El exjuez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila fue condenado este lunes a 6 años de prisión por haber recibido coimas por parte de narcotraficantes, a cambio de fallos que los podían beneficiar. Sin embargo, resultó absuelto de haber formado parte de una asociación ilícita, según informaron fuentes judiciales.

El fallo fue dictado este mediodía por el Tribunal Oral Federal correntino, el cual consideró que el exmagistrado fue autor de tres hechos de “cohecho pasivo agravado por su condición de magistrado” y otros tantos de “prevaricato”, a lo que le fijó una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y al pago de una multa de 37 mil pesos.

En un veredicto por mayoría, los jueces Juan Manuel Iglesias, Manuel de Jesús Moreira y Rubén Quiñones también condenaron a los secretarios de Soto Dávila, Pablo Molina y Federico Grau, a cinco y cuatro años de prisión respectivamente, como partícipes necesarios de “cohecho pasivo agravado”. Al igual que el exjuez, estos dos acusados también fueron absueltos de “asociación ilícita”.

En tanto, el abogado Duylio Barboza Galeano recibió una pena de dos años por “cohecho activo agravado” (es decir, haber pagado coimas), mientras el exintendente de la localidad correntina de Empedrado, Juan Manuel Faraone, así como los letrados Gregorio Giménez y Tomás Viglione fueron absueltos.

Los imputados fueron sometidos a juicio oral como presuntos integrantes de una organización criminal, apaentemente liderada por Soto Dávila cuando este estaba a cargo del Juzgado Federal 1 de Corrientes. Si bien durante una etapa del proceso el exmagistrado estuvo con prisión domiciliaria por esta causa, llegó al debate en libertad como sus dos exsecretarios.

Los fiscales federales Carlos Schaefer y los de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias y Martín Uriona, habían acusado a Soto Dávila de ser el jefe de una asociación ilícita, de ocho casos de cohecho pasivo agravado y de nueve casos de prevaricato por haber dictado sentencias contrarias a derecho.

En sus alegatos, los fiscales habían pedido que Soto Dávila fueran condenado a 15 años de prisión, mientras que Molina y Grau a 12 y 9 años y seis meses, respectivamente. Es por ello que se espera que los fiscales apelen el fallo del tribunal de primera instancia tras analizar los fundamentos, que se conocerán el próximo 16 de agosto.

Según la acusación, en distintas causas tramitadas en el juzgado de Soto Dávila se habrían concretado diversas negociaciones y presentaciones por escrito para que, a cambio de dinero o beneficios, se dictaran resoluciones, se omitieran o se demoraran fallos que debían dictarse, con la finalidad de beneficiar a personas investigadas por narcotráfico.

Respecto del accionar del exjuez, se consideró que ocurría mediante el dictado de órdenes de libertad, resoluciones de falta de mérito o exenciones de prisión o, incluso, se indicaban participaciones menores a quienes dirigían las actividades de narcotráfico, detallaron las fuentes.

Luego de la sentencia, la abogada Mariana Barbitta, defensora de Soto Dávila, dijo que “el paso siguiente es el recurso de casación” para apelar la condena, pero que primero deben conocer los fundamentos de la sentencia el próximo 16 de agosto.

“Vamos a discutir cada uno de los puntos que va a fundamentar el tribunal respecto a esta condena”, argumentó la letrada y agregó: “A nuestro criterio, es una condena ilegal porque no entendemos cuál sería el sostén jurídico de esta imposición de pena, un monto desproporcionado en relación a la edad de mi cliente, en relación a su trayectoria, que no tiene antecedentes judiciales. Es un veredicto que va a ser absolutamente cuestionado”.

La defensora recordó que esta investigación fue “una derivación de la famosa causa Sapucay”, en la que se desbarató una banda narco trasnacional que operaba desde la localidad correntina de Itatí. “Cuando uno revisa eso, advierte cuestiones que no están claras, que están direccionadas hacia un objetivo que probablemente haya sido, no solamente manchar el honor de mi cliente”, opinó.

“No vamos a bajar los brazos, este es el comienzo de una pelea que recién empieza”, concluyó Barbitta.

