de calibre 9mm, dos plomos deformados y dos encamisados.

Entre las pertenencias secuestradas figuran 35 mil pesos, un reloj inteligente, un celular iPhone, una gorra negra, dos frascos de perfumes de alta gama, la llave del auto, una cadena y dos anillos dorados (uno con el escudo de Rosario Central y el otro con una piedra roja) y dos entradas para el partido en el que poco antes Rosario Central había goleado a Vélez tres a cero.

La figura de Medina se hizo conocida cuando, en enero de 2021, se sacó una foto portando armas largas de guerra junto al trapero Zaramay y otros jóvenes, entre ellos Luis “Lucho” Cantero, hijo del asesinado “Pájaro” Cantero, como parte de la promoción de un trabajo del músico Agustín Carlos Roberto García que se publicó al mes siguiente. Todos los identificados en la imagen fueron condenados entonces, en un juicio abreviado, a dos años de prisión de ejecución condicional.

El “Gordo Samu” estaba en la mira de algunos enemigos. El 27 de noviembre de 2023, la gomería de bulevar Seguí al 3400 que se le adjudicaba aunque figuraba a nombre de un testaferro, fue baleada en un hecho en el que resultó herido un hombre de 70 años que llevaba viandas al comercio.

El 16 de enero siguiente, el mismo negocio fue tiroteado por dos hombres que arribaron en una moto, circunstancia en que seis de los disparos alcanzaron a Ramón de la Cruz Navarro, un cliente de 55 años que se había acercado para reparar una cubierta de su vehículo y resultó muerto.

El “Gordo Samu” era pareja de Paula Bay, hija de Vanesa Barrios, la mujer del actual líder de Los Monos.

De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Seguridad de la Nación, a principios de septiembre Rosario acababa de cumplir un récord sin homicidios desde 2013. Llevaba todo un mes sin un asesinato. Según el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra Patricia Bullrich el descenso en la tasa de homicidios se debió a la implementación del llamado Plan Bandera.

Hoy, en declaraciones a Cadena 3, Pullaro dijo: “Este caso está en pleno proceso de investigación. (Medina) era una persona que había tenido una condena en un juicio abreviado por exhibición de armas de fuego, en 2021, y (su homicidio) se va a investigar”.

Este artículo fue publicado originalmente en El Ciudadano Web https://www.elciudadanoweb.com/

Cuatro integrantes de la narcobanda “Los Monos” fueron condenados hoy a penas de entre 17 y 29 años de cárcel por el crimen de Enrique Encino (64), contador asesinado en enero de 2020 durante una balacera contra el Casino City Center de la ciudad de Rosario. Así lo determinó este viernes al mediodía el tribunal penal de primera instancia integrado por los jueces Gonzalo Fernández Bussy, Rodrigo Santana y Aldo Bilbao Benítez.

El jefe de la banda criminal Ariel Máximo “Guille” Cantero fue sentenciado a 17 años de prisión como “instigador” de la balacera que tenía como objetivo extorsionar a las autoridades del Casino para conseguir dinero. Así, acumula ya una pena total de 113 años y 8 meses ─que cumplirá en el penal de Marcos Paz donde está alojado actualmente─ por múltiples delitos que incluyen amenazas, homicidios, secuestro extorsivo, atentados, asociación ilícita y narcotráfico.

Por su lado, el lugar teniente de Cantero, Maximiliano “Cachete” Díaz fue condenado a 29 años de cárcel por haber contratado al sicario que llevó a cabo el crimen y conseguido los vehículos necesarios para tal fin. Penas menores recibieron Caros Damián “Toro” Escobar (17 años de prisión) y Otniel De León Almonte (18 años) por ser uno de los estrategas del ataque y efectuar los disparados mortales, respectivamente.

“A Cantero solamente lo hemos imputado el homicidio, en cambio, a Díaz le hemos imputado una serie de cinco extorsiones (una consumada y cuatro intentos) más la organización de la sociedad ilícita y el homicidio, por eso obtuvo una condena tan alta”, explicó el fiscal Luis Schiappa Pietra.

Durante el juicio, los investigadores demostraron mediante escuchas telefónicas que Cantero ordenó, el 11 de enero de 2020, alrededor de las 22.30 horas, desde la cárcel, que dos personas a bordo de una moto dispararan contra el lateral del casino que se encuentra ubicado en la calle Moreno al 6400. Escobar colaboró con la organización del ataque y delegó en Díaz la tarea de reclutar gatilleros y vehículos para llevar adelante el delito. De León Almonte fue uno de esos gatilleros.

