.A pocos minutos de la ciudad de Buenos Aires, el río Luján es la principal frontera entre el continente y la primera sección de islas de Tigre. La puerta de entrada más directa al delta del Paraná. 

Diego Domínguez es alto, flaco, de barba. Tiene alrededor de cincuenta años. A las nueve y media de la mañana espera en su lancha, en la amarra pública de San Fernando, descalzo y con ropa de trabajo. 

Diego es vecino de la isla e integrante de la Cooperativa Isla Esperanza. No lo dirá en toda la entrevista, ni antes, ni después, pero también es sociólogo, investigador del CONICET y docente de la UBA. 

Desde la amarra de San Fernando al Canal Vinculación hay un par de minutos. Subiendo por el canal otro breve tramo, enseguida, a la derecha, se encuentra el mítico arroyo Anguilas. 

“Entre el Pajarito y el río abierto, curvándose bruscamente hacia el norte, primero más y más angosto, casi hasta la mitad, luego abriéndose y contorneándose suavemente hasta la desembocadura, serpea, oculto en las primeras islas, el arroyo Anguilas”, escribió Haroldo Conti en el comienzo de Sudeste, su primera novela, publicada en 1962. 

Apenas entrando al arroyo se puede ver que si en ese momento era angosto, ahora ya no. La margen derecha está notoriamente alterada, como si le hubieran agregado un rectángulo gigante de agua. Pero ese no es el cambio más importante. Es la primera señal de Colony Park, el proyecto de “isla privada” que cambió radicalmente la geografía del lugar. En ese lugar, según el plan, iban a amarrar los yates. 

Siguiendo por el Anguilas hacia el nordeste, a los pocos metros se puede encontrar la entrada a lo que se conoce como “el 8”. Se trata de una especie de laguna, que en el medio tiene dos sectores de tierra, todo literalmente dibujado por la mano de un desarrollador inmobiliario. Lo llaman así porque si uno quiere recorrerlos en una embarcación puede dibujar un ocho, o porque desde el aire se ve con una forma aproximada a ese número.

El sector tiene cierta fama porque es una de las sedes donde jóvenes en yates de papá se reúnen en comentadas fiestas náuticas. El otro punto célebre está a pocos metros y es “el 7”. Los dos son consecuencia de los movimientos de tierra que empujaron ese faraónico proyecto para las clases altas que gustan del delta, pero más todavía de Miami.

Estas intervenciones afectaron el arroyo y partes del centro de isla, que tiene funciones clave en este ecosistema. 

El gran humedal

El delta del Paraná cumple una serie de tareas vitales para tres provincias —Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires— y para toda el área metropolitana. 

Las islas, de carácter aluvional, tienen forma de plato hondo: más altas en los bordes y más bajas en el centro. Su conformación aporta a la fijación de sedimentos, el almacenamiento de carbono, la filtración del agua y la regulación hídrica. El humedal funciona como una esponja: absorbe agua en momentos de crecida y la libera lentamente en épocas de bajante. De esta manera, amortigua el efecto negativo de los períodos de inundación y de sequía. 

Sus características las convierten en el hábitat de una enorme cantidad de vida. 

La lancha avanza a media máquina, todo está bastante cerca. 

“Ese es el segundo galpón de la cooperativa”, explica Diego, frente a la sede de la organización. “El otro nos lo quemaron”.

Volvemos sobre nuestros pasos y navegamos hacia la Escuela Isleña Don Legui.

Después de amarrar la lancha caminamos unos metros, junto a frutales plantados hace pocos meses. Hasta que aparece un camino que corta hacia adentro y enseguida llegamos a la construcción, con dos escaleras de madera que le dan altura. Ahí Diego prepara el mate y conversa sobre la formación de la cooperativa. 

Cuenta que entre 2008 y 2009 Colony Park había desalojado a casi todas las familias del lugar, en algunos casos de forma violenta. Uno de los vecinos, Juan, se negó a dejar su vivienda a pesar de las amenazas y un día fue a una asamblea de isleros y organizaciones, que se hacía en la Estación Fluvial de Tigre, a plantear lo que estaba pasando en el arroyo Anguilas. Diferentes personas y organizaciones comenzaron a apoyar la lucha, entre ellos el propio Diego. En ese proceso nació Isla Esperanza. 

“La cooperativa se creó para volver al territorio”, relata. “Empezamos a producir cortinas de junco, como para revitalizar la economía isleña, que había sido golpeada por la empresa también. Porque la empresa te desaloja, pero también golpea tu economía. Te destruye tu vivienda, pero también tu posibilidad de acceder al territorio como fuente de trabajo y producción. Entonces, la cooperativa intentó revertir ese proceso”. 

En su relato se preocupa por señalar la integralidad de la lucha que llevan adelante, y dentro de ella, la importancia de la organización en el propio terreno. 

“Fue una herramienta territorial que se combinó con las estrategias legales, con estrategias mediáticas, con estrategias de gestión. La cooperativa jugó en una trama que explica por qué también el apoyo del movimiento ambientalista de Tigre, también agrupaciones de vecinos, hasta a escala internacional, y se pudo frenar la empresa”, afirma.

Pero esa gran victoria no dio lugar a una situación idílica. Al triunfo, ese cielo cotidiano, hay que ganárselo todos los días. En ese camino hay diferentes obstáculos. Menciona ataques como el incendio del galpón pero también el impedimento de pescar o de cortar juncos por parte de actores —como el barrio privado Santa Mónica o la Municipalidad de San Isidro— que buscan quedarse con las islas en formación, casi sobre el frente de avance del delta, muy cerca de allí. 

También aparecieron otro tipo de desarrollos inmobiliarios, más pequeños. En la cooperativa les llaman “los miniColony Park”. 

“Tanto los miniColony como esta línea más ambientalista de élite lo que hacen es quedarse con los lugares y no quieren que estén ni el pescador ni el junquero”, sintetiza.

La isla es territorio de una disputa que se expresa de diferentes maneras. 

Más allá de la expropiación

En septiembre de 2025, con la aprobación en la Cámara de Diputados, la Legislatura de la provincia de Buenos Aires dio media sanción a la ley de expropiación a favor de la cooperativa Isla Esperanza. 

Hecho raro en tiempos de polarización extrema, el trámite se aprobó por unanimidad. Esto genera una moderada expectativa ante la posibilidad de que en 2026 la Cámara de Senadores provincial convierta el proyecto en ley.

“Nos pone contentos, tenemos expectativa de que salga”, dice, y enseguida relativiza: “Es un pasito más en un camino que sabemos que no terminará nunca”. 

Hay plena conciencia de que cada momento y cada avance implica nuevos desafíos.

“Tenés que ir generando las condiciones para que estemos mejor y se cumplan más derechos, pero no hay un momento que se termina —explica— porque incluso saliendo la ley, después tenemos que ver cómo llevar a cabo esa reorganización del territorio en un sentido de que haya respeto, que las familias locales fortalezcan su uso del lugar, que sea armonioso con el humedal y con la fauna y la flora. Es un desafío enorme, por eso cada pasito lo festejamos parcialmente”. 