Aníbal Ibarra, abogado del exsecretario Grau, dijo por su parte a la prensa que también apelará la condena en Casación. “Quiero escuchar los fundamentos, no había elementos para ninguno de los hechos”, indicó al considerar el fallo como “absolutamente injusto”.

Por otro lado, en esta causa hubo otros involucrados que arribaron a acuerdos de penas en juicios abreviados, como los abogados Jorge Vallejos y Omar Serial; así como los contrabandistas de marihuana Carlos “Cachito” Bareiro, Marín Torres y Pablo Torres.

LC con información de agencia Télam

Walter Ricardo Bento, juez federal con competencia electoral de Mendoza, fue suspendido este miércoles de sus funciones por el Consejo de la Magistratura, el cual decidió promover su proceso de destitución por “mal desempeño” en el cargo. La decisión fue tomada por unanimidad durante un plenario de la Magistratura, presidida por Horacio Rosatti, en el que solo hubo una disidencia parcial en los 19 votos de los presentes.

El juez Bento es investigado en la justicia penal por ser supuesto líder de una asociación ilícita. Para llevar la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento, que tendrá seis meses para expedirse. Para el proceso fueron designados los consejeros Eduardo Vischi, Roxana Reyes y Miguel Piedecasas.

La suspensión del magistrado fue votada por Rosatti, Vischi, Reyes, Piedecasas, Diego Barroetaveña, Jimena De la Torre, Alejandra Provítola, Gerónimo Ustarroz, Rodolfo Tailhade, Héctor Recalde, Mariano Recalde, Hugo Galderissi, Guillermo Tamarit, María Fernanda Vázquez, Alvaro González y Vanesa Siley, en tanto que Alberto Lugones lo hizo con una disidencia parcial.

Bento, nombrado en el año 2005, también fue procesado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, debido a que se concluyó que su nivel de vida no coincidía con sus ingresos como magistrado. La medida fue confirmada por la Cámara Federal de Mendoza, que incluyó su prisión preventiva pero que el juez no cumplió por su cargo.

Al ser considerado líder de una asociación ilícita que cobraba dinero a imputados de narcotráfico y contrabando, el juez federal Eduardo Puigdéngolas sostuvo que Bento “en ejercicio de su función era el único que podía analizar, decidir, diagramar, coordinar y ejecutar el acuerdo ilícito y su correlativo beneficio judicial, valiéndose luego del aporte de los restantes miembros para su materialización”.

El consejero Piedecasas, al presentar el dictamen de la Comisión de Acusación, recordó que la Cámara Federal de Mendoza fue la que “puso en marcha” el caso contra Bento, quien tiene procesamientos por una decena de “graves delitos”. El documento fue finalmente aprobado esta tarde por el pleno.

Antes de la votación, el consejero por el oficialismo Tailhade pidió la palabra para remarcar que los miembros de su bloque “no pretendieron encubrir a nadie”, al criticar que “desde hace 20 o 30 días” fueron “víctimas de operaciones de prensa” en la provincia de Mendoza y a nivel nacional.

En tanto, el Consejo notificó a las cámaras correspondientes la suspensión y promoción del juicio de remoción del juez federal Bento, en notas firmadas por Rosatti. En las misivas dirigidas a los titulares de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía, y la Cámara Nacional de Apelaciones de Mendoza, Manuel Alberto Pizarro, el juez supremo comunicó la determinación de “abrir el proceso de remoción” de Bento, “formular la acusación correspondiente” y “suspender en sus funciones” al magistrado federal.

Al tribunal con asiento en Mendoza, el presidente de la Corte Suprema de Justicia requirió que se notifique la suspensión a Bento y que “una vez efectuada la diligencia” y “dentro de la mayor brevedad posible”, se remita la respectiva constancia al Consejo.

Hace dos semanas, la comisión de Acusación del Consejo aprobó con el voto de los consejeros opositores y la abstención de los oficialistas, el inicio del proceso de destitución del juez mendocino, por el presunto mal desempeño en sus funciones.