Los imputados también deben afrontar cargos por una serie de extorsiones a sindicatos y comercios junto a Rodrigo Ortigala, sentenciado a un año y seis meses de prisión.

ACM con información de agencias

El mapa del narcotráfico en Argentina tiene actualmente tres focos principales, una casta de narcos que está siempre un paso adelante de las autoridades y un Estado incapacitado para coordinar políticas que contengan la problemática, según funcionarios, magistrados y especialistas consultados por elDiarioAR este semana.

Si bien el narcotráfico se extienden en todo el país desde hace décadas, la fotografía que hoy tiene la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) muestra tres focos más calientes por el nivel de actividad localizada: Rosario, el Conurbano bonaerense y Misiones, por la frontera con Paraguay y Brasil. 

Otros años, la región noroeste, especialmente Salta y Jujuy, en la frontera con Bolivia, eran uno de los puntos geográficos más problemáticos, y si bien, el narco sigue activo en la zona, distintas investigaciones judiciales pusieron demasiados ojos en la región y habrían aplacado un poco la actividad, confió a este medio uno de los fiscales que trabaja en el territorio. 

En estos tres puntos geográficos (Buenos Aires, Rosario y Misiones), el narco no sólo tiene presencia local sino que las provincias son parte de las rutas del tráfico de cocaína y marihuana, las principales drogas que se comercializan en el país. Rutas entre las provincias y desde países limítrofes. Formosa se suma a la red de rutas, entre otras provincias, según el último informe de gestión de Procunar (2020). Argentina es también ruta hacia Europa para la exportación ilegal.

El análisis de la fiscalía surge de 312 investigaciones en las que la Procunar intervino en 2020, pero también de otras decenas de causas en las que viene interviniendo desde años anteriores. En total, entre 2013 y 2020, participó en 1.794 causas de narcocriminalidad en todo el país.

Lo que más les cuesta a las autoridades es ponerse de acuerdo, según quedó en evidencia en las consultas realizadas. Coordinar políticas entre el Estado Nacional y las provincias, y entre los distintos poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) parece una odisea y la consecuencia es el pase de facturas y responsabilidades entre unos y otros.

Las maniobras fueron planificadas o llevadas a cabo desde el interior de los establecimientos penitenciarios.

Informe de la Procuración General de la Nación.

En septiembre último, un informe de la Procuración General de la Nación identificó 19 casos de jefes de bandas narco que seguirían manejando el negocio desde las cárceles del país –tanto federales como provinciales–, donde se encuentran cumpliendo condenas o con prisión preventiva, de acuerdo con el documento publicado en la web oficial.

El informe, en el que participaron cinco fiscales federales de distintos puntos del país, la Procunar, la Procuraduría de Violencia Institucional, la Unidad Fiscal de Ejecución Penal, la Asociación de Fiscales y funcionarios del Ministerio Público Fiscal fue elevado por el procurador Eduardo Casal al Ministerio de Justicia de la Nación, pero desde el Ejecutivo, que tiene bajo su poder el control del Servicio Penitenciario Federal, sostienen que “se toman todas las medidas de prevención posibles dentro de la ley y la Constitución Nacional” y que las restricciones en las cárceles tocaron techo. 

En el documento, los fiscales denunciaron maniobras “concretas de tráfico, transporte y comercialización de estupefacientes y de otros graves delitos vinculados (como el lavado de activos, homicidios, secuestros extorsivos, amenazas, amenazas coactivas o tenencia y tráfico de armas de guerra), que fueron planificadas o llevadas a cabo desde el interior de los establecimientos penitenciarios”.

“Estas personas también habían sido previamente condenadas por haber cometido otros delitos desde el interior de las cárceles y pese a ello pudieron repetir esos patrones de conductas criminales”, sostuvo el informe. Los 19 casos fueron identificados en el informe.

