En medio del debate sobre si las billeteras virtuales pueden acreditar el pago de salarios y haberes previsionales, la ANSES dio un paso clave.

Habilitó a Naranja X  (la pata fintech del Grupo Financiero Galicia, también dueño del Banco Galicia) a sumarse al reducido grupo de billeteras en las que los beneficiarios sociales pueden cobrar sus asignaciones y prestaciones.

De esta manera, desde esta semana, los beneficiarios de planes sociales pueden solicitar que el organismo acredite directamente en sus billeteras esas prestaciones.

La opción de recibir las asignaciones por esta vía volvió a ser habilitada a principios del año pasado y requiere que el titular del plan declare ante la ANSES que elige recibirlas en su billetera digital.

Hasta ahora, las fintech habilitadas para esta opción eran Mercado Pago y Plus Pagos. En octubre pasado se informó que más de 1 millón de usuarios ya cobraba a sus planes por estas vías. Además, se puede cobrar a través de BN+ (Banco Nación), Cuenta DNI (Banco Provincia) y MODO.

Hasta el momento, solo están habi­li­ta­dos a esta opción los bene­fi­cia­rios de la Asig­na­ción Uni­ver­sal por Hijo, Asig­na­cio­nes Fami­lia­res, Asig­na­cio­nes por Emba­razo, Asig­na­cio­nes de Pago Único, Pres­ta­ción Ali­men­tar, Pro­grama Hogar y Vou­chers Edu­ca­ti­vos. Elegir cobrar a través de una billetera virtual implica pres­cin­dir de la cuenta de un banco.

Asistente virtual para consultas

El Ministerio de Capital Humano habilitó el asistente virtual “Tina”, que ya funcionaba en argentina.gob.ar, ahora también en la web de ANSES, para realizar consultas y obtener información de trámites y prestaciones del organismo.

Este asistente está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año y, además de servir como herramienta de guía para encontrar información de ANSES, también responde o deriva las consultas correspondientes a otros organismos del Estado, entre otras funciones.

Para acceder al asistente, se debe hacer clic en el avatar de “Tina”, que se encuentra en el extremo inferior derecho de la pantalla, y detallar la búsqueda o elegir alguna de las opciones que se ofrecen.

Con información de agencias.

IG

“El Gobierno Nacional continúa reduciendo el costo laboral mediante la prórroga del programa Puente al Empleo”, se tituló un comunicado que este lunes publicaron en conjunto los ministerios de Economía, a cargo de Luis Caputo, y de Capital Humano, Sandra Pettovello. Se trata de un subsidio a las empresas que contraten a beneficiarios del ex plan social Potenciar Trabajo, que sumaban 1.268.000 al final del gobierno anterior. El Puente al Empleo, que se había creado en esa gestión en 2022, en tiempos de Javier Milei desde diciembre de 2023 a septiembre pasado, es decir, en diez meses, “facilitó la contratación de más de 5.800 personas a través de más de 1.300 empresas”, anunció el Ejecutivo libertario con bombos y platillos. Es sólo el 0,5% de los que percibían el antiguo programa.

El ritmo de incorporación de beneficiarios a compañías privadas fue apenas mayor al que tenía en la administración peronista. Entre octubre de 2022, cuando se puso en marcha Puente al Empleo, hasta mayo de 2023, o sea, en diez meses también, se crearon 5.499 empleos, un 5% menos que en la era Milei. Claro que en el gobierno actual la economía creó menos trabajo por ahora y además quedó congelado la subvención del Potenciar Trabajo en $78.000, por lo que se ha perdido el incentivo a recibirlo.

En teoría, el Potenciar Trabajo era medio salario mínimo para cumplir media jornada de trabajo en emprendimientos laborales individuales o cooperativos, que iban desde producción de alimentos y textiles hasta reciclado de residuos, construcción o tareas de cuidado, como la atención de comedores populares. Es decir, muchos beneficiarios ya trabajaban con el plan, aunque no fuera en una empresa privada. Era el 78%, según una encuesta de la fundación Fundar. Otros, incumplían con la contraprestación. El 19%, según Fundar. Las cooperativas de organizaciones sociales, de las provincias, los municipios o la Iglesia eran los que debían controlar los presentes y ausentes.

Este tipo de incumplimientos en los que el gobierno anterior hacía la vista gorda contribuyó al desprestigio del plan. A eso se sumó las acusaciones de Pettovello ante la Justicia contra líderes piqueteros de izquierda como Eduardo Belliboni, del Polo Obrero. El juez Sebastián Casanello lo procesó por administración fraudulenta, por presuntamente justificar gastos con facturas apócrifas; por extorsión y amenazas coactivas, porque supuestamente obligaban a los beneficiarios a aportar al Polo y a participar de las frecuentes protestas que había en la sede del entonces Ministerio de Desarrollo Social en la avenida 9 de Julio.

El gobierno de MIlei disolvió el Potenciar Trabajo y lo dividió en dos: un subsidio llamado Volver al Trabajo, para personas de 25 a 60 años, donde supuestamente iban a capacitarlos para volver a emplearse -en la práctica, los beneficiarios comentan que ya no cumplen esa contraprestación-; y Acompañamiento Social, para los mayores de 60 o madres a cargo de familias numerosas o hijos con discapacidad. Es decir, ahora los beneficiarios de los licuados $78.000 no deben trabajar a cambio del subsidio. De todos modos, el 49% de los beneficiarios tenía un trabajo informal o changa aparte, según el relevamiento de Fundar.

El Gobierno explica que el objetivo de Puente al Empleo radica en “beneficiar a las empresas que contraten a personas registradas en los programas de empleo”. “Los empleadores gozarán de la reducción del 100% de las contribuciones patronales y la imputación de la asignación como parte del salario, por cada nueva incorporación de personal, por 12 meses contados a partir del inicio de la misma. Las empresas interesadas en participar en la iniciativa del Gobierno podrán inscribirse a través del portalempleo.gob.ar y así acceder a estos beneficios en la contratación de nuevas personas con problemáticas de empleo. Los principales destinatarios son personas jóvenes de 18 a 24 años que acceden por primera vez a un empleo formal y las empresas contratantes están mayormente vinculadas con servicios de fast food y locales de ventas de comida, construcción y servicios generales, entre otras. Se espera que en el período 2025/2026 puedan participar del programa alrededor de 5.800 empresas contratando a más de 34.000 personas”, se ilusiona el comunicado del gobierno de Milei, Caputo y Pettovello.

AR/MC

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, apeló este miércoles la decisión judicial que le prohibió dar de baja las ayudas sociales a quienes participen de manifestaciones, según había resuelto el Ministerio en 2024.

El Ministerio anunció su decisión de apelar a la medida en un comunicado en el que también respondió que “la condición de vulnerabilidad de una persona no puede servir de justificación para aceptar que esta ejerza actos de violencia o contrarios a la ley y que afectan derechos de terceros”.

En diciembre de 2023, a pocos días de iniciar su gestión como parte del Gobierno de Javier Milei, Pettovello anunció que excluiría de los programas de ayuda estatal 'Volver al Trabajo' y 'Acompañamiento Social' a aquellos beneficiarios que participen en protestas, interrumpan la circulación y participen en actos de violencia que alteren el orden público, medida que fue ratificada a través de una resolución publicada en abril de 2024.

A mediados del año pasado, sin embargo, el juez federal Martin Cormick, decidió hacer lugar a una medida cautelar presentada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) que buscaba dejar sin efecto la resolución.

“Elegimos el camino judicial porque con este Gobierno no hay diálogo”, le dijo a EFE Nicolás Caropresi, dirigente de la UTEP, quien también denunció que “se amenaza con quitar un derecho, el del salario social complementario, por ejercer otro derecho, el de la protesta”.

El juez consideró que los criterios de exclusión establecidos por el Gobierno “revisten indicios de ilegitimidad” por atentar contra el derecho a ser oído; lo que generaría un daño irreparable en las personas que atraviesan una situación de vulnerabilidad.

“Esta decisión lo único que logra es beneficiar a las mafias que extorsionan a los pobres obligándolos a ir a una marcha a cambio de un plan social”, expresó este miércoles el vocero presidencial, Manuel Adorni, en alusión a la decisión del juez.

El Ministerio de Capital Humano sufrió otro un traspié a finales de mayo pasado, cuando reconoció que tenía cinco millones de kilos de alimentos próximos a su vencimiento en depósitos del Estado, ante lo que la Justicia Federal ordenó su distribución, decisión que también fue apelada por la cartera hasta llegar a la Corte Suprema.

La disputa entre el Ministerio -que, entre sus innumerables tareas, está encargado de la distribución de alimentos y el pago de planes sociales- y las organizaciones sociales tiene lugar desde el inicio de la gestión de Milei, el 10 de diciembre pasado. 

MM con información de la agencia EFE.

Casi seis meses después del 20 de diciembre de 2023 en que aplicó por primera vez su protocolo antipiquetes y habilitó la línea 134, la ministra Patricia Bullrich logró su cometido. El lunes pasado la Justicia ordenó allanar a una veintena de militantes del Polo Obrero, FOL–Coordinadora y Barrios de Pie en una causa contra sus referentes porteños por supuesta extorsión a beneficiarios del programa Potenciar Trabajo a que participaran de aquella manifestación que homenajeó a los muertos de la represión del 2001. Pese a que el expediente se basó en apenas 5 testigos de Capital Federal –de entre 924 denuncias telefónicas corroboradas, de 2.720 llamados atendidos–, la fuerte repercusión mediática echó un manto de sospecha contra todas las agrupaciones sociales y piqueteras, ya sean de izquierda o peronistas. Pero, ¿qué hay del otro lado?  ¿Qué dicen, quiénes integran, qué hacen y cómo funcionan los movimientos señalados por el gobierno de Javier Milei?

“Por supuesto que en un movimiento tan masivo puede haber alguna persona que incurra en alguna conducta de corrupción. Pero la asamblea es el método de construcción y autocontrol: directamente son las asambleas las que separan si alguien robó, y se le aplica una sanción”. Jeremías Cantero tiene 34 años y es el referente del PO en CABA investigado por el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Sebastián Casanello. Habló con elDiarioAR el jueves, en la previa a una reunión en Villa Soldati, donde encabezó una asamblea que discutió el impacto interno de la denuncia. 

“¿Qué organización va a querer que en su nombre se cometa un delito, que se la tilden de mafia? Tenemos más de 30 años de trayectoria. Los que militamos no tenemos ningún rédito personal, al contrario: muchas veces exponemos nuestra salud, nuestra vida, y ninguno de nosotros es un jetón que no está en un barrio”, expuso por su parte Analía Zárate, miembro del FOL y quien aceptó hablar en representación de sus ocho compañeros imputados por la Justicia, entre ellos su vocero más conocido, Carlos “Charly” Fernández Kostiuk.

“Las denuncias pueden existir, pero hay un proceso de buscar generalizaciones y de construir una lógica de que ese es el funcionamiento de todo el universo de los movimientos sociales, que no tiene que ver con la realidad. De hecho, la línea de denuncia fue una iniciativa a pedido de las organizaciones y ahora eso llevó a que se canalicen en la Justicia el 0,3 por ciento del universo de beneficiarios. Es una expresión ínfima”, apuntó Daniel “Chucky” Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie.

Plan congelado y sin alimentos

Las agrupaciones sociales están en estado de asamblea permanente, pero no solo por lo que se conoció esta semana. A la crisis económica por la inflación se le sumó que Milei abandonó la asistencia en las barriadas populares y más pobres. Desde que asumió, el ministerio de Capital Humano congeló, pese a la inflación, el ingreso del ahora ex Potenciar Trabajo en $78.000 para los 1,2 millones de beneficiarios, quienes no cobran a través de las cooperativas sino vía cuenta bancaria personal con su tarjeta de débito. Incluso desde la aplicación Mi Argentina cada persona puede cambiar de Unidad de Gestión en la que quiere participar. 

En el medio, el Gobierno dividió en dos el programa –los que realizan tareas productivas y quienes llevan adelante una capacitación–, pero sobre todo eliminó cualquier tipo de control de las contraprestaciones mensuales de cuatro horas diarias: ya no la hacen las organizaciones, pero tampoco el Estado. En ese marco, la cartera de Sandra Pettovello cerró el grifo del envío de alimentos secos para el sinfín de comedores populares en CABA y el conurbano.

El PO tiene en Capital Federal unos 5.000 miembros que reciben el exPotenciar, muchos de los cuales se desempeñan en los 40 comedores de la agrupación trotskista repartidos en las villas porteñas. “Cada persona con su tarjeta personal cobra su propio monto. Luego sí existe una lucha por unir los recursos, como cualquier organización sin fines de lucro para subsistir. Se realiza un aporte voluntario de hasta el 2 por ciento”, aseguró Cantero, que explicó que esos recursos incluso se destinan a mantener abiertos los comedores y hasta para la logística de reparto de los alimentos: “Hace tiempo que el Gobierno no entrega ni un kilo de arroz, pero cuando lo hacía te mandaba todo a granel a un depósito. Nosotros nos encargamos de llevar la comida a cada comedor con nuestros propios fletes, más alquilar los espacios y equipar las cocinas”. 

Esa situación de vulnerabilidad es por la que Cantero justifica el hallazgo de la Justicia de una serie de “listas de espera” en los allanamientos. El fiscal Pollicita denunció una suerte de estafa piramidal donde los beneficiarios del plan debían asistir a determinada cantidad de “marchas” o “movilizaciones” y que para recibir las cajas de alimentos debían entregar “cápitas” o “cuotas”. “Hay una manipulación de la información. En realidad hay un esfuerzo enorme por mantener un funcionamiento de comedores que no dan a basto. La lista de espera es para ingresar a un programa social o una asistencia alimentaria, que cada cooperativa hace llegar al Estado. Pero como el plan social está congelado y no entregan más comida, hoy en día para el Gobierno todos serían listas de espera. Nos fuerzan a estirar la olla o la ración de comida, y se prioriza las situaciones de las personas más vulnerables”, denunció Cantero. 

“El Potenciar Trabajo no es un plan social, porque no es una ayuda como la tarjeta Alimentar o la Asignación Universal, que son más fondos ligados a la asistencia. Es un programa de acceso al empleo, con todas las precariedades que tiene, porque es el Estado tercerizando y precarizando a los trabajadores. Sobre cada obra que hacemos se elaboran convenios y el Estado tiene que garantizar materiales y herramientas, son auditadas y se entregan rendiciones”, explicó Zárate. Según detalló, el FOL tiene unos 13.000l miembros a nivel nacional abocados no sólo en sus comedores, sino que también llevan adelante huertas agroecológicas, actividades de promoción de salud en los barrios, y hasta obras públicas de baja intensidad: construcción de veredas, plazas, jardines, instalaciones de redes de agua potable. Hay algo más allá que los piquetes.

De Barrios de Pie también la Justicia investiga a un grupo de coordinadoras de comedores en CABA. “Cayeron en el revoleo, pero no hay nada”, recogió este medio en la organización, la única del gremio de la economía popular UTEP que estaría involucrada en las supuestas extorsiones de diciembre. Pese a la narrativa oficialista, no hay acusaciones contra el Movimiento Evita, con Emilio Pérsico a la cabeza, y el MTE de Juan Grabois. “Los movimientos sociales tienen un esquema de honestidad de hace tiempo y no convalidamos prácticas extorsivas. No hay acusaciones de enriquecimiento hacia los dirigentes”, argumentó Menéndez, quien fue funcionario de Desarrollo Social y hoy integra el gabinete de Axel Kicillof. 

