El Gobierno anunció que dará de baja 300 mil permisos de cultivo de cannabis correspondientes al Registro del Programa de Cannabis (Reprocann) con el objetivo de combatir el narcotráfico. Lo anunció en declaraciones al canal de noticias TN la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien justificó la decisión al afirmar que la normativa busca regular el uso medicinal del cannabis, pero no permitir su desvío al mercado ilegal.

Bullrich confirmó que se dará de baja la totalidad de los permisos actuales y se reiniciará el proceso de registro desde cero. “Hecha la ley, hecha la trampa. No vamos a permitir que el REPROCANN se convierta en una vía para el narcotráfico”, afirmó.

Según detalló, la decisión fue coordinada con el ministro de Salud, Mario Lugones, y se conformó un equipo específico para implementar la nueva regulación. “En 2019 se sancionó una ley para el cannabis medicinal, pero en la gestión de Alberto Fernández se otorgaron 300 mil permisos para el autocultivo, además de 30 mil licencias para proveer a terceros sin la debida autorización del ANMAC”, explicó.

En agosto del año pasado, el Gobierno ya había introducido modificaciones en los requisitos para acceder al REPROCANN. Desde entonces, los solicitantes debían contar con una indicación médica para el uso de cannabis y sus derivados, otorgada por un profesional registrado, y una diplomatura o maestría específica sobre el uso medicinal de la planta de cannabis.

Qué es el Reprocann

El REPROCANN es el Registro Nacional de Personas Autorizadas al Cultivo Controlado con Fines Medicinales y/o Terapéuticos. Fue creado en marzo de 2021 mediante la Resolución 800/2021 del Ministerio de Salud.

Su implementación respondió a la necesidad de regular el autocultivo de cannabis para uso terapéutico, amparado en la Ley 27.350 sancionada en 2019. En ese momento, el programa permitía el cultivo de entre una y nueve plantas florecidas en un espacio de hasta seis metros cuadrados en interiores. Además, autorizaba el transporte de hasta seis frascos de 30 mililitros de aceite de cannabis o 40 gramos de flores secas.

MM

El Ministerio de Salud formalizó a través de la Resolución 3132/2024 los cambios en el Registro del Programa Nacional de Cannabis Medicinal (Reprocann) con el objetivo de fortalecer los controles y la transparencia.

En el marco del reordenamiento del sistema de salud esta nueva resolución publicada en el Boletín Oficial busca fortalecer el sistema de registro y de gobernanza con mayores requisitos, y regularizar las inscripciones según criterios de criticidad.

Asimismo, se quiere recuperar el “espíritu inicial del Programa”, contenido en la ley 27.350, sobre la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud.

Según el Boletín Oficial, las modificaciones alcanzan específicamente a cultivadores solidarios y las Organización No Gubernamentales (ONG).

Los principales puntos de la nueva resolución

Será el registro para cultivadores solidarios se limitó a dos personas, las ONG deberán estar registradas y habilitadas ante el organismo de inscripción y fiscalización que corresponda a cada jurisdicción y notificación al municipio del objeto de la ONG/Asociación civil.

A su vez, se deberá tener como parte de su objeto social el fin sanitario y la investigación del uso medicinal de la planta de cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales, sumado a que los miembros de la comisión directiva de las ONG no deben tener antecedentes penales.

Se establece además como requisito excluyente para solicitar la inscripción en el REPROCANN contar con “indicación médica para uso de cannabis y sus derivados por parte de un profesional médico que se encuentre registrado en la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS) y contar con una Diplomatura o Maestría sobre el uso medicinal de la Planta del Cannabis Medicinal”.

También que en los próximos días se va a convocar al Consejo Consultivo para “trabajar de manera conjunta en el cumplimiento de los objetivos de la ley y de la resolución”.

Por último, el Ministerio informó que se creará un Registro en cada jurisdicción.

Todos los cambios

Los usuarios podrán inscribirse en el REPROCANN por sí o a través de un representante, y obtener autorización para cultivar para sí, o para acceder al Cannabis y/o sus derivados a través una tercera persona (cultivador), o a través de una Asociación Civil y/o una Fundación, sin fines de lucro autorizada a esos efectos.

Sólo podrán solicitar su inscripción ante el REPROCANN las Asociaciones Civiles y/o Fundaciones que:

Es requisito excluyente para solicitar la inscripción en el REPROCANN contar con indicación médica para uso de cannabis y sus derivados por parte de un profesional médico que se encuentre registrado en la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS) y contar con una Diplomatura o Maestría sobre el uso medicinal de la Planta del Cannabis Medicinal.

Además, haber suscripto el “Consentimiento Informado Bilateral” que como ANEXO III (IF-2024-74650588-APNSCS#MS) forma parte integrante de la presente medida. Para el caso que la solicitud de inscripción la efectúe una Asociación Civil y/o una Fundación sin fines de lucro, deberá acreditar su efectiva vinculación, con un carnet o constancia emitida a los efectos de acreditar representación por la institución respecto de las personas registradas en REPROCANN para las cuales cumplirá el rol de cultivador, debiendo acompañar la documentación especificada en el artículo 4°“.

El Certificado de autorización emitido por el REPROCANN se constituye como prueba fehaciente y autosuficiente del cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente Resolución durante el plazo de vigencia de TRES (3) años desde la fecha de emisión. Sin perjuicio de ello, las Asociaciones Civiles y/ o Fundaciones que se encuentren inscriptas en el REPROCANN, deberán presentar anualmente un certificado de vigencia y/o documento equivalente, emitido por el organismo de inscripción y fiscalización jurisdiccional que corresponda; como así también, a requerimiento de la Autoridad de Aplicación, la documentación, informes y/o constancias que acrediten la consecución de los fines previstos en su objeto social y/o el cumplimiento de los requisitos y/o disposiciones que surgen de la Ley 27.350, su decreto reglamentario, resoluciones y normas complementarias, así como el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 4°“.

A pedido de la autoridad judicial o ante la falta de cumplimiento de los requisitos y/o disposiciones que surgen de la Ley 27.350, su decreto reglamentario, resoluciones y normas complementarias, el Ministerio de Salud en su carácter de Autoridad de Aplicación podrá revocar y/o dejar sin efecto, mediante acto fundado, las autorizaciones e inscripciones otorgadas bajo el presente régimen, como así también poner en conocimiento de las mismas a los organismos de inscripción y fiscalización de asociaciones civiles y/o fundaciones y/o a las autoridades que tengan a su cargo el contralor del ejercicio profesional médico, según la jurisdicción que corresponda“.

Las personas jurídicas que a la fecha se encuentren: inscriptas; con el trámite de solicitud de inscripción iniciado; y/o autorizadas en el REPROCANN, deberán readecuarse a los requisitos establecidos en el plazo de SEIS (6) meses a partir de la publicación de la presente medida en el BOLETÍN OFICIAL. Durante ese período, las inscripciones y/o autorizaciones continuarán vigentes. En caso de no cumplimentar lo requerido, se darán de baja las inscripciones otorgadas de conformidad al procedimiento que así lo regule.

Las Asociaciones civiles y/o fundaciones que cuenten con el trámite de inscripción, la inscripción y/o autorización en el REPROCANN, deberán presentar por ante el REPROCANN la notificación fehaciente realizada por ante la jurisdicción que corresponda, en un plazo máximo de SEIS (6) meses, el domicilio y/o los domicilios donde se realiza el cultivo. En caso de no cumplimentar lo requerido, se darán de baja las inscripciones otorgadas de conformidad al procedimiento que así lo regule.

Cómo inscribirse al REPROCANN

Con información de agencias.

IG

El Gobierno Nacional anunció que revisará las autorizaciones del Registro del Programa de Cannabis (Reprocann) que habilita el cultivo de cannabis para el uso medicinal y terapéutico, un programa que permite el uso de la planta para el tratamiento de enfermedades sin riesgo de penalización, algo que sucedía hasta el año 2021. Profesionales de la salud, familias y organizaciones están en alerta ante esta situación para la calidad de vida de las personas que la utilizan y denuncian que desde diciembre no se están otorgando nuevas licencias.

“Sin el REPROCANN  lo que hay es una recriminalización de las personas”, afirmó Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva, una de las organizaciones que acompañó la creación del programa regulado por la Ley N° 27.350 de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados. “Vino a traer tranquilidad a muchísimas personas de todas las edades que padecen muy variadas condiciones de salud y que encontraron en el cannabis la solución a muchos síntomas que deterioraban su calidad de vida, ya sea porque sufrían dolor crónico o temporal, porque tenían dificultades para dormir o porque padecían ansiedad, depresión, cuestiones de salud mental o alguna enfermedad terminal o crónica como cáncer o parkinson”, le dijo Salech a elDiarioAR. 

El Reprocann es una base de datos bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación donde se inscriben las personas habilitadas para realizar un cultivo controlado de la planta de cannabis con fines de tratamiento medicinal, terapéutico o paliativo del dolor. Para eso es necesario tener un consentimiento informado bilateral, no solo del paciente sino también del médico tratante. Si bien en Argentina la ley existe desde el año 2017, su implementación inicial fue limitada ya que solo se extendía a pacientes con epilepsia refractaria. Fue en el 2021, bajo el gobierno de Alberto Fernández, que se amplío con la apertura del programa. Según un pedido de información pública realizada por Chequeado, hasta  julio de 2022, eran 87.327 las personas incorporadas al registro que puede tener hasta 9 plantas de cannabis en floración y están autorizadas a transportar hasta 40 gramos de flores secas o 6 unidades de goteros de 30 ml.

Para el médico especializado en cannabis y profesor de la Universidad de La Plata, Marcelo Morante, el Reprocann resolvió el problema que atravesaban muchas familias que cultivaban cannabis con fines medicinales y que estaban en riesgo de ser penalizadas por infringir la Ley de Estupefacientes. “En Argentina teníamos la convivencia entre una legislación de estupefacientes inadecuada, que es de 1989, y la legislación medicinal de 2017. Eso generaba una tensión que hacía que el efecto adverso esté vinculado a la penalidad del uso. El Reprocann vino a dar respuesta a esa tensión que impactaba porque de alguna forma la Ley de Estupefacientes penalizaba con 5 a 15 años de prisión al que cultivaba la planta de cannabis”, le explicó a este diario. 

