La computadora de Carlos Vullo marca en letras verdes los países donde el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) trabajó en campo, para colaborar con los familiares de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, para llevarles respuestas de lo sucedido con ellas a lo largo del último medio siglo. Y en letras verdes, figuran los países donde el EAAF realizó investigaciones genéticas, la especialidad de este bioquímico cordobés, que llevaron certezas a miles de víctimas alrededor del mundo: desde Argentina, pasando por Africa y Asia.

Vullo dirige el laboratorio de genética forense del EAAF, la prestigiosa ONG argentina a la que se sumó a principios de este siglo y a la que llama cariñosamente “el Equipo”: “El primer caso que se identificó con la aplicación de genética en nuestro laboratorio es el de Mario Osatinsky, un chico de 16 años de edad, hijo del jefe guerrillero Marcos Osatinsky, fue en 2003. Yo venía desde 1985 trabajando en mi laboratorio en forma privada en casos de pruebas de paternidad. Sabía de la existencia del Equipo, de sus trabajos metódicos aplicando los protocolos de antropología en la exhumación de cuerpos en fosas comunes, y en 2003, Moisés Dib, el actual director del Instituto de Medicina Legal de Córdoba, me sugiere que cuando el Equipo viniera a Córdoba, nos reunamos y veamos la posibilidad de trabajar juntos aplicando la genética a los procesos de identificación. Hace veinte años cuando comenzamos a trabajar, los laboratorios genéticos no habían podido dar resultados positivos a los análisis que les solicitaba el EAAF. Acordamos con Darío Olmo, en aquel momento a cargo de las investigaciones del EAAF en Córdoba, que intentáramos con un caso complicado desde el punto de vista de conservación de los restos óseos, porque si ese caso lográbamos obtener información genética, nos abría la posibilidad con los otros restos mejor preservados para trabajar e identificar. Y me dieron una muestra de las fosas del cementerio de San Vicente, eran restos muy degradados, muy deteriorados; habían sido cubiertos con cal, y eso ayudó a secar la humedad y que el hueso se conservara, pero no lo sabíamos. El EAAF tenía una presunción fuerte sobre la identidad de ese resto, obtuvimos un perfil genético, cruzamos el ADN de ese material a estudiar con los ADN que teníamos de algunos familiares y nos dio match con Sara Solarz, su mamá. Informé al Equipo los resultados y estaban asombrados, habíamos logrado algo revolucionario, era la primera vez que el EAAF identificaba los restos de un desaparecido de la dictadura en un laboratorio argentino. Hoy llevamos identificados unos 800 cuerpos de desaparecidos, entre las que se encuentran algunas madres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo que habían sido arrojadas al mar y el mar las había devuelto. Pero aún nos faltan identificar cerca de 700 víctimas más, tenemos esos restos, y eso nos da valor y energía y más ganas de capacitarnos y mejorar nuestro conocimiento y dotarnos de mejor tecnología. Lo que hacemos en el laboratorio de genética forense del EAAF son procesos muy específicos y costosos, que los laboratorios estatales o privados no lo hacen; es una manera de hacer ciencia orientada a los DD.HH. De lo que se trata es de devolverle su identidad a gente a la que le robaron la vida”, cuenta con orgullo Vullo en su larga charla con elDiarioAR en su laboratorio de Córdoba.

El grupo de trabajo que comanda este genetista cuenta con ocho profesionales, la mayoría mujeres y los trabajos que realizan van desde la identificación de víctimas de violaciones de los Derechos Humanos en los países del Tercer Mundo; pasando por víctimas de guerras como en Vietnam; o la identificación de los restos de Ernesto “Che” Guevara en Bolivia. También han realizado trabajos excepcionales o puntuales como la confirmación de la existencia de una momia inca en los Andes mendocinos y la identificación de Ned Kelly, un mítico ladrón de bancos en la Australia de principios de siglo XX.

El grupo de trabajo cuenta con ocho profesionales, la mayoría mujeres y los trabajos que realizan van desde la identificación de víctimas de violaciones de los Derechos Humanos en los países del Tercer Mundo; pasando por víctimas de guerras como en Vietnam

Pozo de Vargas, un trabajo de dos décadas

Cuando Carlos Vullo explica, se notan dos cosas: su pasión por lo que hace y lo pedagógico que es al simplificar complejos ejercicios químicos, fruto de sus años como docente: “A lo largo de los años, el EAAF ha trabajado en cientos o miles de fosas comunes. Cuando hablamos de fosas comunes, en el imaginario tenemos cuerpos mezclados; pero hay dos tipos de enterramientos: las fosas comunes primarias y las fosas comunes secundarias”, detalla, mientras muestra fotos de antropólogos trabajando en estos dos tipos de enterramientos.

En una de las imágenes, en el cementerio de barrio San Vicente, en el este de la ciudad de Córdoba, se ven esqueletos en una fosa común, uno al lado del otro: “Acá estamos ante una fosa común primaria, donde los cuerpos no están mezclados, y en algunos casos, donde hay un esqueleto sobre otro, las piezas están articuladas y se pueden armar los cuerpos completos. De aquí se exhumaron los restos de Mario Osatinsky”. En otra imagen, hay tres o cuatro restos de ropas que alguna vez cubrieron a víctimas del terrorismo de Estado en El Salvador: “En esta fosa, la tierra es muy ácida y disolvió tejidos y huesos, dejando sólo la ropa. Acá, se colecta el ADN en polvo de adentro de la ropa. Pero claramente tenemos cuerpos separados. En ambos casos, en San Vicente o El Salvador, tomamos una pequeña muestra de restos óseos y trabajamos para identificar el ADN”, explica el genetista jefe del Equipo Argentino de Antropología Forense.

