La candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, defendió a diversos genocidas a lo largo de su campaña. Incluso, pidió libertad para algunos. Hay otros, como su tío, de los que no habla. Pero, ¿Quiénes son?. Desde un jefe de Inteligencia que operaba en El Vesubio hasta un militar condenado multiples veces por secuestro, tortura y robo de bebés que usó el campo de su familia como centro clandestino de detención. Villarruel presenta como víctimas del terrorismo a personas a las que la Justicia ya condenó por delitos de lesa humanidad. En esta nota elDiarioAR detalla quiénes son los genocidas a los que defiende la compañera de fórmula de Javier Milei.

A menos de 10 días del balotaje, Victoria Villarruel defendió a Juan Daniel Amelong. En medio del debate con su contrincante de Unión por la Patria, Agustín Rossi, la candidata señaló como una víctima del terrorismo de Estado al padre de Amelong, un civil asesinado en un ataque guerrillero. Ante las cámaras de televisión Villarruel también defendió a su hijo, un ex teniente que tiene cinco condenas por delitos de lesa humanidad, tres de ellas a cadena perpetua. A menos de 10 días de las elecciones, pidió la libertad para un hombre que está condenado por secuestro, torturas, desapariciones y robo de bebés. Pidió la libertad para un hombre que uso el campo de su familia para instalar un centro clandestino de detención y tortura. Todo ante las cámaras de televisión, con el rostro inmutable.

“Juan Daniel Amelong es un personaje paradigmático de la represión ilegal en la zona de Rosario”, le dijo a este diario Adolfo Villate, fiscal general de la Unidad que investiga delitos de lesa humanidad en Rosario que intervino en las causas Guerreri III y IV. El exteniente integró los grupos de tareas que dependían del Destacamento 121 de Inteligencia del Ejército de Rosario y el 28 de agosto pasado, escuchó  la última de sus tres condenas a cadena perpetua por  secuestros, tormentos, sustracción, retención y ocultación de menores, homicidio y desaparición forzada. Fue la última condena de una lista larga y siniestra: además de las tres perpetuas, tiene una sentencia por 10 años y otra por la sustracción de los mellizos Gullino. También está procesado por la desaparición del militante peronista Miguel Membrive.

Sus condenas a perpetúa provenien de la megacausa Guerrieri, que fue dividida en cinco tramos y que investigó el plan represivo implementado por el destacamento de Inteligencia 121 en distintos centros clandestinos de detención: La Calamita, Quinta de Funes, Escuela Magnasco, La Intermedia y Armas Portátiles Domingo Matheu. Se trata de cinco procesos con cientos de víctimas. Incluso en la causa Guerrieri IV, en la que también Amelong fue condenado a perpetua, el tribunal incluyó la privación ilegítima de la libertad de niñas y niños y por primera vez se comprobó el funcionamiento de un centro clandestino de detención en una iglesia católica, la Casa Salesiana Ceferino Namucurá de Funes. 

Amelong también hizo aportes materiales a la represión ilegal. La Intermedia, uno de los centros clandestinos investigados, tuvo base en el campo de la familia de Amelong en Los Timbúes, Villa La Ribera.  “Esto denota el especial compromiso que tuvo él con la represión ilegal. Tiene que ver con el hecho de que uno de los centros clandestinos que utilizó el destacamento 121 del Ejército, era un campo de su familia y es un lugar donde asesinaron a un grupo grande de militantes de Montoneros, que es lo que da cuenta Jaime Dri ( en el libro de Miguel Bonasso ”Recuerdos de la muerte“). Es una persona que sigue reivindicando permanentemente la dictadura militar”, sostuvo el fiscal Villate.

Uno de esos ejemplos es una carta que Amelong le envió al director del Liceo Militar General Belgrano en 1987, en la que confirma que participó “conscientemente de la guerra contra la subversión”.  “Puedo hoy sostener, con absoluta convicción, que me siento tranquilo y honrado por haber cumplido con mi deber ejecutando, desde mi puesto de combate, con todas las órdenes y directivas de mi superioridad encaminadas al aniquilamiento y derrota de los enemigos”, escribió Amelong en el texto que fue utilizado por el tribunal para dictar sentencia.

