“Reconocemos que hay una necesidad urgente de acelerar la transición hacia las cero emisiones y que los gestores de activos desempeñamos un papel para cumplir los objetivos del Acuerdo de París y garantizar la transición”. Con esta frase arranca el documento firmado por decenas de gestoras de fondos de inversión del mundo, comprometiéndose a impulsar la descarbonización de la economía. Muchos de estos firmantes, entre ellos las dos mayores inversores del mundo, BlackRock y Vanguard, figuran igualmente entre los principales fondos que participan en el sector del carbón. Lejos de reducir sus posiciones tras haber firmado el compromiso, éstas se mantienen al alza, registrando importantes incrementos respecto al año anterior.

La iniciativa Net Zero Asset Managers (NZAM) nació a finales de 2020 y la lista de firmantes se fue ampliando durante los últimos años. Nace a la imagen y semejanza de la Net Zero Banking Alliance, surgida a raíz de la cumbre de París, con el fin de comprometer al sector financiero con la redirección de la financiación hacia modelos económicos más sostenibles que cumplan con el objetivo de transición climática pactada en dicho encuentro internacional. Así, las gestoras de fondos de inversión reconocen su papel para presionar mediante sus inversiones a que las compañías asuman compromisos frente al cambio climático.

Estos compromisos contrastan con informes que hacen distintas ONGs medioambientales en las que se cifran los activos que estas gestoras en la industria del carbón. Uno de estos informes recientes es el publicado por la alemana Urgewald y una veintena de organizaciones que anualmente actualiza la Global Coal Exit List. Este listado cifra las inversiones que tienen los grandes fondos mundiales, así como la financiación que otorga la banca internacional. Este informe cifra en 1,2 billones de dólares, algo más de un billón de euros, los activos que tienen los más de 4.000 gestores analizados en más de un millar de compañías estrechamente vinculadas al carbón. Supone un incremento del 16% en apenas un año.

Para contabilizar estos activos, los responsables del informe estudian a todas las empresas que tengan más del 20% de sus ingresos procedentes ya sea de la extracción o minería del carbón, así como de la producción energética a base de la quema de este combustible. También se incluye a aquellas que superen determinados niveles de producción y las que tengan en cartera la creación de nuevas centrales o nuevos ámbitos de exploración.

BlackRock es la mayor gestora de fondos del mundo. Es, además, uno de los inversores más influyentes de todo el sector financiero. En España es el principal inversor del Ibex35 y es uno de los mayores inversores en los cinco bancos que figuran en el selectivo español. Es, además, la principal gestora de inversiones de españoles en el extranjero, especialmente desde sus distintos fondos en Luxemburgo. Sus amplias posiciones en todos los principales índices bursátiles convierten a su consejero delegado, Larry Fink, en una voz muy escuchada en todos los mercados en los que participa. Son conocidas las misivas que envía a los consejeros delegados de las empresas en las que participa la gestora cada año, en las que expone su visión de la economía, las tendencias en los mercados financieros y la necesidad de transitar a una economía más baja en emisiones.

Pese a ello, figura en el informe de Urgewald como el principal inversor en la industria del carbón. Según los autores del documento, sus activos en estas actividades superan los 108.000 millones de dólares y ha incrementado sus posiciones casi un 30% en apenas un año. Un ejercicio, el de 2021, en el que BlackRock firmó su adhesión al NZAM. El propio Fink llegó a reconocer en el pasado que, más allá del compromiso por una economía baja en emisiones, la gestora tiene compromisos de rentabilidad con sus clientes que son incompatibles con un cambio brusco en la política de inversión.

Fink escribió esta semana una nueva carta a los accionistas de los fondos de BlackRock para analizar la situación abierta tras la invasión de Ucrania. En ella recuperaba sus mensajes del pasado en favor de la transición ecológica, aunque reconocía que la guerra en el Este de Europa iba a retrasar este cambio. Aseguraba que la transición debía de ser “justa”. “Es importante destacar que no ocurrirá de la noche a la mañana o en línea recta. Requiere que cambiemos la combinación de energía marrón a marrón claro a verde claro y a verde”, defiende el ejecutivo en su misiva.

