En medio de un ajuste fiscal que no cede, miles de usuarios se quedarán en las próximas semanas sin los subsidios a la energía, luego de que el Ministerio de Economía publicó una disposición clave en ese sentido.

Para reducir el gasto público en línea con lo acordado con el FMI, el Gobierno recortará la asistencia social y restringirá los subsidios a la luz y el gas solo a quienes más lo necesitan. 

Por lo tanto, usuarios de ingresos bajos conservarán el beneficio, mientras que buena parte de los de ingresos medios y medios-altos lo perderán.

A través de la disposición 2/2026, se publicaron en el Boletín Oficial los requisitos para acceder al beneficio tras el cambio de esquema.

Se prevé que entrará en vigencia en febrero y dejará afuera a un universo de 80.000 usuarios.

Además, se autorizó el formulario online para poner en marcha el nuevo mecanismo a través del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que ya está disponible para completar.

A partir de ahora, los usuarios que reciban ayuda económica para pagar la luz, el gas y las garrafas pasarán a estar inscriptos en el nuevo sistema. 

El trámite será obligatorio y deberá realizarse mediante el formulario digital que tendrá carácter de declaración jurada.

Para definir quiénes mantendrán subsidios, el Gobierno cruzará datos de la Anses y ARCA. 

A su vez, tomará en cuenta el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), por lo que quienes ya estén anotados allí no necesitarán hacerlo de nuevo.

Si surgen cambios en la composición del grupo familiar o la situación económica, las personas deberán actualizar la información de manera digital o de forma presencial en dependencias de la Anses.

Requisitos

El Gobierno analizará tanto los ingresos como la situación patrimonial del conjunto de los miembros del hogar. 

Además, tendrá en cuenta las condiciones por las que se puede presumir capacidad de pago y cuya verificación respecto de alguno de los integrantes del hogar justificará el rechazo del beneficio.

Según lo dispuesto, quedan excluidos hogares que tengan ingresos familiares superiores a tres canastas básicas totales (CBT), actualmente de $ 3,93 millones.

Además, también quedan afuera quienes tengan un auto con menos de tres años de antigüedad, salvo que tengan el certificado único de discapacidad (CUD). 

Antes se excluía a los que tenían tres o más vehículos con cinco o menos años de antigüedad.

Quedan exceptuados también hogares con tres o más inmuebles entre todos sus miembros, una embarcación de lujo, un avión o activos societarios a nombre de alguno de los integrantes.

En cambio, califican como beneficiarios de los nuevos subsidios focalizados los hogares con un integrante que tenga Certificado de Vivienda Familiar, que tengan un integrante con pensión vitalicia a veteranos de Malvinas, o con al menos un integrante con el CUD.

A qué sistema se reemplaza

El nuevo mecanismo reemplazará a la actual segmentación por tres niveles de ingresos vigente desde 2022.

Y pasará a diferenciar únicamente entre quienes seguirán recibiendo el beneficio y quienes dejarán de tenerlo, en un modelo simplificado.

Desde este jueves 1° de febrero, los trabajadores de la Argentina deberán afrontar nuevos aumentos en servicios esenciales. Transporte público, medicina prepaga, telecomunicaciones, alquileres y patentes se encarecen con porcentajes que, aunque moderados en algunos casos, confirman una tendencia persistente: los ingresos formales siguen por debajo de los precios. La inflación estimada para enero oscila entre 2,3% y 2,6%, según relevamientos privados, lo que implica una desaceleración respecto al 2,8% de diciembre. Sin embargo, para quienes trabajan y viven de su salario, el alivio sigue sin sentirse.

En el transporte público, uno de los gastos ineludibles para millones de personas, los boletos subirán tanto en Ciudad como en provincia de Buenos Aires. En CABA, el pasaje mínimo de colectivo (tramo de hasta 3 kilómetros) pasará de $619,37 a $637,58, lo que representa un aumento del 2,8%. En PBA, el mismo tramo costará $721,08, con un incremento del 4,5%.

Para los tramos más largos, el impacto será mayor. En la provincia, un viaje de más de 27 kilómetros costará desde febrero $988,63. También subirá el subte: con SUBE registrada, el valor del pasaje será de $1.336, frente a los $1.259 actuales. El premetro, por su parte, costará $467,60.

A esto se suma una novedad que genera incertidumbre: los aumentos no aplican a los colectivos interjurisdiccionales, es decir, a las líneas que cruzan los límites entre CABA y PBA. La falta de actualización de tarifas en ese segmento, donde operan conflictos históricos por los subsidios cruzados, complica aún más la situación de quienes deben trasladarse por motivos laborales entre ambas jurisdicciones.

En el sistema de salud, las empresas de medicina prepaga anunciaron que las cuotas subirán en febrero un 2,8%, al igual que los copagos. Se trata del segundo aumento en dos meses consecutivos, lo que lleva a muchos trabajadores a replantearse la posibilidad de sostener una cobertura privada. El ajuste también alcanza a los servicios de telecomunicaciones, que aplicarán subas en torno al mismo porcentaje, aunque con variaciones según la compañía.

En paralelo, el nuevo régimen de subsidios a la luz y el gas ya está en vigencia. Se trata del Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplaza a la segmentación anterior por niveles socioeconómicos. Con este esquema, solo se contemplan dos categorías: hogares que mantienen el subsidio y hogares que lo pierden. Para conservarlo, los ingresos familiares no deben superar el equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT) del Indec para un hogar tipo 2. Existen excepciones, como la presencia de personas con discapacidad, pensiones vitalicias por guerra o certificados de vivienda del Renabap.

El trámite es 100% online, y quienes ya estaban inscriptos en el sistema anterior deben actualizar sus datos si hubo cambios en el hogar, ingresos o titularidad. Además, los beneficiarios del Programa Hogar tienen un plazo de seis meses para migrar al nuevo régimen, si desean mantener la asistencia estatal.

Otro de los rubros más sensibles que se encarece en febrero son los alquileres. Aunque ya fue derogada la Ley de Alquileres, muchos contratos aún vigentes se rigen por su fórmula de actualización. En esos casos, el índice aplicable este mes establece un aumento del 34,6%, según el Índice de Contratos de Locación (ICL).

Pero la mayor polémica del mes está en las boletas de patentes automotor en la Ciudad de Buenos Aires. Miles de propietarios recibieron notificaciones con aumentos de más del 100% respecto a lo que pagaron en 2025. El Gobierno porteño lo justificó por el cambio en el método de valuación: en lugar de usar la tabla de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA), se adoptaron los valores del mercado real provistos por ACARA, la cámara de concesionarios.

De acuerdo con la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), no se modificó la alícuota del impuesto. Sin embargo, un 16% de los vehículos del padrón registró aumentos por la revaluación, mientras que otro 16% pagará menos. El 68% restante mantendrá los valores de 2025.

Ante el malestar generalizado, el Gobierno de la Ciudad anunció un proyecto de ley para limitar los aumentos futuros al tope de la inflación. El objetivo, según el comunicado oficial, es que “ninguna patente se actualice por encima de la inflación” en 2026. Mientras los ingresos siguen rezagados —el salario formal promedio subió 25,6% entre enero y noviembre de 2025, frente a una inflación del 27,9% para el mismo período—.

JJD

César, empresario gastronómico, está agobiado por sus empleados. Cuando les paga el sueldo, la tarjeta de crédito les deja la cuenta en cero. Y tampoco tiene margen para remunerarlos mejor porque el restaurante en zona norte del conurbano va para atrás. Encima teme que todo vaya a peor ahora que en enero se quitan los subsidios a la luz y el gas a 7,5 millones de hogares. La clase media está ahogada entre los aumentos de tarifas y el endeudamiento al que recurre hasta para pagar los alimentos en el supermercado.

La morosidad bancaria de las familias alcanzó en octubre pasado el 7,8% de la cartera crediticia, el mayor nivel desde que 15 años atrás el Banco Central estandarizó el dato. En los préstamos no bancarios, que abarca desde billeteras virtuales como NaranjaX y Mercado Pago hasta financieras y casas de electrodomésticos, la irregularidad llega al 20,2%, según un informe de la consultora Eco Go, de Marina Dal Poggetto, sobre la base de datos de la autoridad monetaria.

A su vez, antes de la quita de subvenciones a la energía de enero, el gasto en servicios públicos en general había subido en los últimos cuatro años, entre el final del gobierno peronista y el inicio del libertario, del 4,8% del salario privado registrado al 8,8%, según Eco Go. “Esto está pegándole de lleno a la clase media”, observa Dal Poggetto. De todos modos, señala que en el gobierno de Mauricio Macri este gasto llegó a representar el 13% del sueldo. “Y eso que ahora hay una baja de subsidios más agresiva. Pero el desarrollo de Vaca Muerta te ayudó a bajar los costos locales”, se refiere a la sustitución de la importación de gas y a que, en lugar de asegurar una remuneración del gas en boca de pozo argentino de US$6,50 el millón de BTU (unidad de medida), como quería el ministro de Energía de Macri, Juan José Aranguren, el plan Gas de la anterior administración retribuye US$3,40.

“Tengo un plan de pagos de agua que termina en febrero; deuda con el gas, con envío de telegrama de aviso de suspensión de servicio incluido; dos cuentas pendientes de la luz, el ABL (alumbrado, barrido y limpieza) ni lo puedo pagar...”, lamenta Cecilia Montenegro, vecina de la Comuna 1 de la ciudad de Buenos Aires, que vive con su hijo con discapacidad. Al comienzo del gobierno de Milei perdió la asignación universal por hijo porque una auditoría determinó que el padre del niño estaba trabajando en blanco. Después de una acción legal la recuperó casi dos años después. Pero en el medio debió buscar changas para sobrevivir, pero sin dejar de cuidar a su hijo: desde la limpieza de su edificio hasta el paseo de perros. Tampoco pudo conseguir algo mejor a su edad, a los 57 años. “Lo poco que me entraba fue sólo para comida y cada tanto pagar un puchito de los servicios”, completa Cecilia.