Vullo señala que “las fosas comunes secundarias son aquellas donde los cuerpos están mezclados, como ocurrió en los Balcanes, donde las fosas primarias fueron levantadas con palas mecánicas y los restos fueron tirados en otras fosas; para obstruir e imposibilitar la identificación de las víctimas. Un caso similar viene investigando el EAAF en Pozo de Vargas, Tucumán, un pozo de 60 metros de profundidad por dos de diámetro, en el cuál se arrojaron cientos de cuerpos, que en su mayoría están desarticulados e intermezclados, esto requiere muchísimo más trabajo en procesamiento de muestras óseas para genética y de análisis antropológico para resolver el caso e identificar a las víctimas en su conjunto. Armar cada cuerpo, si el esqueleto no está articulado, es un trabajo muy paciente. Si en los cuerpos articulados tomamos una muestra para analizar su ADN y devolverle su identidad y su historia; en los casos de las víctimas de enterramientos en fosas secundarias, debemos analizar  muchas más muestras. De un total obtenido de 150 perfiles genéticos únicos que representan a 150 víctimas en Pozo de Vargas, ya identificamos a 118; pero para poder hacerlo, analizamos más de 1.300 muestras de huesos, un trabajo laborioso y caro. A eso hay que sumarle otro inconveniente, la mala calidad del terreno, que en Tucumán es húmedo y sometido a altas temperaturas, lo que atenta contra la calidad del material a analizar”.

El enterramiento clandestino de víctimas del terrorismo de Estado en el llamado Pozo de Vargas se realizó en un viejo pozo construido a fines del siglo XIX para proveer de agua a las antiguas locomotoras a vapor. Los generales Acdel Vilas, primero y Antonio Domingo Bussi después, desde 1975 hasta 1983 fueron los responsables de la represión ilegal en esta provincia norteña, y varias de las víctimas fueron tiradas al foso para hacerlas desaparecer. Esos cuerpos comenzaron a exhumarse desde 2004.

La ciencia aplicada a los Derechos Humanos

Carlos Vullo destaca que “nuestro laboratorio está enfocado al trabajo científico que permita devolver la identidad y saber qué pasó con las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos; no somos un laboratorio de genética más; nos enfocamos principalmente a las causas ligadas a las violaciones de Derechos Humanos universales. Y eso trae otra consecuencia, porque muchas veces es el Estado quien viola los derechos fundamentales de las personas, como es el derecho a la vida y el derecho a la identidad: EAAF, como una ONG independiente que aplica las ciencias forenses a situaciones de violación de los DD.HH. , les aseguramos a los familiares de esas víctimas un trabajo altamente especializado, basado en la ciencia y la genética forense, con la independencia y la trazabilidad científica que les asegura a esas familias que el proceso no ha sido manipulado. La garantía de independencia del EAAF hace que las familias que no obtienen respuestas del Estado o no confían en sus respuestas por el modo en que fueron tratadas, tengan un organismo de la sociedad civil independiente y confiable al que acudir. Básicamente devolvemos identidad y verdad histórica a los restos con los que trabajamos”.

El laboratorio del EAAF trabaja bajo la norma ISO 17025 que regla los estándares más altos a nivel internacional para este tipo de análisis genéticos. “Hace poquito, hemos acreditado la norma ISO 17025; nosotros veníamos trabajando hace tres años para adecuar nuestra aparatología y nuestros profesionales a estos estándares de excelencia. Empezamos antes de la pandemia, nos agarró en el medio la cuarentena, seguimos adelante ¿Para qué te sirve aplicar a las ISO 17025?, para trabajar bajo los estándares exigidos por muchos organismos internacionales. Por ejemplo, la Corte Penal Internacional (CPI), con la cual estamos colaborando ahora por crímenes ocurridos en 2013 en la República Centroafricana; o con proyectos humanitarios de la Cruz Roja Internacional”.

Malvinas, diplomacia y ciencia

Precisamente fue el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) quien medió en 2012 entre el Estado argentino y el Reino Unido, para que los soldados argentinos sepultados en el cementerio de Darwin fueran identificados y que sus familiares pudieran despedirlos.

El prestigioso médico forense chileno Morris Tidball-Binz, cofundador del EAAF y ex directivo del Comité Internacional de la Cruz Roja –es el actual Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias- fue quien propuso que el Equipo Argentino de Antropología Forense se encargara de analizar los cuerpos sepultados en el cementerio de Malvinas.

