El asesinato de Juan Gabriel González, ocurrido en plena Navidad en Villa Lugano, volvió a poner en el centro del debate el accionar de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y el uso letal de la fuerza en el espacio público. Mientras el Gobierno porteño evita dar explicaciones oficiales, una reconstrucción minuciosa difundida por la cuenta de X Mapa de la Policía desarmó, una vez más, la versión policial y aporta elementos clave para la causa judicial.

Según se supo este sábado un oficial primero de la Comisaría Vecinal 8A fue pasado a disponibilidad en el marco de la causa que investiga el caso y la decisión fue tomada “a fin de facilitar al Juzgado interventor la investigación de los hechos ocurridos”. Todavía no se sabe el nombre del asesino.

Juan Gabriel tenía 45 años, era trabajador de la construcción y estaba profundamente ligado a su barrio. Hacía poco había comprado una camioneta para trasladar a los jóvenes que trabajaban con él en las obras: su objetivo era que no faltaran y, sobre todo, alejarlos de los consumos problemáticos. Vecinos y familiares lo recuerdan como alguien solidario, comprometido y generoso, que “daba laburo” y contenía a pibes de Villa Lugano. Ese recorrido vital se interrumpió el jueves 25 de diciembre, pasadas las 13, cuando murió durante un operativo de la Policía de la Ciudad en plena vía pública y ante la mirada de los vecinos.

Según los testimonios recogidos en el lugar, Juan Gabriel González recibió un disparo a corta distancia. “Fue un escopetazo, era algo redondo, no tenía nada de cortado”, relató un vecino que intentó auxiliarlo. Junto a su hermana, enfermera, procuraron reanimarlo, pero denunciaron que los efectivos policiales se los impidieron. González fue trasladado al Hospital Piñeiro, donde horas después se constató su fallecimiento por una herida en el tórax.

El hecho quedó registrado en un video casero filmado en el cruce de Chilavert y Araujo, pero con el correr de las horas comenzaron a sumarse otras tomas, desde otros ángulos, que reconstruyeron cómo el uniformado disparó a quemaropas sobre la víctima.

En esas imágenes se ve a Juan Gabriel González con el torso desnudo, en short negro y descalzo, defendiéndose con golpes de puño de los policías que lo rodean. Recibe bastonazos, esquiva otros, hasta que se escuchan dos disparos. Luego cae de espaldas sobre la vereda. En la escena aparecen efectivos con armas largas y refuerzos que descienden de una camioneta policial negra. El despliegue resulta desmedido frente a la explicación extraoficial del operativo: una supuesta pelea vecinal y “disturbios en la zona”, que derivaron en la intervención de la División Unidad Táctica de Pacificación.

El minucioso trabajo de Mapa de la Policía

Sobre ese material, y otros registros aportados por vecinos, trabajó el Mapa de la Policía, una plataforma colectiva que se dedica a reconstruir episodios de represión estatal a partir del cruce sistemático de imágenes. En un hilo publicado en X, el colectivo afirmó: “El 25 de diciembre, la Policía de la Ciudad asesinó a Juan Gabriel González en la Villa 20. Estaba desarmado y no representaba ninguna amenaza”. En otro tramo, sostuvieron que “a Juan Gabriel le dispararon a quemarropa con un arma letal” y que su esposa, Nelly Portillo, también resultó herida y permanece hospitalizada.

La reconstrucción permitió identificar el tipo de arma utilizada. Según el Mapa de la Policía, el agente que disparó portaba lo que “parece ser una escopeta Mossberg”, un arma letal. Tras el disparo, el efectivo se retiró del lugar. Para el colectivo, el material audiovisual desmiente la versión policial que asegura que no se utilizaron armas de fuego y que solo se empleó material antidisturbios.

El protocolo de uso de la fuerza es claro: las armas letales solo pueden emplearse ante un peligro inminente para la vida. “Nada de eso ocurrió”, afirmaron desde el colectivo, que además aseguraron que el autor material del crimen ya está individualizado y que su identificación es inminente. La causa tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20, con apoyo de la Policía Federal, y para el colectivo se trata de “un nuevo caso de gatillo fácil en la Ciudad de Buenos Aires”, cuya responsabilidad política recae en el Gobierno de Jorge Macri.

Las denuncias se multiplicaron. El docente Oscar Villaverde sostuvo que González fue “asesinado a quemarropa”. Su hermano Daniel fue contundente: “Mi hermano estaba descalzo, en shorts, en cueros, peleando con las manos; la policía vino a matar”. En el barrio, el clima es de temor a represalias. Organismos de derechos humanos, la CORREPI y agrupaciones políticas repudiaron el hecho, mientras los vecinos convocaron a una protesta en el cruce de Cruz y Escalada.

La violencia policial no terminó con la muerte de González. Su esposa, Nelly Portillo, de 42 años, resultó herida de bala y permanece detenida e incomunicada en el Hospital Cecilia Grierson, acusada de “resistencia a la autoridad”, según denunció el CELS. Dos hombres más, de 21 y 32 años, fueron detenidos y luego liberados.

La Policía de la Ciudad, sin emitir un comunicado oficial, sostuvo a través de una fuente en off que habló con elDiarioAR que los efectivos fueron agredidos con piedras y botellas y que tres policías resultaron heridos. También informó que entregó celulares, cámaras y elementos utilizados para la investigación y que se inició un sumario interno. Sin embargo, negó que se trate de un caso de gatillo fácil, aunque interviene la Oficina de Transparencia y Control Externo del Ministerio de Seguridad.

Cómo se mueve el colectivo que pone en jaque a las fuerzas de seguridad

En ese escenario, el trabajo del Mapa de la Policía cobra una relevancia central. Se trata de un espacio de coordinación horizontal entre colectivos, medios autogestivos, activistas, fotógrafos y realizadores, que funciona como plataforma de investigación y archivo de la represión estatal. Su metodología prioriza la imagen, pero también la paciencia y la precisión: cada foto o video es geolocalizado, cruzado con metadatos, comparado con otros registros e integrado en una secuencia narrativa inspirada en técnicas de arquitectura forense. Así logran establecer responsabilidades y avanzar en la identificación de los efectivos involucrados.

El corazón de ese trabajo es el archivo A.H.O.R.A. (Archivo Histórico de la Represión en Argentina), alimentado de manera artesanal con material que envían vecinos y testigos. No es la primera vez que sus reconstrucciones llegan a la Justicia: ya ocurrió en otros casos emblemáticos, como el de Pablo Grillo, y sus informes son utilizados como prueba en causas judiciales.

Frente al silencio oficial y a las versiones policiales que buscan diluir responsabilidades, el Mapa se define como un contraarchivo. “No somos un medio de comunicación, pero salimos a disputar la verdad”, sostienen. En el caso de Juan Gabriel González, esa disputa ya dejó en evidencia una escena que contradice al poder: un hombre desarmado, asesinado a quemarropa por la policía, en un operativo que hoy vuelve a interpelar a la Ciudad y a su política de seguridad.

Juan Gabriel González tenía 45 años, trabajaba en la construcción y hacía poco había comprado una camioneta para llevar a los jóvenes que estaban con él en las obras. No querían que por cualquier excusa faltasen: su ideal era alejar a los pibes de Villa Lugano de los consumos problemáticos. “Lo daba todo por el hijo. Los llevaba a los sobrinos para sacarlos de la droga. Les daba laburo a muchos”, se lee en WhatsApp sobre él. Pero sus buenas intenciones se truncaron en plena Navidad: murió este jueves pasadas las 13 durante un operativo policial de la Ciudad de Buenos Aires en plena calle del barrio y ante los ojos de todos los vecinos. 

“Fue un escopetazo, era algo redondo, no tenía nada de cortado”, contó el vecino de la casa donde Gabriel cayó ante la avanzada policial. El hombre intentó reanimarlo pero fue en vano: “Le tuve que asistir ahí con una almohadita, después vino mi hermana, que es enfermera, y quisimos hacerle RCP pero los efectivos policiales no nos dejaron”. Luego habría llegado una ambulancia del SAME y en el Hospital Piñeiro constataron su fallecimiento por una herida en el tórax. Aún se aguardan los resultados de la autopsia.

En el video casero grabado desde uno de los costados del cruce de las calles Chilavert y Araujo, a Gabriel se lo ve con el torso desnudo, un short negro y descalzo. Trata de defenderse de la policía a los puñetazos. Recibe varios bastonazos y esquiva otros. Hasta que se escuchan dos disparos de armas y cae de espaldas en una vereda. Varios de los efectivos de la Ciudad aparecen con armas largas y otros continúan bajando de una camioneta negra de la policía. 

Pareció un operativo desmedido para el hecho que lo generó: una supuesta pelea vecinal. “Disturbios en la zona”, fue la explicación extraoficial ante la actuación de la División Unidad Táctica de Pacificación.

“Fue asesinado a quemarropa”, aseguró Oscar Villaverde, profesor de la escuela técnica 13 Ingeniero Jose Luis Delpini. Contó que los disparos ocurrieron luego de que Gabriel discutiera con los policías. “Mi hermano, estaba descalzo, en shorts, en cueros, peleando con las manos, la policía vino a matar”, denunció Daniel, unos de los hermanos de Gabriel, al sitio ANRed.

Mientras los vecinos convocaron a una protesta en el cruce de las avenidas Cruz y Escalada, en Lugano, para este viernes a las 16, en el círculo de Gabriel hay miedo de represalias. “Las cosas están muy difíciles. La policía está haciendo cosas terribles”, comentó una fuente en contacto con el barrio. Hubo denuncias de la izquierda, de agrupaciones que luchan contra la violencia policial como la CORREPI y de organismos de derechos humanos.

Además de Gabriel, Nelly Portillo, su esposa de 42 años, fue herida de bala. “Está detenida e incomunicada en el Hospital Cecilia Grierson por ‘resistencia a la autoridad’”, denunció el CELS. Dos hombres, de 21 y 32 años, también fueron detenidos, aunque luego liberados, según fuentes policiales.

Sin un comunicado oficial de la Policía de Jorge Macri, a 24 horas del episodio una fuente en off señaló a elDiarioAR que el personal policial “no utilizó armas de fuego sino material antidisturbios”. La misma versión indica que los efectivos “comenzaron a ser agredidos físicamente y recibieron golpes de piedras y botellas”. Tres efectivos resultaron con lesiones

La policía habría entregado celulares, cámaras y los elementos antidisturbios utilizados para aportar a la investigación, que ahora lleva adelante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20 en apoyo de la Policía Federal. “Se inició un sumario interno para determinar responsabilidades”, indicó la fuente extraoficial consultada. Aunque en la Policía de la Ciudad se niega un caso de gatillo fácil, interviene la Oficina de Transparencia y Control Externo del Ministerio de Seguridad y Asuntos Internos de la Policía de la Ciudad.