En ese mismo sentido se explayó Salech. “Nosotras mismas como cuidadoras ya cultivábamos antes y si el programa desapareciera lo vamos a seguir haciendo porque una vez que encontrás tu terapia, hecha de manera natural con tus manos, sabiendo cómo está elaborada y que está muy relacionado con los cuidados que uno le da a su familia, eso es algo que no vamos a soltar”, explicó la presidenta de Mamá Cultiva, que milita el uso del cannabis medicinal tras descubrir el gran cambio que le generó a su hijo Emiliano, diagnosticado con epilepsia y luego con autismo.

Por su parte, Brenda Maier, trabajadora social y coordina del Observatorio de Cannabis de la Universidad Nacional de José C. Paz, se refirió también al beneficio económico que representa que las personas puedan cultivar su propia medicina. “Es importante para que puedan acceder a la planta y sus derivados de forma legal y controlada, sin intermediarios, pudiendo garantizarse sus tratamientos a un costo probablemente mucho menor de lo que gastaría si tuviesen que adquirir los derivados en farmacias o a través de otro tipo de compra como ser la importación de aceites de Estados Unidos. Es un reaseguro legal para los cultivos como para el traslado de derivados. Además es una herramienta del Estado para poder fiscalizar y controlar quienes cultivan y usan cannabis en Argentina”, dijo a elDiarioAR. Antes de la implementación de este programa, comprarlo en el exterior tenía un costo que superaba los 500 dólares.  Además de la epilepsia refractaria, los diagnósticos más frecuentes por los que es indicado el uso de cannabis medicinal están relacionados con el estrés laboral, bruxismo, trastorno de ansiedad, insomnio, dolor crónico muscular y migraña. 

El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que “se aprobaron más de 90.000 solicitudes sin un diagnóstico respaldado por evidencia científica”. Una afirmación que es rechazada por los profesionales que estudian el cannabis porque no pone en contexto la breve historia de legalización que tiene la planta. “La evidencia científica en cuanto al cannabis es insuficiente en el mundo de la ciencia porque es una planta que recién en el 2020 sale del listado 4 de las plantas prohibidas. No se le reconocía ningún tipo de propiedad terapéutica. Si hasta el 2020 estuvo en ese escenario regulatorio en el mundo, claramente generar evidencia concluyente es muy difícil. Es llamativo porque el mismo Ministerio de Salud generó una resolución que termina en la disposición 781 de ANMAT que genera un producto en base a cannabis con controles de calidad y que no le pone un listado de patologías sino que le deja al médico la indicación sobre síntomas y patologías, esto todavía está vigente”, explicó Morante.

Por su parte, Maier sostuvo que el gobierno debe reconsiderar la postura y escuchar a los profesionales médicos que prescriben y a la población que encuentra una mejoría de salud para no avasallar sus derechos adquiridos. “El uso extendido a patologías en las que no se han desarrollado estudios clínicos y por tanto no hay evidencia científica no significa que a las personas no las ayude a mejorar su estado de salud, sino simplemente que no se ha estudiado y no hay un aval científico. Sí es verdad que en ciertas patologías los beneficios del uso del cannabis es contundente y está probado y constituye una evidencia científica. Ahora, ¿la falta de evidencia científica puede ir por sobre la mejoría de salud de una persona que se encuentra ya utilizando algún derivado con satisfacción? ¿Puede la evidencia científica constituirse como un obstáculo menoscabando el derecho al acceso a la salud de determinada población por no estar diagnosticada con tal o cual patología? ¿Puede hoy el Ministerio de Salud eliminar el acceso por prescripción médica y dejar a un grupo de personas sin acceso a sus tratamientos? La respuesta es no”, aclaró.

Desde la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires iniciaron una investigación de oficio por el retraso en la realización de certificados y por los dichos de Adorni sobre la auditoría. “Tuvimos muchas consultas porque esto generó una gran preocupación. Le hemos preguntado a las autoridades para conocer en qué consisten las auditorías, qué cantidad de solicitudes tienen retraso tanto para pacientes particulares como para ONGs y cuál es la vía de contacto para las personas que tienen estas complicaciones”, contó la directora de Legal y Técnica de la Defensoría bonaerense, Cecilia Rodríguez a este medio.

Desde varias ONGS también vienen advirtiendo sobre la suspensión en el otorgamiento de certificados y el impacto que eso tiene en la salud de los pacientes. “Los trámites están frenados desde diciembre, eso deja a la gente en una zona gris muy preocupante porque son personas que quieren atenerse a derecho. Gente a la que un profesional de la salud con criterio médico les indicó cannabis como terapia (principal o complementaria) y se le está negando la posibilidad de ser legal. Gente que se presenta ante el Estado porque cultiva para la salud de la familia y el Estado no le está permitiendo ser legal. Tienen todo presentado y no tienen autorización lo cual las deja en riesgo de perder su terapia o su libertad, o ambas cosas”, explicó Salech.

CBD/DTC

El Gobierno Nacional reglamentó la Ley 27.669 que establece el marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. Fue a través del decreto 405/2023, publicado este lunes en el Boletín Oficial. La medida se formalizó 15 meses después de su sanción en el Congreso, el 5 de mayo de 2022.

La norma publicada hoy establece el funcionamiento de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Arricame), del Consejo Federal para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal y el Consejo Consultivo Honorario. Estará integrado por 20 miembros titulares e igual número de suplentes, de actuación ad honorem.

El presidente de la Ariccame, Francisco Echarren, dijo al celebrar la iniciativa que el nuevo marco “es pionero y de vanguardia a nivel mundial” y reafirmó que la industria “va a generar en el corto plazo diez mil empleos distribuidos federalmente”.

Entre las ventajas de la nueva reglamentación, Echarren ponderó “el límite de 1% de THC que van a tener las plantas y derivados de cannabis dentro de la industria”, punto que “va a ensanchar muchísimo la industria, va a bajar los costos y va a permitir la expansión de la oferta”. En otros países, los topes tetrahidrocannabinol oscilan entre el 0,2 y el 0,5 %.

En una entrevista con la revista especializada THC, el funcionario explicó que elevar ese límite fue una gran conquista, ya que el 0,5% “dejaba muy estrecha la industria. No solo iba a haber cannabis más caro por una cuestión de costos, sino que se iba a concentrar el sector porque no todos pueden cumplir con esa normativa”.

La nueva ley también establece la adopción del sistema de ventanilla única para la gestión de trámites vinculados a la emisión de autorizaciones, licencias y certificaciones necesarias. La ventanilla concentrará en un solo lugar todas las gestiones para aquellos interesados en desarrollar la actividad.

Sobre este tema, Echarren afirmó que “con la ventanilla única vamos a simplificar la burocracia para facilitarle la vida a los que van a emprender, a invertir, a crear laburo y a generar la oferta para un enorme mercado que hoy existe pero no está regulado”.

En la reglamentación de la ley, se dictaminó que la Ariccame, entidad conducida por Echarren, sea “el organismo competente para reglar, controlar y emitir las autorizaciones administrativas con respecto al uso de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados”.

El marco regulatorio abarca a “la cadena de producción y comercialización nacional o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial; promoviendo así el desarrollo nacional de la cadena productiva sectorial”, según la ley en su primer artículo.

En esa línea, el titular de la Arricame destacó el potencial en sectores como el cosmetológico, el alimenticio y el veterinario. Según sus plazos proyectados, las primeras licencias para poder operar se entregarán “en dos meses, si todo sale bien”. Asimismo, indicó que “a mediados del próximo año deberían estar los primeros productos disponibles para las personas que los necesiten”.

Al momento de presentar la ley en mayo del año pasado en un acto en Casa de Gobierno, el presidente Alberto Fernández la consideró “un paso en el acceso al derecho a la salud” y, a su vez, “un triunfo de la sociedad contra la hipocresía”.

En ese marco, Echarren celebró que la iniciativa “le va a dar una respuesta a millones de argentinos que necesitan usar cannabis medicinal o alguno de los derivados industriales del cáñamo y ahora lo están haciendo en un mercado absolutamente irregular sin ningún tipo de seguridad sanitaria”.

“La industria del cáñamo y el cannabis medicinal es un tema importante para agenda del futuro que genere empleo, desarrollo económico e inclusión en Argentina. Va a generar en el corto plazo diez mil empleos distribuidos federalmente con un fuerte enfoque en el desarrollo de las economías regionales, con lo cual en poblaciones chicas va a tener un impacto enorme”, explicó

LC con información de agencia Télam

El Ministerio de Salud amplió de uno a tres años el período de vigencia del certificado de aprobación para el cultivo controlado de la planta de cannabis como tratamiento medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor, que se obtiene a través de la inscripción en el Registro del Programa de Cannabis (Reprocann) mediante una resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial.

La cartera sanitaria indicó que la resolución 766/2023 fue tomada “en respuesta al fuerte crecimiento de las solicitudes de inscripción al programa que hubo en los últimos meses” y que la revisión del procedimiento de evaluación de trámites “permitió acelerar los tiempos de resolución e implicó bajar la espera promedio a menos de 10 días hábiles”.

“De este modo, mientras que en febrero había más de 33.000 trámites a evaluar, en la actualidad el stock es de 1.600 trámites, los cuales se ha identificado requieren información adicional para completar su evaluación. Al día de la fecha existen más de 200.000 pacientes aprobados para cultivo controlado”, señaló el ministerio mediante un comunicado.

Además se informó que se habilitará en Reprocann “un módulo especial para Organizaciones No Gubernamentales (ONGs)”, que podrán asistir mediante el cultivo de cannabis hasta 150 pacientes.

Por otro parte, mediante Resolución 767/2023 también publicada este jueves en el Boletín Oficial, se incorpora el THC al 1% a los ingredientes farmacéuticamente activos.

“Esto favorecerá a los desarrollos productivos nacionales en lo referido al aprovisionamiento de este insumo para la elaboración de las herramientas terapéuticas que los requieran. Cuando la concentración de THC se aumente al 1% (hasta ahora era de 0,3%), los productos serán regulados como psicotrópicos aplicándoseles el régimen correspondiente a esas sustancias”, indicó el comunicado.

En tanto, la Comisión Nacional de Alimentos (Conal) avanza en la incorporación del cáñamo al Código Alimentario Argentino, con el objetivo de “propiciar el desarrollo de las economías regionales dedicadas a este sector productivo y acompañar a las regulaciones nacionales ya existentes sobre el cultivo del cannabis y del cáñamo industrial”.