Criminalización de la organización social

El PO presentó un pedido de nulidad de la causa por supuestas irregularidades en el allanamiento a su depósito de la calle Monteagudo 730, la sede formal de la Asociación Civil Polo Obrero, donde hay una imprenta y un taller de serigrafía, y hasta sirve de espacio de clases de música del grupo Las Manos de Filippi. Aseguran que los efectivos de la Policía Federal cortaron las cámaras de seguridad al entrar al local. A Cantero en su domicilio le secuestraron unos $70.000 y a su pareja le secuestraron us$2.000 que, según él, eran sus únicos ahorros. Reconoció a elDiarioAR que hasta agosto pasado fue empleado contratado del ex ministerio de Desarrollo Social.

Desde el FOL cuestionaron que se difundió públicamente hasta el nombre de los acusados pese a que el expediente estuvo en secreto de sumario al inicio de la semana. “En la causa tenías las fotos de las personas a allanar, que no eran de sus redes públicas o sus DNI. Hubo seguimiento previo, un trabajo de inteligencia”, señaló Zárate. A la ministra Bullrich la Justicia le rechazó un pedido de ser querellante. Y ahora Petovello hizo un pedido similar.

“Acá hay un intento de criminalización y de quebrar a las organizaciones que en los barrios están peleando contra el hambre y el trabajo”, contraargumentó Cantero. “Hay una intencionalidad de desarticular la organización comunitaria que ven como un obstáculo para su programa económico. Era esperable la persecución, que te caguen a palo en cada movilización y que avancen con un esquema cada vez más duro. Estamos en el ojo de la tormenta, esta es una Gestapo social”, graficó Menéndez.

“Están queriendo construir que somos una mafia, hacernos objeto de odio de la sociedad para demonizarnos y después hacer un vaciamiento de toda la política social”, denunció Zárate, que vaticinó que si la crisis social se profundiza y se rompen las redes de contención, las barriadas quedarán a merced del narcotráfico. Sin embargo, planteó que Milei no pondrá avanzar sobre las organizaciones sociales: “¿Qué hace que las personas teniendo la libertad de elegir a qué agrupación sumarse, teniendo un salario paralizado y sin recibir mercadería, eligen organizarse? El movimiento piquetero tiene 30 años porque aprendimos a tener creatividad para, desde la nada misma, generar una herramienta de lucha de un montón de personas a las que el sistema quiso definir que no eran trabajadoras. Aprendimos que la única forma de subsistir en este sistema de miseria y hambre es, justamente, estar organizado”. 

MC/JJD

Las organizaciones sociales son el núcleo de un expediente atravesado por la coyuntura política en el que se investigan supuestas irregularidades en el manejo de dos prestaciones sociales del Estado Nacional: el Plan Potenciar Trabajo y las cajas de alimentos. El caso fue iniciado hace unos seis meses por el Ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich y está a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita y el juez Sebastián Casanello.

Además, esta semana trascendió otro eje de conflicto con los planes asistenciales: el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil realizó una auditoría a pedido de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que determinó que de un total de 2.646 comedores 1.247 no pudieron ser validados. 

Estas son las cinco claves de la causa judicial que se centra en presuntas extorsiones a los beneficiarios de planes sociales, es decir el primero de los dos asuntos.

¿Cómo surge el caso?

La denuncia fue presentada por el Ministerio de Seguridad de la Nación el 20 de diciembre de 2023, en medio de las movilizaciones por el aniversario del estallido de 2021, que también se convocaron contra el gobierno de Milei. El ejecutivo habilitó entonces una línea telefónica de denuncias, la 134, invitando a beneficiarios de planes sociales a denunciar a las organizaciones sociales en casos de extorsiones o exigencias de movilizarse a cambio de recibir el plan social.

El ministerio de Bullrich informó a la Justicia que la línea 134 recibió 13.310, de las cuales pudieron ser atendidas 2.720. Tras corroborar la verosimilitud, se derivaron 924 casos. La denuncia recayó en la fiscalía de Pollicita, en los tribunales federales de Comodoro Py 2002. 

De las 924 denuncias, el fiscal tomó 45 correspondientes a su jurisdicción: Capital Federal. Del análisis de los 45 casos denunciados pudo localizar sólo a 7 denunciantes y apenas 5 aceptaron declarar. Esos cinco casos son el centro de este expediente. Se trata de hechos supuestamente ocurridos en comedores de las organizaciones Polo Obrero, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y Barrios de Pie.

¿Quiénes están acusados?

Hay unas 20 personas imputadas en el expediente. El fiscal sostiene que funcionaban en estructuras jerárquicas piramidales dentro de cinco comedores. Son las personas que tendrían facultades otorgadas por el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Plan Potenciar Trabajo. Los acusados quedaron inhibidos este miércoles. 

¿De qué se los acusa?

Están acusados principalmente de administración fraudulenta. La fiscalía sostuvo en un dictamen que tendría comprobado que una porción de los fondos públicos que el Estado Nacional asignaba para la asistencia social fue desviada del destino presupuestario que le correspondía.

Los testimonios y otras pruebas obtenida sostienen que para convertirse en beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo las personas debían asistir a determinada cantidad de “marchas” o “movilizaciones” de las organizaciones sociales. 

Una vez que se accedía al programa de ayuda social, los delegados de cada comedor hacían saber al beneficiario que, para continuar cobrando la prestación —que actualmente representa $78.000 por mes—, debía seguir asistiendo a las “marchas” y “movilizaciones” que indicaban los referentes del comedor. En caso de ausentarse, se les daba de baja el plan.

Si se asistía a determinada cantidad de “marchas”, se podía ascender al segundo rango de beneficiarios, que cobraban un monto superior —entre $150.000 y $200.000 por mes, según cada caso—. A estos se los denominaba “esenciales”, “cuadrilla” o “nexo”. En un segundo nivel por encima de esa categoría se encontraban los “delegados”, que cobraban más dinero —entre el doble y el cuádruple de la prestación básica— y tenían mayores responsabilidades.

Para recibir las cajas de alimentos del Gobierno nacional, los beneficiarios debían entregar “cápitas”, “cuotas” y “alquiler de comedor”. También denunciaron haber sido obligados a vender por la zona la comida recibida del Estado, quedándose los acusados con la ganancia. Además, se les exigía también asistir a las movilizaciones e incluso repartir volantes de candidatos a comicios electorales. 

El sistema, según los denunciantes y otras pruebas, incluía sanciones y medidas de control: toma de asistencia a las movilizaciones, la confección de “listas de castigados” que debían “reparar” su sanción mediante el cumplimiento de nuevas tarea, la imposición de multas por faltar a una “marcha” —de hasta $10.000 por cada ausencia—, la exigencia de “justificar” las ausencias a las “movilizaciones” con “comprobantes” de los respectivos impedimentos —turnos médicos, trámites, etcétera—, y la prohibición de retirar raciones de comida o alimentos no perecederos por plazos determinados.

¿Cuáles son las pruebas?

Además de los cinco testimonios, los denunciantes aportaron capturas de WhatsApp y el juzgado ordenó intervenciones telefónicas a pedido de la fiscalía. Por ejemplo, en algunas de las conversaciones en los chats telefónicos, los imputados publicaban la lista de personas que no recibirían mercadería por no haber ido a las movilizaciones o aquellas que serían degradadas a la última categoría (“lista de espera”) por la misma razón, mientras que otros “ingresan a comedor” por haber cumplido con la asistencia a las movilizaciones.

Durante los allanamientos de los últimos días, la Justicia secuestró documentación y teléfonos celulares de los imputados, que deben ser peritados por la Policía Federal Argentina (PFA). Los resultados de esas pericias serán clave para que el juez decida si cita a indagatoria a los acusados. Las defensas pedirían la nulidad de todo lo actuado.

¿Cuál es la situación actual?

De acuerdo con el expediente, el Gobierno nacional ha sustituido el “Plan Potenciar Trabajo” por nuevos programas sociales, como “Programa Volver al Trabajo” y “Programa de Acompañamiento Social”. También ordenó el cese de las actividades de las Unidades de Gestión y Unidades de Certificación del Potenciar Trabajo, impidiendo así que las organizaciones sociales canalicen la prestación social. 

ED/JJD

El juez federal Sebastián Casanello dispuso preventivamente la inhibición de bienes de los investigados por presuntas irregularidades en la administración de planes sociales y comedores populares.

Se trata de una medida provisoria, adoptada a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, después de que la Cámara Federal ordenara que se realizaran los allanamientos de las últimas horas.

Casanello dispuso, además, concretar una medida de prueba que ya había dispuesto previo a que la Cámara dispusiera los allanamientos: le pidió informes al Instituto Nacional del Asociativismo y Economía Social (INAES) sobre el control que ejerce respecto de los fondos y alimentos enviados a las organizaciones.

La medida involucra a 28 personas y comedores que dependen de cooperativas administrados por el Polo Obrero, Barrios de Pie y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).

Entre los inhibidos aparece Jeremías Cantero, sobre quien el gobierno de Javier Milei apuntó especialmente como supuesto responsable de las defraudaciones y presiones a beneficiarios de planes sociales para que concurrieran a movilizaciones.

CRM con información de la agencia NA

El Gobierno quiere tapar una decisión criminal con una catarata de calumnias y algunas verdades a medias. Lo cierto es que la ministra Sandra Pettovello dejó sin alimentos a millones de niños. No sólo en los comedores comunitarios sino también en los comedores escolares. Así como leés: eliminó los fondos para los comedores barriales pero también las partidas para las escuelas públicas. Ni que hablar de la destrucción de la política de medicamentos oncológicos, el salario de las maestras, los programas sociolaborales, el plan de primera infancia, etc. Si querés saber el sentido de una operación política, mirá los números:

Los Servicios Sociales también sufrieron fuertes recortes. Los casos más resonantes son Agua y Alcantarillado (-62%), Trabajo (-51%), Vivienda y Urbanismo (-68%), Educación (-46%). 

Junto a los alimentos y las políticas sociolaborales en un país en el que la devaluación mileiana produjo más pobres que los dos gobiernos anteriores juntos, podemos ver el escandaloso recorte en salud pública:

Si quieren ver un robo contra el pueblo, aquí lo tienen… y no son dos pesos con cincuenta. Habría que empezar allanando el Ministerio de Capital Humano y a la señora Pettovello, pero como dice el Martín Fierro, la justicia es como el machete, nunca lastima al que lo lleva por el mango. 

Como alfil del vaciamiento, Patricia Bullrich pasó de ser “más casta que Barrionuevo” y “asesina-tirabombas” a “querida Patricia”,  figura estelar de un gobierno libertino que no cierra sin represión. Junto a Caputo y Pettovello conforman el tridente que busca destruir los movimientos sociales como chivo expiatorio de las malas políticas que aplica y las situaciones de injusticia que los movimientos combaten. 

Ayer, la tres veces ministra yeta (De La Rua, Macri y Milei)  anunció un plan “sistemático” (sí, dijo sistemático, atenti) para aplastar las organizaciones comunitarias, apelando a la falacia de generalizar conductas abusivas o prácticas criminales de alguno de sus miembros. 

Nada nuevo bajo el sol, así opera la propaganda autoritaria: se pretende demonizar a todo un grupo a partir de actos reales o inventados de algunos de sus miembros. En este caso, la generalización es tan burda que, aún suponiendo que las 4.000 denuncias que anuncian fueran reales y verificadas, éstas abarcan 0,3% del total de los 1,3 millones de personas que reciben el salario social complementario. Desde luego que cualquier abuso es grave y hay que abordarlo, pero falsas generalizaciones no,  caza de brujas no. Eso es odio. 

Esta vez no me tocó encabezar los titulares de Clarín y La Nación, pero para avestruz ya tienen muchos, muchos que se cuidan el tuje porque lo tienen sucio, no empatizan con los pobres o no pueden ver más allá de su propio ombligo. Yo no le saco el cuerpo a la jeringa, estamos hechos de otra madera. Estoy orgulloso de lo que construimos, estoy orgulloso de impulsar procesos de organización comunitaria y siempre voy a defender el rol de los movimientos populares en la lucha por tierra, techo y trabajo, en su rol como refugio de los excluidos de un sistema inherentemente injusto. 

Sí, estoy orgulloso de los miles y miles y miles de hombres y mujeres que le ponen el cuerpo a la miseria planificada de este Gobierno cocinando en los comedores populares, así como pusieron el cuerpo en la cuarentena, en las inundaciones, cuando hizo falta. Las cagadas que se mandaron algunos de los integrantes o dirigentes, responden a la fragilidad humana. No anulan las ideas nobles que le dieron origen ni el esfuerzo heroico de la inmensa mayoría de los militantes y trabajadores que integran las organizaciones sociales.

Sí, hay abusos ¡chocolate por la noticia! Cuando publiqué el libro “Los Peores” en 2022 expliqué crudamente cómo operaba esta práctica minoritaria y nuestra propuesta para resolverla (particularmente desde la página 168). Acá se los dejo. Desde luego, en la superestructura política —sobre todo en este gobierno miserable— no se pone tiempo y la cabeza en pensar cómo resolver los problemas en el aquí y el ahora, hasta que el maravilloso mercado o el protector estado hagan lo suyo.  

En efecto, hay quienes piensan que que te salva el Estado, otros que te salva el mercado. El problema se va a resolver por acción de estas dos fuerzas. En el mientras tanto, a los que no pueden esperar y se organizan, los señalo, les cuento las costillas, los denuncio, me indigno, despotrico, generalizo… y no hago nada. Nosotros pensamos que sin la cooperación entre Estado, mercado y comunidad, sumado al esfuerzo individual y el respeto irrestricto al proyecto de vida de cada uno, no hay salida. Para los de abajo, por lo menos, el sostén fundamental del tejido social ha sido la organización comunitaria y los grupos intermedios –organizaciones libres del pueblo– que ellos llaman despectivamente intermediarios. 

Volvamos a los hechos. Antes que jugarla de indignado, hay que hacer un esfuerzo para comprender. En cualquier grupo humano existen roles de poder. Cuando hay asimetría de poder, suele haber abusos. Esto sucede en las micro-relaciones como la pareja y en las macro-relaciones como el Estado. En los grandes grupos, por buenos que sean sus dirigentes y nobles que sean las metas colectivas, los abusos de poder son casi inevitables. Sucede en escuelas, clubes, iglesias, empresas, bancos, partidos, sindicatos, medios de comunicación. Sucede cotidianamente en las fuerzas de seguridad que dirige Patricia Bullrich. Cuán injusto sería que toda la institución pagara por un comisario coimero, por un oficial violador, por un agente femicida… igual de injusto que acusar a Patricia Bullrich de ser responsable de cada uno de esos crímenes. 

La cuestión es desentrañar cómo minimizar los abusos, diseñar y aplicar protocolos para su detección y abordaje, establecer reglamentos claros, proteger a las víctimas, incluso tratándose de abusos que no constituyan delitos. Todas las cosas que propusimos, impulsamos y en algunos casos logramos. No fue sino por el impulso de nuestra fuerza que logramos la carta de Derechos y Obligaciones de los Trabajadores de la Economía Popular a partir de la cual se originaron las primeras denuncias. 