“El prestigio del Equipo, que había trabajado en América latina, Africa, Asia y los Balcanes, jugó a favor para que los británicos, principalmente, no pusieran reparos y nos permitieran identificar los cuerpos sepultados en Darwin. Para nosotros era un orgullo que nos aceptaran en esta misión para devolverle su identidad a 121 soldados cuyas lápidas tenían la leyenda ”Soldado argentino sólo conocido por Dios“. El Comité de la Cruz Roja sabía del alto nivel del estándar científico con el que trabaja el EAAF, eso también jugó a nuestro favor, no sólo el prestigio profesional, sino el cumplimiento de las normas internacionales de calidad”, apunta el director de genética de esta ONG humanitaria.

Vullo señaló que “Geoffrey Cardozo, un militar inglés con mucha humanidad, había hecho un trabajo extraordinario en el cementerio de Darwin, de las 230 tumbas de argentinos, logró identificar a 109. Muchos de los chicos que habían muerto en la guerra tenían su DNI en el bolsillo. Cuando fueron sepultados, Cardozo había señalado dónde estaba ese cuerpo y cómo se llamaba. Otros tenían la chapa identificatoria colgada al cuello. Pero 121 habían sido sepultados como NN. Y nosotros trabajamos desde la antropología y la genética, con evidencia asociada, para volver a identificarlos, era una deuda con ellos y con sus familiares”.

Y agregó que “los trabajos comenzaron en noviembre de 2016 con la firma del Acuerdo entre Argentina y el Reino Unido para llevar adelante el Proyecto Plan Humanitario, y en junio de 2017 llegaron a las Islas 12 especialistas forenses, tres nuestros del Equipo y dos británicos, además de otros del Comité de la Cruz Roja. Trabajaron durante dos meses, exhumaron 122 cuerpos de 121 tumbas bajo un protocolo que constaba de cinco etapas: recuperación arqueológica de los restos; análisis; toma de las muestras; inhumación de los restos en sus tumbas originales y el análisis genético de las muestras que los realizamos nosotros acá en Córdoba. En diciembre de 2017, el Comité Internacional de la Cruz Roja les entregó a los gobiernos de Argentina y el Reino Unido los informes con las identidades de 90 soldados. Así se cerró la Etapa I del Proyecto Plan Humanitario”.

Carlos Vullo contó que en 2020, el EAAF regresó a Malvinas “en plena pandemia a trabajar en la Etapa II del Proyecto Plan Humanitario, donde se identificaron los restos de soldados muertos tras el derribo de un helicóptero” por parte de las fuerzas británicas. Y “para 2023 tenemos proyectado regresar a las Islas a trabajar en la Etapa III para identificar otros combatientes.

Derecho a la identidad

“En los cursos que damos, siempre digo ‘¿Ustedes alguna vez se imaginaron llamar a alguien que no tiene nombre ni apellido?’, acá en Argentina lo llamamos ‘che, vos’, tan característico nuestro. Pero no me refiero a esas personas que no les sabemos el nombre. Me refiero a quienes perdieron su identidad, los despojaron de sus vidas y luego de sus identidades. Los asesinaron y desaparecieron; son víctimas del terrorismo de Estado, como en Argentina y la mayoría de América latina; pero también tenemos aquellas víctimas de secuestros; de guerras como en Kosovo o Darfur; o asesinados y desaparecidos a manos del narco como en México; o víctimas de ataques terroristas. Todas esas víctimas eran personas, tenían una vida, familia, padres, hermanos, hijas, amigos y a ellas hay que devolverles su identidad. Y no hablo de identidad genética, que es con lo que yo trabajo; hablo de devolverle la identidad a esa víctima, como persona”, señala Vullo.

Entre las cuestiones que “atentan contra la identificación de los restos”, el genetista jefe del EAAF destaca: “La degradación del ADN es una causa importante; tenemos poco material para trabajar en el que haya ADN que se pueda extraer; otro de los factores es que no tengamos familiares para comparar: han pasado tantos años, que los familiares muchas veces ya no están. O son familiares de segundo o tercer grado, y las coincidencias de ADN son mínimas, pero además los restos están deteriorados. Otras veces, tenemos los familiares y no tenemos los restos de las víctimas. Y la verdad que es frustrante. Por eso, periódicamente, desde el Equipo, lanzamos campañas para que los familiares se sumen a donar sangre para tener un banco genético más completo”.

¿Su trabajo contempla entrevistar a familiares de las víctimas o sólo se centra en el laboratorio?

Yo casi no trabajo con los familiares, muy pocas veces me entrevisto con las familias. Soy un hombre de laboratorio: intentamos hacer todo lo posible para obtener un perfil genético en huesos que pueden estar quemados, o muy deteriorados. Por eso compramos tecnología, aparatología que permite multiplicar el ADN para poder trabajarlo y obtener resultados. Pero una vez, en México, donde todos los años mueren miles de migrantes de Centroamérica y mexicanos que buscan el sueño americano cruzando la frontera hacia EE.UU., estábamos trabajando en la conformación de un banco genético extrayendo muestras de sangre. Vino una señora bajita, con la ropa tradicional, su traje típico. Le extendí la mano y ella me la tomó con sus dos manos y mirándome a los ojos me dijo: ‘Doctor, por favor, tráigamelo’.  ¿Cómo podía irme a casa, tranquilo y no buscar hasta el último eslabón de la cadena de ADN para identificar a este pariente de esa señora y devolvérselo, devolverle la identidad y devolver el cuerpo para que pudiera hacer el duelo. A veces, la única muestra que tenemos la utilizamos y logramos dar con su identidad, pero no le podemos devolver el cuerpo a esa familia. Pero le devolvemos tranquilidad, le decimos que su familiar estuvo en tal lado, le damos una respuesta a esa pregunta que vino haciéndose hace dos, cinco, 30 o 40 años. Esos familiares ponen fin a una búsqueda, le damos certezas, terminan años o décadas de incertidumbre, de angustia. Cuando esa madre mexicana me pide que le devuelva su hijo; yo tengo el deber moral y profesional de hacer lo posible y lo imposible para que pueda reencontrarse con su hijo, aunque esté muerto y sólo le demos una urna cerrada. Ella sabe, tiene la confianza, que el Equipo Argentino de Antropología Forense puso todo de sí para que ella se reencontrara con la verdad. 