Esta medida busca el mayor aprovechamiento de las diferentes propiedades nutritivas del cannabis y sus semillas de alto valor nutricional considerándolo como un superalimento.

El Ministerio de Salud informó, además, que junto al Ministerio Público Fiscal de la Nación firmaron un Convenio Marco de Cooperación Institucional y un Acta Complementaria con el objetivo de “adoptar medidas de coordinación conjunta para la generación de un canal directo de comunicación entre ambas partes”.

En concreto, esto consiste en adecuar tecnológicamente un curso seguro para los requerimientos fiscales y sus respectivas respuestas relativos a información sobre los diferentes perfiles disponibles en el Reprocann, con el fin de “agilizar los tiempos de los procesos administrativos para proteger los derechos de las personas”.

Con información de Télam.

IG

El 20 de abril es el Día Mundial de la Marihuana, en honor a una de las plantas que más polémicas causado por su uso, sus efectos en el cuerpo humano y la sociedad. Aunque el origen de esta fecha también es controversial, sirve para destacar los beneficios del uso del cannabis, por sus propiedades curativas, lo que hizo que sea legalizada en algunos países con fines medicinales y recreativos.

Este día es una fecha especial para los aficionados de la planta, ya que muchos la aprovechan para exigir que esta planta no siga siendo un tabú entre la sociedad. Es por eso que son habituales las marchas en distintas partes del planeta, donde exigen a los gobiernos que su plantación y posterior consumo no esté penalizado.

Teorías acerca del origen del “420”

Hay múltiples teorías sobre el inicio de esta efeméride. La más aceptada se remonta a 1971, cuando un grupo de jóvenes de California conocidos como 'Los Waldos' se reunían a una hora establecida al terminar sus clases para fumar marihuana (4:20 de la tarde), por lo que el día 20 del mes 4 (abril) quedó como el día. Aquí aparece el código “420” como clave.

Otra de las versiones más conocidas nos lleva a Vancouver en 1995. Fue allí que 200 consumidores de cannabis se juntaron para exigir la despenalización de este producto y, como modo de protesta, fumaron marihuana en público.

Sea cual sea el principio de esta celebración, los consumidores de todo el mundo adoptaron esta fecha para festejar el Día Mundial.

¿Qué es la marihuana?

Es una sustancia psicotrópica que se consigue de la mezcla de hojas y flores secas de la planta de cáñamo índico (cannabis sativa), sumada a otras sustancias aromáticas y azucaradas. Psicotrópica porque produce efectos y sensaciones euforizantes y alucinógenas en quien la consuma.

Tiene una sustancia psicoactiva denominada delta-9-tetrahidrocannabinol (conocida como THC). Esta se encuentra en la resina producida por las hojas y los brotes de la planta hembra de cannabis. La resina tiene más de 500 sustancias químicas, incluyendo más de 100 compuestos relacionados químicamente con el THC, conocidas como cannabinoides.

De todos modos, se la conoce con muchísimas denominaciones informales.

Los efectos de la marihuana

Al consumir marihuana, las sustancias químicas que se liberan van al torrente sanguíneo, los cuales son rápidamente transportados a través del cuerpo hasta el cerebro. Algunos de los efectos causados en el organismo, de forma casi inmediata, son el incremento de la percepción sensorial, la alteración de la percepción temporal y el aumento del apetito.

Por otra parte, el consumo continuo o en grandes dosis puede producir alteración de la conciencia y deterioro de la percepción; generando episodios de ansiedad, miedo, desconfianza, pánico; psicosis aguda con alucinaciones, pérdida del sentido de la identidad personal e incluso trastornos psicóticos más duraderos.

La palabra de la OMS

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la marihuana medicinal no es ningún peligro para la salud. De hecho, considera su consumo como paliativo a enfermedades crónicas y una ayuda a pacientes con epilepsia. También reduce las inflamaciones y el dolor.

Cabe destacar que en la actualiadad es un tratamiento más para adicciones o enfermedades mentales, el cual no genera adicción en pacientes que la consumen como se les indica.

El cannabis como droga medicinal

El cannabis medicinal es utilizado terapéuticamente para tratar algunas enfermedades y aliviar determinados síntomas. Entre los principales beneficios de su uso como medicina, se destacan los siguientes:

El debate por la legalización

De acuerdo con varios estudios realizados en todo el mundo, la marihuana es la droga ilegal de mayor consumo en el mundo, por lo que la legalización es un tema de amplia difusión pública pero que no escapa a la polémica, debido a sus efectos nocivos y el impacto negativo de su consumo, especialmente en la población más joven.

Aquellos que defienden la legalización sostienen que es su uso es responsabilidad por parte de cada individuo, mientras que los detractores de esta sustancia psicotrópica afirman que aumentaría su consumo de manera indiscriminada, generando daños en el organismo.

De todos modos, la legalización del cannabis medicinal por la comprobación de sus beneficios es considerado un paso más en el camino a la legalización con fines recreativos, así como una estrategia para hacerle frente al narcotráfico y que los Estados tengan herramientas para mitigar sus consecuencias negativas.

LC

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, presentó estemartes la creación de la empresa nacional de base tecnológica “Cannabis Conicet” y destacó “la importancia de que el Estado apoye este tipo de iniciativas, para que democráticamente se pueda acceder al derecho de la salud”, junto a autoridades del Conicet, la Universidad Nacional Arturo Jauretche y el Hospital El Cruce, los otros participantes del emprendimiento que ofrece servicios para garantizar la calidad de semillas, mejoramiento de cultivos, análisis de productos con cannabinoides y ensayos clínicos en humanos.

“Junto a las autoridades del Conicet, la Universidad Jauretche y el Hospital el Cruce estamos presentando la empresa Cannabis Conicet, que se encarga del desarrollo tecnológico para permitir la democratización de la producción, distribución y acceso al cannabis y la industria del cáñamo”, dijo esta mañana Filmus a Télam, antes de comenzar su discurso desde el auditorio de la Universidad, en la localidad bonaerense de Florencio Varela.

Filmus subrayó “la importancia de que el Estado apoye este tipo de iniciativas, para que democráticamente se pueda acceder al derecho de la salud. El mercado no resuelve este tipo de cuestiones, sino el Estado a través de todos los organismos involucrados”, dijo, y agregó que esto “tiene que ver con una lucha de la sociedad civil y de las organizaciones. No hay posibilidad de crecimiento sin soberanía, y hoy se constituye en base al desarrollo científico tecnológico. No hay ningún país con desarrollo pujante que no haya apostado a la ciencia y la tecnología”, explicó el ministro.

Por último, el ministro remarcó la importancia que tuvieron las investigaciones de la doctora Silvia Kocher, quien junto Gregorio Bigatti y Esteban Colman Lerner son los coordinadores científicos de la nueva empresa Cannabis Conicet.

“Silvia Kocher estuvo a cargo de la creación de la red federal de investigadores de Cannabis, denominada Red Argentina de Cannabis del Conicet (Racme), a través de la que se crea esta nueva empresa. Queremos transferir esa tecnología, capacitar y generar nuestra propia posibilidad de estudio respecto de la semilla, la producción y la distribución para poder llegar a todos y todas”, agregó Filmus.

Kocher, por su parte, especificó que a través de la Racme y Cannabis Conicet “ya estamos en condiciones y brindamos servicios de distribución de semillas registradas en el Instituto Nacional de la Semilla (Inase), del Conicet lo que nos va a permitir para tener trazabilidad (seguimiento de proceso de la semilla)”.

“Además podemos dar soporte para investigaciones de ensayos clínicos en humanos con distintas patologías y ofrecer servicios de control de calidad de productos que tengan cannabinoides y derivados, para que cuando la gente decida utilizarlos, tenga control de calidad”, apuntó la científica.

Asimismo, se encuentran trabajando en la capacitación a la comunidad, profesionales e investigadores.

Estos servicios ya se están ofreciendo y apuntan a colaborar en microemprendimientos, cooperativas, pymes y empresas y a las personas que realizan autocultivo, a través de “control de calidad del producto, adquisición y registro de semillas para que sepan la genética de la planta, lo cual es un gran desafío en el mundo, no solamente en la Argentina y posiciona al país en un lugar de liderazgo”.

“En el mundo, en los países más avanzados, el cannabis no aparece como un producto de uso medicinal y la gente solo lo puede adquirir si tiene recursos económicos; acá vamos a tener controles de calidad, con capacitación y va a poder ser utilizado como otros medicamentos y lo cubre su obra social o el Estado”, añadió.

Otra línea de desarrollo que tiene la empresa Cannabis Conicet es la del cáñamo industrial, donde contribuirán en garantizar la genética de semillas y la planta que se utiliza, además de controles de calidad.

En coincidencia con Kocher y Filmus, la titular del Conicet, Ana Franchi, manifestó su alegría por la creación de la empresa y la garantía de salud que ofrece el Estado, además de remarcar la importancia del desarrollo del cáñamo.

“Es una gran puerta donde el Ministerio de Ciencia abrió subsidios para investigaciones sobre cannabis y cáñamo, porque es una planta que también sirve para la remediación de suelos. Puede reemplazar al plástico, con la diferencia de que es biodegradable y nos abre grandes posibilidades”, apuntó.

En tanto, el rector de la Universidad Jauretche, Arnaldo Medina, recordó que investigadores de esa institución son parte de la Racme, lo que colaboró mucho en “promover el marco regulatorio, la formación de recursos humanos y propiciar la investigación, y aportar recursos humanos en neurociencias, bioquímicos y ciencias agrarias. Hasta venimos trabajando con una chacra experimental en El Pato, con el municipio de Berazategui”.

Además de implementar la segunda diplomatura en Cannabis y sus usos medicinales, se realizan capacitaciones al ámbito académico, industrial, organizaciones comunitarias, organismos públicos y las diversas jurisdicciones.

Y desde el Hospital El Cruce, quien fue representado por su titular, Ariel Sáez de Guinoa, se realizarán estudios observacionales del uso terapéutico del cannabis medicinal “para contar con la evidencia sobre la eficacia, efectos adversos, dosis, y otros aspectos que involucran el uso del cannabis en salud”.

Durante el lanzamiento, el Conicet, la UNAJ y el Hospital El Cruce también firmaron un convenio de colaboración que tiene como fin regular las actividades de cooperación en materia de vinculación tecnológica y servicios a terceros relacionados con el cultivo y la industrialización del cannabis y el cáñamo industrial.

