El examen de idoneidad fue la corona de espinas que se eligió colocar sobre la cabeza de los empleados estatales para finalizar el año. A los casi 40 mil despidos, congelamiento del salario y pérdida de las horas extras, se le sumó esta evaluación que está provocando inquietud, humillación y, sobre todo, incertidumbre entre los trabajadores.

“Primero dijeron que si te iba mal perdías el trabajo, después que te daban tres oportunidades, luego que aunque te vaya bien tampoco era seguro que siguieras y por último que si rendías en diciembre te renovaban todo el año, y si lo haces entre enero y marzo, sólo tres meses; algo absurdo y bastante perverso”, relató a elDiarioAR Cristina (65), trabajadora administrativa contratada desde hace 15 años en el Teatro Nacional Cervantes. Rindió bien pero no celebró.

“Con la edad y la trayectoria laboral que tengo, esto fue someterme a un maltrato gratuito. Cuando salí, me felicitaron pero no hay nada que festejar, fue una humillación, fue bajar la cabeza y recibir el látigo de un tipo”, lamenta.

Durante la segunda semana de diciembre se dio inicio a la primera tanda del examen de idoneidad, un proyecto impulsado por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y destinado a 40 mil empleados públicos con contratos temporales. Hasta el momento rindieron 8.559 trabajadores y el 95% aprobó. Tendrán hasta tres oportunidades para superar la evaluación que contiene unas 24 preguntas de opción múltiple. Si bien el examen no garantiza la continuidad, es un requisito obligatorio para quienes aspiren a renovar sus contratos. 

“Estamos aprobando, lo cual demuestra que el relato de que somos inoperantes e ignorantes se cae a pedazos”, dijo a este medio Nicolás Rodríguez, trabajador de la Secretaría de Cultura y delegado General de ATE de esa área. “Se llevaron una sorpresa, porque nosotros nos organizamos y primó la solidaridad entre todos para prepararnos”.

“¿Qué longitud, en centímetros, equivale a una longitud de 51 metros?”, “El mes de julio tiene 31 días ¿Cuál es la cantidad máxima de sábados que puede tener julio?”, “¿Cómo puede vetar el Poder Ejecutivo una ley?”, “¿En qué año se sancionó el Código Electoral Argentino previsto en la ley 19.945?”, “¿El padrón electoral de presos es el mismo que el general o es distinto?”, “Si un cuadrado tiene un área de 64 cm², cuál es el perímetro del cuadrado?”, fueron algunas de las preguntas que aparecieron en los exámenes que se dividen por Servicios Generales, Administrativos y Profesionales.

“Muchas de las consignas no tenían relación con nuestra función, como de pensamiento lógico o comprensión lectora que son de secundario”, dice Rodríguez y agrega: “Por eso fue recibido como una tomada de pelo y un instrumento más para denigrarnos”. 

Según concuerdan los empleados y gremialistas entrevistados, cuando se anunció la medida en las distintas dependencias del Estado Nacional primero se manifestó bronca, después paranoia y por último angustia y resignación. 

La incertidumbre fue la fuente del mayor malestar, porque pese a las asambleas que se realizaron, al amparo judicial que presentaron e incluso a la aprobación del examen, la única certeza que tienen las personas con contratos temporales es que cualquiera de ellos puede perder el trabajo de inmediato, en cualquier momento. 

“Es una tortura bastante perversa, porque te mantienen con miedo todo el tiempo, no sabes qué va a pasar, si te echan hoy o mañana o la semana que viene. Fueron tantas las ideas y vueltas con este tema, tanto el manoseo, que pueden venir el mes que viene, por ejemplo, y plantear otro examen u otra prueba y volver a humillarnos y echarnos”, dice Valeria, otra trabajadora de Cultura que rindió recientemente. 

Una directora de área, que pidió no ser nombrada, describió que la tensión y dispersión se expandieron durante los últimos dos meses, que son los más importantes del año por la carga laboral que se exige. Por esta razón, “pudieron haberse cometido errores graves, que de hecho se corrigieron en tiempo y forma, porque los empleados naturalmente estaban muy nerviosos y estresados por su futuro, fue un caos, realmente muy feo”, dijo.

En diálogo con elDiarioAR, el delegado General de ATE del Teatro Cervantes, Rodolfo Cañetes, aseguró que el mayor de los “males” que padecen hoy los empleados es la incertidumbre deliberadamente instalada. “De toda la pérdida de derechos que sufrieron los trabajadores a lo largo del año, la peor de todas es esta incertidumbre, esto de estar siempre al límite, de que te estén por rescindir el contrato o te cambien de destino, porque te modifica la vida y te va limando la cabeza de a poco”, advirtió.

Antes de los exámenes los gremios se organizaron y, junto a trabajadores de otros organismos que se pusieron a disposición, crearon un simulacro de evaluación. Hubo talleres sobre ley de administración financiera, leyes electorales, leyes de procedimiento administrativo, códigos electorales, matemática, geometría y lógica. 

“Hay compañeros que están hace más de 10 años y que deberían pasarlos a planta, pero no, lo que hacen es tomarles un examen, ¿y para qué? para que sigan cobrando el mismo salario de pobreza sin estabilidad laboral y encima ahora más humillados”, explica Cañetes sobre la pérdida del poder adquisitivo del trabajador estatal que viene en caída libre desde 2016. 

Los entrevistados también coinciden en que la evaluación no busca la idoneidad ni jerarquización de los empleados, porque el examen no está orientado a las funciones específicas de cada área. 

¿Entonces cuál es el objetivo? Según afirman a este medio, el fin es político: fortalecer el relato que estigmatiza al empleado público, preparar las condiciones para nuevos despidos y torcer la voluntad de los contratados, muchos de los cuales ya están renunciando a sus puestos precisamente por la falta de respuestas y la imposibilidad de cubrir las necesidades básicas con los salarios que actualmente se perciben en la administración pública. 

Según el dirigente gremial Cañetes, los sueldos oscilan entre los 500 mil y 800 mil pesos, mientras que los gastos de una familia de clase media porteña ya superan los 2 millones de pesos por mes, según un relevamiento de CESyAC.

“Con todo este manoseo en muchas dependencias del Estado están habiendo renuncias porque los compañeros tienen un sueldo de pobreza, y entre el transporte y el tiempo que destinan, les conviene dedicarse a otra cosa y quedarse cerca de sus casas”, advierte el sindicalista, sobre un fenómeno que se estaría empezando a iniciar tal como ya está ocurriendo en las universidades con las renuncias de docentes, como informó este medio.  

Una trabajadora de la cocina que vivió las semanas previas al examen con ciertos ataques por el temor a quedar sin el sustento familiar, una médica que rindió mal por desconocer una ecuación y quebró en llanto, una señora a un año de su jubilación que por el nerviosismo se le nubló la mente y salió de la sala del examen sollozando. Son algunas de las imágenes que diferentes entrevistados aportaron a este medio. 

Cómo explicó Ezequiel Adamovsky en esta nota, la estrategia del gobierno consiste en construir un estereotipo a partir de un caso particular, centralizado, por ejemplo, en “Flora” el personaje de Antonio Gasalla, la empleada pública inoperante y perezosa, y generalizarlo hasta volverlo norma: todos son vagos, inútiles y ñoquis.

“El empleado público no solo ejerce bien su tarea sino que le imponen un examen y lo da bien”, destacó Cañetes y señaló que “igualmente es muy arbitrario y desigual porque a los funcionarios nadie les toma un examen para ver si son realmente idóneos, y muchos no lo son”.

LN/MG