GM

“Esa mañana salió de casa para el taller bien temprano, había sol, estaba con una camisa mangas cortas, un jean azul y zapatillas. Jamás me olvidaré de su último saludo desde la esquina”. Así recuerda la santiagueña Ángela Rosario Pérez a Dardo Exequiel Arias, su compañero de vida, secuestrado, torturado y asesinado durante la última dictadura cívico militar. Recién 46 años más tarde pudo volver a abrazarlo, cuando la Justicia Federal de Tucumán le entregó sus restos en el Laboratorio del Colectivo de Arqueología Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT), que trabaja en el Pozo de Vargas, la fosa ubicada en Tafí Viejo en donde se han identificado los restos de 116 detenidos desaparecidos, hasta ahora.

Este momento es la etapa final de las búsquedas que emprendieron miles de familiares de desaparecidos en todo el país, como Ángela, para encontrarse con sus seres queridos que fueron víctimas de la noche más oscura de la historia argentina reciente. Muchos aún aguardan una respuesta, continúan golpeando puertas y exigiendo el avance de las causas de crímenes de lesa humanidad para poder cerrar ese círculo de dolor.  Por lo duro y conmovedor de este momento, algunos prefieren que este instante de reencuentro sea reservado. Esta vez, elDiarioAR por una invitación, pudo presenciarlo.

El pasado 31 de octubre los Arias y Pérez salieron temprano de Santiago del Estero y llegaron al Laboratorio alrededor de las 9, en una mañana fresca de cielo nublado, tras una lluvia de madrugada. Allí los esperaban el perito Ruy Zurita, personal del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, que está a cargo de la investigación Pozo de Vargas -que se inició en abril de 2002-,  y familiares de detenidos desaparecidos, como Josefina Molina, Virginia Sosa y Teresa Arias.

Los santiagueños arribaron en dos vehículos y la primera en ingresar fue Ángela. El Laboratorio del CAMIT funciona en una antigua casa que se adaptó para tal fin. En su único patio, debajo de un lapacho, se puso una mesa y sobre ella la caja de madera con los restos de Dardo. Ángela se paró frente a ella unos minutos, fue puro silencio, la abrazó y luego la acarició, quizás con el deseo de que ese cariño pudiera acercarla al compañero que despidió por última vez esa mañana soleada santiagueña, hace 46 años. “Mi Dardo, eras muy querido en el barrio porque ayudabas a los más pobres, por fin estás con nosotros”, dijo, en voz baja.

"Mi Dardo, eras muy querido en el barrio porque ayudabas a los más pobres, por fin estás con nosotros".

Angela — Esposa de Dardo Arias

Arias tenía 23 años cuando fue secuestrado el 20 de octubre de 1976, a metros de su casa, en el barrio Villa Constantina, cuando se dirigía a su taller de carpintería, en donde fabricaba muebles. Casi adolescentes, la joven pareja emigró a Buenos Aires pero regresaron a Santiago en 1970 porque él tuvo la posibilidad de instalar el taller. Además, abrieron una pequeña carnicería -que atendía Ángela- y entre ambas actividades juntaban lo suficiente como para vivir con dignidad. En 1973 se sumó a la militancia política en la Juventud Peronista y es recordado en su barrio porque era uno de los organizadores de chocolates para los niños del lugar y de acciones solidarias.

Musa Azar, 6 condenas por lesa humanidad y 60 causas pendientes

Alrededor del abrazo estuvieron los hijos de la pareja que por tradición familiar llevan el mismo nombre que su padre, Dardo Exequiel Arias, de 49 y 47 años. Tenían 3 años y 7 meses cuando les arrebataron a su padre de sus vidas. “Yo no recuerdo nada de él, lamentablemente; mi hermano, algo, pero los mayores del barrio me contaron que era muy bueno y ayudaba mucho. Todavía conservamos algunos recuerdos de su militancia política, cosas que encontramos en cajones y que preferimos guardar”, contó a elDiarioAR el menor de los Arias. A su lado estaban también su esposa y todos los hijos e hijas de los hermanos.

En 2012, Ángela declaró en uno de los juicios por crímenes de lesa humanidad, en el que hizo responsable al ex comisario y represor Antonio Musa Azar Curi del secuestro y la desaparición de Dardo. El genocida murió el año pasado a los 85 años en Santiago del Estero, en donde cumplía la prisión domiciliaria por seis condenas por crímenes de lesa humanidad (desapariciones, torturas, abusos sexuales y por formar parte de una asociación Ilícita de exterminio de militantes políticos) y sobre el que pesaban unas 60 causas pendiente. “Él es responsable, nos arruinó la vida, mi suegra murió de pena, sin saber nada de su hijo, y mi cuñada terminó mal psicológicamente”.

