El juez federal Julián Ercolini elevó a juicio oral y público otro tramo de la denominada “Causa Cuadernos”, que en este caso involucra a ex funcionarios y empresarios que habían sido excluidos en la parte inicial del proceso.

La lista de los nuevos enviados a juicio está integrada por el empresario Armando Loson; el ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del ex Ministerio de Planificación, Roberto Baratta; su ex colaborador Nelson Lazarte, el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y su ex secretario privado Martín Larraburu.

La decisión del juez fue consecuencia de un fallo de la Cámara Federal que rechazó un planteo de Loson, titular del Grupo Albanesi –que se dedica al negocio de la energía – sobre la validez de los cuadernos supuestamente confeccionados por el chofer Oscar Centeno.

Esos cuadernos, en lo que a Loson se refiere, tienen al menos mil irregularidades, entre tachaduras, sobre escrituras, correcciones y grafías diferentes a las de Centeno, lo que fue reconocido incluso por un peritaje oficial.

Sin embargo, la Cámara Federal rechazó que esas irregularidades sean suficientes para dictar la nulidad y así, con el camino despejado, Ercolini elevó a juicio otro tramo de la investigación.

Las situaciones de Loson, Baratta, Lazarte, Abal Medina y Larraburu se sumarán a las de los otros empresarios y ex funcionarios que ya están a la espera de que el Tribunal Oral Federal número siete fije la fecha del juicio.

Ercolini reivindicó “los elementos de prueba que permiten tener por acreditada la materialidad de los sucesos ilícitos investigados, como así también la responsabilidad de los imputados en los mismos”.

Sobre las irregularidades en los cuadernos de Centeno, proclamó: “Las defensas tampoco alegaron razones que me convenzan de que la continuidad del trámite conforme el proceso legal establecido pueda redundar en algún perjuicio concreto”.

“El juicio oral se presenta como la instancia ideal de resolución de las opiniones divergentes en torno a las acusaciones que se erigen en su contra”, subrayó el juez.

La decisión de Ercolini es, en rigor, el cumplimiento de un pedido de elevación a juicio que había formulado el fiscal Carlos Stornelli en 2019.

“Cada situación concreta fue valorada en función de los múltiples elementos probatorios incorporados que justificaron las distintas resoluciones adoptadas, por lo que también corresponde descartar la crítica realizada” por las defensas, sentenció Ercolini al disponer la elevación de este nuevo tramo de la causa a la etapa de debate.

Con información de NA.

IG

Con el objetivo de desacreditar las principales pruebas en su contra, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó al Tribunal Oral Federal número 7 que ordene pericias y nuevas medidas de prueba que podrían permitirle a su defensa solicitar la nulidad del juicio oral y público por el caso de los cuadernos de la corrupción en la obra pública, de acuerdo al escrito al que accedió elDiarioAR.

Tras lograr en 2021 los sobreseimientos anticipados y la anulación de los juicios Dólar futuro, Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces, el único juicio en contra de la expresidenta en pie -además de Vialidad, que llegó a su fin este diciembre- avanza lentamente, aún sin fecha de inicio. 

Carlos Alberto Beraldi y Ary Rubén Llernovoy, abogados de la vicepresidenta, solicitaron el 29 de septiembre último la realización de cuatro pericias y otras tres medidas. En primer lugar, los penalistas pidieron un estudio caligráfico y scopométrico sobre todos los cuadernos originales manuscritos por Oscar Centeno, ex chofer del exfuncionario Roberto Baratta. La medida nunca había sido realizada por el juez de primera instancia, Claudio Bonadio, pero recientemente, fue ordenada en otro expediente por otro magistrado.

En el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi tramita un expediente paralelo en el que el juez ordenó por primera vez una pericia caligráfica oficial sobre tres de los ochos cuadernos que ratificó que estos fueron escritos por el ex chofer Oscar Centeno pero detectó ciertas alteraciones en el texto original realizadas “por otro escribiente” en los cuadernos 7 y 8.

Los jueces del tribunal número 7 deberán analizar si ordenan la primera pericia caligráfica oficial sobre la totalidad de los cuadernos en los que el ex chofer de Roberto Baratta registró reuniones entre el ex funcionario kirchnerista y empresarios para el cobro de dinero ilegal entre 2005 y 2015. La medida, como informó elDiarioAR, ha sido solicitada también por otras defensas de los imputados. Los abogados de Fernández de Kirchner fueron mucho más allá y profundizaron en otras medidas que serán clave.

Manuscritos y videos

Los abogados de Fernández de Kirchner plantearon que las pericias oficiales “deberán determinar si los textos conformados en dichos cuadernos pertenecen o no a un mismo puño escritural, si éste (o en su caso estos) se corresponde con las grafías de Oscar Centeno y si se aprecian sobrescritos, testados o cualquier tipo de alteración y/o modificación en tales escrituras”. 

Además, en caso de encontrar estas posibles alteraciones en los cuadernos, solicitaron “estudiar tales alteraciones y/o modificaciones, individualizándose a cada una de ellas y explicándose detalladamente cómo fueron efectuadas”. “Los expertos intervinientes -agregaron los penalistas- deberán analizar, a través de los medios técnicos correspondientes, si en los referidos cuadernos se han utilizado y/o empleado uno o varios implementos escritores y estilos de tinta, informándose la calidad, la cantidad y las características de sus componentes”.

También solicitaron que los peritos establezcan “la antigüedad que registran todos los textos obrantes en los aludidos cuadernos, precisando si éstos guardan correspondencia o no con las fechas consignadas en los mismos”.

La vicepresidenta también solicitó al tribunal que se realice una segunda pericia oficial para “determinar la fecha en que fueron realizadas todas y cada una de las filmaciones” que Centeno realizó durante las supuestas visitas de Baratta a la Quinta de Olivos y al departamento de Fernández de Kirchner en Recoleta para la entrega de los bolsos con dinero de los sobornos. El exfuncionario siempre ha negado, al igual que Fernández de Kirchner, haber participado de ilícitos.

El teléfono de López

En agosto último, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola expusieron durante las audiencias de alegatos en el juicio oral y público por el caso Vialidad -que le valió una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua a Fernández de Kirchner- el contenido inédito de los teléfonos de José López, secretario de Obras Públicas entre 2003 y 2015. 