MC

Un operativo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires este 25 de diciembre en Villa Lugano terminó con un hombre muerto y vecinos denuncian que se trató de un caso de gatillo fácil. Este viernes por la tarde hay una manifestación para exigir justicia.

Imágenes difundidas en redes sociales y recogidas por medios alternativos muestran el momento en que efectivos policiales avanzan sobre un grupo de personas desarmadas y, tras una serie de detonaciones, un hombre identificado como Gabriel González cae herido de gravedad. Familiares y vecinos señalan que el hombre no portaba armas y que la intervención de la fuerza fue desmedida.

Organizaciones de derechos humanos como CORREPI denunciaron que se trató de un gatillo fácil policial, y convocaron a una movilización en el cruce de avenidas Cruz y Escalada para este viernes a las 16 horas, con el objetivo de exigir verdad y justicia por lo ocurrido.

Desde la Policía de la Ciudad no respondieron a elDiarioAR las consultas al respecto. Fuentes judiciales consultadas por otros medios indican que la causa está siendo investigada y que aún no hay una versión única sobre las circunstancias de la muerte. Según una de las líneas de investigación, el hecho se habría producido durante un operativo policial tras un llamado por un supuesto incidente menor en la zona.

La agencia NA consignó que la víctima podría haber sufrido una herida con arma blanca o un golpe de bastón policial antes de fallecer. En el video difundido se ve a González caer de espaladas frente a varios efectivos. Organizaciones sociales y vecinos sostienen que la intervención policial fue desproporcionada, y que González fue baleado aun cuando no representaba una amenaza.

La muerte de González se suma a reclamos de larga data de sectores de la sociedad civil contra prácticas de violencia institucional por parte de la Policía de la Ciudad en barrios populares porteños. Las organizaciones convocantes denuncian patrones repetidos de uso excesivo de la fuerza y impunidad.

Los familiares de la víctima y grupos comunitarios convocaron a una concentración este viernes por la tarde para exigir que la causa avance sin dilaciones.

MC

La Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó que Lucas Gonzalez, el joven de 17 años acribilldado cuando salía de entrenar con sus amigos en el club Barracas Central, fue asesinado por “odio racial”, tal como había determinado la justicia en primera instancia. Por esa razón, los jueces confirmaron la condena a prisión perpetura de los tres agentes que integraban una brigada de la Policía de la Ciudad.

El tribunal, en cambio, decidió absolver y liberar a otros dos de los policías que habían sido condenados por el crimen.

El 11 de julio de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 25 que condenó a los acusado habia considerado el causal de agravante de “odio racial” ya que los policías que persiguieron y dispararon a Lucas y sus amigos cuando salían de entrenar lo hicieron sin motivo. La única razón, según los jueces, fue por su aspecto físico. El caso dejó al descubierto la violencia institucional dentro de la fuerza.

Los condenados fueron Gabriel Isassi, Fabián López y Juan José Nievas. Todos habían recibido una pena a prisión perpetua por el homicidio quíntuplemente agravado en perjuicio de Lucas y la tentativa de homicidio agravada contra tres de sus amigos.

Los tres habían sido defendidos por el abogado Martín Luis Sarubbi, conocido por defender a policías involucrados en casos de gatillo fácil. Sarubbi representó al policía acusado de disparar contra Santiago Moreno Charpentier, “Chano”, y también a Sabrina Basile, integrante de Revolución Federal y Ximena de Tezanos Pinto, la vecina del piso de arriba de Cristina Kirchner, ambas investigadas en la causa por el atentado contra la expresidenta.

La Cámara también confirmó la condena de Roberto Orlando Inca, Fabián Alberto Du Santos, Rodolfo Alejandro Ozán y Héctor Claudio Cuevas por encubrimiento y el intento de homicidio de los otros jóvenes que iban con Lucas.

Entre los agravantes que se consideraron en primera instancia figuran, además del odio racial, el uso de arma de fuego, alevosía, la intervención premeditada de varias personas y el abuso funcional como miembros de una brigada de la Policía de la Ciudad.

Según el fallo que ahora fue ratificado por la Cámara, “es claro que [los tres intervinientes] obraron en base a un designio común, que todos pretendían lograr el mismo objetivo, esto es matar a los jóvenes, que todos estuvieron de acuerdo en la manera de desarrollar ese ‘iter criminis’ y que lo hicieron ejecutando acciones típicas y necesarias para lograr el resultado, valiéndose de sus armas reglamentarias, alevosamente, con el concurso premeditado de dos o más personas, por odio racial y mediante abuso funcional -de lo cual además pretendieron valerse para lograr su impunidad”.

Sin embargo, la decisión de la Cámara da marcha atrás sobre la situación de dos de los condenados en primera instancia. Se trata de Juan Horacio Romero y Sebastián Jorge Baidón quienes habían recibido una pena de a 6 y 8 años de prisión respectivamente. Para la Cámara, la condena a Romero no describió de forma clara ni fundamentada las acciones específicas que se le atribuían.

Sobre la situación de Baidón, los jueces Pablo Jantus, Alberto Huarte Petite y Gustavo Bruzzone detallaron que existían dudas razonables sobre la validez del reconocimiento realizado por la víctima.

El asesinato de Lucas González ocurrió a fines de 2021 cuando el adolescente y tres amigos salieron del predio del club Barracas Central luego de entrenar.

En medio del trayecto “fueron interceptados por un auto modelo Nissan que no tenía ninguna identificación policial ni tampoco contaba con la patente trasera. De allí descendieron tres hombres que les apuntaron. Ante esto, y de acuerdo a lo relatado por los jóvenes en el juicio, intentaron esquivar la situación al considerar que se trataba de un robo”, destaca el escrito del Ministerio Público Fiscal.

En ese momento, los tres integrantes de la brigada dispararon contra el auto: uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Lucas, que debido a las heridas falleció en el hospital “El Cruce” de Florencio Varela al día siguiente, mientras que sus amigos quedaron detenidos.

Para Gregorio Dalbón, abogado de la familia de Lucas, la decisión de la Cámara es un “fallo histórico que marca un antes y después para los casos de violencia policial”. En su cuenta de X, el abogado señaló: “¿Por qué este fallo marca un precedente? Porque gracias a la lucha que llevamos adelante junto a la familia de Lucas, logramos que se condene el racismo estructural en las fuerzas de seguridad y poner de relieve que el Poder Judicial no debe ser cómplice de la impunidad policial”.

Según opinó Manuel Tufró del CELS, el “fallo de Casación confirma que la policía actuó de manera racista y será clave para discutir cómo los agentes intervienen en los barrios populares, como cuando las brigadas de las comisarías se mueven sin ninguna identificación”.

La Embajada rusa considera “una grave violación al derecho internacional” el accionar de las autoridades argentinas contra los dos diplomáticos que se negaron a someterse al control de alcoholemia.

El Primer Secretario de la Embajada de Rusia en el país habló con la prensa en medio del escándalo y sostuvo que estos casos son considerados como “una grave violación al derecho internacional” y que no se sometieron al control porque estaban dentro de un auto diplomático.

Los dos representantes envueltos en la polémica durante los controles por Navidad fueron identificados como Sergei Baldín y Salomatin Cardmth, quienes se atrincheraron en sus vehículos.

Ambos fueron detenidos en el procedimiento ubicado en el barrio porteño de Recoleta y tras conversaciones entre autoridades del país y rusas, se autorizó que sean trasladados con custodia hasta la Embajada.

“El primero de ellos firmó y presentó la negativa de acta y papeles, por lo que fue liberado, mientras que por el momento el otro diplomático todavía no lo hizo”, informó un efectivo de la Policía de la Ciudad.

DM con información de agencia NA

Jorge Macri dio un golpe de efecto e intentó mostrar autoridad política para que la noticia de la fuga de 17 detenidos de una alcaldía porteña le empañe lo menos posible el brindis de la Navidad: barrió de un plumazo con la cúpula de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Fue el segundo cambio en materia de seguridad en menos de una semana, luego de que el jueves pasado nominó en la secretaría del área a Ezequiel Daglio para reemplazar al ahora libertario Diego Kravetz, nuevo vicejefe de la SIDE. Con dichos movimientos en dos tiempos, el alcalde porteño trató de reaccionar rápido para que no queden en evidencia las fisuras en su política de “orden”, de las pocas banderas que –sin presupuesto para grandes obras– pretende mostrar la gestión del primo de Mauricio Macri.

En la Ciudad aseguran que el ministro de Seguridad, Waldo Wolff, ya tenía decidido los cambios hace tiempo; es decir, antes que renuncie Kravetz y antes que se fuguen los presos. Pero por algún motivo esperó que la realidad lo apremie. Está en el aire la sospecha de si los detenidos que se escaparon por un boquete de la Alcaldía 9 tuvieron ayuda de los mismos policías que los custodiaban. O incluso más allá: si fue una suerte de vendetta por la depuración previa de Kravetz. 

Otro episodio enrarece la trama: justo el día después del salto del ahora ex secretario de Seguridad, se conoció un video en el que Kravetz golpea a un joven que acababa de ser detenido por la policía tras robarle en Palermo a uno de los hijos que tiene con la exministra porteña Soledad Acuña. elDiarioAR contó que hay un expediente “pisado” en la Justicia que ahora podría empezar a moverse.

“Da bronca la fuga porque termina empañando una gestión que viene siendo muy buena”, se defendieron en el entorno de Wolff este martes al mediodía. El argumento extraoficial es que el descabezamiento de la Policía porteña “es un correlato de los cambios de los últimos días” y que la fuga de presos fue “un mero detonante”. A fines de noviembre último, once detenidos se habían fugado por los techos de la Alcaidía 4 Bis, en Barracas. Y días después otros dos detenidos huyeron del Centro de Contraventores en Pompeya. 

Los voceros porteños buscaron ponderar los perfiles de los nuevos jefes policiales: el comisario mayor Diego Casaló fue el responsable hasta ahora del despliegue de los efectivos en los barrios populares y villas porteñas, y la comisaria mayor Carla Mangiameli se ocupaba de las auditorías disciplinarias, además de que es la primera mujer en llegar a la cúpula de la fuerza. La promesa del dúo Macri-Wolff es ordenar aún más la tropa: “Los vamos a apretar de los huevos”, avisó un operador a los díscolos.