Ayer allanaron un par de garcas en unas barriadas. Es cierto, hay una proporción de malandras y garcas de barrio. Debe ser bastante inferior a los garcas y malandras de Recoleta, Nordelta y Puerto Madero. Ahí no allanan. Queda feo. Lo importante es demonizar a un sector social y en particular a su organización. 

Todas estas campañas, con o sin allanamientos, son cortinas de humo para destruir la política social y la organización popular mientras se avanza con el saqueo económico, el narcocapitalismo y la miseria planificada. En los movimientos sociales hubo abusos, hubo pecado, pero “donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia” (Cap 5, Ver 20). Son sin lugar a duda la última barrera de resistencia contra la degradación y el narcoestado, pero el gobierno libertino está decidido a destruirlos. Pobrecitos. Que sigan. Con cada golpe nos forjan, nos templan. 

Donde no parece abundar la gracia aunque sí ciertos fanáticos religiosos y figuras esotéricas es en las coquetas oficinas de la instructora Pettovello. ¿Saben cuál es el mayor abuso de poder en relación a los “planes sociales”? Las medidas definidas arbitrariamente por la ministra. Porque a mayor poder, mayor es tu capacidad de abuso… y el poder radica en el gobierno hambreador y sus ministros perjuros de la Constitución Nacional, en particular de esta incompetente e inmoral ex-productora de Majul sin otro pergamino que el amiguismo con el poder que hoy –increíblemente– gestiona cuatro ministerios (Desarrollo Social, Trabajo, Salud y Educación). A modo de conclusión, voy a enumerar solo algunas de las tropelías criminales de Pettovello, que les aseguro, no van a quedar impunes.

El problema no sería grave si las organizaciones firmantes tuvieran los recursos, territorialidad y capilaridad suficiente para llegar a todos –en el caso de los comedores– pero lo cierto es que no llegan ni a cubrir el 5% de la demanda como reconocieron los obispos de Cáritas. 

Algunos de los convenios firmados:

a. La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura por un monto desconocido sin especificar los gastos administrativos que demandaría tal organización.

b. La Fundación Cooperadora Nutrición Infantil que según la página web de Capital Humano tiene 100 centros propios y trabaja con 1.500 instituciones (¿está chequeado?). El presidente de esta fundación, amigo de Pettovello, se llama Abel Albino, un médico homofóbico multi denunciado por irregularidades y absurdos como que el SIDA es capaz de atravesar la porcelana.

c. La Alianza de Iglesias Evangélicas de Argentina que tiene una alianza explícita con Javier Milei en tanto brazo neoconservador del evangelismo argentino. 

d. La Asociación Civil Haciendo Caminos, que parece ser una organización muy respetable, tanto como la mayoría de las agrupadas en los movimientos sociales.

e. Dejo para el final el caso de Cáritas Argentina, de cuya extraordinaria labor soy testigo, en particular su protagónico rol en el diseño y ejecución de la política de integración urbana, política que han sido objeto de una atroz campaña de desprestigio al solo efecto de recortar los fondos y por tirria contra los villeros. Los obispos de Cáritas se pronunciaron en una contundente carta aclarando la insuficiencia de dicha institución para atender la creciente demanda de alimentos, además de realizar múltiples pronunciamientos –silenciados– para que el gobierno cambie su orientación contra los más pobres. 

JG/DTC

El gobierno de Javier Milei anunció en febrero que eliminó el plan Potenciar Trabajo y, en su reemplazo, creó dos nuevos planes sociales, Volver al Trabajo y Acompañamiento Social, cuyos lineamientos fueron reglamentados en los últimos días por Boletín Oficial.

El objetivo de la gestión de La Libertad Avanza es reducir la injerencia de las unidades de gestión, que controlan las tareas que realizan los beneficiarios y que, en muchos casos, están vinculadas con las organizaciones sociales.

Los actuales beneficiarios del Potenciar Trabajo, que deja de existir, se reagruparán en estos dos planes sociales nuevos, con el fin de que obtengan más rápidamente un empleo formal.

La decisión de dar de baja al Potenciar Trabajo tiene que ver con que, durante los últimos cuatro años, en la gestión de Alberto Fernández (Frente de Todos), apenas el 1,3% de los beneficiarios de dicho programa social logró conseguir trabajo formal. En el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, llegaron a la conclusión de que el Potenciar Trabajo no funcionó y por eso va a ser reemplazado por Volver al Trabajo y Acompañamiento Social.

El Potenciar Trabajo busca complementar los ingresos de personas que realizan tareas de alto impacto social (cocinan en comedores comunitarios o separan y reciclan residuos, por ejemplo), pero muy poco valorados en el mercado.

Según se explicó, todos los beneficiarios actuales del Potenciar Trabajo van a pasar a agruparse en ambos programas. Quienes se considere que estén en una situación de extrema vulnerabilidad social van a quedar bajo la órbita del Acompañamiento Social. Por ejemplo, personas que tengan más de 50 años, madres con más de cuatro hijos o adultos mayores que estén transitando su última etapa laboral y estén cerca de la jubilación.

En cambio, los beneficiarios del Potenciar Trabajo que tengan entre 18 y 49 años, con una vida activa laboral, van a pasar al programa Volver al Trabajo.

Los beneficiarios del Programa VOLVER AL TRABAJO percibirán una asignación dineraria mensual fija no remunerativa de $78.000, durante la vigencia del Programa o hasta tanto los beneficiarios soliciten voluntariamente su baja o sean dados de baja por las causales previstas en el presente o en las normas complementarias que sean dictadas por la Autoridad de Aplicación.

El nuevo programa Volver al Trabajo pondrá el foco en mejorar la capacitación laboral de los beneficiarios, con cursos y formaciones profesionales por las cuales obtendrán certificaciones de competencias laborales y prácticas formativas en diferentes empresas, según se informó oficialmente.

El objetivo, se indicó, es que los beneficiarios den un salto de calidad laboral, es decir que gracias a la capacitación puedan dejar las tareas que realizan en la actualidad, como limpieza en municipios o atención en merenderos.

En la actualidad, el programa Potenciar Trabajo tiene 1,3 millón de beneficiarios. El Gobierno calcula que 975.000 van a ser beneficiarios del Volver al Trabajo y el resto, las personas en situación de mayor vulnerabilidad, del Acompañamiento Social, cuyos beneficiarios percibirán una asignación dineraria mensual fija no remunerativa de $78.000.

Todos los detalles

En qué consiste el Programa Volver al Trabajo

Se trata de que los beneficiarios realicen ciertas actividades que mejoren sus oportunidades de insertarse en el mundo laboral. Mientras dura el Programa reciben una asignación en dinero.

El Programa Volver al trabajo sustituye al Programa de Inclusión laboral.

Actividades de los beneficiarios

Las actividades son, entre otras:

Asignación en dinero

Los beneficiarios del Programa Volver al Trabajo reciben una asignación mensual fija en dinero. Esa asignacion se considera no remunerativa.

La suma de dinero se paga:

Programa Potenciar trabajo

El Ministerio de Capital humano organiza la transferencia y distribución de los titulares del Programa Potenciar Trabajo al Programa Volver al trabajo o al Programa de Acompañamiento Social.

El programa Programa Potenciar trabajo sigue vigente hasta que el Ministerio de Capital humano complete la transferencia y distribución de todos los titulares.

Obligaciones de los beneficiarios

Compatibilidades

El Programa es compatible con:

 Incompatibilidades

El Programa Volver al Trabajo es incompatible con:

Causales de egreso del Programa

La norma completa del Programa Volver al Trabajo

LINEAMIENTOS GENERALES Y OPERATIVOS DEL PROGRAMA VOLVER AL TRABAJO

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1°.- El PROGRAMA VOLVER AL TRABAJO tiene por objetivo desarrollar y consolidar competencias socio laborales en los participantes que les permita alcanzar un nivel de empleabilidad inicial real y mejorar sus oportunidades de inserción laboral a través de su participación en actividades de formación laboral, prácticas formativas en ambientes de trabajo, certificación de competencias y participación asistida en el desarrollo de emprendimientos productivos individuales o asociativos.

ARTÍCULO 2°.- El PROGRAMA VOLVER AL TRABAJO tendrá como únicos beneficiarios a las personas que resulten transferidas desde el PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSIÓN SOCIO-PRODUCTIVA Y DESARROLLO LOCAL - “POTENCIAR TRABAJO”, en el marco de lo establecido por el Decreto N° 198/24.

ARTICULO 3°.- El PROGRAMA VOLVER AL TRABAJO brindará a sus beneficiarios, dentro de los recursos presupuestarios disponibles y de la normativa que resulte aplicable, prestaciones tales como:

1. Servicios de orientación laboral y asistencia en la búsqueda de empleo.

2. Servicios de intermediación laboral.

3. Servicios de capacitación laboral y certificación de competencias laborales.

4. Prácticas formativas en ambientes de trabajo.

5. Acciones de promoción para la inserción en el trabajo asalariado registrado y en el trabajo independiente y autogestionado.

6. Fortalecimiento de unidades productivas autogestionadas en forma individual, asociativa o familiar.

7. Terminalidad Educativa o programas con objeto análogo para el desarrollo de competencias básicas.

ARTÍCULO 4°.- Los beneficiarios del PROGRAMA VOLVER AL TRABAJO percibirán una asignación dineraria mensual fija no remunerativa de PESOS SETENTA Y OCHO MIL ($78.000.-), durante la vigencia del Programa o hasta tanto los beneficiarios soliciten voluntariamente su baja o sean dados de baja por las causales previstas en el presente o en las normas complementarias que sean dictadas por la Autoridad de Aplicación.

ARTÍCULO 5°.- La asignación dineraria referida en el artículo 4° del presente será abonada a mes vencido y en forma directa y personalizada a los beneficiarios del PROGRAMA VOLVER AL TRABAJO a través de los medios de pago utilizados por la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO.

ARTÍCULO 6°.- El PROGRAMA VOLVER AL TRABAJO tendrá vigencia, sujeto a la disponibilidad de crédito presupuestario, por un período de VEINTICUATRO (24) meses a partir de la entrada en vigencia del acto que aprueba los presentes LINEAMIENTOS GENERALES Y OPERATIVOS DEL PROGRAMA VOLVER AL TRABAJO. Al cesar la vigencia del PROGRAMA VOLVER AL TRABAJO los beneficiarios que se encuentren afectados a alguna prestación ofrecida en el marco del Programa podrán completar su desarrollo.

ARTÍCULO 7°.- La SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO será la Autoridad de Aplicación del PROGRAMA VOLVER AL TRABAJO. TÍTULO II DE LA OPERATORIA DEL PROGRAMA CAPÍTULO I - DE LA TRANSFERENCIA ARTÍCULO 8°.- A partir del dictado del acto administrativo por el que se transfieran los beneficiarios del PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSIÓN SOCIOPRODUCTIVA Y DESARROLLO LOCAL - “POTENCIAR TRABAJO” al PROGRAMA VOLVER AL TRABAJO, los mismos serán considerados beneficiarios de este último programa.

CAPÍTULO II - DE LAS PRESTACIONES

ARTÍCULO 9°.- Las prestaciones del PROGRAMA VOLVER AL TRABAJO, indicadas en el artículo 3° del presente, consistirán en:

1. Actividades de orientación digitales autogestionadas vinculadas a la búsqueda de empleo o al mundo del trabajo.

2. Actividades de orientación laboral ofrecidas por una Oficina de Empleo de la Red de Servicios de Empleo o por una entidad habilitada a tal fin, en el marco del PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CONTÍNUA aprobado por la Resolución N° 784/20 del ex MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

3. Servicios de intermediación laboral que se instrumentarán con la asistencia de la Red de Servicios de Empleo y las Agencias Territoriales.

4. Servicios de capacitación laboral y de certificaciones de competencias laborales que se instrumentarán a través de cursos ofrecidos en el marco del PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CONTÍNUA.

5. Servicios de entrenamiento para el trabajo por medio de los cuales los participantes del PROGRAMA VOLVER AL TRABAJO podrán participar en proyectos de entrenamiento para el trabajo para adquirir o reforzar habilidades y destrezas vinculadas con su perfil ocupacional. Los proyectos de entrenamiento para el trabajo se instrumentarán en el marco de las ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO reguladas por la Resolución N° 708/10 del ex MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y por la Resolución N° 905/10 de la ex SECRETARÍA DE EMPLEO y sus normas modificatorias y complementarias.

6. Acciones de promoción a la inserción en el trabajo registrado: Las empresas que contraten a beneficiarios del PROGRAMA VOLVER AL TRABAJO tendrán acceso a los beneficios previstos por el PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL, regulado por la Resolución N° 45/06 del ex MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y sus modificatorias y por la Resolución N° 2186/10 de la ex SECRETARÍA DE EMPLEO y sus normas modificatorias y complementarias.

7. Acciones de promoción a la inserción en el trabajo independiente y autogestionado: Los beneficiarios del PROGRAMA VOLVER AL TRABAJO podrán acceder a las asistencias previstas en el PROGRAMA DE EMPLEO INDEPENDIENTE Y ENTRAMADOS PRODUCTIVOS LOCALES regulado por la Resolución N° 1094/09 del ex MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y sus modificatorias, y por la Resolución N° 1862/11 de la ex SECRETARÍA DE EMPLEO y sus modificatorias; y a las asistencias previstas en el PROGRAMA TRABAJO AUTOGESTIONADO regulado por la Resolución N° 203/04 del ex MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y sus modificatorias, y por la Resolución N° 280/12 de la ex SECRETARÍA DE EMPLEO y sus modificatorias.

8. Acciones de Fortalecimiento de unidades productivas autogestionadas en forma individual, asociativa o familiar: Los beneficiarios del PROGRAMA VOLVER AL TRABAJO podrán participar de las asistencias previstas en el PROGRAMA DE EMPLEO INDEPENDIENTE Y ENTRAMADOS PRODUCTIVOS LOCALES regulado por la Resolución N° 1094/09 del ex MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y sus modificatorias y en el PROGRAMA TRABAJO AUTOGESTIONADO regulado por la Resolución N° 203/04 del ex MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y sus modificatorias, y por la Resolución N° 280/12 de la ex SECRETARÍA DE EMPLEO y sus modificatorias.

9. Terminalidad educativa o programas análogos para el desarrollo de competencias básicas, a través de los mecanismos que determine la Autoridad de Aplicación en el marco del PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CONTÍNUA, aprobado por la Resolución N° 784/20 del ex MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y su modificatoria.

ARTÍCULO 10.- Las prestaciones del PROGRAMA VOLVER AL TRABAJO se ofrecerán a los beneficiarios en función del objetivo del Programa, con una priorización acorde a su perfil socio laboral en lo que hace a la posibilidad actual de desempeñar adecuadamente un trabajo:

1. Para las personas que carecen de las competencias generales básicas (lecto comprensión y escritura, razonamiento matemático y alfabetización digital), se promoverá su inclusión en acciones de terminalidad educativa, alfabetización o competencias socio laborales básicas.

2. Para las personas con competencias generales básicas, pero no laborales para desempeñar adecuadamente un trabajo, se promoverá su inclusión en actividades de formación laboral inicial que las preparen para trabajar en un puesto de trabajo inicial autónomo o dependiente.