Los mensajes intercambiados por López con el empresario Lázaro Báez y otros fueron parte de la prueba que involucró a la vicepresidenta como parte de una defraudación a la Administración pública a través del direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.

Semanas después, los abogados de la expresidenta solicitaron al tribunal del caso cuadernos “un estudio pericial sobre los aparatos telefónicos pertenecientes a José Francisco López que fueron secuestrados en el marco de la causa” por los bolsos con US$9 millones en su poder y que fueron ofrecidos como prueba por parte de la fiscal Fabiana León en el juicio de los cuadernos. 

Fernández de Kirchner pidió a través de sus abogados “obtener un listado completo de todos los contactos telefónicos que surjan de tales equipos” y se reservó la facultad de “ampliar el estudio pericial, ante el caso de que una vez efectuada la constatación requerida surja información que pueda resultar útil a los fines de este proceso”.

El juez y el fiscal

La vicepresidente quiere que el tribunal ordene a todas las compañías de telefonía fija y celular del país a fin de que indiquen los números de los abonados registrados a nombre del fallecido juez Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli, quienes llevaron adelante la instrucción de la causa.

Luego de que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado Poder Judicial (DAJUDECO) elabore un informe con la totalidad de los registros de comunicaciones de esas líneas entre el 1° de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019, cuando ambos llevaban adelante la causa de los cuadernos, para identificar a “todos los interlocutores con los que se hubiesen entablado llamadas entrantes o salientes y/o intercambiado mensajes de SMS o a través de cualquier sistema de mensajería (WhatsApp, Telegram, etc.)” para establecer “la existencia de indebidas interferencias por parte del poder político en el trámite de este proceso, así como también para corroborar irregularidades en los actos de inicio y desarrollo de la causa, en particular, en lo que respecta a la manera en que se obtuvieron las declaraciones de los denominados ‘arrepentidos’”.

Arrepentidos

Durante los últimos años, en los tribunales de Comodoro Py corrió un rumor: la presunta existencia de actas notariales en las que ciertos empresarios que declararon como arrepentidos ante el fiscal Stornelli habrían manifestado en privado, frente a un escribano público, que admitieron el pago de sobornos a Baratta y los Kirchner supuestamente “coaccionados” por el fiscal y el juez. ¿Con qué los habrían “coaccionado”? Con la prisión preventiva. Ese rumor nunca fue comprobado.

Fernández de Kirchner solicitó a los jueces que pidan al Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que se requiera todos los escribanos inscriptos ante dicho colegio que informen si alguna las personas que han prestado declaración como arrepentidos “requirió en el período que va desde el 1° de agosto de 2018 hasta el día de la fecha que se protocolizara alguna manifestación vinculada con los dichos que prestaran en estas actuaciones” y que se remitieran las actas correspondientes.

Estrategia

El caso de los cuadernos se encuentra en una etapa previa al debate oral y público, denominada “instrucción complementaria”, en la cual la fiscalía y las defensas pueden solicitar al tribunal que realizará el debate oral y público que ordene la producción de pruebas que no se realizaron durante la investigación en primera instancia. 

Fue en el marco de esta etapa que la defensa de Fernández de Kirchner logró que los tribunales orales ordenaran pericias en las que luego basaron los pedidos de nulidad del inicio del juicio de las causas Dólar Futuro, Memorándum y Hotesur-Los Sauces, aunque en los tres casos esas decisiones están en etapa de revisión en la Corte Suprema y la Cámara Federal de Casación.

El tribunal del caso cuadernos aún debe analizar los pedidos de nuevas pruebas de la fiscalía y las defensas y decidir qué medidas ordena y cuáles rechaza. Los abogados de la vicepresidenta ya adelantaron que ante la negativa, recurrirán a instancias de la Corte y organismos internacionales para reclamar.

ED

El día después del juicio por el caso Vialidad, que tiene a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner entre los imputados por presunta asociación ilícita y defraudación a la Administración pública, encontrará al Tribunal Oral Federal número 2 en una audiencia virtual por un caso de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Sin embargo, el veredicto contra la expresidenta -que se espera para este martes por las tarde- incidirá en otras dos acusaciones cuyos casos atraviesan etapas clave: Hotesur-Los Sauces y el caso de los cuadernos, según la información corroborada por elDiarioAR de fuentes directas de estos expedientes.

Los fiscales que trabajan en los juicios pendientes contra la vicepresidenta ya debaten a puertas cerradas las consecuencias de una posible condena por asociación ilícita, una imputación criticada por juristas y políticos de distintos sectores que ven a este tipo de imputaciones como amplias y tendientes a la persecución política. Vialidad no es la única causa en la que Fernández de Kirchner es acusada de integrar una supuesta organización montada con fines delictivos.

En Vialidad, el único juicio oral y público en su contra que vio la luz hasta el momento, la vicepresidenta tiene un pedido de pena de la fiscalía de doce años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El fiscal Diego Luciani la acusó de ser la jefa de una asociación ilícita organizada con funcionarios durante sus dos gobiernos y el empresario Lázaro Báez para defraudar al Estado Nacional y desviar fondos del Tesoro hacia las constructoras del entonces socio de la familia presidencial a través de licitaciones direccionadas. 

La asociación ilícita debe cumplir con ciertos requisitos penales: debe estar integrada por una estructura organizada que permanezca en el tiempo y que a lo largo de su existencia cometa reiteradamente delitos. Pero, ¿puede una misma personas integrar o liderar distintas asociaciones ilícitas? Es lo que discuten los fiscales de juicio Luciani, Diego Velázco (Hotesur-Los Sauces) y Fabiana León (cuadernos) de cara a los próximos juicios orales y públicos que podría enfrentar Fernández de Kirchner, de acuerdo con la información obtenida por elDiarioAR.

Los tres fiscales mantuvieron reuniones de cara al veredicto de este martes para analizar los escenarios que deberán habitar cuando comience el juicio de los cuadernos, sin fecha de inicio; y en el caso de que la Sala I de la Cámara Federal de Casación ordene la realización del juicio de Hotesur-Los Sauces, un fallo que se espera para el próximo 22 de diciembre, pero que podría dilatarse para comienzos de 2023. 