“Dejé de pagar literalmente las tarjetas y préstamos”, cuenta Flavia Pérez, vecina de Claypole de 54 años, que trabaja en un comercio del Microcentro porteño y cobra un sueldo de $1 millón. Tiene un hijo de 14 años y convive en casa de su madre jubilada, que cobra la mínima, y también con su hermana, empleada administrativa. “Comencé pagando el mínimo de la tarjeta, hasta que en un momento me fue imposible seguir pagando, pedí préstamos en el banco y en Frávega”, relata Flavia.

Federico González Rouco, economista de la consultora Empiria, espera, pese a todo, que en 2026 el ingreso disponible, que es el que queda en el bolsillo tras pagar los gastos fijos, mejore levemente respecto de 2025 porque las jubilaciones y otros ingresos están atadas a la inflación pasada con una perspectiva de que a futuro baje de forma paulatina. González Rouco prevé que la quita de subsidios impacte en el ingreso disponible, pero considera que este estaba “artificialmente” inflado por esas ayudas. En Empiria no incluyen el endeudamiento en ese concepto, pero González Rouco observa que el récord de morosidad “es por un motivo positivo, la aparición del crédito, y otro poco por la necesidad de financiar gastos corrientes”.

En cambio, Pablo Moldovan, socio de C-P Consultora, sigue viendo “un escenario dificil para los ingresos”. “No hay muchos motivos para ser optimista, porque el programa de desinflación necesita reprimir ingresos para sostener precios controlados”, advierte sobre las pobres paritarias que están pactándose. Con el proyecto de ley de flexibilización laboral, que prevé que la negociación salarial sea por empresa y no por sector, el poder de los trabajadores disminuirá aún más. En un informe de la consultora que comparte con Federico Pastrana, advierte que cae el empleo formal y crece el informal, donde hay menos salarios, además de peores condiciones de trabajos y sin derechos laborales.

“El escenario es complejo”, coincide Pedro Gaite, economista de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE). “Los salarios están muy bajos en la comparación histórica, el empleo es cada vez más precario, es cada vez más difícil llegar a fin de mes, lo que se refleja en el aumento de la deuda para gastos corrientes y de la morosidad. Es complejo para las personas y para las empresas, sobre todo para las pymes”, apunta a que estas les venden a aquellas. “No hay perspectiva de que mejore significativamente en el corto plazo porque la inflación aumenta desde hace seis meses, el tipo de cambio dejaría de funcionar como ancla (antiinflacionaria), los aumentos de tarifas se van a profundizar en los próximos meses. El salario real va a seguir cayendo. De hecho, el ancla salarial probablemente sea la más importante. Mientras, el empleo se sigue deteriorando porque la industria está destruyéndose y el comercio también”, describe Gaite.

El exdiputado y exministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo viene advirtiendo hace años sobre el endeudamiento, sobre todo con prestamistas en los sectores populares. “La gente se endeuda y reendeuda, toma una deuda para tapar la anterior, por tres cuestiones: los gastos fijos, que son luz, agua, alimento y transporte, y eso es en esencia lo que ha crecido y complica cada vez más a la clase media; sigue siendo caro comer para los argentinos, en especial para las familias pobres; y también son caros los medicamentos, que están desregulados, pesan más si hay jubilados en el hogar y afectan a las clases baja y media. El sobreendeudamiento de las familias va a terminar generando algún conflicto social en la Argentina porque está convirtiéndose en un cuello de botella y no hay ninguna política para desendeudarlas”, vaticina Arroyo.

En los bancos consideran que para reducir la morosidad se necesita que bajen aún más las tasas de interés, que se fueron por las nubes en la última campaña electoral, que crezca la economía y que baje la inflación. En esas entidades ofrecen refinanciaciones a los morosos. Pero clientes como Rosa, empleada doméstica de Lanús, se las ve en figuritas para pagar sus múltiples deudas porque si deposita un ingreso para pagar una de sus tarjetas inmediatamente la entidad se la absorbe para saldar otro pasivo.

“En donde nosotros trabajamos, centros de Jubilados de La Matanza, el sobreendeudamiento es moneda corriente y en las peores condiciones, en el circuito informal”, describe Pedro Bussetti, presidente de la organización Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco). “Al no haber más créditos de ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) a tasa subsidiada y no poder acceder al crédito bancario, por no reunir los requisitos o por estar en el Veraz, se recurre a los financiamientos más usurarios. A esto se le sumó que este mes por decisión del ENRE (Ente Nacional de Regulación de la Electricidad) se implementó el nuevo ciclo de facturación de Edenor y a la gente le llegan facturas con el consumo de 60 dias, abultadísimas. Un nuevo ingrediente para aumentar el sobreendeudamiento”, avisa Bussetti sobre los vecinos de la zona norte de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano. Peor estará el clima cuando comiencen a llegar las boletas de enero.

AR/MF

La amenaza de paro lanzada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) logró su objetivo inmediato: asegurar el pago completo de los salarios de noviembre. Sin embargo, el conflicto con las cámaras empresarias del transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sigue abierto, con un nuevo foco en el medio aguinaldo que debe abonarse en las próximas semanas.

El sindicato había advertido que los servicios de colectivos se paralizarían este viernes 5 de diciembre si las empresas, como anticiparon hace dos semanas, concretaban el pago de los sueldos en cuotas. Anoche, tras horas de negociación, se alcanzó un principio de acuerdo con la mayoría de las líneas. Aun así, algunas no funcionan, y persisten incertidumbres entre trabajadores y usuarios.

“El Gobierno será responsable de que los trabajadores realicen un paro para que perciban en tiempo y forma los salarios que han ganado”, advirtió el gremio en su comunicado, que también incluyó un rechazo al posible fraccionamiento del aguinaldo.

La respuesta oficial no se hizo esperar. A través de la Resolución 86/2025, publicada ayer en el Boletín Oficial, la Secretaría de Transporte autorizó un aumento en los subsidios para las empresas urbanas y suburbanas del AMBA y también para las del interior del país. La actualización, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre, será válida hasta tanto se apruebe un nuevo esquema de costos.

Entre los factores contemplados en la nueva matriz de subsidios se incluyen la paritaria firmada en julio, los aumentos en insumos clave como gasoil, repuestos y seguros, y el ajuste de ítems como viáticos y premios estímulo, en especial para las líneas que operan en la zona del Gran La Plata. El financiamiento saldrá de fondos nacionales, provinciales y del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), según el ámbito geográfico.

Desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) comunicaron que “la gran mayoría de las empresas acordaron, con lo cual el panorama está bastante controlado. Salvo alguna empresa puntual, la gran mayoría va a estar funcionando mañana sin problema”.

No obstante, en la práctica persisten interrupciones en algunos servicios, por lo que se recomienda a los usuarios consultar la web parodebondis.com.ar, donde se actualiza en tiempo real el estado de las líneas.

La tensión salarial en el transporte expone una vez más la fragilidad del sistema de subsidios, dependiente del Tesoro nacional y de decisiones políticas que suelen llegar sobre el filo de los conflictos. La amenaza de un nuevo paro, si no se abona el aguinaldo completo, sigue vigente. Y el riesgo de colapso en el servicio de colectivos permanece latente, en un contexto de inflación sostenida y ajuste fiscal.

JJD

Con diciembre vuelven los aumentos. El último mes del año replica la lógica de todo el 2025: subas sistemáticas que erosionan el poder adquisitivo de los trabajadores. Esta vez, el combo incluye transporte, servicios públicos y prepagas. Y lo más fuerte no es lo que sube ahora, sino lo que se viene en enero, con la quita total de subsidios a los hogares de ingresos medios y altos.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el colectivo urbano de Ciudad de Buenos Aires sube un 4,4% y el de provincia, un 14,8%, lo que lleva el pasaje mínimo a $594 en promedio en CABA y $598 en el conurbano. El subte también se ajusta: alcanza los $1.207 por viaje, como parte del mecanismo de revisión tarifaria vigente.

Las cuotas de medicina prepaga aumentan entre 2,1% y 2,5%, según la empresa y el plan. Galeno, Swiss Medical, Avalian, Hospital Alemán, Sociedad Italiana y Sancor aplican ajustes del 2,3%. Un plan individual que costaba $65.000 en noviembre pasa a $66.300, mientras que uno familiar que rondaba los $150.000 se ubica en torno a los $153.300.

En cuanto a los servicios públicos, aunque no se anunciaron nuevas subas en las tarifas base, las boletas de diciembre reflejan aumentos previos. El componente de distribución —que remunera a las empresas— subió en noviembre y se traslada a las facturas del mes siguiente: Edesur aumentó 3,53%, Edenor 3,6% y Metrogas 3,8%.

Pero el cambio estructural llegará en enero, con la implementación del nuevo esquema de subsidios energéticos. El Gobierno eliminó la segmentación por niveles y redujo el universo de beneficiarios. Solo podrán acceder los hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales, es decir, $3.641.397 mensuales, y que no posean embarcaciones ni propiedades adicionales.

Quienes queden fuera pagarán el costo pleno de la energía. En luz, se quitará el subsidio del 50% sobre los primeros 300 kWh mensuales en verano e invierno; en gas, se eliminará el descuento del 50% vigente entre abril y septiembre. En las boletas de febrero, ya sin asistencia estatal, el impacto será mucho mayor para millones de usuarios.

Mientras tanto, el ajuste de diciembre se suma al deterioro acumulado. En alquileres, los contratos que se actualizan cada tres meses suben 6,43%, los cuatrimestrales 8,46% y los semestrales 14,1%. Los que se renuevan de forma anual tendrán un aumento del 39,2%.