Con su crecimiento BlackRock desbancó en 2021 al hasta ahora principal inversor en la industria del carbón, Vanguard. Esta gestora, también estadounidense, es la segunda mayor del mundo, por detrás de la que dirige Fink. Sus inversiones en compañías muy vinculadas al carbón ascienden a 101.000 millones de dólares. Sus activos han aumentado en un 19%, aunque el mayor crecimiento de BlackRock le ha arrebatado la primera posición en el ranking. Al igual que su competidor, Vanguard se encuentra entre los firmantes de NZAM. “Nadie debe dejarse engañar por la presencia de BlackRock y Vanguard en la alianza. Estas dos instituciones tienen más responsabilidad en la aceleración del cambio climático que ningún otro inversor institucional del mundo”, señala Yann Louvel, analista de Reclaim Finance, otra de las organizaciones que participa en el estudio.

EEUU, principal inversor en carbón

Lejos de estas dos grandes gestoras se encuentran otros nombres importantes entre los inversores estadounidenses. Es el caso de Capital Group, State Street o Fidelity. Entre los 10 mayores inversores en carbón del mundo solo dos son de fuera de EEUU: la japonesa GPIF y la india Life Insurance Corporation. Seis de los 10 mayores inversores del mundo en carbón, pertenecen a la citada alianza. El informe destaca que los inversores estadounidenses suponen el 56% de la presencia de las gestoras en la industria del carbón. Le siguen, de lejos, Japón, India y Canadá. Estos cuatro países, junto con China y Reino Unido, acumulan más del 80% de la inversión mundial en carbón.

La propia alianza NZAM defiende que la firma del compromiso para la reducción de emisiones “no significa necesariamente” que las gestoras se desprendan de estos activos. “El compromiso y la administración son palancas clave y las gestoras deben asegurarse de que los activos que administran se descarbonicen en línea con los objetivos de cero emisiones netas y pueden tener más impacto en las emisiones de la economía real que simplemente con una desinversión”, defiende la alianza en su web. “Dicho esto, esperamos que las gestoras tengan en cuenta la alineación potencial de los activos en su toma de decisiones de inversión, lo que puede resultar en no asignar capital a inversiones con alto contenido en carbono”, matiza.

Además de las gestoras, el informe pone el foco en los bancos que participan en la financiación de estas compañías. Lo hacen mediante dos vías: prestando dinero para sus proyectos o asegurando las emisiones de deuda que sirven a estas empresas para financiarse. Teniendo en cuenta los tres años que van desde 2012 a 2021, el informe cifra en 1,5 billones de euros estas operaciones de financiación. Los bancos chinos y japoneses acaparan en este caso el ranking de principales financiadores en el sector del carbón. El ICBC chino encabeza la lista, con más de 60.000 millones, seguido por el nipón Mizuho y Citic. Como ocurre con las gestoras de activos, 10 de las 12 entidades bancarias que más préstamos otorgan a estas industrias pertenecen a la alianza por las cero emisiones.

DL

El último borrador de texto clave de la cumbre climático de Glasgow incluyó, por primera vez, que se terminen las ayudas públicas a los combustibles fósiles: petróleo, carbón y gas. Estos subsidios, que sumaron el año pasado 375.000 millones de dólares, triplican anualmente el apoyo a las energías renovables y taponan la transición energética hacia un modelo que emita poco CO2, la causa del cambio climático.

El documento presentado por el presidente de la COP26, Alok Sharma, dice que la convención “llama a las partes a acelerar el abandono de los subsidios a los combustibles fósiles”. Esta propuesta tiene que pasar por la revisión de todas las delegaciones incluidos los estados que encabezan la lista de ayudas, muy concentrados en Oriente próximo: Kuwait, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar...