En el caso Cuadernos, Fernández de Kirchner está acusada de liderar una supuesta asociación ilícita para recaudar sobornos o pagos ilegales de empresarios contratistas del Estado. En Hotesur-Los Sauces, la imputación también la colocaba en el rol de la jefa de una asociación ilícita para lavar dinero proveniente de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López a través de los negocios hoteleros e inmobiliarios de su familia. 

En noviembre de 2021, la ex presidenta y el resto de los imputados de Hotesur-Los Sauces fueron sobreseídos antes del juicio por dos de los jueces del Tribunal Oral Federal número 5. Daniel Obligado y Adrián Grunberg sostuvieron en su fallo que tanto Fernández de Kirchner como Lázaro Báez eran objetos de “una múltiple persecución penal referida a un mismo hecho concreto; esto es, la presunta asociación ilícita de la que ambos habrían formado parte, la primera como ‘jefa’ y el segundo como ‘organizador’” en referencia a la imputación en el juicio de Vialidad. 

Ese mismo razonamiento podría ser aplicado por jueces de otros tribunales o de la Casación si la condena en el caso Vialidad incluye el delito de asociación ilícita. Esta posibilidad abre otros escenarios que aún no están claros: ¿cómo incidirá en las imputaciones del resto de los acusados en Cuadernos y Hotesur-Los Sauces? Por ejemplo, el exfuncionario Roberto Baratta (acusado en Cuadernos) y el diputado Máximo Kirchner (sobreseído por el momento en Hotesur-Los Sauces) no están acusados en el juicio de Vialidad. Si la imputación contra Fernández de Kirchner como jefa de una presunta asociación ilícita se cae, ¿sucederá lo mismo con los otros imputados que son juzgados por ese delito por primera vez?

Además, la exclusión de la figura de supuesta jefa de una asociación ilícita en futuros juicios incidirá en el peso de las penas. Este delito tiene un máximo de diez años de prisión, mientras que el cohecho pasivo alcanza los seis años de pena. En el caso de una eventual condena por lavado de activos agravado, el castigo de la ley contempla penas mayores.

ED

En el camino hacia el juicio oral y público, los jueces del Tribunal Oral Federal número 7 deberán analizar si ordenan la primera pericia caligráfica oficial sobre los cuadernos escritos por Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, en los que registró reuniones entre el ex funcionario kirchnerista y empresarios para el cobro de dinero ilegal entre 2005 y 2015. Así lo solicitaron algunas de las defensas de los imputados durante la etapa de ofrecimiento de prueba que finalizó en las últimas semanas.

Las expectativas, explicaron tres abogados defensores consultados por elDiarioAR, están puestas en que el tribunal ordene una pericia sobre los seis originales en papel para determinar dos puntos centrales: en qué fechas se escribieron los cuadernos; y quién sería el segundo escribiente que realizó modificaciones, una novedad que reveló una pericia realizada en otro expediente por peritos de la Policía Federal Argentina (PFA). Hay otra pista que queda pendiente: qué leyendas, nombres o direcciones se corrigieron con liquid paper y por qué.

Algunas de las defensas, como la de los exfuncionarios Julio De Vido y Roberto Baratta, vienen solicitando la realización de pericias sobre los seis cuadernos en papel que se incorporaron a la causa en 2019, pero hasta el momento el único estudio oficial sobre la prueba documental es el realizado por la Federal.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi instruye un expediente originado por una denuncia del empresario Armando Losón, del Grupo Albanesi, uno de los arrepentidos de los cuadernos, quien sostiene que la mitad de las menciones a su persona en los cuadernos serían falsas. Se basa en alteraciones al texto que detectó un equipo de peritos caligráficos privados contratados por el imputado. Losón presentó una denuncia y Martínez de Giorgi ordenó una pericia oficial a la Federal.

Pero se trata de un estudio parcial: no fue realizada sobre los originales papel sino sobre las fotografías digitales de los mismos; no se hizo sobre todos los cuadernos sino sólo sobre tres; y tampoco forma parte del expediente de los cuadernos que debe ir a juicio, sino de una causa paralela que se encuentra en primera instancia. 

Aún así, los resultados de la pericia caligráfica oficial aportaron elementos a las defensas para poder insistir al tribunal oral con la realización de un estudio más profundo sobre los cuadernos. 

Un diario o de corrido

Los peritos de la Federal analizaron 189 archivos de imágenes JPG enviados en un pendrive a través de instrumental óptico e informático. Determinaron que al menos los cuadernos 4, 7 y 8 fueron escritos por Centeno, a excepción de ciertas correcciones atribuidas por los expertos a “otro escribiente”, no identificado hasta el momento.

Alejandro Rúa, abogado de Baratta, es uno de los abogados que solicitó al tribunal que ordene una pericia caligráfica de los cuadernos originales en papel. “Lo más interesante de los resultados de la pericia caligráfica oficial es que determinó que no fueron escritos como un diario”, dijo a elDiarioAR ante la consulta.

Los peritos que analizaron los cuadernos 4, 7 y 8 determinaron que el primero sí fue escrito como un diario, con registros realizados durante distintos días y momentos. Sin embargo, los cuadernos 7 y 8, según los expertos de la federal, habrían sido escritos de corrido, en un mismo momento. 

“La hipótesis de la defensa es que antes de 2017 podrían haber existido algunos de los primeros cuadernos -como el 4- pero el resto, los más recientes, fueron escritos en 2017”, afirmó Rúa. “Esto lo basamos en el hecho de que entre 2016 y 2017, Baratta recibía constantes mensajes de la ex esposa de Centeno reclamando que interviniera a favor de la mujer durante la separación, por ejemplo, sobre la tenencia de los perros de la pareja. En abril de 2017, Horovitz hace referencia a los cuadernos por primera vez en esos mensajes. Creemos que los cuadernos tenían como fin extorsionar a Baratta”, aseguró el abogado del exfuncionario.

¿Pueden los peritos determinar cuándo se escribieron los cuadernos?

Data de escritura

Los peritos caligráficos pueden determinar una fecha aproximada del año en que se escribió cada uno de los cuadernos siempre y cuando cuenten con los originales en papel. 

Cuando el juez Martínez de Giorgi ordenó la pericia caligráfica a la Federal, los peritos intentaron realizarla sobre los originales de papel, pero el Tribunal Oral Federal número 7 negó el acceso a la prueba documentos, que permanece bajo su custodia. Los peritos oficiales debieron trabajar con las fotografías digitalizadas de los cuadernos originales que se les entregaron en un pendrive. 