La actividad identificada por los fiscales en cárceles como Ezeiza o Marcos Paz; la Unidad 6 de Rawson; unidades de Chaco, Ciudad de Buenos Aires y Misiones; así como complejos de Salta, Santa Fe y La Matanza, entre otros, no sólo incluye el manejo del negocio narco sino también de “lavado de activos, homicidios, secuestras extorsivos, amenazas coactivas o la tenencia y  tráfico de armas de guerra y municiones”. Los fiscales se basaron en escuchas telefónicas a los investigados, entre otras medidas de prueba en sus respectivas causas. 

“El problema es el territorio”, responden desde el Ejecutivo ante la consulta. “Se realizan requisas en busca de los celulares, se sanciona a los penitenciarios ante presuntas irregularidades y se monitorea con cámaras las 24 horas. El Ejecutivo hace todas las medidas que nos sugieren los fiscales en el documento”, agregó la fuente oficial.

Es el poder Judicial es que tiene que solicitar ese tipo de restricciones al Ejecutivo.

Postura del Ejecutivo ante la consulta sobre el informe de la Procuración.

En el Ejecutivo, contaron el ejemplo de Ariel Máximo “Guille” Cantero, jefe de Los Monos, uno de los 19 líderes señalados en el informe. “Está condenado a 67 años de prisión, le hacen requisas semanales y está alojado solo en un pabellón para 20 plazas, sin contacto con otros detenidos para evitar que los maneje. Lo custodia un grupo especial del Servicio. El año pasado le encontraron un celular y suspendieron y sumariaron a 36 penitenciarios”, respondió la fuente. 

Comunicaciones

Para concretar las maniobras desde las cárceles, los jefes de las bandas, como Los Monos (Rosario), los grupos de Marcos Estrada González en la 1-11-14 (Ciudad y provincia de Buenos Aires) o del Primer Comando de Frontera (Misiones), “utilizaban medios de comunicación (teléfonos celulares y teléfonos de los pabellones)” o lo hacían “a través de personas tanto de adentro como del exterior y hasta coordinación entre personas detenidas en diversos penales”, sostiene el informe. “En algunos casos, no puede dejar de suponerse una posible connivencia de parte de los agentes del servicio penitenciario” en la facilitación o habilitación del uso de teléfonos celulares, indicó el informe de la Procuración.

“En algunos casos, los establecimientos penitenciarios presentaron niveles de seguridad que no resultaron adecuados para prevenir los riesgos inherentes a la peligrosidad de los internos allí alojados”, sostuvieron los fiscales y funcionarios del Ministerio Público Fiscal. 

“Después de encontrarle a Cantero el celular, se puso el teléfono del pabellón en el patio, donde tiene escaso acceso porque lo usaba permanentemente al ser el único en el pabellón. Quitarle acceso total al teléfono del pabellón y prohibirle las visitas es ilegal y anticonstitucional y ningún juez lo solicita formalmente. Es el poder Judicial es que tiene que solicitar ese tipo de restricciones al Ejecutivo”, respondió la fuente gubernamental consultada. 

En los próximos días, el Servicio Penitenciario Federal recibirá también a un hijo de 19 años de Cantero y a su esposa, a quienes alojará en distintas dependencias, confirmó la persona consultada.

El Conurbano

El partido de San Martín, en el norte del Gran Buenos Aires, tiene su propio esquema narco: bandas propias, división y disputa del territorio, según distintas investigaciones fiscales y judiciales. La semana última, fue el centro de las alarmas por el caso de la cocaína adulterada, que le costó la vida a 24 personas y afectó a decenas de consumidores, según actualizó este sábado la agencia Télam. 

Necesitamos reformar la ley de drogas.

Fuente oficial gobierno de la provincia de Buenos Aires.

La primera hipótesis del caso apuntó a un supuesto boicot entre grupos por el control del negocio. Con los días, las autoridades lo descartaron, como publicó elDiarioAR. Surgió la teoría de un error del “cocinero” al cortar la droga con una sustancia que no supo manejar -supuestamente el fentanilo, según las autoridades- y una presunta prueba para introducir este opiáceo que hace estragos en los Estados Unidos y se cobra la vida de decenas de miles de personas.

“No se puede entender la situación actual en la provincia sin explicar primero el quiebre que generó el cambio de la legislación en 2005”, sostuvo una fuente oficial ante la consulta de elDiarioAR. “Fue cuando se desfederalizó la tenencia simple de estupefacientes, y la policía y la Justicia locales pasaron a ocuparse sólo del narcomenudeo, es decir, del narco a baja escala”. 