Ángela también contó ante el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero, durante el juicio, que el día de su desaparición Dardo salió a trabajar cerca de las siete de la mañana y al mediodía le avisaron que en la esquina de Sebastián Ábalos y San Martín lo encerraron dos autos y se lo llevaron. “Eran del Servicio de Inteligencia, un auto blanco y otro amarillo, el que vio todo y nos avisó fue un chico de apellido Navarrete que trabajaba con mi marido como ayudante”, relató a este medio.

Los restos del militante santiagueño fueron hallados y recuperados del Pozo de Vargas por los peritos del CAMIT y en 2017 el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) informó sobre su identificación, junto a los restos de otros 17 detenidos desaparecidos. La caja de madera con los huesos fue enviada hace unos meses desde el EAFF. “Por suerte se recuperaron gran parte de sus huesos y en el cráneo se ve con claridad el orificio de la bala que terminó con su vida”. Una vez detenido, Dardo fue trasladado a Tucumán al ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, ubicado sobre la ruta nacional 9, en donde fue torturado, asesinado y su cuerpo llevado hasta el Pozo de Vargas para intentar ocultar el crimen. En septiembre, la Regional NOA de Organismos de Derechos Humanos manifestó su preocupación por el “gravísimo estado de abandono del señalizado Sitio de Memoria donde funcionó el Centro Clandestino de Secuestro, Tortura y Exterminio conocido como El Arsenal, ubicado en el sector destinado a polvorines, en lo que fuera el Arsenal Miguel de Azcuénaga del Ejército”.

En el cráneo se ve con claridad el orificio de la bala que terminó con su vida.

El acto administrativo de la entrega de los restos fue breve. Se leyó un acta y se invitó a que sea firmado por los que lo desearan. Cuatro nietos de Dardo lo hicieron. Antes que todo finalice, un familiar de desaparecido tucumano que acompañó ese momento, entregó un volante con una frase que leyó ante todos: “Y desde aquí, me río, me río cuando pienso en aquellos que creyeron que al matarme me mataban. Que me enviaban al pozo del olvido. Qué ilusos, me enviaron al Pozo de la Memoria”. 

Al levantar la caja junto con uno de sus hijos, Ángela prometió: “voy a hacer todo lo que pueda para que se conozca la historia de Dardo, de su solidaridad con los más pobres, voy a proponer que la plaza de mi barrio lleve su nombre”. Esa misma tarde, los restos fueron depositados en el panteón familiar del cementerio La Piedad, en Santiago del Estero, ante familiares, amigos y representantes de HIJOS y de la Asociación de Ex Presos Políticos de esa provincia. Algunos de los que lo conocían compartieron anécdotas y recuerdos de su militancia.

Ese mismo día, elDiarioAR supo que en breve iban a ser entregados a sus familiares los restos de otro detenido desaparecido identificado. Esta vez, sus seres queridos optaron por mantener en reserva ese momento esperado durante décadas, el que cierra la larga etapa de la ausencia de ese o esa militante que fue víctima de la represión más atroz cometida desde el Operativo Independencia, en 1975, hasta el retorno de la democracia al país, en 1983. Aún hoy, no son pocos los argentinos y argentinas que se preguntan lo mismo que el cantautor Víctor Heredia cuando dice en una de sus canciones: “Todavía cantamos, todavía pedimos /  todavía soñamos, todavía esperamos / Que nos digan adónde han escondido las flores / Que aromaron las calles persiguiendo un destino / ¿Dónde, dónde se han ido?”.

DC/MG

A pesar de su peso pluma, Judith König dejó huellas profundas. Nació en Buenos Aires, en abril de 1964, y se despidió de este mundo a los 57, el último sábado de enero. Contadora y licenciada en Economía (UBA), de bajo perfil -también era magister en Derecho Tributario por la Universidad de Barcelona-, cumplió un rol central en un sinnúmero de investigaciones que marcaron la historia judicial de las últimas décadas. 

Trabajó en el Juicio a las Juntas Militares en 1985; asesoró a fiscales de todo el país; intervino en causas icónicas, desde el enriquecimiento ilícito de María Julia Alsogaray hasta el juicio de la Tragedia de Once y Hotesur. Además, realizó el cálculo que demostró que el acuerdo entre el gobierno de Mauricio Macri y Correo Argentina SA le costaría $4.000 millones al Estado Nacional en intereses no percibidos; y desentrañó secretos contables del poder económico, como cuando analizó los libros contables de Loma Negra y descubrió la correlación entre la desaparición de uno de los abogados laboralistas en 1977 y la reducción en la previsión de gastos en indemnizaciones laborales en el 72%. 

En los tribunales, es toda una proeza ser persona entrañable. Entre grietas, conflictos de intereses, competencias y recelos, a veces el afecto es cosa de pocos o entre pocos. Pero König tiene un doble mérito: no sólo se ganó el respeto de los tribunales, también se robó el corazón de muchos en el Ministerio Público Fiscal. Su trabajo consistía en asistir a los fiscales para encontrar las pruebas contables, financieras y económicas en delitos complejos y crimen organizado. 