En el informe, los expertos aclararon que “en todos los casos”, la norma general es que “el peritaje documentológico caligráfico se efectúa exclusivamente sobre el original” en papel. La exigencia -agregaron los peritos- se basa en tres circunstancias especiales: una de ellas es que la fotografía convencional es la fiel expresión de la verdad; siempre que el fotógrafo actúe de buena fe (es decir, que las capturas de imágenes se hayan realizado con un eficiente equipo y no hayan sido modificadas o alteradas digitalmente). El juez Martínez de Giorgi les comunicó que consideraba “indubitables” las fotos digitales.

Además, los peritos explicaron que “en las fotocopias, duplicados, reproducciones fotográficas, reproducciones fotomecánicas, etc., no se puede efectuar el estudio del papel”, “tipo de elemento escritor y tintas usadas en la confección del documento”; y que “solo es posible efectuar el análisis extrínseco o general de la escritura y los parciales intrínsecos.

Aún así, fue posible desarrollar el estudio, pero el dictamen es “parcial”, aseguraron. Pero no pueden determinar la fecha de escritura sin acceso a los originales en papel. Y resta establecer otra cuestión, más allá de lo técnico: cuál sería el impacto de la data de escritura en un caso en el que decenas de empresarios declararon como arrepentidos y admitieron en sede judicial hechos que fueron mucho más allá de los registros de Centeno. 

Sólo por mencionar algunos casos centrales, Aldo Roggio admitió que su empresa pagó sobornos por valores equivalentes al 5% de los subsidios al transporte que recibió durante parte del kirchnerismo; Carlos Wagner describió los pormenores de la cartelización de las obras públicas viales; Angelo Calcaterra sostuvo -al igual que Losón- que pagó aportes de campaña ilegales para poder seguir contratando con el Estado.

Liquid paper

Los peritos privados que contrató el empresario Losón realizaron una pericia caligráfica y otra lingüística de los ochos cuadernos, en base a las fotografías digitales de los originales. Los resultados no son públicos ni fueron presentados hasta el momento ante la Justicia, y los expertos habrían detectado 116 enmiendas sobre la escritura original de los ocho cuadernos (algunas de las cuales fueron realizadas por el propio Centeno y otras, por “otro escribiente”), según pudo reconstruir elDiarioAR de fuentes directas del caso. 

El abogado de Losón, Carlos Vela, sólo presentó los resultados de la pericia privada sobre los cuadernos 4 , 7 y 8, que contienen las menciones a su cliente. 

Tras analizar esos resultados del estudio privado, el juez Martínez de Giorgi ordenó la pericia oficial en mayo último. Entre los puntos de pericia, el magistrado solicitó que se estudien las anotaciones borradas con líquido corrector blanco (o liquid paper) a través una prueba química cromatográfica para determinar con extracciones y análisis químicos si fueron agregados en la misma época o a lo largo de distintos momentos, es decir, si Centeno u otra persona realizó los tachados con el corrector blanco a medida que escribía el cuaderno o si fueron realizadas posteriormente con el fin de enmendar datos registrados durante la escritura original.

Este tipo de estudio se utilizó en el caso Hotesur. El fiscal de la causa iniciada por Losón, Gerardo Pollicita realizó esa misma prueba para remover el corrector líquido en actas de asamblea de la empresa hotelera de los Kirchner, lo que le permitió descubrir que se intentó borrar con líquido corrector la participación societaria de la expresidente en la empresa: debajo de donde se leía “Máximo Kirchner”, estaba el nombre de Fernández de Kirchner, de acuerdo con el dictamen de elevación a juicio del caso.

Cuando se tienen los originales, las tachaduras y ocultamiento de partes del texto con corrector líquido blanco se pueden tratar con un infrarrojo, luz transmitida y filtros IR para descubrir el texto original censurado por el escribiente, explicaron los peritos de la Federal.

En el cuaderno 7, por ejemplo, los peritos oficiales identificaron 115 “acciones aditivas” y tres “acciones supresivas” con tachados o ocultamiento con corrector líquido blanco. Los expertos analizaron una de ellas realizada una de las direcciones en las que Centeno anotó que Baratta mantenía reuniones con Losón (“Alem 855”).

La anotación es del 25 de julio de 2013, a las 12:20 horas. La dirección de la avenida Alem está escrita sobre el corrector líquido. Los peritos lograron establecer que se tachó con el liquid paper la leyenda “Grierson”, que se referiría a la calle Cecilia Grierson del barrio Puerto Madero, que no estaría vinculada a Losón. La defensa del empresario sostiene que se tachó para agregar la dirección de Alem para perjudicar a su cliente y que el registro no sería fiel.

La eventual pericia caligráfica de los ocho cuadernos puede ser una caja de Pandora, explicó un segundo abogado defensor del caso. Los empresarios no saben a quién perjudicará o beneficiará descubrir qué hay debajo de las correcciones con liquid paper. De hecho, ningún otro empresario acusado en la causa de los cuadernos se sumó a la causa iniciada por Losón. 

ED/MG

Mientras el juicio oral y público por la causa de los cuadernos avanza a paso lento, sin fecha de inicio, en un expediente paralelo que comenzó a crecer en los tribunales de Comodoro Py, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi intenta determinar si los cuadernos escritos por el chofer Oscar Centeno fueron adulterados y por quién. 

Hasta ahora, los cuadernos nunca habían sido peritados, a pesar de los insistentes pedidos de algunas de las defensas. Martínez de Giorgi ordenó una pericia caligráfica a la Policía Federal Argentina (PFA) a pedido de uno de los empresarios imputados, Armando Losón, del Grupo Albanesi, quien declaró como arrepentido en la causa original pero sostuvo que sus pagos ilegales al entonces funcionario Roberto Baratta fueron aportes ilegales de campaña y no fueron sobornos. Baratta niega haber recibido dinero de los empresarios.

La pericia oficial se realizó sobre las fotografías digitalizadas de tres de los ochos cuadernos, que son en los que se menciona a Losón: los cuadernos 4, 7 y 8. Los expertos de la Policía Federal ratificaron que los cuadernos fueron escritos por el chofer Centeno pero detectaron ciertas alteraciones en el texto original realizadas “por otro escribiente” en los cuadernos 7 y 8, de acuerdo al informe pericial al que accedió elDiarioAR.