Con información de agencias.

IG

A tres meses de la promulgación de la Ley 27.669, se creó la Mesa Estratégica de Cannabis y Cáñamo Industrial para potenciar la producción en el sector que aún está en desarrollo. El encargado de regular el espacio será el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y va a articular con otros organismos y universidades públicas. 

La semana pasada, el Gobierno Nacional publicó en el Boletín Oficial la creación del organismo que se va a encargar de la fiscalización y el control sanitario de la producción del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. “La producción hoy en Argentina todavía es bastante restringida. Es un sector que está en desarrollo y que manifiesta oportunidades para las distintas regiones del país y el Senasa entiende que en función de sus competencias tiene que poner un especial foco en esto”, afirmó el coordinador de la Mesa, Diego Ezequiel Peña, en diálogo con elDiarioAR.

El organismo controlorá las operaciones para evitar la venta de productos o sustancias prohibidas que afecten la salud de los consumidores. “El espíritu es estar cerca de la producción en todo el país y uno de los desafíos es interpretar la realidad del sector. Por eso, la principal función será la articulación interna de manera transversal con todas las áreas del Senasa. Ya estamos avanzando en cuestiones concretas, analizando y promoviendo la actualización de normativas y también promoviendo nuevas”, agregó el funcionario. También indicó que se abrieron consultas públicas para generar nuevas normativas.  “Buscamos herramientas que nos protejan, nos potencien y nos cuiden en el marco de la salud pública y de nuestro estatus sanitario. Pero que también nos permitan aprovechar las oportunidades que se están generando para la producción e industrialización nacional”, agregó.

La Mesa trabajará en conjunto con otros organismos, consejos y universidades vinculadas a este sector como el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). “Será muy importante el rol del Senasa como socio estratégico como un reaseguro de la calidad de la producción de cannabis medicinal y cáñamo industrial, así como de los productos obtenidos de ella”, agregó Peña. Además, destacó el rol del Registro Nacional Fitosanitario de Operadores de Material de Propagación, Micropropagación y/o Multiplicación Vegetal, en el que deben inscribirse los viveros, y el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal, donde se registran los productos fitosanitarios.

La creación de esta Mesa tiene como trasfondo la ley sancionada en mayo de este año, que da el marco regulatorio para la inversión pública y privada en la cadena del cannabis medicinal y Cáñamo Industrial. Una norma que se complementa con la legislación que ya estaba vigente, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis.

La producción estatal de cannabis medicinal

En Argentina son pocos los laboratorios públicos que producen cannabis medicinal: Agrogenética Riojana en La Rioja,  Cannava en Jujuy  y el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) en Santa Fe. Son empresas estatales con distintos grados de desarrollo en este sector. 

En julio de este año, el LIF inauguró el Centro de Investigación y Desarrollo de Cannabis Medicinal de Santa FE, donde se plantaron 200 ejemplares de Cannabis Sativa para conseguir materias primas con grado farmacéutico (que hasta el momento se importa) para realizar la producción integral del Aceite de Cannabis de uso medicinal. Por ahora, el aceite a granel llega desde California y los cristales de CBD desde República Checa. “Esa materia prima IFA hoy no existe en Argentina. Esto es para que el día de mañana, podamos hacer lo que hoy estamos importando. Desde Santa Fe para el país y el mundo”, le dijo la directora del LIF, Elida Formente, a elDiarioAR.

“Para nosotros fue un gran paso tener el aceite propio del laboratorio público, pero no nos alcanzaba. Fuimos por la integración hacia atrás y trabajamos en un convenio con el INTA y el Ministerio de Producción, que resultó en el plan de trabajo que se visibiliza en el centro experimental”, agregó.

En octubre del 2021, el laboratorio santafesino sacó el primer lote con 926 frascos para epilepsia refractaria que se distribuyen gratis en el sistema público. “Tener esa materia prima nos va a demorar unos años porque hay que invertir en un equipamiento que no existe. Pero el valor agregado no es el objetivo final sino todo lo que vamos generando. Para ese centro, los proveedores locales tuvieron que adaptarse y cumplir con los requerimientos. Por ende, también estamos marcando un paso para el desarrollo de la industria para quien quiera desarrollarla. Para que puedan tener de referencia a nuestro centro, que es público y de transferencia constante. Si va un cultivador o una asociación civil, le hacemos la transferencia del know-how”, agregó Formente.

CDB/MG

Según la Primera Encuesta Nacional de Personas que Usan Cannabis, los usuarios de cannabis consumen otras sustancias psicoactivas, fundamentalmente, el alcohol (80%) y el tabaco (46%), y quedan muy atrás el LSD (8%), los psicofármacos (5%), el éxtasis (5%), la cocaína (2,5%) y los hongos (2,38%). Con esto, creen que se “derriba el mito de la marihuana como puerta de entrada” a drogas más duras.

El relevamiento realizado por la revista especializada THC y el Centro de Estudios de la Cultura Cannábica Argentina (Cecca) con la Licenciatura en Historia de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), mostró además que las flores o cogollos son el principal formato de uso de cannabis (93%), seguido por el prensado (27%), el aceite (20%), alimentos (11.4%), cremas (9,6%) y extracciones (6.4%).

Para el sociólogo Emiliano Flores, director del estudio e investigador de Cecca, “estos resultados marcan que el uso de cogollos ya no es algo extraño, que hoy la gran mayoría (de los usuarios) al menos interactúa con ellos, algo que hace 10 años era mucho menos común y hace 15 años prácticamente excepcional”.

“Por otro lado, si bien el peso de las flores y los cogollos sigue siendo importante en términos generales, cuando desagregás los datos según tipo de uso, entre los usuarios de cannabis medicinal el prensado queda en el cuarto lugar, debajo de las cremas y el aceite”, agregó.

En cuanto a las enfermedades diagnosticadas para las que se usa el cannabis medicinal, se destacan ansiedad (26%), depresión (14.6%), migrañas (10%), artrosis (6%), hipertensión (5.5%), artritis (4.5%) y fibromialgia (3.8%).

Por otro lado, 9 de cada 10 personas que usan cannabis -ya sea con fines recreativos o medicinales- empiezan a hacerlo antes de los 25 años, y 4 de cada 10, antes de los 18.

“En general, es una edad de inicio temprana pero la encuesta demuestra que esto no llega a ser un problema para el policonsumo porque el consumo de otras sustancias (en simultáneo al cannabis), al menos las ilegales, da muy bajo, pero sí dan alto el tabaco y el alcohol”, dijo Flores.

Encuesta Nacional de Personas que Usan Cannabis en Argentina

El informe está basado en una encuesta online respondida por 64.646 personas de entre 16 y 92 años de todas las provincias que usaron cannabis al menos una vez en el año anterior a la encuesta (en 2020) y los resultados preliminares ya habían sido presentados en octubre pasado en el marco de la última Expo Cannabis.

Esas primeras conclusiones mostraron que el 75,5% de las personas que tratan algún problema de salud con cannabis medicinal logró reducir el consumo de fármacos y casi la totalidad (el 98%) aseguró haber mejorado de este modo su calidad de vida, aunque sólo dos de cada diez tuvo un médico que lo acompañara en este proceso.

Otro aspecto para destacar es que una cuarta parte de los usuarios de cannabis acceden a este producto a partir del autocultivo y en casi el 90% de los casos lo hicieron sintiendo miedo a ser perseguidos judicialmente al menos alguna vez.

Entre otros datos, el estudio mostró que a pesar de que el 75% de los usuarios accede al cannabis de formas diferentes al autocultivo (48,2% lo compra, 17,2% por regalo y 8% por cultivo colectivo), a 9 de cada 10 le gustaría tener sus propias plantas.

En cuanto a los motivos que los lleva a desistir de esta idea, el 72.9% apuntó el temor a conflictos legales, con vecinos o con familiares.

“Los que hacen uso medicinal son los que más autocultivan pero a su vez el autocultivo está más masculinizado y es más frecuente entre la generación X, mientras que la compra en el mercado gris es más común entre los centennials y adultos mayores”, detalló el sociólogo.

LC con información de Agencia Télam

Legisladores porteños del Frente de Todos (FdT) propusieron este miércoles crear la empresa estatal “CannaBA”, dedicada al desarrollo de productos derivados del cannabis “con fines científicos, medicinales, terapéuticos e industriales”.

El proyecto de ley fue presentado por Claudia Neira, junto a sus compañeros de bloque Maia Daer, Cecilia Segura, Manuel Socías y Laura Velasco.

De acuerdo a la propuesta, uno de los objetivos de CannaBA sería “promover la radicación de emprendedores y empresas que generen cultivos, producciones y comercialicen derivados de la planta de cannabis”.

Otra de sus funciones sería “diseñar capacitaciones para el sistema de salud público y privado en el uso de productos derivados del cannabis”.

Para dirigir esta empresa estatal, los legisladores propusieron un directorio de cinco miembros, designados por la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires.

CannaBA también tendría un consejo asesor integrado por usuarios y familiares de usuarios de cannabis medicinal, profesionales de la temática, además de representantes de organizaciones no gubernamentales y de la Legislatura.

En los fundamentos del proyecto se hace referencia a algunos antecedentes legislativos sobre el tema, entre los que se destaca la sanción, por parte del Congreso nacional en 2017, de la ley 27.350, que reguló la investigación para el uso medicinal, terapéutico y paliativo del dolor de la planta de cannabis. Dicha ley fue reglamentada ese mismo año y modificada en 2020 con el objetivo de eliminar obstáculos en el acceso al aceite de cannabis medicinal.

La ciudad de Buenos Aires adhirió a esa norma en 2020. Luego, en mayo último, el Congreso Nacional aprobó la Ley 27.669 para regular la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial.

Con información de agencias.

IG

Buenos Aires será sede del II Congreso Internacional de Cannabis & Cáñamo los próximos 24 y 25 de agosto, donde, con la presencia de referentes nacionales e internacionales, se debatirá sobre la materia en un momento en el que el Gobierno argentino avanza con la reglamentación de una ley para incentivar el sector, informaron este miércoles fuentes de la organización.

Esta cita, que tendrá lugar en la sede de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), llega precedida de una primera edición que se realizó en noviembre de 2021 en la ciudad de Resistencia, capital de la provincia norteña de Chaco, a la que asistieron más de 120.000 personas.