En paralelo al proceso de la Magistratura, Bento enfrentará el próximo 26 de julio un juicio en su contra, donde se encuentra acusado de cobrar a presos por narcotráfico y contrabando a cambio de beneficios. En este complejo escenario, el mendocino ofreció su descargo en octubre del 2022 en dos etapas que sumaron más de 7 horas de exposición ante los consejeros, a quienes les dijo ser “inocente” y no haber cometido “ningún delito”.

Sin embargo, sus explicaciones no convencieron a los consejeros, quienes aprobaron el proceso en la comisión con los votos de los consejeros opositores y la abstención de los oficialistas por “inconsistencias” en el dictamen.

“Nuestro bloque decidió no acompañar ese dictamen pero no se trató de una oposición al planteo acusatorio, mucho menos de un bloqueo y ni hablar de una defensa del magistrado, que claramente tiene que dar explicaciones”, señaló Tailhade. “El dictamen no estaba a la altura de la gravedad de los hechos”, amplió el también diputado y añadió que era “un dictamen acusatorio inconsistente, que no trató con seriedad la prueba que se produjo a lo largo de la investigación y que no refutó los argumentos de descargo que presentó Bento”.

Además del caso Bento, el plenario intentará acordar ternas para cubrir cargos en tribunales orales criminales y en juzgados de ejecuciones fiscales y tributarias.

LC con información de agencia Télam

Uno de los jueces de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda sufrió este sábado “un traumatismo leve y un corte superficial en el mentón” al ser atropellado por un ciclista en el barrio porteño de Recoleta. El magistrado fue derivado al Hospital Fernández, donde le practicaron un estudio de rutina.

Al cruzar la calle Suipacha al 1100, cerca de las 15 de este sábado, Maqueda resultó embestido por la izquierda por una persona en bicicleta, lo que le ocasionó una caída que le produjo una herida en el mentón y un golpe, indicaron fuentes policiales.

Intervino personal de la Comisaría Vecinal 1A de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que convocó a personal del SAME para trasladar al juez del máximo tribunal al Hospital Fernández, donde le practicó un examen de rutina.

El ministro de la Corte luego fue derivado al Instituto Argentino del Diagnóstico, donde le realizaron una tomografía que determinó que no hubo daño neurológico como producto de este incidente en la vía pública.

Interviene en el hecho la Unidad fiscal de Flagrancia Este, que inició actuaciones por “lesiones culposas”.

Voceros policiales confirmaron que le realizaron a Maqueda una sutura en el mentón por el corte sufrido en la caída y quedará en observación dado que posee antecedentes cardiológicos. Lo acompañaban a Maqueda su custodia de la Policía Federal y secretarias de la Corte.

El magistrado, de 72 años, nació en Río Tercero, Córdoba, el 29 de diciembre de 1949. Es ministro de la Corte desde diciembre de 2002 a propuesta del presidente Eduardo Duhalde. Es abogado graduado en la Universidad Católica de Córdoba especializado en Derecho Constitucional y Ciencia Política.

El actual integrante del máximo tribunal de justicia fue presidente provisional del Senado de la Nación entre enero y diciembre de 2002 y senador nacional desde diciembre de 2001 a diciembre de 2002. También fue diputado nacional entre diciembre de 1991 y julio de 1999 y convencional constituyente entre mayo y agosto de 1994.

MB con información de agencias de noticias Télam y NA

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut inició un sumario por “conductas inadecuadas” a una jueza de Comodoro Rivadavia que fue captada por una cámara de seguridad del Servicio Penitenciario provincial cuando aparentemente se besaba con un preso al que recientemente había juzgado y condenado por el crimen de un policía, aunque la magistrada negó tener una relación sentimental con él y enmarcó el encuentro en una cuestión “laboral”.

“No tengo una relación sentimental con esta persona. Es del tipo laboral, posterior a la entrega de mi sentencia”, dijo la magistrada Mariel Suárez respecto de su vínculo con el recluso Cristian “Mai” Bustos.