3. Para las personas con competencias generales y laborales básicas para desempeñar un trabajo, se promoverá su acceso a servicios de intermediación laboral, acciones de entrenamiento en el trabajo, procesos de certificación de competencias laborales y acciones de promoción para la inserción en el trabajo asalariado registrado y en el trabajo independiente y autogestionado.

ARTÍCULO 11.- En el caso que los marcos normativos de las prestaciones enumeradas en el artículo 9° del presente prevean el pago a sus destinatarios de una ayuda económica mensual, los beneficiarios del PROGRAMA VOLVER AL TRABAJO sólo percibirán la asignación dineraria mensual prevista por el artículo 4° del presente. No obstante ello, en el caso de que el monto de las ayudas económicas previstas por las prestaciones aludidas sea mayor al fijado en el artículo 4° del presente, los beneficiarios del PROGRAMA VOLVER AL TRABAJO percibirán un monto equivalente a dicho monto mayor, conforme lo establezca la reglamentación que dicte la Autoridad de Aplicación.

ARTÍCULO 12.- La Autoridad de Aplicación podrá articular y coordinar con organismos estatales nacionales, provinciales y/o municipales y/o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o universidades y/o todo tipo de organizaciones de la sociedad civil formalmente constituidas, mediante la suscripción de convenios, la adopción de medidas con el objeto de promover la implementación del PROGRAMA VOLVER AL TRABAJO. CAPÍTULO III - DE LAS OBLIGACIONES

ARTÍCULO 13.- Las personas beneficiarias del PROGRAMA VOLVER AL TRABAJO tendrán las siguientes obligaciones generales:

1. Mantener actualizada su información personal, vías de contacto e historia laboral en el PORTAL EMPLEO.

2. Participar por solicitud personal o por convocatoria de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL en alguna de las prestaciones ofrecidas por el Programa.

3. Cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa correspondiente a cada una de las prestaciones.

4. Brindar toda documentación o información que les sea requerida vinculada con su participación en el presente Programa.

5. Comunicar de inmediato cualquier novedad referida al incurrimiento en alguno de los supuestos de incompatibilidad.

6. Reintegrar las asignaciones dinerarias que indebidamente hubieran percibido.

CAPITULO IV - DE LAS COMPATIBILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

ARTÍCULO 14.- La percepción de la asignación dineraria del PROGRAMA VOLVER AL TRABAJO será compatible para aquellas personas que:

1. Perciban la Asignación Universal por Hijo.

2. Perciban la Asignación Universal por Embarazo para Protección Social.

3. Perciban prestaciones económicas o materiales de naturaleza habitacional y/o de protección familiar otorgadas por el Estado Nacional, Provincial, Municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

4. Reciban prestaciones de carácter alimentario.

5. Sean trabajadores independientes inscriptos en el Monotributo Social o, Monotributo categoría A.

6. Sean trabajadores registrados bajo el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

7. Sean trabajadores rurales que realicen trabajos temporarios o estacionales, de acuerdo con los alcances establecidos por el artículo 1° del Decreto N° 514/21.

8. Registren un vínculo contractual de empleo público iniciado con posterioridad a su incorporación al PROGRAMA VOLVER AL TRABAJO, con una remuneración bruta mensual que no exceda el valor de TRES (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

9. Registren un trabajo bajo relación de dependencia en el sector privado por una relación laboral iniciada con posterioridad a su incorporación al PROGRAMA VOLVER AL TRABAJO, con una remuneración bruta mensual que no exceda el valor de TRES (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

10. Registren un empleo formal bajo relación de dependencia encuadrado en el PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL creado por la Resolución N° 45/06 del ex MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y sus modificatorias. En este supuesto de compatibilidad no será aplicable el límite máximo de TRES (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles para las remuneraciones.

ARTÍCULO 15.- La percepción de la asignación dineraria del PROGRAMA VOLVER AL TRABAJO será incompatible para aquellas personas que:

1. Sean prófugos de la justicia penal y/o correccional nacional, provincial o federal.

2. Se encuentren registradas como empleadoras en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

3. Perciban un subsidio o prestación monetaria no reintegrable con fines de empleo y/o capacitación otorgado por el Estado Nacional, Provincial, Municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

4. Sean titulares de más de UN (1) bien inmueble.

5. Sean titulares de un automotor, embarcaciones y/o aeronaves, cuya antigüedad sea menor a DIEZ (10) años.

6. Perciban Jubilaciones y pensiones contributivas y no contributivas.

7. Perciban prestación o subsidio por desempleo.

8. Posean un empleo formal bajo relación de dependencia, salvo los supuestos de compatibilidad establecidos en los incisos 6, 7, 8, 9 y 10 del artículo precedente.

9. Sean trabajadores independientes registrados, salvo los supuestos de compatibilidad establecidos en el inciso 5 del artículo precedente.

10. Hayan viajado al exterior tiempo suficiente que impida cumplir con la contraprestación correspondiente o a destinos que, por sus características —y a criterio de la Autoridad de Aplicación — sean consistentes con ingresos mayores a los previstos en las compatibilidades establecidas en el artículo anterior.

CAPÍTULO V - CRITERIOS DE EGRESO

ARTÍCULO 16.- Serán causales de egreso de las personas participantes del PROGRAMA VOLVER AL TRABAJO las siguientes:

1. El que impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, subterráneo, agua o aire o no permitiere a terceros movilizarse libremente por la vía pública, será egresado del progama en forma inmediata procediéndose a suspender el pago del beneficio.

2. Incurrir en actos de violencia que importen la alteración del orden público, que hayan sido notificados de manera fehaciente por los organismos competentes.

3. Fallecimiento del titular.

4. Por renuncia expresa del titular.

5. Por falsedad de las declaraciones juradas debidamente constatada.

6. Por incurrir en alguna causal de incompatibilidad prevista en el artículo 15 del presente. La reglamentación del Programa podrá regular instancias de suspensión de la liquidación de la asignación dineraria en forma previa a resolver el egreso de participantes o ante situaciones de incumplimiento de sus obligaciones.

CAPÍTULO VI - DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LA ASIGNACIÓN DINERARIA

ARTÍCULO 17.- La liquidación de las asignaciones dinerarias estará sujeta a los procesos y controles informáticos aplicados en el marco de los programas nacionales de empleo a cargo del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO. El pago de las asignaciones dinerarias será autorizado a través del acto administrativo de aprobación de cada liquidación mensual.

ARTÍCULO 18.- En el proceso de liquidación de la asignación dineraria se utilizarán los mecanismos de intercambio de información implementados o a implementarse por la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, con la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, el CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES, la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y otros organismos públicos.

CAPÍTULO VII - DE LA SUPERVISIÓN Y EL MONITOREO DE LAS ACCIONES

ARTÍCULO 19.- Las acciones de supervisión del PROGRAMA VOLVER AL TRABAJO se realizarán a través de los circuitos operativos y procedimientos establecidos por el Reglamento de Seguimiento Técnico y Supervisión de Acciones de Empleo y Formación Profesional, aprobado por la Resolución N° 2147/10 de la ex SECRETARÍA DE EMPLEO y sus modificatorias, e instrumentos operativos aprobados por la Resolución N° 1039/20 de la ex SECRETARÍA DE EMPLEO o los que en un futuro los reemplacen.

ARTICULO 20.- La SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL realizará el monitoreo de las acciones y prestaciones a desarrollarse en el marco del PROGRAMA VOLVER AL TRABAJO y la evaluación de los resultados, con el propósito de orientar la identificación de necesidades de ajustes y adecuación para la planificación de las prestaciones. CAPÍTULO VIII - DE LAS SUSPENSIONES, BAJAS Y RECLAMOS

ARTÍCULO 21.- La SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL por vía reglamentaria establecerá las causales y modalidades de baja de los beneficiarios del PROGRAMA VOLVER AL TRABAJO. Como así también, el procedimiento de suspensión de la liquidación de la asignación dineraria o, la participación en las prestaciones.

Norma completa del Programa Acompañamiento social

LINEAMIENTOS GENERALES Y OPERATIVOS DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

TÍTULO I OBJETIVO Y PARTICIPANTES

ARTÍCULO 1°.- OBJETIVO. Promover la inclusión social y la mejora de las condiciones de vida de las personas pertenecientes a los hogares con mayor grado de exclusión y vulnerabilidad social, apuntando a fortalecer su núcleo familiar y la comunidad en donde viven.

ARTÍCULO 2°.- PARTICIPANTES. Del universo total de beneficiarios vigentes, al momento del dictado del acto que aprueba el presente Anexo, en el entonces PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSIÓN SOCIO-PRODUCTIVA Y DESARROLLO LOCAL “POTENCIAR TRABAJO”, corresponde considerar incluidos en el PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL, por su mayor grado de exclusión y vulnerabilidad social, a las siguientes personas:

1. Mujeres y hombres de CINCUENTA (50) años y más en condiciones de vulnerabilidad.

2. Mujeres con CUATRO (4) hijos o más menores de DIECIOCHO (18) años.

3. Titulares pertenecientes a las entonces Unidades de Gestión dependientes del Poder Ejecutivo Nacional que se encuentren vinculados a situaciones especiales.

ARTÍCULO 3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

1. Promover la inclusión social y la mejora de las condiciones de vida de los hogares en situación de indigencia y /o pobreza.

2. Promover el acceso a una red de protección social de hogares en situación de extrema vulnerabilidad social.

3. Fortalecer la integralidad de las políticas sociales.

4. Facilitar el alcance de los programas sociales sobre universos concretos de población en particular situación de vulnerabilidad y emergencia social.

5. Consolidar los derechos sociales y el ejercicio pleno de la ciudadanía.

TÍTULO II LÍNEAS DE ACCIÓN PROGRAMÁTICAS

ARTÍCULO 4°.- FORTALECIMIENTO FAMILIAR. OBJETIVO GENERAL. Acompañar de forma cercana y directa a personas pertenecientes a hogares en situación de extrema vulnerabilidad, para mejorar sus condiciones de vida, promoviendo la autonomía familiar y desarrollando capacidades para la autogestión.

ARTÍCULO 5°.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Elaborar un plan familiar en el cual se acordará con los integrantes del hogar aquellas dimensiones a trabajar y logros a alcanzar.

2. Generar espacios de diálogo y talleres orientados a fortalecer capacidades básicas para el desarrollo humano, como, por ejemplo, charlas y talleres que aborden temas vinculados a la educación, salud, nutrición, alimentación, derechos humanos, participación ciudadana, economía familiar y habitabilidad.

3. Identificar oportunidades de generación y/o incremento de los ingresos familiares a través de espacios de apoyo y asistencia, capacitaciones técnicas y/o profesionales para el desarrollo de habilidades, con foco en los integrantes del hogar en edad de trabajar.

4. Facilitar el acceso a los hogares de los recursos necesarios que se encuentren disponibles tanto a nivel local, provincial y nacional.

5. Realizar seguimiento en relación a las corresponsabilidades/logros a alcanzar definidos en el plan familiar.

6. Incentivar la participación de los integrantes de los hogares en los distintos encuentros planificados (a nivel familiar y comunitario).

ARTÍCULO 6°.- FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD PRODUCTIVA FAMILIAR. OBJETIVO GENERAL. Mejorar las condiciones de vida de los grupos familiares del país a través de la asistencia técnica, capacitación y apoyo financiero de proyectos productivos.

ARTÍCULO 7°.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Desarrollar herramientas de promoción y de generación de trabajo a través de la puesta en marcha y/o fortalecimiento de emprendimientos socioproductivos, precooperativos, mutualistas y cooperativos.

2. Constituir un sistema de promoción, organización y apoyo al desarrollo local con una perspectiva estratégica, regional y nacional.

ARTÍCULO 8°.- PREPARACIÓN PARA EL RETIRO. OBJETIVO GENERAL. Acompañar y preparar a las personas que se encuentran en el año inmediatamente anterior al retiro laboral para llevar los trámites jubilatorios, además de prevenir y evitar los impactos negativos que este retiro pueda significar.

ARTÍCULO 9°.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Facilitar información y herramientas sobre el trámite jubilatorio.

2. Proporcionar información útil que les permita adquirir nuevos conocimientos necesarios para enfrentar y comprender esta etapa.

ARTÍCULO 10.- SEGURIDAD ALIMENTARIA. OBJETIVO GENERAL. Tiene como objetivo promover la seguridad alimentaria en los hogares de extrema vulnerabilidad social a través de prestaciones materiales o económicas que permitan el adecuado acceso a alimentos seguros y nutritivos de forma tal que se garantice una vida sana y activa.

ARTÍCULO 11.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Contribuir a disminuir la desigualdad promoviendo la superación de la indigencia y pobreza.

2. Establecer un mecanismo automático, transparente, objetivo y directo de transferencia de recursos a los hogares en situación de extrema vulnerabilidad social.

3. Contribuir a establecer un ingreso mínimo a hogares en situación de extrema vulnerabilidad tendientes a acceder a una mejor alimentación y nutrición.

TÍTULO III PRESTACIONES Y CONDICIONES

ARTÍCULO 12. - LAS PRESTACIONES. El ejercicio de los derechos básicos por parte de las familias vulnerables demanda el desarrollo de capacidades, la creación de mínimas condiciones de calidad de vida y el impulso a la participación comunitaria. Los instrumentos de inclusión que articula el PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL (prestaciones monetarias y no monetarias) se centran en el rol de las familias como ámbito primario para la integración social y el quiebre de la transmisión intergeneracional de la pobreza.

ARTÍCULO 13.- PRESTACIONES MONETARIAS. Los beneficiarios del PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL percibirán una asignación dineraria mensual inicial no remunerativa de PESOS SETENTA Y OCHO MIL ($78.000.-). La percepción de dicha asignación dineraria por el beneficiario del PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL será compatible con la percepción de otros ingresos por parte de los restantes integrantes de su grupo familiar.

ARTÍCULO 14.- CONDICIONES. Como condición para percibir la asignación dineraria referida en el artículo 13 del presente será necesaria la presentación de la documentación relativa al cumplimiento de los controles de salud de las embarazadas, del Plan Nacional de Vacunación, de la regularidad escolar de los niños y niñas menores a cargo de la jefa de familia y el cumplimiento de aquellos controles que establezca la Autoridad de Aplicación mediante la reglamentación que dicte a tal efecto.

ARTÍCULO 15.- ACTUALIZACIÓN. Se faculta a la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO a dictar los actos administrativos que resulten necesario para la actualización del valor de la asignación dineraria referida en el artículo 13 del presente.

TÍTULO IV COMPATIBILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

ARTÍCULO 16.- COMPATIBILIDADES. La percepción de la asignación dineraria referida en el artículo 13 del presente será compatible, entre otros, con:

1. Asignación Universal por Hijo.

2. Asignación Universal por Embarazo para Protección Social.

3. Prestaciones económicas o materiales de naturaleza habitacional y/o de protección familiar otorgadas por el Estado Nacional, Provincial, Municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

4. Prestaciones de carácter alimentario.

5. Trabajadores independientes que se encuentren inscriptos en el Monotributo Social o régimen que lo suplante, Monotributo categoría A y B, Trabajador independiente promovido (Ley N° 26.565 y sus modificatorias, Decreto N° 1/10, y Resolución General AFIP N° 4309/18 y sus modificatorias).