Entonces, el narcotráfico a gran escala quedó a cargo de los tribunales federales en territorio provincial (Lomas de Zamora, San Martín, Morón, etc. etc.) con intervención de las fuerzas de seguridad federales. “Eso se interpretó como un paso adelante pero hoy creemos que fue un error: se cortaron los grandes procedimientos de drogas”, agregó la fuente, quien asegura que Sergio Berni apuesta a tender nuevamente los puentes entre el ministerio de Seguridad bonaerense y la Justicia federal.

“El resultado fue una enorme caja para la Bonaerense, con control del territorio, y se rompió la cadena de información. En otras provincias, como Córdoba, sucedió algo similar. Necesitamos reformar la ley de drogas”, aseguró la fuente. 

En la Procuración, una fuente respondió: “En algunos puntos de la provincia de Buenos Aires, la coordinación entre Justicia provincial y federal funciona; en otros, no. Se hicieron nueve mesas de intercambio de información desde 2019 entre fiscales provinciales y federales. Los efectos negativos de la desfederización se neutralizan con coordinación. Lo mismo se está haciendo en Salta”, agregó.

Una década caliente

En Rosario, concuerdan con el informe de Procelac: los capos siguen manejando desde las cárceles, reconocieron fuentes consultadas con acceso a las investigaciones.

El narco en Rosario adquirió magnitud hace más de una década, pero comenzó a gestarse a finales de los años 90, explicaron a elDiarioAR fuentes que trabajan diariamente en contacto con la problemática y cuyas identidades se reservan por razones de seguridad. Fue cuando la comunidad internacional estableció restricciones en la importación y comercialización de los precursores químicos en países productores de hoja de coca  (Colombia, Perú y Bolivia) y el narcotráfico buscó la flexibilidad argentina para conseguir estas sustancias clave en la elaboración de la cocaína.

Algunos precursores se utilizaban, por ejemplo, para la industria frigorífica y en Argentina se importaban y comercializaban sin control. Así que el narco trajo las cocinas al sur de Sudamérica: traían la pasta base y la refinaban en el país, donde conseguían con facilidad las otras materias primas.

Rosario ofreció un combo de atracción, profundizó otra fuente consultada en la provincia de Santa Fe: se presupone que primó la posibilidad de entrar y sacar la droga por el puerto, la hidrovía, aviones o tierra; los servicios de profesionales como abogados, contadores y un centro financiero presente por el mercado de cereales; la pobreza; y otra particularidad de la ciudad: es un importante centro urbano pero no es capital de la provincia y por ende no tiene al centro del poder en el territorio.

El narco en la ciudad santafesina no sólo implicaría la comercialización de cocaína y marihuana, tanto para la exportación y, en menor medida, para el consumo interno e interprovincial. Implicaría lavado de dinero dentro del sistema financiero y económico local -comenzó a haber más dinero circulando-; conlleva complicidad en sectores de la policía, la justicia y la política; el desarrollo de otras actividades ilegales como juego clandestino -justamente para el blanqueo de capitales de la droga y la diversificación de los negocios-, la extorsión -impuesto a la protección a comerciantes, por ejemplo-; y sicariato.

Utilizaban medios de comunicación (teléfonos celulares y teléfonos de los pabellones) personas tanto de adentro como del exterior y hasta coordinación entre personas detenidas en diversos penales.

Informe de la Procuración sobre narcocriminalidad en las cárceles.

La pobreza y la posibilidad de hacer dinero rápido convirtieron a Rosario en el foco más caliente de la narcocriminalidad: a muchos jóvenes no les importa si los asesinan antes de los 30 si la alternativa es vivir sumidos en la pobreza otros 50 años. 

Las bandas se distribuyen el territorio pero la gestión de ese territorio es sumamente compleja. El resultado: en 2021, se registraron 241 homicidios en la ciudad, el 67,3% de los asesinatos cometidos en la provincia de Santa Fe, de acuerdo con el Observatorio de Seguridad Pública provincial. La cifra es similar en años anteriores.

Ese número gigante está geográficamente concentrado. Alrededor del 80% de los homicidios se concentraría en un 10% o 15% del territorio de la ciudad: el más pobre, donde controlan las bandas, afirmó una fuente consultada en la provincia. Sin embargo, el lavado de activos se realizaría en las zonas más pudientes, donde hay dinero y donde operan los financistas, abogados y contadores del narco.