“En ningún momento lo besé. No tenemos una relación sentimental. Es la segunda vez que lo veía”, insistió la jueza, quien dijo que las aproximaciones entre ambos que se ven en el video son porque era necesario “mantener mucha privacidad” para hablar a sabiendas de que había otras personas que podían escuchar,

Suárez, jueza de la Circunscripción de Comodoro Rivadavia, fue una de las tres magistradas que el 22 de diciembre pasado condenó en Esquel a Bustos a prisión perpetua por matar en 2009 a un policía en un tiroteo y herir de gravedad a otro.

A diferencia de las otras dos juezas, Suárez votó en disidencia en cuanto a la pena a imponerle al condenado y pidió una menor.

Además de ese crimen, Bustos fue condenado por el homicidio de su bebé de nueve meses a 20 años de prisión en otro juicio, recordaron las fuentes.

El encuentro entre la jueza y el recluso ocurrió la tarde el miércoles 29 de diciembre último, a una semana del veredicto, dentro del Instituto Penitenciario Provincial (IPP) ubicado entre Trelew y Puerto Madryn, según un comunicado oficial del Superior Tribunal de Justicia.

“A raíz de una comunicación formal dirigida a los Ministros en feria se tomó conocimiento de un encuentro requerido por una jueza penal de la circunscripción de Comodoro Rivadavia y un recluso alojado en dicho centro penitenciario, considerado de alta peligrosidad y recientemente condenado en el marco de un juicio oral y público sustanciado en la ciudad de Esquel”, detalla el parte oficial del Poder Judicial.

“De los datos comunicados desde el IPP surgen que la jueza habría incurrido en conductas inadecuadas para un magistrado. Las actuaciones se dirigen a dilucidar las circunstancias de dicha reunión entre una magistrada y un condenado, el tenor del encuentro, su extensión en el tiempo y las características del mismo, que puedan implicar violaciones a la Ley de Ética Pública y/o al Reglamento Interno General del Poder Judicial”, concluye.

De acuerdo a las fuentes, los detalles del encuentro fueron denunciados por un oficial del Instituto Penitenciario a sus superiores mediante un escrito que fue difundido a la prensa local, en el que se indica que a las 16.40 de ese día la jueza Suárez concurrió a la dependencia para entrevistarse con el condenado Bustos.

El oficial describió que el sector de encuentro posee cámaras de monitoreo -que permiten ver qué sucede aunque no almacenan imágenes- y que en determinado momento observó que la jueza y el recluso “comienzan a tener contacto físico, como abrazos, besos (en la boca) siendo reiterado este tipo de comportamiento en ambos”, según el escrito.

A raíz de ello se puso en conocimiento a la Justicia, que inició el sumario administrativo.

“Todavía no me notificaron de nada. Tengo en el descargo los testimonios para que vean que el trabajo es real”, agregó la jueza, quien consideró que “llamó la atención” que se haya “humanizado” y tratado bien a un condenado,

“Fue un acercamiento distinto de un juez. Cumplo bien mi rol de jueza y voy a seguir adelante con mi proyecto”, aseguró.

Con información de agencia Télam.

AB

La organización Amnistía Internacional envió este martes una carta al presidente Alberto Fernández para solicitar que la actual vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación sea cubierta por una jueza, de forma tal de “preservar la representación de las mujeres” en el máximo tribunal.

Ante la renuncia de la magistrada Elena Highton de Nolasco, Amnistía y otras organizaciones indicaron que “hoy las mujeres no están representadas en lo absoluto en la cúpula del Poder Judicial, conformado por cuatro miembros hombres desde el 1 de noviembre”.

Por ese motivo, señalaron que “es necesario e imperativo que antes del vencimiento del plazo legal de 30 días se postule a una mujer para ocupar dicho cargo, de forma tal de preservar la representación de las mujeres en el máximo tribunal y para superar la subrepresentación de mujeres en los cargos de mayor jerarquía del Poder Judicial de la Nación”.

En la misiva dirigida al mandatario, Amnistía y las otras organizaciones recordaron los “compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de derechos humanos, en consonancia con los estándares recogidos a nivel nacional por el Decreto Nacional 222/2003 para la conformación del máximo tribunal de justicia del país”.

También remarcaron que la postulación “debe adecuarse a los estándares de representatividad federal y a los requisitos de integridad moral e idoneidad técnica que el cargo demanda”.