El 8 de mayo de 2025 la Cooperativa Isla Esperanza inauguró la Escuela Isleña Don Legui, un sueño que tenía ya algunos años.

“Es el espacio de formación que construimos para formalizar y consolidar el vínculo con las universidades, con las escuelas, con todos los espacios educativos. También es donde traemos y fortalecemos los propios conocimientos sobre la isla: sobre la historia del Delta, sobre las actividades económicas que hacemos, sobre los humedales”, dice.

En la actividad presentaron un mapeo comunitario del Anguilas, que realizaron junto con el Grupo de Ecología Política de la UBA. Además, tienen un convenio con la Universidad del Delta y vínculos con diferentes organismos y centros de formación profesional. 

Hasta ahora organizaron actividades de formación sobre cestería en junco, identificación y producción de hongos —en este caso, dictado por el INTA— y análisis de la calidad del agua. Además, junto a Cosensores, realizan talleres de construcción de tecnologías para potabilizar el agua.

Diego elige cerrar la conversación contando el por qué del nombre: “Don Legui, Leguizamón, es un viejo de la isla. Hace muchos años, a mediados del siglo XX, fundó la Casa Isleña en el arroyo Abra Vieja; un espacio de acompañamiento, para recibir cerca de la costa a aquellos isleños que venían de más arriba”. 

Don Legui, homenajeado en vida para rescatar la historia y desear el futuro.

“Él siempre ahí, colaborando con la comunidad isleña. Es una persona muy formada. Puede hablar de la gesta sanmartiniana y la emancipación latinoamericana, te puede hablar de la historia argentina contemporánea, te hace un análisis geopolítico —agrega—. Nos parece que es un ejemplo hermoso, que nos interpela, que nos gusta y que nos parece necesario. Queremos que Isla Esperanza sea un antecedente de que es posible construir otro modelo, donde estén la población isleña, la producción sustentable y la defensa de los humedales”.

Volvemos al continente por el mismo recorrido: arroyo Anguilas, Canal Vinculación, río Luján, muelle público de San Fernando. Unos minutos más para sentir la isla, para pensar. La defensa de lo propio es difícil. Exige organización, tiempo, trabajo. Pero gracias a eso —tal vez— puede convertirse en posible.

Este artículo fue elaborado en el Taller de crónica de El Cuaderno Azul 2025 que coordina Alejandro Seselovsky.

Varios días después de lo esperado, la Corte de Apelaciones de Nueva York resolvió este viernes en el juicio por la expropiación de YPF determinó aceptar la la medida cautelar que suspende el traspaso del 51 % de las acciones que el Estado argentino posee en la petrolera. Den todas las opciones que tenía por delante la Corte, terminó tomando la más favorable al país.

De esta manera, el tribunal deja en suspenso lo que había dictaminado la jueza Loretta Preska el pasado 30 de junio, obligando al Estado argentino a pagar U$S 16.000 millones o, en su defecto, cancelar la deuda con el 51% de las acciones que posee en la petrolera.

Tras una cautelar presentada en julio por la defensa argentina, ahora el Estado logró que la medida ordenada por Preska se mantengamela en suspenso.

El juicio por la expropiación –ordenada en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner– lleva más de 10 años. Desde entonces, el Estado mantiene una pelea contra los denunciantes: los fondos de inversión que apuestan a litigios Burford Capital, de Reino Unido, y Eaton Park, de Estados Unidos.

Sebastián Maril, especialista en litigios internacionales, señaló en X que “Argentina deberá comenzar a tratar los fallos de los litigios internacionales como activos y dejar de mirarlos como pasivos. Cerrar estos juicios ayudará a mostrar al mundo que, finalmente, empezamos a cumplir con los contratos y comprometernos a respetar el Estado de Derecho, pilar fundamental para atraer inversiones. Los beneficiarios de sentencias, por su lado, deberán entender que, ayudando a Argentina, se estarán ayudando a ellos mismos”.

El el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, celebró en X la decisión de la Corte: “El tribunal de apelaciones en el caso YPF ha decidido: aceptar la solicitud de Argentina, por lo que la orden del 30 de junio de 2025 queda suspendida mientras se resuelven las apelaciones y que el Gobierno de Estados Unidos presente sus documentos como ”‘amigo de la corte’“.

Con la medida del tribunal el Gobierno gana tiempo mientras espera que a fines de octubre se realice la primera audiencia para definir la cuestión de fondo, es decir la apelación del fallo de Preska que favorece a los fondos.

El caso comenzó a partir de la expropiación del 51% que tenía la española Repsol en YPF por parte del gobierno de Cristina Fernández, con apoyo del Congreso, incluida parte de la oposición. Pero el juicio no es por el 51% –Repsol terminó cobrando por un acuerdo con aquella administración en 2014– sino por el 25% con el que el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, se había quedado en 2007 por impulso del entonces presidente Néstor Kirchner. Los Eskenazi había hecho buenos negocios con él en Santa Cruz: se habían quedado con el banco provincial y con numerosas obras públicas. Y entraron a la petrolera sin pagarles nada a Repsol: el acuerdo implicaba que la abonarían con las futuras ganacias de la empresa. Era la llamada Argentinización de YPF.

NoticIa en desarrollo

Este martes, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York tendrá una definición clave en el juicio por la expropiación de YPF. El tribunal tendrá que decidir si acepta la conceder a la Argentina la medida cautelar que suspende el traspaso del 51 % de las acciones que el Estado argentino posee en la petrolera.

El juicio por la expropiación –ordenada en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner– lleva más de 10 años y Argentina ya recibió un fallo en contra cuando el pasado 30 de junio la la jueza Loretta Preska ordenó al Estado argentino a pagar U$S 16.000 millones. Pero además, desde entonces corren los intereses impuestos por la magistrada con lo cual la deuda ya asciénde a U$S 18.000.

Mañana, el tribunal de apelaciones podrá decidir si niega la cautelar interpuesta por el Estado argentino, lo que habilitaría a la jueza Preska a ejecutar el traspaso. La tercera posibilidad es que la Cámara conceda la medida en suspenso, pero que entienda que pagar con acciones es casi imposible para la Argentina. En este caso puede definir que el Gobierno ponga a cambio otros activos que representen las acciones de YPF, por ejemplo bonos de mediano o largo plazo.

Si la Corte no concede la suspensión total, Argentina enfrentará dos alternativas: negociar con los acreedores o incumplir la orden. Este último escenario implicaría riesgo de desacato, con posibles embargos de reservas del Banco Central, trabas para acceder a los mercados internacionales o embargo de activos de YPF en el exterior.