Según se informó en una nota de prensa, está confirmada la presencia de, entre otros referentes, la secretaria de Economía del Conocimiento del Ministerio del Desarrollo Productivo de Argentina, María Apólito, y el presidente de la Confederación Cannábica Argentina y director del medio Industria Cannabis, Leandro Ayala.

También participarán cámaras de empresarios del cannabis de diferentes provincias argentinas.

Este congreso se realizará mientras el Gobierno avanza con la reglamentación de la ley de Cannabis Medicinal e Industrial aprobada en mayo de 2022 para incentivar el sector del cannabis medicinal y la industria del cáñamo, una norma que permitirá desarrollar la producción a escala.

Argentina ya cuenta desde 2017 con una ley que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis medicinal y esta nueva norma promueve mecanismos de autorizaciones para los productores y comercializadores del producto y estrategias de seguridad, fiscalización y trazabilidad en la cadena productiva.

La ley establece además la creación de una agencia pública de regulación para el sector. 

Con información de EFE.

IG

La Corte Suprema de Justicia rechazó un amparo impulsado por un grupo de madres que buscaba impedir cualquier intervención estatal sobre tratamientos con cannabis medicinal para sus hijos, pero resolvió que quienes no estén inscriptos en el registro de autocultivo no podrán ser penalizadas si demuestran que el mismo tiene una finalidad terapéutica.

El fallo unánime del máximo tribunal fue dictado a partir de una presentación de la asociación Mamás Cannabis Medicinal (Macame) y estuvo precedido por una audiencia pública realizada hace dos meses en la que expusieron como “amicus curiae” (amigos del tribunal) el Ministerio Público de la Defensa y el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, los representantes letrados de cada una de las partes y de la provincia de Santa Fe.

En su resolución, el máximo tribunal del país priorizó el derecho a la salud y recordó que, según las normas vigentes, “está despenalizado el cultivo de cannabis con fines medicinales por parte de las madres de los menores”, pero advirtió que el Registro del Programa de Cannabis“ (Reprocann) creado para el control estatal ”es razonable“.

Macame había pedido la inconstitucionalidad de las normas sobre registro y autorización argumentado que el autocultivo de cannabis medicinal es una “acción privada”, protegida por el artículo 19 de la Constitución Nacional, exenta del control y permiso del Estado, e invocó el derecho a la intimidad.

Pero el tribunal remarcó que la norma constitucional “reconoce al individuo un ámbito en el cual puede adoptar libremente las decisiones fundamentales acerca de su persona, sin intervención alguna por parte del Estado o de los particulares, en tanto esas decisiones no violen el orden, la moral pública o los derechos de terceros”.

Según los jueces de la Corte, el objetivo del control estatal es evitar el uso indebido de medicamentos, determinar la peligrosidad de estos, su comprobada y comprobable acción y finalidades terapéuticas y sus ventajas científicas, técnicas o económicas, de acuerdo con los adelantos científicos.

“Las razones de salud y seguridad públicas involucradas resultan suficientes para justificar que el Estado expida autorizaciones administrativas en el marco de la ley 27.350 para el autocultivo y la elaboración de productos derivados del cannabis con fines medicinales”, destacó la sentencia.

Para el máximo tribunal, si se pondera el “interés superior del niño”, como mandan los tratados internacionales incorporados al derecho local, “la pretensión de decidir sin ninguna clase de intervención estatal sobre el tratamiento con cannabis autocultivado con fines medicinales para sus hijos menores, tampoco encuentra justificación”.

Concluyó que la reglamentación vigente “tiende a preservar un interés estatal relevante como el cuidado integral de la salud pública, basándose en que el suministro del cannabis y sus derivados puede originar efectos secundarios o adversos de distinta intensidad”.

El abogado de Macame, Domingo Rondina, explicó que, a pesar de que “no es todo lo que esperábamos porque hubiéramos preferido que no tuviéramos que registrarnos” en el Reprocann, el fallo “es un avance muy importante”.

En este sentido, señaló que “por primera vez la Corte analiza el tema del cannabis medicinal, que el derecho de una persona a cultivar en su propia casa es un derecho constitucional en el marco del derecho a la salud de los niños y la familia”.

Aclaró que, según el máximo tribunal, aquellos que cultiven cannabis con fines terapéuticos “si están inscriptos en el Reprocann no pueden ser penalizados, y si no lo están, pero el cultivo es para fines medicinales, la persona no puede ser penada”.

“Es un avance muy importante, porque al considerar que se despenalizó la conducta ante el Estado establece que no se puede dar marcha atrás por más que cambie el Gobierno”, dijo.

La Corte dice en su resolución que “cultivar y elaborar cannabis medicinal no podría cambiarlo una norma inferior”, apuntó el letrado.

Laura Acosta, presidenta de Macame y una de las impulsoras del recurso de amparo que llegó a la Corte, es madre de una adolescente con una encefalopatía severa que redujo de 400 a una o ninguna sus convulsiones diarias gracias al aceite de cannabis que preparan en su casa.

“Se dio un paso muy valioso, porque la Corte no dice que las madres tienen que ir al registro para cultivar”, dijo a Télam, y resaltó que el fallo “no se opone a la actividad que estamos realizando”.

Añadió que “no dice que es punible nuestra actividad” y con esta consideración allana “más el camino hacia una militancia más ardua” para poder llegar “hasta llegar a la despenalización”.

“Yo, que no estoy registrada, puedo pegar el fallo de la Corte en toda la casa porque marca un buen precedente”, resaltó, y apuntó que “no es todo, pero es un antes y un después”.

Por otra parte, la resolución 260 emitida por el Instituto Nacional de Semillas (INASE) publicada hoy en el Boletín Oficial, autorizó el cultivo de cannabis con fines de investigación y medicinales en el marco de la Ley Nº 27.350.

Al respecto, Laura opinó que “sin semillas no hay cultivo”, y resaltó “es muy bueno para las familias que estén disponibles en Argentina”.

A partir de la sanción de la Ley 27350 de 2017, su reglamentación y diferentes resoluciones accesorias del Ministerio de Salud, se estableció que las personas con patologías contempladas para el tratamiento con cannabis medicinal, pueden acceder a este de dos maneras: mediante la disponibilidad del aceite fabricado industrialmente -ya sea a través de la adquisición, la provisión por obras sociales y prepagas, o suministrado de forma gratuita por el Estado a partir de la inclusión del paciente en el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis.

O mediante el autocultivo habilitado solo para quienes estén inscriptos en el Reprocann, que permite tener entre 1 y 9 plantas florecidas a partir de prescripción de un médico también inscripto en esta base de datos.

DA

El Gobierno promulgó la ley 27.669, que establece el marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, a través del decreto 266/2022 publicado este jueves 26 en el Boletín Oficial.

La ley, cuya promulgación había sido anunciada el martes 24 de mayo por el presidente Alberto Fernández, también crea la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame) que en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo será “el organismo competente para reglar, controlar y emitir las autorizaciones administrativas con respecto al uso de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados”.

El marco regulatorio abarca a “la cadena de producción y comercialización nacional o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial; promoviendo así el desarrollo nacional de la cadena productiva sectorial”, indica la ley en su primer artículo.

 La Aricamme tendrá la función de regular “la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición, por cualquier título de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados con fines medicinales o industriales”.

 Asimismo, tendrá a su cargo “la regulación y fiscalización de la actividad productiva de la industria del cannabis, su comercialización y distribución, para uso medicinal e industrial en el territorio nacional, en todo lo referente al registro, control y trazabilidad de semillas, insumos críticos y productos derivados del cannabis, en el marco de un proceso industrial debidamente autorizado y habilitado”.

 El Instituto Nacional de Semillas (Inase) dictará las normas complementarias que permitan la trazabilidad de los productos vegetales.

 Por último, se crea el Consejo Federal para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal que estará constituido por un representante de la Nación y uno por cada provincia y la ciudad de Buenos Aires, quienes cumplirán funciones de manera honoraria.

 En el acto llevado a cabo el martes pasado en Casa Rosada, Fernández afirmó que la ley “es un paso en el acceso al derecho a la salud” y, a la vez, “un triunfo de la sociedad contra la hipocresía”.

 “El cannabis era para gran parte de la sociedad una palabra prohibida; pero las voces de unas madres llamaron la atención de muchos: podían resolver los problemas de la gente”, aseguró el primer mandatario, quien agregó que con esta nueva ley se podrá “ayudar a resolver la salud de mucha gente que lo necesita y que probó que esos medicamentos le sirven y hacen más llevaderas sus vidas”.

 Por su parte, el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, sostuvo que la ley representa “una alternativa productiva”, con la que se podrán generar “como mínimo” 10.000 puestos de trabajo en tres años.

LG con información de Télam

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que la Ley de Cannabis medicinal y Cáñamo industrial “es un paso en el acceso al derecho a la salud” y, a la vez, “un triunfo de la sociedad contra la hipocresía”, al anunciar la promulgación de la norma sancionada por el Congreso a comienzos de mayo que permitirá generar una nueva actividad productiva en muchas provincias.

Fernández encabezó esta tarde en el Salón de las Mujeres de Casa de Gobierno el acto de presentación de la promulgación de la nueva ley, junto al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y a la fundadora de Mama Cultiva, Valeria Salech, la Organización No Gubernamental que llevó adelante el reclamo por la sanción legislativa del proyecto.

El Presidente aseguró que “el cannabis era para gran parte de la sociedad una palabra prohibida; pero las voces de unas madres llamaron la atención de muchos: podían resolver los problemas de la gente”,

Fernández agregó que contar con esta nueva Ley “es otro triunfo de la sociedad contra la hipocresía”, porque a pesar de los prejuicios permitirá “ayudar a resolver la salud de mucha gente que lo necesita y que probó que esos medicamentos le sirven y hacen más llevaderas sus vidas”.

“Hoy damos un paso muy importante hacia una industria que de trabajo, que produzca, que exporte y genere divisas pero también en el ejercicio concreto de acceso al derecho de la salud”, resaltó el jefe de Estado.

Fernández también informó que “hacia 2024 el mercado internacional de cannabis alcanzará los US$ 42.700 millones, y los productores argentinos podrán competir con muchos” que hoy ya están lanzados en esta industria, y enumeró a Israel, Canadá. Estados Unidos y Colombia.