Su último cargo fue el de directora de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal, una división clave en la asistencia a las fiscalías de todo el país que ella misma creó. Pero su trayectoría en la Procuración General de la Nación comenzó en 1982, en el edificio de la calle Guido. 

Su primera gran colaboración llegaría tres años después al participar de los preparativos del Juicio a las Juntas Militares. Tenía apenas 20 años, cuando Luis Moreno Ocampo le preguntó si quería integrar el equipo de la fiscalía de Julio Strassera, ad honorem y después de horario. König aceptó de inmediato. 

Le asignaron la producción y logística de todos los testimonios del megajuicio, recuerda Carlos “Maco” Somigliana, quien la conoció como parte del equipo, en diciembre de 1984, y fue desde entonces su amigo entrañable. “Judith era una persona muy práctica, así que le asignaron contactar a cada uno de los testigos, que estaban en distintas partes del país, para coordinar con ellos su llegada a Buenos Aires, sus pasajes, el hospedaje. Era mucho trabajo -la tarea continuó durante toda la etapa de audiencias- y los testigos venían con mucho miedo, pero con su vitalidad y calidez, ella lo hacía muy bien”, afirmó Somigliana en diálogo con elDiarioAR.

Fue muy valiente en el caso Correo y no se equivocó en nada. La vamos a extrañar.

Gabriela Boquin — Fiscal general ante la Cámara Comercial.

Al estar pegada al teléfono, König era también la receptora de las amenazas para el fiscal Strassera, casi siempre, amenazas de bomba. Somigliana recuerda lo que su amiga les contestaba: “Para amenazas tiene que llamar en otro horario”. Llevaba siempre puestos el buen humor y la sonrisa. 

Cálida y humilde, son otras dos palabras que surgen instantáneamente ante la pregunta: ¿cómo era más allá de lo profesional? Lo resaltaron cada uno de los entrevistados. También su valentía, afirmó la fiscal general Gabriela Boquin.

En base al cálculo de König, a finales de 2016, Boquin estableció que el acuerdo entre el gobierno de Macri y la empresa de su familia -Correo- era “abusivo” y “en detrimento para el Estado”; y la fiscal frenó así lo planificado desde el Ejecutivo. “La conocí cuando la convocamos a la fiscalía para pedirle colaboración. La DAFI era la más preparada para hacer las pericias en materia comercial y siempre estuvo solícita, no sólo a brindar la colaboración, sino a explicarle a los integrantes de mi fiscalía y a mí cuestiones que exceden el conocimiento de un abogado”, contó Boquin a elDiarioAR. 

Le asignaron contactar a cada uno de los testigos del Juicio a las Juntas, que estaban en distintas partes del país, para coordinar con ellos su llegada a Buenos Aires, sus pasajes, el hospedaje.

Carlos "Maco" Somigliana — Equipo Argentino de Antropología Forense, amigo y excompañero del equipo.

“Me pareció siempre una persona sumamente íntegra y honesta, que aún ante casos hipersensibles para la opinión pública, trabajó con convicción y brindando lo mejor de su conocimiento. Era una mujer muy sana, muy humilde, a pesar de sus conocimientos y experiencia”, aseguró Boquin.

Otra característica de König que resaltó la fiscal general y repitieron algunos de sus colegas consultados para esta nota es que “siempre estaba dispuesta a considerar la opinión del otro y a reconsiderar lo que ella pensaba”. “Fue muy valiente en el caso Correo y no se equivocó en nada. La vamos a extrañar”, dijo Boquin.

El fiscal Carlos Rívolo resaltó otras cualidades de König ante la consulta de elDiarioAR: “Después de que se recibió de contadora, a medida que desarrollaba un expertise en investigaciones patrimoniales, contables y financieras se fue haciendo su lugar. Judith fue perito oficial -por el Ministerio Público Fiscal- en causas relevantes de corrupción de todos los gobiernos democráticos”. 

“Era clara y contundente”, agregó Rívolo y destacó cómo fue gestando las distintas oficinas especializadas en criminalidad económica hasta lograr la creación de la DAFI. ¿Cómo era como asesora de los fiscales? “Proponía lo razonablemente probable y no se iba por las ramas”, afirmó el fiscal y titular de la Asociación de Fiscales, organización en la que König fue tesorera hasta que enfermó de cáncer y donde ayudó a que los fiscales tuvieran su propio edificio como sede de la asociación. “Se fue una amiga, filosa y aguda, en todo sentido. Demasiado temprano e innecesariamente”, afirmó Rívolo.

Una historia de amor

En 1994, el ahora fiscal Pablo Parenti era un joven meritorio de la fiscalía de Gabriel Cavallo. En un encuentro de empleados judiciales en la casa de Manuel Garrido vio por primera vez a Judith König y fue amor a primera vista. Ella ni lo registró. Era unos años mayor que Parenti, estaba en pareja y tenía un hijo, Juan. Pasaron unos tres años hasta que volvieron a reencontrarse en los tribunales. Almuerzos de por medio, con amigos en común, terminaron concretando una historia de amor de 25 años. Tuvieron dos hijas, Morena y Julieta.