Ya en septiembre de 2023 la jueza Preska había quedado firme la sentencia contra la Argentina, pero al mes siguiente el gobieno de Alberto Fernández la habia apelado. Cuando asumió la presidencia Javier Milei, el país debía presentar en enero de 2024 unas garantías para esa apelación, pero curiosamente no lo hizo.

Luego, en junio pasado, Preska ordenó al Estado argentino que entregue el 51% de YPF a los fondos ligitantes contra la reestatización de 2012, como forma de pago de la sentencia que lo condenó a pagar US$16.000 millones por la expropiación. Los denunciantes son los fondos de inversión que apuestan a litigios Burford Capital, de Reino Unido, y Eaton Park, de Estados Unidos.

El Estado argentino apeló la decisión de Preska y la Cámara resolvió una suspensión administrativa temporal de la transferencia de las acciones.

El caso comenzó a partir de la expropiación del 51% que tenía la española Repsol en YPF por parte del gobierno de Cristina Fernández, con apoyo del Congreso, incluida parte de la oposición. Pero el juicio no es por el 51% –Repsol terminó cobrando por un acuerdo con aquella administración en 2014– sino por el 25% con el que el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, se había quedado en 2007 por impulso del entonces presidente Néstor Kirchner. Los Eskenazi había hecho buenos negocios con él en Santa Cruz: se habían quedado con el banco provincial y con numerosas obras públicas. Y entraron a la petrolera sin pagarles nada a Repsol: el acuerdo implicaba que la abonarían con las futuras ganacias de la empresa. Era la llamada Argentinización de YPF.

YPF, cuyo control quedó en jaque tras el fallo de Preska, produce el 36% del petróleo nacional y el 29% del gas, más allá de que con Milei se desprendió de sus áreas en Santa Cruz y Chubut para concentrarse en la roca neuquina. Además, controla el 56% de la refinación local de combustibles. Todo eso podría quedar en manos de los fondos de inversión buitre Burford Capital, de Reino Unido, y Eaton Park, de EE UU, si los tribunales superiores estadounidenses ratifican a futuro las sentencias de Preska contra la nacionalización de YPF.

Axel Kicillof reapareció en escena con una extensa conferencia de prensa en la que, además de repasar las razones técnicas y políticas que llevaron a la expropiación de YPF en 2012, cargó contra el Presidente Javier Milei por lo que calificó como una “omisión deliberada” de la defensa jurídica del Estado en un juicio millonario. “Esta sentencia es un disparate jurídico”, sostuvo el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, en referencia al reciente fallo de la jueza de Nueva York Loretta Preska, que ordenó entregar el 51% de la petrolera como forma de pago a los fondos litigantes.

“Lo que se intenta imponer es el estatuto de una empresa privada por sobre la Constitución Nacional”, argumentó Kicillof. El fallo en cuestión no discute la potestad del Congreso argentino de expropiar una empresa, sino que condena al país por no haber realizado una oferta pública de compra al resto de los accionistas cuando se reestatizó la compañía. Así lo estipulaba una cláusula en el estatuto de YPF.

“Las acciones de YPF no se pueden entregar sin una ley del Congreso aprobada por dos tercios”, enfatizó. Y agregó: “No estuvo mal hecho el proceso de recuperación de YPF. La Argentina tiene razón y está defendiendo su soberanía”.

Kicillof fue más allá en sus críticas: “Milei está alineado con los fondos buitre, no con el interés nacional. Pone en riesgo la soberanía energética y el futuro de la Argentina”. Denunció que el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos advirtió que no se puede ir sobre acciones estatales, por ser bienes inmunes. “Esto es una agresión a la soberanía argentina. YPF no se vende, no se entrega y no se regala”, sentenció.

Preska ya había condenado a la Argentina en 2023 a pagar US$16.000 millones, pero el Gobierno de Alberto Fernández apeló. Cuando asumió Milei, en enero de 2024, debía presentar garantías para que esa apelación siguiera su curso. No lo hizo. “Fue esa desidia del Gobierno libertario la que permitió a los fondos buitre avanzar hasta la situación actual”, denunció Kicillof.

Los fondos beneficiarios son Burford Capital, del Reino Unido, y Eaton Park, de Estados Unidos. Burford compró en 2015 los derechos de litigio del Grupo Petersen, que había ingresado a YPF en 2007 sin desembolsar dinero, con la promesa de pagar con futuras ganancias. Esa “argentinización” de YPF se frustró tras la expropiación de 2012, cuando el reparto de dividendos se interrumpió y el grupo de los Eskenazi no siguió pagando.

En su intervención, Kicillof defendió su protagonismo en aquella expropiación, que se realizó mediante una ley aprobada por una abrumadora mayoría del Congreso: 208 votos afirmativos en Diputados y 63 en el Senado, incluyendo sectores de la oposición como la UCR, el socialismo, Proyecto Sur y bloques provinciales.

“Recuperar YPF fue una decisión basada en el interés público y en la Constitución Nacional. Repsol había convertido a la principal petrolera del país en una empresa que producía la mitad que antes, con reservas reducidas en un 50% y sin invertir un solo dólar en Vaca Muerta”, afirmó el gobernador.

Según Kicillof, la gestión privada de Repsol fue “una catástrofe energética y macroeconómica”. Argentina pasó de un superávit comercial energético de US$6.000 millones en 2007 a un déficit de US$3.000 millones en 2011, lo que obligó a importar energía a precios internacionales. “Nos dejaron sin autoabastecimiento y sin dólares”, sentenció.

El gobernador destacó también los logros posteriores a la expropiación: la producción de petróleo creció un 78% y la de gas un 18%, se puso en marcha el desarrollo de Vaca Muerta y en 2024 el país recuperó un superávit energético de US$5.696 millones. “Sin expropiación no habría Vaca Muerta”, remarcó.

Kicillof apuntó además contra el abogado Santiago Castro Videla, actual titular de la Procuración del Tesoro, por conflictos de interés. Recordó que uno de los socios de su estudio había asesorado a Burford en esta misma causa. “¿Quién está defendiendo a la Argentina?”, se preguntó.

En otro tramo de la conferencia, Kicillof advirtió sobre el retorno del discurso privatizador que hoy impulsa el oficialismo libertario. Lo dijo con énfasis: “Privatizar YPF fue una desgracia para la Argentina, y eso es lo que algunos sectores vuelven a proponer como receta mágica para todos los problemas”. Y enseguida, apeló a la memoria histórica: “Hay que recordar cómo terminó esa historia: con la pérdida del autoabastecimiento, el colapso de las reservas y una empresa saqueada”.

Luego apuntó directo al corazón del modelo de negocios que impuso Repsol durante su control de la petrolera: “Repsol vació YPF, pero sacó ganancias extraordinarias. Entre 1997 y 2010 distribuyó dividendos por US$14.000 millones, más de lo que pagó para quedarse con la compañía. El negocio fue brillante para ellos, desastroso para el país”.

