¿Quién podía imaginarse viendo a ‘Fleco y Male’ irrumpir en los espacios publicitarios televisivos para decirnos que ‘la marihuana destruye las neuronas’ y que ‘todo aquel que consume está enfermo y necesita curarse’, que 25 años después habría formas legales de cultivar y consumir cannabis? 

Tanta firmeza en la demonización y patologización, difícilmente permitían avizorar entonces un futuro con lugar para una revista especializada que –entre otras cosas- enseña a cultivar esta planta, para una Expocannabis congregando multitudes cada año, para empresas provinciales de cultivo e industrialización a gran escala, para médicos recetando cannabis o cientos de científicos estudiando el potencial terapéutico o fabril.

Es que si bien los 40 años democracia no resultaron suficientes para dar con tierra con el modelo prohibicionista de los estupefacientes, permitieron el nacimiento y desarrollo de un movimiento por la despenalización o regulación que dio sus mayores frutos en el caso de la marihuana, con la sanción de leyes de investigación sobre los usos terapéuticos de la planta de cannabis (2017) y de desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial (2022), en consonancia con un movimiento mundial reivindicativo del cannabis como sustancia fitoterapéutica

“En nuestro país la tenencia de estupefacientes, así sea con fines de consumo personal, se encuentra penalizada, lo que sucede es que si el cultivo o el consumo va a ser con fines terapéuticos y la persona así lo acredita ante la autoridad sanitaria de aplicación, puede inscribirse en un registro y estará exceptuado de la prohibición penal”, explicó el abogado especializado de la Asociación Pensamiento Penal, Andrés Bacigalupo.

Es que la ley vigente (la 23.737 de1989), castiga la tenencia de estupefacientes para uso personal a pesar de que en el año 2009 la Corte Suprema de Justicia consideró que esta figura es inconstitucional por su incompatibilidad con el artículo 19 de la Constitución.

La norma pena con 1 mes a 2 años de prisión a quien “siembre o cultive plantas o guarde semillas, precursores químicos o cualquier otra materia prima para producir o fabricar estupefacientes” cuando éstos sean para consumo personal.

Quedan exceptuadas de esa persecución penal desde 2021 las personas incorporadas en el Registro del Programa de Cannabis (Reprocann) que ya tiene 300 mil inscriptos, en virtud de la Ley de investigación del cannabis medicinal sancionada en 2017.

“Como por otro lado tenemos una ley del año 2022 que impulsa el desarrollo productivo del cannabis medicinal y del cáñamo industrial, el paso que quedaría por dar es una regulación integral que permita el uso adulto y responsable sin necesidad de demostrar fines terapéuticos o estar inscripto en un registro del Estado, como sucedió en Canadá, Uruguay y en varios estados de los Estados Unidos”, agregó

Y es posible avanzar en ese sentido porque si bien “el cannabis es una sustancia que se encuentra controlada a nivel internacional por los convenios (sobre estupefacientes) de la ONU” a los que Argentina adhiere, “esos tratados no obligan a los Estados a penalizar el uso personal” y los países pueden regular “adoptando políticas públicas no punitivas, sino con enfoque sanitario y las eventuales restricciones o sanciones ser regidas por el derecho administrativo, como sucede con el alcohol”.

A su turno, la referenta de Mamá Cultiva Valeria Salech aseguró a este medio que los mayores avances en materia de cambio de status del cannabis se dieron más en términos de “legitimidad del uso” que de “situación legal”

“La percepción social siempre está un poco más adelantada que las leyes, entonces hoy tenemos una planta que está siendo estudiada e investigada por diferentes profesionales de todos los ámbitos de la ciencia –donde el avance fue hermoso, rápido, organizado y colectivo- y a la que la gente ve de otra manera porque ya no le tiene miedo”, dijo.

La percepción social siempre está un poco más adelantada que las leyes, entonces hoy tenemos una planta que está siendo investigada –donde el avance fue hermoso, rápido, y colectivo- y a la que la gente ve de otra manera porque ya no le tiene miedo

Valeria Salech — Mamá Cultiva

Dos cigarrillos de marihuana

Al momento de la recuperación democrática, en Argentina estaba vigente la ley 20.771 sancionada en 1974 durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón que penaba con prisión de 1 a 6 años la tenencia, incluso para consumo personal, de estupefacientes. Y la marihuana era considerada estupefaciente a nivel nacional desde 1968, con la sanción de la ley 17.756 que, no obstante, sólo penaba la tenencia que excediera las cantidades consideradas para el uso individual.

En consonancia con esto, en 1978 la Corte Suprema en el “Fallo Colavini” ratificó una condena a dos años de prisión en suspenso para un joven por habérsele encontrado dos cigarrillos de marihuana durante una requisa, con el argumento de que sin consumidores no hay producción de drogas.

“Recuperada la democracia, en el imaginario social y político el cannabis no se diferenciaba mucho de sustancias más dañinas –como la cocaína y sustancias sintéticas más nueva–-,pero sí que el consumo personal de estupefacientes en la esfera privada empieza a ser concebido de manera más liberal, en el sentido de protección de las libertades civiles que el Estado se tiene que abstener de vulnerar y garantizar”, dijo Bacigalupo.

Esto se manifiesta, entre otras cosas, en la realización de la Primera Marcha de la Marihuana Libre a la que asistieron 100 personas en 1983 o la publicación de una nota de tapa preguntándose “¿legalizar la marihuana?”, según el libro “Marihuana” del periodista Fernando Soriano.

En este contexto, la CSJN produce en 1986 el “fallo Bazterrica” que declaró inconstitucional la penalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal, a partir del caso del guitarrista de la Los Abuelos de la Nada que había sido detenido en 1983 y posteriormente condenado por poseer 3.6 gramos de marihuana y 0.06 gramos de cocaína.

Para el director de la revista THC Sebastián Basalo, esa sentencia fue “el primer cuestionamiento que tuvo el prohibicionismo” en Argentina.

“Pero la postura liberal en relación a una reforma (de la ley de drogas) que miraba con simpatía la despenalización del consumo de estupefacientes, termina perdiendo peso frente a posturas prohibicionistas favorecidas por los medios con su narrativa del ‘problema de la droga’, la presión de los gobiernos norteamericanos así como por el debilitamiento de la democracia tanto por presiones militares como por el hartazgo político”, dijo Bacigalupo.