Con una inflación que, aunque desciende desde que Javier Milei llegó al poder, hace dos años, aún persiste y no perfora el piso del 1,5% mensual, la caída del salario real sigue siendo el telón de fondo. Las subas en salud, transporte y servicios impactan especialmente en los hogares trabajadores, que destinan una porción creciente de sus ingresos a sostener el acceso a bienes esenciales. El 2026 no empezará con alivio, sino con tarifazos.

JJD

Los clubes de barrio y de pueblo deberán revalidar su inscripción para continuar accediendo a los subsidios en las tarifas de luz y gas, según anunció este miércoles el vocero presidencial, Manuel Adorni. La medida generó preocupación en muchas de estas entidades, que temen no poder sostener sus actividades si pierden este beneficio clave en medio de una profunda crisis económica.

El Gobierno presentó el proceso como parte de una estrategia para “sanear el esquema tarifario” y evitar que los subsidios lleguen a instituciones “de elite” o con fines comerciales. No obstante, desde el sector advierten que la falta de detalles sobre los nuevos criterios y plazos puede dejar afuera a clubes que realmente cumplen una función social.

“Es importante aclarar que ningún club que necesite el subsidio va a dejar de recibirlo”, sostuvo Adorni durante su habitual conferencia de prensa, aunque aclaró que todas las entidades deberán reinscribirse a través de la plataforma TAD (Trámite a Distancia) y bajo declaración jurada.

Actualmente, 2.228 clubes están registrados en el régimen especial que permite acceder a tarifas energéticas reducidas. La inscripción exige cumplir requisitos establecidos por la Ley 27.098, como tener personería jurídica, una antigüedad mínima de tres años y entre 50 y 2.000 socios.

El anuncio generó malestar entre dirigentes de clubes barriales, que desde el año pasado vienen alertando por el fuerte incremento en los costos de los servicios.

Desde el Gobierno indicaron que la medida apunta a eliminar “abusos” detectados en el régimen, como clubes con gimnasios concesionados, actividades deportivas profesionales o medidores subsidiados en oficinas comerciales. Entre los casos señalados, Adorni mencionó un club de regatas en Olivos, un club de rugby con sede sobre avenida del Libertador y un club de fútbol profesional de la segunda categoría de AFA.

Sin embargo, los clubes de barrio temen quedar atrapados en la misma lógica. “No somos empresas, somos instituciones que trabajan con chicos, con adultos mayores, que dan contención en los barrios. Si nos sacan el subsidio, es muy difícil seguir”, señaló un referente de una entidad deportiva del oeste del conurbano.

Organizaciones que nuclean a estos clubes vienen advirtiendo desde hace meses que el aumento de tarifas pone en riesgo la supervivencia de muchas instituciones. En algunos casos, los costos de mantenimiento superan los ingresos por cuotas sociales.

La Secretaría de Energía, que encabeza María Tettamanti, señaló que los nuevos criterios de inclusión y exclusión buscarán “garantizar que solo reciban el subsidio quienes realmente lo necesitan”, aunque todavía no se han publicado los detalles técnicos ni los plazos para realizar la revalidación.

Mientras tanto, los clubes de barrio piden que se garantice un procedimiento accesible, sin trabas burocráticas ni tecnológicas, y que se reconozca el rol social que cumplen en los territorios más golpeados por la crisis.

El Gobierno nacional implementó un nuevo procedimiento para definir segmentación de subsidios, por el cual se podrá consultar en qué categoría está ubicado el usuario y pedir su redeterminación.

Lo hizo a través de la Resolución 218/2025 de la Secretaría de Energía publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La norma instruye a la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético para que desarrolle y ponga a disposición de los usuarios una herramienta que permita consultar en forma personalizada su nivel de segmentación en cualquier momento y lugar.

Asimismo, se implementará un procedimiento de solicitud de revisión de la categoría a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD).

Para quienes no cuenten con acceso digital o necesiten asistencia, se mantendrán canales presenciales en las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para la carga de la solicitud.

La decisión se toma en el contexto de la emergencia del Sector Energético Nacional declarada hasta el 9 de julio de 2025, y la emergencia pública, tarifaria y social vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.

Estas emergencias facultaron a la Secretaría a redeterminar la estructura de subsidios y definir mecanismos para su asignación y percepción, asegurando el acceso al consumo básico y esencial.

Además, se extiende hasta el 31 de mayo de 2025 el Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados.

Uno de los puntos centrales de la resolución es la aprobación de lineamientos para el análisis y la evaluación de las solicitudes de revisión del nivel de subsidio asignado en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), que se harán con el nuevo mecanismo descripto.

La normativa también refuerza las acciones para mejorar la focalización de los subsidios y reducir los errores de inclusión, según expresa la resolución.

El Gobierno entiende que “se ha constatado que existen usuarios categorizados como de Bajos Ingresos (Nivel 2) cuyos medidores corresponden a zonas o propiedades (como clubes de campo con altas expensas) que manifiestan un alto poder adquisitivo”.

En consecuencia, se faculta a la Subsecretaría a establecer indicadores de exteriorización patrimonial del nivel de ingresos.

Se continuará y profundizará el cruce de información entre los ingresos declarados y los registrados en bases de datos nacionales y provinciales, como el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y ANSES, para verificar el cumplimiento de los criterios de inclusión y detectar posibles ingresos no declarados o activos que demuestren capacidad contributiva incompatible con la recepción del subsidio.

Estas acciones se realizarán respetando la normativa de protección de datos personales.

Es relevante aclarar que los usuarios que ya se hayan inscripto en el RASE no tendrán necesidad de volver a hacerlo, a menos que deseen actualizar la información de su grupo conviviente.

La resolución advierte que si se verifica que la declaración jurada presentada por un usuario contiene información manifiestamente falsa o que se accedió al beneficio de forma fraudulenta, además de la exclusión del subsidio, se podrá ordenar la refacturación de todos los importes que fueron incorrectamente bonificados en las facturas de servicios, con los intereses moratorios y punitorios correspondientes, sin perjuicio de otras posibles acciones y sanciones.

Con información de agencias.

IG

El Gobierno eliminará los subsidios a las tarifas de energía a más de 15.500 usuarios de Puerto Madero y de barrios cerrados del AMBA. Así lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, y añadió que esto le permitirá al Estado ahorrar unos 3.000 millones de pesos al año.

“No más subsidios a quienes no los necesitan. Más de 15.500 usuarios que viven en Puerto Madero y en barrios cerrados del AMBA serán excluidos del régimen de subsidios energéticos”, dijo. Explicó que esta medida “implicará un ahorro de más de 3.000 millones de pesos al año, hecho que contribuye a consolidar aún más el orden fiscal del país”.

Los recortes alcanzarán a las tarifas de Edenor, Edesur, Metrogas y Gas Natural.

El vocero anunció que más de 15.500 usuarios de electricidad que viven en Puerto Madero y en barrios privados del AMBA van a ser excluidos del Régimen de Subsidios Energéticos mediante una recategorización automática.

Explicó que el 44% se había categorizado como de ingresos bajos y el 56% se consideraba de ingresos medios, pero a pesar de ese registro “gozaban de privilegios como piletas climatizadas”, mientras que “sus consumos mensuales se equiparaban con los de una pyme promedio”.

Esta iniciativa tiene como objetivo garantizar una distribución eficiente, justa y transparente de los recursos públicos, dijo Adorni. Sostruvo que “contribuye a consolidar aún más el orden fiscal y es un paso importante para sanear un esquema tarifario devastado por el despilfarro de 150 mil millones de dólares durante subsidios en los últimos 20 años. La energía cuesta, y quien puede pagarla, debe hacerlo”. 

Con información de la agencia NA

En medio de la visita oficial del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, el Fondo Monetario Internacional (FMI) desembolsó en la Argentina US$12.151 millones, equivalente al 60% del nuevo programa financiero acordado entre el organismo y el gobierno de Javier Milei. La inyección de divisas representa una bocanada de oxígeno para las reservas del Banco Central, pero al mismo tiempo marca el inicio de un compromiso de alto voltaje técnico y político, que obliga a avanzar en reformas estructurales y cumplir metas fiscales bajo monitoreo semestral.

El entendimiento, de cuatro años de duración, prevé un esquema de transferencias escalonado: los próximos giros llegarán en junio y noviembre de 2025, por montos de US$2.028 millones y US$1.012 millones respectivamente, siempre supeditados al cumplimiento de los objetivos pautados. A partir de 2026, se establecen desembolsos de US$723 millones cada seis meses hasta 2029. En total, el plan contempla fondos por US$20.887 millones, de los cuales tres cuartas partes se concentrarán en los primeros doce meses.

Cambios en jubilaciones, asistencia y mercado laboral

Entre los compromisos asumidos por el Gobierno se destaca la decisión de revisar y simplificar el actual sistema jubilatorio antes de diciembre de 2026. El objetivo declarado es mejorar su sostenibilidad en el tiempo, en un contexto de creciente presión fiscal.

En paralelo, el acuerdo estipula mantener la cobertura de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar en niveles que aseguren el acceso a la canasta básica alimentaria. El Ejecutivo deberá sostener este piso de asistencia durante todo el ciclo del programa.

También se incluyó como meta la integración de bases de datos sociales para consolidar un registro único de beneficiarios, con plazo a diciembre de 2025. Esto se traducirá en la implementación del Sistema de Indicadores Sociales (SIS), una herramienta que permitirá reorientar los subsidios hacia los sectores más vulnerables con mayor precisión.

