El músico Sting fue demandado por sus antiguos compañeros de banda de The Police, que le reclaman millones de dólares en derechos de autor. El solista y exlíder del trío londinense, cuyo nombre real es Gordon Sumner, recibió una demanda de parte del guitarrista Andy Summers y el baterista Stewart Copeland por daños considerables. La noticia llega tras años de disputas legales entre el grupo, según ha informado el periódico The Sun.

“Esto se venía gestando desde hacía bastante tiempo”, comentó una fuente al medio británico. “Los abogados intentaron repetidamente llegar a un acuerdo extrajudicial, pero no lo consiguieron”, agregó esta fuente. Tanto Summers como Copeland decidieron que no les quedaba otra alternativa que recurrir a los tribunales, presentando una reclamación por daños y perjuicios “sustanciales” después de años de disputas legales. Ambos afirman que se les debe millones en pérdidas de regalías por derechos de autor.

El caso parece haber sido registrado en el Tribunal Superior de Londres bajo el nombre de “contratos y acuerdos comerciales generales”. Sting aparece como demandado junto con su empresa, Magnetic Publishing Limited. El éxito Every Breath You Take, que aparece en el quinto y último álbum de la banda, Synchronicity, fue el sencillo más vendido de 1983 y el quinto más vendido de la década, como recoge el medio especializado NME.

Sting, a quien se le atribuye ser el único compositor de la canción, supuestamente gana medio millón de libras al año en regalías solo por esa canción. Un portavoz de Sting negó a The Sun que la demanda estuviera relacionada con el tema Every Breath You Take. Sin embargo, no dio más detalles sobre el caso. The Police, que se ha reunido en numerosas ocasiones en el pasado, no volvió a dar un concierto desde 2008.

The Police se formó en 1977 y se separó a mediados de los 80 tras haber vendido 75 millones de discos en todo el mundo. Sting, por su parte, también ha tenido éxito con su carrera en solitario. El músico fue la figura princial en festivales de música de todo el mundo y parará en Londres con su gira Sting 3.0, en la que se encuentra sumergido actualmente.

María Laura Román se enteró a través de un programa de Mariana Fabbiani que su vida corría riesgo. La rosarina estaba de siete meses cuando se resbaló en su casa y, para proteger la panza, apoyó fuerte el brazo derecho en el piso sin saber que llevaba implantes mamarios PIP. El tirón fue fuerte e inmediato. En la televisión la doctora Virginia Luna enumeraba los riesgos de estas poseer prótesis. Laura la contactó enseguida por teléfono y, tras realizarse una mamografía, supo que debía enfrentar el peor escenario: una prótesis rota que afectaría a su salud, su psiquis y le impediría amamantar a su hijo.

El caso PIP es uno de los mayores escándalos sanitarios de la historia mundial que se desató en 2010 a partir de constatarse la adulteración de un millón de prótesis mamarias fabricadas entre 2001 y 2010 por la empresa francesa PIP y certificados por la empresa alemana TÜV, responsable de realizar los controles de calidad. El caso dio lugar a una mega demanda internacional que busca hacer justicia a medio millón de víctimas en 60 países.

“Me hice la cirugía en 2007 con un fin estético; no tenía hijos y, como me gustaban mis lolas, no quería que se me cayeran”, recuerda María en diálogo con el elDiarioAR. Segundos después, reconsidera: “Que loco que tengamos que estar dando explicaciones o justificando la decisión…”. 

La profesora de inglés, quien hoy tiene 53 años, estaba realizando tratamientos de fertilización cuando decidió ir a comprar las prótesis: “Me dieron para elegir entre brasileras o francesas. Fui por las más caras, las europeas”, cuenta. Cinco años después de la cirugía, María Laura quedó embarazada naturalmente. Sin embargo, el accidente doméstico y una estafa alterarían su vida: “La silicona migró al centro de la axila derecha, donde se nota que hay protuberancia y silicona mezclada con tejidos”.

Luego de escuchar y evaluar las recomendaciones profesionales de los cirujanos, se sometió a una intervención para cambiar sus prótesis por unas inglesas. Pero hasta el día de hoy el miedo continúa intacto. “Desde ese día, todos los años antes de hacerme estudios mamarios, vuelve el miedo”, lamenta. “El temor vuelve y nunca deja de doler”, cierra. 

El sueño de Bárbara de Amonarraiz de concretar su proyecto inmobiliario en Monte Hermoso se derrumbaba al enterarse que era una afectada más por los implantes defectuosos. “Me asusté un montón cuando fui a mi escritorio, abrí el cajón y vi la fecha de las prótesis: 2007”. 

En Argentina, 20 mil mujeres se colocaron implantes PIP entre 2002 y 2010, año en el que ANMAT prohibió su comercialización, uso y recomendó que las personas se sometieran a controles periódicos para determinar el estado de sus implantes.

Inmediatamente Bárbara intentó realizar una consulta con Héctor Méndez, su médico de cabecera. “Me dijo que había cerrado la clínica, se había jubilado y que no tenía registro de la historia clínica”, recuerda totalmente decepcionada. “Sentí que tenía una bomba de tiempo en mi cuerpo”, agrega.