Amelong también fue condenado por la supresión de identidad de los mellizos Gullino, hijos de Raquel Negro, que estuvo secuestrada en la Quinta de Funes y permanece desaparecida, y de su pareja, Tulio Valenzuela. La investigación determinó que el Hospital Militar de Paraná funcionó como maternidad clandestina, lugar donde nacieron los bebés entre febrero y marzo de 1978. Sabrina, la única de los mellizos que conoce su identidad, aún continúa buscando a su hermano o hermana. “Amelong seguramente sabe -si no es que fue él mismo- quién asesinó a mi madre y puso su cuerpo desnudo, con los brazos atados atrás y con una bolsa de nylon en la cabeza, en un baúl de un Peugeot 504 para reunirlo con los cuerpos de los otros 14 compañeros -asesinados- en el Centro Clandestino de Detención La Intermedia”, afirmó días atrás Sabrina a Infobae.

Por último, Amelong también está procesado con prisión preventiva en la causa que investiga la desaparición de Miguel Membrive, militante de la Juventud Peronista de Montoneros y fundador del movimiento de obreros despedidos, que estuvo detenido en Granadero Baigorria. Además, en el legajo de militar consta que participó del “Operativo Independencia” en Tucumán, un año antes del Golpe de Estado. Una acción de la que también participó el padre de Victoria, Eduardo Villarruel.

A esta persona Victoria Villarruel llama “víctima del terrorismo de Estado” y asegura que está injustamente encarcelada por su liberación. Según explica la abogada en causas por delitos de lesa humanidad Guadalupe Godoy, con la creación en 2006 del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) por parte de Villarruel cambió el discurso con respecto a los genocidas. “De los años post dictadura siempre existieron organizaciones que intentaron sostener el discurso de memoria por los perpetradores del genocidio, se decía que lo que sucedió era una guerra. A partir de la anulación de las leyes de impunidad y la apertura del segundo ciclo de juzgamiento, aparece el Celtyv y  hay un cambio de estrategia. No la reivindicación expresa o abierta del genocidio, sino la deslegitimiación de los procesos judiciales que se abren. Por un lado, hablando de la violación de las garantías de esos a los que denominan presos políticos, con una apropiación de lo que es el lenguaje humanitario. Y por otro lado, la reivindicación solapada en la exacerbación de la idea de las víctimas de lo que llaman el terrorismo”, explicó en diálogo con elDiarioAr.

El “Tío Ernesto”

Su tío, Ernesto Guillermo Villarruel, era Jefe de la División II de Inteligencia del Regimiento de Infantería 3 de La Tablada. El oficial de inteligencia tenía oficina propia en El Vesubio, el centro clandestino de detención de La Matanza en el que estuvieron secuestradas alrededor de 400 personas. Fue procesado por privación ilegal de la libertad, agravada por mediar violencia o amenazas, pero finalmente evitó el juicio por cuestiones de de salud. En diciembre de 2016, la Clínica Psiquiátrica Las Heras, en la que cumplía prisión preventiva, le diagnosticó Alzheimer de inicio tardío con trastornos del comportamiento e ideas delirantes. Un diagnóstico que fue confirmado por el Cuerpo Médico Forense por lo que lo declararon incapacitado para afrontar el juicio.

La coordinadora del equipo Memoria, Verdad y Justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Sol Hourcade, organización que es querellante en la causa Primer Cuerpo del Ejército, dió más detalles. “Se pudo obtener y analizar el legajo de Villarruel, se comprobó que el 24 de diciembre de 1976 era oficial de inteligencia del Regimiento de Infantería 3 de La Tablada. Ese regimiento tuvo un rol muy importante en lo que fue la represión de la subzona 11, pero no hay tantos avances en el juzgamiento de los integrantes de esa unidad militar. Sí se había avanzando con el procesamiento de Villaruel por dos casos que luego revisó la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad de Buenos  Aires y dictó la falta de mérito sobre uno y mantuvo el procesamiento por el otro”, le explicó a este diario.