Casi tres meses después comenzar la gestión de Carlos Menem, el Congreso aprueba la ley 23.737 que amplió las penas para el tráfico y siguió penalizando la tenencia, aunque reduciendo el castigo de un mes a dos años de prisión “cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal”. 

Además, habilitaba a los jueces a ordenar “medidas de seguridad curativa” consistentes en “tratamiento de desintoxicación y rehabilitación” en caso de tenencia para consumo personal, decisión que ponía en suspenso el cumplimento de la pena y que conducía a la eximición en caso de “resultado exitoso”.

“Hay una primera etapa de 20 años con gran protagonismo del prohibicionismo, caracterizada por una mirada social muy condenatoria sumado a un enfoque fuertemente penal de parte del Estado frente a los usuarios y usuarias, cultivadoras y cultivadores de cannabis”, dijo Basalo.

Hay una primera etapa de 20 años con gran protagonismo del prohibicionismo, caracterizada por una mirada social muy condenatoria sumado a un enfoque fuertemente penal de parte del Estado

Sebastián Basalo — Director de THC

Como otro síntoma de los tiempos, por un lado, el máximo tribunal se pronunció nuevamente en contra de la despenalización con su “fallo Montalvo” de 1990 que ratificó una condena por tenencia de marihuana para consumo personal; y, por otro, el músico Andrés Calamaro fue procesado en 1994 por haber dicho en un recital que se “fumaría un porrito” con el cargo de “apología” del que resultaría absuelto recién en 2005.

Como resultado de estas políticas, Basalo describe que Argentina era el país de “más de 30.000 personas criminalizadas por año, del negocio de las internaciones compulsivas y el crecimiento del narcotráfico”.

“En esa época, era habitual considerar que todo uso de sustancias psicoactivas devenía en consumo y todo consumo era problemático, por eso se concebía al usuario como un enfermo y la ley refleja esta solución híbrida de tratarla (terapéuticamente) pero bajo la amenaza de castigo”, dijo Bacigalupo

Una nueva etapa caracterizada por una intensa lucha civil por un cambio de paradigma sobre el sobre las políticas públicas sobre drogas, se inicia hacia 2004 y se prolongará hasta 2017, cuyos hitos son la aparición del autocultivo de cannabis, la salida a los kioscos de la Revista THC (2006), el fallo Arriola (2009) de la Corte, la formulación de un proyecto de ley unificado para la despenalización del consumo de drogas (que termina fracasando en 2012) y la realización de la Primera Marcha Nacional por la Despenalización del Cannabis.

“En medio del desierto sale a la calle la revista THC, que enseña a cultivar para alejar a los usuarios del narcotráfico, que sale a decir que el cannabis tenía usos medicinales,  que además servía industrialmente para generar trabajo, y que no solo había derecho a usarlo responsablemente, sino que teníamos que tener una política de reducción de riesgos y daños”, dijo.

Para Basalo, la revista fue clave para el surgimiento de todos esos movimientos pero los comienzos fueron difíciles porque “nos trataban de locos, nos censuraron en varias provincias y recibimos innumerables denuncias penales por hablar del cannabis”.

“En el 2013 Uruguay se convierte en el primer país que regula el cannabis pero en Argentina el proceso de legitimación del cannabis que había producido marchas masivas llega a un límite porque los instrumentos republicanos no logran absorber y transformar eso en un cambio social, y entonces se pasa de pedir la despenalización en general a un movimiento que se propone ir paso por paso”, dijo.

Y el primer paso es la búsqueda de regulación del uso del cannabis con fines medicinales, apalancada con las historias de niños con epilepsia refractaria, que logran reducir drásticamente el número de sus convulsiones y que se viralizan por las redes sociales.

“En ese momento todo el movimiento cannábico se fue alineando detrás de quienes llevamos la voz del uso medicinal porque entendían que era prioritario avanzar en el uso terapéutico de la planta porque antes que nada estaba la salud. Desde la necesidad pero también desde la empatía, nosotras pudimos conseguir un primer paso que es el reconocimiento de los usos terapéutico de la planta, lo cual lo distingue del resto de las drogas”, dijo Salech.

Fue así como en 2017 se logra la sanción de la ley 27.350 de “Investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados”, cuya primera reglamentación ignoró el autocultivo –principal reclamo del movimiento cannábico que la impulsó– contemplado en su artículo 8.

Esto fue subsanado en 2020, cuando un nuevo decreto reglamentario autorizó esta práctica a todos los inscriptos en la nómina de pacientes con indicación médica de tratamiento a base de cannabis.

“El cultivo de cannabis sigue siendo fuertemente perseguido como delito y los datos de la Procuraduría de la Narcocriminalidad muestran un claro aumento del 171,6% de las causas penales en 2021, el año que el Reprocann entró en funcionamiento”, dijo Bacigalupo.

Según estas estadísticas, en 2020 se iniciaron 320 causas a cultivadores –muy cerca del record de 330 de 2016-, pero al año siguiente esa cifra saltó a 869 y el año pasado descendió sólo hasta 608.

“Esto es consecuencia de la falta de capacitación de las fuerzas de seguridad que hasta hace muy poco desconocían la legislación y seguían sosteniendo que la marihuana es  un tóxico prohibido. Entonces hemos tenido casos de secuestro de los cultivos a personas inscriptas en el Reprocann”, dijo.

Por otro lado, el Vademecun Nacional de Medicamentos incluye hasta ahora cuatro productos, todos anticonvulsivos en presentación de solución oral: Kambis de Elea en sus dos envases de 30 y 100 mililitros; y convupidiol de Alef Medical en frasco de 35 y 70 militros.

Una gran industria

Para Basalo, la realización de la primera ExpoCannabis en 2019 “con todo su impacto cultural” viene a demostrar que “además de la salud, el cannabis es un generador de trabajo” al dar visibilidad a “todos los proyectos productivos que había en marcha” sólo a partir de la ley de cannabis medicinal y “entonces se empieza a reclamar una ley de cannabis industrial” que finalmente se sanciona en 2022 –la 27.669–  cuya “implementación es un poco lenta” porque aún están por emitirse “las primeras licencias productivas” en el marco de esta norma

Según la Cámara Argentina del Cannabis (Argencann), el sector ya cuenta con más de 53 proyectos autorizados en 17 provincias en virtud de la ley de cannabis medicinal y tiene potencial para movilizar 500.000.000 de dólares anuales en el mercado interno así como exportaciones 1.000 millones y 10.000 nuevos empleos registrados en los próximos 10 años.