Eldorado

La principal preocupación sobre el territorio de Misiones en el Ministerio Público Fiscal surgió por una investigación desarrollada entre septiembre y diciembre de 2020. La Procunar se enfocó en el Primer Comando de Frontera (PCF), una organización narcocriminal transnacional que mantiene vínculos con las facciones de crimen organizado brasileras conocidas como Primer Comando da Capital (PCC), Comando Vermelho y Bala Na Cara, según el último informe de gestión de la fiscalía especializada.  

“La investigación permitió establecer que esta estructura ilícita era comandada por una persona desde el interior del Complejo Penitenciario Nº 1 de Ezeiza, donde se encontraba detenido por tres casos de  homicidio, maniobras de narcotráfico y planes para atentar contra la vida de un juez de instrucción de Posadas, provincia de Misiones, que lo investiga por uno de esos hechos”, informó Procunar. 

Las intervenciones telefónicas permitieron incautar 11.204 kilogramos de marihuana y 32 kilogramos de cocaína en dos meses. “La organización tenía su centro de operación en Misiones, montó una estructura en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires y contaba con operadores en la República del Paraguay y el Estado Federativo de Brasil”. 

Ante la consulta de elDiarioAR, en la gobernación de Misiones declinaron dar su versión y sostuvieron que lo que ocurre en las fronteras es responsabilidad de las fuerzas federales.

ED

El líder de la banda narcocriminal “Los Monos”, Ariel “Guille” Cantero, fue condenado este jueves a 22 años de prisión por balaceras cometidas en 2018 contra domicilios de funcionarios y sedes judiciales de Rosario en 2018, pena que se le unificó en 28 años por una condena previa que tenía.

Al término del juicio oral que se llevó a cabo bajo una modalidad semipresencial en el Centro de Justicia Penal de Rosario, el Tribunal a cargo del debate encontró a Cantero responsable de siete de los diez ataques que se cometieron hace tres años en Rosario.

Cantero enfrentó el séptimo juicio de su carrera criminal y escuchó el veredicto desde las 13 en boca de los mismos jueces a quienes enfrentó de manera amenazante en la primera audiencia, cuando en cumplimiento de una formalidad procesal le preguntaron por su actividad, y les respondió: “Contrato sicarios para tirarle tiros a los jueces”.

Los fiscales del juicio, Miguel Moreno, Matías Edery, Aníbal Vescovo y Gastón Ávila, pidieron al tribunal una pena de 24 años de prisión para el líder de “Los Monos”, mientras su abogado defensor solicitó la absolución o, en caso de ser condenado, un castigo de 6 años y 8 meses de privación de la libertad.

El tribunal, integrado por los jueces Hebe Marcogliese, Rafael Coria y Pablo Pinto, leyó la sentencia en el Centro de Justicia Penal de Rosario durante una audiencia semipresencial, ya que si bien estuvieron en la sala los abogados y los fiscales, todos los acusados lo hicieron de manera virtual desde sus lugares de detención.

Cantero, de 32 años, ya fue condenado en otras seis oportunidades por delitos como homicidio, amenazas, portación ilegal de armas, secuestro extorsivo y narcotráfico, por los que acumuló penas por 62 años que aún no fueron unificadas.

Cuatro de esas condenas fueron por delitos cometidos mientras estaba en prisión, situación que no menguó significativamente su actividad criminal.

En este juicio estuvo acusado junto a otras seis personas de balear durante 2018 exdomicilios de los jueces que integraron el tribunal que lo condenó ese año a 22 años de cárcel; viviendas de camaristas y edificios del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

En su alegato final, los fiscales también pidieron la pena de 24 años para Matías César y su novia, Lucía Uberti; 13 años para Daniel “Teletubi” Delgado -condenado por el triple crimen de militantes sociales de Rosario- y Leandro Olivera; 12 para Leonel Fernández y 9 y seis meses para Damián Chávez.

Para los acusadores, Cantero ideó desde la cárcel al menos 7 de los 10 ataques ocurridos aquel año, con el presunto objetivo de “tener como propósito alguna medida o concesión de un miembro del poder público”.

Los investigadores señalaron que, con ese fin, el líder de la banda “Los Monos” tenía por debajo suyo a tres organizaciones que cometían, en forma directa o a través de terceros, los atentados que él dictaba.