Además de este movimiento, la propuesta de acuerdo pone por escrito casi todas las últimas evidencias que los científicos fueron desgranando recientemente sobre el avance acelerado del cambio climático y su solución: recortar más las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. Pero se queda mucho más difuso a la hora de pedir a los países ricos el dinero necesario para que los países empobrecidos no salgan más perjudicados.

El borrador de la presidencia implica que los países dejen patente en la declaración final que la humanidad se gastó ya tres cuartas partes del calor global extra que se admitió como margen de seguridad en el Acuerdo de París debido a “las actividades humanas”. El documento de trabajo actual de las negociaciones “expresa alarma y preocupación”. Este último borrador dice que el margen de CO2 que aún queda para cumplir el Acuerdo de París (el presupuesto de carbono) “está siendo rápidamente agotado”.

En este apartado que las conferencias llaman “mitigación”, es decir, atajar la raíz del problema aparece el concepto de “recorte de emisiones globales de dióxido de carbono” e incluye que debería ser “del 45% en 2030 respecto al nivel de 2010” y alcanzar “el cero neto hacia mitad de siglo”. También incorporaron la que ponen “énfasis” en que se aumente la “ambición” para todo: mitigar el cambio climático, adaptarse a sus efectos ya inevitables y financiar a los vulnerables. Parece que hay consenso en denominar a los próximos diez años “década crítica”.

Ya estaba descontado

La cuestión es que todo eso está ya, más o menos descontado. El cálculo de rebajar las emisiones a la mitad en diez años se presentó a finales de 2019, la desviación entre el CO2 que se está liberando y lo que podría permitirse para contener el calentamiento en 1,5ºC también así como la responsabilidad humana del calentamiento global acelerado sin precedentes.

“No estemos afrontando la emergencia climática tal y como es”, analiza el coordinador de cambio climático en Ecologistas en Acción, Javier Andaluz. Tras revisar el borrador, Andaluz subraya que se “están diciendo cosas que ya han aclarado los cuerpos científicos, pero no hay pocos pasos adelante respecto a lo que ya estaba planteado en el Acuerdo de París”. Andaluz sí ve positivo que se haya incluido la petición de finiquitar las subvenciones fósiles. “Esperamos que se mantenga al final”.

La directora de Greenpeace Internacional, Jennifer Morgan piensa que “la tarea de esta conferencia siempre ha sido conseguir que el calentamiento global se quedara en 1,5ºC, pero, con este texto, los líderes mundiales están dejándolo para el año que viene. Si esto es lo mejor que pueden hacer, está claro que los jóvenes estarán furiosos”.

En ese sentido, el texto que liberó la presidencia de la COP lleva añadido que “anota con seria preocupación” que los planes recién remitidos este año por los países dan como resultado una efecto contrario al que más arriba dice que hay que perseguir: las emisiones agregadas subirán un 13% en 2030. Queda así anotada la brecha que evidencia una incoherencia entre lo que se acordaría que hay que hacer y los planes de acción que se acaban de presentar. “Enfatizamos la urgente necesidad de incrementar los esfuerzos para reducir colectivamente las emisiones mediante una acción acelerada”, puede leerse ahora mismo en los documentos de trabajo.  

A la luz de este borrador, las partes decidieron crear un programa de trabajo para elevar esta ambición a la hora de mitigar el cambio climático. Urge a las partes a que revisen y refuercen en 2022 sus objetivos para 2030 en la medida necesaria para colocarse en una línea que cumpla el Acuerdo de París. Y solicita que se haga una síntesis del efecto combinado de los planes nacionales cada año.

En este sentido, este borrador también pide una evaluación general de cómo se están desarrollando los planes a largo plazo de los países (para 2050) en cuanto al recorte de emisiones de CO2 y que esté ya preparado para la COP del año que viene.  