Estas modificaciones sobre los originales consisten en tachaduras, reescrituras y correcciones con líquido blanco (liquid paper). Por ejemplo, a pedido del abogado de Losón, se determinó que el nombre de pila del empresario había sido agregado por posterioridad sobre otro nombre (“Marcelo”), sobre el que se reescribió “Armando”. Sólo se estudiaron las menciones a Losón y a la dirección de su compañía en estos tres cuadernos.

Tras analizar los resultados de la pericia caligráfica, el siguiente paso en el expediente es intentar determinar quién sería este “otro escribiente”, que habría corregido o alterado menciones a Losón en los cuadernos 7 y 8. 

Allegados

El juez busca información sobre dos personas de las personas que admitieron haber estado en contacto con los cuadernos antes de que éstos llegaran a la Justicia: la ex esposa de Centeno, Hilda Horovitz; y su amigo Jorge Bacigalupo, el hombre que entregó una caja con los ocho cuadernos originales a La Nación en 2018. Ninguno de los dos ha reconocido haber alterado los escritos del ex chofer de Baratta y fueron testigos en la causa de Bonadio.

Para comparar los cuadernos analizados con la letra de Centeno, los peritos de la Federal se basaron en una carta redactada de puño y letra por el ex chofer de Baratta y presentada al juez Bonadio en 2018, que quedó archivada en su legajo como arrepentido en la causa madre de los cuadernos. 

Para comparar las escrituras de Horovitz y Bacigalupo, Martínez de Giorgi rastrea en el Registro Nacional de las Personas (Renaper) las fichas que el Estado solicitaba décadas atrás a las personas para completar sus datos personales para la confección del Documento Nacional de Identidad (DNI). Estas fichas se completaban a mano por parte del solicitante del documento y se firmaban de puño y letra, lo que puede aportar “rasgos de escritura” de las personas. Con esas muestras, el juez buscará que los peritos de la Federal logren determinar si alguno de ellos es el “segundo escribiente” que dejó su escritura en los cuadernos 7 y 8.

Ni Centeno ni sus dos allegados han sido citados en la causa ni están formalmente imputados en el expediente.

Además, la querella, es decir, el abogado de Losón, presentó ante el juzgado una nueva pericia privada -ya había presentado su propia pericia caligráfica que motorizó la realización de la oficial-, esta vez, realizada por expertos en lingüística. Martínez de Giorgi busca que peritos oficial, posiblemente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realicen el mismo tipo de estudio: una pericia lingüística sobre los cuadernos 4, 7 y 8 para analizar las expresiones escritas en los textos e intentar determinar si los tres cuadernos fueron escritos con la misma lingüística. 

La querella sostiene que los primeros cuadernos -el 4, por ejemplo- fue escrito de una forma más rudimentaria con respecto a los cuadernos posteriores, como el 7 y el 8.

¿Qué pasará si los peritos oficiales determinan que ni Horovitz ni Bacigalupo son el “segundo escribiente”? 

Vuelo corto, viaje largo

En sí misma, la causa iniciada por Losón tiene vuelo corto para los fines penales. Una fuente directa de la investigación dijo a elDiarioAR que si los peritos oficiales no logran identificar al “segundo escribiente”, el expediente terminará archivado, ante la imposibilidad de identificar a los supuestos adulteradores de los cuadernos.

Losón busca que la acusación en su contra por el caso cuadernos sea neutralizada por las pericias oficiales. El expediente contra el empresario por los pagos ilegales a Baratta durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner -otra de las imputadas- aún no ha sido elevado a juicio debido a los planteos de la defensa.

Pero, además, los resultados de estas pericias oficiales podrían impactar de lleno en el caso de los cuadernos y otorgar a las defensas de otros empresarios una nueva carta para disputar el veredicto. La defensa de Baratta, a cargo de Alejandro Rúa, ya solicitó al Tribunal Oral Federal número 7 que antes de iniciar el juicio de los cuadernos, ordene pericias caligráficas a los seis cuadernos originales en papel que el tribunal guarda bajo siete llaves. 

Aún así, el escenario es incierto para todos. La fiscal Fabiana León, quien encabeza la acusación contra la vicepresidenta y decenas de empresarios y exfuncionarios, tiene las múltiples cartas de las declaraciones de los arrepentidos, quienes admitieron los pagos ilegales a Baratta. 

Mientras tanto, Carlos Stornelli aguarda un fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones porteña: el fiscal de los cuadernos planteó al juez Julián Ercolini -quien subroga el juzgado de Bonadio- que le plantee al juez Martínez de Giorgi que debe inhibirse de la causa iniciada por la denuncia de Losón y enviarla al juzgado de la causa original de los cuadernos, donde Stornelli interviene como fiscal. Ercolini rechazó el planteó de Stornelli y el fiscal apeló a la Cámara Federal. El fallo podría salir antes de finales de año, afirmó una fuente directa del tribunal de apelaciones.

ED

El juez federal Julián Ercolini sobreseyó este lunes a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en una parte de la causa vinculada al caso Cuadernos que aún se investiga, con relación a dos episodios de supuestos pagos de sobornos, los cuales no se consideraron probados.

Se trata del presunto pago ilegal “realizado en el Hotel Feir's Park el día 29 de mayo de 2008” y de la supuesta “entrega de dinero que se habría efectuado el día 28 de abril de 2010, procedente de Pescarmona”, uno de los empresarios imputados en el expediente, surgidos de las anotaciones en los cuadernos de Oscar Centeno.

“A lo largo de la presente investigación no pudieron incorporarse elementos que permitan establecer la existencia de dichos pagos y/o la persona/s que lo habrían/n realizado”, sostuvo el magistrado en la resolución a la que hoy tuvo acceso la agencia Télam.

“Llegado el momento de resolver respecto de estos sucesos, adelanto que habré de adoptar un temperamento desincriminatorio de las personas imputadas, siendo que el fiscal interviniente no ha requerido su elevación a juicio ni propuesto medidas”, explicó el juez sobre la situación de Enrique Pescarmona y Francisco Valenti, cuyos hechos que los incriminan no los consideró probados. Por su parte, el fiscal Carlos Stornelli no pidió la elevación a juicio oral.