Fue entonces cuando comenzó a consultar dentro de una lista “oficial” de cirujanos y dio con el profesional indicado que haría el recambio de sus prótesis: Alberto Ferriols. “En mi caso las prótesis no estaban afectadas porque estaban implantadas de forma retromusucular. No estaban rotas, solamente sudadas en aceite industrial o de aviación, no estaban rellenas con siliconas”, explica Bárbara que aclara que “no fue fácil ni para mi ni para el doctor que me tuvo que intervenir 6 veces y realizar más de 4 toilette quirúrgicos”.

“Mi inconveniente quedó en lo estético; he perdido el arco submamario izquierdo, tengo cicatrices, una asimetría importante entre la mama izquierda y la derecha y eso por supuesto ha afectado no solamente a mi psiquis sino que también mi día a día”, manifiesta Bárbara. “He puesto mi cuerpo, espíritu y dinero con el fin de recuperar mi salud y mi belleza”, agrega.

Hoy, Bárbara de 63 años, cumple su sueño de llevar adelante el añorado proyecto inmobiliario en Monte Hermoso. Sin embargo, lamenta no sentirse cómoda con un traje de baño. “La malla es un gran inconveniente en una zona donde yo vivo que es playa, por eso trabajo todo el verano para evitar ir a la playa”. “Soy una víctima del abandono jurídico, médico y de la mala praxis. Que la ley actúe y exponga”. cierra.

AB/MG

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado este martes una demanda contra el gigante tecnológico Google por monopolio en el sector publicitario, por lo que ha reclamado al Tribunal del Distrito Este de Virginia que obligue a la empresa a escindir parte de su negocio de publicidad.

La demanda está liderada por el Departamento de Justicia, aunque a la acción judicial se han sumado los Estados de Virgina, California, Colorado, Connecticut, Nueva Jersey, Nueva York, Rhode Island y Tennesse.

“La competencia en el espacio de tecnología publicitaria está rota, por razones que no han sido accidentales ni inevitables. Un mastodonte de la industria, Google, ha corrompido la competencia legítima de la industria de tecnología publicitaria participando en una campaña sistemática para tomar el control de una amplia gama de herramientas de alta tecnología usadas por editores, anunciantes y corredores para facilitar la publicidad digital”, han acusado los demandantes.

Los fiscales de estos Estados han acusado a Google de quedarse con “al menos” el 30% de las campañas que pautan los anunciantes en los sitios webs de los editores a través de su tecnología publicitaria.

En este sentido, Estados Unidos ha pedido a la Justicia que, “cómo mínimo” obligue a Google a vender Google Ad Manager, incluyendo su servidor publicitario, la gama de herramientas Double Click y la plataforma de compraventa de anuncios AdX.

Se trata de la segunda demanda que el Departamento de Justicia presenta contra Google. En 2020, el organismo ya empezó un proceso judicial contra la tecnológica alegando que había incurrido en prácticas monopolísticas para dominar el sector de las búsquedas en Internet, así como la publicidad en dichas búsquedas.

Meta Platforms, empresa matriz de Facebook, acordó pagar 725 millones de dólares para resolver una demanda colectiva que acusaba a la red social -fundada por Marck Zuckerberg- de compartir sin permiso datos de los usuarios con la firma británica de investigación de mercados Cambridge Analytica.

El acuerdo, que requiere la aprobación del juez federal encargado de supervisar la demanda, pondría fin al caso abierto en 2018 por usuarios de Facebook tras revelarse que Cambridge Analytica, vinculada a la campaña presidencial de Donald Trump en 2016, accedió a los datos de hasta 87 millones de usuarios de la red social.

Es “la mayor recuperación jamás lograda en una demanda colectiva de privacidad de datos y la mayor cifra que Facebook ha aceptado pagar para zanjar una demanda colectiva privada”, destacó en la presentación judicial del acuerdo el bufete Keller Rohrback, encargado de representar los intereses de los demandantes.

“Buscamos un acuerdo porque es lo mejor para nuestra comunidad y accionistas”, comenta un portavoz de Meta en una declaración remitida por correo electrónico.

“Durante los últimos tres años, renovamos nuestro enfoque de la privacidad e implementamos un programa integral de privacidad. Esperamos continuar construyendo servicios que la gente ame y en los que confíe con la privacidad en primer plano”, añade.

En el verano de 2019, Facebook fue multada por la Comisión Federal de Comercio (FTC) y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) con sendas multas de 5.000 y 100 millones de dólares (4.709 y 94 millones de euros), respectivamente, por el caso Cambridge Analytica.

Además, la FTC instó entonces a la multinacional a crear una nueva estructura corporativa con el fin de que Facebook fuera más responsable de las decisiones que tomase con respecto a la privacidad de sus usuarios.

A casi seis años de las revelaciones del mayor caso de corrupción de Latinoamérica, la historia del caso Odebrecht ha dado un vuelco. En la mayoría de los países en los que la constructora brasileña admitió el pago de sobornos, las investigaciones penales han avanzado poco o nada sobre escasos acusados. Solo en Perú, las investigaciones tuvieron un avance importante sobre todo antes del inicio de la pandemia gracias a la cooperación internacional con Brasil y la firma de un acuerdo de colaboración con la empresa. Sin embargo, en gran parte de los países, los casos se estancaron en vericuetos burocráticos mientras que la constructora emprendía litigios civiles e internacionales para demandar a los Estados y recuperar terreno en el negocio de las obras públicas, de acuerdo con la investigación transnacional del equipo periodístico de Investiga Lava Jato. 