El “Tío Ernesto” fue procesado por dos causas, la primera, en la que se llegó a juicio, fue por el caso de Mario Rubén Arrosagaray, militante de la Columna Sur de Montoneros. Tal como contó elDiarioAR, la Justicia comprobó que el 17 de febrero de 1977, Villarruel ordenó “un chequeo” por haber detectado “elementos subversivos” en una casa en Quilmes en la que vivían Arrosagaray y su pareja, Guillermina Silvia Vázquez, La Negra. El hombre pudo escapar, pero ella continúa desaparecida. Fue secuestrada y llevada a El Vesubio, pero la Justicia dictó falta de mérito porque la Cámara interpretó que no había pruebas suficientes para acreditar que Villarruel estuvo involucrado en este secuestro.

 “Era uno de los oficiales de inteligencia de la plana mayor del Regimiento de Infantería 3. De acuerdo a lo que sabemos por los juicios por delitos de lesa humanidad, la Inteligencia era fundamental. No se dedicaba solamente a la recolección de información sino que la inteligencia de las fuerzas armadas y policiales producía información sobre las posibles personas que iban a ser víctimas o blancos de los secuestros. También eran los que procesaban la información que se obtenía bajo tortura en los centros clandestinos para determinar nuevas operaciones o secuestros de personas”, detalló Sol Hourcade

Norberto “Beto” Cozzani

También hay represores a los que Villarruel no nombra abiertamente, pero apoyó con visitas en la cárcel. Meses atrás, se conoció la foto de uno de los cuadernos del represor Miguel Osvaldo Etchecolatz, condenado nueve veces por delitos de lesa humanidad, donde figura el nombre de Villarruel anotado entre sus contactos. Se dió en el marco de la estrategia de defensa del represor en el primer juicio en su contra, en 2006. Además, mantuvo vínculos con Norberto “Beto” Cozzani, mano derecha de Etchecolatz que fue condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en la megacausa “Circuito Camps”, compuesto por seis centros clandestinos de detención.

“El Beto Cozzani era el lugarteniente de Etchecolatz, no solo en la etapa de la dictadura. Cozzani fue parte de la patota de Etchecolatz cumpliendo un rol muy importante, incluso no teniendo un rol policial importante, él era un Cabo, y sin embargo fue uno de los jefes de la patota, a tal punto que el papel preponderante que tiene es en el caso Graiver. Cumple un rol muy nefasto, en el caso en sí y particularmente con Lidia Papaleo”, detalla Guadalupe Godoy, abogada querellante. 

Durante su declaración en la causa “Circuito Camps”, Lidia Papaleo,  viuda del banquero David Graiver, contó las torturas y presiones que sufrió para ceder la empresa Papel Prensa al conglomerado de los diarios Clarín, La Nación, La Razón y el Estado Nacional. La mujer indicó que fue torturada en el centro de detención Puerto Vasco e identificó como su represor a Cozzani. “Él violó a mi hermana, comprobado en el expediente. Ese es Beto Cozzani a quien visita la candidata a vicepresidenta de Milei. Yo defiendo la vida, la sobrevivencia, porque lo viví”, afirmó meses atrás Osvaldo Papaleo, hermano de Lidia.

Pero el papel de Cozzani no termina en la dictadura. “En democracia Cozzani sigue trabajando con Etchecolatz. Primero como jefe de seguridad de la empresa de Bunge y Born. Después se lo puede ver también en los videos de los escraches a Etchecolatz en el año 1999 y 2001, dónde aparece custodiandolo”, agrega Godoy. Cabe recordar que Etchecolatz es el principal sospecho de la desaparición en democracia del testigo Jorge Julio López, ocurrida el 18 de septiembre de 2006, un día antes de que el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata lo Etchecolatz a prisión perpetua.

“ Todas estas personas a las que Villarruel defiende fueron parte de un genocidio, fueron parte de una dictadura militar”, reforzó el secretario de Derechos Humanos de la Nación y nieto recuperado, Horacio Pietragalla Corti. “Victoria Villarruel defiende a todo el aparato represivo y las acciones que llevaron adelante, no solo en la persecución sino en el proyecto económico y político que se instaló a partir de esa dictadura. Es una candidata a vicepresidenta que elige ser cómplice, partiendo de la consigna de que ser familiar no te hace responsable ni te hace cómplice de los delitos que cometieron integrantes de tu familia. Por eso ella está eligiendo ser parte de lo que fue esa dictadura militar con una defensa a ultranza y llevando adelante el intento de impunidad y la libertad a los condenados por delitos de lesa humanidad”, agregó el funcionario en diálogo con este diario. 