Donde la conferencia está encallando es a la hora de conseguir que se concrete la financiación. Sigue urgiendo a los países a que completen el fondo que se adoptó ya en el Acuerdo de París de 2015 que debería haberse culminado en 2020 y que todavía no está. Esto hace que los países vulnerables se opongan a admitir más compromisos. Al fin y al cabo, más del 90% de las emisiones de CO2 provienen de la mitad más rica del planeta.

La analista Jennifer Tollman explica que, en varios aspectos, este texto recoge “los máximos que se han visto en las salas de negociaciones, pero eso refleja la enorme brecha que hay entre la realidad y lo que ocurre en las conversaciones”.

Una o dos veces por generación los estadounidenses redescubren los Apalaches. A veces llegan a través de las caricaturas –la tira cómica Li'l Abner o la estrella de los concursos de belleza infantiles Honey Boo Boo– o, en el pasado reciente, Buckwild, un reality show sobre adolescentes de Virginia Occidental que la MTV tuvo que transmitir con subtítulos. Otras veces el encuentro ha sido bastante menos divertido. En 1962, el crítico social Michael Harrington publicó La Otra América, que llamó la atención sobre lo que describió como un “círculo vicioso de pobreza” que “retuerce y deforma el espíritu”.

Durante el último cambio de siglo, en los fondos de inversión de Nueva York crecía el interés por las minas de carbón. El carbón nunca había tenido un gran atractivo para los inversores de Wall Street –las minas eran sucias, anticuadas y estaban atadas a contratos sindicales que las hacían difíciles de comprar y vender–, pero hacia fines de la década de 1990, las economías en crecimiento de Asia comenzaron a consumir cada vez más energía, y los inversores predijeron que su demanda crecería al otro lado del mundo, en los Apalaches. En 1997, la mina Hobet, con 25 años en funcionamiento en la zona rural de Virginia Occidental, fue comprada por primera vez por una compañía cotizada, Arch Coal. Emprendió una gran expansión, dinamitando las cumbres y vertiendo los escombros en ríos y arroyos. El crecimiento de la mina Hobet consumió las montañas y comunidades a su alrededor. Vista desde el aire, la mina llegó a parecerse a una gran ameba gris –con 35 kilómetros de punta a punta– que se abre espacio entre la serranía.

De cerca, los efectos son mucho más profundos. Cuando Wall Street llegó a la tierra del carbón, provocó una serie de repercusiones que resultaron casi invisibles para el mundo exterior, pero tuvieron una relevancia en la vida de la gente de la zona.

En la ladera de la mina Hobet, la familia Caudill había vivido de la caza y los cultivos durante un siglo. Su hogar tenía 30 hectáreas de bosque regados por pequeños riachuelos. Los Caudill no fueron demasiado críticos con la minería; muchos de ellos también fueron mineros. John Caudill fue un experto en explosivos hasta que un día, en la década de 1930, una carga explotó demasiado pronto y lo dejó ciego. Sus días de minero se terminaron, pero tenía suficiente tierra, y John y su mujer criaron 10 hijos. Cultivaron papas, maíz, lechugas, tomates, remolachas y frijoles; cazaron en los bosques y recolectaron bayas y ginseng. Detrás de la casa, la colina estaba repleta de cicuta, helechos y melocotones.

Uno a uno, los niños de los Caudill crecieron y dejaron la casa familiar para estudiar y trabajar. Se asentaron en los pueblos cercanos, pero se quedaron cerca como para volver a su hogar los fines de semana. El nieto de John, Jerry Thompson, creció a media hora de allí por un camino de tierra. “Podría contar con una mano los domingos que no pasé aquí”, dijo. El menú de su abuela nunca cambiaba: pollo frito, puré de papas, frijoles verdes, maíz y pastel. “Podías caminar durante horas por la propiedad. Tenía muchos primos aquí, y paseábamos por los graneros y trepábamos por las montañas y nos metíamos en el arroyo y cazábamos cangrejos”.