“Hay gente que está trabajando en el desarrollo de bioplásticos para hacer armazones de anteojos o cepillos de dientes, otros están trabajando en bioconstrucción con ladrillos de cáñamo o placas compactas de su fibra para reemplazar la madera”, dijo el titular de esta cámara, Pablo Fazio.Cámara Argentina del Cannabis (Argencann)

Hay gente que está trabajando en el desarrollo de bioplásticos para hacer armazones de anteojos o cepillos de dientes, otros están trabajando en bioconstrucción con ladrillos de cáñamo o placas compactas de su fibra para reemplazar la madera

Pablo Fazio — Cámara Argentina del Cannabis (Argencann)

“Pero hasta que no empecemos a tener materia prima en volumen, estamos en una etapa de desarrollo embrionaria, de prototipos de futuros productos porque el hecho de no contar con material suficiente o contar con materiales en proporciones muy pequeñas, es un limitante”, agregó.

A nivel mundial, según un informe del Ministerio de Agricultura, la superficie cosechada creció 67.39% entre 2010 y 2018, con Corea en el primer puesto seguido por Francia y China. El año con mayor superficie cultivada fue 2019, con 82.265 hectáreas.

En Argentina, según el portal Agrofy News que cita un informe de Claves Información Competitiva, en 2023 eran 20.16 las hectáreas cultivadas en un país que durante casi 50 años –desde el inicio de la última dictadura- discontinuó totalmente la producción de cáñamo industrial que era explotado en distintas provincias.

“Como la revisión regulatoria en torno al cannabis tiene como mucho 15 años a nivel mundial, es un mercado donde está todo para innovar y creo que Argentina tiene una oportunidad privilegiada de inscribirse en esa agenda por el ecosistema emprendedor que tiene, por sus condiciones geográficas y climáticas, por su gran capacidad instalada y por ser un país agroexportador”, dijo

“Necesitamos también que se sostengan y que se continúen las políticas públicas que se desarrollaron estos cuatro años, porque no podemos dejar de apostar por esta industria que ya está generando exportaciones inclusive en esta etapas tan embrionaria”, agregó.

En ese sentido, Fazio mencionó el caso de la empresa rosarina 420CBD Premium “que inscribió sus productos (cosméticos a base de cannabis) en Anmat y consiguió hace 5 meses una primera exportación a España” de su gel íntimo 420 Placer  “y esto es simplemente la punta de la iceberg porque si le damos continuidad, seguramente en un par de años encontramos una multiplicidad de ejemplos”.

Para Salech, todo lo avanzado hasta ahora “es un síntoma de una democracia que estaba viva o saludable” porque “hay democracia cuando hay un diálogo entre el pueblo y sus representantes, y la verdad que sobre todo estos últimos cuatro años ese diálogo existió y fue fluido”

“Estamos asistiendo ahora al comienzo de una última etapa, la de la regulación total del cannabis: esto que no se pudo hacer de manera inicial se retoma ahora a partir de preguntarnos ‘por qué me tengo que sentir mal para poder sentirme mejor’ y ‘cuál es el límite entre terapéutico y no terapéutico’, porque si todas las personas que usan cannabis lo hacen para sentirse mejor y el bienestar forma parte de la salud, todo uso es terapéutico”, concluyó Basalo.

Según el último World Drug Report de ONUDD, el cannabis sigue siendo el estupefacietne más consumido con un estimado de 219 millones de consumidores. En Argentina, la Encuesta Nacional sobre Consumos y Prácticas de Cuidado 2022 (ENCoPraC) elaborada por Sedronar reveló que el 26.3% de la población de entre 16 y 75 años consumió alguna vez marihuana y el 13,8% lo hizo en el último año.

MAA/MG

Cuando un joven empieza a salir de noche, todavía siendo menor de edad, le puede resultar más sencillo llamar a un camello y comprar una pastilla de éxtasis que entrar a un supermercado e intentar que le vendan una botella de ron. Imaginen qué acabarán eligiendo muchos. 

El ejemplo demuestra que cuando algo es ilegal no significa que esté más o mejor controlado. Tal vez al contrario: hay una serie de requisitos sobre su calidad, su pureza y su acceso que quedan en manos de criminales en lugar de las autoridades. ¿Ha sido efectivo prohibir las drogas?

Hasta finales del siglo XIX (en algunos lugares incluso hasta principios del siglo XX), los ciudadanos eran libres de alterar su conciencia con las sustancias que quisieran. No debería hacer falta usar el manido recurso de que la cocaína y varios opiáceos podían comprarse en la farmacia. Tampoco recordar que la humanidad ha consumido estupefacientes desde tiempos inmemoriales sin rasgarnos las vestiduras. 

En Las Drogas, de los orígenes a la prohibición (Espasa), el pensador Antonio Escohotado documentó cómo las primeras referencias a la adormidera aparecen en tablillas sumerias del tercer milenio antes de Cristo. El opio figura también en jeroglíficos egipcios y en La Odisea de Homero. Se dice que Aristóteles, Platón, Sófocles, Sócrates, Plutarco y muchos más tuvieron experiencias visionarias tomando un concentrado con propiedades similares al LSD en los ritos de los misterios eleusinos. Se presume que Nietzsche era adicto al opio cuando escribió Genealogía de la Moral. 

¿Cuándo y por qué decidimos perseguir penalmente a las drogas? ¿Ha servido de algo prohibirlas durante más de un siglo? ¿Quién ha sido el principal perjudicado? ¿Es legítimo que el Estado imponga lo que podemos tomar y lo que no?

La semana pasada se inició una prueba piloto de tres años en Vancouver (Canadá), donde se permitirá la posesión de cantidades inferiores a 2,5 gramos de cocaína, heroína, éxtasis, morfina… En lugar de multas o arrestos, los usuarios recibirán información o serán derivados a servicios de atención social si así lo desean. En Oregón (EEUU) se tomó una decisión similar hace dos años. 

“El consumo de sustancias es un problema de salud, no un problema penal”, señaló al respecto la ministra de salud mental y adicciones de la región. “Necesitamos dar este paso adelante para abordar la vergüenza y el estigma”.

Los resultados de la prohibición de las drogas están a la vista de todos y sus efectos se extienden por todo el mundo. El resumen es que ha sido un auténtico desastre: adulteración de sustancias que desembocan en accidentes mortales, vidas truncadas por la cárcel o el estigma y un consolidado poder paralelo, el narcotráfico, que no existiría si las drogas fuesen legales.