“La ley fue resultado del consenso, primero de los que mandaron el proyecto, después el Ministerio de Desarrollo Productivo, el Consejo Económico y Social y luego el Congreso”, reseñó el mandatario, y refirió que “es profundamente federal, porque en el noroeste se puede producir con más facilidad y es la posibilidad de generar trabajo”.

Por su parte, Kulfas dijo que la ley “da respuesta a una necesidad de muchos años, que tiene absolutamente probada las capacidades terapéuticas del cannabis”, pero que además dará “el marco adecuado para producir en escala, con calidad trazabilidad y generar desarrollo regional con presencia de la Argentina con pymes cooperativas y emprendedores”.

El ministro reiteró que “se está fundando una nueva industria en la Argentina” y que este nuevo sector productivo “podrá estar creando cerca de 10.000 puestos de trabajo de calidad, con presencia en investigación y desarrollo, y permitirá generar 500 millones de dólares al año en el mercado interno y 50 millones de dólares de exportaciones anuales”.

Kulfas recordó que “fue un proyecto discutido, consensuado y luego validado por el Consejo Económico y Social” y consideró que la nueva norma “da respuesta a una necesidad de muchos años, (tras ser) absolutamente probadas las capacidades terapéuticas del cannabis y del cáñamo como insumo industrial”.

“Va a dar el marco adecuado para poder producir en escala, con calidad y trazabilidad, y generar desarrollo general; es una industria que va a tener presencia en diferentes regiones de la Argentina, con una fuerte presencia de pymes, cooperativas y emprendedores, dando oportunidades de trabajo”, precisó.

El ministro explicó que con la promulgación de la ley “se pone en marcha esta agencia que va a tener la capacidad de establecer licencias de producción y exportación para generar un entramado productivo federal”.

La norma para el desarrollo del cannabis medicinal y el cáñamo industrial es el marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena y permitió complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo de esa planta.

En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos.

La ley contempla también la creación de una agencia reguladora, un nuevo actor público que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis y tendrá a su cargo las múltiples instancias de regulación involucradas: la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal.

Esa entidad tendrá autarquía técnica, funcional y financiera, y orbitará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Al momento de analizar las solicitudes de licencias para producir cannabis medicinal o industrial, la nueva agencia establecerá los requisitos y antecedentes que se solicitarán al peticionante, con el fin de “maximizar los controles destinados a prevenir actividades ilegales, incluyendo el lavado de activos”.

DA

La Universidad Nacional de San Luis (UNSL) rubricó un convenio interprovincial con la organización Cannabis Medicinal Origen San Juan (Canme) para intercambiar conocimiento científico y tecnológico con “garantía institucional”, informaron fuentes académicas.

El rector de la UNSL, Victor Moriñigo, expresó durante la firma que se realizó de manera virtual que el cannabis aplicado a la medicina “está generando agenda pública desde hace un largo tiempo” y celebró la posibilidad que la Universidad establezca acuerdo con otras instituciones.

“Cuando este tema explote a nivel social vamos a tener que dar la cara en función de las buenas prácticas que hacen falta en una situación social donde saldremos de garantes”, aseguró el rector.

Además, Moriñigo sostuvo que es bueno que esta temática “esté en manos públicas” para que tenga “la seriedad que le hace falta” y aclaró que para la UNSL “estos vínculos son importantes porque hace tiempo nos dimos cuenta que a este camino no lo podemos transitar solos”.

Roberto Correa, presidente de Canme San Juan, que es una sociedad del Estado, porque administra recursos públicos para sus desarrollos, coincidió con los dichos de Moriñigo y consideró que el convenio debe ayudar a “solucionar una situación médica de pacientes que buscan mejorar su calidad de vida”.

“Esto debe ser encarado con la seriedad que le permita al paciente contar con un producto medicinal absolutamente seguro y que nos garantice como Estado que estamos cumpliendo la misión de propender a la salud de la población y mejorar la calidad de vida”, subrayó el directivo.

En ese sentido, Correa agregó que para que esto pueda ser así “es importante que los Estados se ocupen, tengan y puedan tejer estos lazos con Universidades que permitan que las tecnologías estén al servicio de la población y no al servicio de intereses”.

Canme San Juan es una organización que se proyecta como un polo científico tecnológico, a partir del cumplimiento de las leyes nacionales que rigen en la materia y el trabajo de profesionales especializados que custodian la trazabilidad de los procesos y calidad de los productos finales.

Trabaja en conjunto con organismos de carácter privado y público, como el INTA, el INTI, las Universidades y el Ministerio de Desarrollo Productivo, entre otros.

Con información de agencias.

IG

La Cámara de Diputados convirtió en ley el jueves 5/5 el marco regulatorio del cannabis medicinal y cáñamo industrial, un proyecto impulsado desde el Poder Ejecutivo, más precisamente desde la cartera de Desarrollo Productivo que conduce Matías Kulfas.

Los defensores de la ley rescataron la intención de crear puestos de trabajo a través de la creación de una nueva industria. además de aclarar que no contempla la arista “recreativa”; mientras que algunos de los que se opusieron resaltaron que es una “puerta” hacia la legalización de la marihuana, y otros cuestionaron la creación de una agencia estatal que sumará más burocracia.

En la votación en particular, que llevó unos cuantos minutos, ningún artículo fue rechazado, pero sí varios de ellos sumaron un poco más de votos en contra en relación a la votación en general.

Una de las mayores impulsoras de la norma, abrió el debate la porteña Mara Brawer (FdT), quien arrancó su discurso apelando a las palabras del general Manuel Belgrano en cuanto al desarrollo del cáñamo, tras lo cual destacó que luego de 200 años “estamos cumpliendo el sueño, con tecnología avanzada del siglo XXI” porque “ya no hablamos de velas, de telas, hablamos de cannabis medicinal, de niños con epilepsia, para adultos con dolores, para personas con problemas de sueño”.

“Cuando hablamos del cáñamo industrial, hablamos de una variedad del cannabis que tiene la característica de tener muy poco contenido de THC, y eso hace que desde el 61’ se excluya de la convención de estupefacientes. ¿Para qué sirve? Hacemos el marco de los lentes; con el cáñamo la fábrica de legos se comprometió a que los juguetes sean de plástico biodegradable hechos con cannabis”, destaca la web Parlamentario.

Entre sus usos, la oficialista enumeró que con el mismo se pueden realizar autopartes; se puede utilizar como reemplazante de la fibra de vidrio, plástico; se puede hacer con sus semillas un aceite comestible que no provoca colesterol y suplementos dietarios; productos cosméticos, entre otros. “Son infinitos los usos que tiene esta planta. Esta ley es fundamental para personas desnutridas, adultas mayores con problemas de alimentación”, insistió al resaltar sus cualidades.

“Todo se usa, desde la raíz, el tallo, las flores y hasta las semillas. Más de 25 mil productos al día están reconocidos en el mundo producto de esa planta”, sumó Brawer, y agregó que es importante la ley porque “nace una nueva industria en Argentina; para eso la ley crea el marco regulatorio para el desarrollo productivo del cannabis medicinal y cáñamo industrial y crea una agencia federal en la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo integrada por representantes de salud, ganadería y agricultura, ciencia y de seguridad”.

En ese sentido, explicó el interés de la creación de la agencia federal: “Porque la planta del cannabis necesita fiscalización del Estado nacional al estar abarcada por la ley penal de orden público. Además, su producción para exportación en el uso medicinal está regulada por organismos internacionales”. “Las licencias van a ser para el cannabis medicinal y las autorizaciones para el cáñamo industrial”, aclaró sobre una de las funciones de la agencia.

“Es una norma con un perfil productivista”

En diálogo con elDiarioAR, Pablo Fazio, Cámara Argentina del Cannabis (ArgenCann) habló tras la sanción de la ley: “En principio es una ley que abre una nueva etapa del desarrollo en la actividad. Se trata de una norma con un perfil productivista y de la mano de esta nueva realidad se va a dinamizar” considera Fazio.

El experto además consideró que esta apertura de reglamentación permitirá el avance de la industria que beneficiará a las economías regionales.

Fazio asegura que la nueva ley “Da una plataforma para el desarrollo productivos y se complementa con el desarollo de productos de toda índole”.

Frente a la consulta de como vio la argumentación de los legisladores que votaron en contra Fazio dijo: “En Argentina tenemos que aprender a dialogar, la sociedad merece un debate sobre el uso autoresponssable y es necesario combatir los prejuicios . Celebro que esas voces se hayan expresado, porque que adelantaron una discusión que la sociedad argentina está pidiendo acerca de la legislación. La idea es intentar no vencer, sino convencer demostrar que estamos frente a una industria con un gran potencial”.

De ahora en adelante, Fazio considera que a las pymes que trabajarán en la industria del cannabis tendrán grandes desafíos: “Ahora viene un tiempo importante que es la reglamentación y como Cámara seremos celosos custodios que se respete el espíritu del a norma”.

LG.

La Confederación Cannábica Argentina saludó en las últimas horas la “decisión histórica” de la reglamentación, en la Cámara de Diputados, de la cadena productiva del cannabis y del Cáñamo, que pone al país “un paso adelante en el rol de la industria del cannabis” en América Latina y el mundo. La iniciativa busca establecer un marco legal que regule y autorice las etapas de siembra, cultivo, cosecha, producción, almacenamiento, transporte, comercialización, importación, y portación. Además, establecerá la posesión de semillas de cannabis, de la planta de cannabis, y de sus derivados, con fines de aplicación medicinal, terapéutica, paliativa o de investigación científica.

En un comunicado firmado por su titular, Leandro Ayala, la Confederación, bajo el título de “Un hecho histórico” saluda y felicita “a las y los diputados que con la decisión histórica que tenemos hoy, logramos la reglamentación de la cadena productiva del Cannabis y del Cáñamo para poner a nuestra Nación un paso adelante en el rol de la industria del cannabis en América Latina y en todo mundo”.

“A partir de hoy en la Argentina hay una nueva manera de producir, una nueva manera de desarrollarse, una nueva posibilidad de trabajar con ascenso social para cientos y miles de trabajadores y trabajadoras”, sostiene el comunicado. Y agrega: “El cáñamo tiene numerosos beneficios para las industrias alimentarias, de bienestar, en textiles, en la industria automotriz, en la sustitución del plástico, en el desarrollo de comunidades tradicionales y para retener los impactos en suelos dañados por la radiación”. 