Días después del debate con Rossi, en el que negó los 30.000 desaparecidos, Villarruel respaldó a través de las redes sociales a un militar retirado que hace apología de la dictadura. Se trata de Iván Volante, quién subió varios videos a Tik Tok, uno de ellos en el que se ve un Ford Falcon verde con la leyenda: “7, aunque un poco incómodos, entran en este baúl”.  Villarruel compartió un video de Volante en el que critica la gestión de Agustín Rossi como ministro de Defensa. “”Mi apoyo al Capitán y a todos nuestros hombres de las FFAA, FFPP y FFSS que padecen la demonización y el maltrato del kirchnerismo“, escribió la abogada en su cuenta de X. Volante es un capitán retirado en 2021 contra el que el Ejército Argentino iniciará actuaciones administrativas por infringir el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas.

A todos ellos defiende Victoria Villarruel.

CDB/FB/MG

En septiembre de 2006, Miguel Osvaldo Etchecolatz fue condenado por la Justicia federal de La Plata como genocida por primera vez en la historia judicial argentina.

Para sustentar esa calificación fue clave el testimonio que brindó el albañil Jorge Julio López, militante peronista sobreviviente de cinco excentros clandestinos de detención que en el marco de ese juicio, y tres meses antes de ser nuevamente desaparecido, denunció la presencia de Etchecolatz en las sesiones de torturas y en los fusilamientos de detenidos, por lo que no dudaba en asegurar que “era un asesino serial y no tenía compasión”.

En su testimonio del 28 de junio de 2006 ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, López relató: “A un costado estaba Etchecolatz y les decía 'dale, dale, subila un poco más (la electricidad de la picana), que este gringo que está en la parrilla una vez yo lo picaneé y se dio vuelta, porque era a batería esa máquina' (la picana)'... y se me ponía cerca con una capucha peluda de mono y me decía 'hacete el guapo como te hiciste aquella noche', ese día la picana no me hacía mucho porque era con batería. Sentía un cosquilleo. 'Ahora vas a sentir, prendela directo de la calle', ordenaba”.

Con su boina gris y su campera roja, López brindó aquel día un testimonio muy emotivo al recordar su secuestro junto a otros cuatro compañeros y compañeras de militancia que concurrían a una unidad básica de la localidad platense de Los Hornos, y de cuyos asesinatos fue testigo presencial.

“Él personalmente dirigió esa matanza”, aseguró López en alusión a los crímenes de Patricia Dell'Orto, Ambrosio de Marco, Norberto Rodas y Alejandro Sánchez.

En su alegato, López relató cómo ocurrieron esos hechos: “Etchecolatz decía 'Mirá, voy a felicitar al personal porque han agarrado a estos montoneros' y estábamos con Rodas y nos picanearon toda la noche”.

Contó también que a Patricia “la torturaban con nosotros y me dijo: 'Uno de estos hijos de puta me tenía los brazos y otro me violaba'. Le habían arrancado un mechón de pelo y sangraba. El marido estaba tirado, todo lastimado. Estaban deshechos los dos”.

“Después la sacan a Patricia, que gritaba 'No me maten, no me maten. Llévenme a una cárcel, pero no me maten. Quiero criar a mi nenita, a mi hija'”, recordó con voz quebrada López en aquel testimonio, y detalló: “Si un día encuentran el cadáver, tiene el tiro metido de acá (señalándose el centro de la frente), y sale por acá (la nuca). Después sacaron al marido, Ambrosio De Marco. Él no se levantaba, entonces lo agarraron entre dos o tres y lo sacaron a la rastra y otro tiró”.

“Un día pensé: si un día salgo y me encuentro a Etchecolatz yo lo voy a matar, yo”, dijo apuntándose con su índice el pecho, pero agregó que luego reflexionó “¿Qué voy a matar a esa porquería?”.

La contundencia de este testimonio no pasó desapercibida, ya que mientras otros sobrevivientes al declarar no podían identificar a sus captores, López lo hizo detallando nombres, datos fisonómicos, apodos y hechos que protagonizaron.