No hablamos solo de Sudamérica: la policía holandesa alertó en 2018 del peligro de que Holanda se convirtiera en un narco estado ante el poder que las mafias de la droga estaban ganando en el país. La situación en México es todavía más funesta: más de la mitad de la población cree que el crimen organizado es una institución más poderosa que el propio Gobierno. 

Defender la despenalización de las drogas es cada vez una postura menos radical porque la evidencia habla por sí sola. La lista de ex gobernantes y mandatarios que se manifiestan en este sentido no para de crecer: el presidente de Colombia Gustavo Petro, los expresidentes Felipe González y Pepe Mujica, el exsecretario general de la OTAN Javier Solana, el exsecretario de Estado de EEUU George Schultz, también expresidentes de Brasil, Perú, Colombia, Chile… 

Existe, además, consenso entre los historiadores en que las primeras políticas prohibicionistas no estaban basadas en la ciencia ni la salud, sino que tenían un sesgo claramente racista: se buscó criminalizar o aislar a los migrantes chinos fumadores de opio, a los esclavos que consumían cocaína o a los nativos y curanderos sudamericanos que fumaban marihuana.

La prohibición fue también un asunto moral y de clase y lo sigue siendo a día de hoy: la legislación castiga más a los pobres y a los jóvenes que a los ricos y a los mayores, porque tienen donde refugiarse para consumir drogas sin que nadie les juzgue. Hasta hace poco, las penas por poseer crack en EEUU eran 100 veces superiores que las que se imponían por poseer cocaína, a pesar de que farmacológicamente son muy similares. La primera la toman los pobres y la segunda los ricos.

Más allá de los efectos negativos que ha tenido la prohibición en tantas capas de la sociedad, del peligro para la salud que supone dejar las drogas en manos del mercado negro, del clasismo que impera en el origen y en la actual legislación sobre drogas, al final hay un motivo que debería ser igual de relevante: tomar o no tomar drogas es una cuestión de libertad individual en la que nadie debería inmiscuirse. 

El filósofo Stuart Mill lo resumió a la perfección hace más de un siglo en su obra Sobre la libertad: los ciudadanos adultos de un país libre tienen todo el derecho a hacer consigo mismo lo que ellos quieran, siempre y cuando no produzca un daño a terceros.

Aunque a algunos les cueste admitirlo, tomar drogas es una expresión de nuestra libertad personal en la búsqueda del placer. ¿Debería el derecho penal imponer la moral por la vía de la fuerza? La respuesta, vistos los resultados, es que no. Una moral impuesta de manera coercitiva es -o debería ser- una contradicción, como ya señaló hace 40 años el prestigioso catedrático Emilio Lamo de Espinosa en su defensa de la despenalización.

Después está otra cuestión. ¿Y si las drogas no fueran tan malas como nos las han pintado? ¿Y si la mayoría de información al respecto, ampliada por los medios de comunicación, partiera de un consolidado sesgo moral impuesto durante décadas? ¿Por qué cuando hablamos de drogas nos centramos solo en el pequeño porcentaje que sufre una adicción, y no en la mayoría que las consume sin que eso suponga ningún problema?

Anne Katrin Schlag, psicóloga, investigadora y durante años profesora del King's College de Londres, analizó la mayoría de estudios y datos oficiales disponibles y concluyó que los consumidores que desarrollan un “consumo problemático” oscilan entre el 25% en el caso de la heroína y un 10% en drogas psicodélicas. La mayoría de datos públicos ofrecen porcentajes similares.

También es malo abusar del azúcar, de la comida basura, de las pantallas, del tabaco o del alcohol. También generan adicción y nadie lo prohíbe, aunque últimamente proliferan regulaciones sobre la publicidad y campañas para concienciar sobre todo a los menores.

Carl Hart es doctor en neurociencia, investigador y profesor de psiquiatría en la Universidad de Columbia (Nueva York). Llegó a ser el jefe del departamento de psicología de esa prestigiosa universidad. Durante casi tres décadas ha investigado los efectos que tienen las drogas en humanos y ratones. Nacido en uno de los barrios más desfavorecidos de Miami, sufrió en primera persona la delincuencia y los estragos sociales vinculados a las drogas en la comunidad negra. Sus conclusiones, sin embargo, escapan de la norma. 

“Los resultados de una impresionante base de datos de nuestro laboratorio muestran que las drogas producen efectos predominantemente positivos”, explica por correo electrónico. “En pocas palabras, el consumo sensato de drogas puede mejorar la vida y por eso hay un gran número de personas sobrias y honradas en nuestra sociedad que las consumen”.

En su último libro, Drug use for grown-ups (Penguin, por ahora sin traducción al español), Hart lanza una bomba en el prólogo: confiesa que desde hace un lustro consume heroína de vez en cuando. Aún así es un profesional respetadísimo, un adulto funcional y un responsable padre de familia. 

¿Cuántos hay cómo Hart? Los datos disponibles muestran que buena parte de los consumidores de drogas están en esa situación y nadie parece tenerlos en cuenta porque la mayoría permanece en el anonimato. ¿Cuántos prefieren ocultar a la sociedad que de vez en cuando consumen alguna droga por miedo a lo que pensará el resto? ¿Por qué no sucede lo mismo con el alcohol, con tasas de adicción altas y una de las sustancias más difíciles de abandonar?

“Hay mucha más gente que tiene experiencias con drogas de lo que el público sabe, pero la mayoría tiene miedo de reconocer públicamente que las consume”, prosigue Hart en su correo electrónico. “Saben que las comunidades están asediadas de información que solo hace hincapié en sus efectos nocivos, e incluso mortales. También saben que los consumidores de drogas son habitualmente menospreciados”.

Hart cree que los medios de comunicación y los productos culturales hemos ampliado esta visión sesgada del consumo de drogas. “¿Has visto alguna película sobre la heroína que no se centrara en la adicción?”, pregunta. “¿Quién va a querer ver una película o leer un artículo sobre una persona que consume heroína un par de veces al mes, va a trabajar según lo previsto y cumple con sus responsabilidades sin incidentes? Nadie. Sería demasiado aburrido”.