Kicillof recordó sus diálogos con el entonces presidente de Repsol, Antoni Brufau, cuando él era viceministro de Economía: “Cuando se le planteó la urgencia de invertir, la respuesta fue: 'esto es una empresa privada, hagan otra cosa'. Ahí comprendimos que la única salida era recuperar el control de la compañía para ponerla al servicio del desarrollo nacional”.

Con gesto didáctico, explicó que la ley de expropiación aprobada en 2012 “no hablaba de las acciones individuales sino del control accionario”. Y remarcó que “por eso se expropió el 51% que estaba en manos de Repsol. Esa fue la base legal de toda la operación y fue respaldada por el Congreso con una mayoría amplísima”.

También hubo lugar para volver sobre el abandono de Vaca Muerta durante la gestión privada. “Repsol no invirtió un solo dólar en Vaca Muerta”, recordó. Y graficó: “Solo quería vender pedazos del yacimiento en presentaciones internacionales. Sin la recuperación de YPF, ese recurso estratégico seguiría dormido”.

Finalmente, el gobernador citó al ex procurador del Tesoro del macrismo, Bernardo Saravia Frías, quien también calificó el fallo como “jurídicamente insostenible” y sugirió un per saltum a la Corte Suprema. “Estamos ante una ofensiva de intereses privados que buscan poner por encima de nuestras leyes una cláusula societaria. Es inaceptable”, concluyó Kicillof.

Una ley del Congreso

Al responder preguntas de periodistas, consultado sobre la posibilidad de que el gobierno de Milei apele la sentencia, Kicillof aclaró que aún si quisiera entregar las acciones de YPF, no podría hacerlo sin una ley del Congreso. “Las acciones de YPF solo pueden disponerse con una ley aprobada por dos tercios del Congreso Nacional”, explicó. Y agregó que el 49% del paquete accionario está legalmente asignado a las provincias argentinas, por lo cual “ni siquiera se trata de un patrimonio exclusivo del Estado nacional”.

Frente a una pregunta sobre el impacto del fallo en la vida cotidiana de los argentinos, el gobernador fue tajante: “La intención del Gobierno es privatizar YPF, pero ni siquiera bajo las formas legales, sino entregarla por la ventana, a través de una sentencia que no corresponde”. Advirtió que la entrega del control de la empresa estatal por esta vía es aún más grave que las privatizaciones de los años noventa y que representa “una amenaza directa a la soberanía nacional”.

En otro pasaje, Kicillof advirtió sobre la posibilidad de una apelación “cosmética” por parte del Ejecutivo: “Si el Presidente dice que va a apelar pero en público le da la razón al fondo buitre, ¿a quién está defendiendo?”. Denunció una contradicción en el discurso oficial y cuestionó la idoneidad del Procurador del Tesoro: “Este juicio es el más importante que enfrenta la Argentina, y el abogado del Estado fue alguien vinculado a los demandantes. Es un escándalo”.

El cierre fue enfático. “YPF no se vende. Y menos aún se regala”, dijo Kicillof. Y responsabilizó directamente a Milei: “Está poniendo en riesgo la principal empresa de hidrocarburos de la Argentina, una compañía que permitió recuperar el superávit energético y activar Vaca Muerta”. También anunció que desde su fuerza política impulsarán investigaciones sobre posibles vínculos entre funcionarios del Gobierno y los fondos buitre.

JJD

El presidente Alberto Fernández mantuvo hoy una reunión con la legisladora estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez, quien días atrás se hizo eco de una investigación periodística en la que se señalaban vínculos y prebendas entre un juez de la Corte Suprema norteamericana y fondos buitre que litigaron contra la Argentina.

El encuentro se realizó en la sede del Consulado argentino en Nueva York, donde el jefe de Estado y la congresista dialogaron por 45 minutos para intercambiar miradas sobre las denuncias que pesan sobre el máximo tribunal de los Estados Unidos por contactos con el magnate Paul Singer.

“Se dialogó sobre la posibilidad de profundizar la investigación y los diversos caminos de acción que Argentina puede tomar para impulsar la investigación”, comentó una fuente de la Presidencia a Télam, único medio en el lugar.

La reunión de hoy, que se desarrolló en tono cordial, cobra especial relevancia porque en el Gobierno encuentran ecos entre la situación en la cúspide del Poder Judicial estadounidense con la causa que en la Argentina se conoce como 'Lago Escondido', que investiga a jueces por la recepción de presuntas dádivas a partir de un viaje VIP a la Patagonia.

Respecto del encuentro de hoy, que se realizó en español, el Presidente mostró su apoyo a lo investigado y transmitió a su interlocutora que en la Argentina se evaluará si el país puede “accionar” en Estados Unidos.

Según trascendió, la cuestión de la injerencia de los fondos buitre en las finanzas de los Estados es un tema del interés de Ocasio-Cortez ya que Puerto Rico, el país de origen de su familia, sufre esas mismas políticas.

El viernes pasado, la congresista demócrata de origen puertorriqueño denunció presuntos sobornos por parte del multimillonario Paul Singer, titular del fondo buitre NML, a un miembro de la Corte Suprema de EEUU, el magistrado Samuel Alito, quien luego falló a favor del magnate en el juicio de los fondos buitre contra Argentina.

Durante un encuentro en el Comité de supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la diputada expuso en detalle la mecánica de la maniobra y sostuvo que Alito habría “aceptado viajes pagados por Singer”.

“Alito usó su asiento en la Corte para fallar a favor de Singer. Y luego de esta decisión, el fondo de inversión de Singer recibió US$ 2400 millones”, denunció la legisladora demócrata.

En ese sentido, la acusación de Ocasio-Cortez mereció la reacción de los principales dirigentes del Gobierno nacional, entre ellos el Presidente, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de justicia, Martín Soria.

Oportunamente, a través de la red social X (ex Twitter), Fernández calificó de “gravísima y escandalosa” la denuncia.

“Así consiguieron fallos los fondos buitre contra la Argentina, como bien señala la vicepresidenta. Nada muy distinto a lo que ocurrió en Lago Escondido y que la Justicia aún hoy no investigó”, cuestionó el Presidente al mencionar un posteo anterior de la Vicepresidenta, con un planteo similar.

En su presentación en el Congreso, Ocasio-Cortez denunció “una corrupción extraordinaria y una compra al por mayor de miembros de la Corte Suprema” .

Al hacer pública una foto de Singer y Alito pescando juntos, la congresista explicó que “el millonario que generosamente pagó ese viaje (por Singer), se presentó ante la Corte al menos diez veces, en casos en que la prensa judicial y los grandes medios habitualmente cubrieron su rol”.

“Así que era públicamente sabido que tenía asuntos ante la Corte. Y en 2014, de hecho, el juez Samuel Alito, y también la Corte, acordaron resolver un tema vital en una batalla de décadas entre el fondo de Singer y la Nación de Argentina”, añadió.