Pronto, la mina Hobet rodeó la tierra de los Caudill por tres bandas, y Arch Coal quiso comprarla. Algunos de los miembros de querían venderla. “No somos ricos, y a algunos nos va mejor que a otros”, dijo Thompson. Un primo le dijo: “Tengo dos hijos que deben ir a la universidad. No puedo dejar pasar esta oportunidad porque nunca volveré a ver 50.000 dólares”. Pensó: “Tiene razón; para él era una buena decisión”.

Al final, nueve parientes decidieron vender, pero seis se negaron. Jerry fue uno de ellos. Arch los demandó, sosteniendo que convertir el terreno en un depósito de desechos era, en términos legales, “el uso más adecuado para la propiedad”. El caso llegó a la corte suprema de Virginia Occidental, donde la justicia preguntó, escépticamente, “¿El uso más adecuado de la tierra es ser un basurero?”.

Phil Melick, el abogado de la empresa, contestó: “Se ha convertido en eso”. Agregó: “El uso de la tierra cambia con el tiempo. El valor de la tierra cambia con el tiempo”.

La justicia dijo, convencida, que el valor de la propiedad para la familia no podía ser solamente económico. Melick sostuvo que lo era. “Debe ser medido económicamente”, dijo, “o no puede ser medido en absoluto”.

Sorprendidos, los Caudill ganaron el caso. Pudieron conservar 10 hectáreas, aunque la victoria fue pasajera. Bajo sus pies, la tierra se volvía irreconocible. Los químicos producidos por la mina en la cima de la montaña redibujaban el paisaje como en un extraño cuadro. En los arroyos, las hojas y las ramas se cubrieron de cobre por la acumulación de carbonato, las piedras se volvieron negras como la tinta por los depósitos de manganeso. En el río Mud, que corría junto a la propiedad de los Caudill, un biólogo del Servicio Forestal Estadounidense recolectó larvas de pescado con dos ojos a un lado de la cabeza. Atribuyó las deformaciones al selenio, un subproducto de la minería, y advirtió en un informe que el ecosistema estaba “al borde de un acontecimiento tóxico grave”. De hecho, en 2010, la revista Science publicó un estudio sobre 78 arroyos próximos a minas a cielo abierto en Virginia Occidental donde casi todos contenían altos niveles de selenio.

Esto iba más allá del normal equilibrio entre beneficios y contaminación, otra vuelta en el ciclo de desarrollo industrial y limpieza. La minería a cielo abierto es básicamente un campo tecnológico muy destructivo. Hasta la década de 1990 casi no existía, y los científicos tardaron un tiempo en medir sus efectos en la tierra y en las personas. Para los ecologistas, los Apalaches del sur eran un campo particular, uno de los bosques templados de maderas duras más productivos y diversos del planeta. Durante años, las colinas albergaron más especies de salamandras que cualquier otro sitio, y un follaje exhuberante que atrae a las aves migratorias neotropicales de miles de kilómetros a la redonda para empollar a sus próximas generaciones.

La mina cambió la tierra de arriba a abajo: después de dinamitar las cimas –lo que los mineros llaman “sobrecarga”– las excavadoras empujaron los restos por las laderas, cubriendo los arroyos y los ríos. El agua de las lluvias se filtró a través de este extraño guiso artificial de metal, pirita, sulfuro, sílice, sales y carbón, que por primera vez se hallaban expuestos en la superficie. La lluvia se mezcló con los químicos y descendió por las colinas, fluyó hacia los arroyos y riachuelos y, finalmente, hacia los ríos del valle, de donde se servían los habitantes del sur de Virginia Occidental.