La postura de Hart tiene, evidentemente, muchos detractores y entre ellos se encuentran prestigiosos profesionales. No se trata de banalizar las adicciones ni esconder que un porcentaje de los usuarios de drogas acaba desarrollándolas con graves consecuencias para él y su entorno. Lo que pide este investigador es que se abra la mirada y se tenga una visión que vaya más allá del simplista “droga mala” y admitir que la mayoría de los consumidores obtienen placer de los estupefacientes y pocas contrapartidas negativas. Y, lo más importante: por mucho que estén prohibidos no dejarán de consumirlos.

El verano pasado Josep Rovira, fundador del reputado proyecto de reducción de riesgos Energy Control, me dijo una frase que se me quedó grabada. “Nadie dejará de conducir porque muera gente en la carretera ni dejará de tener sexo por riesgo a contraer una enfermedad”, me explicó. “Pasa lo mismo con las drogas. De lo que se trata es de que todo el mundo tenga información para que lo haga de la manera más segura posible”.

Despenalizar las drogas no debería ser ningún experimento, básicamente porque así ha vivido la humanidad durante toda su historia. El experimento fue prohibirlas. Más de 100 años después y constatado su fracaso, ¿tal vez tocaría regresar al punto de partida?

El debate sobre el consumo recreativo de la marihuana no apareció entre los temas centrales de la campaña para las PASO pero en distintas entrevistas en los medios se pudo apreciar que la mayoría de los precandidatos estaba abierto a discutir la despenalización y el tema ya no aparece como tabú: la aceptación es transversal a distintos espacios que no tienen ningún tipo de coincidencia política, desde la izquierda a los libertarios, desde el FdT a Juntos.  

Ante la crisis económica y sanitaria que atraviesa el país, es entendible que nadie ubique la despenalización entre sus primeras consignas, pero fue interesante ver que ante la pregunta fueron muy pocos los que prefirieron no hablar del tema. Quizás la negativa más concreta fue la de María Eugenia Vidal y su planteo de que no  es lo mismo “fumarse un porro en Palermo que en la villa 1-11-14”. Pero como contraste, los otros precandidatos de Juntos en CABA opinaron distinto. 

El ex ministro de Salud de Macri, Adolfo Rubinstein no tiene dudas de que el cannabis debe ser legalizado. “Estoy de acuerdo con que se legalice la marihuana para uso recreativo. De hecho ya hay una ley que regula el cannabis medicinal y cada vez hay más regulaciones sobre la producción de productos industriales del cannabis. Ahora, una cosa es legalización y otra liberalización”, explicó el precandidato radical de Juntos, quien remarcó que la legalización debe estar acompañada de un marco regulatorio. “No hay que esconder los temas debajo de la alfombra”, sostuvo. También el compañero de boleta de Vidal, Martín Tetaz fue en la misma dirección: “Cuando el Estado se corre, en general, es lo peor que le puede pasar a la sociedad. Prefiero que el Estado esté cuidándonos en la realidad. El consumo de sustancias no tiene que estar penalizado, es un error conceptual fenomenal”, dijo. “¿No te hace ruido que puedas a ir a un kiosco y comprar cigarrillo que todos sabemos que mata, o a un supermercado y comprar alcohol que hace mucho daño? ¿No tendría que ser igual con otras sustancias? ¿Qué diferencia hay entre estos y la marihuana?”, argumentó Tetaz.

En el Frente de Todos la postura es más homogénea. El precandidato a diputado y ex ministro de Salud de la Provincia, Daniel Gollan sostiene la despenalización desde hace mucho tiempo y lo hizo público cuando asumió en 2019. “Yo estuve en Sedronar seis meses y la verdad que después de ver mucho, aunque es una posición absolutamente personal, personalísima, creo que debería despenalizarse el uso de la cannabis”. Su compañera de campaña, Victoria Tolosa Paz, dijo en una entrevista en A24 que está a favor de abrir la discusión. “Estoy a favor de debatirlo y de reglamentarlo por ley para poder permitir un consumo responsable y que no pase lo que pasa hoy que es que se consume la marihuana sin ningún tipo de reglamentación”. En CABA, quien encabeza la lista del FDT, Leandro Santoro, también apoya la despenalización: “Las acciones privadas de los hombres quedan exentas de la autoridad de los magistrados. Cada uno tiene el derecho a consumir lo que le parezca, siempre y cuando no afecte a terceros. Me parece que es un discurso hasta absurdo”, dijo en el sitio web El Planteo. 

Hacia la derecha, entre los sectores denominados libertarios, tanto Javier Milei como José Luis Espert apoyan las determinaciones individuales sobre los consumos. “Soy libertario, o sea que no creo en las restricciones. Si vos te querés drogar, hacélo. Pero no me pidas que yo financie eso”, dijo Milei siempre en tono estridente. 

La izquierda presentó un proyecto en el Congreso para la despenalización del consumo pero la iniciativa nunca fue tratada. “Hemos participado en las movilizaciones que se convocan permanentemente por la legalización y también por la libertad de los presos por plantar”, dijo Nicolás del Caño en una entrevista en FiloNews. Manuela Castañeira, del Nuevo Mas planteó como necesidad “la legalización, el autocultivo y el combate contra las bandas narcos”. Y coincidió con Del Caño: “Basta de meter pibes presos por fumar un porro”.

Desde que en marzo Alberto Fernández mencionó en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso anunció el proyecto para avanzar con el desarrollo industrial del cannabis, los distintos derivados de planta y su desarrollo medicinal a mayor escala entraron en consideración de los legisladores. Se debatió en las Comisiones del Senado, se consiguió la media sanción y ahora el proyecto espera ser sancionado luego de las PASO. Durante esas semanas de discusión hubo decenas de especialistas que explicaron las posibilidades a  nivel salud y de  negocio que podía provocar el nuevo mercado cannábico. Ese probablemente fue uno de los momentos en los que diputados y senadores tomaron nota de algo que estaba pasando fuera de sus radares y atravesaron el perjuicio que genera en los sectores políticos el tema. No se hablaba entonces del consumo adulto o recreativo, pero fue un primer acercamiento en muchos cambió las perspectivas.

AM

Las declaraciones de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires y actual precandidata a diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, suscitaron un debate en el que dos planos diferenciados terminaron mezclados. Por un lado, el jurídico, referido a la pertinencia y la oportunidad de legalizar (o al menos despenalizar o descriminalizar) el consumo de marihuana. Por el otro, un plano sociológico vinculado con la forma en que las prácticas de consumo de sustancias psicoactivas se ven influidas por los distintos escenarios sociales en que ocurren.