En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que la constructora brasileña Odebrecht había ratificado en una corte de ese país el pago de sobornos por al menos 788 millones de dólares en Brasil y otros once países. El expresidente de la empresa Marcelo Odebrecht y sus principales ejecutivos admitieron pagos ilegales por 349 millones de dólares en su país de origen y otros 439 millones de dólares en Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, además de Angola y Mozambique, en África. La región latinoamericana recibió un total de 381 millones de dólares en coimas (restando los casi 51 millones destinados a los dos países africanos).

De esos pagos ilegales realizados por Odebrecht fuera de Brasil y África, casi el 80% (298 millones de dólares) se destinaron a funcionarios e intermediarios en seis países: Venezuela, República Dominicana, Argentina, Ecuador, Perú y México. Tiempo después, diversos esfuerzos periodísticos en el continente como la red Investiga Lava Jato determinaron que el monto de los sobornos y los pagos ilícitos para el financiamiento de campañas electorales fueron superiores a los inicialmente confesados.

Esta vez, volvemos a rastrear los expedientes penales y revisar las demandas iniciadas por la constructora por haber sido vetada para seguir participando en licitaciones públicas. El resultado: en la mayoría de los países analizados, fuera de Brasil, la compañía emblema de la corrupción en la región no ha pagado por los hechos de corrupción que protagonizó ni con resarcimientos económicos a los Estados ni con castigos penales por los delitos admitidos.

Pero eso no sólo sucedió por razones internas en cada país sino también por un golpe severo a la lucha contra la corrupción que se produjo en febrero de 2021, en plena pandemia, en el gobierno del presidente brasileño Jair Bolsonaro: la desactivación de la Fuerza de Tarefa en Brasil, que lideró la investigación del caso Lava Jato y logró encarcelar a Marcelo Odebrecht, el entonces presidente de la compañía que inicialmente se negó a colaborar con la justicia y que luego de evidencia tras evidencia tuvo que confesar sus acciones ilícitas y la creación del Departamento de Operaciones Estructuradas, mejor conocida como la oficina de las coimas desde donde se manejaban los pagos ilícitos en América Latina y África.

El acuerdo de leniencia (colaboración) que firmó la compañía Odebrecht en 2016 con la justicia brasileña contemplaba que la constructora también suscribiera acuerdos con otros Estados donde pagó sobornos. Algunos países como Perú, República Dominicana y Panamá optaron por el acuerdo de colaboración con la empresa, lo que implicaba que la constructora entregara toda la información necesaria para identificar a los funcionarios involucrados y se comprometiera al pago de millonarias reparaciones económicas a cambio de no ser procesada. Sin embargo, las autoridades de otros países como México y Argentina prometieron perseguir el delito sin la colaboración de la compañía. La historia en Venezuela es particular: los fiscales que empezaron a investigar el caso tuvieron que exiliarse ante las presiones del régimen de Nicolás Maduro, sin ninguna posibilidad de avanzar en la sanción de estos hechos corruptos.

En este escenario pantanoso, ¿cuál es el costo de las decisiones tomadas por las autoridades en cada país y de la principal compañía investigada en la operación Lava Jato? A seis años de las confesiones del mayor caso de corrupción en Latinoamérica, esto fue lo que encontramos.

Reparaciones versus demandas

Odebrecht recibió reclamos de reparación económica, demandas, multas y sanciones por al menos 638,6 millones de dólares en Venezuela, República Dominicana, Argentina, Ecuador, Perú y México. De este monto, casi el 60 por ciento (374 millones de dólares) es por indemnizaciones solicitadas por Perú (190 millones) y República Dominicana (184 millones). Otros 76 millones de dólares son exigidos por el gobierno de Venezuela debido al incumplimiento de un contrato para construir 2.400 viviendas. Las multas y sanciones ascienden a 188,6 millones de dólares en total: 107 millones en Ecuador y 81,6 millones en México. En Argentina, el ministerio de Energía presentó una demanda por daños ante el acuerdo entre Odebrecht y exfuncionarios argentinos por la ampliación de gasoductos, pero el Estado no ha fijado un monto en la demanda.

Odebrecht cerró un acuerdo con el Estado de Perú por 190 millones de dólares (152,5 millones en reparación económica más 37,5 millones por intereses) que serán desembolsados a lo largo de 15 años. Hasta el momento, ha pagado unos 33 millones de dólares en los últimos tres años.

Odebrecht suscribió convenios de colaboración en República Dominicana, Panamá, Guatemala y Perú. Este mismo tipo de manifestación se realizó (existen registros de la misma) en México, Ecuador, Venezuela y Argentina, pero en ellos no se firmó.

Odebrecht.

República Dominicana es el segundo en la lista de los más sobornados por la compañía en América Latina. Odebrecht llegó a un acuerdo para pagar 184 millones de dólares al Estado pero sólo pagó 60 millones entre 2017 y 2018 debido a que se declaró en quiebra y busca que el resto de los pagos sean ejecutados en el marco de su bancarrota. Hasta el momento, la Justicia de Brasil ha fallado en contra de la compañía pero el Estado dominicano no ha recibido más compensaciones.

Al mismo tiempo, la constructora brasileña batalla sus propios litigios contra Perú, Argentina, Ecuador y México, en la justicia local o internacional, haciendo frente a la imposición de multas, la cancelación de contratos y las demandas en su contra por obras inconclusas o daños provocados por el pago de sobornos.