Abusos en la policía hay. Lo contó este medio en algunas oportunidades durante el año. Valen al menos dos ejemplos: Mariano Juárez, de 23 años, recibió tres disparos de armas de fuego de la Policía de la Ciudad el 27 de enero pasado pese a no ofrecer resistencia luego de haber robado un auto en Barracas. Edwin Freddy Capcha Condori, militante del Partido Obrero de 44 años, fue detenido el 10 de abril pasado y recibió golpes y amenazas por parte de la Policía porteña durante un brutal operativo antipiquete aunque estaba arriba de uno de los canteros de la avenida 9 de Julio.

Pero volvamos a la trama de las fugas. Wolff ya dijo en conferencia de prensa que la gestión jorgemacrista sigue siendo mejor a la de Horacio Rodríguez Larreta –evita compararse con su primo Mauricio–. El dato oficial es que este año hubo un 30% menos de fugados que en 2023. Lo favorece en el porcentaje que la mano dura actual genera más detenidos: 2300 contra 1700. 

Un problema inesperado de que haya mayores detenciones es que no hay en la Ciudad dónde alojar a esas personas. Además de que los presos detenidos por delitos federales están “en tránsito” también en alcaldías y calabozos de comisarías. Una salida que ensayó Macri fue la instalación de 19 módulos de detención, pero tienen espacios para 300 detenidos.

En la Ciudad reconocen entonces un responsable: la Nación, corporizada en Patricia Bullrich. Hace apenas diez días Jorge Macri y la ministra de Seguridad –tan halcón como Wolff– firmaron un convenio para iniciar la transferencia de competencias penitenciarias a la Ciudad, pero se trató apenas del primer paso. “Es una mera carta de intención, el proceso va a llevar mucho tiempo y muchos recursos”, aseguró una fuente.

Uno de los símbolos de esa transferencia es la cárcel de Villa Devoto, que tiene más de 1100 plazas. Pero habría otras alternativas, que aún están en gateras: construir una cárcel porteña en terrenos del Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz y hacer también un lugar para presos de la Ciudad en el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza.

Serían salidas posibles al laberinto en el que volvieron a quedar metidos este martes Macri y Wolff con la fuga de presos. Para eso deberán aceitar aún más el vínculo con Bullrich, que prestó la intervención del ministerio para la búsqueda de los 16 presos que permanecen prófugos, pero que tiene sus propias falencias en política carcelaria: el viernes la ministra anunció la inauguración de la cárcel federal de Coronda, en Santa Fe, pero el complejo no tiene capacidad para alojar presos porque el edificio no tiene puesta la instalación de agua.

MC

Tras una nueva fuga en una comisaría porteña, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, echó al jefe y al subjefe de la fuerza policial, Pablo Kisch y Jorge Azzolina. Serán reemplazados por el Comisario Mayor Diego Casaló y la Comisaria Mayor Carla Mangiameli, respectivamente.

Macri se reunió esta mañana con el Ministro de Seguridad, Waldo Wolff, para analizar la situación y tomar la decisión. En un comunicado, anticiparon que se hará una “investigación exhaustiva” para determinar las responsabilidades de los jefes policiales en la fuga y una posible connivencia.

“Se pusieron en marcha una serie de acciones y medidas tendientes a esclarecer este episodio”, explicaron. En este sentido, adelantaron que están en contacto con el fiscal general, Juan Mahiques, a cargo de la investigación contra los jefes policiales.

“No vamos a permitir ni incapacidad ni connivencia”

Este martes al mediodía, Waldo Wolff dio una conferencia de prensa para dar detalles de la decisión de remover a la cúpula policial y adelantó que también habrá una restructuración en distintas áreas del Ministerio de Seguridad porteño.

“Los cambios que estamos proponiendo con el jefe de Gobierno no es solo en la cúpula, sino también en la plana mayor. Lo vamos a definir en las próximas horas. Serán todas las superintendencias y las áreas civiles”, contó.

“Confiamos en la conducción de nuestra fuerza y todos somos sujetos de examen y análisis permanente, pero no vamos a permitir que ocurran hechos de esta naturaleza. Sabemos que hay un problema sistémico en la Ciudad, donde detenemos más gente que nunca y tenemos una superpoblación, eso no quita que no tengamos que preservar la seguridad de los vecinos. No vamos a permitir ni incapacidad ni connivencia”, expresó el ministro.

“Hemos tenido un 30% menos de fugados que el año pasado, aun con más detenidos. Pero aun así no puede ser noticia esto. No se pueden fugar 17 personas sin que los vea nadie, haciendo un boquete o como sea. Hay que hacer profundos cambios en la policía y los estamos haciendo”, sostuvo.

Sobre el hecho que generó polémica, contó: “Están trabajando todas las divisiones en la búsqueda de los detenidos, también en conjunto con el Ministerio de la Nación a cargo de Patricia Bullrich”, explicó Wolff. En ese sentido, especificó que interviene además la División Unidad Táctica de Intervenciones en Alcaidías (DUTIA).

Con un boquete que hicieron en una pared: así se fugaron los 17 presos

Esta madrugada una nueva fuga en una comisaría de la Ciudad puso en alerta a los efectivos policiales. En la Alcaidía 9, 17 presos realizaron un boquete en una de las paredes y escaparon del lugar. Todo sucedió en la dependencia policial ubicada en el mismo edificio de la alcaidía 9B, en la calle Gana al 400, en el barrio porteño de Liniers.

De acuerdo a lo informado por los investigadores, los delincuentes realizaron un boquete de unos 30 centímetros de diámetro en una pared que separa los calabozos de un patio interno. Luego de pasar por allí, los detenidos salieron a la calle y escaparon. En total, en el lugar hay 58 personas alojadas, pero 17 fueron las que participaron de la fuga.

Se cree que el hueco fue realizado con una especie de punta metálica, con la cual fueron picando la pared hasta que lograron hacer un hueco que permitió que pasaran por allí. De los 17 prófugos, once son argentinos y seis de nacionalidad chilena.

Luego de que los efectivos advirtieran la fuga, comenzaron a realizar tareas de investigación en la zona y lograron recapturar a uno de los delincuentes. La Policía de la Ciudad, además, lleva adelante un operativo cerrojo para dar con el resto de los detenidos.

NB

Siete presos se fugaron de la Alcaidía 4 Bis, en el barrio porteño de Barracas, aunque dos fueron recapturados esta tarde y cuatro policías de la Ciudad terminaron sumariados.

La fuga de los reos sucedió en las últimas horas luego de que los reclusos se escaparon por los techos de la comisaría.

De acuerdo a lo informado, todos los detenidos son pertenecientes a la villa de emergencia Barrio 21-24, el cual se encuentra próximo a la alcaidía.

Los convictos fueron identificados como Jairo Gamarra, Brian Placencia, Nicolás Pacheco, Enry Quiroz, Agüero Sánchez, Nicolás Vega y Josefaz Arce.

Un audio revela las características físicas de algunos de los fugitivos: “Gamarra vestía pantalón negro y remera negra, es de contextura robusta, tiene pelo corto y la ceja cortada. Pacheco vestía pantalón corto con vivos rojos y no tenía remera. Es de contextura robusta, tenía barba y toma medicación. Arce, por su parte, mide 1,65, es de contextura delgada, tiene pelo corto y vestía pantalón negro. Es de nacionalidad boliviana. Sánchez, de 1,70 y barba candado, tiene pelo corto y un lunar debajo del ojo derecho”.

Vega, de 23 años, cumplía prisión preventiva por encubrimiento agravado; Pacheco, de 30, se encontraba detenido por tentativa de hurto y Gamarra corría la misma situación por el delito de robo.

Brian Placencia, de nacionalidad peruana, de 33 años, estaba tras las rejas por un robo a mano armada, mientras que Benítez, de 33 años y en situación de calle, fue condenado.

El Ministerio de Seguridad porteño aseguró que continúa la búsqueda del resto de los implicados y consignaron que la causa de la fuga “es la superpoblación de presos en la Ciudad”.

MM con información de la agencia NA.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció este lunes que la Ciudad de Buenos Aires suma más de mil policías en las principales avenidas para reforzar la seguridad.

De acuerdo a lo informado, estos agentes cumplían tareas administrativas en las comisarías, pero ahora estarán presentes en las calles.

En un acto en el Rosedal de Palermo, Jorge Macri explicó que esos mil policías “se suman a los más de 18.000 que ya están patrullando la Ciudad y a los 851 cadetes que acaban de egresar de nuestro instituto de formación” y añadió: “A fin de año tendremos otros 900 policías más y llegaremos a más de 20.000 policías desplegados en las calles”.

“Nuestro objetivo es claro, que es que el vecino se sienta más seguro. Nuestra tarea es dar más y mejores respuestas, pero además poner énfasis en tener una policía profesional con una actitud proactiva que tenga una capacidad de alerta constante, y que tenga las herramientas y el apoyo político que le damos de intervenir de la manera más rápida”, indicó el jefe de Gobierno porteño, quien estuvo junto con el ministro de Seguridad, Waldo Wolff, el secretario de Seguridad, Diego Kravetz, y el jefe de la Policía, Pablo Luis Kisch.

En la conferencia de prensa, los funcionarios porteños explicaron que los nuevos policías se distribuirán en las principales avenidas, como en la 9 de Julio, donde además se incorporarán cien binomios a lo largo de toda la traza y doscientos en centros comerciales a cielo abierto. Además, se refuerza la Unidad de Despliegue de Intervenciones Rápidas (DIR) y se incorporaron 14 cápsulas trabajando en zonas de intenso flujo comercial y vehicular, y se suman 21 motos.

A su vez, detalló que los grupos especiales en auto y moto tendrán un nuevo sistema de trabajo: “Los efectivos están 30 minutos en un lugar fijo y 30 minutos en movimiento. Se entregaron 600 nuevos cascos como parte del reequipamiento de la policía motorizada, que cuenta con 300 motos y cuyo patrullaje permite un despliegue más ágil en una Ciudad de tránsito intenso como Buenos Aires”.

“Tenemos un equipo de Gobierno con decisión política, una fuerza policial capacitada y comprometida, vamos a seguir persiguiendo a los delincuentes, no compartimos la lectura de algunos jueces que liberan delincuentes en esta lógica de puerta giratoria. Lo vimos este fin de semana una vez más, un delincuente que lo detuvimos 18 veces y sigue estando libre”, manifestó Jorge Macri.

Mensaje a Kicillof: “Le pedimos un mayor compromiso”

En torno a la política de seguridad, el alcalde porteño destacó: “Nuestra decisión es muy clara, en la Ciudad el que comete delitos tiene consecuencias y nadie está por encima de la ley. Le pedimos al gobierno de la Provincia de Buenos Aires un mayor compromiso; a la Justicia, no sólo mayor celeridad, sino mayor rigurosidad a la hora de analizar cómo se libera un delincuente que ya ha sido detenido varias veces”.

