China es el principal importador de soja a nivel mundial, pero la dinámica cambiante de la agricultura y las tendencias comerciales a largo plazo plantean dudas para los países productores de América del Sur, que llevan años exportando al país asiático de manera sostenida.

Después de dos décadas de aumentos casi constantes, las importaciones de soja de China han experimentado caídas periódicas e interrupciones desde 2019, vinculadas a los efectos de la pandemia de Covid-19 y los brotes de peste porcina africana en la industria china de la carne de cerdo, uno de los principales destinos de la soja como alimento para animales. Mientras tanto, algunos analistas creen que las importaciones de soja de China ya pueden haber tocado su techo.

Estas tendencias coinciden con los planes oficiales de China de aumentar la producción nacional de soja y reducir la dependencia de las importaciones, en el marco de una campaña más amplia de seguridad alimentaria nacional. Esto podría ser una señal de alarma para países como Brasil y Argentina, que encuentran en China su principal comprador.

En 2022, la demanda total de soja de China fue de algo más de 115 millones de toneladas, más del 80% de las cuales se cubrieron con importaciones, según datos oficiales chinos. La producción nacional de soja alcanzó los 20 millones de toneladas el año pasado, y el gobierno se ha fijado como objetivo una producción de más de 35 millones de toneladas en 2032 para reducir esta dependencia.

Los cambios son advertidos por diferentes informes comerciales, pero agentes clave de la agroindustria en Sudamérica afirmaron a Diálogo Chino que este escenario no genera mayores preocupaciones, al menos en el corto plazo.

“No parece probable que China pueda aumentar considerablemente su propia producción por la escasez de agua en su territorio y la falta de nivel técnico y maquinaria adecuada por parte de los productores”, sostuvo Rodolfo Rossi, titular de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (AcSoja). En la misma línea, desde la Asociación Nacional de Exportadores de Cereales de Brasil expresaron que “la situación no se ve como una preocupación”.

Mientras tanto, los entrevistados plantearon otros desafíos en el mercado mundial de soja que sobrevendrán en los próximos años. Entre ellos, las consecuencias de la creciente producción brasileña y el fuerte incremento del crushing (el proceso de conversión de soja en los subproductos) en Estados Unidos.

Desaceleración de la demanda

A principios de siglo, cuando importaba más de 10 millones de toneladas de poroto de soja, China representaba el 25% de las compras mundiales de ese producto. Dos décadas después, las cifras se han multiplicado varias veces: en los últimos cinco años, sus importaciones oscilaron entre 88 y 100 millones de toneladas, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, lo que supone alrededor del 60% del comercio mundial.

“China ha sido el gran mercado que ha impulsado la demanda mundial de poroto de soja”, definió Gustavo Idigoras, titular de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro Exportador de Cereales (CIARA – CEC).

En ese proceso, Brasil y Argentina, dos de los principales productores de la oleaginosa, se han beneficiado enormemente, llegando al punto en que China se ha convertido en el principal destino de sus exportaciones de soja: más del 90% de los despachos de Argentina y el 70% de los de Brasil se dirigen allí.

Sin embargo, en los últimos años, la situación experimentó cambios significativos. En el futuro, diversas razones anticipan una disminución en el ritmo de las importaciones.

“Las compras de soja por parte de China disminuirán hacia 2030 como resultado de un crecimiento más lento de la producción ganadera, la mejora continua en las prácticas agrícolas y la adopción generalizada de una baja tasa de inclusión de harina de soja en las fórmulas de alimentos”, señaló un reciente estudio de Rabobank. Según el reporte, esto tendrá “profundas repercusiones en toda la cadena de suministro mundial”.

Otro de los factores que influyen en esa dinámica son los planes oficiales para aumentar su producción doméstica de soja, que en 2022 alcanzó las 20 millones de toneladas. Su catorceavo plan quinquenal (2021-2025) tiene como meta llegar a 23 millones de toneladas de soja para 2025, mientras que el informe de perspectivas del Departamento de Agricultura establece un objetivo de producción de soja doméstica de 36,75 millones de toneladas para 2032.

También es relevante considerar lo que sucede con las harinas, dado que el destino final de la soja es su molienda, principalmente para alimentación animal. “En los últimos años se ha verificado una diversificación en China, donde el crecimiento en la demanda de harina de colza, maní y girasol ha sido más acelerado que el de la soja”, explicó Bruno Ferrari, analista de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Ferrari indicó que, si bien es cierto que hay una ralentización en el crecimiento de la demanda de harinas en China en general, la de soja se ha ralentizado mucho más, mientras que otras comienzan a crecer un poco más rápido o mantienen su dinamismo. “Eso le quita un poco de espacio a la soja”, añadió.

Lo explicado por el ejecutivo de la BCR encuentra respaldo en los planes oficiales: según informó Reuters en abril, el Ministerio de Agricultura chino emitió un plan de acción para reducir el uso de harina de soja en la alimentación animal, proponiendo que su proporción se reduzca del actual 14,5% a menos del 13% para 2025.

Esa hoja de ruta “orientaría a la industria alimenticia a reducir la cantidad de harina de soja, promoviendo el ahorro y la reducción del consumo de cereales forrajeros y contribuiría a garantizar el suministro estable y seguro de cereales y de importantes productos agrícolas”, sostiene el comunicado del ministerio.

Sin mayores impactos

Aunque los entrevistados coincidieron en señalar que existe una ralentización de la demanda de soja por parte de China, ninguno expresó que la situación vaya a generar cambios bruscos en las dinámicas exportadoras de Argentina y Brasil.

“No creo que debamos esperar muchas implicancias para ambos países como consecuencia de los cambios en la demanda de soja por parte de China”, dijo Gabriel Medina, docente de la Escuela de Agronomía de las universidades de Brasilia y Goiás.

La visión del académico es compartida por Sávio Pereira, director del departamento de Análisis Económico y Políticas Públicas del Ministerio de Agricultura de Brasil: “No nos preocupa”, sostuvo, porque, entre otros factores, “la idea de cambiar la forma de alimentar a los animales no creemos que pueda darse a corto plazo”.

Idigoras, referente de las principales industrias exportadoras de Argentina, expresó que si bien “hay análisis que indican que China puede estar llegando a una meseta en su demanda incremental de soja”, estos deben tomarse “con cautela”. Agregó que “China es un importador estructural de poroto de soja y seguirá siéndolo”.

China es un importador estructural de poroto de soja y seguirá siéndolo

Gustavo Idigoras — Titular de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro Exportador de Cereales

Las respuestas brindadas para este artículo se justifican mayormente en que los objetivos de producción de China “no mueven el mercado de la importación” -según aseveró el analista de la BCR Bruno Ferrari-, pues se trata de un incremento marginal en relación al volumen total. “La brecha sigue siendo muy grande”, agregó Medina.

Para Rodolfo Rossi, quien representa a los actores de la cadena sojera en Argentina, “no será fácil para China lograr sus previsiones debido a la falta de mejoras en las eficiencias locales”. El empresario completó diciendo que el país aún tiene déficit hídricos considerables y que los productores locales “no tienen el nivel técnico ni la maquinaria adecuada”.

Reportes de terceros países avalan la visión de los entrevistados. En un artículo reciente, el Instituto Australiano de Políticas Estratégicas señaló que “las necesidades contrapuestas por el uso de la tierra, incluso para otros cultivos como el trigo y el maíz, dificultan que China escape de su dependencia de las importaciones de soja”.

Excedentes productivos de soja en América del sur

Ahora bien, ¿qué pasará con la creciente producción de soja en Brasil? Según las últimas estimaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), para la campaña 2023/24 se espera un aumento del 5,2%, pasando de las actuales 156 millones de toneladas a 163. “Y todavía tenemos muchas áreas nuevas disponibles para plantar”, agregó Pereira, funcionario del gobierno brasileño.

Para Ferrari, el excedente generado por los productores de Brasil se destinará a la industria local: “El país tiene formas de seguir generando encadenamientos productivos virtuosos a nivel interno para introducir esa mercadería y es posiblemente el camino que sigan a futuro”, estimó.