Las claves para entender la Ley

Kulfas celebró la sanción de la ley

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, celebró la sanción de la ley que establece un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y cáñamo Industrial, aprobada ayer por la Cámara de Diputados, al señalar que “hoy nace una nueva industria en la Argentina”.

“Con esta ley, se amplía y diversifica la matriz productiva nacional. Con esta ley ganamos todas y todos”, enfatizó el funcionario en un hilo de tuits publicado anoche, al término de la sesión de la Cámara baja.

En este sentido, el ministro de Desarrollo Productivo sostuvo que, al convertirse en ley ese marco regulatorio, “nace una nueva industria en la Argentina” porque ahora el país tiene una “industria nacional de cáñamo y cannabis medicinal”.

“Agradezco a las y los diputados por convertir en ley uno de los proyectos productivos que impulsamos desde @produccion_arg”, señaló el ministro a través de la red social Twitter.

Del mismo modo, en diálogo esta mañana con la radio online Futurock, Kulfas enfatizó que la nueva normativa es fruto de un “trabajo y consenso con muchos sectores de la producción, de la sociedad civil y las ONGs”.

Además, remarcó que permitirá “desarrollar en escala al sector”, el cual hoy legalmente solo está permitido “en muy pequeña escala, para investigación o consumos muy pequeños”.

El funcionario estimó que la ley permitirá “crear cerca de 10.000 puestos de trabajo en un plazo relativamente breve y poder desarrollar una economía productiva en varias provincias del país”.

En tanto, desde el punto de vista de la salud, Kulfas aseguró que la norma le va a dar “una respuesta concreta a mucha gente que lo necesita”.

“Están probadas las capacidades terapéuticas del cannabis medicinal. Hay muchísimas madres que lo saben por sus hijos que lo consumen para la epilepsia, y también para un montón de enfermedades y tratamientos donde está demostrado que realmente ayuda”, explicó.

Además, Kulfas puso de relieve que la flamante ley “crea el Consejo Federal para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal, que estará constituido por un representante de la Nación, uno por cada provincia y uno por CABA, quienes cumplirán sus funciones de manera honoraria”.

“La normativa también crea la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame), un organismo descentralizado que tendrá autarquía administrativa, funcional, técnica y financiera, y que funcionará dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo”, destacó.

En este sentido, precisó que “la Ariccame va a regular toda actividad económica de la cadena productiva del cannabis para uso medicinal e industrial”, y sostuvo que “para promover la investigación científica, la Ariccame tendrá articulación con universidades públicas y organismos de ciencia y técnica de todo el país”.

“Para apoyar a los emprendimientos, pequeños productores y Pymes, trabajará con la Sepyme en programas de financiamiento”, agregó.

En ese sentido, Kulfas rechazó el argumento de la diputada del PRO, Graciela Ocaña, quién en la Cámara, al votar en contra del proyecto, cuestionó que “el aparato burocrático de magnitud que se crea para implementar la ley va a traer un gasto enorme y no un beneficio para el tema de la salud”.

“Para hacerlo bien, para tener estándares de calidad y, según hemos estudiado de experiencias internacionales, conviene tener una agencia, lo cual va a simplificar la burocracia porque van a estar todas las áreas del Gobierno involucradas en el mismo lugar, con una ventanilla única para trabajar las licencias que se soliciten y controlar que existan las condiciones adecuadas de calidad”, detalló.

Por otro lado, sostuvo que “el gasto que genera esto es insignificante al lado de todo lo que se va a generar de actividad económica y de impuestos que se van a pagar”.

Con información de agencias.

IG

Con atención y sin barbijo -condición que resultó obligatoria para todo el resto de los presentes en la sala de audiencias-, los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación escucharon este miércoles argumentos a favor y en contra de emitir un fallo en dirección a la despenalización del cultivo de cannabis y elaboración de sus derivados con fines medicinales. Fue la primera vez que la discusión sobre el cannabis para uso medicinal llegó a esa instancia, a través de una audiencia pública.

“Pedimos que estas familias sean ayudadas y no perseguidas por el Estado. Se demostró que no hay riesgo en los preparados caseros de la planta y sí que hay muchos beneficios. Es una actividad que no es diferente a lo que hace una familia que cultiva aloe vera para usarlo en una quemadura o tilo para preparar un té. Si se controlase toda la actividad privada que una familia lleva a cabo en relación a sus plantas estaríamos cayendo en un fascismo sanitario, un estatismo absurdo”, planteó el abogado constitucionalista Domingo Rondina ante el máximo tribunal. Es el representante de la Asociación Civil Madres Cannabis Medicina (MACAME), de Santa Fe, que desde 2018 lleva adelante el reclamo ante el Estado nacional.

“Queremos un nuevo fallo Arriola. Así como en ese fallo la Corte dijo que tener marihuana para consumo personal no es delito, lo que queremos a través de este reclamo es que la Corte diga que tener plantas de cannabis y producir derivados para uso medicinal no es delito”, había adelantado Rondina a elDiarioAR, en referencia al fallo de 2009 que declaró inconstitucional la penalización de la tenencia de marihuana para consumo personal. Aunque se trata de un fallo judicial de hace 13 años, la Argentina aún no le ha dado fuerza de ley a esa decisión.

En rigor, en 2017 el Congreso de la Nación aprobó la ley que avala la investigación y el uso medicinal del cannabis. La reglamentación que se hizo de esa ley un tiempo después de su sanción, durante la presidencia de Mauricio Macri, restringió ese aval a las personas con diagnóstico de epilepsia refractaria y no reguló el autocultivo de la planta. En noviembre de 2020, una nueva reglamentación de la ley amplió el espectro de patologías que pueden ser tratadas con cannabis, le puso pautas a la posibilidad de cultivar con esos fines y sentó las bases para el funcionamiento del Registro Nacional de personas autorizadas al cultivo controlado con fines medicinales y/o terapéuticos (Reprocann). Aún así, la asociación civil MACAME espera que la Corte se expida.

Entre los argumentos presentados este miércoles, Rondina se refirió a que no debe existir la obligación de registrarse para una actividad que se lleva a cabo en el mundo privado, así como sostuvo que la autorización para cultivar y elaborar derivados depende de la reglamentación y no de la ley 27.350 -la sancionada en 2017-. “Si se decide cambiar la reglamentación, ahí hay ya elaborado un listado de personas que pueden ser consideradas delincuentes”, sostuvo el letrado, que debió contestar preguntas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, que fueron desde la diferencia entre el debate por el uso de opiáceos en Estados Unidos y lo que ocurre con el cannabis en Argentina hasta por qué la legislación y reglamentación actual resulta insuficiente según la demanda presentada por MACAME.

“Según publicó Infobae hace un tiempo, el titular del Reprocann, que es Marcelo Morante, sostuvo que hubo 155.000 inscripciones en ese registro pero se otorgaron menos de la mitad de las autorizaciones. Eso quiere decir que no se trata de llenar simplemente un formulario sino que o te autorizan o no, y eso puede implicar discrecionalidad”, sostuvo Rondina.

El representante del Estado nacional que habló ante la Corte fue Gaspar Tizio, director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Salud de la Nación. En su exposición y ante la pregunta del tribunal, coincidió con Rondina en señalar que no se demostraron efectos colaterales graves en el uso medicinal del cannabis, aseguró que cualquier médico que indique este tipo de terapia puede ser admitido por el Reprocann y también sostuvo que “no hay control del Estado respecto del producto que se autocultiva”. Fue ante la pregunta del tribunal respecto de si se hace una verificación de bioseguridad de los derivados que se producen artesanalmente.

“Una de nuestras líneas principales de defensa ante este reclamo sobre el Estado nacional es que no se demostró en este caso ninguna controversia concreta contra las actoras. Ninguna de las madres que están involucradas en este caso han sido perseguidas por cultivar cannabis para el tratamiento de sus hijos”, sumó Tizio. Ante una consulta de Rosatti, se refirió también a la posibilidad de que la actual reglamentación sea reemplazada por una más conservadora: “La normativa tal como está ahora ha logrado que no se persiga el autocultivo. Ya no se ven esas trabas que existían antes. Es contrafáctico pensar ahora mismo en ese cambio, pero una postura que va avanzando en derechos vinculados al acceso a la salud no debería retroceder, por principio de progresividad”.

Antes de que expusieran las partes centrales del caso -MACAME y el Estado nacional- participaron de la audiencia cuatro amicus curiae, dos a favor y dos en contra de la demanda. Paula Litvachky, abogada y directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se expresó a favor de la demanda. En su presentación, destacó que “la ley no se modificó en el sentido del Fallo Arriola” y expuso estadísticas: “En 2021 el 71% de las detenciones en la Ciudad de Buenos Aires que tuvieron que ver con infringir la Ley de Drogas fueron por tenencia para consumo personal. En 2020, el 91% de las causas vinculadas a esa misma ley que se abrieron en la Provincia fueron por marihuana”.

Marcela Susana Wetherich, integrante del Instituto de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados de Santa Fe, y Juan Andrés Pisarello, de esa misma institución, también se expresaron a favor de la demanda presentada por MACAME. “Las impulsoras de esta iniciativa son madres que buscan ayudar a sus hijos en su padecimiento. La ley 27.350, de 2017, es una primera conquista pero hay dificultades en su articulado”, dijo Wetherich. Según Pisarello, “es engorrosa la cuestión burocrática para acceder al aceite a través del registro; los permisos se vencen o demoran en habilitarse, y en ese contexto las madres cultivadoras pueden seguir siendo perseguidas”. “Consideramos primordial un pronunciamiento de la Corte para que esto deje de ser así”, destacó el abogado.

Edith Dacal, integrante de la Asociación Civil Fe y Esperanza “Papis contra las Adicciones”, se mostró en contra del pedido de MACAME ante la Corte. “Las mamás, movidas por el dolor de sus hijos, intentan soslayar el registro pedido a través de la reglamentación nacional. Hay un protocolo de seguimiento establecido para que estén dadas las condiciones de bioseguridad”, dijo Dacal. En concreto, ese seguimiento es posible en caso de aceites industrializadas, pero no de aceites artesanales. Tal como confirmó Tizio, esa producción -esté o no registrada en el Reprocann- no es controlada.