El 18 de septiembre de 2006, López salió de su casa rumbo al Palacio Municipal de La Plata donde se desarrollaba el juicio contra el expolicía, con el fin de poder escuchar los alegatos y ver a Etchecolatz, pero nunca llegó al edificio.

Rubén López, uno de los hijos del albañil, nunca tuvo dudas: Miguel Etchecolatz sabía lo que le ocurrió a su padre y aún recuerda con estupor cuando en el marco de otro juicio, el genocida fue visto con un papel en la mano dónde se podía leer el nombre de su padre.

“Lamento que se haya muerto sin decirme dónde está mi papá, porque él lo sabía, aunque no teníamos pruebas para involucrarlo, el tenía que saber lo que le pasó a mi viejo”, expresó hoy a Télam.

CRM con información de la agencia Télam

Dirigentes políticos, sociales y de organismos de derechos humanos lamentaron este sábado que el represor Miguel Etchelotaz haya muerto a los 93 años sin decir ante la Justicia el destino de muchos de los desaparecidos durante la última dictadura militar, aunque destacaron el hecho de que haya estado en cárcel común hasta su fallecimiento.

La referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, sostuvo que el represor falleció “sin arrepentirse de todos los crímenes que cometió y sin decir nada sobre Julio López” y consideró que “jamás va a descansar en paz”.

“Efectivamente se ha ido sin arrepentirse de todos los crímenes que cometió y sin decir nada sobre Julio López. Fue, es y será un ser despreciable, estoy segura que jamás va a descansar en paz”, afirmó Almeida en declaraciones para C5N.

Para la referente de Madres de Plaza de Mayo es “insólito” que los genocidas condenados “se están muriendo y jamás hablan ni se arrepienten”.

“Más de uno dijo que lo volvería a hacer, se están muriendo y nosotras también, nos estamos muriendo sin tener la satisfacción de que digan que hicieron con nuestros hijos”, añadió.

Por estos motivos, Almeida consideró que tanto Etchecolatz, como el resto de los represores, “jamás van a descansar en paz”. “La lucha continua, hay que hacer lo que las Madres hacen hace 45 años, la única lucha que se pierde es la que sea abandona y un pueblo sin memoria corre peligro de que se vuelva a repetir la historia”, concluyó.

Etchecolatz murió hoy a las 5.30 de hoy en la Clínica Sarmiento de la localidad bonaerense de San Miguel, donde se encontraba internado con custodia policial.

La asociación Abuelas de Plaza de Mayo afirmó que Etchecolatz “mantuvo el pacto de silencio hasta el último día” y murió sin decir “la verdad sobre el destino” de tantos desaparecidos durante la dictadura militar.

“Condenado por centenares de crímenes de lesa humanidad, a los 93 años, murió el genocida #Etchecolatz que hasta el último día mantuvo el pacto de silencio. Se lleva la verdad sobre el destino de nuetrxs hijxs y nietxs, pero logramos justicia y memoria para sostener el #NuncaMas”, afirmó en su cuenta de Twitter el organismo que encabeza Estela de Carlotto.

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, sostuvo que la muerte del represor Miguel Osvaldo Etchecolatz es un ejemplo de “quienes se mueren sin mostrar jamás arrepentimiento” y así “se llevan a la tumba la información sobre el destino de los cuerpos o de los niños apropiados”.

“Etchecolatz fue un ejemplo evidente de quienes se mueren sin mostrar jamás arrepentimiento, ni compasión frente a las víctimas o sus familiares, llevándose a la tumba la información sobre el destino de los cuerpos o de los niñxs apropiados”, dijo Pietragalla desde su cuenta personal de Instagram.

En su publicación, Pietragalla recordó que el poder que aún detentaba al interior de la Bonaerense, incluso llegados al año 2006, llevó a la desaparición de Jorge Julio López, “testigo esencial del juicio que terminó condenando por primera vez a perpetua”.

“Se investigó y juzgó su responsabilidad en casi 20 causas por crímenes de lesa humanidad cometidos dentro de la estructura represiva ilegal montada desde la Policía de la Provincia de Buenos Aires en el denominado ”Circuito Camps“, rememoró Pietragalla.

Finalmente, el secretario destacó que el represor murió “en nuestro país, condenado y preso en cárcel común”.