En el frente laboral, el Fondo pidió avanzar con una flexibilización de las relaciones contractuales entre trabajadores y empleadores, orientada a facilitar la negociación de condiciones laborales. A su vez, se promoverán cambios impositivos que ayuden a reducir la brecha entre el trabajo informal y el formal, con el objetivo de ampliar la base contributiva y mejorar la equidad del sistema tributario.

Otro de los ejes del acuerdo es el esquema de subsidios energéticos. El organismo internacional pidió eliminar la segmentación actual según nivel de ingresos y avanzar hacia un subsidio único destinado exclusivamente a hogares de bajos recursos. El documento no establece una fecha precisa para aplicar este cambio, lo que deja margen a decisiones políticas futuras.

El nuevo programa prevé nueve revisiones técnicas por parte del Fondo, que comenzarán en junio de este año y se repetirán cada seis meses. Para pasar cada evaluación, el país deberá cumplir con metas cuantificables:

Además, desde junio de 2025 hasta marzo de 2026, el Banco Central no podrá financiar al Tesoro, lo que implica una política monetaria más restrictiva y un mayor desafío en términos de recaudación y control del gasto.

Un cronograma de pagos que se extiende hasta 2038

El calendario de repago del préstamo prevé un período de gracia de 17 meses. Recién en septiembre de 2026 comenzarán los desembolsos hacia el FMI, que se extenderán durante más de una década. Entre 2026 y 2034, la Argentina deberá cancelar US$43.442 millones, con montos crecientes año a año. Los pagos se superpondrán con los compromisos adquiridos en el acuerdo anterior, lo que incrementará la carga financiera entre 2029 y 2035.

La secuencia de pagos será la siguiente: US$833 millones en 2026; US$3.250 millones en 2027; US$4.842 millones en 2028; US$6.074 millones en 2029; US$7.137 millones en 2030; US$7.319 millones en 2031; US$6.667 millones en 2032; US$4.432 millones en 2033 y US$2.886 millones en 2034.

Con la llegada del primer desembolso, el Gobierno gana tiempo y divisas, pero también queda condicionado a una hoja de ruta exigente, que lo obliga a cumplir metas económicas y emprender reformas profundas. Lo que se juega en estos meses no es solo el futuro del acuerdo, sino el margen de maniobra política para sostenerlo sin desbordes sociales ni rupturas internas.

El gobierno de Javier Milei definirá un nuevo esquema de subsidios para las tarifas de electricidad y gas natural para antes de fin de año, luego de haber cerrado el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La idea de reducir los subsidios, principalmente para la clase media, es acelerar el recorte del gasto público y avanzar en la desregulación del sistema energético. La intención es reemplazar la actual segmentación por ingresos en tres niveles por una única asistencia, que sea destinada exclusivamente a hogares vulnerables.

El nuevo sistema excluirá alrededor de 3 millones de usuarios de clase media en la tarifa de luz. Estos mismos son los que empezarán a pagar más cara el precio de la luz.

El proceso de modificación del régimen será gradual. La Secretaría de Energía, a cargo de María Carmen Tettamanti, aplicó una reducción progresiva en los descuentos que reciben los usuarios residenciales sobre el precio de la energía en sus facturas.

Según el esquema vigente, los usuarios están agrupados en tres niveles: Nivel (ingresos altos), Nivel 2 (ingresos bajos) y Nivel 3 (ingresos medios).

Hasta diciembre había 9,5 millones de usuarios de electricidad con tarifa subsidiada (6,3 millones en el Nivel 2 y 3,2 millones en el Nivel 3), sobre un total de 16,2 millones. En el caso del gas, 5,3 millones de los 9,5 millones de usuarios residenciales recibían subvenciones (3,1 millones en el Nivel 2 y 2,2 millones en el Nivel 3), según datos del Registro de Acceso a los Subsisidios a la Energía (RASE).

Tettamanti estará a cargo del nuevo esquema. Según proyecciones del FMI, el gasto en subsidios energéticos pasará del 1,1% del PBI (en 2024) al 0,5% (en el 2025).

Desde la asunción de la administración libertaria, en diciembre del 2023, las tarifas de electricidad aumentaron un 264% y un 622% las de gas, según datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA-Conicet.

Otra de las metas impuestas en el acuerdo con el FMI es avanzar en la reforma del mercado mayorista de electricidad para noviembre de este año, con el objetivo de mejorar la competencia y aliviar la presión sobre la cadena de pagos del sector energético.

En ese sentido, La Secretaría de Energía dictó la Resolución 21/2025, que habilita a las empresas energéticas a celebrar contratos sin la intermediación de la compañía CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico), con la intención de recuperar un esquema de libre contratación.

MP con información de NA

En el marco de la estrategia para seguir reduciendo el gasto público, el Gobierno introducirá cambios en los planes para subsidiar consumos en cuotas, según fuentes oficiales. Extenderá por seis meses el financiamiento en cuotas sin interés, pero le hará cambios claves: los beneficios ya no regirán para todos los comercios, las cuotas fijas se reducirán de 12 a entre 3 y 6, y las tasas que pagan los consumidores sufrirán un incremento, por lo que pasarían del 40% a entre 45 y 50% nominal anual.

Uno de los principales cambios de la medida es que alcanzará solo a las micropymes y pymes, sin contemplar a las medianas y grandes empresas, como las empresas de venta de electrodomésticos, que desde ahora en más ya no serán incluidas. 

El gobierno de Javier Milei eliminó los programas de consumo subsidiado como Ahora 18 y Ahora 12, y solo mantuvo beneficios indirectos a los bancos como la franquicia para los encajes. 

Pero desde hace un tiempo también suspendió esa medida y la baja de tasas del Banco Central levantó quejas de las entidades privadas contra el plan Cuota Simple y el reclamo de mejoras en las tasas, que superan el 55% nominal anual en el mercado.

La idea es progresivamente ir saliendo de todos los entornos regulados, explicaron desde el Gobierno. 

Desde fines de mayo, el Banco Central dejó sin efecto disposiciones vinculadas a la disminución de la exigencia de efectivo mínimo en pesos en el marco de Ahora 12 y Cuota Simple. 

Así, a partir del ciclo de facturación de junio, se eliminaron los límites a la tasa de interés compensatorio para financiaciones a personas humanas vinculadas a tarjetas de crédito que pueden aplicar las entidades financieras.

El Gobierno ajustó el consumo en cuotas fijas luego de negociaciones con los bancos y la Cámara de la Mediana Empresa (CAME). 

La entidad que representa a las pymes informó en las últimas horas que las ventas navideñas subieron 1% respecto de diciembre del año pasado y que el balance “no fue bueno”, considerando que se compara con la Navidad de 2023, cuando la inflación llegó al 211,4% anual.

MM con información de la agencia NA.

El Gobierno extendió el periodo de transición energética y mantiene el esquema actual de subsidios a la luz y el gas por seis meses más, mediante la Resolución 384/2024, publicada este martes en el Boletín Oficial.

La normativa dispuso prorrogar por “un plazo de seis meses, desde el 1º de diciembre de 2024 hasta el 31 de mayo de 2025, el Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados”.

La decisión se da tras las evaluaciones llevadas a cabo por la Secretaría de Energía “en cuanto a la respuesta de los usuarios a la reestructuración progresiva del régimen de subsidios energéticos, todo ello en el marco de la política de déficit cero y desinflación implementada por el Ministerio de Economía”.

En ese sentido, se expuso que “las medidas adoptadas por esta Secretaría durante el Período de Transición, tanto en materia de subsidios como en cuanto a la actualización de las tarifas, han tenido efectos positivos sobre el equilibrio de las cuentas fiscales, a la par que los usuarios van adquiriendo hábitos de consumo más eficientes, en tanto se van transparentando los verdaderos costos de la energía y poniendo límites a los volúmenes de consumo subsidiables”.

De los informes técnicos, también se desprende que “la evolución de la cobertura de los precios mayoristas por parte de los usuarios muestra un sendero virtuoso de suma importancia para mantener el equilibrio de las cuentas nacionales, estableciendo reglas claras y aportando previsibilidad al sector privado que le permita planificar inversiones”.

De esta manera, las tarifas de luz y gas seguirán teniendo la cobertura actual de subsidios, que comprende la segmentación por niveles de ingresos, hasta abril, cuando el Ejecutivo ponga en marcha un nuevo esquema de subsidios focalizados en el que se encuentra trabajando la responsable del área energética, María Tettamanti.

Al respecto, el texto oficial, Energía aclaró que “durante este período de prórroga corresponderá avanzar gradualmente con las señales que estimulan el ahorro energético y el cuidado de los recursos naturales por parte de todos los hogares del país, al mismo tiempo que se avanza en una aplicación focalizada de los subsidios que implementa el Poder Ejecutivo Nacional”.

En esa línea, precisó que “existen aún ineficiencias en la asignación de los recursos, que distorsionan el objetivo de acompañar a quienes realmente lo necesitan y, en tal sentido, resulta necesario profundizar la ponderación del impacto de las medidas a adoptar a fin de avanzar en forma ordenada, previsible y gradual hacia la reestructuración de los subsidios encomendada a esta Secretaría”.

La medida se da tras la prolongación de la emergencia energética hasta el 9 de julio de 2025, resuelta a mediados de noviembre. La misma lleva casi un año de vigencia y afecta a la generación,el transporte y la distribución de energía eléctrica y gas natural.

Con información de NA.

IG

El Gobierno utilizará préstamos del Banco Mundial por unos US$ 1.000 millones para modificar el esquema de subsidios a la energía y el transporte. El objetivo es reestructurar el esquema de subsidios a la energía eléctrica y el transporte público por colectivos y orientar la ayuda del Estado nacional exclusivamente a los usuarios más vulnerables mediante una tarifa social. Así, se eliminará el actual esquema de segmentación de tarifas a la energía (luz y gas) en todo el país.