“Las mamás pueden perseguir un objetivo muy bueno, pero no se cumplen los requisitos de seguridad. No están ni las instalaciones preparadas ni el personal calificado para hacer esta producción”, sumó Dacal. Las madres cultivadoras, históricas referentes de la lucha por la despenalización del uso medicinal del cannabis y de su autocultivo, investigan desde hace décadas cómo proveer a sus hijos del mejor tratamiento posible. Élida Formente, integrante del Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado de Santa Fe (LIF) también formaba parte de las posiciones en contra de la presentación de MACAME, aunque en su exposición describió el trabajo de ese laboratorio pero no se refirió al caso.

Mariano Grasso, en representación de la Defensoría General de la Nación, sostuvo: “El autocultivo se impuso. Se legalizó y le toca a la Corte definir su situación jurídica. No estamos llamados a debatir la despenalización del consumo de estupefacientes en general, ni la inconstitucionalidad de la Ley de Drogas, estamos hablando de otra cosa. La accesibilidad a los productos medicinales es un desafío que se da incluso en Uruguay, donde está legalizada la marihuana. Pese a que el material es proveído en farmacias hoy en ese país se logra satisfacer el 25% de la demanda de aceite medicinal. Estamos empezando a caminar este largo proceso que desde el Ministerio de la Defensa aspira a que haya una provisión del Estado en una calidad estandarizada. Mientras esto no ocurra, el autocultivo viene a suplir aquello que hoy el Estado no logra cubrir”, destacó.

Eduardo Casal, titular de la Procuraduría General de la Nación, explicó: “La nueva reglamentación de la ley 27.350 asegura el acceso al tratamiento. Estableció que toda persona puede tener autorización para el cultivo siempre que cuente con indicación médica: allí se establece el mecanismo para el autocultivo. La norma se expide sobre el autocultivo sincerando que el Estado debe estar presente a la hora de asumir medidas productivas, mientras que deja a ese autocultivo con fines medicinales fuera del ámbito de la punibilidad. El cultivo de estupefacientes con fines medicinales debe ser autorizado pero también controlado por el Estado”.

Durante la audiencia pública se puso sobre la mesa si efectivamente se trata de una conducta del orden de lo privado, si afecta o no a terceros -y se debatió si un hijo es un tercero o cómo debe considerarse desde el punto de vista de la ley- y si la normativa actual, ya con la última reglamentación establecida, es o no suficiente para que no haya persecución a las personas que cultivan cannabis con fines medicinales. La Corte deberá expedirse sobre este reclamo. Los tiempos no están pre-fijados: demorará lo que máximo tribunal decida.

JR / MG

Este miércoles, en la sala de audiencias del Palacio de Tribunales, por primera vez se debatirá ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la despenalización del uso medicinal del cannabis. El reclamo es de la Asociación Civil “Madres Cannabis Medicinal” (MACAME), de Santa Fe, contra el Estado nacional: exige que se declaren inconstitucionales algunos incisos y artículos de la Ley de Drogas (23.737) y que, de esa forma, el máximo tribunal avale el cultivo de cannabis y la producción de derivados con fines medicinales.

“Queremos un nuevo fallo Arriola. Así como en ese fallo la Corte dijo que tener marihuana para consumo personal no es delito, lo que queremos a través de este reclamo es que la Corte diga que tener plantas de cannabis y producir derivados para uso medicinal no es delito”, explica Domingo Rondina, el abogado constitucionalista que representa a MACAME en su demanda al Estado nacional. En efecto, en 2009 la Corte emitió el llamado “Fallo Arriola”, que declaró inconstitucional la penalización de la tenencia de marihuana para consumo personal.

En rigor, en 2017 el Congreso de la Nación aprobó la ley que avala la investigación y el uso medicinal del cannabis. La reglamentación que se hizo de esa ley un tiempo después de su sanción, durante la presidencia de Mauricio Macri, restringió ese aval a las personas con diagnóstico de epilepsia refractaria y no reguló el autocultivo de la planta. En noviembre de 2020, una nueva reglamentación de la ley amplió el espectro de patologías que pueden ser tratadas con cannabis, le puso pautas a la posibilidad de cultivar con esos fines y sentó las bases para el funcionamiento del Registro Nacional de personas autorizadas al cultivo controlado con fines medicinales y/o terapéuticos (Reprocann). Aún así, la asociación civil MACAME espera que la Corte se expida.

“Estamos pidiéndole a la Corte que declare la inconstitucionalidad de la punición del cultivo, la producción de derivados, el hecho de proporcionar esos derivados a los hijos y el transporte de cannabis si se cumplen cinco condiciones: que sea para fines terapéuticos, que el cultivo sea domiciliario, que sean preparados caseros, que sea para uso de la propia familia y que exista la indicación de un médico”, enumera Rondina. MACAME inició el reclamo en 2018, antes de la última reglamentación de la ley sancionada en 2017.

Este miércoles, Rondina será uno de los oradores de la audiencia pública. Aún no está confirmado si participará de la exposición alguna de las madres que integra el colectivo santafesino, pero sí se sabe que habrá dos amicus curiae: el CELS y el Instituto de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados de Santa Fe se expresarán a favor de MACAME; la Asociación Civil Fe y Esperanza “Papis contra las Adicciones” y el Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado de la provincia de Santa Fe se expresarán en contra.

“Aún no está saldada la despenalización. Es parte de la mentira que intenta el Gobierno nacional. El delito aún permanece en la Ley de Drogas, y los delitos se crean y se eliminan por ley, no por un decreto o resolución ministerial que establece una reglamentación. La ley de 2017 despenaliza al usuario, no al cultivador o elaborador de productos derivados, y si se depende de la reglamentación y no de la ley, un cambio de Presidencia o de ministerio que vaya a un lugar más conservador o más pro-laboratorio deja desamparadas a esas personas, ya inscriptas en un registro que, si cambian las reglas del juego, es una lista de delincuentes”, sostiene Rondina, y concluye: “Admitir la registración en el Reprocann es negar que estamos ante una conducta privada de las personas, comparable a cualquier práctica de herboristería familiar”.

Entre las madres cultivadoras de cannabis de la ciudad de Santa Fe que estarán en el Palacio de Tribunales se cuenta Laura Acosta. Su hija Narella, de 15 años, tuvo una convulsión de más de siete horas cuando tenía dos meses. La gravedad de ese episodio, que sólo pudo detenerse a través de un coma inducido, resultó irreversible. “Tiene diagnóstico de encefalopatía crónica no evolutiva. Primero dijeron que era síndrome de West, después, epilepsia refractaria. Con el tiempo fue deteriorándose: hubo que ponerle botón gástrico, hacerle una traqueotomía, tuvo muchas neumonías y padece una escoliosis profunda. Llegó a tener hasta 400 crisis de epilepsia diarias cuando era bebé”, describe Laura.

Hace menos de una década, su hija mayor, que ahora tiene 25 años, vio que María Laura Santillán hablaba de “marihuana para epilepsia” en un noticiero. Llamó a Laura y la puso a ver el informe. “Entonces empecé a investigar esa posibilidad y en 2016 empecé a tratar a Nare con cannabis. Las mejoras empezaron enseguida. Ahora hay días en los que apenas tiene un espasmo y otros días en los que ni siquiera ocurre eso”, explica Acosta desde Santa Fe. Desde que su hija consume cannabis, duerme ocho horas diarias.

“Lo que creemos es que no tendríamos que estar bajo ningún monitoreo o registro del Estado por estar cultivando cannabis para la salud de nuestros hijos. No estoy en contra del Reprocann pero es un trámite burocrático que no debería hacer. No deberíamos necesitar ningún permiso, sino gozar del derecho legítimo de cultivar esta planta para que nuestros hijos estén bien”, describe Laura.

La lucha de las madres cultivadoras de cannabis fue la que impulsó la legalización de la investigación y el uso medicinal del cannabis en 2017 y la mejora en la reglamentación de esa ley que tuvo lugar en 2020. Esta agrupación de madres va por un fallo judicial ante el máximo tribunal, que este miércoles escuchará argumentos a favor y en contra, y no tiene fecha para expedirse.

JR

Son muchas las historias que se cuentan en torno al consumo de la planta de marihuana pero una de las más aceptadas es la que nace en la década de los setenta en Estados Unidos.

En 1971, Los Waldos, un grupo de estudiantes en California, Estados Unidos, solían juntarse a las 4:20 de la tarde, al terminar sus clases, para fumar marihuana. La subcultura del cannabis transformó ese número en el día 20 del mes 4 (4/20) como Día de la Marihuana.

A través de los años la mirada hacia la planta de cannabis fue mutando. En Argentina, en 2017, el Senado aprobó por unanimidad la primera ley de cannabis medicinal del país.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que la marihuana medicinal no representa problemas para la salud. Concluyó que el Cannabidiol (CBD) sirve como paliativo para enfermedades crónicas y para pacientes con epilepsia y no genera adicciones. El Cannabidiol (CBD) representa el 40% de los extractos de la marihuana. Reduce el dolor y la inflamación, controla las convulsiones epilépticas y sirve para el tratamiento de enfermedades mentales o adicciones.

Existen otras versiones que afirman que se originó en Canadá en 1995 cuando un grupo de consumidores se reunieron para fumar en público para reclamar por la despenalización del cannabis.

A través de los años, los diferentes grupos sociales que defienden la legalización de la marihuana convirtieron esta fecha en una conmemoración de los procesos que se han llevado a cabo en cada país para levantar el veto que existe sobre esta y destacar sus usos.

La marihuana formaba parte de la lista de opioides adictivos y letales, como la cocaína o la heroína, desde la Convención Única de Estupefacientes de 1961. Sin embargo, la Comisión de Estupefacientes de la ONU realizó una revisión en 2019 de la lista y con 27 votos a favor y 25 en contra se retiró el cannabis de esta.

La revisión se realizó gracias a las recomendaciones entregadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre los beneficios terapéuticos de la planta, por lo que su aprobación fue establecida desde el punto de vista del uso medicinal y no del uso recreativo, aclaró la ONU.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el cannabidiol (CBD) con un 2 % o menos de tetrahidrocannabinol (THC, sustancia adictiva) no debería estar sujeto a controles internacionales.

En 2022, el gobierno argentino, en diversas oportunidades, manifestó la necesidad de promover la industria del cannabis y considera que “puede generar 10 mil puestos de trabajo, nuevas inversiones y desarrollo federal” así lo expresó el Ministro de Producción de la Nación, Matías Kulfas.

LG