En el caso de Argentina sucede algo similar. Gustavo Idigoras explicó que “existe una estrategia distinta a la de Brasil, no enfocada en vender directamente a China, sino en vender productos procesados al resto de los países”. En efecto, el país exporta grandes cantidades de harinas y aceites a países como India o Vietnam. Así, según el empresario, los potenciales aumentos de producción se destinarán a la industria local, que vienetrabajando muy por debajo de sus posibilidades.

Vale decir que Argentina, a diferencia de su país vecino, no prevé fuertes subas en su producción local, al menos en el corto plazo. Es más: desde el pico histórico de la campaña 2014/15 -cuando se superaron las 60 millones de toneladas-, las cifras tendieron a descender. El actual ciclo agrícola marcó el peor registro del siglo, con apenas 20 millones de toneladas.

Además de esta diferencia, los dos países tienen divergencias en lo que se refiere al destino de su producción. Si bien ambos tienen un marcado perfil exportador, Brasil exporta la mayor parte de su producción como grano, en tanto que Argentina lo hace con valor agregado (harinas y aceites).

Que destine gran parte de su producción a la exportación directa no quiere decir que Brasil no sea un jugador central en el mercado de los productos elaborados. De hecho, este año, todo indica que se erigirá como el principal productor de harina de soja, desplazando a Argentina por primera vez desde mediados de la década de 1980.

Para Argentina, la fuerte competencia de Brasil es solo uno de los desafíos en el corto plazo. Rodolfo Rossi, representante de los actores de la cadena en ese país, advierte, que también Estados Unidos prevé un incremento “significativo” del procesamiento de soja. “De todas formas, hay oportunidades en nuevos mercados de África y algunos países de América Latina”, expresó.

Así, mientras la búsqueda de una mayor autosuficiencia por parte de China en la producción de soja probablemente lleve tiempo y enfrente diversos obstáculos, Brasil y Argentina cuentan con oportunidades para seguir siendo actores relevantes en el mercado global. La diversificación de mercados, el enfoque en la industria local y la exploración de nuevos destinos de exportación serán áreas importantes que su agroindustria deberá explorar.

Pero en un panorama mundial cambiante, y en medio de una creciente crisis climática, la industria de la soja de ambos países puede necesitar mostrar capacidad de adaptación e inventiva si quiere mantener la estabilidad y el crecimiento de las últimas décadas.

Este artículo se publicó originalmente en Diálogo Chino https://dialogochino.net/es/

De El Impenetrable chaqueño y la Región Oriental de Paraguay a los páramos colombianos y las playas de Puerto Rico, estos jóvenes cuestionan los modelos de desarrollo impuestos desde arriba. Horacio García (32), Emiliano González (35), Luisa Acuña (27), Juan Camilo Sarmiento (29) y Mabette Colón (23) comparten la necesidad de luchar colectivamente por un mañana de carne y hueso, pero también hecho de árboles, aire puro, tierra y río. 

Sin calendarios especiales ni reuniones privadas con altos funcionarios, enfrentan el avance extractivista y plantean alternativas para la transición ecológica en una de las regiones más peligrosas para los defensores del planeta.

El Chaco argentino: el monte es vida 

En El Impenetrable, al noreste de Argentina, la comunidad qom resiste el avance de madereras y agronegocio sobre el monte nativo. Aunque desde fines de 2020 todos los desmontes son ilegales, en 2022 Chaco fue la segunda provincia más deforestada, con más de 36.000 hectáreas. 

Para los qom el monte es “un ser viviente igual que nosotros”, cuenta Horacio García. Su gente se puso en alerta cuando el Gobierno chaqueño acordó con una empresa china la instalación de megagranjas porcinas en sus tierras comunitarias de El Espinillo, en el departamento de General Güemes. 

El monte nativo es sustento, tradición y promesa de futuro para los qom. García, que siempre vivió en el paraje Olla Quebrada –a unos seis kilómetros de El Espinillo–, se plantea qué sería de su pueblo sin el bosque nativo, que les brinda frutos y animales silvestres, pero también aire puro y protección contra inundaciones y tormentas. 

El joven albañil, que estudia para auxiliar docente aborigen, cuenta que decidieron salir a protestar con cortes de ruta tras enterarse por redes sociales del acuerdo entre el gobernador Jorge Capitanich y Feng Tian Food. Pese al impacto sanitario y ambiental de las granjas industriales, no hubo consulta previa, libre e informada, como prescribe el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para proteger medios de vida y ambiente de los pueblos originarios. 

Cuando el proyecto original se enfrió, la empresa propuso la siembra masiva de monocultivos de soja y girasol. Para la población eso equivale a deforestación, contaminación y daños a la fertilidad del suelo. “Ya hemos vivido un desmonte: cortaron árboles para las ventas de maderas, pero únicamente las de muy buena calidad, árboles grandes como los algarrobos que nacen en nuestros territorios”, refiere García. 

Detrás de todos estos negocios está la Asociación Comunitaria Meguesoxochi que preside el intendente Zenón Cuéllar. Además de reunirse con el grupo chino, en tanto administrador de la propiedad comunitaria “distorsionaba las informaciones y mentía a la gente para que acepte”, afirma el joven. 

En 2021, patrocinados por una abogada de Somos Monte, presentaron un amparo en resguardo de sus tierras. García comenta que “algunos ancianos, que fallecieron en el transcurso de la lucha, contribuyeron con testimonios. Otros compañeros de la zona urbana nos ayudan en la traducción”.

No quieren que El Impenetrable se transforme en un lugar seco, extremadamente caluroso y contaminado. “Hay que cambiar la manera de producir los alimentos. Tenemos muchas oportunidades para autosustentarnos. Al monte hay que cuidarlo, porque es la única parte donde nos podemos cobijar y encontrar nuevas alternativas de convivir con la naturaleza”, concluye.

Paraguay y la sed de tierra para vivir

La extranjerización y la concentración de la propiedad de la tierra en Paraguay se remontan al siglo XIX, con los colonos ingleses y españoles. Hoy, su Región Oriental se ve copada por monocultivos transgénicos de empresas de Brasil, Argentina y, más recientemente, Uruguay. 

Emiliano González, coordinador de la Juventud Paraguay Pyahura, denuncia desalojos masivos, contaminación y deforestación. En su ADN y el de sus compañeros está inscrita la lucha por la tierra: “Somos los hijos de la Federación Nacional Campesina”. 

Cuando era chico, González encontraba animales silvestres y árboles al costado del camino, en las orillas de arroyos y ríos, en montes y selvas. Hoy, ese Paraguay no existe. Desde la década de 1990 el agronegocio convirtió su entorno en “un mar de soja”. 

Los reportes oficiales confirman la descripción del referente campesino: pese a la ley de deforestación cero, entre 2017 y 2020, la Región Oriental sufrió un cambio drástico. San Pedro, su departamento, y el vecino Canindeyú perdieron en total casi 40.000 hectáreas, más del triple de la superficie de Asunción. “En algunas partes cultivaron soja hasta en la orilla del arroyo”. 

El asentamiento campesino donde creció fue ganado por “una lucha sangrienta” en la que “fallecieron cuatro compañeros para que podamos tener un pedazo de tierra”. No es un caso aislado: lo antecede una historia de despojo y acaparamiento ilegal por parte de latifundistas extranjeros y familias ligadas a la dictadura de Alfredo Stroessner, que les cedió más de ocho millones de hectáreas. 

En Con la soja al cuello, Lorena Izá Pereira estima que un 35% del territorio paraguayo está bajo control directo e indirecto del capital extranjero. En 2018, de 291 empresas foráneas, 239 eran brasileñas. 

Este modelo impone condiciones muy adversas a la agricultura familiar: desalojos masivos, fumigaciones aéreas e invasión de plagas desde las fincas agroindustriales. González habla también de un “desequilibrio ambiental” entre períodos de sequía y lluvias intensas, y olas de calor interrumpidas por frío extremo. Él lo atribuye a la combinación de crisis climática y deforestación récord.

En 2021 el Estado sumó otra herramienta para criminalizar la lucha por la tierra. González dice que la ley Zavala-Riera, que prevé hasta diez años de cárcel, ya produjo centenares de expulsiones violentas de comunidades campesinas e indígenas asentadas hace décadas. Esto genera “intranquilidad”, considerando que la mayoría de los asentamientos agrícolas son irregulares y que los agroexportadores planean duplicar la siembra de monocultivos.