Otra meta es reducir los subsidios a los colectivos -solamente destina recursos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)-, aunque eso tiene un mayor impacto a nivel social y en la inflación.

Las cláusulas de los contratos establecen que la Argentina se comprometerá a desarrollar “capacidades institucionales” y orientar los recursos del Estado con “perspectiva de género”, así como también la prevención y la respuesta ante el “acoso sexual” en el transporte, y la mitigación del “cambio climático”.

El Banco Mundial ya aprobó estos créditos pero sus desembolsos recién empezarán el año que viene.

El Proyecto de Apoyo a la Sostenibilidad y Equidad del Transporte Público otorgará US$ 500 millones y establece criterios para la “elegibilidad” de usuarios a recibir subsidios mediante un programa de tarifa social, que deberá vincular los datos individuales que tienen los distintos organismos del Estado sobre las personas con registros del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE).

Algunos de sus objetivos son “fortalecer la inclusión” de personas con discapacidad, “apoyar la prevención y respuesta contra el acoso sexual” en el transporte público y “apoyar la mitigación y adaptación al cambio climático”, mediante la identificación de vehículos eléctricos y la transición hacia modelos de bajas emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, como el dióxido de carbono (CO2).

Ese programa prevé que se deberán sumar en los próximos años unos 400.000 beneficiarios a la tarifa social y que cerca de 1.360 millones de viajes deberán ser subsidiados. El capital del préstamo será devuelto en cuotas semestrales entre el 1 de diciembre de 2031 y el 1 de junio de 2056, a razón de 20 millones de dólares por año.

Mientras tanto, el Proyecto de Apoyo a la Transición hacia un Sector Eléctrico Sostenible, por otros US$ 500 millones, fija como una de sus metas “definir hogares de bajos ingresos a ser protegidos contra mayores incrementos en las tarifas, con la inclusión de una perspectiva de género cuando sea factible”.

La intención oficial es racionalizar el gasto en subsidios, que este año ya bajaron un 34% frente al período enero-octubre 2023, mientras que en 2025 volverían a caer entre 30% y 40% para representar menos del 1% del Producto Interno Bruto (PIB), hasta cerca de los US$ 4.000 millones.

MM con información de la agencia NA.

El Gobierno argentino obtuvo US$ 1.000 millones para seguir sosteniendo tarifas “sociales” en electricidad y transporte, anunció el Banco Mundial. El organismo multilateral destinará u$s 500 millones para el “apoyo a la sostenibilidad y equidad del transporte público”. 

Esto permitiría garantizar la tarifa social en el transporte, que ofrece un descuento del 55% en la tarifa en 61 localidades del país donde está disponible la tarjeta del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE). Jubilados y beneficiarios de prestaciones sociales son los principales alcanzados. También habrá u$s 500 millones para “Apoyo a la transición a un sector eléctrico sustentable”.

Se usarán en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE), que maneja los subsidios energéticos, y facilitará “la creación de nuevos mecanismos para recolectar la información disponible en otros registros”.

“Se espera que el esquema de subsidios sea más eficiente y (...) reduzca el consumo eléctrico”, según el Banco Mundial. Ambos proyectos son préstamos de margen variable, reembolsables en 32 años y tienen un período de gracia de 7 años. 

MM con información de la agencia NA.

El 4 de setiembre finaliza el plazo para que los usuarios de luz y gas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cuyos ingresos a nivel familiar no superen la canasta básica de $3.056.091 en agosto 2024 (o $3.728.431 en las zonas del país más frías) soliciten el subsidio mediante la inscripción online al Registro de Acceso a los subsidios a la Energía, RASE.

Aun con los incrementos acumulados, las facturas de luz no cubren ni la mitad del costo, por lo que una eliminación del subsidio a fin de año, como se anunció, que implique no subsidiar más del 20%, en términos reales significará casi una duplicación de la tarifa.

Desde septiembre, las tarifas de electricidad y gas aumentan un 4% desde este mes en todo el país, según dispuso el Gobierno tras haber postergado las subas en los últimos meses. Con el aumento aplicado, los usuarios de altos ingresos (N1), industrias y comercios de todo el país, pagarán, en promedio, el 72% del costo del gas y el 90,5% de la electricidad.

En tanto, los hogares de ingresos medios (N3) pagarán el 32% del valor del gas y el 40% de la generación eléctrica, mientras que los usuarios de bajos ingresos (N2), el 26% y 25%, respectivamente.

Para los de nivel 1, si actualmente pagan $32.859, pasarán a $34.165. En cambio, uno de nivel medio (N3) al que le llegaban en julio $31.724, pasarán a abonar $32.985, mientras que los usuarios de bajos recursos (N2) pasará de pagar $24.543 a $25.519.

El trámite a punto de expirar involucra en total a cerca de 1.700.000 usuarios residenciales que vienen encuadrados en el nivel de ingresos bajos “N2” (el más subsidiado), pese a que sea realizado por primera vez.

Otro requisito es que no se puede tener más de 1 inmueble ni vehículos con antigüedad menor a 3 años.

Excepciones

Ciertos hogares igual pueden ser incluidos como N2: por ejemplo, los que tienen algún miembro con certificado de discapacidad, con certificado ReNaBaP o veterano de Malvinas.

El gobierno anterior les había asignado el beneficio de manera “provisoria”, aunque no hayan hecho el trámite para pedirlo, por presumir -a partir de ciertos datos- que cumplían las condiciones para ser considerados vulnerables.

Las autoridades, a partir de evaluar la solicitud, determinarán si corresponde que sigan en el segmento “N2” (muy subsidiado), o si en realidad deberían pasar al nivel medio “N3” (menos subsidiado) o al alto “N1” (sin subsidio).

Basta que el usuario real de los servicios de luz y de gas entre en el sitio oficial argentina.gob.ar/subsidios, para hacerlo, sin importar que la boleta no esté a su nombre ni que sea inquilino.

Si se desea averiguar en qué nivel de la segmentación está encuadrado actualmente (N1, N2 o N3), simplemente se busca el dato en sus últimas facturas de luz y de gas, junto a la leyenda “Decreto PEN 322/22”.

Declaración jurada

Por tratarse de una declaración jurada, es obligatorio completar el formulario “sin omitir ni falsear ningún dato”. 

Aclaran además que el Estado Nacional va a chequear con distintas fuentes la veracidad de la información antes de otorgar el beneficio.

Los datos que se necesitan:

Si encuadra en el segmento medio -N3-, que sigue algo subsidiado, entran las familias que ganan de 1 a 3,5 canastas básicas totales, Aquí se admite tener no más de 2 inmuebles y no más de 1 vehículo de menos de 3 años de antigüedad.

En el segmento de mayores ingresos -N1-, que queda excluido de los subsidios, entran los hogares cuyos miembros ganan en total más de “3,5 canastas básicas para un hogar tipo 2”.

Todo lo que hay que saber

Según las Resoluciones 90/24 y 91/24, los usuarios que reciben la tarifa social y nunca se inscribieron en el RASE, tienen tiempo hasta el 4 de septiembre para anotarse en el registro y así obtener el nivel de subsidio que les corresponda.

Antes de empezar tené a mano:

¿Cómo se aplican los subsidios focalizados?

Para la asignación de los Subsidios Focalizados se establecieron 3 niveles:

Nivel de ingresos altos (N1)

Son hogares que declaran reunir alguna de las siguientes condiciones, considerando a todas y todos los convivientes:

Nivel de ingresos medios (N3)

Son aquellos hogares que no se encuentran dentro del segmento de mayores ingresos y cumplen alguna de las siguientes condiciones:

Nivel de ingresos bajos(N2)

Son hogares que, considerando en conjunto a las y los integrantes del hogar, cumplen las siguientes condiciones:

Serán incluidos dentro de este segmento los hogares que, además de no cumplir las condiciones para formar parte del segmento de mayores ingresos, tengan:

Preguntas Frecuentes

¿Tengo que inscribirme si recibo una asignación, una pensión o jubilación?

Sí, tienen que inscribirse todas las personas, incluyendo las que perciben una jubilación, pensión y/o son beneficiarias de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo, Progresar y Potenciar Trabajo.

¿Qué pasa si la factura del servicio no está a mi nombre?

Si la factura no llega a tu nombre, igual vas a poder realizar la solicitud como usuario de los servicios indicando que no sos la persona titular.

¿Puedo mantener el subsidio si alquilo o resido en la propiedad?

Sí, aunque no seas el propietario de tu domicilio, vas a recibir el subsidio como persona usuaria de los servicios.

¿Qué sucede si tengo más de un servicio de electricidad o gas a mi nombre?

En ese caso, solamente deberás completar los datos del servicio de un solo domicilio.

¿Para qué servicios públicos aplica la solicitud?

La solicitud aplica para los servicios de energía eléctrica y gas natural por redes.

¿Qué tengo que hacer para mantener los subsidios a la luz y el gas?

Si ya te anotaste, no tenés que hacer nada. Si nunca te inscribiste, tenés que completar el formulario de inscripción que tiene carácter de declaración jurada. Luego el Estado Nacional va a evaluar la información disponible y asignarte el subsidio que te corresponda de acuerdo a las condiciones socio-económicas de tu hogar.

¿Quiénes deben completar la solicitud?

Deben completar la solicitud quienes quieran acceder a los beneficios del NIVEL 2 o 3 y nunca hayan completado la solicitud. La iniciativa está destinada a usuarios residenciales y personas mayores de 18 años.

¿Qué hago si necesito ingresar a mi formulario y no encuentro el número de trámite?

En caso de que no encuentres el número de trámite de tu registro, podés recuperarlo con tu DNI y el mail con el que realizaste tu inscripción ingresando en esta página.

¿Los usuarios con Tarifa Social o Electrodependientes deben completar el formulario?