“Ella siempre fue del aquí y ahora, fue una persona muy libre. También pasaba muchas horas sentada en la silla, trabajando en la computadora. Yo le reclamaba que no trabajara los domingos -recuerda Parenti ante la consulta de elDiarioAR-. En diciembre de 2020, le diagnosticaron cáncer de ovario. Pasó por una cirugía y un tratamiento que duró hasta julio de 2021. Entonces se reintegró al trabajo pero con otro equilibrio, más consciente de que la vida es mucho más. Fueron unos meses super felices, hermosos, salíamos a caminar, se juntaba más con sus amigos, viajamos a Villa La Angostura y a Ushuaia. Judith se sentía bien, yo la vi más luminosa, más serena”, contó Parenti.

Pero en diciembre último, volvió a sentirse mal. 

En diálogo con este medio, un funcionario de un organismo de control contó que hace casi un año, König le dijo que estaba “con energía para dar pelea” al cáncer. “La vida te sorprende, ahora me tocó esto”, le dijo por chat. Meses más tarde, en junio de 2021, le respondió: “El tratamiento se hace largo”.

“Palabra santa”

Tras el Juicio a las Juntas Militares, Moreno Ocampo montó un equipo para colaborar en causas de criminalidad económica y sumó a König. También fue la primera contadora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Fue docente y autora de publicaciones.

Cuando llegó el menemismo hacía años que trabajaba en la Justicia federal realizando investigaciones de delitos económicos y su trabajo no era sólo hallar las pruebas contables, económicas y financieras sino presentarlas de forma tal que los jueces y fiscales las comprendieran.

Entre otros tantos cargos, trabajó como secretaria del juzgado de Martín Irurzun. En 1993, descubrió una serie de supuestas irregularidades en la contabilidad de la empresa Torno, que realizaba las obras de limpieza del río Matanza y que fueron clave para que el juez procesara al entonces embajador en Brasil, Alieto Guadagni, publicó Clarín el 7 de agosto de ese año. 

Se fue una amiga, filosa y aguda, en todo sentido. Demasiado temprano e innecesariamente.

Carlos Rívolo — Fiscal federal y titular de la Asociación de Fiscales.

Ante el avance del caso, en el gobierno de Carlos Menem redactaron un decreto para desplazarla del cargo y nombrarla como defensora oficial en otro juzgado, pero König tenía una amiga que era empleada en la Casa Rosada, quien vio el borrador del decreto y avisó a sus superiores a tiempo: era contadora, no abogada. No le encontraron otro cargo y el decreto nunca se firmó.

“Sufrió situaciones de maltrato, de injusticia, de chocarse con la incompetencia de otros, de ver cómo se intentaron muchas veces forzar pruebas, y eso la amargaba mucho”, contó a elDiarioAR una persona de su máxima confianza. “Pero tenía sus estrategias para protegerse a ella misma y a su equipo. Siempre dejaban un dictamen escrito con su posición”, agregó.

El influyente Alberto Binder, abogado especializado en derecho procesal y proceso penal, recuerda que König “fue siempre una de las personas que estaba presente en la ardua tarea de construir herramientas más eficaces contra la corrupción y la criminalidad financiera. Cumplió un papel importante en el fortalecimiento de la capacidad de investigación en los delitos economicos. No tenemos mucha gente así”, afirmó Binder ante la consulta de este medio.

Ella siempre fue del aquí y ahora, fue una persona muy libre. También pasaba muchas horas sentada en la silla, trabajando en la computadora.

Fiscal Pablo Parenti — Esposo.

“Una de sus innovaciones fue que los fiscales pudieran tener sus propios peritos contables”, resaltó Parenti, quien actualmente lidera la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (UFICANTE).

El fiscal general Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), dijo a elDiarioAR: “Tengo una tristeza enorme porque la pérdida de Judith es una pérdida tremenda. Todos los que la conocíamos realmente estamos muy tristes y todavía estamos buscando explicaciones. Son las injusticias de la vida”. 

“Creo que Judith conoce el Ministerio Público Fiscal como pocos y sin dudas que la institución ha perdido una gran baluarte. Un informe de Judith en una causa penal era palabra santa para todos, para las partes, para los jueces. El rigor con el que conjugaba su lado contable, su lado económico y su lado del derecho”, añadió Rodríguez. “Maravillosa, cálida y con mucho carácter, con firmeza. Si tenía que decirte algo que le parecía mal, no dudaba en hacerlo”. Rodríguez también la va a extrañar, aseguró. 

Generaciones

La vida de König tiene otro costado más: los y las más jóvenes del ámbito de fiscalías, ONGs, centros de estudios y universidades la valoran como referente y recuerdan su generosidad y capacidad docente. Los periodistas también conocimos esa faceta suya, cuando nos ahogábamos en informes contables y financieros y recurríamos a la pitonisa de la DAFI para desentrañar la historia detrás del tecnicismo. 

La fiscal federal Alejandra Mángano también trabajó con König en varios casos de corrupción económica. “Fue una mujer solidaria, sorora, divertida y buena compañera. Su importante trayectoria la hizo también una gran docente y formadora profesional para muchos fiscales, entre quienes me incluyo. La vamos a extrañar mucho”, dijo a este medio la fiscal y cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

Un informe de Judith en una causa penal era palabra santa para todos, para las partes, para los jueces.