6. Trabajadores dependientes registrados bajo el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

7. Trabajadores contratados bajo las modalidades de trabajo temporario o trabajo permanente discontinuo, conforme lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley N° 26.727 y su modificatoria de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto N° 514/2021.

8. Trabajadores contratados para desarrollar actividades agropecuarias bajo la modalidad establecida en el artículo 96 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto N° 514/21.

9. Trabajadores/as contratados en virtud de lo establecido en el Decreto N° 551/22.

10. Trabajadores que posean empleo formal registrado bajo relación de dependencia con una remuneración bruta mensual inferior al valor de UN (1) Salario Mínimo, Vital y Móvil.

ARTÍCULO 17.- INCOMPATIBILIDADES. La percepción de la asignación dineraria del PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL será incompatible para aquellas personas que:

1. Sean prófugos de la justicia penal y/o correccional nacional, provincial o federal.

2. Sean titulares de cualquier tipo de establecimiento comercial abierto al público como propietario, arrendatario, usufructuario u otro concepto análogo, así como con la titularidad de cualquier tipo de explotación agrícola o ganadera que no sean las establecidas en el Registro Nacional de la Economía Popular.

3. Perciban un subsidio o prestación monetaria no reintegrable con fines de empleo y/o capacitación otorgada por el Estado Nacional, Provincial, Municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

4. Sean titulares de más de 1 bien inmueble.

5. Sean titulares de un automotor, embarcaciones y/o aeronaves, cuya antigüedad sea menor a 10 años.

6. Perciban pensiones o prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, mutualidades de previsión o de cualquier otro sistema público de protección:

7. Que realicen alguna prestación social y/o de empleo en el estado provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipal o en organizaciones no gubernamentales cuyas tareas suplante la actividad propia de los empleados de los mismos.

8. Hayan viajado al exterior tiempo suficiente que impida cumplir con la contraprestación correspondiente o a destinos que no guarden relación con su situación de vulnerabilidad.

9. Hayan realizado gastos y/o consumos dentro y fuera del país con tarjetas de crédito y/o débito y/o billeteras virtuales en los últimos SEIS (6) meses, cuyo promedio mensual supere el monto equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil.

10. Se encuentren inscriptas en el Monotributo en la categoría “C” o superiores, o en el régimen de autónomos.

11. Hayan accedido al mercado de cambios a los fines de la obtención de divisas con fines de ahorro.

12. No se encuentren en situación de vulnerabilidad económica y patrimonial, que surja de los cruces efectuados con distintos organismos, conforme condiciones que establezca la reglamentación específica al efecto.

TÍTULO V CAUSALES DE EGRESO

ARTÍCULO 18.- Son causales de egreso del programa:

1. El que impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, subterráneo, agua o aire o no permitiere a terceros movilizarse libremente por la vía pública, será egresado del progama en forma inmediata procediéndose a suspender el pago del beneficio.

2. Incurrir en actos de violencia que importen la alteración del orden público, que hayan sido notificados de manera fehaciente por los organismos competentes.

3. Fallecimiento del titular.

4. Por renuncia expresa del titular.

5. Por modificación constatada de la condición de vulnerabilidad social del titular al momento del ingreso -por el cotejo a través del Sistema de Información Tributario y Social (SINTyS), dependiente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

6. Por incurrir en alguna causal de incompatibilidad prevista en el artículo 17 del presente.

7. Por falsedad de las declaraciones juradas debidamente constatada.

TÍTULO VI DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ARTÍCULO 19. - El PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL tendrá como beneficiarias a las personas que resulten transferidas desde el PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSIÓN SOCIO-PRODUCTIVA Y DESARROLLO LOCAL - “POTENCIAR TRABAJO”, en el marco de lo establecido por el Decreto N° 198/24 y sus normas complementarias. A partir del dictado del acto administrativo por el que se transfieran los beneficiarios del PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSIÓN SOCIO-PRODUCTIVA Y DESARROLLO LOCAL – “POTENCIAR TRABAJO” al PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL, los mismos serán considerados beneficiarios de este último programa.

ARTÍCULO 20.– Los beneficiarios del PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL percibirán una asignación dineraria mensual fija no remunerativa de PESOS SETENTA Y OCHO MIL ($78.000.-), durante la vigencia del Programa o hasta tanto los beneficiarios soliciten voluntariamente su baja o sean dadas de baja por las causales previstas en el presente o en normas complementarias que sean dictadas por la Autoridad de Aplicación.

ARTÍCULO 21. - El PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL tendrá vigencia, sujeto a la disponibilidad de crédito presupuestario, por un período de VEINTICUATRO (24) meses a partir de la entrada en vigencia del acto que aprueba los presentes LINEAMIENTOS GENERALES Y OPERATIVOS DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL. Al cesar la vigencia del PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL los beneficiarios que se encuentren afectados a alguna prestación ofrecida por en el marco del Programa podrán completar su desarrollo.

ARTÍCULO 22.- LA SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO será la Autoridad de Aplicación del PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL.

ARTÍCULO 23.- La Autoridad de Aplicación por vía reglamentaria podrá prever causales de baja de los beneficiarios del PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL y/o de suspensión de la liquidación de la asignación dineraria.

IG

La organización Libres del Sur, representada por Silvia Saravia, presentó esta mañana en el Palacio de Tribunales, un recurso de amparo por la suspensión de los pagos en el Potenciar Trabajo. La decisión se desprende luego de que el Gobierno nacional dejara de abonarle el beneficio a más de 22.000 personas por haber detectado la realización de viajes al exterior.

Según Saravia, eso “no es cierto” porque “más de la mitad de los beneficiarios” nunca viajaron al exterior aunque destacó que si lo hicieron “no es incompatible” con el Potenciar Trabajo.

“Tenemos un montón de testimonios que demuestran que no han viajado, que no se han movido de Argentina. En algunos casos, han viajado a países limítrofes en autos particulares o les han pagado el pasaje sus familiares”, afirmó Saravia. Además, declaró que “hay una cantidad importante” de suspensiones “sin ningún tipo de justificación” y que el ministerio de Capital Humano se lo asigna a “errores de tipeo”.

Por el momento, la organización Libres del Sur está esperando que se sortee cuál será el juzgado que tome el caso, mientras las personas viven “en un contexto de pobreza e indigencia crecientes”, reclamaron. “Milei y Petovello desprecian la vida, el sufrimiento de miles de familias con niños y niñas a su cargo, la angustia de una población que recibe un golpe tras otro. Son muy crueles”, concluyó Saravia.

MM con información de la agencia NA.

El mileista Ramiro Marra publicó un elocuente video donde casi la totalidad de los dirigentes políticos relevantes de argentina se pronuncian contra la “intermediación” de los “planes sociales”. Tiene un punto: la denostación de los movimientos sociales es un consenso mayoritario en la política. A veces reduciéndolos a instrumentos de contención. A veces atacandolos como causantes de los males sociales. Se trata de una derrota cultural de los que creemos en las organizaciones libres del pueblo, los conceptos de subsidiariedad y solidaridad, la potencia de la comunidad organizada como catalizador de la democracia real. 

Todo el trabajo de las organizaciones comunitarias está teñido de sospechas y hostigamiento. Se trataría, según esta visión, de una suerte de cárcel para los excluidos que les impide progresar. Es una barrera en su tránsito de la barbarie a la civilización. Nuestras construcciones sociales son estructuras tiránicas de poder lideradas por personas inescrupulosas, gerentes de la pobreza, que se enriquecen a costa del erario público y la extorsión a los beneficiarios. Muchas veces, se proyecta en las organizaciones y sus dirigentes el odio a los pobres, la tirria contra los negros, cabecitas, villeros. Otras veces, son producto de una sincera convicción de que la existencia de las organizaciones sociales distorsiona las políticas de estado. 

Nunca hemos logrado tener una discusión pública sincera al respecto. Los avances que se obtuvieron fueron a pesar de la percepción dominante y no producto de una síntesis en torno a qué hacer con el problema social más dramático de las últimas décadas: la exclusión, una forma multidimensional de pobreza estancada que afecta en forma permanente a al menos a un tercio de nuestro pueblo. 

Estos últimos días, por enésima vez, un gobierno decide cambiar el nombre a los llamados “planes sociales” y decretar la ruptura de la intermediación y el fin de los movimientos sociales. Como si la realidad se rigiera por decretos, el gobierno de Javier Milei, mediante la turbia ministra Sandra Pettovello, modifica las condiciones reglamentarias de las políticas sociolaborales, las transfiere de una dependencia a otra, recorta con dudoso criterio la cantidad de beneficiarios, elimina las partidas destinadas al mejoramiento productivo de las cooperativas y proclama que han encontrado la forma de pasar “de los planes al trabajo” con programas que se han de llamar alternativamente “empalme al trabajo”, “puente al trabajo” y ahora… “volver al trabajo”. Un ejemplo de creatividad.  

Desde luego, no pasó por su cabecita hueca de medio pelo porteño que la inmensa mayoría de los beneficiarios –lo pongo en itálica porque no se trata de beneficencia, sino de un derecho consagrado en la Constitución y en las leyes– tiene trabajo efectivo en alguna de las miles de cooperativas y grupos socio comunitarios. Estas unidades productivas que emplean a cientos de miles de personas se sostienen gracias a los planes sociales –lo pongo en itálica porque es la denominación peyorativa de políticas públicas de fomento al asociativismo, complementación de ingresos laborales y cobertura social–.

Todo esto que cualquiera puede ver en los barrios, para ellos directamente no existe. No existen comedores, merenderos, centros de cuidado infantil, casas para mujeres víctimas de violencia, casas comunitarias para la recuperación de adicciones, espacios para la reinserción laboral de personas que salieron de la cárcel, bachilleratos y profesorados comunitarios, cooperativas de limpieza, recolección diferenciada y reciclado, polos textiles, cuadrillas de construcción, mejoramiento de viviendas e integración urbana, herrerías y carpinterías, núcleos de agricultura familiar y  elaboración de alimentos, huertas comunitarias, grupos de comercialización colectiva, ferias y mercados populares, etc. Todo es un “curro” o una “caja política”. 

Supongamos que con “volver al trabajo” se refieren al empleo registrado en el sector privado. Lo que parecieran no considerar estos héroes del trabajo –que paradójicamente también quieren destruir los derechos laborales– es que la informalidad se ha convertido en la realidad de una creciente masa de los trabajadores al menos de 1976 a la fecha. Con altos y bajos, el núcleo duro de la informalidad no ha bajado del 30% desde ese 1992. El número aumenta si se toma como base la cantidad de adultos en condiciones de trabajar en vez de la más imprecisa Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que deja afuera ciudades pequeñas y el sector rural. 

La dirigencia política pareciera no observar que el fenómeno de la informalidad laboral –compuesto por trabajadores asalariados no registrados y trabajadores por cuenta propia de subsistencia– es una constante del mercado que no cesa ni con políticas de flexibilización ni con políticas de protección laboral. No se trata de una cuestión de costo laboral ni de competitividad sino de las nuevas realidades derivadas de la globalización económica a las que no escapa ninguna región del planeta pero que se agravan por la dependencia y el subdesarrollo. 

Una situación similar se da en el mercado inmobiliario formal que no deja de retraerse frente a la creciente imposibilidad de acceder a la vivienda propia. Este fenómeno se expresa en una rampante inquilinización –con o sin contrato– y la expansión de la cantidad de habitantes de los barrios populares –villas y asentamientos–, sumado a la expulsión de la familia rural y el languidecimiento de los pequeños pueblos. Esta situación afecta, llamativamente, a un número similar de habitantes de nuestro país que no baja del 30%. Con argumentos similares, hace dos semanas destruyeron la única política pública de integración urbana y acceso al suelo que funcionaba en el país. 

Es en este contexto de informalidad estructural del mercado laboral e inmobiliario en el que se desarrolla la economía popular y las organizaciones territoriales. Se trata de un contexto que no elegimos, que ya estaba cuando comenzamos a militar, que es causa y no consecuencia de la existencia de los movimientos. Vimos que organizar la informalidad laboral en formas comunitarias mejora la vida de la gente, les da un espacio de pertenencia, les permite progresar económicamente poquito a poquito. 

Tal vez molesta que la organización comunitaria —social, barrial, sindical, política, cultural, estudiantil, ambiental—, además de cumplir una función social, construya conciencia cívica y poder popular. Tal vez les molesta que sea una forma alternativa de poder frente a la plutocracia y la partidocracia. Tal vez sea, simplemente, cuestión ideológica en el sentido de una falsa representación de la realidad o una nostalgia lacrimosa del pleno empleo de otros tiempos.  

En efecto, la hipótesis predominante en la política oficial afirma que el crecimiento económico –con o sin intervención pública–  y una reforma laboral –sea de corte progresista o neoliberal– resolverá el problema en un plazo indeterminado pero indefectible. Una hipótesis alternativa, bastante más idiota que la primera, sugiere que el problema es precisamente el “plan social” porque desincentiva el trabajo (“en el campo no se consigue gente para la cosecha porque todos tienen el plan”, se escucha cada tanto). 

Semejante desatino no tiene en cuenta que la cantidad de trabajadores en la informalidad cuadruplican la cantidad de beneficiarios de planes sociales y que el monto de los mismos no alcanza para que una familia tipo se alimente una semana. El plan es un complemento a los ingresos fruto del trabajo. 

Nuestra hipótesis es bien distinta. Consideramos que los mencionados cambios en la economía global –que incluyen la automatización, la robotización, la deslocalización, la inteligencia artificial, financiarización, monopolización, entre otros– combinados con la nueva cartografía que redefine la división internacional del trabajo, ha enterrado la sociedad laboral y el pleno empleo como modelo posible de nuestro país al menos hasta que las condiciones estructurales cambien a nivel planetario. 

Plantear esta hipótesis, que tiene un fuerte sustento empírico, no implica cristalizar la precariedad laboral sino reconocer la existencia –independiente de nuestra voluntad política– de una nueva formación social que requiere una intervención pública decidida y sostenida para evitar el fenómeno paradigmático de la injusticia social de hoy: la exclusión. La exclusión implica la generación de una dualidad al interior de la clase trabajadora entre integrados y excluidos que perturba la convivencia social, destruye la realización de la comunidad, provoca graves grietas culturales y facilita el desarrollo de la criminalidad organizada, especialmente el narcotráfico. 

Frente a esta realidad, nosotros proponemos una economía mixta que reconozca al sector privado, el público y el popular de la economía. Este último, la economía popular, consiste en las estrategias laborales actualmente precarias que con la creatividad inmensa de los pobres frente a la necesidad, explica la subsistencia de un tercio de los argentinos excluidos. Su valor no se puede medir en términos de productividad comercial sino con parámetros alternativos de naturaleza humana, social, cultural y ambiental, aunque su aporte al producto bruto interno no es nada despreciable. 

La economía popular no es autosuficiente en términos económicos, al menos en condiciones razonablemente dignas para sus trabajadores, por la sencilla razón de que no cuenta con uno de los factores de producción: el capital. El componente constante del capital –infraestructura, maquinarias, materias primas, etc– es siempre bajísimo en relación a la cantidad de trabajadores. 