Por eso fue acusado de “amenazas coactivas agravadas por ser anónimas, por la utilización de un arma de fuego y en concurso ideal con daño calificado”.

En la primera jornada del proceso oral, cuando los jueces le preguntaron por su actividad, Cantero respondió: “Contrato sicarios para tirar tiros a los jueces”, frase que su abogado interpretó como “una ironía” por su “desconfianza en el Poder Judicial”.

El día anterior al comienzo del juicio, el Centro de Justicia Penal donde se desarrollan las audiencias, volvió a ser baleado por dos personas que tiraron desde una moto, lo que motivó una ampliación del servicio de seguridad en la zona y de la custodia de “objetivos judiciales”.

“Guille” Cantero está detenido desde junio de 2013, cuando se entregó a la Policía de Rosario, quien lo buscaba por el asesinato del dueño de un boliche bailable en venganza por el crimen de su hermano y antiguo jefe de “Los Monos”, Claudio “Pájaro” Cantero.

Por ese hecho y como organizador de una asociación ilícita, fue condenado en abril de 2018 a 22 años de cárcel, en el primer juicio a “Los Monos” que terminó con altas penas para la mayoría de los miembros de la banda del barrio Las Flores de Rosario.

El dispositivo de seguridad

Un total de 250 efectivos en 98 puestos fijos y móviles fueron destinados para brindar seguridad durante la última jornada del juicio al líder de la banda narcocriminal “Los Monos”, Ariel “Guille” Cantero y a otros seis acusados por balaceras cometidas contra domicilios de funcionarios y sedes judiciales durante 2018, informó el Ministerio de Seguridad de Santa Fe.

“Hay un total de 250 policías y 70 patrulleros”, custodiando el Centro de Justicia de Rosario y los alrededores, además de algunos otros objetivos fijos, indicaron a Télam voceros de la cartera que conduce Jorge Lagna.

Las fuentes detallaron que en esos 98 dispositivos distribuidos en puestos móviles y fijos hay efectivos de distintas dependencias y unidades de las fuerzas de seguridad santafesinas para garantizar la seguridad tanto de los funcionarios judiciales como de los más de 100 testigos que desfilaron a la largo del debate que concluirá después de las 13, cuando se de a conocer el veredicto.

Con información de agencias.

IG

Los investigadores del último ataque a tiros contra el frente de la sede del Centro de Justicia Penal de Rosario, ocurrido el jueves de la semana pasada, hallaron un teléfono de línea en la celda que ocupa Ariel “Guille” Cantero, el jefe de la narcobanda “Los Monos”, en la Unidad Penitenciaria de Marcos Paz.

Fuentes del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe aseguraron que el hallazgo se produjo en las últimas horas tras una requisa realizada en el celda de Cantero en Marcos Paz, solicitada por el fiscal de Rosario, Franco Carbone, ante la sospecha de que fue ese preso el que instigó la última balacera contra la sede judicial el día previo al inicio del juicio oral que lo tiene como uno de los acusados de otros 12 ataques a tiros contra edificios judiciales y viviendas de jueces.

“Lo vamos a agarrar al juez”, el audio con amenazas a un magistrado

Un llamado anónimo para advertir que si no soltaban a los integrantes de “Los Monos” iban a matar a un juez, fue una de las pruebas exhibidas hoy en el juicio por 12 balaceras a edificios judiciales que se le sigue a Ariel “Guille” Cantero, líder de esa narcobanda, a quien tres años después de esa amenaza le requisaron su celda en la cárcel de Marcos Paz y le encontraron un teléfono de línea.

“Somos acá la banda de los Cantero. A 'Los Monos' suéltenlos porque lo vamos a agarrar al juez”, comienza la amenaza realizada al 911 el 29 de mayo de 2018, en referencia al juez Ismael Manfrín, uno de los magistrados que había condenado a integrantes de esa banda criminal y a quien un día antes de la llamada le balearon dos de sus domicilios particulares. Y continúa: “Al juez le reventamos toda la casa y lo matamos, lo vamos a secuestrar, esto lo estamos diciendo ahora en vivo”.

La noche previa, desconocidos habían baleado los frentes de dos domicilios vinculados al magistrado, uno situado en Italia al 2100 y otro en Montevideo al 1000, con aproximadamente 20 minutos de diferencia.