ATENCIÓN: Si nunca se inscribieron en el RASE y quieren acceder o mantener los beneficios de N2 o N3, deben inscribirse antes del 5 de agosto de 2024. Si no se inscriben, mantendrán la Tarifa Social, pero no podrán acceder a las bonificaciones previstas para N2 o N3 hasta que se inscriban.

Si no puedo completar la solicitud digital, ¿qué otra alternativa existe para inscribirme?

Podés comunicarte al Centro de Atención Telefónica (CAT) al 0800 222 7376. o acudir en forma presencial a la prestadora o a los entes reguladores.

¿Cómo puedo modificar o eliminar mi solicitud?

Si omitiste datos, cometiste errores o cambio tu situación patrimonial o del hogar, podés rehacer la solicitud o eliminarla ingresando acá.

¿A qué beneficios accedo una vez inscripto?

Podés acceder a bonificaciones en el precio de gas y energía eléctrica.

¿Qué pasa si vivo en Zona Fría?

a) Para usuarios N2, el consumo base se fija en SETECIENTOS (700) kWh/mes.

b) Para usuarios N3, el consumo base se fija en QUINIENTOS (500) kWh/mes.

¿A quiénes se les va a asignar el o los subsidios?

A todos los hogares que reúnan las condiciones socio-económicas para mantener un subsidio, que serán aquellos que:

¿Cómo se definen los ingresos totales para cada segmento?

Se entiende por ingresos totales del hogar a la suma mensual de los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar. Los ingresos totales que definen a cada segmento para el esquema de subsidios se calculan tomando como referencia el valor actual de la canasta básica tipo 2 de INDEC.

Para conocer más sobre el valor de la canasta básica total, podés ingresar a la página de INDEC

¿Qué sucede si la factura del servicio no llega a mi nombre?

Si la factura no llega a tu nombre, igual vas a poder realizar la solicitud como usuario de los servicios indicando que no sos la persona titular.

¿Tengo que cambiar la titularidad del servicio para acceder al subsidio?

No, podés acceder igual sin tener que cambiar la titularidad. Lo importante es asociar a las personas que conviven en el hogar (usuarios reales) con los datos que figuran en la factura.

¿Qué información de la factura del servicio tengo que tener a mano?

Tanto para solicitar el subsidio para el servicio de luz como para el de gas, en la inscripción vas a tener que completar los siguientes datos:

En esta página vas a poder ver algunos ejemplos de facturas de distribuidoras y cooperativas que te van a ayudar a identificar el número de medidor y el número de cuenta, cliente, servicio o NIS (Número Identificador de Suministro).

¿La inscripción a este subsidio es compatible con otras prestaciones sociales?

Sí, la inscripción es compatible con otras prestaciones sociales. Recordá que si sos beneficiario de Tarifa Social o Electrodependiente, igualmente tenés que inscribirte para acceder a la bonificación.

¿Para cuántos hogares puedo hacer la solicitud del subsidio?

Sólo podrás hacer la solicitud de subsidio por un servicio de energía eléctrica y uno de gas de red de tu domicilio declarado

¿Quiénes conforman un hogar?

Se denomina hogar a todas las personas, familiares o no, que viven en el domicilio del servicio de luz y/o gas.

¿Qué sucede si tengo más de un servicio de luz o gas a mi nombre?

En ese caso, solamente deberás completar los datos del servicio de un solo domicilio.

¿Con la información suministrada en la declaración jurada es suficiente?

Sí. El Estado Nacional realizará un análisis en base a la información disponible en sus bases de datos administrativas, según lo autorizaste en la declaración jurada al momento de completar la solicitud.

¿Dónde puedo realizar consultas sobre los subsidios?

Podés realizar tus consultas completando este formulario o llamando al teléfono 0800 222 7376.

¿Tengo que inscribirme si recibo una asignación, una pensión o jubilación?

Si, aún no te inscribiste, si. Tienen que inscribirse todas las personas, incluyendo las que perciben una jubilación, pensión y/o son beneficiarias de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo, Progresar y Potenciar Trabajo.

¿Qué pasa si no encuentro la empresa de luz o gas que presta servicio en mi hogar en el listado de empresas del formulario?

Por favor comunicarse con el Centro de Atención Telefónica (CAT) al 0800 222 7376.

¿Qué hago si tengo Libreta Cívica o Libreta de Enrolamiento?

Por favor comunicarse con el Centro de Atención Telefónica (CAT) al 0800 222 7376.

Con información de agencias.

IG

Hasta el miércoles 4 de septiembre próximo hay tiempo para inscribirse en el registro que permite mantener algunos subsidios en las tarifas luz y gas.

Pueden hacerlo aquellos segmentados en el nivel 2 (bajos ingresos) y que aún no se inscribieron, o que por alguna razón hayan renunciado a esa inscripción.

El Gobierno ya avanzó en una quita de subsidios a la energía sobre millones de hogares que tienen tarifa social y no se inscribieron en la segmentación -el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE)-, según las resoluciones 90 y 91/2024 de la Secretaría de Energía.

Ahora, aquellos que deban registrarse para mantener los subsidios tanto para la luz como para el gas tendrán tiempo para inscribirse hasta el 4 de septiembre.

Quienes ya estén inscriptos en el RASE no necesitan volver a hacer el trámite.

La inscripción no garantiza el otorgamiento del subsidio, dado que la solicitud será evaluada por la Secretaría de Energía.

La eliminación por completo de la ayuda del Estado nacional que ejecutó el Gobierno involucra a 1.700.000 hogares categorizados como “Nivel 2 (N2) - Ingresos bajos” y no anotaron sus datos para la segmentación.

El RASE divide a los usuarios residenciales en tres categorías: el grupo de menores ingresos está en marcado en el Nivel 2, es el que cuenta con mayor cobertura de subsidios; un grupo intermedio - los agrupados en el Nivel 3-, recibe subsidios hasta un tope de consumo; y el grupo de mayores ingresos, el del Nivel 1, que ya dejó de recibir la ayuda y paga la tarifa plena.

Cómo hacer el trámite

Si algún usuario no recuerda haber mandado su inscripción o quiere consultar el estado de su beneficio, se puede chequear en la web www.argentina.gob.ar/subsidios.

En ese link, deberá tildar el apartado “Modificar o eliminar la solicitud” e ingresar el número de gestión, el número de Documento Nacional de Identidad (DNI) y el correo electrónico.

Si no recuerda el número de gestión, podrá ir a la sección “¿Olvidaste tu nro. de gestión?”, que pedirá el DNI y la dirección de e-mail.

E incluso si olvidó el correo con el cual se podría haber inscripto, podrá cliquear en “¿No recordás el correo? Consultá a la Mesa de Ayuda”.

En ese enlace habrá que completar una serie de datos, dejar la actual dirección de correo electrónico y chequear el mail. Si finalmente llega un mail de la Secretaria de Energía (noresponder@email.argentina.gob.ar) con el número de gestión, significa que ese usuario estaba inscripto en el RASE y no tiene que hacer nada.

Para evitar estafas virtuales, nadie le pedirá a ningún usuario una contraseña, y toda la gestión se realiza de manera digital.

CRM con información de la agencia NA

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, renovó su pedido a la administración de Javier Milei para que mantenga los subsidios en los colectivos que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) señalando que sino “las empresas van a colapsar o la tarifa va a aumentar”.

Al referirse al conflicto existente entre las autoridades nacionales, bonaerenses y porteñas más los empresarios del sector por la responsabilidad del financiamiento de los subsidios al transporte en el territorio metropolitano, Macri señaló que “lo sentimos como de inmensa angustia para la gente” y aseguró estar ocupándose del tema manifestando que “esperamos poder resolverlo en los próximos días con el Gobierno Nacional”.

En medio de una conferencia por la presentación del programa Ciudad Bilingüe, Macri precisó que “el 55% del subsidio lo paga la Ciudad de Buenos Aires y CABA tiene la decisión se sostener la porción de su subsidio, estamos hablando con el gobierno nacional para que no retire el subsidio de su porción de la tarifa, porque creemos que es un momento en el que la gente no está en condiciones de poder absorber un aumento de esa magnitud”.

En este sentido, el alcalde porteño anticipó que buscarán conformar una mesa de trabajo con las autoridades nacionales para concretar la transferencia de las 31 líneas de colectivos que transitan en el territorio porteño y dejarán de ser subsidiadas el 1° de septiembre.

Al respecto, sostuvo que “nosotros vamos a seguir haciendo el aporte que venimos haciendo y vamos a seguir dialogando, política y técnicamente con el Gobierno Nacional para que no retire ese subsidio en este momento, para que generemos una mesa de trabajo, que no requiere mucho más de un mes”.

Continuando en esa línea, consideró que es necesario sentarse a dialogar y “hacer una transferencia como corresponde” ya que “si me pasas las potestades tiene que ser completas”, ejemplificando que “esto es como que me digas cuidame la casa pero no me das las llaves para hacerlo”.

Ante esto, señaló que “esperamos poder lograr un marco de diálogo para que el Gobierno Nacional no se retire de ese subsidio porque como más de una vez el presidente ha dicho, la ley de gravedad existe, y si no hay subsidio, las empresas van a colapsar o la tarifa va a aumentar y ninguna de las cosas son buenas”.

Con respecto a la propuesta de trabajo con Nación, Macri estimó que no demandará mucho tiempo recordando el proceso de traspaso de la fuerza de seguridad a la capital al expresar que “la transferencia de la policía que es mucho más compleja que esta discusión se hizo en un mes”.

La disputa por el transporte entre los gobiernos nacional y porteño se desencadenó tras la decisión de la Secretaría de Transporte de dejar de subvencionar a las 31 líneas de jurisdicción porteña, junto con la quita del pago de los subsidios por el boleto integrado de la Red SUBE en los colectivos del AMBA. Esto genera que el costo del boleto para las mencionadas líneas que operan exclusivamente en CABA se eleve un 73%, pasando de $371 a $642, según los cálculos de la Ciudad.