Una empresa necesita, según varios estudios, alrededor de US$20.000 de inversión en capital para crear un puesto de trabajo asalariado registrado en el sector privado competitivo. La sostenibilidad en el tiempo de dicho empleo dependerá de nuevas inversiones y los vaivenes de la economía. La “inversión” en la economía popular es ciertamente mucho más baja, el factor principal de la actividad es el trabajo y no el capital, pero es absolutamente evidente que, librados a su suerte, estos puestos de trabajo permiten ingresos bajos y condiciones laborales sumamente precarias, con escasas excepciones.  

Los mecanismos asociativos en la economía popular pueden mejorar ingresos y condiciones de trabajo, pero sin apoyo estatal de ninguna manera lograrán la autosuficiencia económica e inserción en el mercado competitivo. De nuevo, no se trata de un problema de mérito, inteligencia, capacidad empresaria. La creciente cantidad de capital constante que se requiere para sostener una empresa competitiva es inaccesible para los sectores excluidos que no tienen siquiera un terreno propio donde construir su vivienda. 

Es por eso que la economía popular requiere políticas públicas que fomenten la asociación de sus trabajadores en el caso de los cuentapropistas informales junto la elevación de las condiciones laborales en el caso de los asalariados informales. Es que el mundo de la informalidad se divide en estos dos grandes subsectores: quienes trabajan como empleados de microempresas y quienes lo hacen por cuenta propia. Se requiere un abordaje sincronizado pero diferenciado. En un caso existe dependencia, en el otro autonomía. 

En Argentina existen leyes que protegen a los trabajadores de la economía popular que este gobierno ha decidido pisotear. La ley 27.345 se creó para “promover y defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en la economía popular, en todo el territorio nacional, con miras a garantizarles alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional, con fundamento en las garantías otorgadas al ”trabajo en sus diversas formas“ por el artículo 14 bis” consagrando el derecho al salario social complementario como una forma de complementación de los ingresos obtenidos por los laburantes en sus actividades populares dispersas u organizadas. 

Asimismo, el registro nacional de trabajadores de la economía popular (RENATEP) y el monotributo social fueron avances en el registro de los trabajadores y el acceso a ciertos subsistemas de la seguridad social como la salud y el sistema previsional. También se logró una forma específica de seguro de riesgos de trabajo para el sector que duerme el sueño de los justos en el ex Ministerio de Trabajo. Asimismo, el derecho a sindicalización se obtuvo mediante la obtención de personería social para la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular que entre otras garantías estableció mecanismos de mediación y resolución alternativa de conflicto que nunca se aplicaron.  

En el mismo sentido, hasta hace unos días existieron políticas públicas –insuficientes– que proveían maquinaria, herramientas y materiales a las unidades productivas y sociocomunitarias. Con distintos nombres y escala –Argentina Trabaja, Proyectos Productivos Comunitarios, Potenciar Trabajo– el movimiento de economía popular logró estas políticas de dignificación de su labor. El mecanismo de funcionamiento era la creación de Unidades de Gestión para ejecutar un Plan de Trabajo que en general involucraba a miles de trabajadores y a varias Unidades Productivas o Grupos Sociocomunitarios. Los proyectos eran presentados por municipios y organizaciones sociales, evaluados, aprobados, financiados y auditados por el extinto Ministerio de Desarrollo Social, actual Ministerio de Capital Humano. El costo por trabajador era prácticamente insignificante para el presupuesto nacional. 

Más allá de los argumentos de corte macroeconómico antes descritos, la denostación contra estas políticas públicas se basó en un rechazo a la intermediación y la discrecionalidad en la asignación y administración de recursos. Ambas afirmaciones son parcialmente válidas, aunque su utilización como argumentos contra las políticas públicas de economía popular constituye una falacia lógica. 

La discrecionalidad es producto de la escasez. Al no existir para todas las personas que están en la misma situación, alguien o algo definen a quien le toca y a quien no. Este alguien puede ser una asistente social, una organización comunitaria, un intendente, una máquina que asigna al azar. Esto es lo que sucede con el Salario Social Complementario que, como dijimos, llega a un cuarto de los trabajadores  que están en condiciones reglamentarias de recibirlo. Vale reiterar que los trabajadores cobran este complemento de ingreso de manera directa a través de una cuenta sueldo individual. 

En cuanto a la mediación entre Estado y trabajador, Estado y usuario, lo mismo que se endilga a los movimientos sociales sucede con cualquier sector económico que el Estado considere estratégico apoyar, o cualquier organización con o sin fines de lucro que recibe fondos públicos para aplicarlas a una tarea productiva, asistenciales o de formación. Las empresas de Caputo en Tierra del Fuego, el transporte de pasajeros, los proveedores de energía eléctrica, los contratistas de obra pública, las organizaciones caritativas religiosas, los colegios privados subsidiados, los clubes subsidiados, las bibliotecas populares, etc.

El problema de la discrecionalidad se resuelve universalizando la política pública o no se resuelve. Si no hay para todos, siempre habrá un mecanismo arbitrario de asignación. 

La mediación no es un problema en sí mismo. Ninguna sociedad equitativa (que busque evitar del modelo excluyente mercadocéntrico o del modelo totalitario estadocéntrico) puede prescindir de organizaciones intermedias. Fueron éstas organizaciones las que, según Tocqueville, hicieron fuerte a la democracia norteamericana. 

La situación se convierte en problemática cuando las instituciones intermedias malversan los fondos públicos. Llamativamente, los casos de malversación o administración fraudulenta que tramitan en la justicia son una proporción ínfima tanto en relación a la demonización pública que se reitera diariamente en los grandes medios como del enorme despliegue de cooperativas de trabajo y grupos sociocomunitarios que existen en la Argentina.

No puede atribuirse a las organizaciones el problema de la asignación arbitraria de altas en el Salario Social Complementario porque la arbitrariedad, como dijimos, es el resultado lógico  de que existan menos cupos que personas elegibles. La existencia de instituciones organizadoras lejos de ser un problema debería verse como un aporte social creativo frente a un problema que nadie ha logrado resolver. 

Los abusos de poder dentro de las organizaciones sociales son innegables. Tantos como en las organizaciones empresariales, eclesiales, sindicales, educativas, sanitarias, etc. Tantos como en la administración pública, los partidos políticos, las fuerzas armadas o los organismos internacionales. Un contralor adecuado de las organizaciones intermedias –máxime si reciben fondos públicos– es un derecho y una obligación que el Estado debe ejercer con rigor, ecuanimidad y buena fe. La universalización de las políticas de complemento de ingresos es la única forma equitativa de terminar con todo tipo de discrecionalidad. 

Todo ello es posible, justo y necesario para mejorar las condiciones de trabajo y vida de los sectores excluidos. Sin duda no hay soluciones inmediatas y el desarrollo de una economía mixta será producto de aproximaciones sucesivas, errores y aciertos. Lo que sin lugar a dudas es el camino equivocado es negar la necesidad de abordar la exclusión a través de formas comunitarias de integración social apoyadas por el sector público. Mucho más destruir lo construido, induciendo mayores niveles de deshumanización en nuestra sociedad.  

Con todo, nuestro pueblo y sus organizaciones han dado muestra de resistencia y resiliencia frente al vaciamiento, el desprecio y la difamación. Tengo confianza en que con unidad, organización y lucha podremos revertir la conculcación de derechos. De esta ofensiva, los movimientos sociales saldrán templados y fortalecidos para desarrollar la agenda de Tierra, Techo y Trabajo que nos permita alcanzar una Argentina Humana.  La alternativa es la profundización de la dualidad social,  la consolidación de la macroestructura y la más abyecta deshumanización.

La eliminación del Programa Potenciar Trabajo por parte del gobierno de Javier Milei responde a dos objetivos, de acuerdo con el decreto 198/24, y la información publicada en medios periodísticos: promover la inclusión laboral de titulares del plan a través de la formación laboral, las prácticas en ambientes de trabajo y la asistencia de emprendimientos individuales o colectivos; y asistir a familias con alta vulnerabilidad social, titulares con 4 hijos menores o más y mayores de 50 años.

Esta propuesta, que deja sin efecto el Programa Potenciar Trabajo, creado por la resolución 121/2020, implica otras decisiones con alto impacto político y de rediseño de la política social, además de que ya existían las herramientas para avanzar en dichos objetivos.

Una de ellas es desenganchar el ingreso de los titulares (Salario social complementario) de su actualización con los aumentos del Salario Mínimo Vital y Móvil, dejándolo congelado y sujeto a una licuación permanente fruto de la inflación, si bien puede haber futuras actualizaciones decididas por decreto.

Otra es eliminar la participación de las Unidades de Gestión (gubernamentales y no gubernamentales) que ofrecen actividades laborales y de servicio comunitario con la correspondiente certificación de la contraprestación de tareas de cada titular. Además, brindan un marco institucional, organizativo y de pertenencia comunitaria para el desarrollo personal y familiar de cada titular.

La política pública de ingreso social con trabajo se inició a fines de 2009 y continúa hasta nuestros días. A pesar de los cambios de gobierno y sufriendo sucesivas mutaciones fue ganando institucionalidad, un marco normativo y un conjunto de acciones del Estado que le fueron reconociendo formas de sobrevivir y desarrollarse de ciudadanos excluidos del mercado laboral, del crédito, con fuertes barreras de acceso a servicios educativos, de salud y de vivienda de calidad; todos, condicionamientos para la inclusión laboral, sea en relación de dependencia u autoempleo.

Esta decisión del gobierno, respecto de quitar previsibilidad y poder adquisitivo al ingreso del plan social y eliminar el trabajo coordinado con gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil, es un retroceso en una política pública que, con sus más y sus menos, fue una construcción y un aprendizaje del Estado y la comunidad en general para reparar el daño de políticas económicas que profundizaron la precarización, la desigualdad y la exclusión.

Era una oportunidad de sanear y mejorar la acción de gobierno para construir una política pública más transparente, con amplia participación comunitaria y que convocara a integrar y garantizar derechos básicos a ciudadanos que sucesivamente y de generación en generación, sufren una doble exclusión material y social.

Potenciar Trabajo tuvo aciertos y desaciertos

• Llegó a una amplia mayoría que lo necesitaba, jóvenes y mujeres, familias numerosas y personas en edad avanzada pero aún sin edad de jubilarse. Un problema: al no ser universal y no existir criterios de priorización objetivos, el acceso fue arbitrario y sujeto en ocasiones a posibles prácticas clientelares.

• Es un ingreso significativo para las familias, complementario a otras actividades, una base de cierta seguridad ante tanta precariedad. Un piso para el sostenimiento de salarios en la informalidad o en tareas de baja calificación. A su vez un ingreso que quitaba incentivos para el trabajo registrado en actividades de salarios cercanos al salario mínimo, fomentando la conveniencia de permanecer en la informalidad. 

• Favoreció la organización comunitaria, el encuentro social y pertenencia a diversas formas asociativas para paliar la crisis, para tareas de cuidado alimentario, sanitario, educativo. Es cierto que la pandemia y el avance de la degradación social por el abandono o el narcotráfico sería mucho más grave sin la tarea de militantes sociales de organizaciones civiles y de gobierno que se organizan y crean cooperativas, comedores, centros de educación popular e infinidad de actividades para el desarrollo económico y social en los barrios más humildes. Esto no implica que haya que delegar o tercerizar la política social y mejorar los mecanismos de auditoría y control de estas organizaciones de base, pero debe ser desde el acompañamiento y el reconocimiento.

A los que somos parte del campo popular nos faltó sensibilidad y coraje para cuidar y preservar esta política social; que no se transforme en botín de algún sector o en dádiva sin contenido ni proyecto. Nos olvidamos de poner en el centro a las personas.

A los que somos parte del campo popular nos faltó sensibilidad y coraje para cuidar y preservar esta política social; que no se transforme en botín de algún sector o en dádiva sin contenido ni proyecto. Nos olvidamos de poner en el centro a las personas

Dejamos las condiciones para que un gobierno —que va en contra de toda justicia social, de búsqueda de construir consensos para combatir la pobreza, de previsibilidad e institucionalidad para transformar problemas que el mercado no sólo no va a resolver sino que genera— avance en el recorte de la inversión social y en contra de toda intención de construcción democrática de consensos y articulación social.

No se resuelve la pobreza congelando el ingreso y desconociendo a los trabajadores y sus formas organizativas. Llamar al nuevo programa “Volver al trabajo” es una declaración de principios estigmatizante y desvalorizadora, nadie vive con medio salario mínimo, los que reciben el ingreso no son vagos, son trabajadores precarizados de la economía informal o popular. Son compatriotas que sufrieron los fracasos de las políticas del estado, del pacto democratico que hoy está cuestionado. Sabemos que no es con destrucción y anarco capitalismo que se va a resolver, aprendamos y reconstruyamos la representación social para construir una nueva mayoría.

PP/JJD

El gobierno de Javier Milei eliminará el plan Potenciar Trabajo y, en su reemplazo, creará dos nuevos planes sociales, Volver al Trabajo y Acompañamiento Social, según informaron fuentes oficiales.

El objetivo de la gestión de La Libertad Avanza es reducir la injerencia de las unidades de gestión, que controlan las tareas que realizan los beneficiarios y que, en muchos casos, están vinculadas con las organizaciones sociales.

Los actuales beneficiarios del Potenciar Trabajo, que dejará de existir, se reagruparán en estos dos planes sociales nuevos, con el fin de que obtengan más rápidamente un empleo formal.

La decisión de dar de baja al Potenciar Trabajo tiene que ver con que durante los últimos cuatro años, en la gestión de Alberto Fernández (Frente de Todos), apenas el 1,3% de los beneficiarios de dicho programa social logró conseguir trabajo formal. En el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, llegaron a la conclusión de que el Potenciar Trabajo no funcionó y por eso va a ser reemplazado por Volver al Trabajo y Acompañamiento Social. Sin embargo, esto desconoce la organización del mercado de trabajo actual y la preponderancia de la economía popular. El Potenciar Trabajo busca complementar los ingresos de personas que realizan tareas de alto impacto social (cocinan en comedores comunitarios o separan y reciclan residuos, por ejemplo), pero muy poco valorados en el mercado.

Según se explicó, todos los beneficiarios actuales del Potenciar Trabajo van a pasar a agruparse en ambos programas. Quienes se considere que estén en una situación de extrema vulnerabilidad social van a quedar bajo la órbita del Acompañamiento Social. Por ejemplo, personas que tengan más de 50 años, madres con más de cuatro hijos o adultos mayores que estén transitando su última etapa laboral y estén cerca de la jubilación.

En cambio, los beneficiarios del Potenciar Trabajo que tengan entre 18 y 49 años, con una vida activa laboral, van a pasar al programa Volver al Trabajo.

El Potenciar Trabajo le otorga al beneficiario la mitad del monto del Salario Mínimo Vital y Móvil (actualmente, en $180.000, de modo que reciben $90.000) a cambio de una contraprestación laboral de cuatro horas o la terminalidad educativa.

El nuevo programa Volver al Trabajo pondrá el foco en mejorar la capacitación laboral de los beneficiarios, con cursos y formaciones profesionales por las cuales obtendrán certificaciones de competencias laborales y prácticas formativas en diferentes empresas, según se informó oficialmente. El objetivo, se indicó, es que los beneficiarios den un salto de calidad laboral, es decir que gracias a la capacitación puedan dejar las tareas que realizan en la actualidad, como limpieza en municipios o atención en merenderos.

La prestación del Volver al Trabajo y de Acompañamiento Social va a ser compatible con un trabajo formal de hasta $540.000 de salario mensual.