Durante estos meses de gestión se incorporó el uso de las armas de baja letalidad: 500 pistolas Byrna complementan a las 90 Taser que ya había. También se instalaron 200 cámaras en distintos puntos que se sumaron a las más de 15.000 que ya funcionaban. Así, el sistema de videovigilancia cubre el 75% de la Ciudad, lo que permite dar respuestas más rápidas y efectivas desde los cuatro Centros de Monitoreo Urbano.

Sumado a que se reforzó el patrullaje con grupos especiales en moto, se mejoró la iluminación en parques y plazas de la Ciudad y se están instalando tótems de seguridad llamados “Puntos Seguros”.

Los patrullajes en cuatriciclos en los grandes parques se incrementaron y se sumaron cámaras infrarrojas que serán distribuidas en las zonas consideradas de mayor riesgo, según datos del Mapa del Delito.

Con información de agencias.

IG

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, puso en funciones al comisario general Pablo Luis Kisch como nuevo jefe de la Policía porteña y anunció la implementación de medidas para seguir mejorando la seguridad en la Ciudad.

El mandatario porteño sostuvo que la seguridad “es una prioridad para la gestión” y afirmó: “Ya no sólo tenemos una Policía presente, honesta y preparada, sino que buscamos tener una fuerza activa, que llegue antes, transmitiendo una percepción y una acción distinta”.

“Este es un día muy importante porque marca el logro de un camino recorrido y el punto de partida de una nueva etapa. Siempre el cambio de una cúpula se da generalmente en el marco de un conflicto o de una crisis. Y en este caso no es así. Esta semana tenemos alegría porque tuvo como hito la detención del peluquero Abel Guzmán”, señaló.

En la sede policial de Barracas, el jefe de Gobierno agradeció y felicitó a Diego Kravetz, quien hasta hoy ejerció el doble rol de secretario de Seguridad y titular provisorio de la fuerza. Dijo que su experiencia y compromiso fueron fundamentales en esta etapa de transición que atravesó la policía porteña.    

Macri también estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Waldo Wolff, y subrayó que la Policía de la Ciudad está ingresando en una nueva etapa que requiere dotar al cuerpo de estrategia, liderazgo y modernización y destacó la trayectoria del comisario Kisch: “La Jefatura vuelve a ser ocupada por un profesional, que, además, tiene un perfil muy comprometido con la tarea de investigación”. 

También asumieron sus funciones como subjefe de la Policía, el Comisario Mayor Jorge Guillermo Azzolina; en la Superintendencia de Protección de Barrios, el Comisario Mayor Diego Casaló; en la Superintendencia de Investigaciones, el Comisario Mayor Fabio Mesiano; y en la Superintendencia de Orden Urbano, el Comisario Mayor Juan Daniel Gómez.

MM con información de la agencia NA.

Colectiveros de una agrupación enfrentada con el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, protagonizaron incidentes con la Policía de la Ciudad cuando realizaban una protesta frente a la sede gremial para repudiar el reciente acuerdo salarial del sector.

La medida de fuerza se llevó a cabo en Moreno 2900 y los trabajadores de la Agrupación Bordó pretendían ser recibidos por Fernández.

Sin embargo, fueron alejados de la zona por un fuerte cordón policial, lo que generó incidentes y represión con gas pimienta.

“Del sindicato no salió nadie. Nos mandaron a la Policía para reprimirnos, aunque se había arreglado para manifestarnos pacíficamente en la vereda”, señaló uno de los manifestantes, de la Línea La Perlita de Moreno.

Tras el accionar policial, la protesta de los choferes de la Agrupación Bordó se trasladó a la Plaza Miserere, aunque minutos después los colectiveros se dispersaron.

Con información de agencias.

IG

“No te muevas que te mato”. Edwin Freddy Capcha Condori fue detenido por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires cuando participaba de la movilización al Ministerio de Capital Humano que el 10 de abril motorizaron las organizaciones sociales para reclamar asistencia alimentaria. El protocolo antipiquete se activó contra él de una manera brutal, pese a que estaba sobre la zona parquizada de la avenida 9 de Julio: los agentes de la Policía de la Ciudad lo tomaron del cuello, lo redujeron y lo arrastraron varios metros. Recibió una trompada en la cara y le golpearon la frente contra el asfalto. En el suelo lo amenazaron de muerte. Perdió tanta sangre que hasta una policía intentó pararle la hemorragia con una servilleta de papel. Por las heridas fue trasladado al hospital Ramos Mejía, antes de terminar detenido junto a una decena de manifestantes en la Alcaldía 4, en Parque Patricios. Pasó parte de la noche a la intemperie, en el patio de la sede policial porque los calabozos estaban saturados. Recién al otro día fue liberado.

El 27 de enero pasado Mariano Juárez, de 23 años, robó junto a otro joven de 18 años un auto en Barracas. En medio de la persecución policial chocaron contra un carro en la Villa 21-24. Al salir del vehículo, recibió tres disparos de la Policía porteña desde atrás. Una bala le entró por la nuca y le atravesó el maxilar izquierdo, otra impactó en el omóplato del mismo lado, y la última fue en una mano que ya tenía levantada, sin ofrecer resistencia. “Le dieron a matar”, se escucha de una mujer en videos registrados por los vecinos. En esas mismas imágenes se ve cómo los efectivos policiales intentaron “desmantelar” la escena: movieron el vehículo chocado, aún con sangre chorreando por la puerta. También levantaron los casquillos de bala. Los vecinos terminaron insultando a los efectivos, mientras Mariano era trasladado a una comisaría sin recibir asistencia médica inmediata. Luego sí fue atendido en el hospital Penna, hasta que el 2 de febrero fue derivado a la cárcel de Devoto, que pertenece al Servicio Penitenciario Federal. Su condición de salud sigue siendo grave: desde hace más de un mes tiene pendientes estudios en el Pirovano porque necesita con urgencia una cirugía maxilofacial por los disparos recibidos. Actualmente tiene que cortar la comida en pedacitos para poder comer. Los días de mucha humedad sus dolores aumentan. 

Aunque en situaciones muy distintas, los casos de Edwin y de Mariano están conectados por la misma lógica represiva y de mano dura policial del gobierno porteño de Jorge Macri, a su vez amparado por la política que pregona Patricia Bullrich a nivel nacional. “Una ciudad limpia y ordenada”, es el leitmotiv de la gestión en la ciudad de Buenos Aires, donde ya no se vende que “La transformación no para”, como en tiempos de Horacio Rodríguez Larreta.

Con las cuentas públicas ajustadas, “ofrecer seguridad” se convirtió en la nave insignia del primo Macri. Por eso en sus primeros meses estableció un protocolo antipiquete espejo al de Nación, creó dos divisiones policiales nuevas –motorizadas en 4x4 y en motocicleta–, estableció un inédito protocolo de actuación de la fuerza y dispuso como jefe policial a un civil –Diego Kravetz–, lanzó un polémico operativo para levantar ranchadas y acampes, e impulsa en la Legislatura una ley de Reiterancia. Un paquete de medidas que tiene como flanco débil la habilitación de cierto abuso policial como denuncian los casos de Edwin y de Mariano.

“No venimos a pegarle a nadie”

Edwin, de nacionalidad boliviana y 44 años, es costurero y vive en La Matanza desde hace más de una década. Forma parte del Polo Obrero desde 2010 e integra un comedor popular en Villa Celina. De todas las marchas en las que participó, asegura que es la primera vez en la que fue golpeado y detenido por la policía. Por los maltratos que recibió, acaba de presentarse como querellante en una causa que inició el diputado porteño Gabriel Solano por apremios ilegales. “Nunca me pasó como con Milei”, aseguró a elDiarioAR.

“Había hartos policías. Me agarraron del cuello y yo ya no me moví, nada, y me arrastraron por la calle”, relató Edwin en un encuentro el miércoles pasado en la sede del Partido Obrero en Once. Aún tenía el golpe en la frente: por la profundidad del corte le hicieron cuatro puntos de sutura. Dijo que todavía le dolían la rodilla y la pierna izquierda. No pudo volver a trabajar y sus vecinos le hicieron una colecta en su ayuda. La escena de su detención quedó registrada por la cámara de C5N y los fotógrafos del colectivo “Ojos que sí la ven”. 

Todas las actuaciones de la policía porteña son auditadas por la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía, que dirige Alfonso Antonio Palmou. Trabaja a la par con el ministerio de Seguridad, que conduce Waldo Wolff. En la cartera defendieron ante elDiarioAR el operativo antipiquete en la 9 de Julio, aunque no brindaron detalles de cómo fue la detención del militante del PO.

“Nosotros no venimos a pegarle a nadie”, recogió este medio de una alta fuente de Seguridad. Según el relato oficial, el operativo contra la protesta se inició sólo cuando la columna de manifestantes cortó la avenida principal del microcentro. Tanto en la UTEP como en el PO denunciaron que la fuerza actuó sin previo aviso, justo cuando estaban organizando una delegación para reunirse con funcionarios de Sandra Pettovello. 

“La policía no hubiera hecho el operativo si no cortaban la calle”, explicaron en la Ciudad. Los agentes estaban ubicados a unas 5 cuadras del histórico edificio cerca al Obelisco. Y, siempre según la fuente oficial, la intención era “desalojar” las columnas hacia el lado de Constitución. También hubo manifestantes que dañaron algunos vehículos, que terminaron con vidrios rotos y hasta partes quemadas. 

“Acá se dispara poco”

Mariano tenía un turno el lunes pasado para su cirugía maxilofacial pero desde Devoto no lo llevaron al Pirovano. Se lo reprogramaron para este lunes próximo y en mayo espera también ver a un oftalmólogo. Por esas demoras su defensa presentó un habeas corpus y desde el juzgado que sigue su causa intimaron al penal. Su familia pidió la prisión domiciliaria para poder ellos hacerse cargo de su salud.

En el gobierno porteño se desentendieron de las condiciones actuales de Mariano porque su detención depende de una cárcel federal. CABA no tiene un servicio penitenciario propio, déficit que es parte de un reclamo histórico con Nación por la transferencia total de las competencias judiciales. De ahí se deriva otro flanco en la gestión de Macri: en las últimas dos semanas hubo 4 fugas de las comisarías porteñas, facilitadas por la superpoblación de presos. La Policía local tiene el doble de detenidos que puede albergar: 1940 sobre unas mil plazas. “La solución es política. Que se lleven a los presos. Que tome conciencia el gobierno nacional que se tiene que hacer cargo de esto y rápidamente retrotraerlo a niveles y parámetros de seguridad estándar”, se quejó Wolff días atrás en Infobae.