“Imaginate si vos tenés tu casa, tus comodidades, tu producción, pero un día vienen los policías, los cascos azules, los antimotines, los carros hidrantes y helicópteros, y a la fuerza te quitan tu propiedad, mecanizan toda tu producción, echan las casas así como están”, protesta. “Sin reforma agraria no habrá paz”.

Colombia pide agua para la vida 

Petroleras y mineras se disputan el agua y los minerales en una Colombia donde ser defensor ambiental sigue siendo una actividad de riesgo. Global Witness registró que, en 2021, fueron asesinadas 33 personas por proteger sus territorios. Muchas otras huyeron “ante los señalamientos, la persecución, las amenazas y el amedrentamiento que han sufrido por su ejercicio de liderazgo”, detalla Luisa Acuña, trabajadora social y diplomada en Gestión Ambiental y Territorial. 

“La mayoría de conflictos socioambientales se generan por la invisibilización de las poblaciones que habitan los territorios”, agrega la joven. En el mismo sentido, el abogado ambientalista Juan Camilo Sarmiento considera que los movimientos sociales pueden “hacer la diferencia” en defensa del agua y por alternativas de transición justa.

Acuña se involucró con las causas socioambientales durante sus prácticas académicas con una organización campesina. Seis años después, como parte del Observatorio de Conflictos Ambientales de la Corporación Compromiso, brinda herramientas, formación política y capacitaciones sobre emprendimientos extractivistas a poblaciones que hace décadas habitan, producen y conservan las zonas rurales en Santander. 

No es casual que un país con gran riqueza hídrica esté inundado de conflictos por el agua. Acuña identifica dos concepciones: una utilitarista, que la ve “como un recurso ofertado para la explotación”, y otra que la considera un derecho humano. En esta perspectiva se inscribe la lucha en defensa del Páramo de Santurbán, que ella define como uno de los “procesos bandera” del ambientalismo colombiano.

La movilización popular, nucleada en el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, frenó dos proyectos de gran minería en este ecosistema que abastece a más de dos millones de personas. Según el abogado Sarmiento, buscan que el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez prohíba la actividad en los “territorios del agua”, que abarcan las “cuencas hidrográficas que abastecen acueductos, estrellas fluviales, páramos, bosques, humedales, manglares, corales y arrecifes”. 

Aunque tampoco tiene licencia social en Santander, el fracking amenaza el río Magdalena, la fuente de agua para seis millones de personas. Acuña y sus compañeros están abocados a enfrentar los dos proyectos piloto –Kalé y Platero– que la estadounidense ExxonMobil y la colombiana Ecopetrol tienen en el municipio de Puerto Wilches, pero hay siete contratos de concesión ya vigentes en César-Ranchería (Guajira) y el valle del Magdalena Medio, adjudicados a Drummond, ConocoPhilips y Parex.

Aunque el Congreso colombiano aprobó la prohibición del fracking y “algunos yacimientos no convencionales”, la lucha sigue. La Alianza Colombia Libre de Fracking, que elaboró el proyecto original presentado por el Gobierno del Pacto Histórico, advierte que dejaron fuera los yacimientos no convencionales de gas asociado a mantos de carbón, los únicos explotados en la actualidad. 

El acuerdo entre oficialistas y conservadores privilegió los contratos para “evitar las demandas contra el Estado a través de los Tratados de Libre Comercio (TLC) y el sistema de protección a las inversiones”, dice Sarmiento. El abogado lo resume con un dicho popular: “‘Hay Gobierno, pero no poder’. A pesar del discurso y la voluntad política del Gobierno, toda la estructura normativa, económica, mediática y legislativa está con el extractivismo”. Para él, son los movimientos sociales los que pueden torcer la balanza en una región que históricamente se organizó en defensa del agua.

Malos aires en Puerto Rico

Según cifras oficiales, la central térmica de la estadounidense Applied Energy Services (AES) en Guayama, al sur de Puerto Rico, genera cada año unas 300.000 toneladas de cenizas de carbón, el recurso fósil más contaminante. La Comunidad Guayamesa Unidos por tu Salud, a la que pertenece Mabette Colón, denuncia perjuicios a la salud de la población y el ambiente.

AES plantea una encrucijada energética en un país que sigue importando combustibles fósiles y tiene una inversión marginal en renovables. Las comunidades proponen un vuelco a la energía solar sin afectar sus territorios y medios de vida. 

La planta de AES, inaugurada en 2002, al comienzo fue una enemiga silenciosa. Aunque respira cenizas de carbón desde sus dos años, Colón cuenta que “de pequeña no entendía qué era eso y lo veíamos incluso como algo innovador en el área. Solía ir a una playa que está muy cerca de las instalaciones y me fascinaba ver esos barcos enormes entrando al puerto”. 

Hoy se sabe que la montaña de residuos tóxicos que AES tiene al aire libre contradice normas de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y leyes puertorriqueñas. Las playas guayamesas atestiguan su impacto con arenas teñidas de negro, peces muertos, mangles costeros resecos y desaparición de cítricos que solían ser muy abundantes, describe la joven.

Colón vive a poco más de un kilómetro de la central, en Miramar, una de las comunidades expuestas a la inhalación de partículas de metales pesados, que también se filtran a los acuíferos. El Departamento de Salud Ambiental de la Universidad de Puerto Rico registró que, entre 2016 y 2018, se duplicó la prevalencia de enfermedades crónicas: respiratorias, cardiovasculares, de la piel, diabetes y cáncer. Esta última ha sido, según la activista, “el mayor impacto en las personas”.

Fue en 2016 cuando, siguiendo el ejemplo de su padre Alberto, Colón se unió a la Comunidad Guayamesa Unidos por tu Salud. Con sus reclamos lograron frenar algunas propuestas, pero su meta mayor, el cierre y la mitigación del daño causado por AES, sigue pendiente. 

En 2027, cuando finalice el contrato, no se resolverán todos los problemas, especialmente para los residentes de bajos recursos, que seguirán padeciendo la ceniza de carbón que AES vendió como material de relleno y hoy sigue al descubierto en muchos lugares públicos. 

La activista, que también colabora con Diálogo Ambiental, EarthJustice y Sierra Club, es optimista pese a las dificultades: “Ser joven en estas luchas no es fácil, es un sacrificio, es frustrante y es arriesgado, pero nuestra voz es la fuerza que moverá al mundo”. 

Construir el futuro 

Los jóvenes denuncian los errores del pasado, pero también pueden ser parte de la solución. Cuando se habla de fechas, no es una entelequia, sino el futuro de millones, ni más ni menos que el tiempo y las circunstancias que les tocará vivir. 

Reclaman participación 

Exigen herramientas 

Piensan la transición energética 

Sarmiento admite que “el Gobierno ha impulsado decididamente la idea de descarbonizar la economía, adoptando medidas contra el fracking y la gran minería de carbón”. Sin embargo, reclama que no se haya pronunciado aún contra el extractivismo de “minerales de transición” y los tratados que “dan vía libre al saqueo de las transnacionales a través de demandas contra Colombia”. 

Las comunidades promueven la instalación de paneles fotovoltaicos en los techos residenciales. “Si utilizamos los terrenos para las placas solares, no tendremos dónde sembrar. Hay que pensar más allá de la burbuja”, razona.

Este artículo es parte de COMUNIDAD PLANETA, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina, del que elDiarioAR forma parte. 

Gran parte de la familia de Raj Patel tiene graves complicaciones de salud. Dueños de un negocio de comida, se acostumbraron a la malnutrición: exceso de azúcar, sal y grasa, que dieron paso a enfermedades crónicas. El economista es uno de los referentes del movimiento que propone un cambio saludable desde el plato. Su mirada crítica acerca del capitalismo colonial tiene sustento, alguna vez trabajó para el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio y las Naciones Unidas. Hoy desde la vereda opuesta, habla de regeneración de los suelos y de los vínculos, y promueve la desmercantilización de los alimentos.