“Murió Etchecolatz, estuvo en una cárcel común hasta el último de sus días. Logramos que se lo condene por genocidio. Nunca dijo el destino de Clara Anahí Mariani ni de los desaparecidos y se le garantizó impunidad en la desaparición de Julio López”, escribió la diputada nacional del Frente de Izquierda (FIT), Myriam Bregman, apenas conocida la noticia.

Y agregó: “Año 2006, estaba por comenzar el primer juicio de lesa humanidad después de anuladas las leyes de impunidad. En esta conferencia de prensa denunciábamos que Etchecolatz esperaba el juicio en su casa. Fueron muchas peleas, nos faltan muchas compañeras y compañeros, la lucha sigue”.

Por su parte, el ministro de Ambiente y nieto restituido, Juan Cabandié, afirmó que “los genocidas se siguen muriendo sin revelar sus secretos, sin decirnos dónde están ni qué hicieron con nuestros familiares y compañeros desaparecidos. Ni olvido ni perdón”.

La legisladora porteña y también nieta restituida, Victoria Montenegro, aseguró que Etchecolatz fue “uno de los torturadores más nefastos de la dictadura. Entre tantos crímenes, responsable de la desaparición de Julio López. Hoy murió condenado como lo que fue, un asesino repudiado por el pueblo”.

A su turno, el diputado nacional por el Frente de Todos y titular de la CTA, Hugo Yasky, afirmó que “el genocida de Etchecolatz condenado por delitos de lesa humanidad murió en una cárcel común. Justicia” y añadió: “Se llevó con él información clave de nuestros compañeros y no tendremos Verdad. Queda en nosotros seguir luchando por la Memoria”.

En esa misma línea, el subsecretario de Derechos Humanos bonaerense, Matías Moreno, dijo a Télam: “Murió Etchecolatz como debía ser, en una cárcel común juzgado y condenado por genocidio”, recordó que “tenía cinco prisiones efectivas por sus crímenes de lesa humanidad” y dijo que “hace poco se conocía que el Tribunal de Casación le había dado domiciliaria en una sola causa, que no se había hecho efectiva”.

En la misma línea, la dirigente del MST Vilma Ripoll señaló: “Murió el genocida Etchecolaz y nunca dijo dónde está Julio López, ni Clara Anahi. Con la movilización logramos que sea en cárcel común. ¡A dónde vayan los iremos a buscar!”.

Para la diputada porteña del FDT, Mara Brawer, “murió un asesino criminal y genocida y lo hizo cumpliendo su condena a prisión perpetua en una cárcel común. Si existe el infierno ese será su destino final”.

Por su parte, el legislador porteño FdT, Claudio Morresi, coincidió en resaltar que el represor fallecido “pudo tener algo de valentía y decir que había hecho con sus víctimas, pero prefirió ser el cobarde represor que fue siempre”.

CRM con información de la agencia Télam

Miguel Etchecolatz, exdirector de Investigaciones de la Policía Bonaerense y mano derecha del general de brigada Ramón Camps, durante la dictadura militar, murió a los 93 años, condenado a prisión perpetua en varios casos crímenes de lesa humanidad que fueron unificadas en una pena única de reclusión perpetua, informaron organismos de derechos humanos.

Etchecolatz murió a las 5.30 de hoy en la Clínica Sarmiento de la localidad bonaerense de San Miguel, donde se encontraba internado con custodia policial, informaron a Télam fuentes de las querellas en su contra.

Nacido en la ciudad de Azul el 1 de mayo de 1929, Etchecolatz muere con múltiples condenas a prisión perpetua, acusado por diversos crímenes de lesa humanidad, mediante sentencias dictadas en los años 1986, 2004, 2006, 2014, 2016, 2018, 2020 y 2021 que fueron unificadas en una pena única de reclusión.

Su nombre quedó asociado también con la desaparición de Jorge Julio López, en plena democracia, luego que la declaración judicial del albañil en 2006 como testigo fuera determinante en una causa en contra del expolicía, y por la cual fue condenado a reclusión perpetua.

Años después, el 24 de octubre de 2014, el represor y otros 14 exmilitares fueron condenados por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino La Cacha.

Etchecolatz murió sin haber dicho una palabra de los detenidos- desaparecidos como Jorge Julio López o Clara Anahí.

