En la semana del Día del Trabajador, el Gobierno nacional lejos de conmemorar, llamó a los argentinos “de bien” a continuar sacrificándose por el “beneficio de la Nación”, licuó una vez más el Salario Mínimo Vital  y Móvil (SMVM) y logró la media sanción de la reforma laboral en la Cámara de Diputados.

En el Boletín Oficial de hoy, viernes 3 de mayo, se publicó la decisión de incrementar el SMVM, tras un nuevo fracaso en la reunión del Consejo que debía acordar su monto. Para el mes de abril, se fijó en $221.052 (un 9% más que en marzo) y para mayo $234.315 (un 6% extra). 

Lejos del escenario de recuperación que sostiene el Presidente en su discurso, esto implica continuar en la senda de pérdida del poder adquisitivo del SMVM, que en mayo se ubica 30 puntos por debajo del nivel de noviembre del año pasado. Todo ese derrumbe, como puede observarse en el gráfico a continuación, se produjo en los dos primeros meses del gobierno de Javier Milei y, luego de la licuación, se mantiene prácticamente congelado.

Para recuperar el nivel de noviembre, el SMVM en mayo debiera haberse establecido en $335.200, $100.000 más de lo fijado por el gobierno. De este modo, se deja en un piso este valor que representa la menor remuneración que debe recibir un trabajador en su jornada legal de trabajo. Pero a su vez, impacta negativamente en otras prestaciones: por ejemplo, la prestación por desempleo no puede ser inferior al 50% de dicho monto, y la prestación del Programa Acompañar, para mujeres y LGTBI+ en contextos de violencia de género perciben un SMVM durante 6 meses. El programa Potenciar Trabajo, que implicaba una prestación del 50% del salario mínimo, fue desarticulado en dos programas, cuyos importes no se encuentran ya ligados a la evolución de esta variable.

Otro grupo de afectados por esta licuación del SMVM son las jubiladas y los jubilados. A diferencia de lo que suele repetirse muchas veces para criticar la política de moratorias, que se derogará si el Senado convierte en ley el proyecto del Poder Ejecutivo, quienes accedieron a la jubilación con más de 30 años de aportes, tienen garantizado un haber equivalente al 82% del SMVM. Si el haber es menor a ese monto, el jubilado recibe un complemento que lo equipara. Esto debería constituir un “extra” que suba el piso del haber percibido. Sin embargo, el atraso del SMVM hace que este monto sea insignificante: $9.980 para abril y $1.997 para mayo. Si el salario mínimo se ubicara a niveles de noviembre, este grupo de jubiladas y jubilados estaría percibiendo un complemento de $84.700. Una vez más entonces, mientras desde el discurso el gobierno dice querer mejorar los haberes previsionales, y premiar a quienes aportaron, en la práctica lleva a cero este extra del 82%.

Esta deslegitimación y cuasi vaciamiento de la herramienta del salario mínimo –y del complemento que garantiza el 82% para jubiladas y jubilados– es una manifestación más del ataque a la clase trabajadora y de la transferencia de ingresos hacia los sectores concentrados del capital. Si repasamos la ley Bases, que obtuvo media sanción el día martes, no encontramos una sola medida, un solo artículo que beneficie a los laburantes. Esta situación quedó más que explícita cuando en los canales de televisión se les preguntó de manera directa a los representantes del oficialismo y no pudieron apelar a un solo artículo.

Lo que sí encontramos en este proyecto de ley son todo tipo de beneficios para los empleadores: un “blanqueo” de trabajadores, que les condona a los empleadores que no realizaron los aportes correspondientes la deuda por capital e intereses, así como las  infracciones, multas y sanciones, los exime de la acción penal y del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), sin ninguna distinción entre micro, pequeña, mediana y gran empresa. A su vez, no prevé ningún tipo de sanción: en proyectos anteriores de este estilo, se caía el beneficio si, luego de la regularización, se detectaba que había otros trabajadores sin registración o si se reducía la planta de trabajadores.

En lo relativo a la llamada “modernización laboral”, se derogan todo tipo de sanciones por registración deficiente o nula de trabajadores. Si ya no hay castigo por no inscribir a un trabajador, ¿cuál sería entonces el incentivo para hacerlo? Además, crea una nueva figura del “trabajador independiente con colaboradores” que deja sin derechos a dichos “colaboradores” ya que los considera “autónomos” entre sí, negando la relación de dependencia misma, y así, los derechos a ella asociados: ni aguinaldo, ni vacaciones, ni licencias de ningún tipo.