Que existan distintas realidades y escenarios para el consumo de drogas no puede ser un argumento para obturar el debate en relación a la despenalización del consumo ni tampoco puede abrir una discusión clasista, descabellada e inconstitucional sobre la posibilidad de penalizar (o no) una práctica dependiendo del ámbito en el que ocurra. Como señaló el periodista Fernando Soriano, no hay ninguna conexión lógica entre la posición de Vidal en relación a la diferenciación de escenarios de consumo y su negativa a la despenalización.

No es la primera vez que se pone sobre la mesa el argumento de la presunta “falta de preparación” de la sociedad argentina para oponerse a la despenalización del cannabis. Ya en 2009, en ocasión del fallo “Arriola” -que declaró la inconstitucionalidad del artículo de la ley 23737 que penaliza la tenencia de drogas para uso personal-, un heterogéneo conjunto de actores sostuvo que, antes de legalizar, había que garantizar la inclusión social y el pleno acceso a los tratamientos de las personas con consumos problemáticos de drogas. Se señalaba también que despenalizar, descriminalizar o legalizar (que no son lo mismo) era dar un mensaje negativo a la juventud que se vería acompañado de un aumento exponencial del consumo. Similares argumentos se esbozaron cuando se debatía la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. La realidad se encargó de mostrar la falacia de dichas posturas.

Se afirma también que mantener la penalización ayuda a las personas con consumos problemáticos o adictas a realizar un tratamiento por vía judicial. ¿No sería mejor y menos nocivo trabajar en la accesibilidad a los servicios de salud que inculpar a personas, procesarlas y abrirles causas judiciales? Lejos de ofrecer mejores condiciones de salud y acceso a derechos, la penalización agrava considerablemente sus situaciones de vulnerabilidad, interrumpe y limita sus trayectorias escolares y laborales y, cuando tienen hijas/os a cargo, perjudica notoriamente sus redes de cuidados.

Se afirma también que mantener la penalización ayuda a las personas con consumos problemáticos o adictas a realizar un tratamiento por vía judicial. ¿No sería mejor y menos nocivo trabajar en la accesibilidad a los servicios de salud que inculpar?

Despenalizar el consumo de drogas significa algo mucho menos drástico de lo que suponen sus detractores: se trata simplemente de sacar el problema del ámbito penal y trasladarlo –cuando corresponda– al ámbito de la salud. Lo que sí viene acompañado de la despenalización es la reducción de las consecuencias negativas que el uso de sustancias ilegalizadas produce en los sujetos y en la sociedad. ¿Por qué? Porque legalizar la marihuana implica sacar del mercado de venta ilegal a la porción más significativa de quienes consumen drogas ilegalizadas. La ilegalidad no sólo los expone a riesgos e inseguridad, habilita también la disponibilidad de un menú de sustancias al que de otro modo no accederían y convierte en problemáticos (por ejemplo, por los conflictos con la ley) consumos que no deberían serlo.

Desde el plano sociológico, resulta innegable –y numerosas investigaciones lo han mostrado– que el contexto social o el escenario en que tiene lugar una práctica de consumo es un elemento central para entender sus características y sus riesgos.

Hace más de 35 años, el psiquiatra estadounidense Norman Zinberg mostró la importancia de comprender el contexto al momento de analizar una práctica de consumo de drogas. Desde entonces, la tríada sujeto-sustancia-contexto mostró la obsolescencia de cualquier análisis que se centre en la “personalidad del adicto” o que otorgue capacidad de acción a una droga. Sin embargo, no puede desconocerse que el estatus jurídico de muchas sustancias trae aparejado que se consuman drogas de muy diversas calidades, con distintas toxicidades y potenciales adictivos.

Vidal afirma que en las zonas pobres el consumo de marihuana “no es un consumo ocasional y de recreo, plenamente elegido, sino que es parte del inicio de un camino mucho más jodido”. Si acierta cuando deja entrever que no todo consumo es problemático, se equivoca al sostener que el consumo recreativo es patrimonio exclusivo de un sector social determinado. 

No son originales los discursos que ven a los consumos de jóvenes de barrios vulnerabilizados como portadores de un carácter problemático inherente. En Argentina, de acuerdo con las investigaciones que hemos realizado, se han consolidado dos prismas muy distintos para mirar el fenómeno del consumo de drogas. Por un lado, cuando los protagonistas son de sectores medios y altos el uso de drogas suele verse como “recreativo”, es decir, se lo asocia con la sociabilidad, con la búsqueda de sensaciones placenteras, con la experimentación y con la apertura a nuevas formas de percepción. Cuando de varones jóvenes pobres se trata, todo consumo de drogas es negativizado y toda conexión con el placer y lo recreativo es desplazada, lo que refuerza el estereotipo que asocia a la “droga” con el delito y la violencia.

Es discriminatorio negar la existencia de consumos recreativos en este sector. Pero también es necio y peligroso no tomar en cuenta que los riesgos no son los mismos y que estos consumos, con mayor probabilidad, devienen problemáticos. Entre muchas otras cosas, la menor cantidad de soportes educativos, laborales (y muchas veces afectivos) junto con la falta de oportunidades acrecientan las posibilidades de que la experimentación con sustancias desemboque, con más frecuencia, en consumos problemáticos. Nuestra experiencia en el trabajo de campo nos ha mostrado, una y otra vez, cómo el consumo de drogas expone a las personas de barrios pobres a mayores situaciones de vulnerabilidad y violencia, padecimiento de enfermedades y muertes y conflictos con la ley.

Así como no podemos poner en tela de juicio que los escenarios sociales condicionan las prácticas de consumo de drogas, tampoco dudamos de que la penalización no garantiza el derecho a la salud. 

ACC/MG

MEC: Vamos a charlar un poco en este podcast de los últimos días, de estas últimas semanas de la campaña antes de las PASO, en donde ya hemos discutido sexo y drogas. Nos falta el rocanrol nomás, así que va a llegar en cualquier momento.

AM: ¿Ya discutimos drogas? Debía estar drogado, porque no me acuerdo.

MEC: No, nosotros no, digo la campaña, la Argentina como país y nación.

AM: Ah, entonces hagámoslo nosotros ahora.