A Odebrecht le costó no lograr acuerdos de colaboración con los países pero los Estados arriesgaron todavía más: la compañía ha iniciado desde 2018 demandas por 1.625,5 millones de dólares contra Perú, Ecuador, México y Argentina y si bien aún no ha ganado ninguno de estos litigios, Odebrecht se ha ahorrado el pago de multas millonarias mientras contrarresta las acusaciones de corrupción con demandas civiles e internacionales. 

El monto que reclama Odebrecht en cuatro de los seis países analizados (Perú, Ecuador, México y Argentina) es cuatro veces mayor a sus ofertas de reparación económica acordadas hasta el momento en Perú y República Dominicana. La compañía explica en sus demandas que sus pretensiones se deben a pagos adeudados por obras o trabajos realizados -los mismos que están bajo investigación por sobornos- o por la cancelación unilateral de contratos de obra pública tras las revelaciones de los sobornos. 

A pesar del acuerdo firmado en 2019 entre el Estado peruano y Odebrecht, la compañía brasileña inició una demanda contra el país por 1.200 millones de dólares, en febrero de 2020, ante el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que depende del Banco Mundial (BM) y tiene sede en Washington. La constructora pretende un resarcimiento por la cancelación del contrato del Gasoducto Sur Peruano, una obra para la cual se tenía previsto una inversión de 7 mil millones de dólares.

Odebrecht también inició demandas económicas contra las petroleras estatales de Ecuador y México. No sólo eso, puede volver a acceder a contratos de obras públicas.

La empresa se ha sometido recientemente a una auditoría externa que amplía el alcance de la certificación a todas las operaciones de la constructora en los diferentes países donde opera, como Brasil, Estados Unidos, Perú, Panamá y Angola.

Odebrecht.

La compañía inició dos demandas contra el Estado argentino. El primero es un litigio por discriminación, ya que fue prohibida de participar en licitaciones públicas y la misma sanción no pesa sobre sus socias locales y otras compañías también investigadas por el pago de sobornos en sonados casos como el de ‘Los Cuadernos de la Corrupción’ en el que están involucradas decenas de constructoras que recuperaron sus permisos oficiales para licitar con el Estado. La segunda es una demanda por supuestos pagos no realizados por más de 45 millones de dólares en la construcción de gasoductos. En ambos casos, la justicia ha rechazado las demandas de Odebrecht.

También litiga contra República Dominicana para evitar el pago de las cuotas pendientes para cancelar la reparación económica acordada en el país, ya que la empresa aún debe 124 millones de dólares de los 184 millones fijados como reparación económica por el pago de sobornos .En 2019 dejó de cumplir con los desembolsos cuando se declaró en quiebra en ese país. Por esa razón, República Dominicana y Odebrecht mantienen una disputa legal en Brasil para que la justicia determine si la compañía debe seguir cumpliendo con los planes de pagos o el Estado dominicano debe ingresar como acreedor en el proceso de quiebra, según información del programa televisivo El Informe, que forma parte de Noticias SIN y de la red periodística Investiga Lava Jato.

El mecanismo de la colaboración

“La empresa tomó la iniciativa de manifestar a las autoridades de otras jurisdicciones su voluntad de cooperar en el esclarecimiento de hechos ilícitos ocurridos en dichos países”, respondió Odebrecht ante la consulta del equipo de Investiga Lava Jato. Esa decisión fue tomada en el marco del acuerdo que la compañía realizó con las autoridades de Brasil, Estados Unidos y Suiza, agregó un vocero de la compañía.

“Posteriormente, la empresa suscribió convenios de colaboración en República Dominicana, Panamá, Guatemala y Perú. Este mismo tipo de manifestación se realizó (y existen registros de la formalización de la misma) en México, Ecuador, Venezuela y Argentina, pero en ellos no se firmó ningún convenio definitivo de colaboración o similar”, aseguró Odebrecht.

“En Brasil, Estados Unidos, Panamá y Perú, países en los que hemos suscrito convenios de colaboración, no solo nos hemos habilitado formalmente para operar y participar en licitaciones y contratos públicos, sino que hemos seguido trabajando y ya hemos ganado contratos con empresas privadas y públicas, generando empleo y demanda de servicios complementarios”, sostuvo la compañía brasileña.

En México, Ecuador y Venezuela, las investigaciones penales quedaron truncas o se limitaron a un acusado. En los dos primeros países Odebrecht sí logró evitar multas por su comportamiento y avanzar, además, con sus reclamos económicos contra ambos Estados. 

En México, la compañía brasileña no logró cerrar un acuerdo de colaboración con las autoridades para aportar información sobre los funcionarios sobornados y evitar así el avance de procesos penales contra sus ejecutivos locales y las sanciones económicas. En Ecuador, la empresa firmó un acuerdo inicial con la Fiscalía que permitió a la justicia acceder a información clave para encarcelar y luego sentenciar al expresidente de ese país, Jorge Glas. Sin embargo, el proceso de colaboración terminó truncándose debido a que la compañía ponía como condición tener la posibilidad de denunciar al Estado por el incumplimiento de pagos de los contratos suscritos. 