En el marco del festival político y gastronómico Terra Madre, del movimiento Slow Food, realizado en Turín, Italia, habló con elDiarioAR. El popular académico, autor de “Obesos y famélicos, el impacto de la globalización en el sistema alimentario mundial” (2008), entre otros, que incursionó en el mundo del cine documental, fue invitado al evento para participar en una conferencia centrada en la crisis del actual sistema alimentario. En la conferencia que compartió con la doctora y música Rupa Marya, el periodista Michael Moss y la cheff, escritora y activista Bela Gil, contó algo de su propia historia.

Mucha gente cree que comer alimentos orgánicos es algo “cool” o una moda. El mercado vende “comida orgánica” y transforma un derecho humano en algo elitista. ¿Cómo ves esto de manera global? 

Tristemente veo que estamos yendo en una dirección equivocada. Lo que vemos es el fracaso del derecho a la alimentación, la soberanía alimentaria erosionada por la política económica capitalista, particularmente en la recesión, con la inflación de los precios de los alimentos y el impacto en la cadena de suministros, incluso antes de la guerra en Ucrania, pero empeorados por la guerra. Entonces, en ese nivel, solo miremos la cantidad de personas que pasan hambre en el mundo. Ese número está subiendo y subiendo y subiendo. Y los economistas prometen que en el futuro ese número se reducirá pero asumen que no habrá otra pandemia, que el cambio climático no empeorará mucho las cosas, que no solo no habrá más conflictos, tampoco más turbulencias económicas. Como resultado de la pandemia, se han visto algunos momentos de soberanía alimentaria en los que los alimentos circulaban mucho más localmente de maneras que hacían que, en un momento muy oscuro, las comunidades se sintieran poderosas. Y creo que eso es importante. Es importante reconocer la forma en que las comunidades se defendieron cuando pudieron hacer algunos cambios muy transformadores en la forma en que compraban y accedían a los alimentos. Michael Moss (ganador del premio Pulitzer 2010) dice que a la industria alimentaria le fue muy bien con la pandemia, y tiene razón, obtuvieron muchas ganancias. Pero también ocurrió con las personas con cadenas de suministro cortas, por lo que a los agricultores y consumidores locales, y a los agricultores de la economía circular solidaria les fue bien. Desde una perspectiva global, creo que las cosas a nivel macro no se ven tan favorables. Pero siempre puedes encontrar estos pequeños puntos de luz dondequiera que mires, si miras lo suficiente y reconoces que las comunidades tienen dignidad y organización. Entonces, incluso si cuentas una historia global, todavía hay historias de victorias locales.

En 2021 se estrenó la película “Las hormigas y el saltamontes”, en la que Raj Patel y Zak Piper son productores y directores. El documental muestra el caso Anita Chitaya, una maestra  africana influyente en su aldea de Malawi, en donde trabaja para acabar con el hambre y la desigualdad de género. Anita es invitada a viajar a Norteamérica para persuadir a granjeros y políticos de que el cambio climático es real y que deben realizar acciones concretas para afrontar sus consecuencias en el sistema alimentario. Los realizadores proponen descolonizar nuestra mirada, buscar las soluciones entre las voces campesinas. 

Se muestra en un principio una sociedad patriarcal, que se ve obligada a modificar hábitos para sobrevivir. ¿Has notado algún cambio después de esta película? ¿Estás en contacto con ellos?

Sí, usamos WhatsApp y nos comunicamos mucho. La organización (Soil and Food), ha estado recibiendo donaciones como resultado de la película, ese era uno de los objetivos. Lo estaban haciendo antes de que empezáramos a filmar, por lo que continúan con su trabajo, y estoy muy contento por eso. Pero la pregunta interesante es, ¿hay un cambio en las personas que ven la película? Y también estamos viendo eso, lo cual me emociona, es conmovedor. Sí alguien que escribe un libro espera que la gente lo lea para cambiar el mundo, eso no va a suceder. Incluso la Biblia necesita que la gente se siente y te hable de ella. Así que es lo mismo con esta película, estamos en contacto con muchos organizadores y haciendo material para que encuentren la película útil en su trabajo, y en particular en las iglesias de Estados Unidos porque hay mucha fe en esta película. Les habla a ciertas personas, particularmente en Estados Unidos, sobre la necesidad de abordar el cambio climático y abordar el racismo y el odio. Entonces esa conversación está sucediendo y tenemos datos para mostrar que las personas están respondiendo. Así que estoy emocionado por eso. Si hay un cambio, la respuesta es sí.

Me parece interesante buscar cómo inspirar a la mayoría de las personas, tal vez este lenguaje, el documental, sea el mejor.

Pero también creo que no se trata solo de ponerlo en Netflix. Se necesita gente que se esté organizando en las comunidades, y creo que eso es lo que están haciendo estos pastores y las iglesias porque cuando la gente pasa hambre, van a la iglesia. Cuando la gente está celebrando, van a la iglesia. Cuando la gente quiere un cambio, van a la iglesia por ciertas cosas. Por eso es que está funcionando aquí porque estamos usando la iglesia como base organizativa.

En 2021 Raj Patel y la doctora Rupa Marya escribieron el libro “Inflamados: medicina profunda y anatomía de una injusticia”.  Hablan de las enfermedades inflamatorias que nos están afectando, de la salud no como algo individual, sino como un proceso colectivo. El escritor le cede la palabra a la doctora, presente en la sala en donde transcurre la entrevista para explicar ese concepto básico de la inflamación.

¿Cómo se relaciona la violencia social con la enfermedad inflamatoria?

Bueno, la inflamación es la respuesta del cuerpo al daño o la amenaza de daño, y es la forma en que el sistema inmunitario del cuerpo se cura cuando se encuentra con ese daño. En una respuesta inflamatoria aguda, como ante un corte de papel, la respuesta inflamatoria cura esa herida y luego se frena. Pero con la inflamación crónica, lo que estamos viendo es que el daño continúa, y luego el sistema inmunitario se queda en este estado activo tratando de sanar constantemente. Esas moléculas que se movilizan para la curación provocan daños colaterales en los tejidos y crean enfermedades inflamatorias. Y estamos viendo esa inflamación en el corazón, en los vasos, en el cerebro, con la enfermedad de Alzheimer, en el colon, con el cáncer de colon, este tipo de cosas. Entonces, lo que estamos viendo es que los factores sociales y ambientales alrededor del cuerpo son más predictivos sobre si va a desarrollar o no la enfermedad inflamatoria que su genoma. Por lo tanto, es fundamental que observemos cómo esos factores sociales y ambientales están creando señales de daño en el cuerpo.

Y a través de tu propio análisis social, Raj, ¿qué podrías decir sobre esto?

Bueno, ya sabes, si vives con miedo en una sociedad, si te preocupa que la policía te esté atacando, ya sea las mujeres en Irán por el hiyab, o si se trata de los indígenas, incluso en Argentina, preocupados por la brutalidad policial. Entonces, la policía no decide simplemente que estas personas sean el enemigo, siempre es parte de un proceso social. Si vives con miedo de ser atacado por la sociedad, siempre estás listo para pelear. Si siempre estás listo para una pelea, tu cuerpo comienza a inflamarse. Y este es precisamente el proceso del que habla Rupa.

Todo está conectado.

Exactamente. Y debido a las historias que nos cuentan y de las que somos parte, nuestros cuerpos están íntimamente conectados con la narrativa de la política.

Ok, no sé si estás al tanto de esto. Tenemos el primer transgénico en Argentina y es resistente a la sequía, supuestamente, pero además es resistente al glufosinato de amonio, aun más tóxico que el glifosato. ¿Crees que sería un desastre masivo?