Sergio Rodríguez — Fiscal general y titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

“Brillante e inteligente, siempre se anticipaba a los acontecimientos”, afirmó la economista y contadora Magdalena Rúa. “Sabía más de derecho procesal penal que cualquier abogado. Ella era la directora de la DAFI pero nos presentaba siempre como compañeros de trabajo”, agregó.

Martina Cirimele, exdirectora ejecutiva del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), también resaltó la generosidad de König y su predisposición a compartir sus conocimientos y su tiempo. “Es una referenta en investigación financiera y patrimonial -contó la joven la especialista-. Cuando inauguramos el grupo de género en el CIPCE, ella se reunió con el equipo para aportar todas sus ideas y sus ganas para la incorporación de esta perspectiva al estudio de la criminalidad económica. Siempre con mucho entusiasmo”. 

“No sé si Judith se consideraba feminista, pero lo era”, contó a elDiarioAR una de sus colaboradoras en la DAFI.

“Una pionera en la investigación financiera que dejó una huella en sus colaboradores, siempre luchando por los intereses de los que menos tienen y pueden”, afirmó Magalí Bausset, una de sus colaboradoras en la DAFI. En marzo de 2021, König dejó uno de sus puntos de vista en Twitter, algo que no solía hacer con frecuencia. “No importa qué tributos progresivos quieran imponer los legisladores, siempre va a haber un juez conservador dispuesto a salir en defensa de los ricos que no quieran pagar impuestos. Así se mantiene la regresividad tributaria y los pobres siguen pagando el IVA”, escribió.

Fue una mujer solidaria, sorora, divertida y buena compañera.

Alejandra Mángano — Fiscal federal y cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

Un funcionario de un organismo de control que compartió con König diversos casos de investigación en los años ‘90 y 2000, recuerda a la experta pronunciando reiteradamente el nombre “Morena”, su primera hija con Parenti. “La tenía siempre presente”. Más tarde, nació Julieta, su segunda niña. 

Sebastián Narvaja, fiscal de la Unidad de Delitos Económicos de Santa Fe, recalcó que en su provincia, König “fue incondicional colaboradora para capacitar investigadores”. El abogado Pedro Biscay recordó el aporte de la experta en “el cómputo del perjuicio del caso Greco”.

“Habíamos conseguido la detención de un prófugo y eso le costó una apuesta. La llamé contento y me dijo: ‘Prisión preventiva consigue cualquiera. El tema es que esté preso con condena’ -contó a este medio otro investigador del Ministerio Público Fiscal-. Igualmente pagó el almuerzo por la apuesta en un prestigioso club de la Ciudad de Buenos Aires. ‘Acá están todos los que investigás, te traje sólo para que veas que el trabajo termina cuando tengamos condena’. La condena del prófugo llegó en 2019 y me replicó: ‘Aún falta, tiene que estar firme’. Incansable motivadora”, concluyó.

Su esposo, Parenti, recordó una de sus últimas huellas: “Cuando se enfermó y después, en los últimos días, me dijo que ella estaba tranquila, serena. Estaba conforme con su vida y sonreía mucho. La vi con mucha paz, tenía ganas de vivir pero estaba tranquila. Me dijo: ‘Hice todo, tuve una vida hermosa’”.

Este artículo se corrigió a las 15:08. Donde decía Juana debía decir Julieta. König falleció el sábado 29 de enero de 2022 debido a un cáncer de ovario. También se debió quitar un testimonio en on the record a pedido de la autora del testimonio posterior a la publicación.

ED

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) realizará durante este lunes y martes tareas de excavación y exhumación en el cementerio de Villa Paranacito, provincia de Entre Ríos, en el marco de la causa que investiga los denominados “vuelos de la muerte”, con el objeto de identificar posibles víctimas de este procedimiento utilizado durante la última dictadura para la desaparición forzada de personas.

Los peritos trabajarán sobre siete sepulturas señaladas por quien se desempeñaba como sepulturero durante aquella época y que al declarar como testigo hizo ese aporte que puede resultar fundamental para la causa, informó la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay, a cargo de Josefina Minatta.

El trabajador del cementerio relató que, durante los años de la dictadura, personal de la Policía y de Prefectura Naval Argentina en varias oportunidades le llevó cuerpos de personas fallecidas.

Explicó que se los dejaban tirados en el muelle del cementerio, sin cajón, sin identificación y sin ningún tipo de cuidados, para que él los enterrara.

El juez federal que interviene en la causa, Pablo Seró, ordenó la exhumación de los restos enterrados sin identificación.

El EAAF, que ya estuvo hace quince días inspeccionando el lugar, buscará en principio en las sepulturas señaladas y sobre las cuales la fiscal Minatta solicitó medidas cautelares de no innovar.

En función de las labores que realicen, los antropólogos evaluarán si es necesario excavar y exhumar cuerpos en alguna otra área.

La coordinación de las tareas estará a cargo de Carlos Somigliana junto a un grupo de profesionales del organismo reconocido internacionalmente por la búsqueda de restos de personas desaparecidas.

Con información de agencias.

IG