El Grupo Odebrecht pagó por lo menos 98 millones de dólares en sobornos, según lo confesado por la empresa, a funcionarios del gobierno en Venezuela y trabajadores intermediarios entre 2006 y 2015, durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Fue el país que recibió  montos más altos en coimas por parte de la constructora brasileña a cambio de adquirir o mantener contratos de obras públicas, según un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos difundido el miércoles 21 de diciembre de 2016.

Transparencia Venezuela calculó la cifra de coimas por encima de los 1.300 millones de dólares. 

Las investigaciones penales en Caracas terminaron en la nada mientras los fiscales que avanzaron en la persecución de los delitos debieron exiliarse o terminaron fuera de la función pública. Además, Alianza Rebelde Investiga (ARI), que integra el equipo de Investiga Lava Jato, logró determinar que la obra del Metro Caracas-Guarenas-Guatireque terminó costando casi 9 mil millones de dólares, casi 600% más del presupuesto inicial de la obra adjudicada a Odebrecht. A pesar de los millonarios incrementos del valor original, el megaproyecto nunca se concretó y su abandono ya ocasionó 5 muertos y 17 lesionados. Los sobrecostos de esta obra superan los incrementos presupuestales de otras 50 obras de la constructora en 7 países, que fueron determinados por Investiga Lava Jato en el especial ‘VíaSobrecosto’.

El Estado venezolano reconoció, por intermedio de la Procuraduría General de la República, que la empresa brasileña no concluyó once obras de gran envergadura, pero sólo la demandó por incumplimientos en una de ellas, con un reclamo por 76 millones de dólares.  Al respecto, Odebrecht respondió que “cuenta con importantes derechos y créditos, derivados de contratos públicos suscritos en Venezuela, para la realización de importantes obras de infraestructura de ese país”. 

“La empresa tiene una estrategia para hacer valer sus derechos contractuales para la terminación unilateral de proyectos, pero prefiere no comentar los valores o detalles de sus iniciativas”, afirmó la compañía para este reportaje.

En Argentina, donde Odebrecht pagó sobornos por al menos 35 millones de dólares entre 2007 y 2014, la empresa redujo al máximo su presencia en el país, enfrascada en litigios contra el Estado y la imposibilidad de licitar obras. Odebrecht ha cedido o vendido su participación en dos de los consorcios investigados.

Sin embargo, los responsables de Odebrecht no fueron incluidos en los procesos de los jueces penales que investigan casos de corrupción por las tres obras en las que los exejecutivos de la compañía admitieron el pago de coimas. 

Los casos penales están divididos en tres expedientes. Dos de ellos avanzan hacia juicios orales y públicos, pero sólo en uno de los casos hay empresarios procesados. Un tercer caso permanece detenido en el tiempo desde hace tres años y ni los brasileños ni sus socios locales son investigados, como informa para este reportaje elDiarioAR. 

En Perú, Silvana Carrión Ordinola, procuradora pública ad hoc del caso Lava Jato, declaró para nuestro equipo periodístico que los logros en las investigaciones contra Odebrecht y sus socios y de los pedidos de reparación económica del Estado peruano contra las compañías sólo es posible por “la voluntad de las cabezas de las instituciones públicas”.

Perú promulgó una ley que generó las condiciones para que las compañías se acojan a la colaboración eficaz y que el Estado peruano asegure el pago de las reparaciones civiles a través de la creación de fideicomisos.

Salvo Odebrecht, que se ha acogido a un acuerdo de colaboración eficaz, y la constructora brasileña OAS, que ha iniciado entendimientos con los fiscales para firmar un acuerdo, el resto de las constructoras brasileñas han litigado intensamente contra las autoridades peruanas para evadir su responsabilidad penal, de acuerdo con la investigación de Convoca.pe. Es el caso de Camargo Correa, Queiroz Galvao y Andrade Gutiérrez, también involucradas en las investigaciones por presunto pago de sobornos.

Mientras los procesos han avanzado en distintos ritmos y contextos en cada país, Odebrecht ha modificado su marca en los países donde busca seguir operando bajo el nombre de Novonor y OEC. La compañía destaca que estas nuevas administraciones “recibieron importantes certificados de calidad de gobierno y gestión de cumplimiento, como el Sello Internacional ISO 37001” y que el grupo empresarial “se ha sometido recientemente a una auditoría externa que amplía el alcance de la certificación a todas las operaciones de la constructora en los diferentes países donde opera, como Brasil, Estados Unidos, Perú, Panamá y Angola”. Pero aún no hay ninguna estrategia de marketing y de comunicación corporativa que pueda ocultar la historia de los sobornos millonarios y los rasgos de impunidad en América Latina y África.

*El equipo de Investiga Lava Jato es dirigido por Convoca.pe e integrado por Milagros Salazar, Gonzalo Torrico y María Alejandra Gonzales (Convoca.pe, Perú); Lisseth Boon, Lidk Rodelo, Jesús Abreu y César Batiz (El Pitazo, Runrunes y Tal Cual, Alianza Rebelde Investiga, Venezuela); Raúl Olmos (Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, México), Christian Zurita (Periodismo de Investigación, Ecuador), Alicia Ortegra (El Informe, República Dominicana); y Emilia Delfino (elDiarioAR, Argentina).