En la actualidad, el programa Potenciar Trabajo tiene 1,3 millón de beneficiarios. El Gobierno calcula que 975.000 van a ser beneficiarios del Volver al Trabajo y el resto, las personas en situación de mayor vulnerabilidad, del Acompañamiento Social.

“Un plan ineficaz”

“Se trata de un nuevo paso decisivo hacia la optimización de la estrategia de inclusión social y laboral que tendrá el Ministerio”, aseguró Pettovello en un comunicado, y explicó que “Potenciar Trabajo fue un plan ineficaz donde de 1.400.000 beneficiarios apenas el 1.3% consiguió un empleo formal”.

El comunicado destaca que, aunque los beneficiarios sean segmentados en uno de los programas, aquellos que estén en Acompañamiento Social y estén interesados en participar en Volver al Trabajo “tienen la libertad de hacerlo”.

“Con Potenciar Trabajo, las Unidades de Gestión (de las organizaciones sociales) recibían cerca de US$34 millones anuales para la realización de cursos y otras actividades que, según los informes, no resultaron efectivos en la promoción de empleabilidad o en la generación de empleo. Además, se eliminará el sistema de planillas de asistencia que permitía a estas unidades ejercer un control sobre quién recibía los pagos y quién no, facilitando así la intermediación”, dice el comunicado oficial.

Agrega que “la estabilidad en el número de beneficiarios a los largo del desarrollo de Potenciar Trabajo, lejos de reflejar una gestión exitosa, demuestra la incapacidad para generar verdaderas oportunidades de desarrollo”. “Las causas de baja más significativas no se deben a una exitosa inserción laboral sino a procesos de fiscalización y control, que resultaron en la identificación de cerca de 50.000 casos de incompatibilidad, gracias a las denuncias de la Justicia y al cruce de datos entre las bases del Potenciar, Synthesis y ANSES. A su vez, un número equivalente de bajas se atribuye a circunstancias inevitables como el fallecimiento o el alcance de la edad máxima permitida para participar en el plan”, se indicó.

JJD

El Gobierno formalizó la suspensión del pago del programa Potenciar Trabajo a más de 4.500 personas por supuestas incompatibilidades.

La decisión había sido anticipada días atrás por el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, luego de que avanzara una investigación llevada a cabo por el fiscal Guillermo Marijuan.

Los trabajos judiciales arrojaron que “luego del entrecruzamiento de la base de datos de los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo y de la nómina de los empleados públicos de 14 provincias, 4.588 personas presentarían incompatibilidades para acceder a dicho plan”.

Las 14 provincias investigadas hasta el momento son Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz, se informó en un comunicado.

A través de la Resolución 17/2023, publicada este martes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Capital Humano dio a conocer los nombres de todas las personas apuntas: se trata de un listado de 418 páginas.

El fiscal Marijuan había solicitado en noviembre pasado las bases de datos de los trabajadores estatales de las 23 provincias y la Ciudad, a fin de cruzarlas con el padrón del plan social.

Según la investigación, “la realización de presuntas maniobras ilícitas que podrían encontrar adecuación típica en el delito de defraudación contra la Administración Pública”.

El fiscal apunta contra los funcionarios públicos nacionales y provinciales que “sus acciones u omisiones han permitido o facilitado la comisión de estos fraudes contra el Estado Nacional, conductas que, en principio, encuadrarían en el delito de violación de los deberes de funcionario público”.

Los titulares de Potenciar Trabajo cobran $78.000 y el Gobierno del presidente Javier Milei ya aclaró que ese monto se congelará, por lo que no habrá aumentos en los próximos meses.

El objetivo del plan es “contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa, con el fin de promover la inclusión social plena para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica”.

La lista completa de los beneficiarios dados de baja

¿Qué es Potenciar Trabajo?

El Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo”, unifica a los programas Hacemos Futuro y Salario Social Complementario en una única iniciativa.

¿Cuál es su objetivo?

Tiene como objetivo contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa, con el fin de promover la inclusión social plena para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica.

¿Quiénes son parte del programa?

Está destinado a aquellas personas físicas que se encontraban bajo los programas “Hacemos Futuro” y “Proyectos Productivos Comunitarios”. El programa “Potenciar Trabajo” unifica en esta iniciativa a todas y todos sus titulares.

¿Qué contraprestación deben realizar los titulares?

Los y las titulares del programa podrán optar por cumplir su contraprestación con su participación en proyectos socio-productivos, socio-laborales y/o socio-comunitarios o a través de la terminalidad educativa.

Con información de agencias.

IG

En medio de la polémica generada desde la instauración por parte del ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich del “Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público” y de la advertencia en boca de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que aseguró en su único discurso público que “el que corta, no cobra”, distintas organizaciones sociales denunciaron que la actitud del gobierno de Javier Milei es “anticonstitucional” e “ilegal”, y lo consideraron una “amenaza”.

Pero, ¿qué dice la normativa que creó el programa Potenciar Trabajo, plan social emblema desde su instauración en 2020? ¿Hay algún aval para quitar planes sociales a beneficiarios que participen de marchas o protestas que impliquen cortes de calle?

En la Resolución 121/2020 del que hasta hace días era el Ministerio de Desarrollo Social y que ahora está bajo la órbita de la cartera de Capital Humano, el punto 7 de los “lineamientos generales” que habla de los “criterios de ingreso, permanencia y egreso de los titulares” del Potenciar Trabajo.

A continuación, las “incompatibilidades” por las cuales los beneficiarios pueden perder su plan:

Aquellas personas que:

Nada dice específicamente de la participación en manifestaciones o de la comisión de un delito, sólo habla de “prófugos de la Justicia”. “La única forma que le puede sacar el plan es si los acusan de un delito penal. Para eso tiene que actuar la Justicia e imputarse un delito tipificado en el código penal”, explicó a elDiarioAR una fuente con conocimiento de la burocracia vinculada a las ayudas sociales. De todos modos, como la norma actual solo habla de “prófugos de la justicia” y no de imputados, se debería modificar la norma. 

En un informe publicado por Chequeado en 2022 tras una expresión del exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta en sintonía con lo que ahora promueve el Gobierno de Milei, cuando el antecesor de Jorge Macri pidió “sacarles los planes sociales a quienes corten las calles y no cumplan con la ley”, el abogado Andrés Gil Domínguez, profesor de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), señaló que “ejercer el derecho constitucional a ‘peticionar ante las autoridades’, el derecho a protesta, y el derecho a la libertad de expresión no puede ser causal para revocar una ayuda del Estado”.

Por su parte, para Francisco Rodríguez, abogado y coordinador del Programa Derechos Sociales de la Niñez de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), “el ejercicio de un derecho constitucional nunca podría traer aparejada una sanción que implica perder la titularidad de un derecho como es el acceso a prestaciones sociales”. 

Mientras que la abogada Natalia Volosin, doctora en Derecho por la Universidad de Yale, subrayó que si cortar una calle “es o no un delito, o es o no un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, es algo que en la Argentina debe determinarse en cada caso concreto”, ya que “no se puede determinar, a priori, que todo corte de calles es un delito”. “Habrá casos en los cuales efectivamente esto será un delito o un ejercicio abusivo de la libertad de expresión, y otros casos -diría que la mayoría-, en los cuales se trata del ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión”, afirmó. Y agregó: “No se puede, de manera abstracta, sacar derechos sociales o planes a quienes cortan calles, porque, tal vez, quienes cortan calles, en un caso concreto, que es algo que debe determinar un juez o una jueza, estén ejerciendo un derecho”.

IG

Sandra Pettovello hizo su debut mediático con un brevísimo video grabado en la Casa Rosada porque el súper-ministerio de Capital Humano no tiene sede propia. Desde ese no-lugar de su cartera, que abarca toda la política social del gobierno de Javier Milei, hizo tres anuncios principales: que aquellas personas que marchen este miércoles a Plaza de Mayo perderán el “plan” –el estigma que carga el salario social complementario del Potenciar Trabajo–, que se eliminarán las certificaciones de asistencia del programa, y que se hará una auditoría –otra más– sobre las organizaciones. Fueron tres anuncios que generan polémica porque cuando se escarba en ellos se encuentra que tienen más que ver con lo discursivo que con lo fáctico. 

Nada dijo Pettovello sobre el futuro concreto del Potenciar, que el ministro de Economía, Luis Caputo, ya adelantó que no se va a actualizar pese al salto inflacionario de su devaluación: hoy el programa paga unos $78.000 a 1,2 millones de beneficiarios a cambio de cuatro horas de contraprestación diaria, que van desde trabajo en cooperativas –puede ser un comedor o una panadería barrial, por ejemplo– o estudiar y capacitarse. 

El dedo del Gobierno carga contra “los piqueteros” pero del total de beneficiarios unos 700 mil pertenecen a las llamadas “unidades de gestión” (UG) que dependen de las organizaciones sociales –de todos los colores políticos, kirchneristas como de izquierda (los famosos piqueteros)– pero también de la Iglesia, federaciones de clubes y ONG. El resto, unas 500 mil personas, dependen de las provincias, los municipios y hasta del propio Estado nacional a través de un sinfín de dependencias o entidades, como pueden ser secretarías u organismos descentralizados.

Anoche mismo los beneficiarios del plan podían ver en sus cuentas en Mi Argentina la amenaza latente del Gobierno: “El que corta, no cobra”, reza un mensaje al abrir la app. Y cierra muy sugerentemente: “Queremos darte la tranquilidad de que si cumplís con la ley, vamos a cuidarte: Si sos beneficario/a de un plan social, que nadie te obligue a cortar vías de circulación bajo amenaza de que vas a perderlo. Podés denunciar anónimamente al 134. Que tengas una Navidad y un fin de año en paz”.

¿Cómo identificarán a los manifestantes?

El anuncio de Pettovello se da en el marco de cierta criminalización de la protesta social que activó el Gobierno desde que el jueves pasado se anunció un “protocolo antipiquete” a cargo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ayer la titular de Capital Humano insistió con el latiguillo libertario: “El que corta no cobra”. ¿Pero cómo haría efectiva esa amenaza?

elDiarioAR consultó en Capital Humano esa operatividad para identificar a los supuestos beneficiarios que vayan a la movilización y la respuesta lanzó la pelota afuera: “Eso preguntárselo a Seguridad”. Para hoy está agendada una reunión clave entre la cartera de Bullrich y su par porteño, Waldo Wolff, con el objetivo de terminar de delinear el operativo antipiquete. Como ya contó este medio el domingo, la idea es que las fuerzas federales se ocupen de intentar evitar que los manifestantes crucen desde el conurbano a la Capital Federal por los distintos accesos, como el puente Pueyrredón o las líneas de trenes. También habría apoyo logístico en las calles de la ciudad, que estarán fuertemente custodiadas por la policía local. 

“¿Cómo identificás a la gente que se movilice? ¿Con identificación biométrica?”, se preguntó ante elDiarioAR un exfuncionario del ministerio de Desarrollo Social que acaba de renunciar a su cargo. “Es una barbaridad, totalmente inconstitucional. Porque si vos te movilizas y te sacan el programa, lo judicializás”, completó la fuente. 

Hay un antecedente: en el ahora exministerio hubo un fuerte revuelo interno cuando se identificó que parte del reducido grupo de manifestantes que había agredido el año pasado los ventanales del despacho en el Senado de Cristina Fernández de Kirchner cobraban el Potenciar. Otro punto de conflicto es que el sistema del Potenciar no permite la “baja directa”, sino que penaliza al beneficiario recién cuando incumple su contraprestación tres meses consecutivos.

“Son amenazas para que la gente se quede en la casa”, denunció a elDiarioAR Eduardo “Chiquito” Belliboni, referente del Polo Obrero y cabecilla de la movilización de mañana. Ratificó la marcha y la estimó, como mínimo, en 25 mil personas. Ante la advertencia de que perdería todo diálogo con el ministerio, planteó: “Veremos. Lo mismo dijo Macri en su momento”. 

Hasta ahora las organizaciones venían teniendo conversaciones con funcionarios del equipo del flamante secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, compuesto por bullrichistas y larretistas: Héctor Calvente, exsecretario general de San Miguel; Rodrigo Aybar, exconcejal de Tres de Febrero; Guillermo Viñuales, que fue candidato en Lomas de Zamora por JxC, y Facundo Durán, exsubsecretario de Mantenimiento del Espacio Público también en Tres de Febrero. 

Eliminación o descontrol de la certificación de asistencia

Con la intención de quitar la “intermediación de los piqueteros”, la eliminación de la certificación de asistencia al Potenciar fue quizás la única medida concreta que anunció la ministra Pettovello. Pero su aplicación también es brumosa. Es que el plan social lo cobra el beneficiario directamente desde el Estado, luego de que en su UG certifican su contraprestación de 4 horas diarias. 

Esa función se realiza mensualmente a través de un sistema interno del ministerio que le asigna a cada UG un código único, supo elDiarioAR. Por ejemplo, si el beneficiario trabaja en un comedor perteneciente a una organización social, su responsable debe tomarle “asistencia” diaria para, luego, una vez al mes, “marcarlo” en el sistema digital. Si el beneficiario no contrapresta, automáticamente al mes siguiente cobra la mitad del programa. También puede pasar que el beneficiario tenga un problema con su referente, por lo que el sistema contempla una vía de reclamos –presencial o incluso digital, a través de Mi Argentina– con el que podrían derivarlo a otra UG.

Lo que anunció Pettovello ahora quita todo control al programa o, viéndolo de otra manera, se lo da al Estado, cuando es un mantra libertario que el Estado deje de intervenir en la vida cotidiana. “Ahora se puede especular en que si no me van a pasar el presentismo, no voy a ir. Fomenta que no haya prestación porque ya no hay nadie controlando. El Estado no tiene capacidad para hacer esa tarea sobre 1,2 millones de personas”, denunció un dirigente territorial de experiencia en la administración del programa. “Genera descontrol y confusión. Ese poder que ahora se arroja el Estado hace que haya mucha más discreción y arbitrariedad”, comentó otro referente de una agrupación kirchnerista. “Es algo que reclama el ministerio; si no lo reclaman más, no lo presentamos más”, dijeron en el PO. 

La ministra se limitó a argumentar su medida políticamente: “Sepan que nadie puede obligarlos a ir a una marcha bajo amenaza de quitarles el plan”, señaló. El exfuncionario lo entendió así: “El planteo es cínico: te dice que no te pueden obligar a marchar pero ella está obligando a no marchar. Hay miedo de la gente a que la caguen a palos en la marcha o que le saquen la única manera que les queda para sobrevivir. Es una pulseada que está abierta”. 

“Hay un desconocimiento importante sobre la organización popular en el territorio, que va mucho más allá del salario complementario. En las organizaciones hay un sentido de pertenencia, muchísimos momentos de asambleas. No es que un dirigente toma una decisión y la gente sale corriendo”, señaló Alejandro “Peluca” Gramajo, dirigente del Movimiento Evita de Emilio Pérsico –exsecretario de Economía Social– y secretario general de la UTEP.

También Pettovelo dijo que “quienes sufran la extorsión de participar en las marchas, podrán denunciarlo a través de la línea 134”. Es una línea que depende en realidad del Ministerio de Seguridad para denunciar hechos o alguna situación sospechosa “de violencia institucional”. Y, como se dijo, ya hay una vía de reclamos a través de Mi Argentina.