Esa prueba es una de las que exhibieron hoy los acusadores en la segunda audiencia del juicio que se le sigue a Ariel “Guille” Cantero y a otros seis integrantes de la banda que lidera: Matías César, Lucía Uberti, Daniel Delgado, Leandro Olivera, Leonel Fernández y Damián Chávez.

En esta oportunidad, Cantero no presenció del debate desde la celda que ocupa en el Complejo Penitenciario Federal 2 de Marcos Paz, debido a que tenía asignada una visita de su esposa.

Precisamente, durante esta mañana, en una requisa realizada por personal de la Policía bonaerense en la celda de Cantero fue hallado un teléfono de línea que funcionaba como Prepago.

La requisa fue solicitada por los titulares de la Unidad de Flagrancias de Rosario, los fiscales Franco Carbone y Federico Rébola, ante la sospecha de que fue Cantero el que instigó la última balacera contra la sede judicial ocurrida el jueves último, es decir el día previo al inicio del juicio oral que lo tiene como uno de los acusados de otros 12 ataques a tiros contra edificios judiciales y viviendas de jueces.

“En las requisas es habitual que se encuentren teléfonos celulares o chips de celulares, pero nunca teléfonos de línea”, dijo a Télam un investigador que agregó que los fiscales pidieron ahora un peritaje para establecer las llamadas entrantes y salientes de esa línea.

Si bien la aparición de ese teléfono de línea en la celda de Cantero no está vinculado a los 12 ataques a balazos que están siendo juzgados desde el viernes en Rosario, los investigadores quedaron sorprendidos con el hallazgo ya que la principal sospecha apunta a que el jefe de “Los Monos” fue el instigador desde la cárcel de todos las balaceras.

Durante la primera jornada del juicio realizada el viernes pasado, “Guille” había manifestado ante el tribunal que lo juzga que se dedica a contratar “sicarios para tirar tiros a jueces”, cuando fue consultado formalmente acerca de su oficio o profesión.

En esa audiencia de apertura del debate que se desarrolla bajo una modalidad virtual para los acusados y presencial para los jueces, fiscales y abogados convocados en el Centro de Justicia Penal de Rosario, los representantes del Ministerio Público adelantaron el pedido de penas para los siete acusados, que varían entre 24 y 9 años y medio de prisión.

Los fiscales del caso, Matías Edery, Gastón Ávila, Miguel Moreno y Aníbal Vescovo imputan a los detenidos 12 ataques a tiros contra edificios judiciales y domicilios de magistrados y funcionarios en 2018.

El juicio se inició con un fuerte operativo de seguridad para el que se desplegaron 70 móviles y 250 efectivos, varios de ellos de las Tripas de Operaciones Federales (TOE) apostados en los techos del edificio del Centro de Justicia Penal, que la noche del pasado miércoles fue atacado a balazos.

El debate está a cargo de los jueces Hebe Marcogliese, Rafael Coria y Pablo Pinto y se estima que se extenderá durante varias jornadas.

Con información de agencias.

IG

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Jorge Lagna, dijo este viernes que 250 policías y 70 patrullas fueron asignados para brindar seguridad durante el juicio que se inició en Rosario a integrantes de la banda criminal “Los Monos” y que hay entre “20 y 30 objetivos” para custodiar ante la amenaza de que puedan ser víctimas de algún atentado.

En la puerta del Centro de Justicia Penal de Rosario, que la noche del pasado miércoles fue atacado a tiros y donde esta mañana comenzó el juicio a el líder de la banda, Ariel “Guille” Cantero, y otros seis acusados, Lagna dijo que el tema del delito complejo y de la narcocriminalidad en Rosario es “de larga data”.

En tanto, al referirse a Cantero, expresó que “tiene condenas firmes por más de 60 años”, lo que implica que “va a tener toda su vida adentro de un penal”.

Al respecto, Lagna aseguró al canal TN que existe “un problema de violencia afuera generado desde adentro de las cárceles”, por lo que es necesario realizar un fuerte trabajo con el Servicio Penitenciario.

Sobre las tareas de prevención, el ministro explicó que se trabaja sobre un programa y que para este juicio se elaboró un plan especial, ya que se trataba de un debate de “riesgo extremo”, por lo cual se decidió hacerlo de manera virtual con los imputados.