En cuanto al supuesto pago que se habría realizado el 29 de mayo de 2008, “no logró establecerse fehacientemente la persona que lo habría efectuado”, sostuvo Ercolini. La misma situación “se observa en el pago que se habría realizado el día 28 de mayo de 2015, respecto de la cual tampoco pudo establecerse la persona que lo habría realizado”, pese a que en las anotaciones de Centeno figuraba el empresario Valenti.

Sobre el pago a Pescarmona del 22 de abril de 2010, “la prueba incorporada no permitiría avanzar respecto de este acontecimiento con el grado de certeza requerido para esta etapa”, consignó el juez federal.

Por otra parte, en la misma resolución, Ercolini envió a juicio oral por otros hechos a los exfuncionarios Roberto Baratta y Nelson Javier Lazarte, así como a los empresarios Alberto Dragonetti, Alberto Taselli y Jorge Balán. El fiscal Stornelli consideró “parcialmente completa la instrucción del presente sumario respecto de los eventos detallados”, y fue él quien propuso la elevación a juicio oral.

A Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del ex Ministerio de Planificación, le imputó ocho casos de supuesta “admisión de dádivas” y nueve de “cohecho pasivo”; a Lazarte, nueve de “cohecho pasivo”; en tanto a Dragonetti, Taselli y Balán entre uno y dos casos de “cohecho activo”.

Sin embargo, el magistrado sobreseyó en esta parte del caso también al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, por uno de los supuestos hechos de dádiva que consideró no probados. La enrevesada redacción del fallo impide establecer la falta de concordancia de número entre quien supuestamente recibió los sobornos y quienes presuntamente los pagaron.

En este último fin de semana, se conoció una pericia en otra causa penal que investiga supuestas alteraciones a las escrituras del exchofer Centeno, que confirmó que dos de los cuadernos tienen tachaduras, enmiendas y agregados que no se corresponderían con su letra. Se trata de una denuncia hecha por el empresario Armando Losón, otro imputado en el caso.

El expediente central del caso cuadernos ya fue enviado a juicio oral ante el Tribunal Oral Federal 7.

LC con información de agencias

La Cámara Federal porteña confirmó este viernes una ampliación de procesamientos por nuevos hechos de presunto cohecho contra contra el exfuncionario del ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, mano derecha del exministro Julio De Vido, y tres empresarios en un tramo de la causa conocida como “Cuadernos” aún no enviado a juicio oral. La Cámara además pidió “evaluar la posible responsabilidad (en pagos ilegales) de otros coimputados”, en una aparente alusión, entre otros, a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Se trata de una parte del caso que sigue bajo investigación en el juzgado federal 11, que subroga el juez Julián Ercolini, quien dictó esos procesamientos en febrero pasado.

La sala I del Tribunal de Apelaciones, con las firmas de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, confirmó las ampliaciones de procesamiento a los empresarios Hugo Dragonetti, Alberto Tasselli y Jorge Balán como supuestos autores del delito de “cohecho activo”. Además confirmó la ampliación de procesamiento por nuevos hechos vinculados a supuestos pagos, contra el exfuncionario del ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, ya enviado a juicio en la parte de la causa cuya investigación se dio por concluida.

También se confirmó la ampliación del procesamiento de el exsecretario de Baratta, Nelson Lazarte, como presunto partícipe necesario de cohecho pasivo por 9 hechos que se suman a la acusación en su contra ya enviada a juicio ante el Tribunal Oral Federal 7.

Lo mismo se resolvió con otro imputado, otro exfuncionario de la exsubsecretaría de Coordinación del Ministerio de Planificación de la gestión kirchnerista, Hernán Gómez.

Los camaristas evaluaron que “restaría evaluar la posible responsabilidad en este hecho de los otros coimputados”, en alusión a uno de los supuestos pagos ilegales por parte del empresario Dragonetti, consignado en “copias del cuaderno” del remisero Oscar Centeno en 2010.

Según las anotaciones, el 22 de septiembre de 2010, “el dinero recibido por Baratta y Lazarte fue luego llevado al domicilio de la calle Uruguay 1306 y entregado a Daniel Muñoz”, en alusión a la dirección del departamento propiedad de la vicepresidenta Cristina Kirchner. El fallecido Muñoz era secretario privado del expresidente Néstor Kirchner. La expresidenta es una de las imputadas enviadas a juicio oral en el principal de la investigación: está sospechada de haber cobrado coimas y montado la estructura para recibir dinero ilegal de los empresarios.

En relación a la prueba, Bruglia y Bertuzzi insistieron en esta nueva resolución en que las evidencias “exceden el marco de los 'cuadernos´ y de su ratificación por Oscar B Centeno (chofer de Roberto Baratta) al prestar declaración como arrepentido” en el caso.

“En este sentido, las medidas probatorias ordenadas en el sumario han permitido constar los domicilios indicados, la titularidad de los vehículos mencionados, verificar las comunicaciones entre los protagonistas y precisar las fechas y otros detalles de los acontecimientos de entrega”, enumeraron.

Además “se cuenta con los aportes de varios imputados -particulares y ex funcionarios- en el marco de los acuerdos de colaboración celebrados bajo la Ley 27.304, que en lo sustancial resultan concordantes con el relato del ex chofer y agregan información sobre la operatoria investigada”, sostuvieron

Con información de Télam

Aunque está curtido por los años, Alberto Binder permanece todavía en estado de incredulidad. El sobreseimiento de Paolo Rocca y los directivos de Techint Luis Betnaza y Héctor Zabaleta que firmó el juez federal Julián Ercolini en la causa Cuadernos superó todos los antecedentes en la materia y confirmó que al poder económico no lo tocan las generales de la ley. Hace casi un mes, Ercolini benefició a la cúpula de la multinacional siderúrgica, todos arrepentidos confesos de haber pagado coimas durante el kirchnerismo. Lo hizo en el mismo fallo que confirmó el procesamiento del ex funcionario Roberto Baratta, con el argumento de que hicieron los pagos ilegales bajo “estado de necesidad” y con el objetivo de que el gobierno del Frente para la Victoria hiciera gestiones ante la Venezuela de Hugo Chávez en medio del proceso de expropiación de Sidor.