La legisladora estadounidense, tras describir ese episodio, afirmó que Alito “nunca se recusó de este caso y, de hecho, usó su puesto en la Corte Suprema después de todo esto para fallar a favor de Singer”.

“Tras la decisión, el fondo de cobertura del señor Singer recibió finalmente 2.400 millones de dólares debido a este fallo. No es un mal retorno de la inversión para un viaje de pesca allí”, concluyó Ocasio-Cortez.

Soria, por su parte, vinculó la situación con “el viaje a Lago Escondido de jueces argentinos y CEOs de Clarín” que, según dijo, “es la versión criolla de la corrupción judicial anti-Argentina que hoy sale a la luz en EEUU”.

“Desde que lo denunciamos, 'Comodoro PRO' (en alusión a los tribunales federales de Retiro, ubicados en la calle Comodoro Py) solo garantizó silencio e impunidad. Necesitamos una Justicia al servicio de la Patria”, reclamó Soria.

En la causa conocida como 'Lago Escondido', iniciada a partir de una denuncia realizada por el Ejecutivo nacional, se investiga el posible incumplimiento de deberes de funcionario público, admisión de dádivas y presunto cohecho agravado de magistrados y/o tráfico de influencias agravado.

La acusación recae sobre los jueces Julián Ercolini, (Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10), Carlos Mahiques (Cámara Federal de Casación Penal), Pablo Yadarola (Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2), Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo Federal Nº 9) y Juan Bautista Mahiques, actual fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

También involucra al exfuncionario porteño Marcelo D'Alessandro, quien al momento de los hechos se desempeñaba como ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires.

Todas estas personas habían sido imputadas por la fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare, quien también imputó por ofrecimiento de dádivas en los términos del artículo 258 del Código Penal a Jorge Rendo, CEO del Grupo Clarín; Pablo Casey, director de Asuntos Legales e Institucionales de Telecom; Nicolás Van Ditmar, administrador del inmueble de Lago Escondido perteneciente a Joe Lewis; Leonardo Bergroth, exdirector de asuntos jurídicos de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y al empresario Tomás Reinke, especialista en publicidad.

Sin embargo, pese a las diligencias procesales de la justicia federal de Bariloche, la denuncia por el viaje VIP de jueces y fiscales pasó a finales de marzo a los tribunales federales de Comodoro Py, ubicados en el barrio porteño de Retiro, por decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal.

La causa quedó a cargo del Juzgado Federal N° 2 de la Capital Federal, a cargo de Sebastián Ramos.

Por Lucas González Monte - enviado especial Télam

La Justicia de Estados Unidos dejó firme hoy el fallo contra la Argentina por la expropiación de YPF, que obliga al estado a pagar una indemnización millonaria al fondo de inversión Burford. Con la decisión de la jueza de Nueva York Loretta Preska, Argentina deberá pagar 16.099 millones de dólares por la estatización impulsada por la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el, entonces ministro de Economía y actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Luego de que se diera a conocer la resolución judicial por la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera en abril de 2012, la ex presidenta acusó a los fondos buitres de “sobornar” a jueces para que fallaran a su favor.

El Gobierno nacional esperaba que el monto a pagar como compensación no superara los 5.000 millones de dólares. Para llegar a esa cifra, se esperaba que se aplicara una tasa de interés anual retroactiva de 0% y que la jueza Preska tomara el 7 de mayo de 2012 como fecha de la expropiación.

Por su parte, el fondo damnificado consideraba que la expropiación se había materializado el 16 de abril, cuando Kicillof fue nombrado interventor de la empresa y desplazó a los accionistas privados. Además, aspiraba a que se le reconociera una tasa retroactiva del 8% anual.

La magistrada a cargo del caso aprobó los dos pedidos de Burford, lo que acumuló una suma de más de 16.000 millones de dólares, la máxima penalización posible para Argentina. De haber aplicado una tasa del 0% como esperaba el gobierno nacional, la indemnización debería haber sido de solo 8.300 millones de dólares.

“La República respetuosamente discrepa de que estas cifras de daños sean correctas y además no está de acuerdo con las sentencias de responsabilidad del Tribunal y se reserva todos sus derechos de apelación”, aclaró la defensa del Estado argentino a cargo del estudio de abogados Sullivan & Cromwell en una carta enviada a la jueza Preska.

ACM con información de agencias.

Luego de que la jueza Loretta Preska fallara en contra de la Argentina en la causa por la expropiación de YPF, el presidente de la petrolera, Pablo González, confirmó que volvería a votar por su estatización, como lo decidió el Congreso en 2012. “La enorme potencialidad que tiene Argentina como productor de energía le da racionalidad a esa decisión”, expresó.

Según explicó el exsenador por Santa Cruz del Frente para la Victoria-PJ, entonces se tomó la decisión de intervenir la petrolera y posteriormente expropiarla como consecuencia de “la desinversión que estaba teniendo en ese momento Repsol en lo que era la explotación de YPF y el vaciamiento progresivo de la empresa”. Además, señaló que, ante esta situación, muchas provincias se manifestaron en favor de una intervención del Estado.

“Es una discusión que nos interpela sobre el horizonte energético de la Argentina. Hoy estaríamos infinitamente peor sin esa decisión”, advirtió y cruzó al ex presidente Mauricio Macri por sus recientes declaraciones. “Recuperar YPF fue muy importante para la Argentina. Esto no fue una locura destructiva como dice Mauricio Macri”, agregó González, en una entrevista con Radio 10.

El ex mandatario de Juntos por el Cambio había cuestionado esta tarde la expropiación de la petrolera. “Qué lastima que la mayoría se dejó llevar por esta locura destructiva”, publicó en la red social X.

En la entrevista radial, González ─que oportunamente votó a favor de la expropiación─ también se opuso al fallo que establece que Argentina deberá resarcir económicamente a a los fondos Burford Capital. “No corresponde indemnizar a alguien que no sufrió un daño, como es el caso del Fondo Burford”, aclaró González.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que se logre revertir el fallo de Preska, el presidente de YPF aclaró que “el fallo no es definitivo” y especificó que Argentina podrá exigir una revisión ante la Cámara de Apelaciones y la Corte Suprema de los Estados Unidos.

ACM/JJD

La Argentina sufrió un duro revés judicial, después de que la jueza federal de Nueva York Loretta Preska condenó al Estado Argentino a pagar US$16.000 millones por la expropiación de YPF dispuesta en 2012. La cifra significa un tercio de la deuda que el país mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI). ¿Qué pasa si Argentina no paga? ¿La estatización puede ser, al final del camino, un buen negocio?

El beneficiado con la sentencia de la jueza neoyorquina es el fondo especializado en litigios judiciales Burford Capital y las razónes son las supuestas irregularidades en la estatización parcial de la petrolera, aprobada por el Congreso hace 11 años.