“Iba a ser presencial este juicio, pero elaboramos informes y, como era de riesgo extremo, se trocó a un juicio virtual, ya que, de lo contrario, había que movilizar siete imputados, más de 100 testigos, jueces fiscales y demás”, explicó.

Lagna dijo que además de la sede judicial existen “20 o 30 objetivos entre inmuebles y seres humanos”, lo cual “insume que toda la policía de distintas áreas esté trabajando en este tema”.

Además, informó que consensuó con el presidente de la Corte Suprema santafesina que se alargaran las jornadas de las audiencias para acortar el juicio.

“Tenemos que ocuparnos; es una gran preocupación en la familia judicial sobre todo; esto deviene de 2018 con 15 balaceras en distintos centros públicos. Este plan de prevención va a seguir aún terminado el juicio y leída la sentencia ”, completó.

Con información de agencias.

IG

El líder de la banda criminal “Los Monos”, Ariel 'Guille' Cantero, dijo este viernes que contrata “sicarios para tirar tiros a jueces” cuando el tribunal que lo juzga por siete de los diez atentados contra edificios judiciales y domicilios de funcionarios del área de Justicia le pidió sus datos personales y le preguntó por su oficio o profesión.

“Oficios varios. Contrato sicarios para tirar tiros a jueces”, dijo Cantero, en tono casual a los magistrados.

El audio de la declaración de Cantero fue reproducido a la prensa que asiste al juicio virtual en una sala contigua a la 10, donde se desarrolla el debate con la presencia de los jueces los fiscales y los defensores.

A poco de iniciarse la audiencia, los jueces preguntaron a cada uno de los siete acusados sus datos filiatorios y cuando llegó el turno de Cantero escucharon su respuesta irónica frente a los cargos que se le atribuyen, justamente, por intimidación y atentados planeados desde prisión contra integrantes del Poder Judicial.

La audiencia transcurre en medio de un clima enrarecido, pedido de explicaciones entre los distintos organismos del estado y un informe del Ministerio de Seguridad, que avisó de un posible ataque armado al edificio judicial, lo que se concretó este miércoles por la noche, según consigna el sitio elciudadanoweb.com.

Los hechos que le adjudican a un grupo liderado por Ariel Máximo “Guille” Cantero, líder de Los Monos y señalado como ideólogo de los ataques en venganza de las condenas impartidas por la Justicia a su organización, son diez, según un testigo de identidad.

Para la Fiscalía, Cantero -que cuenta con seis condenas por diversos delitos– digitaba desde la cárcel estos ataques -Al menos siete atentados, de los diez investigados- para amedrentar y condicionar a funcionarios judiciales y de esta manera afectar la administración de Justicia.

El debate comenzó poco antes de la 9 de la mañana. Está a cargo del tribunal conformado por los jueces Hebe Marcogliese, Rafael Coria y Pablo Pinto y se estima que se extenderá durante varias jornadas a lo largo de cuatro semanas.

El fiscal Miguel Moreno fue consultado sobre la frase desafiante que pronunció “Guille” Cantero en su presentación: “Lo dijo voluntariamente; obviamente tiene un impacto en nuestra teoría del caso y en algún momento vamos a explotarlo, pero más allá de lo que haya dicho Cantero, lo que habla aquí son las pruebas, no una autoinculpación”.

Los fiscales del caso, Matías Edery, Gastón Ávila, Moreno y Aníbal Vescovo, adelantaron que pedirán la pena de 24 años de prisión para Cantero por considerar que los ataques “tuvieron como propósito intimidar a los integrantes del Ministerio Público de la Acusación en particular y del Poder Judicial en general, a fin de impedir el normal desarrollo de sus funciones”, según publica la agencia Télam.

Los siete imputados llegaron al debate oral detenidos, aunque no todos por las balaceras. Algunos de ellos están con prisión preventiva por otros delitos. Cantero se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario de Marcos Paz, mientras que Leandro Daniel Olivera, Damián Oscar Chávez, Matías Nicolás César, Daniel Alejandro “Teletubi” Delgado, Leonel Alejandro Fernández se encuentran en la Unidad 11. En tanto, Lucía Estefanía Uberti permanece recluida en la Unidad 5 de Mujeres de Rosario.

Con información de Télam y elciudadanoweb.com.

IG