El capítulo judicial en torno a las represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic acumuló un nuevo fallo. La empresa Electroingeniería (rebautizada Eling Energía SA) tuvo un revés en su intento por frenar una demanda ambiental contra las obras y permitir el avance de la construcción de la megaobra en la provincia de Santa Cruz, de acuerdo con el fallo al que accedió elDiarioAR.

La jueza Macarena Marra Giménez rechazó el pedido de la empresa Electroingeniería para litigar contra el Estado y el Ejecutivo en la Justicia federal de Río Gallegos, según un escrito de la magistrada del 6 de octubre último. 

El conflicto en los tribunales nació en 2016 tras una demanda de un grupo de organizaciones no gubernamentales por la carencia de un informe que evaluara el impacto ambiental de la represas en el río Santa Cruz y los más de mil glaciares de la zona patagónica, entre ellos el Perito Moreno. 

Las organizaciones Banco de Bosques, Aves Argentinas, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Fundación Vida Silvestre habían planteado que las obras no debían avanzar hasta que las autoridades y las empresas cumplieran con dos exigencias de la ley: la realización de audiencias públicas para escuchar a expertos y posibles damnificados por las obras -como comunidades originarias de la zona- y la realización del estudio de impacto ambiental. 

En diciembre de 2016, la Corte Suprema intervino ante un recurso extraordinario de las ONGs, frenó momentáneamente las obras y ordenó una serie de medidas para obligar a las empresas a cargo de la construcción a adecuarse a la ley. La demanda tramita en los tribunales del fuero federal contencioso administrativo de la ciudad de Buenos Aires. 

Además de Electroingeniería, entonces al mando del empresario kirchnerista Gerardo Ferreyra, el proyecto está a cargo de la china Gezhouba Group Company Limited (CGGC) e Hidrocuyo SA.

Electroingeniería demandó a su vez al Estado nacional y al Ejecutivo ante un juzgado federal de Río Gallegos en diciembre último, como informó elDiarioAR el domingo. La compañía objetó en su demanda un informe oficial del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres). El organismo oficial planteó que al evaluar el impacto ambiental de las represas se omitió información sobre el riesgo sísmico que podría provocar su construcción (debido a la presión que suman los embalses sobre el terreno) y sugirió a la Justicia que ordene un estudio para evaluar la peligrosidad de las obras, de acuerdo con los documentos consultados por este medio.

Electroingeniería considera que la situación genera “incertidumbre jurídica”, y que ese estudio demoraría todavía más las obras (entre tres y cinco años más) y que eso pondría en peligro nuevamente el financiamiento de los bancos chinos a la construcción de las represas (se espera un crédito de US$4.714 millones). El crédito original cayó por el vencimiento de los plazos en la ejecución de las obras, explicó ante la Justicia.

Al presentar su demanda en Santa Cruz y no en Buenos Aires, la compañía sostuvo que la Justicia de Río Gallegos es la más adecuada para analizar el conflicto medioambiental por las represas. El 3 de diciembre último, ocho días después de asumir en el juzgado de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez recibió la demanda de Electroingeniería, que consideró que “es el magistrado con base en el lugar -donde se van a construir las represas- quien, indudablemente, está en mejores condiciones de hacer mérito de las exigencias y necesidades de la región” y que la Justicia de Buenos Aires es de “aplicación sólo respecto de controversias que versen sobre la ‘interpretación o aplicación del contrato’”.

El juez federal Vázquez falló a favor de Electroingeniería y notificó al Estado Nacional el 20 de diciembre último, 17 días después de la presentación de la empresa, según el fallo consultado por elDiarioAR. El magistrado había sido designado en el juzgado cuatro semanas antes.

Sin embargo, los abogados que representan al Estado en el juicio medioambiental se opusieron a que la demanda tramite en Santa Cruz. También se opuso el fiscal porteño Miguel Angel Gilligan, que interviene en la demanda original.

La jueza Marra Giménez falló entonces contra el planteo de la compañía “a fin de preservar la unidad” de la problemática de fondo y para “evitar el escándalo jurídico que representaría el dictado de sentencias contradictorias” entre la Justicia de Río Gallegos y la de Buenos Aires.

“Como lo indica la fiscalía, la empresa actora Electroingeniería SA persigue poner fin a la incertidumbre generada en torno a si la construcción de las represas Presidente Dr. Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic sin previa Evaluación de Impacto Ambiental constituye una violación al artículo 41 de la Constitución Nacional, a los principios precautorio, de prevención, congruencia, sustentabilidad y equidad intergeneracional contenidos en la Ley 25.675 (Ley General del Ambiente)”, dijo la jueza en su fallo.

Mientras la Justicia de Santa Cruz puso el acelerador ante la demanda de la empresa, en los tribunales porteños, el expediente marcha a otro ritmo. Después de seis años, las ONGs reiteraron recientemente su pedido para que los jueces porteños frenen las obras “hasta que se publique el nuevo Estudio de Impacto Ambiental, la nueva Evaluación de Impacto Ambiental y se convoque a una nueva audiencia pública para debatir los riesgos socio-ambientales del rediseño y la reubicación las estructuras de hormigón para el desvío del río”, de acuerdo al escrito en el expediente.

ED

La idea de construir las represas para aprovechar al río Santa Cruz -que atraviesa la provincia del mismo nombre desde la Cordillera de los Andes hasta el Mar Argentino- como fuente de energía data de la década de 1970, según relata el sitio oficial del consorcio empresario a cargo de la obra. A casi una década de la licitación, los embalses no superan el 37% de ejecución y acumulan cuestionamientos técnicos por el posible impacto ambiental sobre glaciares y especies en peligro.