Entre los crímenes por los que Etchecolatz fue condenado se encuentran el secuestro y asesinato de un grupo de adolescentes conocido como la Noche de los Lápices; la apropiación de menores y la desaparición de Jorge Julio López. Fue beneficiado por la aplicación de la Ley Obediencia Debida, pero en 2006 cuando fueron anuladas las leyes de impunidad, volvió a ser juzgado en las causas que habían sido cerradas.​ Se lo ha vinculado a la segunda desaparición de Jorge Julio López, testigo en uno de los juicios en su contra. En 2014, Etchecolatz fue fotografiado con un papel manuscrito en sus manos que decía “Jorge Julio López Secuestrar”.​

Otras condenas fueron dictadas en 1986, 2004, 2006, 2014, 2016, 2018, 2020 y 2021.

Desde comienzos de la pandemia, Etchecolatz -de 93 años- estaba alojado en la Unidad 34 de Campo de Mayo. Inicialmente, desde esa dependencia se había informado que no tenían las facilidades para atenderlo. Desde hacía varias semanas estaba internado en una clínica de Merlo. Hace exactamente tres semanas, la Cámara Federal de Casación le había concedido la prisión domiciliaria al genocida.

Un mes antes, el exjefe de la Policía bonaerense durante la última dictadura recibió su novena condena a prisión perpetua junto a otro ex policía Julio César Garachico, acusados de haber secuestrado y torturado a siete víctimas y haber asesinado a otras tres. Las acusaciones contra ellos habían sido sostenidas por el sobreviviente Julio López, antes de desaparecer en plena democracia y cuyo paradero es un misterio desde hace desde hace 15 años. Precisamente, López testimonió contra Etchecolatz en el primer juicio que se hizo tras la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Etchecolatz llegó a escribir un libro donde cuestionó el trabajo de la Conadep, bajo el título “La otra campana del Nunca Más”, y siempre que pudo se ufanó de haber participado de la “guerra contra la subversión”.

Hasta el 2006 contó con el beneficio de la prisión domiciliaria lo que en ese año le fue revocado por poseer armas de fuego. No obstante en el 2017 volvió a contar con ese beneficio -que se hizo efectivo solo dos meses- hasta que en el 2018 fue revocado nuevamente.

Ese mismo año sufrió un escrache en su casa del bosque Peralta Ramos, en Mar del Plata, cuando la asociación de vecinos del bosque, se movilizó y se apostó en su casa, en una recordada protesta de la que participó la referente de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Taty Almeida.

Casado, con una esposa que brindó diversas entrevistas en apoyo de su marido, el expolicía tuvo una hija, Mariana D. quién se cambió el apellido y marchó en 2018 junto a 500.000 personas contra el 2x1, pidiendo que su padre cumpla la condena en una cárcel común.

“Es un ser infame, no un loco”, declaró la joven.

“Por mi cargo me tocó matar y lo haría de nuevo”, fue una de sus provocativas declaraciones en el marco de los numerosos juicios que enfrentó.

La muerte lo encontró a los 93 años en una cárcel común pese a que a principios de junio había sido beneficiado nuevamente con la prisión domiciliaria por diversos problemas de salud.

Rubén López, hijo de Julio López, dijo al conocer la noticia de su muerte: “Lamento mucho que se haya muerto, no por él, por las víctimas, por los que no tuvieron un juicio. Se murió sin decir lo que tenía que decir sobre la segunda desaparición de mi viejo. No aceptó nunca sus crímenes. Lamento que no haya dicho dónde dejaron los cuerpos de los detenidos desaparecidos”.

Myriam Bregman, referente del Frente de Izquierda y en su momento abogada de Julio López, señaló en Twitter: “Murió Etchecolatz, estuvo en una cárcel común hasta el último de sus días. Logramos que se lo condene por genocidio. Nunca dijo el destino de Clara Anahí Mariani ni de los desaparecidos y se le garantizó impunidad en la desaparición de Julio López”.

PP/CRM

El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata condenó hoy a prisión perpetua al represor Miguel Etchecolatz, quien ya purga otras 8 perpetuas, y al expolicía Julio César Garachico por los secuestros y torturas de 7 personas en el excentro clandestino de Pozo Arana, entre ellas el albañil Jorge Julio López, y los asesinatos de 4 de esas víctimas, entre las cuales está Francisco López Muntaner, uno de los estudiantes secuestrados en el episodio conocido como La Noche de los Lápices.