MEC: Dale, un poco sorprendente, ¿no? La verdad que a mi no deja de sorprenderme un poco la disonancia entre los temas que aparecen día a día como los más notables y lo que uno ve en las encuestas desde hace un año y medio, que es que las preocupaciones son inflación, aumento de precios, desempleo, pandemia.

AM: Parece que hay una disociación entre lo que preocupa a la gente... O quizás sea porque la gente está preocupada, pero no está escuchando. Entonces, los candidatos, más que hablar de lo que la gente quiere escuchar, hablan de lo que hace ruido. Y así surgió el goce y así surgió la marihuana y no llegamos al rocanrol, porque falta una semana nada más, pero hubiera sido la parte más divertida.

MEC: Y aparte, vos fijate que tanto la frase de Victoria Tolosa Paz como la frase de María Eugenia Vidal son en respuesta a preguntas en el contexto de un reportaje. Es algo muy mínimo, pero de alguna manera te habla también de una dinámica de toda esta campaña que es mensajes que son muy reactivos, muy en relación a lo que se les presenta o se les propone desde el periodismo, desde Twitter y campañas con poca capacidad de instalar una agenda propia. Tanto el comentario de Victoria Tolosa Paz como el comentario de María Eugenia Vidal fueron en respuesta a preguntas en contextos de reportajes y que también creo que esto te marca de alguna manera una cosa micro, una dinámica de las dos campañas, que es una cierta dificultad de instalar temas propios.

Una dinámica de toda esta campaña es que hay mensajes que son muy reactivos, muy en relación a lo que se les presenta o se les propone desde el periodismo, desde Twitter y campañas con poca capacidad de instalar una agenda propia

María Esperanza Casullo

AM: Así es, pero te voy a decir algo que quizás suene contraintuitivo. Me parece que el tema de la droga es central en América Latina. No es un tema marginal, no debería tocarse solamente para llamar la atención. Y es central por dos razones: porque tiene que ver con la economía y con la seguridad. Con la economía, porque es una de las principales producciones y productos exportables, y con la seguridad, porque al ser ilegal lo que genera es una serie de negocios laterales vinculados con el desafío al monopolio de la violencia. Es decir, lo que se hace al lado del Estado, abajo del Estado, por encima del Estado o, sobre todo, en complicidad con el Estado. Y lo que falta es el aspecto con el que se la viene tratando en países que uno a veces pone como ejemplo: el aspecto de la salud pública. Y son tres aspectos fundamentales. Estamos en pandemia, la salud pública debería ser prioritaria. Y sin embargo, cuando se habla de la droga, se lo toma como escándalo y no como cuestión central.

MEC: Si, yo estoy de acuerdo con vos. La verdad es que también creo que desde todos los lados que uno lo mire, en el discurso político argentino hay una dificultad muy grande de cómo hablar del tema drogas. Me parece que ninguno de los discursos terminan de cuajar o siempre se lo trata con mucha incomodidad. O siempre un poco como lo que dijo María Eugenia Vidal: “Bueno, sí, yo estoy de acuerdo, pero no creo que sea bueno, pero tal vez sería mejor legalizarlo, pero tengo mis dudas”. O sea, con muchas vueltas. Inclusive también del otro lado. El gobierno de Alberto Fernández ha manifestado varias veces que está de acuerdo o que piensa que sería bueno avanzar con una mayor legalización, pero también bastante oblicua la cuestión.

AM: Y uno se pregunta si es por cuestiones culturales, porque no quieren afectar intereses - votantes conservadores- o si es porque tienen miedo de patear el hormiguero, si es por falta de audacia, porque por supuesto que hay por debajo de esto mucho dinero y mucha violencia. Y cambiarlo no va a ser fácil. Pero si uno mira cómo encararon esto otros países, es más, si uno mira los resultados de la guerra contra las drogas, 40 años después de la declaración de guerra diciendo que la guerra fracasó. Ese comunicado y ese informe de las Naciones Unidas está firmado por varios ex presidentes, incluyendo tres latinoamericanos que no eran de los narcos, porque también tuvimos presidente de los narcos, en este caso Fernando Henrique Cardoso y Gaviria, por ejemplo. Y sin embargo, 10 años después de haber declarado fracasada la guerra contra las drogas, seguimos metidos en el mismo prohibicionismo que genera cada vez más violencia, cada vez más enfermedades, más adictos y cada vez menos capacidad estatal. Y fijate todo trabajo sobre integración regional. La integración regional tiene dos aspectos, dos dimensiones: los flujos y las normas. Los flujos es lo que discurre entre la sociedad y el Estado. Las normas es lo que regula esos flujos, definidas por el Estado. Acá las normas son cada vez más débiles y los flujos son cada vez más intensos. Estamos yendo a contramano. En vez de administrar lo que circula, lo que estamos haciendo es cerrar los ojos y perder. Y el discurso se queda en la pacatería de discutir la droga como se discute el goce, como se discuten palabras fuertes y no contenidos sustantivos.

Diez años después de haber declarado fracasada la guerra contra las drogas, seguimos metidos en el mismo prohibicionismo que genera cada vez más violencia, cada vez más enfermedades, más adictos y cada vez menos capacidad estatal

Andrés Malamud

MEC: Y se sigue discutiendo lo mismo que pasó con lo que vos decís del goce, con una carga moral. Es más, me atrevería a decir moralina. Muy sorprendente que las discusiones estén tan teñidas de una moralina bastante vieja estando en 2021.

AM: Y que distingue por clase social, como si el problema de la droga fuera estético entre los ricos y fuera de seguridad o sanitario entre los pobres. Y por supuesto que los pobres tienen menos opciones, pero justamente están más expuestos a la victimización por la droga. Es la prohibición, como si no lo hubiéramos aprendido con la ley seca de los Estados Unidos en la década del 20.

MEC: También uno puede pensar que el impacto de un montón de consumos sociales es mayor en las clases más pobres y en los grupos más pobres. Sabemos que hay mayores índices de obesidad porque hay patrones distintos en el acceso al consumo de proteínas, vegetales y frutas, y una dieta más variada y más sana. Sabemos que hay patrones de consumo de alcohol. Y sin embargo a nadie se le ocurriría prohibir el consumo de harinas y hoy por hoy no hay nadie que diga seriamente que hay que prohibir el consumo de alcohol en la sociedad. Y además, no sé qué pensás vos de esto, yo no soy experta en estos temas, pero a mí me parece que los últimos años el push que hubo para legalizar las drogas, sobre todo legalizar el consumo de marihuana, muy asociado al discurso médico, o sea, el discurso de la marihuana como medicina, como que ayuda en un montón de patologías, en un sentido fue muy positivo y en otro sentido no fue tan positivo porque no se avanzó en poder decir una cosa que es muy sencilla, que es que la gente consume un conjunto de sustancias con fines recreativos. También hay una cierta moralización en decir “bueno, sí, vamos a permitir que se lo consuma, pero aquel que lo necesite por una patología”, cuando la gran mayoría de los consumidores no eligen consumirlo por eso.