Ante esto, desde la administración porteña vienen sosteniendo que “el Gobierno tiene la potestad de bajar o eliminar subsidios al transporte público de colectivos en el AMBA. También tiene la responsabilidad de definir la tarifa, la habilitación de las unidades y los recorridos. Lo que el Gobierno no puede hacer es quitar los subsidios sin corregir las tarifas. No hay pensamiento mágico en esto, o hay subsidio o hay tarifa. Una u otra decisión son potestad plena y exclusiva del Gobierno Nacional”.

Las posturas enfrentadas, de la que también forma parte el gobierno bonaerense, generaron incertidumbre en la continuidad del sostenimiento y funcionamiento de los colectivos. Así, las cámaras empresarias salieron a anunciar una reducción en los servicios nocturnos y de fines de semana, mientras que la UTA se declaró en estado de alerta señalando que “somos víctimas del sistema de subsidios”.

Ahora, con las declaraciones del jefe de Gobierno, se profundizan las diferencias en la relación entre la Ciudad y el Ejecutivo nacional que viene sumando desencuentros de antemano, con la discusión por el cumplimiento del fallo de la coparticipación.

La respuesta de Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que tanto la Ciudad de Buenos Aires como la provincia de Buenos Aires cuentan con los recursos para compensar la quita de subsidios de la Nación al transporte público y afirmó que la decisión “iguala” la situación con el resto del país.

Caputo contestó de esta manera a los reclamos del jefe de la Ciudad, Jorge Macri, y del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof sobre las consecuencias en aumentos de los pasajes que tendrá la decisión de quitar los subsidios sobre las líneas que circulan por cada jurisdicción.

“Lo que estamos haciendo es igualar la situación que existe en todas las otras provincias del país con ciudad y PBA. La Nación tiene sólo jurisdicción sobre las líneas interjurisdiccionales, el resto es propiedad de los gobiernos locales y de los municipios”, afirmó el jefe del Palacio de Hacienda.

En diálogo con el programa Pan y Circo que se emite por Radio Rivadavia, el ministro sostuvo que “tengo a los gobernadores encima reclamando porque subsidio al transporte en el AMBA. Lo tiene que subsidiar capital o provincia. No tengo forma de justificar eso. Lo que valdrían los pasajes es un tema de la ciudad y de la provincia”.

Acerca de la disputa por el pago de la coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires, Caputo afirmó que la Nación está cumpliendo con el fallo de la Corte Suprema de enviar el 2,95% de la masa coparticipable.

El ministro explicó que lo están haciendo en forma semanal y “por adelantando” lo cual “le permite a la Ciudad ganarse los intereses”.

Caputo envía unos $ 20 mil millones en forma semanal y ajusta a fin de cada mes mediante “transferencias discrecionales”, mientras que la Ciudad pretende no quedar “enganchada” a la voluntad del oficialismo de turno y pretende el pago por goteo diario.

Con información de agencias.

IG

El Gobierno nacional ratificó la quita de subsidios al transporte en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires a partir del 1 de septiembre, responsabilizando directamente a los mandatarios Jorge Macri y Axel Kicillof por el inminente aumento de tarifas en los colectivos. Franco Mogetta, secretario de Transporte, defendió la medida en nombre de la “equidad federal” y afirmó que, como sucede en otras grandes urbes del país, las administraciones locales deben financiar sus propios sistemas de transporte.

“Córdoba, Mendoza, Rosario, Salta subsidian sus sistemas de transporte. No podemos seguir permitiendo que el interior del país continúe financiando a la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires”, sentenció Mogetta, dejando en claro que a partir de ahora serán Macri y Kicillof quienes deberán absorber los costos para evitar que los boletos suban desmedidamente. “No puede el Gobierno nacional seguir subsidiando a dos jurisdicciones por encima del resto del país”, subrayó en una entrevista con Radio Rivadavia.

Mogetta aseguró que el objetivo no es que las tarifas se disparen, pero apuntó que la Nación ya no puede hacerse cargo del 50% de las compensaciones en la Ciudad y Provincia. “Hoy la Ciudad solventa el 50%, les pedimos que pasen al 100% o al 90%, lo que ellos dispongan”, explicó el funcionario, enfatizando la necesidad de coordinar una política tarifaria junto con los gobiernos locales.

La medida fue recibida con fuertes críticas por parte de las administraciones de Macri y Kicillof. Desde la provincia de Buenos Aires, denunciaron que hay un intento de “asfixia” financiera hacia la gestión opositora. Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, anunció que, debido a la falta de giros de la Nación, se verá forzado a cortar beneficios como la Red SUBE, lo que podría implicar aumentos de hasta un 60% en las tarifas para quienes realicen más de un viaje diario.

Por otro lado, el Gobierno porteño también expresó su malestar, señalando que la falta de un flujo adecuado de los fondos de coparticipación, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia, complica su capacidad de absorber los costos de los subsidios. Macri, que mantiene otro frente abierto con la Nación, aún no ha dado una respuesta clara sobre cómo se manejará el aumento de tarifas, pero la situación amenaza con profundizar las tensiones entre el gobierno nacional y la Ciudad.

Mientras tanto, las cámaras empresariales del transporte del AMBA emitieron un comunicado advirtiendo que la continuidad de los servicios está en riesgo. La falta de un acuerdo sobre la cobertura de los subsidios y los recortes en la Red SUBE ha generado incertidumbre. Las empresas anticiparon que desde la semana próxima se reducirán los servicios en horarios nocturnos y durante los fines de semana para evitar una parálisis mayor del transporte.

En medio de esta disputa, Mogetta fue enfático al señalar que si los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires ven recortados los beneficios en el transporte, la responsabilidad recaerá únicamente sobre la administración de Kicillof. La Casa Rosada, por su parte, busca presentarse como defensora de la equidad y el federalismo, mientras avanza con un ajuste que impacta directamente en los bolsillos de los usuarios del área metropolitana.

Este conflicto surge en el contexto de un ajuste económico generalizado impulsado por el gobierno de Javier Milei, enmarcado en su política de reducir gastos y promover lo que denomina “equidad federal”. Desde hace años, las provincias del interior vienen reclamando que Buenos Aires (Ciudad y Provincia) recibe un trato privilegiado en términos de subsidios, particularmente en el transporte público.

JJD

Las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) informaron que aumentarán la reducción en la frecuencia de los servicios nocturnos y de fines de semana a partir de septiembre.

La medida está relacionada al conflicto existente entre los gobiernos nacional, bonaerense y porteño por la responsabilidad del financiamiento de los subsidios al transporte en el territorio metropolitano.

En este marco, las cámaras empresarias del sector manifestaron en un comunicado que la continuidad de los servicios está en riesgo por “la falta de acuerdo entre las jurisdicciones del AMBA (Nación, CABA y PBA)” sobre la cobertura de los subsidios a las líneas de CABA desde el 1/9/2024, la cobertura de la RED SUBE para aquellas líneas que no son de Jurisdicción Nacional y recorren el AMBA, la falta de actualización de la estructura de costo utilizada para calcular subsidios y el sub-reconocimiento en cálculo de subsidios de costo de inversión en coches, respecto al que denuncian que existe una “brecha mayor al 100%”.

El documento empresario expresó que “si bien desde el 12/8/24 se ajustó la Tarifa en 37%, se recuerda que esto es un mecanismo que utiliza el Regulador para ahorrar subsidios, por lo que no tiene impacto sobre las economías de las empresas”.

En este sentido, detalló que “entre Tarifa y Subsidios los operadores recibimos $862 promedio por viaje, lo cual lejos está de cubrir las necesidades de inversión que demanda un sistema del tamaño del AMBA, con las responsabilidades civiles que ello conlleva”, señalando que “esta crisis no es nueva”, sino que “se agravó a la salida de la pandemia, y no logra recomponerse, por eso los usuarios perciben un servicio cada vez peor mientras paradójicamente pagan más”.

Ante el escenario descripto, las empresas indicaron que “no hemos logrado comunicaciones eficaces con las autoridades, de manera de prever cómo garantizar los servicios el mes que viene ante eventuales quitas de subsidios que no sean compensadas con tarifa, ante la falta de acuerdo entre ellas. Por tal motivo desde la semana que viene se reducirán los servicios en horarios nocturnos y fines de semana, para evitar una parálisis mayor”.

Está decisión implica un aumento en la reducción de los servicios que ya se viene aplicando en los últimos meses, lo que se refleja en que “ya se perdieron 5% de las frecuencias, cifras que se irán incrementando”, según puntualizan los empresarios.

En este contexto, también peligran los puestos de trabajo de los colectiveros ya que las empresas aseguran que “no podremos garantizar continuidad de fuentes laborales, hasta tanto se resuelva cómo y quién paga por este transporte que emplea a 50.000 trabajadores, que moviliza casi 10 millones de pasajeros diarios, y cuya tarifa cubre solo un 20% del costo real, medición que invitamos a cualquier investigador independiente para que evalúe”.

Al mismo tiempo, remarcaron que “agrava el cuadro la irregular distribución de subsidios en favor del Grupo DOTA, en desmedro del resto, al recibir el equivalente a más de 30.000 millones de pesos de fondos públicos de manera indebida desde 2022”.

Al respecto, señalaron que “esta situación derivada de una poco transparente distribución de subsidios al gasoil entre todos operadores, y que beneficia a ese grupo, ya ha sido advertida por las actuales autoridades que heredaron este tema que empezó hace más de 2 años, y que si bien existe el compromiso de que se corregirá a través de la orientación del subsidio a la demanda, el daño producido contribuye a agravar la crisis del sector, hasta tanto tal irregularidad sea corregida”.