Asimismo, se habilita la extensión del período de prueba (de los 6 meses actuales a 1 año en caso de empresas con hasta 5 trabajadores, u 8 meses para empresas hasta 100 trabajadores) y la creación de fondos de cese (el tan nombrado modelo UOCRA) mediante los convenios colectivos de trabajo. De este modo, se facilita el despido, reduciendo los costos del mismo. Bajo este modelo, en lo que va del año, ya se perdieron 100 mil puestos de trabajo en la actividad de la construcción según datos de la Cámara de dicho sector.

Si la Ley Bases se aprueba, a la transferencia regresiva de ingresos impulsada desde el Poder Ejecutivo, de la que hemos dado ejemplo en esta nota a través del salario mínimo, vital y móvil, se le incorporaría una herramienta jurídica que consolida la degradación del trabajo en relación de dependencia tal y como lo conocemos, pese a que no hay ninguna evidencia histórica que demuestre que recortando derechos laborales se promueve el empleo registrado. Dependerá de la decisión que tomen Senadoras y Senadores, y eventualmente la Justicia.

Luego de que en marzo del año 2020 comenzara el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) por la pandemia acontecida por el Covid-19, se generó un gran cambio en las formas de trabajo de cada ciudadano. Unos 3 millones de trabajadores argentinos abandonaron las oficinas, las reuniones laborales, sus escritorios, su tan conocido ámbito laboral. De acuerdo a un estudio realizado por la consultora Adecco sobre la adaptación de los trabajadores a esta nueva modalidad de empleo, un 38% de los encuestados no pudo adaptar su casa a un ambiente laboral tanto por la incomodidad como por problemas económicos. Un 62% asegura que logró un buen entorno de trabajo en sus hogares.

Pero de estos trabajadores, el 72% asegura no haber recibido ningún elemento para equipar el espacio por parte de los diferentes empleadores. El 28% expresa haber recibido mobiliario como sillas, teclados, escritorios, computadoras y hasta impulsos económicos para adquisición de nuevos equipos. Los empleadores que otorgan estos beneficios, son de empresas que tienen relación con la tecnología y la exportación de servicios.

A pesar de estas incomodidades que acarreó la nueva forma de trabajo, el 57% de los encuestados sigue considerando como un beneficio el Home Office, el 63% asegura gastar mucho menos dinero que concurrir a su lugar de trabajo y sólo el 32% lo considera una desventaja, por tener como consecuencia el trabajar más horas y no poder desconectar. Los trabajadores expresaron que uno de los motivos para querer regresar a la modalidad presencial de trabajo, es el contacto con sus compañeros. El 52% de los trabajadores argentinos, es decir uno de cada dos de ellos, determina que quisiera regresar a la labor presencial para el contacto con sus colegas.

Superando la mitad del año 2021, en una encuesta realizada a 8000 trabajadores y empleadores se expone que el 74% de los mismos hoy elige un esquema bimodal, con días de trabajo a distancia y otros de trabajo en la oficina.

8 de cada 10 directivos de grandes empresas considera que la flexibilidad que aportarán a sus empleados va a ser un beneficio para sus compañías. Por el lado del empleado, un 88% prefiere realizar su trabajo de manera mixta, sólo un 7% quiere el regreso a la labor presencial total y el 5% restante elige la labor remota en su totalidad.

El teletrabajo se encuentra en momentos de regulación a nivel internacional, lo que implica la entrada de las leyes y el gobierno en la relación entre empresa y empleado, a raíz de convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las directivas de la Unión Europea.  En Argentina, el teletrabajo se toma como voluntario, a diferencia de otros países. El empleado tiene derecho a desconectarse del trabajo en el horario estipulado y conservar las facultades de oportunidades y capacitaciones que posean los trabajadores que realicen sus tareas de manera presencial. El empleador debe ocuparse de los gastos extras que involucre el trabajo desde el hogar y proveer lo necesario para el mismo.

Se intenta tener en cuenta el contexto, para poder trabajar en la desigualdad, algo que en Argentina tiene gran relieve, ya que no todos los trabajadores cuentan con el mismo acceso y las herramientas para obtener ciertos recursos necesarios en el hogar para el home office.

Otra problemática a trabajar es la de la ciberseguridad, algo que no tenía tanta relevancia anteriormente, hoy es de gran importancia dentro de las herramientas informáticas que requiere el trabajo remoto.

Horas no pagadas, repercusión en Argentina y en el mundo

Se expone a través de una investigación por parte de ADP (una consultora de servicios de inteligencia en recursos humanos), que los empleados no esenciales argentinos durante el confinamiento por la pandemia mundial acontecida, trabajaron en promedio 6,2 horas extras semanalmente no remuneradas. Pero con anterioridad a la crisis sanitaria, también se encontraba un desfasaje de las horas de labor, pero era en menor medida. Trabajaban 4,8 horas extras no pagas. Por otro lado, los trabajadores esenciales sumaron una cantidad de 10,1 horas semanales no remuneradas, es decir una jornada más de trabajo sin ser pagada.