Esa disputa de competencias jurisdiccionales explica que a Mariano lo detuvo la Policía porteña pero en el caso interviene un juzgado federal. Es el N°62 en lo Criminal y Correccional, Secretaría 79, a cargo de Eduardo Manuel Rico. Para la Policía de la Ciudad, durante la detención de Mariano hubo un “enfrentamiento con los malvivientes”, según el reporte oficial al que pudo acceder este medio. Ese relato choca con la versión que denunció el joven y lo que vieron los vecinos. Incluso en el expediente sobre el robo –supo elDiarioAR– se destaca que Mariano no estaba armado ni se habla de “enfrentamiento”. 

El caso tomó relevancia por su difusión original en La Garganta Poderosa. El joven está en una situación de consumo de drogas, condición por la que –entienden en su círculo cercano– delinquió varias veces. “No es un chico peligroso”, asegura Ochoteco, quien conoce a Mariano desde que era chico. “No pedimos que se lo exima de la imputación penal por el delito, pero las lesiones que recibió son un abuso policial y una intención de gatillo fácil. Consideramos que el Estado debe reparar ese daño para que el joven luego pueda ser penado”, aseguró a elDiarioAR Paz Ochoteco, coordinadora de la Fundación Temas, una ONG que brinda asistencia comunitaria en la villa 21-24. 

En Seguridad defendieron la actuación policial en todo sentido. “Me siento orgulloso del profesionalismo de la policía”, agregó la voz consultada en Seguridad. “En la ciudad no ha aumentado el delito y tenemos muchísima más presencia policial en la calle”, había expuesto Wolff en su entrevista a Infobae. 

Ante elDiarioAR en el ministerio aportaron un dato sobre el uso de armas letales: entre que asumió Macri en diciembre y el 3 de abril pasado, hubo “apenas” 15 casos en CABA en que los efectivos porteños abrieron fuego. La estadística se cuadruplicó del otro lado de la avenida General Paz: al menos 66 veces agentes de la Policía local, pero que viven en el conurbano, tuvieron que utilizar sus armas reglamentarias. “Se tienen que defender porque les roban cuando entran o salen de sus casas”, fue la explicación en el ministerio porteño. La conclusión fue tajante: “Acá se dispara poco”.

MC/DTC

El último registro que se tiene sobre Arshak Karhanyan, un policía de la Ciudad de Buenos Aires de origen armenio, proviene de imágenes que pudieron recuperarse de cámaras que el 24 de febrero de 2019 estaban operativas en el barrio porteño de Caballito. El efectivo mantuvo ese día una conversación con un compañero en la puerta del edificio en el cual vivía. Luego salió de su domicilio y se dirigió hacia Primera Junta, donde extrajo dinero de un cajero. Se trasladó más tarde a un local de Easy y compró una pala que guardó en su mochila. Su rastro se pierde en esos registros, y desde entonces, permanece desaparecido. 

Al cumplirse cinco años de la desaparición de Arshak, no se verifican avances significativos en la instrucción que inició el exjuez Jorge Baños, actualmente secretario de Derechos Humanos de la Nación, y un nuevo magistrado, Martín Yadarola, tiene ahora a cargo el expediente dispuso que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se sume a la investigación en base a un pedido formulado por la querella que sigue la familia del policía.

Pericias mal realizadas, tramites dilatorios, pruebas perdidas, imágenes borradas y un silencio infranqueable por parte de la fuerza que integraba este joven uniformado especialista en informática, componen una trama que impide conocer la suerte corrida por Arshak. 

Pericias mal realizadas, tramites dilatorios, pruebas perdidas, imágenes borradas y un silencio infranqueable por parte de la fuerza que integraba este joven especialista en informática, componen una trama que impide conocer la suerte corrida por Arshak.

“Quiero saber la verdad. Hay muchas manos metidas y siento que existe gente que juega con nosotros. Se supone que la Policía está proteger a los suyos, y eso acá no sucedió. Nadie se me acercó para decirme qué era lo que le había pasado a mi hijo”, señaló en diálogo con elDiarioAR, Rosita Vardush Davtyan, madre de Karhanyan.

Peluquera de profesión, Rosita llegó a Argentina en 1997 junto con sus hijos, Tigrán y Arshak, quien por entonces tenía seis años. Mientras estudiaba en la facultad tuvo la oportunidad de ingresar a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, y su primer destino en la institución fue en la división de Cibercrimen.

Como integrante de esa unidad, participó en peritajes que se encargaron como parte de la investigación que se realizó en relación a la muerte del fiscal de la causa AMIA Alberto Nisman, pero debido a una disidencia que tuvo con un superior en relación a una pericia sobre el caso, resultó relevado de esta división. Lo trasladaron a la división Exposiciones y más tarde a la Comisaría 7B de Caballito, su último destino.

“Creo que el nudo de lo que sucedió con Arshak tiene que estar vinculado a algo que sucedió en Exposiciones, que se dedicaba a allanamientos e incautaciones. Tal vez allí, vio algo o quisieron involucrarlo en algo. Quiso salirse y no pudo”, conjeturó el periodista Eduardo Silveyra, quien trabaja en un libro sobre esta desaparición y en noviembre del año pasado el sufrió en su domicilio el robo de una computadora en la cual recopilaba información sobre la investigación que emprendió desde hace varios meses.

El policía Leonel Herba es quien habla con Arshak en la puerta de ese edificio ubicado en avenida Directorio al 900. En las imágenes registradas, puede apreciarse que ambos mantuvieron ese día un intercambio ríspido, en el que se evidenciaban gestos de tensión. Tras finalizar la conversación con Herba, que había sido compañero de la víctima en la división de Exposiciones, Arshak volvió a su departamento, donde dejó los dos teléfonos celulares que utilizaba, pero se llevó consigo su arma reglamentaria y una tarjeta SUBE. 

En las primeras horas de la desaparición, efectivos de la comisaría en la que se desempeñaba Arshak intentaron desalentar a la familia de presentar una denuncia. “El miércoles se va a presentar porque que tiene que estar en servicio”, le dijeron a Rosita en la Comisaría 7B. Pero el policía no volvió a su trabajo y la Justicia inició una investigación que estuvo plagada de deficiencias.     

El fiscal Santiago Vismara ordenó preservar el contenido de todas las cámaras que se encontraban a cinco cuadras alrededor del departamento donde vivía Arshak y del local de Easy, con las imágenes del día en el cual el policía desapareció, pero desde la fuerza mandaron los registros correspondientes a dos días después. 

La Policía de la Ciudad hizo un primer rastrillaje para dar con Arshak con pocos efectivos. La fiscalía ordenó a la división de Cibercrimen un peritaje sobre uno de los celulares de Karhanyan y lo devolvieron reseteado. Se perdió así información sobre los últimos contactos que mantuvo la víctima antes de su desaparición.

Además, la querella denunció en su momento que se llevaron a cabo procedimientos inconducentes como citar a personas que esperaban tomarse un colectivo en una parada cercana al Easy.     

Quiero saber la verdad. Hay muchas manos metidas y siento que existe gente que juega con nosotros. En estos años, me llamó hasta el papa Francisco y nadie de la Policía me preguntó cómo estaba o qué necesitaba.

Rosita Vardush Davtyan

Herba negó al principio haber mantenido una conversación con su compañero, pero ante la evidencia de las imágenes terminó por admitir que tuvo una conversación con Karhanyan el día de su desaparición. La justicia ordenó el secuestro de su celular y se hallaron en el aparato audios de conversaciones que sostuvo con su pareja, Jazmín Soto. 

“Vos seguí con el teléfono, seguí hueveando, seguí, no sé, haciendo desaparecer a la gente”, le endilgaba la mujer a Herba en uno de esos audios. Pero el juez Baños desestimó el testimonio, al considerar que eran parte de la “relación tóxica” que mantenía la pareja. El magistrado también se negó a investigar el incremento patrimonial de Herba, que se había comprado una moto valuada en 23 mil dólares y había realizado consultas para adquirir una camioneta Amarok. “Nunca quise perjudicar ni lastimar a nadie. Pero necesito saber que le sucedió a mi hijo”, remarcó Rosita Vardush sobre las sospechas que existen sobre Herba.

A fines de 2021, el entonces presidente Alberto Fernández recibió a la familia de Arshak y la recompensa por información sobre el caso se elevó hasta los cinco millones de pesos. Además, la Secretaría de Derechos Humanos se presentó como querellante en la causa y reclamó que el caso se investigue como una desaparición forzada, algo que Baños rechazó de plano.

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño al momento de la desaparición, y su ministro de Seguridad, Diego Santilli, se negaron a recibir a la familia Karhanyan. En 2022, Marcelo D’Alessandro, titular de la cartera de Seguridad porteña habló con la madre de Arshak,  y según contó Rosita se comprometió a trabajar en la resolución del caso. Pero poco después, el funcionario dejó su cargo en medio de las repercusiones por el viaje que llevó a cabo junto a magistrados y funcionarios judiciales a la propiedad que el magnate británico Joe Lewis posee en Lago Escondido, en la provincia de Río Negro.

El año pasado, Baños se jubiló como juez y asumió la titularidad de la Secretaría de Derechos Humanos y Yadarola se hizo cargo del expediente y aceptó recibir a la madre de Arshak, quien se mostró “esperanzada” tras el encuentro que mantuvo con el magistrado.

La fiscalía ordenó a la división de Cibercrimen un peritaje sobre uno de los celulares de Karhanyan y lo devolvieron reseteado. Se perdió así información sobre los últimos contactos que mantuvo la víctima antes de su desaparición

“Lo importante es empezar a trabajar con pruebas para que la causa avance. Esto es lo más importante. Tenemos un problema enorme y es que en las primeras horas se perdieron muchas pruebas por decisiones que tomaron Baños y la Policía de la Ciudad”, señaló a elDiarioAR el abogado Mariano Przybylski, representante de la querella que sigue la familia y exintegrante del equipo de la Secretaría de Derechos Humanos que encabezaba Horacio Pietragalla Corti que se presentó en la causa.

La querella pidió que se libre oficios a las fiscalías y juzgados de la provincia de Buenos Aires para determinar si el cuerpo de Arshak puede estar depositado en alguna morgue del distrito.

“Sabemos por la tarjeta SUBE de Arshak que tomó el colectivo 8, cuyo recorrido termina en la localidad bonaerense de Ezeiza. Por eso pedimos que el EAAF se sume a la investigación y trabaje cruzando datos de ADN para acercarnos ver si nos podemos acercar a la verdad”, apuntó el letrado.