La auditoría que ya fue

Tampoco hay mucha información sobre la auditoría que anunció Pettovello. En su momento Victoria Tolosa Paz realizó una de manera digital. Su gestión redujo cien mil planes, luego de la polémica por irregularidades que detectó la AFIP en más de 250.000 beneficiarios. Ese informe de la oficina recaudadora siempre se sospechó que tuvo que ver con la guerra interna entre el cristinismo y el albertismo.

“Comenzaremos a auditar a todas las organizaciones que entreguen planes sociales”, dijo Pettovello al realizar ese anuncio. El yerro parece voluntario: los planes los entrega el ministerio, no las organizaciones o, siendo más preciso, las UG. Además, supo este medio, ya hay auditorías permanentes porque el Estado hace controles desde el momento en que financia, por ejemplo, proyectos productivos como una panadería, cuyos empleados cobraría el Potenciar. 

Más allá del anuncio grabado de Pettovello, el Potenciar seguirá existiendo, al menos hasta que se pulverice su poder de compra por la inflación creciente. No se anunció un cambio sustancial en el tema central del manejo de los planes sociales, que es la discrecionalidad para su otorgamiento, mientras no sea una política universal como la AUH o la Tarjeta Alimentar. “Si hay unas 7 millones de personas que tienen los requisitos para acceder, porque son trabajadores informales, pero hay 1,2 millón de planes, ¿quién decide quién ingresa y quién no?”, se preguntó el exfuncionario. 

Algo que no dijo Pettovello ayer es que una idea es traspasar todo el Potenciar a las provincias y los municipios. Esa sí sería una medida política que podría generar una “guerra” con los movimientos sociales. Por ahora, según la ministra, su deseo es que “todos los argentinos tengan una Navidad y un fin de año en paz”, como cerró el video grabado ayer. Fue una frase que roza la ingenuidad en medio de semejante ajuste de Milei, similar a la que soltó la semana pasada cuando en una reunión con curas villeros recibió la pregunta de cómo pensaba pasar la Navidad, en alusión a cuáles serían las medidas sociales del Gobierno, y la ministra respondió: “Con mi mamá”.

MC/JJD

A 10 días de balotaje, el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, cruzó al ministro de Economía, Sergio Massa, en redes sociales y desmintió que, ante un gobierno libertario, se vayan a quitar los programas sociales. “Hasta tanto la Argentina no haya adoptado el modelo económico de la libertad, que permita la creación de riqueza, la generación de trabajo y bienestar, eliminar la asistencia social es un crimen”, afirmó en un video compartido en X (ex Twitter).

“Queremos que quede bien clara una cosa, los argentinos que dependen de la asistencia estatal para sobrevivir son las víctimas del sistema, no los victimarios. Los victimarios son los políticos. Por lo tanto, no vamos a tomar ninguna decisión que le traslade el costo del ajuste que hay que hacer a las víctimas del sistema”, especificó el actual diputado nacional.

El economista compartió el video en respuesta al candidato presidencial de Unión por la Patria, quien hace unas horas, publicó otro fragmento de la transmisión de Milei en la que se expresaba en contra de la educación y la salud pública. “Queremos dejar claro que, en nuestra visión, el mejor sistema de salud posible es un sistema de salud privado, donde cada argentino pague sus servicios. El mejor sistema educativo posible es uno donde cada argentino pague por sus servicios. Esto es así, no es debatible”, había declarado el diputado nacional de La Libertad Avanza.

El recorte elegido por el titular del Palacio de Hacienda llevó a que el economista lo llamara “mentiroso” y “embustero” por mostrar sólo una versión parcial de su discurso. “Muchas gracias por dejar en claro que sos un MENTIROSO y embustero... Dado que te gusta editar videos te paso una parte del mismo que parece que se te escapó”, escribió el libertario junto al video sobre asistencia social.

ACM

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, anunció hoy modificaciones en el régimen de planes sociales que comenzarán a regir el próximo año. A partir del 1 de enero de 2024, los beneficiarios de este tipo de asistencia será incorporados a un programa de inclusión laboral. “Van a tener capacitación laboral obligatoria, inscripción en las bolsas de empleo de cada una de las ciudades y de cada una de las gerencias de empleo y, además, control de contraprestación tanto en las unidades ejecutoras de desarrollo de programas productivos como en las actividades que desarrollen en provincias, municipios o empresas”, detalló.

Esta medida busca complementar el programa vigente “Un Puente al Empleo” que contribuye en la transición desde el cobro de un plan social hacia la inserción laboral. “Aquel que hoy tenga un programa social y pase a trabajar en una empresa, va a mantener el beneficio durante un año y el empleador que lo tome va a tener que completar el salario de convenio”, explicó el titular del Palacio de Hacienda. Según indicó, como contrapartida, las empresas que contraten a beneficiarios de planes sociales recibirán un beneficio impositivo: no pagarán cargas sociales durante dos años por cada trabajador que incorporen a su nómina.

“Creo que es muy importante que generemos beneficios impositivos, eliminación de restricciones, pero sobre todas las cosas garantía de oportunidades a los efectos de que la Argentina del trabajo sea una realidad para todos y todas”, aseguró Massa.

El ministro también anunció políticas favorables a aquellas personas con discapacidad que hoy se encuentran desempleadas. “A lo largo de los últimos años nos enfrentamos a la absurda contradicción de quien tiene una pensión por discapacidad no puede acceder al mercado de trabajo porque se le suspende la asistencia, de manera que un derecho protector que el estado había diseñado funciona como un límite para el desarrollo de las personas con discapacidad”, señaló.

Debido a esto, el candidato de Unión por la Patria ─que deberá enfrentar al postulante de La Libertad Avanza, Javier Milei, en el balotaje el próximo 19 de noviembre─ confirmó esta noche que, a partir de este miércoles, aquellas personas con discapacidad que perciban una pensión podrán insertarse laboralmente sin riesgo de perder tal ayuda económica. “Van a poder integrar la pensión a su ingreso en el mercado de trabajo”, sostuvo.

Y agregó: “Sentimos que este es un primer paso en un proceso en el que, además, debemos consolidar esa inclusión rompiendo barreras arquitectónicas a partir de un Estado que trabaje en el diseño de ciudades inclusivas”.

Massa consideró que la educación y el trabajo son los motores de la movilidad ascendente y reivindicó la intervención del Estado para crear oportunidades para aquellos sectores tradicionalmente excluidos tanto por las sucesivas crisis económicas y sociales como por su condición de discapacitado.

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ACM

El próximo 10 de diciembre se cumplen 40 años del retorno al régimen constitucional y del famoso discurso del ex presidente Raúl Ricardo Alfonsín, en el que aseguró que “con la democracia no sólo se vota, sino que también se come, se educa y se cura”. Su frase, sin embargo, está lejos de ser una realidad hoy en día en tanto son cada vez más las personas que caen por debajo de la línea de pobreza e indigencia y se ven privadas de todo acceso a una educación y alimentación adecuada. Y, en aquellos hogares con niños, esta vulnerabilidad es incluso mayor.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) puso de manifiesto esta deuda al indicar que “desde el regreso democrático, no se pudo nunca reducir la pobreza infantil por debajo del 30%”. Lo cierto es que no sólo no se logró reducir esta proporción, sino que llegó a casi duplicarse: según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), durante el primer semestre de 2023, el 57% de los niños, niñas y adolescentes vivía en situación de pobreza.

Como subrayan especialistas de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la situación es crítica, pero podría ser incluso más aguda sin la intervención estatal mediante la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Programa Alimentar y las asignaciones familiares. En ausencia de políticas de transferencia de ingresos, la pobreza entre este grupo sería incluso 3 puntos más alta, y la indigencia ─que hoy afecta al 14,3% de los menores─ 10 puntos más elevada.

Pese a este rol central, las medidas de protección social hoy son insuficientes. “En pandemia, se expandió mucho más la asistencia a primera infancia y eso después se consolidó con la crisis, pero todavía no alcanza a cubrir todo el universo de niños, niñas y adolescentes”, explicó Celeste Fernández, docente y abogada de ACIJ. Según estimaciones de la organización, hoy en día más de un millón de menores se encuentran excluidos de toda prestación de asistencia. En algunos casos, esto se debe a cuestiones normativas como puede ser la falta de documentación en el caso de familias migrantes. En otros, se deriva de una falla del Estado en materia de información: muchos menores no están identificados en los registros de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La situación tampoco es sencilla para aquellos jóvenes identificados de entre 15 y 17 años. Este grupo etario sólo está alcanzado por la AUH, cuya efectividad para satisfacer necesidades alimentarias se fue restringiendo en los últimos tres años. En 2021, el monto de la prestación alcanzaba para cubrir un 47% de una canasta básica alimentaria (CBA), proporción que cayó a 43,6% en 2022 y a sólo un 37,5% en los primeros seis meses de 2023.

Los menores de 14 años cuentan con mayor protección, aunque la insuficiencia de los programas persiste. Este sector percibe tanto AUH como el Programa Alimentar, que de manera conjunta, permitieron durante el primer semestre de este año, cubrir el 77% de la CBA. En 2022, ese porcentaje era del 85,6% y en 2021, llegaba al 94,7%.

La brecha entre los menores de 14 años que reciben ambas transferencias y los adolescentes beneficiarios únicamente de las AUH deja de manifiesto la importancia del Programa Alimentar en los esfuerzos por garantizar los derechos contemplados en diversos tratados internacionales con jerarquía constitucional como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. Pero, a pesar de su importancia, la prestación no está amparada por ninguna ley.

Actualmente, la prestación está regulada por resoluciones del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, lo cual suscita sospechas respecto a cuál sería su destino ante una eventual eliminación de la cartera, una de las propuestas que surgió en el marco de la campaña electoral por los comicios generales del 22 de octubre. “Es muy grave; hoy no sabemos qué va a pasar con la política”, advirtió Bárbara Zanino, abogada especializada en niñez de la ACIJ. La pregunta que subyace detrás de esta preocupación más inmediata es cómo la continuidad y vigencia de una política que ayuda a cubrir alrededor del 40% de la CBA puede depender de la decisión discrecional del partido político en ejercicio.

En este marco, ACIJ a aboga por la jerarquización y ampliación de la cobertura del Programa Alimentar. Se trata de una iniciativa que busca regular la asistencia mediante una ley que estipule una fórmula trimestral de actualización ─tal como sucede con las asignaciones familiares─ e incluya a los adolescentes de entre 15 y 17 años, que hoy en día están muy lejos de poder acceder a la CBA. Según sus estimaciones, adoptar una política de estas características representaría apenas un costo equivalente al 0,15% del PBI a valores del 2023.

Esta propuesta podría erigirse como un primer avance en materia social a fin de mitigar los efectos de la inflación en la infancia. Sin embargo, para la organización también resulta de vital importancia garantizar que la AUH alcance a cubrir la totalidad del valor de la CBA para prevenir la indigencia a tan corta edad y que la prestación se extienda hacia aquellos beneficiarios de primer tramo de las asignaciones familiares. Estas reformas implicarían una inversión del 0.74% del PBI, un monto inferior al dinero que deja de recaudar el Estado por la quita del impuesto a las ganancias a los sectores de mayores ingresos (0.83% del PBI).

ACM

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció el lanzamiento del Programa Emplea Pymes que busca fortalecer el empleo registrado y de calidad mediante un alivio fiscal para las empresas que generen puestos de trabajo formal en los próximos dos años. “Este programa significa para las pymes un alivio económico, y busca fortalecer el empleo formal y registrado y de calidad y darle a las pymes ventajas económicas”, expresó el titular del Palacio de Hacienda.

“Empieza ahora un tiempo distinto donde tenemos que mirar adelante, hacer crecer el empleo y las exportaciones, consolidando nuestro mercado interno, pero recuperando el ingreso de nuestros trabajadores. Por este motivo, desde hoy vamos a estar anunciando medidas en ese sentido como es el Programa Emplea Pymes que busca generar un clima de confianza, pero sobre todo de estímulo para el empleo formal”, explicó el ministro.

Según especificó Massa, la iniciativa propone la reducción del 100% de las contribuciones patronales para cada una de las relaciones laborales. Además, el programa prevé la continuidad del pago de un salario social complementario por un plazo de 12 meses para aquellos beneficiarios de planes sociales que sean contratados, de modo tal que solo la diferencia deba ser absorbida por el empleador.

“A su vez, el estado le condona a cada pyme el capital, los intereses y las multas por los trabajadores que regularice y los trabajadores no pierden los aportes como también el estado computará hasta 70 meses el aporte para el acceso de la jubilación” detalló.

Para recibir estos beneficios, las pymes deberán comprometerse también a no reducir la nómina laboral y a no tener ningún trabajador no registrado.

Por su parte, los trabajadores ─incluidas las cooperativas municipales y organizaciones civiles─ contarán con ART, obra social y podrán capacitarse “a partir del programa de formación social financiado por el Estado”.

Según datos de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, durante el primer trimestre de 2023, las pymes crearon 140.000 puestos de trabajo adicionales respecto del mismo período de 2022. También tuvieron un fuerte impacto en las exportaciones: el año pasado, 8.540 firmas realizaron envíos al exterior por 12.900 millones de dólares, lo que representó un incremento del 8,3% a comparación del 2021.

ACM con información de agencias.

El Gobierno Nacional modificó el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente para incluir la reducción de cargas obligatorias de los trabajadores más vulnerables.

A través del decreto 444/2023 publicado este martes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo estableció el diferimiento del pago de parte de las cotizaciones a las que se encuentran obligados los contribuyentes “que, si bien reúnen las condiciones de vulnerabilidad previstas para los trabajadores independientes promovidos, obtienen ingresos que exceden los límites para el acceso a los beneficios, pero no superan el máximo contemplado para la Categoría B” del monotributo.

De esta manera, los trabajadores independientes inscriptos en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (RENATEP) podrán acceder a un beneficio de reducción del 50% en el pago de la cotización previsional al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

La medida estará vigente durante los primeros 36 meses de adhesión al Régimen: según el decreto, la cuota se reduce del 25% al 1% de los ingresos brutos mensuales, o al equivalente al 25% del aporte mensual al SIPA, el que resulte menor. Vencido el plazo, el importe de la cuota de inclusión social será equivalente al 2,5% de los ingresos brutos mensuales que perciba por su actividad la persona trabajadora independiente promovida.

La cuota se abonará en los plazos y con las modalidades establecidos por la AFIP y se imputará a la cancelación de los aportes sustitutivos correspondientes a los meses del año calendario en curso, comenzando por el más antiguo.

Se añadió que el trabajador independiente no estará obligado a abonar esta cuota en el mes en que hubiera sufrido una retención o percepción, en virtud de los regímenes que disponga la Administración Federal de Ingresos Públicos.

El Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente prevé, entre los requisitos para la adhesión, que la actividad desarrollada por la persona responsable sea su única fuente de ingresos. Por lo tanto, no pueden adherir a ese mecanismo quienes revistan el carácter de jubilados, pensionados, empleados en relación de dependencia o quienes obtengan o perciban otros ingresos de cualquier naturaleza, salvo aquellos provenientes de planes sociales.

Para el Gobierno, la medida apunta a “facilitar el ingreso y mantenimiento en la economía formal” de los trabajadores independientes.

LC con información de agencias