El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez denunció en Twitter (o X) la inconstitucionalidad del decreto 780/2024, que reglamenta la ley 27.275 de acceso a la información pública, al considerar que introduce modificaciones que alteran de manera irrazonable su contenido y contravienen el artículo 28 de la Constitución y el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Según Gil Domínguez, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya sostuvo en el caso “CIPECC” (2014) que el acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental, tanto individual como colectivo, y que la información pública “no pertenece al Estado, sino que es del pueblo de la Nación Argentina”.

En esta línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) expresó en diversos fallos que la información no es propiedad del Estado y que su acceso no debe depender de una “gracia o favor” gubernamental.

El jurista argumenta que el decreto 780/2024 contradice estos principios al imponer la figura del “abuso de derecho” para quienes ejerzan el acceso a la información pública, permitiendo a los funcionarios rechazar solicitudes arbitrariamente y perseguir judicialmente a quienes consideren que actúan de “mala fe”.

Asimismo, critica que el decreto excluya información relevante al restringir el concepto de información pública y amplíe las excepciones al acceso a la información bajo pretextos de seguridad y política exterior.

Gil Domínguez concluyó que el decreto representa “un nuevo ejemplo normativo que desconoce la regla de reconocimiento constitucional y convencional argentina”, y atenta contra un derecho esencial para el sistema democrático, buscando silenciar voces divergentes y limitar el pluralismo ideológico.

El gobierno de Milei avanzó este lunes en la modificación de la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública, a través de la redefinición de la terminología y con la limitante al acceso de la información privada. De esta manera, a través del Decreto 780/2024, publicado en el Boletín Oficial, el Presidente busca reforzar la protección de datos “privados” suyos y de sus funcionarios, además de evitar polémicas como la que tuvo lugar hace algunos meses cuando la prensa quiso saber detalles acerca de los perros que viven en Olivos.

Las restricciones implementadas por el Poder Ejecutivo ponen en jaque el espíritu de la ley de acceso a la información pública sancionada en 2016, una herramienta clave para promover la participación ciudadana en la transparencia y el control en la administración pública. La normativa obliga a los tres poderes del Estado, al Ministerio Público, a empresas, partidos políticos, universidades y gremios que reciban aportes públicos, a responder las solicitudes de información que eleve cualquier ciudadano en un plazo no mayor a un mes.

JJD

La Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) es el organismo encargado de garantizar el acceso a la información pública, una instancia administrativa de reclamo a través del cual se gestionaron, entre otros documentos, el registro de los ingresos y egresos a Olivos. La Agencia se encuentra acéfala desde hace más de seis meses: tras la dimisión de Eduardo Bertoni, director desde su creación, el Gobierno propuso a Gustavo Fuertes, abogado cercano al jefe de Gabinete  Santiago Cafiero, como director del organismo, pero su postulación fue impugnada por la oposición, por no ser abierta al público y por la falta de experiencia y trayectoria del candidato en la materia.

La agencia, creada en septiembre del 2017 a través de la Resolución de la Procuración General de la Nación  N° 2757/17, un año después de la sanción de la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, funciona como un nexo entre los pedidos de información de los ciudadanos, particulares o relacionados con los medios, y los ministerios u organismos. “La agencia es una instancia administrativa de reclamo. En el plazo de un mes el ciudadano obtiene la información que está buscando, sin tener que recurrir a la justicia”, explican desde la AAIP. 

Además de la entrega de ingresos y egresos a Olivos, también se tramitaron a través de la AAIP los registros de las entradas al Ministerio de Salud para saber quiénes habían participado del vacunatorio vip y los documentos donde figuran las contrataciones de vacunas. 

La dirección de la agencia, en disputa

“El titular de la AAIP es Gustavo Fuertes”, aseguraron en diálogo con elDiarioAr fuentes de la Jefatura de Gabinete ante la pregunta de quién dirige la Agencia, que depende del organismo. 

Desde la Agencia, sin embargo, lo niegan, y sostienen que están a la espera de que el Ejecutivo nombre a un nuevo candidato. El sitio web del organismo lo refleja: para el día de la fecha, donde debería aparecer la foto del director de la AAIP, hay una advertencia que señala que el puesto está “vacante”. 