En julio, el gobierno de Alberto Fernández le había solicitado pagar US$4.920 millones, el monto mínimo de resarcimiento calculado. Sin embargo, este viernes dicha solicitud fue rechazada por la magistrada, quien coincidió con los planteos del fondo buitre. Por eso, el Gobierno nacional anunció que apelará “inmediatamente” esta resolución y que el Presidente ya evaluó la situación con la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini.

A partir del próximo lunes, los representantes del Estado nacional tendrán la oportunidad de apelar o negociar y Burford Capital podrá empezar a aplicar embargos sobre los activos soberanos.

¿La decisión de expropiar valió la pena?

Juntos por el Cambio cuestionó la expropiación, promovida en 2012 por el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y con Axel Kicillof al frente del Ministerio de Economía. Desde el oficialismo la defienden y plantean que, a la larga, podría ser una decisión favorable para la Argentina pese al fallo.

El 30 de julio último, antes de la sentencia de Preska, la economista Julia Strada, investigadora del Centro de Economía Política (CEPA) y directora del Banco Nación, había señalado a través de un hilo de la red social X que “YPF tiene reservas por US$75.000 millones y recursos que superan los US$200.000 millones para explotar en el largo plazo” y que por lo tanto se trata de US$310.500 millones.

La funcionaria describió a YPF como “una empresa que podría permitirnos superar la restricción externa”. “Los titulares [periodísticos] que pretenden instalar, en el conjunto de la sociedad, la idea de que estatizar YPF fue un mal negocio deberían revisar sus planteos”, remató Strada en su hilo de X.

El fallo de Preska puede, de confirmarse, puede disparar una deuda de US$ 16.000 millones para el Tesoro argentino, en un país sin reservas en el Banco Central.

LC/JJD

Con información de la agencia NA

“Cuando la expropiación de Cromañón sea Ley será porque todas las fuerzas políticas de nuestro país coincidieron en la importancia de que no se olvide lo ocurrido el 30 de diciembre de 2004, para que Nunca Más se repita”, decía Raúl Morales, padre de Sofía, mientras que el Senado debatía la iniciativa que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación el local bailable de Balvanera. Y así fue. Horas más tarde la norma obtuvo 60 votos a favor y uno en contra para convertir el inmueble en un espacio para la Memoria Colectiva.

Entre abrazos y lágrimas, organizaciones de los familiares y sobrevivientes, portando fotos de las víctimas, acompañaron los discursos desde los balcones del recinto parlamentario con mucha atención el pasado jueves por la tarde. A la espera de la aprobación, otro grupo de personas ligadas a la masacre aguardaba en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Avenida Entre Ríos. Allí tampoco faltaron los abrazos entre quienes se reencontraban después de mucho tiempo y tampoco las imágenes y banderas en homenaje a los fallecidos que colgaron en las inmediaciones del Congreso. 

Morales perdió a su hija esa no­che de fin de año cuando la joven fue con sus her­manos y amigos al recital de Callejeros. Momentos previos a que se sancionara la ley, habló de una nueva etapa de lucha que lleva casi 18 años de “golpear un sinfín de puertas, de las más diversas, de todos los sectores de la administración pública que puedan imaginarse y para cada entrevista o reunión nos hemos tenido que preparar, investigando, escribiendo, acordando y también trazando nuestros objetivos. Destinamos horas de trabajo en la construcción de consensos, porque estamos convencidos y convencidas de que este proceso debe tener fuertes cimientos para construir colectivamente”. 

El edificio pertenecía a la sociedad “Nueva Zarelux”, cuyo dueño es Rafael Levy -el mismo propietario que al momento del incendio-, y fue restituido en octubre del 2018 por decisión del Tribunal Oral Criminal 24.

“Dicha devolución no fue correctamente notificada a familiares y sobrevivientes impidiendo la posibilidad de retirar del lugar numerosas pertenencias, tanto de víctimas sobrevivientes como de las víctimas fatales”, agrega Morales que apunta que, dentro de Cromañón, quedaron diversos objetos como “zapatillas, documentos, billeteras, banderas -hasta una bicicleta- de altísimo valor simbólico y afectivo que no sólo no fueron devueltos, sino que fueron desechados por empleados de Rafael Levy”.

Al recibir la noticia de que las llaves de Cromañón volverían a las manos de Levy, familiares y sobrevivientes decidieron interpelar a distintas instituciones con el objetivo de que el establecimiento no funcionara otra cosa que no fuera un Espacio para la Memoria. Por esa razón, “inmediatamente entendimos que la expropiación era la única forma de lograrlo”.

El largo camino comenzó en la Legislatura Porteña, con la presentación durante dos períodos consecutivos, en 2019 y en 2021, de proyectos de expropiación y patrimonialización “que lamentablemente en esa cámara no prosperaron”.

Entre otras instituciones públicas consultadas, “transmitimos en 2020 nuestro reclamo a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación”. Fue a comienzos de este año que, con el acompañamiento de la Secretaría, comenzaron un proceso de diálogo con la diputada Paula Penacca, quien presentó el proyecto de ley que fue acompañado con un consenso contundente por todas las fuerzas políticas hasta lograr la media sanción por unanimidad en la Cámara de Diputados. 

Dónde consultar e informarse sobre Cromañon

Ahora, con la aprobación de la Ley, los allegados a las víctimas confían en que el Poder Ejecutivo la promulgará y reglamentará con la participación de todas las organizaciones de familiares y sobrevivientes que formaron parte del proceso y así continuar con la materialización del “Espacio para la Memoria por la Masacre de Cromañón”.

Celeste Oyola, sobreviviente e integrante de Coordinadora Cromañón, destaca que, al cumplirse 18 años de la Masacre, “prácticamente la totalidad de las y los jóvenes en edad escolar en la actualidad, no habían nacido cuando sucedió Cromañón”, por lo no pueden apelar a la memoria histórica. “Sin lugar a dudas, esta es una ley para la juventud, para la educación y para la cultura”.

Por otro lado, es una ley dirigida al barrio de Once, epicentro no sólo de esa noche, “sino que también de otras masacres ocurridas en las cercanías a Cromañón, cuyos vecinos y vecinas siguen manifestando su apoyo incondicional. Entienden, como lo hacemos también nosotros y nosotras, que el ex boliche forma parte de una unidad de sentido territorial para la memoria que está conformada a su vez por el Santuario ubicado en el contínuo de la calle mitre entre Ecuador y Jean Jaurés, símbolo de organización y resistencia”, cierra Oyola.

“Expropiar este inmueble para transformarlo en un espacio colectivo para la memoria, nos permite asegurarnos que su conservación y su permanencia física podrá trascender nuestra propia existencia, preservar nuestros testimonios como testigos directos de la masacre, y darle la posibilidad a las generaciones venideras de encontrar un lugar donde problematizar relatos hegemónicos y poder consultar e informarse sobre Cromañon”, reflexiona por su parte María Luján Rossi, sobreviviente de la noche que ahora se inmortalizará en un Espacio para la Memoria Colectiva.