En constante crisis de provisión energética, Argentina busca que este proyecto genere alrededor del 4% de la energía eléctrica que consume el país, según publicó la agencia oficial china Xinhuanet, o para dos millones de hogares, de acuerdo con el consorcio empresario.

La obra se adjudicó en 2013, durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y fue adjudicada a la china Gezhouba Group Company Limited (CGGC) junto con Hidrocuyo SA y Electroingeniería, la compañía que fue manejada por el empresario kirchnerista Gerardo Ferreyra hastas al menos 2020 y que cambió recientemente su nombre a Eling Energía SA. 

A principios de 2016, las obras fueron frenadas por el gobierno de Mauricio Macri, que buscaba modificar el proyecto. “El 22 de diciembre (de 2015), el presidente Macri se reunió con la señora Kris Tompkins -conservacionista y empresaria estadounidense, viuda de Douglas Tompkins- y ante su planteo ambiental sobre las represas, se expidió en el sentido de que ‘iba a intentar pararlas’ porque ‘había otros proyectos más eficientes’”, sostuvo Electroingeniería ante la Justicia citando una nota de Clarín.

El conflicto en los tribunales por la falta de evaluación del impacto ambiental nació en 2016. En diciembre de ese año, la Corte Suprema frenó las obras ante un pedido de las ONGs  Banco de Bosques, Aves Argentinas, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Fundación Vida Silvestre. 

Las organizaciones habían planteado que las obras no debían avanzar hasta que las autoridades y las empresas cumplieran con dos exigencias de la ley: la realización de audiencias públicas para escuchar a expertos y posibles damnificados -como comunidades originarias de la zona- por las obras y la realización de un estudio de impacto ambiental. 

El máximo tribunal ordenó entonces la realización de la audiencia pública. 

Informes postergados

En 2018 las obras se reactivaron, por orden del gobierno de Macri y con la venia de la Corte. 

En octubre de 2021, el máximo tribunal volvió a intervenir y ordenó que tres organismos oficiales analizaran el impacto ambiental de las obras. Les dio 30 días para responder, pero se demoraron durante meses. Los resultados, hasta el momento, son altamente críticos a las obras.

La Administración de Parques Nacionales presentó un informe en el que aseguró que las represas generarán barreras físicas e iluminación nocturna permanente que incidirá directamente en la migración de aves y peces, y que amenazan a especies centrales en la vida del río Santa Cruz, como el Macá Tobiano (que ya están en peligro de extinción), la trucha Arcoiris, el visón americano y el cauquén colorado.

Un segundo organismo oficial, el Instituto Naciona de Prevención Sísmica (Inpres), presentó su informe de dos páginas recién en mayo de 2022: planteó que nunca se hicieron los estudios necesarios sobre el suelo del terreno y sugirió la realización del estudio de peligrosidad sísmica -que busca determinar si las represas provocarían sismos en Santa Cruz-, que debe realizarse entre tres y cinco años antes del relleno del embalse.

El tercer organismo que debe cumplir con la orden de la Corte es el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, ya que las represas, al sumar presión sobre el terreno, podrían provocar sismos que incidirían directamente en el deshielo de los más de mil glaciares de la zona, incluido el Perito Moreno, según las ONGs. El organismo planteó ante el máximo tribunal que el informe de impacto ambiental presentado por las compañías a cargo de la obra “no describe la totalidad de los glaciares que aportan hidrológicamente a la cuenca del río Santa Cruz”; y “no incluye importantes antecedentes de estudios disponibles al momento de su ejecución”.

Electroingeniería demandó al Estado Nacional y al Ejecutivo para evitar que se realicen esos estudios, como reveló elDiarioAR este domingo. En su demanda, planteó que la megaobra “proveerá grandes cantidades de energía limpia y promoverá el desarrollo de una región de nuestro país que está entre las más deshabitadas y menos desarrolladas”. La cuestión sobre si las represas hidroeléctricas pueden considerarse “energía limpia” es otro capítulo de la disputa con las organizaciones ambientalistas, que rechazan ese concepto, debido en parte al alto impacto de este tipo de obras en el entorno.

Además, Electroingeniería afirmó que actualmente, el proyecto “ha estado precedido de años de estudios de todo tipo, desde los técnicos a los económicos, y fue aprobado por instituciones de todo nivel, provinciales y nacionales, ejecutivas y legislativas”, según el escrito al que accedió este medio.

El 13 y el 15 de octubre de 2021, ocurrieron dos eventos sísmicos de magnitud 5.5 en la escala de Richter en la zona de las represas. “Luego de la aparición de inestabilidad en las márgenes del Río Santa Cruz a la altura de (la represa) Néstor Kirchner, los estudios, trabajos y proyectos realizados y aprobados por las instancias técnicas y acordados por las partes ha permitido superarla y la obra continúa”, sostiene la empresa.

Banco de Bosques ha impugnado los estudios que desvincularon los eventos sísmicos de la obra debido a que se realizaron con meses de retraso.

Nota: este artículo se corrigió el 12 de octubre para aclarar que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales sí presentó su informe tras el pedido de la Corte Suprema. Se agregaron parte de sus conclusiones.