El comunicado fue firmado por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos de Buenos Aires (CTPBA), y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA).

El reclamo de la UTA: “Con el trabajo no se jode”

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) pidió que el Estado y las empresas resuelvan sus diferencias y garanticen en término los salarios de los trabajadores, en medio del creciente conflicto entre los gobiernos nacional, bonaerense y porteño y las compañías de colectivos.

El sindicato de los empleados del transporte se pronunció, mediante un comunicado, sobre la disputa que mantienen Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires por la responsabilidad del financiamiento de los subsidios al transporte en el territorio metropolitano, a la que previamente se sumaron las cámaras empresarias poniendo en riesgo el normal funcionamiento del servicio en septiembre.

Ante este escenario, la UTA aseguró que: “Los trabajadores de estamos en estado de incertidumbre y alerta. Somos víctimas del sistema de subsidios, y es inhumano jugar con nuestra tranquilidad, sin saber si el cuarto día hábil vamos a cobrar nuestro salario, porque tal o cual no transfirió una compensación, un subsidio, o como lo quieran denominar, o si no hay aumento de tarifas (en perjuicio de público usuario)”.

En ese sentido, remarcó: “Los trabajadores del colectivo no inventamos el sistema de subsidios (fue el Estado), ni sus justas o arbitrarias distribuciones, beneficiando a algunos grupos concentrados y perjudicando a otros por montos millonarios”.

El comunicado, firmado por el secretario general del gremio Roberto Fernández, apuntó contra las autoridades gubernamentales y los empresarios reclamando que “arreglen sus cuentas entre ustedes (el Estado en sus diversos formatos, divisiones y jerarquías y empresarios), los trabajadores tenemos que tener la certeza que el cuarto día hábil vamos a cobrar nuestros haberes, es un derecho, amparado por la ley”.

Continuando con la expresión del descontento frente a la política de subsidios, el sindicato sostuvo: “Estamos cansados de ser las víctimas de un sistema perverso, poco transparente. Cuando los trabajadores agotan su paciencia, hacen tronar el escarmiento”.

En relación al aumento de la reducción de las frecuencias de colectivos durante la noche y los fines de semana, a partir de septiembre, que anunciaron las cámaras empresarias, la UTA aseguró: “Estamos en estado de alerta ante las posibles caídas de servicios”.

El malestar del gremio del transporte suma otra voz a un conflicto que se profundiza entre los diferentes actores que tienen injerencia sobre el funcionamiento de los colectivos y que aparenta estar lejos de encontrar un acuerdo.

Qué pasa con la Red SUBE desde septiembre

Con información de NA.

IG

Una marea de chisme y noticias nos mantuvo entretenidos durante el primer tramo de agosto. Pero hubo varias malas nuevas en el AMBA con las que ya no pudimos hacernos los tontos: el aumento del 37% en colectivos y el anuncio del Gobierno de que en septiembre dejará de pagar los descuentos de Red SUBE –que otorga descuentos en las combinaciones de transporte– para el 73% de las líneas.

Con el arranque de agosto también llegaron los datos de viajes de julio. Y los del subte siguen en caída: hubo 2,7 millones de viajes menos que en el mismo mes de 2023 y más de 11 millones menos que antes de la pandemia, en 2019. No sorprende con un boleto que sale hasta el triple que otros medios de transporte.

Habrá que ver qué ocurre este mes con el aumento en colectivos, que hizo que el transporte del AMBA sea uno de los que más ingresos consume en la región: 44 viajes de colectivo y subte combinados representan el 14% del salario mínimo. Eso es más del doble que en Santiago de Chile y del triple que en Ciudad de México, como bien señala el sociólogo urbano Fernando Bercovich, coordinador del Área Urbana del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM). Fuera del AMBA, ese porcentaje es aún mayor.

La frutilla del postre fue el anuncio del secretario de Transporte Franco Mogetta, que días atrás adelantó que cada jurisdicción deberá hacerse cargo de los descuentos que se hacen vía Red SUBE en el 73% de las líneas de colectivos del AMBA, es decir, las municipales (126), las provinciales (129) y las porteñas (31). El Estado nacional seguirá poniendo los fondos para los descuentos de la red en ferrocarriles y en las 103 líneas de colectivos nacionales (interjurisdiccionales), que cruzan de CABA a GBA y viceversa.

Acaso una de las pocas políticas populares heredadas del macrismo, la Red SUBE integra todos los modos de transporte público del AMBA con descuentos por hacer combinaciones. El segundo viaje dentro de las dos horas cuesta la mitad que el primero (con el precio de un boleto mínimo urbano de colectivo como tope de descuento), mientras que el tercero vale un 75% menos.

La Red SUBE es crucial a la hora de moverse en un área metropolitana que combina variantes de todo tipo (jurisdicciones, tarifas, empresas, nivel de subsidios y hasta modelos de gestión y operación), pero que la gente debe atravesar igual, sobre todo la de menores ingresos.

Al escenario de por sí intrincado hay que sumarle la concentración de empresas en el sector. La mayoría agrupan varias líneas y operan en distintas jurisdicciones, pero hay otras de una o dos líneas, con menos pasajeros, que quedan vulnerables ante esta situación.

Para visualizar mejor, sugiero un ejercicio: meterse al geoportal Poblaciones del CONICET y mirar cuántas líneas de colectivos operan en los cordones más externos del área metropolitana, donde los transbordos son más necesarios. Con suerte, algún tomador de decisiones pueda usarlo para analizar la distribución de los subsidios y recordar que suele ser desigual no sólo entre jurisdicciones sino también entre empresas.

En esa postal compleja, los descuentos de Red SUBE no representan un gran gasto en el sistema de subsidios pero sí un salvavidas para los pasajeros en un mar de inflación y mal salario. Uno de cada tres viajes en el AMBA tuvo combinaciones en 2022, según un informe del Observatorio de Movilidad y Seguridad Vial de la Ciudad (OMSV). Ese porcentaje aumentó a 38% dentro del territorio porteño, y a 48,4% de Provincia a Capital o viceversa.

Tanto el Gobierno porteño como el provincial se negaron a hacerse cargo de los descuentos y, a apenas nueve días de septiembre, todo es incertidumbre. Por eso es que tantos ojos seguirán la reunión de hoy a las 11 entre Luis Caputo y Jorge Macri para definir la coparticipación, en la que con suerte pueda meterse la Red SUBE en el debate.

El caso del subte

Dicen los que saben que los modos de transporte no son tan sensibles a los cambios de precio. Si uno está habituado a usar cierto modo, seguirá haciéndolo, aunque tenga que pagar un poco más. Pero aquí hay uno que cuesta mucho más que el resto, a tal punto que pone a los usuarios a pensar: el subte. 

Si comparamos los valores del boleto mínimo, el de subte es $650, el de colectivo es $371 y el de tren es $200. Incluso con sus descuentos al pasajero frecuente, viajar en subte cuesta mucho más que otros modos, una disparidad que no se ve en ciudades de la región con tarifa integrada como Santiago de Chile, Bogotá, Quito y San Pablo.

Según un estudio del Banco Mundial de 2022, el subte porteño pasó de ser el modo de transporte que más usuarios sumó en los últimos 20 años, al que menos se recupera. En un principio era por el miedo al contagio en lugares cerrados. Hoy habría que sumar a la ecuación tanto las condiciones de viaje como el precio.

Sobre esto último, hay que recordar que en junio, mes del segundo incremento de subte, la cantidad de viajes cayó un 17% con respecto a mayo y un 23,3% comparado con el mismo mes del año anterior. Eso no impactó tanto en términos de recaudación, debido justamente al aumento: según datos de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), el porcentaje de cobertura por tarifa en junio fue del 29%, casi el triple de lo que cubría a fines de 2023.

Sin dudas, la Red SUBE amortiguó una caída en el número de pasajeros que podría haber sido mucho peor. En 2022, uno de cada cuatro pasajeros llegaba al subte después de haberse tomado un colectivo, según el mismo informe del OMSV. Y el 15% de los viajes en subte se combinaron con ferrocarril.

Si se elimina esta Red, el descenso será peor y el vuelco a otros modos de transporte, una respuesta no planificada. El cambio más deseable sería andar en bici o caminar. El menos deseable, el auto o la moto, tanto por la contaminación como por la congestión, sobre todo en el caso del primero. En cualquier caso, son menos pasajeros en un transporte público cuya sostenibilidad se ve cada vez más afectada.

En el medio están los trenes y los colectivos, un cambio mucho menos problemático a nivel ambiental pero sí preocupante en términos de seguridad y calidad del servicio, porque hay menos frecuencias, porque las unidades o coches viajarían más llenos y porque, en el caso de los ferrocarriles, la falta de inversión en mantenimiento, recursos y personal nutre el riesgo de accidentes. El choque de Palermo en mayo fue una de las advertencias.

La otra variante es sin dudas más grave y no implica reemplazar modos, sino simplemente no viajar: quedarse cerca de casa para que los ingresos rindan más, incluso si las ofertas laborales son más pobres.

En cualquiera de los casos, el posible adiós a una parte de Red SUBE no sólo explotaría bolsillos. También podría desencadenar cambios en los patrones de movilidad urbana, con consecuencias que todavía están por verse.

Lo que sí está a la vista es que la verdadera tarifa integrada, una que permita combinar modos por un tiempo determinado a un precio fijo, es un sueño cada vez más lejano. Qué bueno sería tomar esta oportunidad para sentarse a reflexionar, planificar y, si no es mucho pedir, hacer que vuelva realmente la Agencia de Transporte Metropolitano, aquel organismo consultivo que iba a ayudar a pensar soluciones en conjunto sin tener que romper todo.

KN/DTC