AB

El Senado de la Nación aprobó hoy, y convirtió en ley, el proyecto que decreta la expropiación del predio donde funcionaba el local de espectáculos República Cromañón, ubicado en el barrio de Once, donde a fines de 2004 se produjo un incendio que mató a casi doscientas personas. La iniciativa recibió el respaldo de todas las bancadas ante la presencia de familiares de víctimas de la tragedia.

El local bailable de Balvanera en el cual murieron 194 personas por un incendio durante un recital en 2004 se convertirá en un espacio para la memoria, de acuerdo a una ley sancionada este jueves por la noche en el Senado, sobre la cual sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre de “Cromañón” consideraron que servirá para “saldar una deuda con la sociedad”.

La norma obtuvo 60 votos a favor y uno en contra durante una sesión especial para declarar de “utilidad pública y sujeto a expropiación” el inmueble situado en Bartolomé Mitre 3038/78, donde funcionó el boliche República Cromañón para destinarlo “a la creación de un espacio dedicado a la memoria de lo ocurrido el 30 de diciembre del 2004”.

La iniciativa de reparación estuvo frenada desde 2005 en la Legislatura porteña por la falta de apoyo del oficialismo porteño, no obstante logró destrabarse este año, a partir del proyecto presentado por un conjunto de organizaciones de familiares y sobrevivientes en el Congreso nacional, el que fue tomado por el bloque del Frente de Todos (FDT).

En esta oportunidad, la propuesta tuvo un fuerte respaldo de todas las bancadas, tanto en la Cámara de Diputados, donde recibió la media sanción el 12 de octubre pasado, y en el Senado este jueves, además del acompañamiento del proyecto por parte de la Secretaría de Derechos Humanos nacional que mantuvo un canal de diálogo con las agrupaciones desde 2020.

Durante una conferencia de prensa que ofrecieron antes de la sanción de la ley frente al edificio del Congreso, los familiares y sobrevivientes leyeron un documento en el cual señalaron que “la expropiación es la única forma de lograr que en Cromañón no haya otra cosa que un espacio para la memoria”.

“Este es un momento histórico para el conjunto de la sociedad, representada por senadores y senadoras, que tienen la oportunidad de saldar una deuda con una generación entera. En definitiva, una deuda con la sociedad toda”, destacaron.

Y agregaron que la sanción de la ley respondió a que “todas las fuerzas políticas de nuestro país coincidieron en la importancia de que no se olvide lo ocurrido el 30 de diciembre del 2004 y para que nunca más se repita”.

El documento estuvo firmado por Coordinadora Cromañón, El Camino es Cultural, Familiares de la Matanza, Movimiento Cromañón., Ni Olvido Ni Perdón, No Nos Cuenten Cromañón, Organización 30 de Diciembre, Que No Se Repita y Sin Derechos No Hay Justicia.

Durante su discurso, el senador del FDT Mariano Recalde reconoció la lucha del colectivo de las organizaciones que viene desde hace casi 18 años y señaló que “esta ley, que es decisión de un poder del Estado, es una reivindicación y es un perdón”.

“Que este espacio sirva para enseñar y transmitir cómo cada espacio de la memoria representa un nunca más”, destacó.

El proyecto

Puntualmente, además de la expropiación y de la creación de un espacio dedicado a la memoria, la norma contempla que en el lugar también haya una “muestra permanente” que refleje “la historia de lo allí ocurrido”, así como también prevé la organización de actividades culturales e informativas.

Establece la conservación de los elementos testimoniales de la masacre al considerar que “hacen a su valor histórico-cultural y configuran la memoria histórica que se debe preservar” y advierte que “gozará de protección por parte del Estado” también el santuario que fue armado en homenaje a las víctimas sobre la calle Mitre, a metros del boliche.

El 30 de diciembre del 2004 y durante el mandato como jefe de Gobierno porteño de Aníbal Ibarra, 194 personas murieron y más de 1.500 resultaron heridas al quedar atrapadas en el boliche República Cromañón, cuyo gerenciador Omar Chabán permitió el ingreso de concurrentes muy por encima de lo habilitado para el recital de la banda Callejeros.

A poco de comenzado el concierto, el lanzamiento de una bengala prendió fuego una media sombra situada en el techo del local y generó un humo tóxico que fue aspirado por los miles de jóvenes que estaban dentro y que no pudieron salir a tiempo ya que las salidas de emergencias del local estaban cerradas con candados.

El edificio pertenece, en la actualidad, a la sociedad “Nueva Zarelux”, cuyo dueño es Rafel Levy -el mismo propietario que al momento del incendio-, y fue restituido en octubre del 2018 por decisión del Tribunal Oral Criminal 24.

“Ante semejante masacre, por la cual fueron condenados tanto empresarios como funcionarios públicos por cohecho, es el Estado el cual debe garantizar las instancias reparatorias. Y entre dichas instancias, es indispensable que se garantice la Memoria Colectiva”, manifestaron los autores en su proyecto ya sancionado.

DA

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad y envió al Senado el proyecto que busca expropiar el edificio donde funcionó el boliche 'República Cromañón', donde murieron 194 jóvenes y centenares sufrieron heridas durante un incendio el 30 de diciembre de 2004, para convertirlo en un espacio dedicado a la memoria. Tras dos horas de debate, el proyecto sumó 207 votos positivos, en una votación de la que no participaron 49 legisladores por estar ausentes.

Hay expectativa para que el Senado vote la sanción definitiva pronto: se espera que ocurra antes del fin de las sesiones ordinarias, el 30 de noviembre.

En el inicio del debate, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Pérez Araujo (Frente de Todos) aseguró que se trata “del hecho más luctuoso de nuestra historia democrática reciente, del que el Estado como responsable debe hacerse cargo, no solo de la reparación económica de daños, sino también de una obligación como lo es la reparación simbólica”.

Por el PRO, María Luján Rey, madre de una de las víctimas de la tragedia de Once, manifestó: “Debemos tener en claro qué pasó y por qué pasó, para que no vengan otros funcionarios corruptos, organizadores y dueños de boliches sin escrúpulos, que arrastren a nuestros hijos a la muerte”.

Por su parte, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, del Interbloque Federal, manifestó que para que esta intención sea realidad efectiva, “no solo basta con aprobar la ley, tenemos que trabajar para asegurar una partida presupuestaria que respalde la intención que lleva esta ley para recuperar y mantener la memoria”.

Por la Izquierda, Myriam Bregman, apuntó: “Cuando nos quieren decir que la juventud se hace de derecha, y que lo único que les importa es pisarle la cabeza al que tiene al lado, el ejemplo de esos pibes y pibas que murieron intentando rescatar a sus amigos o a desconocidos, se agiganta”.