Profesor de posgrado de Derecho Procesal Penal en la UBA y asesor técnico en los procesos de reforma judicial en Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Honduras, El Salvador, Guatemala y República Dominicana, Binder prepara una presentación contra el fallo de Ercolini por considerarlo “cosa juzgada irrita”, producto del prevaricato. “Es una decisión totalmente inválida, nula, porque se dicta a sabiendas de que es una medida irregular”, dice. El presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) no sólo cuestiona al juez sino también a una serie de actores que avalaron a Ercolini: primero, el fiscal Carlos Stornelli y el ministerio Público Fiscal que sigue a cargo de Eduardo Casal porque no apelaron la medida; después, a la Unidad de Información Financiera, de Carlos Cruz, que lo hizo tarde y en forma incorrecta; finalmente, a los grandes medios de comunicación y a la oposición que suelen tener el tema de la corrupción como prioridad y en este caso hicieron un silencio abrumador.

Reapareció Paolo Rocca en el Día de la Industria planteando que la salida de la Argentina no es con planes ni con empleo público. ¿Qué impresión le genera?

Es muy sintomático. El empresariado argentino no tiene vergüenza en hablar de la decadencia pero muy rara vez se le va a escuchar una autocrítica por haberse aprovechado de un Estado prebendario. Se trata de una participación muy consciente y cómplice en un esquema de corrupción muy profundo. Más allá de que los Cuadernos fue una operación de inteligencia, por virtud, por negocio o por miedo decenas de los empresarios más poderosos de la Argentina han confesado ser parte de este esquema de la peor de las corrupciones. La Constitución de 1994 considera ese tipo de corrupción como un grave atentado a la democracia en su artículo 36. Rocca, Betnaza y Zabaleta estaban imputados por formar parte de una asociación ilícita.  ¿Qué significa esto? Que es un esquema organizado, no un acto puntual. Rocca es solamente una manifestación más de este problema estructural y yo creo que ha salido a la luz una pequeña porción de esta matriz corrupta del Estado. Con este empresariado que no tiene ningún pudor, no hay ninguna garantía de que esto no se vaya a repetir. 

¿Por qué piensa que Ercolini decide el sobreseimiento de Rocca, Betnaza y Zabaleta en el mismo fallo que confirma el procesamiento de Baratta?

Es posible que lo haya hecho porque nuestros jueces no toman decisiones fundadas en una interpretación razonada del Derecho sino en una arquitectura político-comunicacional. Hay un prevaricato muy claro, eso está pensado y es el resultado no solo de abogados sino de operadores político-judiciales. 

Usted sostiene que Rocca no podía no estar al tanto del pago de coimas.

No, por la magnitud de los negocios que tenía en Venezuela. Cuando Bonadio procesa a Rocca, a Betnaza y a Zabaleta, lo hace -a diferencia de otros casos- sin prisión preventiva. Al resto de los empresarios, los procesaba con prisión preventiva y eso forzaba mayores confesiones, después negociaban las prisiones preventivas como parte del esquema extorsivo que el mismo Stornelli había montado. A Rocca lo procesan sin prisión preventiva y Stornelli y Rívolo apelan en diciembre de 2018 y dicen que Rocca tenía que estar preso, que conocía todo, que los hechos estaban probados y que eran gravísimos. Ahora Ercolini procesa a Baratta y los exculpa a ellos con el argumento del estado de necesidad. Es increíble.

¿Por qué Ercolini falla de esa manera a favor de Techint? ¿Comodoro Py intenta dejar en claro su compromiso político con el poder económico? 

Hace años que vengo cuestionando a los jueces de instrucción de Comodoro Py. Comodoro Py se está reconfigurando para continuar con el mismo juego político. Hoy el comando de operaciones no está en la inteligencia pero los operadores siguen dando vueltas por ahí. La operación política sobre el poder judicial se ha restablecido. 

Se murió Bonadio, se murió Oyarbide, se jubiló Canicoba Corral y de la generación de jueces del menemismo sólo queda Servini...

Si, pero quedan los Ercolini, los Lijo y tantos otros impresentables.

Muchos de ellos son los jueces que nombró el primer kirchnerismo.

Va más allá de los gobiernos. Se van aggiornando. Pero en este caso cometieron el error de pretender salvar con un barniz académico, muy a lo Ercolini, una decisión escandalosa. El modelo Stiuso era potente porque era eficaz y poco pretencioso en sus formas. Esta segunda generación primero no es tan inteligente, segundo no tiene las habilidades del poder y tercero no maneja los resortes de inteligencia, pronto va a quedar muy claro el grotesco. Es una decisión obscena y torpe, muestra que han perdido la noción de realidad.

Van a hacer una presentación judicial contra el fallo de Ercolini. ¿Por qué hablan de cosa juzgada írrita? 

Porque se trata de una absolución que es nula porque está precedida de una conducta de prevaricato. Buscamos revertir la cosa juzgada de estos sobreseimientos, que son totalmente inválidos, nulos. Es una decisión que se dicta a sabiendas de que es una medida irregular.

¿Cómo lo decidieron?

La cosa juzgada es algo que hay que cuidar mucho. Yo no soy de los que piensan que cuando un caso no nos gusta tenemos que reabrirlo porque eso termina debilitando al poder judicial que queremos fortalecer. Pero existe la figura, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho uso y hay casos reconocidos en el derecho internacional y el derecho comparado cuando una decisión es producto de prevaricato, es decir, de dejar de lado dolosamente la ley con intención, entonces no se puede convalidar la cosa juzgada. Si vos sobornaste a una persona, esa persona por dar favores toma una decisión y produce cosa juzgada y ya no la podes tocar más, la cosa juzgada misma se vuelve un chiste. 

¿Cuándo van a hacer esa presentación?

Es inminente pero invitamos a sumarse a todos los que cuestionan el fallo. Lo primero que hay que hacer es restablecer los plazos de tal manera que vuelvan a apelar otras personas que no sean las que dejaron correr a propósito los plazos. Lo de Stornelli fue un silencio ruidoso. La UIF lo dejó pasar no se sabe si por descuido y después quiso hacer una jugarreta muy tonta porque va en contra de cualquier manual de Derecho Procesal Penal. Lo hizo para producir un efecto en la prensa pero la Cámara Federal tardó 30 segundos en desestimarla. 

Desde la UIF de Carlos Cruz sostienen que ellos hicieron una apelación.