Esto para los expertos que componen ADP es un gran factor de riesgo para la productividad de los empleados, más aún ahora que muchas empresas preparan sus recursos para adoptar el modelo híbrido de trabajo entre la labor presencial y remota.

Si bien el teletrabajo demostró grandes beneficios, también luego del tiempo transcurrido desde el comienzo de esta modalidad laboral, genera agotamiento en los trabajadores, más aún los que al teletrabajo le adicionan los quehaceres domésticos, la escuela remota de los niños del hogar, la falta de comodidad, la falta de contacto con colegas y compañeros de trabajo.

Estas horas extras no remuneradas, es una temática que debe tomarse en consideración para la modalidad híbrida que muchas empresas adoptarán, para que no siga aconteciendo, ya que puede tener impacto negativo. En este sentido, la responsabilidad es doble, la del empleador de pagar siempre y sin excepción las horas extras que se realizan en la labor y por otro lado el empleado, de gestionar el horario de la manera más eficaz y acotada al horario laboral posible. El empleado debe consignar su labor en el horario estipulado y si surge el requerimiento de continuar luego de su hora laboral, consensuar con el empleador para el reconocimiento de las horas extras que se realizan para el pago correspondiente.

Esta situación puede estar relacionada a diversos factores, como por ejemplo en el caso de los trabajadores no esenciales, a trabajar con esfuerzo adicional por la preocupación de la estabilidad y seguridad laboral, viendo tantas personas que han perdido su trabajo, además de que el límite de la vida personal con la laboral se ha perdido bastante en el trabajo en los hogares. Por otra parte, a los trabajadores esenciales se le generó un esfuerzo de trabajo adicional que fue consecuencia directa de la naturaleza de la crisis mundial sanitaria que se consolidó por la pandemia.

Argentina no es el único país en sufrir estas horas extras sin paga, sino que en muchos países aconteció la misma problemática, algo que puede evaluarse luego del paso del tiempo en esta nueva modalidad de trabajo 100% remota.

Informe EMT

Fuentes: Consultora Adecco; Consultora Randstad; Consultora Willis Towers Watson; Instituto de Investigación ADP

AB

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) notificó durante los primeros ocho meses del corriente año a unos 40.000 contribuyentes que fueron identificados como potenciales empleadores, por cruce de información y por los montos elevados de facturación, para que regularicen la situación de trabajadores.

Las notificaciones forman parte de una campaña de inducción para que empleadores de distintos sectores cumplan con la normativa laboral y regularicen a trabajadoras y trabajadores, informaron fuentes de la dependencia oficial.

Los potenciales empleadores que recibieron notificaciones son de los rubros servicios de comercio, intermediación financiera, industria y construcción, entre otros.

Así, como parte de su estrategia de fiscalización y control, la Dirección de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP notificó durante los primeros 8 meses de 2021 a unos 40.000 contribuyentes que fueron identificados como potenciales empleadores.

Las misivas que inducen a regularizar la situación laboral de trabajadoras y trabajadores llegan al Domicilio Fiscal Electrónico (DFE) de los empleadores.

La Dirección de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP que encabeza Carlos Castagneto realiza evaluaciones sistémicas y cruces de información para identificar posibles situaciones donde no se estaría cumpliendo con la normativa laboral, ya sea la no registración de trabajadores o la subdeclaración de salarios.

Las evaluaciones se realizan sobre actividades consideradas de mayor riesgo, es decir aquellos sectores que presentan elevados niveles de informalidad. También se trabaja sobre empresas con elevados niveles de facturación que no registran trabajadores.

Los contribuyentes contactados a través del DFE por la Dirección de los Recursos de la Seguridad Social para que regularicen el presunto vínculo laboral está conformado en un 75% por personas jurídicas y un 25% por personas humanas.

“De nuestros registros surge que la empresa ha desarrollado actividad comercial durante el año anterior y no se encuentra inscripta como empleador, por lo tanto los invitamos a que revisen tal situación y de corresponder, procedan a inscribirse como empleador y registrar a sus trabajadores”, advierte la notificación que recibieron cerca de 40 mil contribuyentes.

La misma notificación recuerda que “todos los trabajadores tienen derecho a vacaciones, licencias varias, acceso a una obra social, jubilación y ART en caso de sufrir un accidente laboral”.

De la misma manera, resalta que “el empleo registrado es inclusión social y promueve una sociedad justa”.

Las fuentes, aclararon que en ningún caso recibir una notificación por parte de la AFIP implica una infracción, ya que todos los empleadores siempre pueden demostrar por qué no tienen trabajadores, si ese fuera el caso.

DA