Creo que lo será porque no lo podemos detener. El problema es que el cambio climático no es una sola cosa. Como hemos visto, el cambio climático es sequía, y luego llega toda la lluvia en un día. Y luego es también más calor extremo y más frío extremo y nuevas plagas. Y no hay cantidad de ingeniería genética en un cultivo que pueda cubrir todo eso y al mismo tiempo hacer que el cultivo sea rentable y tenga el mismo nivel de rendimiento. Quiero decir, puedes hacer que el arroz produzca mucha más vitamina A, por ejemplo el arroz dorado genéticamente modificado estaba destinado a ser una historia de éxito. Pero ningún agricultor lo sembrará, porque, para que el arroz produzca vitamina A, es mucho menos productivo. Este trigo resistente a la sequía genéticamente modificado es un intento desesperado por mantener el monocultivo. Pero no es la forma más inteligente de adaptarse al cambio climático, la mejor manera de hacerlo es tener una cantidad de cultivos diferentes, en la que puedas reconocer cuáles funcionarán bien determinados años. No obstante, si tienes biodiversidad los cultivos están trabajando juntos para crear un ecosistema robusto. Entonces, si aparece una nueva plaga, esa plaga puede encontrar su nicho pero no destruir el sistema. Y creas una red de vida más rica. Entonces, el monocultivo nunca ha sido una muy buena idea en tiempos inciertos. Estos son tiempos inciertos.  Ajustar un gen en un monocultivo puede brindar, en el mejor de los casos, cierta protección para servir a un tipo de clima extremo.

Estamos preocupados por el aumento del consumo de carne a nivel mundial. Las granjas porcinas están creando nuevas pandemias, como sabemos. ¿Crees que la alimentación vegetariana podría ser una salida? ¿Un mundo vegetariano podría ser posible? ¿O es una utopía?

Creo que comer principalmente plantas es posible y necesario. Pero también es posible tener solo monocultivos de soja, como sabes. Son solo plantas, y luego haces tofu con ellas, y todos son explotados en cada paso del camino. Así que la dieta es importante, pero la política y el poder son mucho más importantes. Tener una reforma agraria y una rematriación de la tierra, como lo está haciendo Rupa con el “Círculo de Medicina Profunda”, es una forma mucho más interesante de reconocer y nivelar las relaciones de poder que simplemente decir, “come col rizada”. Porque todavía se puede tener explotación en la producción de todo tipo de hortalizas. Y lo que muestra el Círculo de Medicina Profunda es que es posible curar la tierra y la gente en ella de una manera que sea digna para todos. La biodiversidad continúa. Y también desmercantilizar la comida, regalarla.

Bueno, estamos aquí en el festival Terra Madre. Es un encuentro optimista en donde queremos cambiar el mundo de alguna manera, donde la tierra y la regeneración del suelo son importantes. En alguna entrevista dijiste que eres un optimista práctico. ¿Cómo podrías definir eso? 

Bueno, porque puedo ver lo que hace Rupa, lo que hacen los camaradas en Malawi, el MST, La Vía Campesina. Y todos pasan por luchas, creo que la gente se está defendiendo. Y a veces en estas preguntas sobre el optimismo sale la palabra esperanza y me irrita, creo que la esperanza es una mierda. Y desearía que tuviéramos menos conversaciones al respecto porque se siente como una especie de complemento que necesitas para poder hacer las cosas. Y la mayoría de los movimientos sociales que conozco, nunca escucho la palabra esperanza, porque en general la gente está cansada, tiene exceso de trabajo y hay demasiadas cosas que hacer. Pero no lo haces porque tengas o no tengas esperanza. Lo haces porque hay que hacerlo. 

Tengo una pregunta sobre tu vida personal. Sos un ciudadano del mundo pero elegiste Texas para vivir. ¿Cuál fue la razón? 

Oh, porque mi pareja fue reclutada para ayudar a iniciar una escuela de medicina. Esta es una facultad de medicina que se toma en serio la idea de que no se puede tener salud en un cuerpo individual, sino que tiene que ser un proyecto comunitario. Así que eso es algo por lo que estoy muy dispuesto. Y Texas está jodidamente loca, gran parte de América es violenta, la misoginia, el racismo y el odio a las mujeres en particular en Texas es bastante malo. En este momento, estoy allí para complicar las cosas y contraatacar. Pero, ya sabes, esta es una lucha que debe librarse en todas partes. Y creo que donde sea que termine, estas son las peleas que vale la pena pelear. Para cerrar esta conversación, me gustaría decirle algo a los argentinos. Creo que en lugar de esperanza puedes tener lo que. Martin Luther King llama la feroz urgencia del ahora: el conocimiento de que esto debe suceder. Si sientes que pierdes la esperanza, puede ser que estés pasando más tiempo solo del que deberías. Porque si están trabajando juntos en un movimiento, siempre hay alguien que se preocupa por ti. Siempre hay alguien para cuidar de los hijos. Siempre hay alguien que te prepara la comida. Siempre hay alguien para recogerte cuando te caes. Y eso es mucho mejor que la esperanza. 

KO/SH

Las declaraciones realizadas en los últimos días por el ministro de Consumo de España, Alberto Garzón, han avivado en ese país la discusión sobre el sistema de producción de las macrogranjas y los procesos de agricultura y ganadería intensivas. El mismo debate lleva tiempo produciéndose en otro país europeo: Francia y ha comenzado después de la publicación de un cómic que se ha convertido en un fenómeno editorial en ese país. La obra, planteada como un thriller documental, ha puesto en cuestión los procesos de producción de las industrias agroalimentarias y los riesgos que entrañan para la salud humana y la del medioambiente.

'Algues Vertes, l'histoire interdite' (Algas verdes, la historia prohibida, Editorial La Revue Dessinée/ Delcourt), de la periodista de investigación Inès Léraud y el dibujante Pierre Van Hove, ha rebasado los 120.000 ejemplares vendidos desde que vio la luz, a finales de 2019, y ha alcanzado una trascendencia social sin precedentes en un álbum de cómic. En la actualidad está en marcha el proceso de producción de un largometraje sobre la historia que cuenta Léraud.

“Sinceramente, no me esperaba el impacto que ha tenido el libro y a veces me supera un poco”, afirma desde Bretaña la autora, a la que el cómic ha convertido, para bien y para mal, en una estrella mediática. Recibe periódicamente tal cantidad de propuestas, que su correo electrónico sugiere automáticamente clasificar cada una de las consultas: entrevistas, trabajos de investigación medioambiental, coloquios sobre el libro o conferencias en universidades y centros escolares. 

Algues Vertes es un docu–cómic, basado en las investigaciones reales documentadas por Léraud durante casi seis años, que acaba siendo un retrato demoledor, casi un thriller, sobre la forma de proceder de las muchas multinacionales del ramo agroalimentario que invaden Bretaña.

La extraña muerte de tres personas

El misterioso fallecimiento de tres personas y de decenas de animales en las playas bretonas en un período de varios años, lleva a la autora a rastrear la sospechosa pista de una invasión de algas verdes tóxicas que periódicamente cubren las playas de la región. Con la colaboración de ecologistas, activistas y agricultores y ganaderos contrarios a las prácticas invasivas de las multinacionales, Léraud encontró una causa posible para explicar los que estaba sucediendo: “Esta toxicidad de las algas que provocó las muertes procedía del hidrógeno sulfurado (H2S), generado por las filtraciones permanentes de residuos procedentes de este tipo de explotaciones”, explica la autora de la investigación en conversación telefónica con elDiario.es.

Bretaña es una de las grandes despensas de Francia. Una región que cuenta con una población de poco más de tres millones de personas, y donde se calcula que se crían en sus macrogranjas doce millones de cerdos, lo que supone una cifra por encima del 50% de toda la producción nacional francesa. “La población porcina cuadruplica al número de personas, debe de ser un caso único en el mundo”, ironiza Inès Léraud.

Una de las características más sorprendentes de su libro es que no es una ficción, sino un cómic de investigación donde todas las personas –sobre todo políticos, empresarios y lobbistas– tienen sus nombres y apellidos reales, y sus diálogos han sido tomados directamente de declaraciones que han hecho en ruedas de prensa, debates parlamentarios o tertulias de radio y televisión.

2013: primeras investigaciones

En 2013, Inès Léraud llegó a Bretaña como periodista freelance, enviada por el Journal Breton (Diario bretón). Le habían encargado una serie de programas periódicos para la emisora France Culture, con la excusa de abordar el sector agroalimentario como tema central. En ese momento comienza a investigar los entresijos de las grandes industrias agroalimentarias y a toparse con una cruda realidad: “Impera una especie de omertá, de ley del silencio, donde ganaderos y agricultores tienen mucho miedo a hablar, porque el que habla queda excluido del círculo de protección”, explica Léraud.