A su vez, el presidente del bloque radical, Mario Negri, expresó que “18 años después venimos a expropiar el lugar donde el dolor se hizo carne, donde el afán económico de manos privadas y la negligencia de parte del Estado se conjugó una noche y desencadenó la tragedia. Queremos materializar la necesidad de hacer un lugar de Memoria”.

En el cierre del debate, Paula Penacca, del FdT, destacó que “hubo capacidad de construir consensos en relación al proyecto” y pidió poner de relieve “los actos de solidaridad de los que ayudaron a sacar gente del boliche”.

“Quiero destacar la lucha de los familiares de las víctimas contra la estigmatización de los medios de comunicación, que se encargaron de señalarlos e intentaron construir una gran cantidad de mentiras sobre lo que paso allí. Mentiras como que había guarderías en los baños del boliche”, advirtió Penacca, quien aseguró que la masacre de Cromañón sucedió tras “otro hecho trágico, el estallido de diciembre de 2001″. ”También esta es una Argentina que estamos tratando de levantar, porque en hace algunos años ganó un gobierno con un modelo económico neoliberal que también expulsó a la juventud“, dijo.

Esta declaración “detonó” la sesión. Los diputados del interbloque Juntos por el Cambio, la acusaron de “intentar sacar rédito político a partir de un tema tan delicado”. “A los pibes no los mató el neoliberalismo, los mató la corrupción de Ibarra”, contestó, a los gritos, Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO.

En su redacción, el proyecto parlamentario tiene por objeto “declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre número 3038/3078, entre Ecuador y Jean Jaures, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, predio popularmente conocido como ‘República Cromañón’”, que está ubicado en las inmediaciones de la Estación Once del ferrocarril Sarmiento. Por pedido de los familiares, también se sumó a la expropiación la parcela lindera a Cromañón sobre Jean Jaures número 51, lo que motivó la decisión de llamar a una convocatoria conjunta con la comisión de Presupuesto para contar con los informes de dominio incluidos.

Ese derrotero parlamentario se allanó ayer, con la presentación de los informes correspondientes y la posterior firma de despacho conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto. La semana pasada, la propia titular de Diputados, Cecilia Moreau, había recibido a sobrevivientes y familiares de las víctimas como muestra del compromiso del Gobierno para que avance la expropiación. Según trascendió, la iniciativa también cuenta con el aval de la propia Cristina Kirchner, por lo que estaría descontado su sanción definitiva en la Cámara alta.

“Hoy Cromañón es un testimonio inerte y frío de lo que fue la corrupción del país. La recuperación del inmueble le ocurre el manto de muerte y oscuridad que tiene encima”, consideró ante elDiarioAR uno de los sobrevivientes de aquella fatídica noche, quien pidió en off. Actualmente, hay nueve organizaciones de víctimas y familiares de Cromañón, que una vez definida la expropiación discutirán qué se hará con el edificio. 

Un espacio de memoria colectiva

La posibilidad con la expropiación es que lo que fue Cromañón se convierta en un espacio integral para la memoria colectiva similar a la ex ESMA. Podrían entonces convivir un museo y archivo, un centro cultural, un espacio de acompañamiento para víctimas y hasta un centro de alojamiento. Pero aún es un debate abierto. Desde las agrupaciones consideran que lo que ocurra en el Parlamento será un paso importante, ya que luego tendrán que batallar ante la ciudad de Buenos Aires por las distintas habilitaciones. “Esto es un poquito de la mínima deuda que tiene el Estado argentino con lo que ocurrió en Cromañón”, opinó la voz consultada.

Una de las dificultades que enfrentarán los familiares y sobrevivientes será el vaciamiento y reacondicionamiento del local dispuesto por Rafael Levy, quien era dueño del local, luego de que recuperara las llaves por parte de la Justicia. Según denuncian, el lugar fue vaciado y limpiado, luego de 14 años de abandono desde el 2004. Hasta entonces allí dentro se podían encontrar zapatillas y ropa de las víctimas, elementos personales y hasta huellas de los cuerpos sobre las paredes y el piso. Además de las 194 víctimas fatales, aquella noche hubo cientos de heridos. En total se estiman 4.500 los sobrevivientes.

“Cromañón era una escena de crimen, una escena donde sucedió una tragedia y estaba detenido en el tiempo”, dijo el sobreviviente que habló con este medio. Su intención es “por lo menos tener la oportunidad de contar la historia para las nuevas generaciones, para que no vuelva a suceder”.

En los fundamentos del texto de expropiación se argumenta que la necesidad de “conservar el predio como refugio de la memoria de lo ocurrido el 30 de diciembre del 2004, un espacio social donde circule la memoria colectiva y ayude a que las víctimas no se aíslen en un reclamo individual”. Además, destaca que se trata de una acción “para poder transformar el dolor en lucha, y a sembrar una memoria como pueblo, para que hechos como estos no ocurran nunca más”. La iniciativa fue impulsada principalmente por Paula Penacca, diputada de La Cámpora, de extrema confianza de Máximo Kirchner, y segunda en el bloque del Frente de Todos.

El proyecto del Congreso repite la propuesta presentada en varias oportunidades en la Legislatura porteña, donde nunca prosperó debido a la falta de acompañamiento del bloque oficialista de PRO. Con la expropiación, el Tribunal de Tasaciones de la Nación deberá fijar el valor de los bienes, mientras el Ejecutivo incluiría dicha partida en el Presupuesto.

MC y DA

Una nueva demanda contra la Argentina, por USD 320 millones, fue llevada ante un tribunal de Estados Unidos por la expropiación de Aerolíneas Argentinas en el 2008.

La presentación fue realizada por el fondo Titan Consortium, al sostener que incumplió el pago de un fallo en contra del país dispuesto por el tribunal arbitral del Banco Mundial (CIADI).

En 2019, ese Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones rechazó el pedido de nulidad realizado por la Argentina, luego de que en 2017 la condenara a desembolsar USD 320 millones más intereses a Titan.

Este fondo logró demandar a la Argentina, luego de que le comprara el derecho a hacerlo por al fondo inglés Burford (el mismo que litiga contra la Argentina por la expropiación de YPF).

Burford, a su vez, se lo había comprado a la empresa española Teinver, dueña del grupo Marsans, luego de quedar en quiebra.

“Todos pensamos que en algún momento el Gobierno iba a pagar el fallo. Hoy nos enteramos que no pagó y entonces Titan va al distrito de Columbia, que es la Corte que tiene jurisdicción exclusiva sobre cualquier acción relacionada con fallos del Ciadi, cuando en el tribunal del Banco Mundial ya no quedan más instancias para seguir”, explicó Sebastian Maril, analista financiero de Fin Guru, que sigue las demandas contra el Estado argentino en el exterior.

Maril explicó que Teinver es una empresa española que, en 2001, compró el 100% de las acciones de Air Comet, que a su vez era propietaria de Interinvest, dueña de Aerolíneas Argentinas y Austral.