“El hecho de que pongas Gustavo Fuertes en el Boletín Oficial y no salte nada lo comprueba: no hay publicado ningún documento designándolo como titular la agencia”, asegura Karina Banfi, diputada nacional de la UCR por la Provincia de Buenos Aires, en diálogo con elDiarioAr. 

En marzo, tras una audiencia pública, la postulación de Fuertes fue impugnada por la oposición.  “No cumple con los requisitos de idoneidad e imparcialidad necesarios para el puesto. No tiene experiencia en los datos públicos”, argumentaron legisladores de Juntos por el Cambio, que aseguran que el proceso de selección no fue abierto al público. 

El Gobierno, sin embargo, hizo caso omiso a estas demandas, insistiendo con la candidatura de Fuertes e incumpliendo los plazos estipulados para el nombramiento del cargo. El mes pasado, en su informe en Diputados, Cafiero evitó dar precisiones sobre cómo sigue el proceso para designar al director de la AAIP, luego de que la oposición, a través de la voz de la diputada Banfi, reclamara la necesidad de un titular. 

“Es necesario que se nombre a alguien idóneo: es un cargo con mucho peso, autárquico y autónomo del Gobierno”, aseguró Banfi. “No están cumpliendo con el requisito de tener un organismo garante del derecho a la información, cosa que supervisa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington”. 

El rol en el “Olivos Gate”

La AAIP fue una pieza clave en el destape del “Olivos Gate”. A través de un pedido de Acceso a la Información Pública, el periodista conocido en Twitter  como @gonziver solicitó a la Secretaria General de Presidencia el registro de las entradas a la Quinta de Olivos. El 18 de junio, en la página web de la AAIP, el periodista hizo un pedido de estos registros “en carácter particular”, como confió días atrás en diálogo con Radio Rivadavia. El 22 de julio, se acercó a la Casa Rosada a que le otorgaran los registros, luego de una prórroga por fuera de los 15 días hábiles para entregar la información. 

Tras el escándalo, la AAIP quedó en el ojo de la tormenta, por ser el vehículo a través del cual se destapó el escándalo. “Nosotros tramitamos reclamos, nada más: no tenemos la información, el que entregó los registros de los ingresos a Olivos es la Secretaria General de la Presidencia”, se defendieron desde la AAIP. 

“En el caso de los ingresos a Olivos, hubo casos donde no se entregó a periodistas la información en el plazo previsto por la ley 27275. Reclamamos, y la Secretaria General entregó estos documentos”, sostienen desde la AAIP sobre su injerencia en el caso de Olivos. 

La Fundación Apolo, que responde a Yamil Santoro, Precandidato a legislador porteño por Juntos por el Cambio, denunció en los últimos días al presidente Alberto Fernandez luego de detectar presuntas adulteraciones en las planillas donde figuraban los ingresos y egresos a Olivos. 

El organismo asegura que cuando se pidió información en octubre del 2020 sobre las visitas a la quinta presidencial, el registro de entradas que fue entregado estaba incompleto, lo que pudieron acreditar con el surgimiento en las últimas semanas de nuevos pedidos de información pública como el de @gonziver. Desde la Fundación Apolo sostienen que no se recibieron las planillas donde figuraban las visitas privadas como las que ocurrieron en el cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez, mientras que esa información sí fue suministrada al twittero. 

La AAIP asegura que no recibió aún ningún reclamo sobre esta presunta diferencia en los registros entregados. 

La creación de la agencia 

En septiembre de 2016 se sancionó la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública con el objeto de “garantizar el efectivo ejercicio del acceso a la información, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública de todos los poderes y organismos” del Estado nacional.

En septiembre de 2017 la resolución del Ministerio Público fiscal creó la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) y dispuso la implementación de un “proceso de selección abierto, público y transparente de su director”, nominación que, según se estableció, debe recaer en un fiscal general de la Procuración. El 30 de agosto el gobierno de Mauricio Macri oficializó la designación de Eduardo Bertoni como director de la AAIP. 

A fines del 2020, Bertoni confirmó que dejaría el organismo: la renuncia se hizo efectiva por medio del Decreto 1012/2020 que se publicó en el Boletín Oficial y que acepta la dimisión del funcionario por parte del Jefe de Gabinete de Ministros Santiago Cafiero. En febrero de este año, a través de la Resolución 100/2021, publicada en el Boletín Oficial, el jefe de Gabinete propuso al frente del organismo al abogado Fuertes. 

AS/WC