“Ellos lo controlan todo. Venden los pesticidas, los animales y las máquinas mientras los ganaderos y agricultores quedan desposeídos de su capacidad de decisión sobre sus tierras. Es un sistema próximo al esclavismo”, denuncia la periodista francesa. De hecho, en su libro y en su investigación han colaborado agricultores que defienden modelos sostenibles. Todos han preferido aparecer bajo seudónimo, porque le han confesado estar bajo una gran presión. “Francia es un país con una enorme tasa de suicidios de agricultores. Se suicidan unos 650 cada año, lo que supone una media de más de dos suicidios cada día, es tremendo”, enumera Léraud, para constatar la presión a la que son sometidos, con horarios interminables, precariedad laboral y una exigente cuota de productividad.

Algues Vertes solo tiene versión francesa y no ha sido traducido a ningún otro idioma. Por sus páginas desfilan por una parte ecologistas, activistas y osados periodistas, y por otra parte todo lo que la autora considera el “lobby agroalimentario”, configurado por políticos influyentes con intereses empresariales, sospechosos sindicalistas y, sobre todo, grandes consultoras, expertas en el arte del greenwashing –lavado amable para fomentar la cara verde de las empresas– y en crear corrientes de opinión favorables hacia las multinacionales. 

Presiones y amenazas

“Las consultoras hacen el trabajo sucio a las empresas en Bretaña. Amenazan a los periódicos locales con retirar su publicidad y estos se pliegan cambiando sin pudor su línea editorial”, relata Léraud, que sufre amenazas y boicots periódicamente, como cancelaciones de muchas presentaciones del libro en ferias o desaparición de las noticias del éxito del libro en los periódicos locales. “Nunca he recibido agresiones físicas, pero sí amenazas de que me atuviese a las consecuencias si seguía investigando en la misma línea”, rememora Léraud, que elogia también el trabajo de su colega Morgan Large. Esta periodista ejerce su trabajo en Radio Kreiz Breizh, una emisora local de Bretaña, y, a raíz de sus críticas sobre los procedimientos de la ganadería y agricultura intensivas, su perro ha aparecido muerto y las ruedas de su coche han sido rajadas.

Inès Léraud ha sido denunciada en dos ocasiones por otras tantas empresas que retiraron sus demandas a los pocos días de la fecha de los juicios. La acusaban de delitos de difamación :“Lo peor, es que he tenido que estar varios meses preparando el juicio con abogados, buscando testigos, sin poder dedicarme a mi trabajo y por lo tanto sin ingresos, pero creo que se han dado cuenta de que había una enorme presión social”.

Además de premios, reconocimientos y gran éxito editorial, el trabajo de Algues Vertes ha logrado también ciertas transformaciones, que son pequeñas victorias morales para la autora. El pasado mes de julio, los magistrados de la Cour de Comptes, el Tribunal de Cuentas, máximo organismo que fiscaliza y audita las cuentas públicas en Francia, emitió un duro informe reprendiendo al Estado y al parlamento bretón, por lo que consideran “falta de inversión y de ambición en las políticas públicas contra la proliferación de algas verdes, así como el escaso compromiso de las empresas que reciben dinero público”. 

Estas pequeñas victorias alientan a Inès Léraud, a la que no amedrentan tampoco las amenazas y boicots. Ahora mismo tiene en mente continuar su investigación para publicar un segundo cómic, “sobre todo porque se demostró que el cómic es un soporte serio, que admite el periodismo de investigación y por el momento libre de presiones editoriales”.

Ahora trabaja sobre el “lobby porcino” e investiga sobre el origen de las macrogranjas y las grandes industrias agropecuarias. Su irrupción ha provocado una modificación del paisaje y del territorio sobre todo a partir del gran proceso de concentración parcelaria que se lanzó en toda Europa en los años 70 del pasado siglo. La tala indiscriminada de árboles y bosques, la desviación del cauce de los ríos o las construcciones de dudosa legalidad se convirtieron en acciones habituales, en nombre del empleo y del progreso. 

“En Francia se concentraron pequeñas parcelas para crear mayores fincas y grandes extensiones, sin importar la modificación del territorio. Eso en el caso de Bretaña tenía una finalidad: preparar el terreno necesario para grandes industrias agroalimentarias intensivas y macrogranjas necesitadas de grandes terrenos, considero que ahí comienza la historia de las algas verdes”, sentencia Inès Léraud.

Desde entonces, la voracidad de las algas verdes parece no tener fin. La de las macrogranjas y las multinacionales tampoco.

AP

Mientras operarios y voluntarios acababan de retirar las 4,5 toneladas de peces muertos en el Mar Menor, el cruce de reproches ya había empezado entre administraciones. Era agosto y el Gobierno central de España y el autonómico de Murcia se echaban las culpas por un nuevo episodio de anoxia (falta de oxígeno) que había hecho aparecer, como en 2019, miles de peces muertos descomponiéndose en las playas de esta laguna murciana. 

Más allá de las responsabilidades políticas, se señaló principalmente a los efectos que los fertilizantes de la agricultura intensiva tienen en los altos índices de nitratos y fósforo del agua que acaba en el Mar Menor. Había, sin embargo, otro culpable a pocos kilómetros del que nadie pareció acordarse: la gran industria porcina del Campo de Cartagena y sus depósitos de purines (una mezcla de heces, orina y restos de comida) que presuntamente no cumplen con la normativa y contaminan las aguas subterráneas.

El Gobierno de Murcia era plenamente consciente de ello. La Comisión Europea avisó en 2018 del impacto que los nitratos estaban teniendo en la polución del Mar Menor. El Ministerio para la Transición Ecológica, en un informe de 2019, alertó de la incidencia que estaban causando las granjas de cerdos en el Mar Menor. Un informe del propio Ejecutivo autonómico de 2019 avisaba de que las balsas de purines estaban descontroladas. 

Mientras todos los expertos encendían las alarmas sobre cómo la industria porcina estaba contribuyendo a matar al Mar Menor, el Gobierno liderado por Fernando López Miras (PP) seguía autorizando la llegada de nuevos cerdos a la comunidad. Solo entre 2019 y 2020 llegaron a la región de Murcia 220.000 nuevos cerdos, según el censo ganadero murciano. 35.000 de ellos en el área directa de influencia del Mar Menor desde 2018. 

Durante los últimos meses, una investigación conjunta de elDiario.es, la entidad europea Lighthouse Reports, La Marea y The Guardian ha analizado hasta qué punto el afán por la carne barata y la cría intensiva de cerdos ha contribuido al desastre del Mar Menor. Se han analizado imágenes por satélite y se han tomado fotografías con dron. También se han obtenido documentos mediante solicitudes de transparencia y se han realizado una veintena de entrevistas sobre el terreno con vecinos, activistas y expertos jurídicos.

El resultado dibuja una imagen de contaminación galopante por culpa de estas granjas, así como fallos en las medidas de protección, presuntos delitos medioambientales y negligencia por parte de la administración a la hora de abordar este problema. También se han identificado varios vertidos de purines —calificados de “presuntamente ilegales” por expertos jurídicos— cercanos a granjas de la región, algunas pertenecientes a grandes grupos que reciben subvenciones millonarias de la Unión Europea.

“La gente no tiene la percepción de la influencia de la industria porcina porque las granjas están lejos, no las ven aquí al lado y se piensan que no influyen”, señala Carol Rivière, portavoz de la plataforma ecologista Por Un Mar Menor Vivo. “Pero debido a la red de canales y por la inclinación, todo acaba ahí”.

Un sector que no para de crecer

España tiene ya más cerdos que personas. Solo en 2020 se sacrificaron en nuestro país 56 millones de cerdos —1,43 millones más que en 2019— convirtiendo al sector porcino español en el líder en exportaciones de la Unión Europea. 

La expansión está impulsada principalmente por las exportaciones, que se dispararon un 22% en 2020, aportando 7.600 millones de euros a las arcas del país. Casi la mitad de esa demanda provino de China —cuya producción y suministro han sido devastados por el brote de peste porcina africana en sus granjas de cerdos—. Esto ha provocado una explosión de granjas y mataderos de cerdos en España, sobre todo en las zonas rurales.