Lo importante es empezar a trabajar con pruebas para que la causa avance. Esto es lo más importante. Tenemos un problema enorme y es que en las primeras horas se perdieron muchas pruebas por decisiones que tomaron Baños y la Policía de la Ciudad

Mariano Przybylski — Abogado de la familia

La legisladora porteña de Unión por la Patria (UxP) y nieta recuperada, Victoria Montenegro, se abocó desde un principio a la causa Karhanyan desde la Comisión de Derechos Humanos del parlamento de la Ciudad de Buenos Aires, y aseguró que además de “acompañar a la familia, hay que intentar abrir caminos para llegar a la verdad”

“Todo lo que pasó es desgarrador para la familia y por eso tratamos de acompañarlos. Queremos que se abran los caminos hacia la verdad y por eso le pedimos al nuevo juez que cambie la carátula de la causa y que se investigue como una desaparición forzada”, subrayó Montenegro.

Mientras tanto, Rosita Vardush sigue adelante en su lucha por conocer el destino de su hijo. “El juez (Yadarola) tiene ganas de investigar. Esperemos que se pueda avanzar. En estos años, me llamó hasta el papa Francisco y nadie de la Policía me preguntó cómo estaba o qué necesitaba. También me molestó que le hayan dado un cargo a Baños, pero tengo que seguir adelante”, puntualizó la madre de Arshak.

LC/MG

Representantes de la CGT se reunieron hoy con autoridades del Ministerio de Seguridad y la Policía de la Ciudad para “consensuar” cuestiones de organización del acto que llevarán a cabo este miércoles frente al Congreso Nacional en el marco del paro general contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) para la desregulación económica y la ley ómnibus.

En un comunicado, la central obrera explicó que la reunión sirvió para acordar algunas cuestiones de logística y circulación “con la finalidad de garantizar el desarrollo pacífico del acto, la seguridad de todos los compañeros que concurran y el normal desarrollo de las actividades de los vecinos de las zonas afectadas”.

Según indicaron, habrá una única vía de acceso al acto: quienes asistan a la marcha deberán ingresar por la Avenida de Mayo desde la intersección con la Avenida 9 de Julio. Esto permitirá garantizar la circulación de los bomberos, ambulancias y autos de emergencia por calles aledañas a la Plaza de los dos Congresos, así como también el ingreso y egreso de los frentistas.

Durante el encuentro, también se solicitó la instalación de un palco sobre la calle Entre Ríos “y desde allí llevar adelante el acto hacia el interior de la Plaza de los Dos Congresos, dejando espacio de circulación” sobre dicha vía.

Como contrapartida, desde la CGT solicitaron a las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires que “ejerzan un estricto control sobre el accionar de las fuerzas de seguridad operativas en el lugar. Con ello, la central obrera busca que la marcha se desarrolle de manera pacífica, ”sin incurrir en provocaciones o agresiones“.

“Los trabajadores nos manifestaremos en paz y en orden, para peticionar frente al Congreso que los Diputados asuman la responsabilidad política de cumplir con el mandato popular, garantizando el pleno ejercicio de todos los derechos constitucionales”, expresaron desde la entidad gremial.

ACM con información de NA.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri anunció hoy sus primeras medidas en materia de seguridad: removió a la cúpula de la Policía de la Ciudad y designó como jefe provisorio de las fuerzas de seguridad al ex intendente interino e Lanús y flamante secretario de Seguridad, Diego Kravetz. La remoción alcanza al actual jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard, y al subjefe, Pedro Carneros.

“Es un gesto de compromiso con nuestra Policía para que sepan que no nos corremos de la responsabilidad de dar seguridad y que estamos para acompañarlos en primera persona. Nos hacemos cargo de esa responsabilidad”, sostuvo el mandatario desde el Centro de Monitoreo de Chacarita acompañado por el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, y el propio Kravetz.

Este es sólo uno de los anuncios en materia de Seguridad que realizó esta tarde. Macri, además, confirmó la reestructuración de las funciones de las Superintedencias de la fuerza porteña a partir de una reducción para disponer de más efectivos en las calles. También bajó las direcciones autónomas de la plana mayor.

Según indicó Macri, los cambios responden a la intención de darle a la Policía “una nueva impronta y una nueva etapa”, por lo cual designó como jefe a Kravetz, a quien definió como “un civil muy especializado en el tema” que estará secundado por el subcomisario de la Federal Oscar Passi, como subjefe. El nuevo jefe de la Policía agradeció la designación aseguró que buscará que la policía adquiera un “rol más operativo” y tenga mayor despliegue en la calle para prevenir delitos.

A su vez, el jefe de Gobierno porteño reiteró su visión frente a las protestas sociales Ratificó que no aceptará la presencia de niños en las marchas porque “el derecho a manifestarse es de los adultos”. “No hay razón que justifique que los niños estén en una marcha o un acampe, en una situación de riesgo”, advirtió.

En caso de no cumplirse esta disposición, el jefe de gobierno confirmó que, tal como sostuvo durante la campaña electoral, se iniciarán demandas a aquellas agrupaciones que se movilicen con niños.

Respecto de la protesta social, el ex intendente de Vicente López también expresó su voluntad de “trabajar con el Gobierno nacional para dejar de lado la lógica de la prepotencia en el uso del espacio público y de la imposición del derecho de algunos por el derechos de los otros”.

Quién es Diego Kravetz

Kravetz es abogado y se desempeñó hasta semanas atrás como secretario de Seguridad e intendente interino de la Municipalidad de Lanús. Anteriormente, se desempeñó como legislador porteño y trabajó en la redacción de la ley de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires. Esa normativa dio origen a la Policía Metropolitana, antecesora de la Policía de la Ciudad.

El funcionario del gobierno de Jorge Macri también fue representante legal del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas.

ACM con información de agencias

Ramiro Marra, candidato a Jefe de Gobierno por La Libertad Avanza, anunció a su compañero de fórmula: Eduardo Jorge Martino, excomisario fundador de la Policía Metropolitana y miembro de la Policía Federal Argentina desde 1974. De esta manera, el economista buscará hacer foco en sus propuestas de seguridad. 

“Tenemos la experiencia y el coraje para cambiar la Ciudad. Lo que estamos viendo en materia de inseguridad es producto de la impericia de la gestión porteña que está más preocupada por repartir plata y contratos que en que los vecinos lleguen vivos a sus casas”, apuntó el legislador.

Martino tiene experiencia en materia de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, ya que se desempeñó como comisario, fue jefe de Gabinete en el Ministerio de Modernización Nacional y Director Nacional de Infraestructuras Críticas y Ciberseguridad.

“En la Ciudad matan a la gente en las calles. Hoy tenemos los espacios públicos ocupados por piqueteros y delincuentes, debemos recuperarla y solo lo vamos a hacer si cumplimos con la ley. Las leyes están escritas, pero los gobiernos no las aplican. A nosotros no nos tiembla el pulso, nosotros vamos para adelante, no nos van a extorsionar los delincuentes”, agregó Marra. 

“Cuando hablamos con los policías de la Ciudad nos dicen que no los dejan trabajar, tienen las manos atadas y eso es culpa de la gestión de Juntos por el Cambio que tiene miedo de hacer lo que hay que hacer”, aseguró el candidato libertario.

El legislador porteño aseguró que es necesario llevar adelante un cambio en el país y que un primer eje a trabajar es la seguridad, que “se refuerza dándole ese respaldo que necesita el personal policial” para que no considere que “si va a intervenir en un hecho delictivo tiene más riesgo de tener un problema que resolverlo”.

Por último, el postulante a la jefatura de Gobierno enfatizó que “los ciudadanos se cansaron del fracaso de la dirigencia política, por eso ahora miran a La Libertad Avanza y a las ideas de Javier. Son las ideas de la libertad, que tuvieron éxito en todo el mundo pero en Argentina nunca las quisieron aplicar”.

Tras el anuncio del candidato de La Libertad Avanza, quedaron definidas las fórmulas que competirán por la jefatura de gobierno porteño en los comicios generales del próximo 22 de octubre: Leandro Santoro de Unión por la Patria estará acompañado por Bárbara Rosen; Jorge Macri de Juntos por el Cambio, por la ministra de Espacio Público e Higiene Urbana Clara Muzzio; y Vanina Biasi, del Frente de Izquierda Unidad irá con Jesica Gentile.

ACM/LC con información de agencias.

Hugo Molares va a contar la vida de su hijo en pasado, y por eso se va a quebrar en llanto varias veces. Cuando fue a intentar rescatarlo en Bolivia estuvo secuestrado y casi lo hacen desaparecer. Abogado, juez de Paz en la localidad chubutense de Trevelin, el padre de Facundo dirá que esto no puede quedar en el policía que le puso la rodilla encima. Son responsables las autoridades políticas de la Capital.

Contará también que Facundo nunca llegó ese jueves 10 con la torta que había prometido para festejar los 91 años de su abuela, con quien vivía. Y explicará que harán una nueva autopsia porque la fiscalía de Marcela Sanchez y el juzgado de Manuel Gorostiaga no permitieron la participación de los peritos de parte, tal como establece el protocolo de Minnesota previsto para muertes ocurridas bajo custodia de fuerzas policiales o de seguridad del Estado. En ese sentido, el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla se comprometió a aportar un perito que se sumaría a la querella de La Gremial de Abogados, que representa a la familia

Facundo nació en San Miguel, provincia de Buenos Aires, el 12 de octubre de 1975. Siempre vivieron en José C.Paz, donde tenían un comercio. Años después, con Graciela Schoenfeld, psicóloga social, tuvieron otra hija. “Facundo hizo la primaria en un colegio italo-argentino, y luego se anotó en el Industrial. Cuando nos fuimos a vivir a Trevelin se recibió de perito forestal. Desde muy temprana edad tuvo inquietudes políticas, somos una familia de lectores, era muy lector e intelectual, siempre preocupado por los problemas sociales. Siempre fuimos empáticos y solidarios, mi señora era alfabetizadora del programa Yo sí puedo, y yo era presidente de la biblioteca popular de Trevelin. Siempre estuvimos en comunidad”.

¿Qué libros había en esas bibliotecas?

De todo. Clásicos latinoamericanos, autores rusos, Cortázar, Borges, Arlt, Benedetti. Le encantaba la historia y la geografía. Desde los 12 o 13 años, de manera instintiva, le preocupaba la situación del prójimo, del vecino. Cuando entró en el Industrial enseguida fue parte de la creación de un centro de estudiantes, era muy inquieto, hacía deportes. Después se vino para Buenos Aires, militó en la Fede (Federación Juvenil Comunista) incluso a cargo de una sección, formó pareja y se fue a Salta. Emprendió un vuelo propio. Después del cisma que tuvo el Partido Comunista él se fue, pero mantuvo su ideología comunista y solidaria.