AM: Exacto, se chocan varias dimensiones: la libertad, la salud pública, la seguridad. Y lo que vos decías recién se puede resumir como: los pobres consumen de la mala, la droga, la comida y la bebida. Y es justamente ahí donde hay que cuidarlos más. Y la prohibición lo que hace es desprotegerlos más, porque es en ese ambiente, en la zona gris, donde el Estado y los narcos, la policía y los narcos se combinan y se pierde toda capacidad de control. Al contrario, es el Estado el que hace la pata ancha. Te comento la experiencia portuguesa, porque es una de las pioneras y de las más exitosas. Hace exactamente 20 años se despenalizaron todas las drogas para consumo personal. Despenalizar no significa legalizar, significa que deja de ser delito y pasa a ser contravención. No te pueden meter preso por tener droga para consumir hasta 10 días. Ninguna droga. Y si vos sos adicto se asume que tenés un problema de salud, no un prontuario criminal. Y por lo tanto el Estado se ocupa de minimizar los daños, de proveer jeringas, de atenderte, de darte los sustitutos para la droga, de seguirte, darte atención psicológica y de evitar las infecciones y la sobredosis, que en última instancia sobrecargan también el sistema de salud público. Así que al final la inversión termina saliendo barata, porque vos lo que hacés es reducir la criminalidad, al eliminar la prohibición, y reducir también las crisis de salud pública que hacía que los hospitales no dieran abasto. Es una maravilla. Pero de nuevo, no es solamente despenalizar. Es todo el sistema de soporte y apoyo que se da después a las personas que lo necesitan. Y con esto prácticamente no hay narcos acá. Están los minoristas, que son gente simpática, de la que te hacés amiga en la calle y está el Estado presente, el Estado presente en blanco, porque en las villas también está el Estado presente en negro, la policía que permite que los narcos hagan el negocio, porque mal financiada, la policía vive de eso.

No es solamente despenalizar. Es todo el sistema de soporte y apoyo que se da después a las personas que lo necesitan.

Andrés Malamud

MEC:  A mí me parece que hay otras aristas que me resultan muy problemáticas: primero esta cuestión paternalista, que apareció muy fuerte en lo que dijo María Eugenia Vidal, y que no lo dice sólo ella, también quiero ser clara con esto, inclusive hay sectores que se sienten cercanos al Frente de Todos que tienen un discurso muy similar de decir: bueno, si un chico de clase media se fuma un porro, es una conducta que tiene mucho menos riesgos que si un chico pobre fuma un porro. Y esto me parece que tiene dos cuestiones. Primero, que se termina asociando naturalmente ser más pobre con criminalidad y narco-criminalidad. Y esto termina en lo que vimos en Estados Unidos, donde básicamente la guerra contra las drogas fue un gigantesco dispositivo de persecución de los más pobres y sobre todo afroamericanos. Ayer daban algunas cifras de la Ciudad de Buenos Aires, donde los arrestos y contravenciones por consumo minorista de estupefacientes están fuertemente concentrados en barrios más pobres. Entonces, por un lado, esto puede servir para que, bajo el discurso de “tenemos que protegerlos”, se generen dispositivos de criminalización. Pero se me ocurre otra cosa que también genera un discurso muy patronizante, que puede ser esta idea de que el consumo de drogas es solamente problemático para los pobres y no para nosotros, las clases medias, que las consumimos igual o más, pero que teóricamente lo haríamos de una mejor manera o de una manera que nos trae menos dificultades y que nos permitiría que nos pongamos en un lugar de ser quienes tenemos que ayudar y controlar a los más pobres.

Se termina asociando naturalmente ser más pobre con criminalidad. Y esto termina en lo que vimos en Estados Unidos, donde básicamente la guerra contra las drogas fue un gigantesco dispositivo de persecución de los más pobres y sobre todo afroamericanos

María Esperanza Casullo

AM: El prohibicionismo es una política de tutela hacia los pobres, que los victimiza todavía más porque no los puede ayudar, al contrario, los condena a la ilegalidad. Si el Estado tuviera la capacidad de prohibir la circulación de droga, entonces yo les creería por lo menos que los paternalizan, pero funciona. Pero así, con un Estado incapaz y que es cómplice de la circulación, lo que están haciendo es lo contrario. Están tuteando a los pobres, garantizando que les va a ir peor.

MEC: Me pareció muy interesante, no sé si lo viste, un reportaje que le hizo Eduardo Feinmann a este chico L-Gante, que canta rap. Y que hablaron de todo este tema y L-Gante le dijo: “Bueno, en realidad para mí la villa es lo mismo que Palermo”. Y la verdad es que me pareció algo tan interesante políticamente. Lo que decía era: “La verdad es que a mí lo que más me molestó es que hablen de la villa como una cosa y Palermo como otra cosa, porque en realidad para mí es lo mismo”. Me parece que es esta idea de que acá hay como una diferencia ontológica entre Palermo... y esto lo siente la gente de Palermo, pero de alguna manera la gente de los barrios populares todo el tiempo nos está diciendo “miren que yo soy igual que ustedes, con otras circunstancias, con más dificultades”. Pero no es una diferencia esencial.

AM: Es que el prohibicionismo realmente existente es eso, es el Estado arrogándose el derecho de cuidar a los pobres y termina por maltratarlos. Peor todavía, los maltrata dos veces, porque los subestima y los condena a la ilegalidad. No se me ocurre política más reaccionaria, más antihumana y más anti-pobre que la prohibición.

MEC: Bueno, estamos de acuerdo. Vamos a ver qué comentarios tenemos de este podcast, pero la verdad que es una buena agenda y que podría ser una agenda de consenso de los partidos después de las elecciones avanzar en esta dirección de despenalización.

AM: Argentina siempre está a la vanguardia en América Latina, así que no me sorprendería, como sugerís, que después de las elecciones se vistan de adultos y avancen en la dirección correcta.

MEC/AM/CB