Las granjas industriales de cerdos producen, por cada animal y año, alrededor de dos metros cúbicos de purines, una mezcla de heces, orina y restos de comida con una concentración de nitrógeno 40 veces superior a la de las aguas residuales. Su impacto incluye la contaminación por nitratos de las aguas subterráneas, la contaminación por amoníaco de las aguas superficiales y las emisiones de metano.  

En Murcia, el aumento de la población de cerdos ha sido exponencial y no ha parado de crecer desde 2013. En siete años (2020 es el último año con datos disponibles) se han añadido casi 331.000 cerdos más en la región. Según un informe de 2019 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el sector porcino aporta aproximadamente el 17% del nitrógeno que acaba en el Mar Menor, una estimación que según varios expertos consultados es muy conservadora y podría ser muy superior.

Estas macrogranjas disponen de balsas de purines donde se almacenan las heces. La cuenca hidrográfica del Mar Menor –la superficie de tierra que desagua en la laguna– alberga cerca de 500 balsas de purines que cubren en total unas 160 hectáreas. En teoría estas balsas deberían estar revestidas con materiales duraderos e impermeables para evitar filtraciones que lleguen a las aguas subterráneas. Muchas de ellas, sin embargo, tienen vertidos que son presuntamente ilegales según afirman los expertos consultados.

Vertidos “ilegales” y balsas sin impermeabilizar

Las imágenes obtenidas con dron y sobre el terreno en municipios como Fuente Álamo, situado a 35 kilómetros del Mar Menor, sugieren una abrumadora falta de impermeabilización de numerosas balsas de purines. Algunas son simplemente grandes agujeros en el suelo que permiten que los purines se infiltren en las aguas subterráneas y superficiales. En algunos casos, las heces directamente se derraman fuera de las balsas o simplemente se vierten en los campos circundantes.

“A los propietarios les interesa que se filtren estos residuos porque los purines son problemas para ellos”, señala Víctor Castillejos, ingeniero agrónomo en Cuenca, que precisa que uno de los principales problemas en Murcia es que falta tierra para echar los purines. “Les interesa que desaparezcan”, remacha.

Tras analizar estas imágenes, Victoria Hormigos, abogada ambientalista, no tiene dudas al respecto. “Presuntamente son vertidos. La tierra está negra debido al purín y parece que hay zonas en las que existe escorrentía”, señala. “El encharcamiento con purín y las escorrentías de este material están absolutamente prohibidas”. (Ver imagen 1).

En la misma granja hay una gran tubería para que los purines se viertan hacia los campos de alrededor (imagen 2). Según Hormigos, esto constituye una “presunta infracción medioambiental” que podría corroborarse con los estudios pertinentes. “La granja tiene una tubería presuntamente para vaciar el purín de las balsas en los campos de alrededor”, apunta.

Observando las imágenes que grabamos de otra finca cercana a La Pinilla, en el mismo municipio de Fuente Álamo, la abogada confirma otro vertido presuntamente ilegal (imagen 3). “Al lado de las dos balsas de la izquierda se puede apreciar una zona encharcada con  purín”, señala esta experta. “Esto suele ocurrir cuando se desbordan las balsas”.

Los avisos ignorados y la falta de control

Durante años, el Gobierno murciano ha ignorado los avisos que le llegaban por todos lados sobre el descontrol que había con las balsas de purines y el efecto que esto tenía en la contaminación del Mar Menor. 

El Ejecutivo de López Miras ha desatendido las advertencias tanto del MITECO como de la Comisión Europea. Pero también ha hecho oídos sordos a los avisos que le llegaban de activistas de la zona e incluso de de su propio Director General de Agricultura. Incluso la mitad de los expertos científicos que reunió el Gobierno en 2016 para buscar soluciones a la contaminación de la laguna han acabado dimitiendo denunciando la “manipulación política” de este grupo asesor. 

En 2018, la Comisión Europea abrió un proceso de sanción contra España —la principal herramienta de la UE para garantizar que los Estados miembros cumplan la legislación comunitaria— por la contaminación por nitratos. El caso abarca varias regiones, entre ellas Murcia y el Mar Menor. El pasado mes de julio, la Comisión confirmó que las autoridades regionales de Murcia siguen incumpliendo sus obligaciones en virtud de la Directiva sobre nitratos de la UE, jurídicamente vinculante. 

El año siguiente fue el MITECO quien puso el grito de alarma. En un informe sobre las amenazas al Mar Menor, señaló el grave peligro que suponía la ganadería intensiva y la “alta concentración” de cabezas de porcino en unos pocos municipios. También afirmaba que el 90% de las balsas de purines “no cumplen con las normas estipuladas de construcción (principalmente en lo concerniente a la impermeabilización)”, lo que generaba un “gran riesgo” de “infiltración, lixiviación y escorrentía”.

Más avisos ignorados: la propia Dirección General de Producción Agrícola del Gobierno de Murcia alertó en un informe de 2019, adelantado por Onda Cero, que no se estaban controlando los nitratos de las explotaciones ganaderas. El documento hacía hincapié en que, pese a ser una fuente importante de contaminación, no se vigilaba suficientemente el almacenamiento de estiércol y purines.

En dicho documento, obtenido mediante una petición de Transparencia, se avisaba también de que en toda la región solo dos personas —una de ellas interina— se encargaban de diseñar los controles de nitratos, establecer propuestas normativas, evaluar los resultados de los controles y responder a requerimientos por parte del Ministerio y la Comisión Europea. El informe también constataba que, cuando se detectan incumplimientos, ningún funcionario visitaba la explotación para levantar acta oficial y que esta sirviera como documento probatorio para iniciar un expediente sancionador. 

Los datos de las denuncias relacionadas con balsas de purines por parte del SEPRONA (el Servicio de Protección de Naturaleza de la Guardia Civil), obtenidos mediante una petición de transparencia, también permiten hacerse una idea del descontrol: solo ha habido ocho denuncias en los últimos cinco años.

“Existe una clara inactividad de la Administración pública a la hora de atender las infracciones medioambientales realizadas por las explotaciones intensivas”, opina Hormigos, la abogada especializada en Medio Ambiente.

La poca atención que el Gobierno murciano dedicaba a los múltiples avisos de los expertos también hizo saltar por los aires el comité asesor que se formó en 2016 para encontrar soluciones a la contaminación de la laguna. Tres años después, ocho de los 19 científicos del comité habían dimitido ante acusaciones de “manipulación política” y de que sus esfuerzos para encontrar una solución se veían obstaculizados. 

“Fue una absoluta pérdida de tiempo”, explica indignada en conversación telefónica Julia Martínez, doctora en Biología y una de las que acabó dimitiendo. “Lo que hacíamos no valía para nada, las decisiones ya estaban tomadas”. Según explica Martínez, los políticos marcaban el orden del día de las reuniones e incluso informaban de ellas en rueda de prensa antes de que se hubiesen celebrado.

José Luis García, doctor investigador en Hidrogeología del Instituto Geológico y Minero de la Universidad de Murcia, es otro de los que dimitió. También señala que se le debería prestar más atención a los purines y la impermeabilización de sus balsas. “No se está actuando sobre el acuífero”, señala. “Se está monitorizando un poquito pero estamos muy lejos de lo que, en mi opinión, habría que hacer”.

Preguntados por la falta de atención a tantos avisos de instituciones y expertos, desde el Gobierno murciano señalan que, en primer lugar, el informe del MITECO “no responde a la realidad de la zona, es decir, a la verdad” y señalan que solo se inspeccionaron cinco balsas para hacer ese informe, a pesar de que el propio documento asegura que se observaron 50 sobre el terreno. 

También esgrimen otro estudio encargado por el propio Gobierno murciano a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). Según este estudio, “las balsas de purines no son las causantes de la contaminación por nitratos de los acuíferos”. El director de la cátedra que hizo este estudio es Ángel Faz, también director de la cátedra Cefusa sobre “gestión sostenible de purines” y financiada por el Grupo Fuertes, uno de los principales conglomerados del mercado porcino español.