“Se condena a Miguel Osvaldo Etchecolatz a la pena de prisión perpetua como coautor del homicidio calificado por alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Norberto Rodas y Alejandro Sánchez”, expresó el presidente del Tribunal, Andrés Basso, al leer esta tarde el veredicto para el multicondenado Miguel Etchecolatz.

LG con información de Télam.

El multicondenado represor Miguel Erchecolatz comenzará a ser juzgado a partir del lunes por delitos de lesa humanidad cometidos en centros clandestinos que funcionaron en la localidad bonaerense de Arana durante la última dictadura cívico militar.

El debate comenzará a las 9 y estará a cargo el Tribunal Oral 1 de La Plata, que juzgará a Etchecolatz, ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense, por los secuestros, tormentos y homicidios de dos hombres.

Además, el exjefe de calle de la Unidad Regional La Plata Julio César Garachico está acusado por el secuestro y tormentos aplicados a Jorge Julio López -desaparecido desde 2006- y a otras seis personas que permanecieron en cautiverio en los centros clandestinos que funcionaron en Arana, una zona suburbana al suroeste de la capital bonaerense.

Por otra parte, el lunes en los Tribunales de San Martín seguirá el proceso a cinco militares retirados por los denominados “vuelos de la muerte”, en el que exconscriptos que cumplieron el Servicio Militar Obligatorio entre 1976 y 1978 en Campo de Mayo, siguen declarando y develando cómo en esa base militar y centro clandestino de detención se desapareció a detenidos desaparecidos arrojándolos desde el aires a las aguas del Río de la Plata.

En tanto, el martes, seguirán las audiencias en el juicio contra Raúl Antonio Guglielminetti, agente Civil de Inteligencia del Ejército, y Juan Alfredo Etchebarne, ex presidente de la Comisión Nacional de Valores-CNV, por la privación ilegítima de la libertad de 28 empresarios industriales vinculados a los grupos económicos Chavanne (Banco de Hurlingham) y Grassi (Industria Siderúrgica Grassi).

También el martes, proseguirán las testimoniales en el juicio “pozos” de Banfield y Quilmes y “El Infierno” de Lanús que investiga los delitos sufridos contra 419 víctimas y que tiene 19 imputados, entre ellos el genocida Etchecolatz.

El miércoles, en Neuquén, continuarán las declaraciones testimoniales en el juicio “Escuelita VII”, en esta oportunidad seguirán declarando los testigos presentados por las defensas de los 15 imputados.

En los tribunales de San Martín, proseguirá ese mismo día el alegato del fiscal Marcelo García Berro, en el marco del debate de la megacausa de Campo de Mayo, en la que se investigan crímenes perpetrados entre 1976 y 1978 en perjuicio de 350 víctimas que fueron secuestradas en el área represiva denominada como Zona de Defensa IV.

El jueves, en Jujuy desde las 11, continuará el juicio por “La noche del apagón” y hechos del 24 de marzo en Libertador Gral. San Martín y Mina El Aguilar, con la inspección judicial en el domicilio de Raúl Osvaldo Tapia al momento de los hechos.

También el jueves, continuará desde las 9.30, el alegato de la defensa en el juicio Contraofensiva montonera II en el que se juzga la responsabilidad de Mario Guillermo Ocampo, en su carácter de ex integrante del Destacamento de Inteligencia 201 del Ejército con asiento en la guarnición militar de Campo de Mayo.

El viernes en la Ciudad de Buenos Aires, continuará el juicio de la causa Vesubio III, proceso en el cual hay diez acusados de homicidio y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de 420 víctimas, detenidas en el centro clandestino de detención que funcionó hasta septiembre de 1978.

En Mendoza, desde las 9 continuarán las testimoniales en el denominado juicio “Destacamento Destacamento de Inteligencia 144 y Fuerza Aérea” que aborda la responsabilidad penal de veinte imputados, en su mayor parte integrantes del Ejército y la Fuerza Área, por crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 107 víctimas, de las cuales 61 fueron desaparecidas y tres ejecutadas.

CRM con información de la agencia Télam