¿Cómo ingresó a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)?

Entró como un cuadro político y se mantuvo así. Hacía alfabetización y resolvía problemas en la selva donde no hay autoridades formales, administraba los conflictos entre los vecinos, soy casi igual que vos, me decía. Estuvo 15 años hasta que se desarrolló el proceso de paz. Tuvo diferencias metodológicas que lo llevaron a tener conflictos con los dirigentes que terminaron castigándolo. Decidió que ese tiempo estaba terminado, y pidió autorización para retirarse. Volvió a Trevelin para reunirse con nosotros y ver la tumba de su madre, que había fallecido de cáncer. Y se quedó a vivir acá en José C. Paz con mi mamá, Aida Báez, que es viuda. 

¿Por qué fue a Bolivia?

Él era un político, y del partido Rebelión Popular le encomendaron ir a cubrir el cambio de gobierno de la última etapa de Evo Morales, como fotoreportero para el períodico de esa agrupación, Centenario. Cubrió los terribles escenarios en Montero, en Santa Cruz de la Sierra, y lo hirieron en el Puente de la Amistad, estaba del lado de quienes se oponían al golpe de estado. Lo llevaron al Hospital Universitario Japonés, que lo atendieron muy bien, es lo único que rescato de Bolivia porque todo lo demás fue muy tenebroso. Fuimos a verlo con mi compañera, a comprarle remedios, estaba internado como NN. Me identifiqué, dijeron que hicieron una investigación pero en realidad lo googlearon, hicieron un circo y aprovecharon para culparlo de estar comisionado por Evo Morales para armar milicias, todas mentiras como están haciendo ahora en distintos medios, que en vez de mencionar el acto en sí hablan de su pasado. Estuvo casi un mes en coma inducido, esposado a su cama.

¿A ustedes los secuestraron ahí?

Sí. Un día cuando volvíamos de comprarle medicamentos se bajaron tres tipos de una camioneta, dijeron ser policías y nos obligaron a subir. Les mostré mi identificación de abogado pero nos esposaron igual. Alcancé a avisar a un abogado amigo, que fue muy ágil y junto a mi hija avisaron a la Cancillería, el Superior Tribunal de Chubut y distintas organizaciones intercedieron, y nos blanquearon. Era tal el desastre y lo revuelto que estaba todo que cualquiera podía desaparecer, de hecho desaparecieron muchas personas. Cuando nos liberaron no nos dejaron volver al hospital, nos dijeron que si nos quedábamos no garantizaban la vida de Facundo, así que nos llevaron al aeropuerto. El cónsul general de Argentina en Bolivia, Roberto Dupuy, se portó muy bien, estuvo al lado de Facundo controlando que no hicieran abusos demasiado grandes. Pero igual fraguaron un juicio con él en coma, le dictaron prisión preventiva por terrorismo. Una farsa. Lo llevaron a la cárcel de Palmasola. Lo tiraron desnudo con una bata, un preso lo ayudó. Luego lo llevaron a la cárcel de San Pedro de Chonchocoro, en La Paz. Lo tuvieron casi un año, estuvo aislado y fue golpeado. Hasta que con el personal diplomático y la lucha y presión de los compañeros y organizaciones lo pudimos rescatar y traerlo de vuelta al país.

¿En ese momento cómo estaba su salud?

Muy mal, la dictadura boliviana lo trató pésimo y el sistema carcelario como en todos lados, lo liquidó. Estuvimos menos de un año tranquilos. Estábamos comiendo un asado en Trevelin y de golpe un grupo de la Policía Federal que estaba escondido, se creen SWAT, lo detuvo. Les exigí la orden y me mostraron un pedido de captura para extradición de Colombia. Él se había ido bien de ese país. Fue una denuncia de una fiscal de un municipio, una maniobra parecida a esta de ahora de (Horacio Rodríguez) Larreta pero de (el ex presidente Iván) Duque. Se acercaban las elecciones y quería alguna medallita. Facundo era conocido allá. La Cancillería argentina a cargo de (Juan Pablo) Cafiero y el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, lo dejaron pasar alegremente. No revisaron la licitud del pedido de extradición que después nuestros abogados, Gustavo Franquet y el Negro Soares, demostraron que eran ilegal, estaba emitido por una autoridad ilegítima, sin atribuciones. Eso podrían haber hecho de entrada, sin embargo no lo hicieron y se comió un año más de cárcel acá en Argentina. Primero en Rawson, en pésimas condiciones, y después en Ezeiza. Todo bajo la responsabilidad de la ex jueza (María Laura Garrigós) de Rébori, interventora del Servicio Penitenciario Federal, con argumentos que rebatí en su momento. Hasta que se demostró que era todo ilegal, las autoridades legítimas colombianas lo ratificaron y renunciaron a la extradición.

¿Intervino la Jurisdicción Especial de la Paz (JEP)?

Sí, debía intervenir desde el inicio, él era parte de un conflicto por la guerra civil, no era una cuestión de justicia ordinaria, que no tenía competencia para pedir su extradición. Por eso esa documentación debió ser rechazada por Asuntos Jurídicos de Cancillería. Venían con una orden de código rojo de Interpol, pero Rafael Correa tiene una igual desde hace varios años y se mueve libremente. Así funciona la justicia. Salió en libertad pero no le dieron tiempo a recuperarse de sus dolencias. Muchos médicos amigos solidarios lo asistieron, pero ya estaba en condiciones muy frágiles. Sin embargo, no se iba a quedar quieto, siguió militando, pero nunca había tenido siquiera un desmayo. En Bolivia tuvo un problema renal del que se recuperó. No se puede sostener que una persona muera de una insuficiencia cardíaca cuando tiene siete u ocho tipos que lo están golpeando encima. No sufrió un paro cardíaco mientras tomaba un café, esto es un crimen, un asesinato político premeditado con autores materiales e intelectuales, que son Larreta y (Eugenio) Burzaco.

Soares dijo que los servicios de inteligencia tienen la historia clínica de Facundo y que lo fueron a buscar. ¿Está de acuerdo?

Sí, pienso lo mismo. Ellos querían anotarse un poroto, en esta macabra carrera entre Bullrich y Larreta para ver quién es más duro y salvaje con el pueblo les informaron, es una suposición pero anclada al suelo. Entonces Larreta dijo ‘qué bien, tenemos un ex combatiente de las FARC haciendo lío en el Obelisco, detenganlo’. Si tenés perros entrenados y les soltás la cadena, los perros van y muerden.

¿Qué pasó el jueves 10 en el Obelisco?

Ya se estaban retirando, hay filmaciones y se van aportando cada vez más. En un video aéreo se ve a un montón de policías que le están pegando, Facundo había hablado y se retiró a un costado a fumar un cigarrillo, sobre la vereda. Estaban ejerciendo el derecho constitucional de petición, que se vote en blanco, no interrumpieron el tránsito, no hubo piedras, no agredieron a nadie. Muy pocas veces se ve tan claramente que fue un asesinato político.

¿Cómo está la causa judicial?

Mirá, estamos todos destrozados. Estoy partido por la mitad, sos la primera con la que hablo. Sé que hay que volver a hacer la autopsia porque no permitieron que participaran los peritos de parte. Horacio Pietragalla se comprometió a aportar un perito de parte, con el respaldo de la secretaría de Derechos Humanos. Iniciamos una querella por el crimen. Recién después habrá velatorio en algún sindicato. Mucho más no sé porque no estoy bien, tengo un vacío demasiado grande, tengo que volver a ponerme de pie (NdR: la familia fue aceptada el jueves pasado)

Varios políticos hablaron de un infarto o de un “incidente” ¿qué opina?

Sí, es un crimen agravado por ensañamiento. Pero me reconforta el acompañamiento que me llega de mi comunidad de Trevelin, la Asociación de Magistrados de Chubut sacó un comunicado exigiendo justicia por lo que pasó con Facundo, hubo marchas y concentraciones. Hubo mucha gente en la movilización en el Obelisco, reconforta que fue gente de laburo que quizás dejó de hacer una changa para estar ahí. Esa es la gente que amaba Facundo (rompe en llanto). El mensaje sucio no penetró, al menos en mi localidad. Los medios basura que digan lo que quieran. Se tiene que juzgar un acto criminal del 10 de agosto en la vereda del Obelisco cuando un grupo de uniformados atacó a ciudadanos indefensos que se manifestaban pacíficamente, que ni siquiera violaban una contravención. ¿Tener uniforme y que un político te avale significa legitimar un crimen? ¿Cualquier policía o gendarme puede hacer un acto criminal? Acá no se trata de si Facundo era miembro de las FARC, si era comunista o no. Sacan todo eso para embarrar la cancha y justificar responsabilidades penales. Acá hay imágenes y testimonios, ni con medios mercenarios lo van a poder disfrazar. Hay un video en que se ve clarito que le pegan, trompadas y patadas. Las condolencias de Larreta son hipócritas, me dan asco, fingiendo esa actitud de marketing, estudiada -suspira- Mandaron a matar a una persona. Tienen que ir presos.

¿Discutían de política?

Sí claro. Pero habíamos llegado a un equilibrio, sin enojarnos. Compartíamos libros, en casa nos gusta el boxeo y el tenis, nos avisábamos de alguna pelea o partido que hasta mi vieja miraba. Y yo hacía fotografía, así que eso también lo tomó de mí. Era un apasionado de los viajes, cuando viajábamos juntos quería ir por caminos diferentes para conocer más. No voy a poder compartir más nada de todo esto, me lo sacó este hijo de puta. Me quitaron una luz. Perdoná.

AM/MG

Esta entrevista fue publicada originalmente en Ojos vendados https://adrianameyer.com.ar/entrevista-padre-militante-muerto

Un fiscal pidió que vaya a juicio oral el oficial de la Policía de la Ciudad acusado de proporcionar el arma que se “plantó” en la escena del crimen del adolescente Lucas González para simular un enfrentamiento. Se trata del efectivo Facundo Agustín Matías Torres, que al momento del asesinato en noviembre de 2021, se desempeñaba como oficial de la Comisaría Vecinal 4D.

Según detalló la Procuración General de la Nación en su página web, el fiscal Leonel Gómez Barbella y la auxiliar María Victoria Fiore solicitaron a la jueza Nacional en lo Criminal y Correccional 7, Vanesa Peluffo, que Torres sea juzgado como “coautor” de “falses ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas”.