En una respuesta escrita, el Ejecutivo murciano también defiende que se han hecho 40 inspecciones desde 2019 a balsas de purines, aunque no se ha puesto ni una sola sanción. También se remiten a una ley de 2020 que prohíbe la instalación de nuevas explotaciones ganaderas en dos zonas determinadas que tienen influencia en el Mar Menor. 

“Hay aproximadamente 450 granjas de cerdos en la zona de influencia del Mar Menor de las que nadie habla”, señala María Giménez Casalduero, coordinadora regional de Más País/Más Región en Murcia y abogada especializada en la industria porcina. “Es como si estuviéramos dando una amnistía a la industria del cerdo”. 

Un problema que se extiende por España

La muerte del Mar Menor no es la historia de una sola laguna, sino el símbolo de una crisis mucho más amplia creada por el afán de producir carne barata en España. La carne es el cuarto sector industrial del país y representa más de una quinta parte de toda la producción. El cerdo representa el 66,1% de la producción total de carne. 

Hace sólo diez años, España no se acercaba al primer exportador de cerdo de la UE, Alemania. Actualmente, ya es el primer país europeo en producción y exportación de carne de cerdo y el cuarto en producción de carne total, según datos del Observatorio sobre el sector agroalimentario español publicados el pasado julio. El 78% de las granjas porcinas en España son intensivas, según el mismo informe.

Más cerdos significa más purines. Y la consiguiente contaminación por nitratos está agravando la ya grave crisis del agua en España, especialmente en las zonas rurales. El MITECO reconoce que el 30% de las estaciones de control de aguas subterráneas y el 50% de las de aguas superficiales españolas tienen “mala calidad” por culpa de los nitratos, según datos obtenidos por Greenpeace.

Los datos regionales de Murcia muestran niveles de nitratos que triplican el máximo recomendado por la directiva de nitratos de la UE: 169 mg por litro frente a los 50 mg por litro. Pero no se trata sólo de Murcia. Amplias zonas de Aragón, Catalunya y Castilla y León sufren la contaminación por nitratos. En el caso de Castilla y León afecta al 15% de los municipios, mientras que en Catalunya son casi la mitad. La Agencia Catalana del Agua calcula que se gasta alrededor de 6 millones de euros anuales –junto a los Ayuntamientos afectados– para solucionar problemas de suministro derivados de la contaminación del agua por culpa de la actividad ganadera.

En varios pueblos de la provincia de Segovia, donde el número de cerdos supera al de personas en 12 a uno, se ha vuelto inseguro beber agua del grifo. A pesar de ello, hay proyectadas 16 nuevas granjas industriales que concentran 100.000 cerdos. 

“Lo del Mar Menor es una llamada de atención”, añade Giménez Casalduero. “Queremos abastecer a China de jamón y lo hacemos a través de la destrucción del territorio, convirtiéndonos en un vertedero de residuos del mercado internacional del cerdo”.

Frente a la laguna del Mar Menor, la activista Carol Rivière recuerda cómo de pequeña solía ver caballitos de mar buceando por la laguna. Explica que su hijo, también aficionado al buceo, nunca ha visto ninguno. “Hace tiempo que decimos que las medidas para proteger el Mar Menor tienen que empezar en el interior de Murcia, tanto en la agricultura como en las granjas”, señala. “Es un problema del que nadie habla a pesar de que está demostrado”.

PP/LH

Organizaciones ambientalistas y activistas celebraron jueves y viernes una audiencia pública autoconvocada con más de 200 expositores y cientos de participantes para analizar el proyecto de instalar en el país megagranjas porcinas con el fin de exportar carne de cerdo a China.

Después de las críticas que se hicieron fuertes cuando se informó por primera vez sobre el proyecto hace un año, Cancillería dio marcha atrás y comunicó que no se iba a firmar el acuerdo, pero delegó las negociaciones en las provincias, que sí están avanzando, como es el caso de Chaco, donde hace pocos días circuló información sobre la supuesta instalación de cinco granjas con 12.000 porcinos cada una.

El proyecto genera mucha preocupación, sobre todo a causa del impacto ambiental que puede tener sobre los territorios.

Según explicó a elDiarioAR la fotógrafa Martina Zamudio, miembro de Somos Miles, uno de los espacios que organizó el evento: “Convocamos a esta audiencia principalmente por la falta de respuesta del Estado ante nuestros pedidos muy recurrentes de información y de diálogo y de nuestro rechazo al acuerdo porcino con China y este tipo de iniciativas extractivistas que siguen profundizando el degradamiento de la tierra, la contaminación del aire, del agua, el desplazamiento de las comunidades”.

La actriz Laura Azcurra dio la bienvenida a la audiencia, para la que se anotaron más de mil personas, de las que finalmente expusieron 230, cada una con un máximo de tres minutos. La primera oradora fue la politóloga Flavia Broffoni, autora de Extinción (Sudamericana, 2021), cofundadora de Extinción Rebelión (XR) Argentina.

Broffoni comentó que lo poco que se sabe del acuerdo es lo que trascendió el año pasado a partir de información periodística y un documento filtrado, supuestamente oficial, que “describe la instalación de complejos industriales que alojarían a 12 mil madres reproductoras cada uno, en 25 galpones en principio. Con 100 hectáreas para cada megafactoría; 17 mil hectáreas de granos a su alrededor para abastecerlas (5 mil de soja y 12 mil de maíz); cada complejo requeriría un millón y medio de litros de agua por día”.

La activista aseguró que de concretarse ese proyecto eso implicaría “establecer el mayor proyecto de industrialización animal en la historia del país”.

Entre los expositores de esta convocatoria abierta y plurinacional hubo representantes de la ciencia, el arte, los territorios, la cultura, la diversidad, los pueblos originarios, el derecho, la salud, el trabajo y el activismo.

Expusieron, entre otros, los periodistas Patricio Eleisegui -que habló desde Yucatán, donde investigó para el documental Laguna negra, que muestra el efecto que tienen las megafactorías porcinas en ese territorio mexicano- y Karina Ocampo, el investigador del CONICET Guillermo Folguera, Karina Alonso, mujer qom del Chaco, la actriz Julieta Díaz y el médico Damián Verzeñassi, del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario.

“Estamos en un contexto de pandemia zoonótica originada en China”, destacó Verzeñassi. “Esto está vinculado específicamente con la manera en que producimos alimentos. No se puede pensar en la salud de las personas con territorios enfermos. Con estas granjas se genera una megaproducción de desechos que incluyen nitrógeno, químicos, lixividiados, antibióticos, bacterias, materia fecal, endotoxinas, hongos, un cóctel con alta probabilidad de daño en la salud humana”.

En el sitio www.audienciaspublicas.com se pueden encontrar diferentes documentos que explican, con estudios científicos, las consecuencias de este tipo de producción industrial de carne de cerdo. Por ejemplo, Diez mitos y verdades de las megafactorías de cerdos, de Soledad Barruti, Inti Bonomo, Rafael Colombo, Marcos Filardi, Guillermo Folguera, Maristella Svampa y Enrique Viale, y La salud hecha un chiquero, del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario.

La audiencia pública autoconvocada fue la primera de su tipo en Argentina. Se transmitió por el canal de YouTube de SomosMiles.Org donde permanecerán colgados los videos.

Para Zamudio, el alto nivel de participación era esperable. “Porque la verdad es que es un tema que ya mínimo un año que está en agenda dentro de los mundos ambientalistas, ecologistas, el veganismo. Entonces sabíamos que contábamos con cierto apoyo y también con la necesidad en todos estos ámbitos de que se generen estos espacios. El eco positivo que tuvo la audiencia ayer y hoy viene de la mano de la necesidad de que estos espacios existan y de que en este tema en particular están bastante unidades todas las organizaciones”.

En cuanto a acciones futuras, la activista señaló: “Por lo pronto, desde este equipo de trabajo que se formó vamos a analizar la información de estos dos días y evaluar si se hace otra audiencia. Y no sería una locura pensar que en algún momento nos tengamos que ir a defender los territorios en el lugar. El anhelo es que no se firme ningún acuerdo extractivista y que empecemos a tener diálogo concreto con los gobernantes. Pero de no ser así, iremos a apoyar a quiénes esto de verdad lo están sufriendo”.

CRM