ED

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires denunció penalmente a los padres de los alumnos que tomaron las escuelas en reclamo de mejoras en viandas y en contra de las prácticas laborales obligatorias y no rentadas en empresas privadas y dependencias públicas, se informó hoy oficialmente.

Los adultos responsables de aquellos alumnos que participan de las tomas deberán responder por los daños que pudieran sufrir los estudiantes y los bienes escolares, sostuvo un comunicado del Ministerio de Educación porteño difundido hoy.

En el caso del Mariano Acosta, fueron demandados 8 adultos que consintieron la participación de sus hijos en la toma.

La cartera educativa que conduce Soledad Acuña indicó que, además, se está preparando una demanda civil para transferirles el costo correspondiente al pago de los sueldos a docentes y no docentes por cada día sin clases debido a la toma de la escuela.

Estamos denunciando penalmente a las familias que están autorizando e ingresando con sus hijos a las escuelas que se tomaron, afirmó la ministra de Educación porteña, en diálogo con el canal de noticias LN+.

Añadió que hay menores de edad en un edificio público con adultos que desconocemos. Esto es responsabilidad de las familias que autorizan a sus hijos a estar ahí. En el 2018 hubo 40 familias que fueron procesadas en la justicia porque esto es un delito.

Sobre qué pasará con los jóvenes que toman las escuelas, Acuña sostuvo que van a tener que recuperar cada día de clases que pierden, dejan de tener la posibilidad de participar de otras prácticas educativas, otras series estudiantiles y salidas pedagógicas; pierden todo ese tipo de beneficios; y obviamente, al perder días de clases, pierden oportunidades de aprender e instancias de recuperación.

No soy una ministra que no dialoga, lo que no voy a hacer es aceptar la violencia y la coacción a través de una toma. No vamos a dialogar con estudiantes que estén tomando escuelas. Tuvimos la oportunidad de dialogar todo este tiempo y se negaron. Lo que es claro es que empiezan a regir otras reglas del juego, dijo.

La Escuela Normal Superior Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg, el colegio Mariano Acosta y la Escuela Superior Especializada en Cerámica N° 1 de la ciudad de Buenos Aires permanecían hoy tomadas por sus alumnos.

DA

La farmacéutica Johnson & Johnson anunció este jueves que en 2023 suspenderá la venta de sus polvos de talco para bebé en todo el mundo, dos años después de hacerlo en Estados Unidos y Canadá acuciada por miles de denuncias sobre la seguridad del producto. En una breve nota, la empresa explicó que tomó la “decisión comercial” de sustituir el talco por almidón de maíz en este producto infantil después de recibir unas 38.000 demandas que vinculan su uso a largo plazo con el desarrollo de cáncer, aunque continuó negando que esa sea la causa.

A finales de 2018 aparecieron informaciones en Reuters que apuntaban a que J&J sabía desde hacía décadas que sus polvos de talco contenían asbesto, un mineral de composición y caracteres semejantes a los del amianto y con efectos nocivos para la salud. Desde entonces, J&J se enfrentó a miles de demandas en las que se acusa al fabricante de haber contribuido al desarrollo de cáncer de ovario de las consumidoras, un extremo que la empresa rechaza y que cada año le llevó a gastar millones de dólares en litigios.

“Nuestra posición sobre la seguridad de nuestro talco cosmético sigue sin cambiar. Defendemos firmemente las décadas de análisis científicos de expertos médicos de todo el mundo que confirman que el polvo de talco para bebé Johnson's es seguro, no contiene asbesto y no provoca cáncer”, declaró la firma.

La empresa afronta otros problemas judiciales en EE.UU. y aceptó a principios de este año pagar millones de dólares a varios estados, en conjunto con otros grandes distribuidores de medicamentos, por su responsabilidad en la crisis de los opioides.

Una nueva demanda contra la Argentina, por USD 320 millones, fue llevada ante un tribunal de Estados Unidos por la expropiación de Aerolíneas Argentinas en el 2008.

La presentación fue realizada por el fondo Titan Consortium, al sostener que incumplió el pago de un fallo en contra del país dispuesto por el tribunal arbitral del Banco Mundial (CIADI).

En 2019, ese Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones rechazó el pedido de nulidad realizado por la Argentina, luego de que en 2017 la condenara a desembolsar USD 320 millones más intereses a Titan.

Este fondo logró demandar a la Argentina, luego de que le comprara el derecho a hacerlo por al fondo inglés Burford (el mismo que litiga contra la Argentina por la expropiación de YPF).

Burford, a su vez, se lo había comprado a la empresa española Teinver, dueña del grupo Marsans, luego de quedar en quiebra.

“Todos pensamos que en algún momento el Gobierno iba a pagar el fallo. Hoy nos enteramos que no pagó y entonces Titan va al distrito de Columbia, que es la Corte que tiene jurisdicción exclusiva sobre cualquier acción relacionada con fallos del Ciadi, cuando en el tribunal del Banco Mundial ya no quedan más instancias para seguir”, explicó Sebastian Maril, analista financiero de Fin Guru, que sigue las demandas contra el Estado argentino en el exterior.

Maril explicó que Teinver es una empresa española que, en 2001, compró el 100% de las acciones de Air Comet, que a su vez era propietaria de Interinvest, dueña de Aerolíneas Argentinas y Austral.