Las pruebas para imputar a este nuevo oficial surgieron del juicio oral que terminó el pasado 11 de julio con las condenas a prisión perpetua para Gabriel Alejandro Issasi, el oficial mayor Fabián Andrés López y el oficial Juan José Nieva. Los tres fueron sentenciados por el delito de “homicidio quíntuplemente agravado por haber sido cometido con arma de fuego, alevosía, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser integrantes de una fuerza de seguridad”.

En el marco de ese mismo juicio, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25 porteño, otros seis policías recibieron penas de entre 4 y 10 años de cárcel. Se trata de Sebastián Jorge Baidón, Roberto Orlando Inca, Juan Romero, Rodolfo Ozán, Fabián Di Santos y Héctor Cuevas. Fue precisamente este último quien acusó a Torres. En el juicio, declaró que este le dio a Issasi el arma para colocar en el auto que conducían Lucas y sus amigos al momento de ser tiroteados por los oficiales.

“La prueba recolectada conduce a afirmar con convicción que el imputado estaba en cabal conocimiento de lo acaecido con los damnificados y participó activamente del plan armado posteriormente para justificar el accionar de los miembros de la Brigada”, explicó la fiscalía.

Según especificaron en el requerimiento de elevación a juicio, inmediatamente después del presunto “enfrentamiento armado”, el acusado fue con Issasi a la dependencia policial donde prestaba funciones para recoger el arma de utilería que luego pondrían en el vehículo de las víctimas.

Esta hipótesis se ve reforzada por evidencia previamente recopilada como la conversación que Cuevas mantuvo al día siguiente. “Lo que hicieron los polis no tiene nombre” “unos dementes” y “encima le ponen una pistola de juguete” son algunas de más destacadas de esa comunicación.

Qué sucedió la noche del crimen de Lucas González

Lucas y sus amigos fueron atacados a balazos por oficiales el 17 de noviembre de 2021 cuando regresaban de entrenar en el club Barracas Central en un Volkswagen Suran. En el cruce de las avenidas Iriarte y Vélez Sárfield, fueron interceptados por un móvil policial de la Brigada 6 de la Comuna 4.

Como no contaban con identificación policial, los jóvenes pensaron que se trataba de ladrones e intentaron escapar, lo que impulsó a los efectivos a iniciar una balacera contra el vehículo. Dos disparos impactaron en la cabeza de Lucas, lo que le provocó la muerte. Sus tres amigos, en tanto, fueron detenidos y trasladados al instituto de menores Inchausti, donde fueron liberados al día siguiente.

Luego del crimen, los efectivos involucrados montaron un operativo para encubrir lo sucedido y fingir un escenario de tiroteo con delincuentes. Fue en este contexto que implantaron el arma de Torres en el auto.

Con información de agencias.

Unas 40 personas fueron desalojadas este viernes por la Policía de la Ciudad, tras ingresar a dos edificios de departamentos deshabitados y que forman parte del complejo habitacional Padre Mugica en Villa Lugano. Reclamaban al Gobierno porteño la entrega de las viviendas.

La situación comenzó ayer jueves, en las plateas 12 y 13 del complejo ubicado en Zelarrayán al 6800, y terminó la tarde de hoy viernes con un operativo policial que registró momentos de tensión. Algunos vecinos aseguraron que hubo violencia sobre una mujer embarazada.

Fuentes oficiales porteñas informaron que el personal del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), el organismo que regula la política habitacional, “realizó un trabajo con las familias” que permanecían dentro de los departamentos “las cuales accedieron a retirarse”, a lo que luego se procedió a iniciar tareas para “tapiar” los ingresos.

Además, señalaron que no hubo “una orden de desalojo” por parte de la Justicia porteña, y que el personal policial cumplió “tareas de prevención” que fueron indicadas desde el Ministerio de Seguridad local a cargo de Eugenio Burzaco.

El ingreso de los ocupantes a los edificios hizo que desde la medianoche se presentara personal de la Comisaría Vecinal 8A de la Policía porteña, para evitar el ingreso y egreso de personas al lugar. En tanto, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 34 a cargo de Adriana Bellavigna dispuso mantener la custodia del lugar y no adoptar medidas respecto de las personas que ingresaron.

Adolfo, un vecino de la zona dijo este mediodía a la señal de noticias Todo Noticias que “estas viviendas son del Programa Sueños Compartidos, nunca se concluyeron por el Instituto de la Vivienda, y son personas que necesitan una vivienda”.

“Es una asignatura pendiente de varios gobiernos, que no pudieron atender esos requerimientos, las personas se desbordaron y decidieron ocupar las viviendas, es la inequidad del Estado”, agregó el vecino.

Por su lado, un hombre que salió por sus propios medios del edificio 12 aseveró que se retiró por la promesa de los representantes del IVC, la cual consiste en darles una noche de hotel y de que el lunes retomarían el diálogo para buscar una solución al reclamo habitacional. “Un representante del IVC tomó nota de los datos”, dijo sobre la información de los ocupantes.

Según denunciaron vecinos de la zona, los efectivos de Infantería de la Policía de la Ciudad retiraron por la fuerza a algunas de las personas que permanecían dentro de los departamentos, entre las cuales había una mujer embarazada y otra con un niño. “Arrastraron a mi prima que está embarazada”, afirmó un hombre en las cercanías de los edificios 12 y 13, desocupados por los agentes de Infantería pasadas las 16.

Antes del operativo policial, el Gobierno porteño informó que “los edificios tomados por los vecinos no están en condiciones de habitabilidad”. Desde el IVC, detallaron que el complejo “fue construido por el programa Sueños Compartidos, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, con fondos nacionales”.

“La selección de la empresa constructora estuvo a cargo del Gobierno Nacional, el Instituto de Vivienda de la Ciudad no formó parte en ningún momento del proceso de licitación”, aclararon desde el Instituto y agregaron que los departamentos se entregaron en 2012.

Además, sumaron que con los años “empezaron a aparecer una serie de problemas asociados a la mala construcción como filtraciones, humedades o problemas en las cañerías”, por lo cual desde el IVC se realizaron “obras de emergencia para prevenir posibles daños”.

“Actualmente, el IVC está en proceso de licitación para finalizar la construcción de los edificios que no se encuentran en condiciones de habitabilidad”, consignaron desde el organismo y aclararon que “las personas que usurparon estas viviendas no son las destinatarias finales de las mismas. Son vecinos del mismo barrio Mugica” y otras zonas aledañas.

LC con información de agencia Télam

Facundo Molares, el hombre que este miércoles murió tras ser detenido por la Policía de la Ciudad en una protesta en el Obelisco, era fotoperiodista y había sido militante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), donde militó durante 15 años en la Columna Teófilo Forero.

“En mi juventud estuve militando en las filas guerrilleras de las FARC en Colombia”, contó en una entrevista con Tiempo Argentino en abril de 2022, preso en la cárcel de Ezeiza. “Se me acusa del secuestro de un concejal colombiano, del cual no participé pero sí estuve en su liberación”.

Molares, de 47 años, participaba este miércoles de una manifestación organizada por Votamos Luchar y Rebelión Popular en el Obelisco para expresar su rechazo a las elecciones del próximo domingo.

Por su participación en las FARC, Molares estuvo detenido y luego excarcelado en 2022, después de que la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia suspendiera la solicitud de extradición que pesaba contra su persona. En total, Molares estuvo preso ocho meses en la Unidad Penitenciaria Federal Nº 6 de Ezeiza.

Durante esa detención, un comunicado de la Coordinadora por la Libertad y Rebelión Popular había advertido que el periodista había tenido que ser hospitalizado por un cuadro “de fiebre e hipertensión”, a la vez que advertía que  necesitaba “una atención urgente en mejores condiciones que las que ofrece un hospital carcelario”. 

Sobre su alejamiento de las FARC, había dicho en el reportaje con Tiempo Argentino:  “Dejé el campamento a la luz del día, me despedí de mis compañeros de 15 años. Sentí tristeza por el pueblo colombiano, porque su sufrimiento no terminó y se merece una vida mejor”.

Preso en Bolivia

Molares Schoenfeld, tal su apellido completo, también estuvo preso en Bolivia durante casi un año, en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro. Había viajado hacia ese país en noviembre 2019, para cubrir el golpe de estado contra Evo Morales y terminó encarcelado durante el Gobierno de facto de Jeanine Áñez. Según explico en un reportaje con la agencia Télam, “hubo coincidencias que me perjudicaron. Esos días Evo Morales estaba Buenos Aries y había dicho que frente a la desobediencia constitucional de las fuerzas armadas debía formarse una milicia popular. Les caí como anillo al dedo”.

Tras ser repatriado desde La Paz, se refugió en Trevelin, en Chubut, donde volvió a ser detenido por su participación en las FARC.

“El móvil era un pedido de extradición del gobierno de Colombia, que no correspondía porque Molares había ingresado en los acuerdos de paz entre las FARC y el Estado colombiano”, explicó Prensa Obrera. “Yo soy parte de los firmantes de ese acuerdo”, relató Molares en la nota. “Eso es lo que determina mi vuelta al país”.

Una vida militante

Molares vivió sus primeros años en José C. Paz, donde empezó a formar su militancia junto a su padre Hugo, referente sindical del Hospital Ciudadela. Con apenas 14 años, se hizo comunista y leía los diarios del Che Guevara, según reconstruyó el periodista Nicolás García Recoaro para la revista Crítica.

“De pibe miraba los chicos comiendo la basura y decía, ¿por qué? La gente viviendo en la calle entre cartones, ¿por qué tiene que pasar esto?”, se preguntaba Molares en una entrevista a Télam.

Con el final de la dictadura y el regreso de la democracia, la familia Molares Schoenfeld se mudó a la Patagonia. Cuando terminó el secundario, se instaló en la villa 1-11-14 del Bajo Flores, donde militaba.

“El 19 y 20 movilizamos con el barrio entero, vecinos que fueron por primera vez al centro. Cómo no participar en una manifestación social de ese calibre”, contó Molares a Crítica sobre las protesta de diciembre de 2001. A los pocos meses, vendió sus pertenencias y salió a la ruta.

En el camino hacia Colombia, fue electricista, carpintero y albañil. Sobre su encuentro con las FARC, dijo: “Desde que ponías un pie en esa tierra era imposible abstraerse de la realidad. La lucha era muy poderosa. Me fui quedando”. Adoptó el seudónimo de “Camilo Fierro”.

El alias de Molares surgió por Cienfuegos y el cura Torres, y el apellido por un viejo apodo de su padre sindicalista. Sin embargo, sus compañeros lo llamaban “El Argentino”.

LC con información de agencias