Eso no es así. Ellos dejaron pasar el plazo. Acá hay cuatro decisiones distintas. Una lo procesa a Baratta, otra lo sobresee a Rocca, otra lo sobresee a Betnaza y otra a Zabaleta. Cada una de esas decisiones debe ser impugnada. Sin embargo, ninguno de los tres sobreseimientos fue impugnado por ninguno de los acusadores, ni la UIF ni Stornelli ni el ministerio Público Fiscal de Eduardo Casal. Obviamente el defensor de Baratta impugnó y pidió la revisión de su procesamiento. Lo único que hizo la UIF fue adherir al recurso del defensor de Baratta pero eso no servía para revocar el sobreseimiento de Rocca y los demás directivos de Techint. Eso que hizo la UIF, si un estudiante de Derecho te lo plantea, lo tenés que reprobar. La UIF tenía que apelar el sobreseimiento. 

Es difícil pensar que hubo ingenuidad en eso. Si no se apeló en tiempo y forma es porque la decisión de la UIF era convalidar el sobreseimiento de Ercolini.

No lo sé. Yo creo que hay desorientación porque se cree que la causa Cuadernos es solo una cuestión contra Cristina. Piensan que convalidar la impunidad para 40 empresarios corruptos es un mal menor frente a la necesidad de sacar la nulidad para Cristina, porque ni siquiera piensan en los otros funcionarios. Ese es el modo como razonan. 

Hace tres años, Cuadernos tuvo un grandísimo impacto porque no sólo involucraba al kirchnerismo sino a gran parte del establishment que había permanecido siempre intocable. Mirado desde hoy ¿Qué fue lo que se buscó con la causa? ¿Qué quedó?

La causa Cuadernos es información guardada en inteligencia, toscamente judicializable. Vino a confirmar algo que muchas veces denunciamos: estaban los servicios de inteligencia autonomizados y lo judicializaron de un modo muy torpe. Entregar cuadernos, quemarlos, armar una causa con fotocopias. Ahora por fuera de eso, que es una barbaridad, se montó una arquitectura para salvar a los empresarios. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas ha desaparecido, nadie sabe dónde está. Comenzó un operativo sofisticado de impunidad que va a tener el aval de los medios y de un sector importante de la Justicia, de los dos sectores porque quedaron embarrados profundamente para que queden liberados también los funcionarios y los políticos, salvo la entrega que va haber de unos poquitos al estilo María Julia. 

¿Qué falló en el diseño original para que aparecieran los empresarios involucrados en esta causa?  

Eso se vincula con otra cosa a nivel regional, que tiene que ver con el movimiento Odebrecht, que repartía tipo capo de la mafia a pequeñas y medianas empresas. En el caso de la Argentina no se dejó que una empresa hiciera lo mismo porque lo hacía el Estado. Esa cartelización de los negocios más rentables impedía que otras multinacionales entraran.

En Brasil, Marcelo Odebrecht estuvo preso dos años y medio. Ustedes cuestionan la impunidad de los empresarios corruptos. ¿Qué tipo de consecuencias tiene ese criterio?

Los que dominan la cartelización son los funcionarios públicos. Si el sistema económico quiere corromper la política, tiene posibilidades inmensas de hacerlo una y otra vez. Si naturalizamos el financiamiento ilegal de la política, no estamos atacando a la causa principal del problema: estamos atacando a los gerentes de turno. Se puede pensar que en el kirchnerismo hubo gerentes muy hábiles pero hay un problema estructural. El gobierno macrista también quiso gerenciar la corrupción. Los funcionarios pasan, el poder económico queda.

¿Cómo se explica el silencio general en un país donde la corrupción es un tema muchas veces central de la agenda?

Hagamos la lista. ¿Habló Carrió de esto? ¿Habló Ocaña? ¿Habló Olivetto? ¿Hablo Sabsay? Me refiero a las voces que se pasean en forma habitual por los medios. ¿Cuántos periodistas han hablado de esto? Dos o tres nada más. Esto es el poder económico. Alguna vez vamos a entender que atrás de todo esto hay un problema de plata. No hay ideología, no hay política, no hay nada, hay plata. Lo grave es el silencio general ante la impunidad de los empresarios corruptos. 

¿Por qué dice que el financiamiento de la política es el problema principal?

Hay tres tipos de corrupción: la de la policía, la del funcionario que junta plata para ponerse una empresita y la gran maquinaria que hay que atacar, donde se hace política y se gestiona el Estado, se ganan elecciones, se hacen alianzas. El financiamiento de la política no es solamente que llegó el día de la campaña y te pasan unos bolsos negros. Es todo un modelo donde se va gestionando el Estado y por eso todo es una gran caja de favores. La política se ha convertido en una especie de bazar donde se entregan cosas, vos me ayudas a que yo gane, vos me ayudas a que haga la alianza con este y hay empresarios que se mueven, Techint, Cristóbal López, Mindlin, el mismo Macri, que viene de eso. La Justicia forma parte de este esquema de favores porque ahí adentro también se hace lo mismo. Te asciendo, asciendo a los miembros de tu tribu, ¿Por qué duran años los concursos en el Consejo de la Magistratura? Ya llevamos un año desde la decisión de urgencia institucional de las vacantes de Bruglia y Bertuzzi. Pero no alcanza con la indignación sino con una acción como la que queremos hacer. 

¿Hay antecedentes de una presentación de este tipo?

Si hay varios. En el caso Skanska, se reabrió la causa. El gobierno anterior lo quería hacer y yo me opuse porque vuelvo a decir: creo que hay que ser prudente. Si no te abre la puerta a la persecución política permanente. Las cárceles del país están llenas de gente que está presa por razones reales de estado de necesidad. Vos sos pobre y le quisiste dar lo básico a tus hijos y te meten preso si tuviste un antecedente. Es un insulto que estos tipos hipermillonarios hablen de estado de necesidad y digan que tuvieron que salir a coimear a funcionarios de tercer nivel para que les arreglaran sus negocios en Venezuela. No sé cómo Ercolini puede durar un minuto después de un fallo así. Tendrían que hacerle un juicio académico además en la universidad. Dirige una maestría y es gente que no tiene aptitud moral para enseñar a los jóvenes abogados. Mientras el Consejo de Beliz lanza una discusión sobre la ética de la abogacía se permite y se guarda silencio sobre los casos más elementales de inmoralidad judicial. Nadie sale a decir nada. Ni la Asociación de Magistrados ni la asociación de fiscales. 

DG/WC