“El fortalecimiento institucional del Poder Judicial es fundamental para el respeto del Estado de derecho y los derechos humanos. En América Latina aún falta mucho para alcanzar la paridad de género en la Justicia”, sostuvo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, a través de un comunicado.

Belski planteó que “la participación igualitaria de las mujeres en las esferas de decisión es especialmente importante para la legitimidad e impacto de las decisiones de la Corte Suprema”.

Firmaron la misiva junto a Amnistía las organizaciones Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y la organización Gqual.

AB

Norberto Oyarbide no fue un buen juez, pero tampoco el peor de todos. Obviamente no fue el magistrado modelo que prevé la Constitución Nacional. Llegó al cargo en 1994 envuelto en sospechas sobre su independencia y se jubiló en medio de una confusa trama (que nunca se aclaró) en 2016, bajo esas mismas sospechas. Lo conocí en sus últimos meses como fiscal. Lucía impecables trajes blancos que combinaba con zapatos del mismo color. A menudo organizaba eventos en su oficina, a los que concurrían entonces importantes funcionarios judiciales. Tuvimos siempre buena onda en términos personales, aunque la relación profesional estuvo surcada por los desacuerdos.  

Había muchos Oyarbides. Cuando le tocó resolver casos complejos y de alto impacto público su trabajo fue coherente. Siempre se amoldó a las necesidades del poder de turno o a las propias, ligadas a los pedidos de enjuiciamiento que lo acompañaron durante toda su trayectoria. Oyarbide se acercó a ese modelo de juez que en “República de la Impunidad” (Ariel 2020) llamé “juez rockstar”; para definir a los jueces que buscan notoriedad y no hacen justicia. Pero Oyarbide se comportaba así en las causas que él llamaba de “ricos y famosos”, que eran sus preferidas. Disfrutaba de las tensiones propias de un cargo tan complejo. Incluso de momentos de mucha tensión cuando, por ejemplo, poderosos imputados durante las audiencias le reprochaban en su cara su trabajo como juez. Vi como soportaba esos transes sin despeinarse.

También le gustaba la ansiedad de los cronistas judiciales para acceder a información en off. Jugaba con esas necesidades y administraba esa información con mucha eficacia. Supo mover los expedientes al ritmo de los requerimientos sociales. Por ejemplo, procedimientos judiciales en momentos del prime time televisivo, citaciones a personas reconocidas en horarios precisos, resoluciones procesales publicadas el día indicado. Oyarbide supo jugar como nadie los “juicios mediáticos”

Cuando intervino en causas “normales” su trabajo era diferente. Recuerdo que en una época saludaba a todos los detenidos que pasaban por su juzgado y a todos les daba su teléfono celular para que lo llamen ante cualquier problema. A las chicas que colaboraban con él les regalaba flores los 21 de septiembre. También recuerdo sus obsesiones por la atención al público y a los abogados en su juzgado. Llegó a colocar cámaras en la mesa de entradas y personalmente monitoreaba la relación entre los empleados y los litigantes. A punto tal que muchas veces abría el micrófono y dejaba su opinión en las típicas discusiones entre abogados y empleados judiciales.

Pero todos los diferentes “Oyarbides” confluían en un punto: la exageración de sus actos. Teatralizó gran parte de su vida pública. Narraba con orgullo por los pasillos de Comodoro Py, siempre seguido por sus fieles custodios (los gladiadores), que Mirtha Legrand lo felicitó por su trabajo investigando medicamentos truchos. Convirtió algunas audiencias en sesiones cinematográficas. Recuerdo una tarde memorable, cuando recibió en su juzgado a Chiche Gelblung, acusado de hacer apología de las drogas. Protagonizaron escenas desopilantes. Uno en defensa de la libertad de prensa. El otro explicando la importancia del acto procesal de defenderse. Norberto Oyarbide tuvo muchos rostros como magistrados. Fue un modelo de juez, no un juez modelo, que dejó marcas muy importantes en el sistema judicial. Su polémico comportamiento, habla de él. Es verdad. Pero Norberto Oyarbide fue juez por mas de 20 años. Y ello habla del desempeño de nuestras instituciones. 

FD