Emily Bernhardt, una bióloga de la Universidad Duke, que pasó años rastreando los efectos de la mina Hobet, explica: “Los insectos acuáticos que salen de estos arroyos están cargados de selenio. Las arañas que los comen se cargan de selenio y eso produce deformidades en los peces y en las aves”. Los efectos distorsionaron la cadena alimentaria. Normalmente, los pequeños insectos criados en el agua volaban hacia el bosque, y alimentaban a los sapos, tortugas y aves. Pero, corriente abajo, los científicos descubrieron que algunas especies habían sido remplazadas por moscas que suelen encontrarse en plantas de tratamiento de aguas residuales. Ya en 2009 era imposible ignorar el daño. En un estudio, los biólogos que rastrean a un ave migratoria llamada reinita cerúlea revelaron que su población había caído un 82% en 40 años. El informe de 2010 de la revista Science llegaba a la conclusión de que los efectos de la minería a cielo abierto en el agua, la biodiversidad y la productividad forestal eran “continuos e irreversibles”. Las minas a cielo abierto han enterrado más de 1.600 kilómetros de cursos de agua a lo largo de los Apalaches y, según la Agencia de Protección Ambiental Estadounidense, han alterado 5.600 kilómetros cuadrados de tierras, una superficie mayor a la del estado de Delaware.

Poco tiempo después, los científicos también descubrieron sus efectos en las personas. Cada explosión en la cima de las montañas liberaba elementos que solían estar bajo tierra: plomo, arsénico, selenio, manganeso. El polvo caía sobre el agua potable, los muebles de jardín o entraba por las ventanas abiertas. La investigación dirigida por Michael Hendryx, profesor de salud pública en la Universidad de Virginia Occidental, publicó hallazgos sobre los vínculos alarmantes entre las minas a cielo abierto y los problemas de salud entre quienes vivían cerca de ellas, incluyendo el cáncer, enfermedades cardiovasculares y defectos de nacimiento. Entre 1979 y 2005, los 70 condados de los Apalaches que más dependían de la minería registraron, en promedio, más de 2.000 muertes adicionales cada año. Desde cierta perspectiva, esas muertes podrían considerarse como el coste del progreso, el precio de la prosperidad que traería el carbón. Pero Hendryx también derribó ese argumento: las muertes costaron 41.000 millones de dólares anuales en gastos e ingresos perdidos, 18.000 millones más de lo que los condados habían ganado en salarios, ingresos fiscales y otros beneficios económicos. Aun en los términos puramente económicos que usaban las empresas, señaló Hendryx, la minería a cielo abierto había tenido resultados terribles para las personas que vivían allí.

Una tarde me fui de excursión por los bosques detrás de la casa de los Caudill para ver los cambios en el terreno. Por ley, las minas deben “reparar” el terreno, devolverlo todo lo posible en su estado original. Pero, lejos del ojo público, los estándares pueden ser algo laxos. Después de trepar entre los árboles por un rato, salí a una pequeña cavidad de piedra y tierra, bañada por el sol, del tamaño de un pequeño estadio. En el centro había una alberca, rodeada por una tubería de goma, llena de agua sucia y estancada. Hacia arriba, un camino de gravilla llevaba a la meseta que quedó después de que dinamitaran la cima de la montaña. Ese camino de gravilla era técnicamente un “arroyo”. Durante la mayor parte de la historia humana, el área había sido un bosque denso. Ahora recordaba extrañamente a la superficie lunar.

Volví abajo, me detuve en otra meseta que había sido una cima. Por ley, las compañías mineras deben esparcir fertilizante y plantas de crecimiento rápido, pero solo había pastos que agitaba el viento. Se parecía menos a una montaña de los Apalaches que a un pastizal de Mongolia. Le mencioné esa comparación a Bernhardt, y ella dijo que la similitud iba más allá de la estética. “Ahora tenemos estas nuevas 'llanuras' en los Apalaches que están cubiertas de pastos asiáticos y olivos rusos. La roca es tan alcalina que no hay muchas especies nativas que puedan crecer en ellas”. Y así comenzaron a poblarse de especies foráneas, como las aves de las Grandes Llanuras que se mudaron a las ruinas de las antiguas minas de carbón. “Se crearon hábitats únicos”, dijo ella.

“Aquí hubo familias y hogares y niños y vidas. Y ahora ya no están”

Las consecuencias de las intervenciones de las grandes empresas mineras se filtraban a las familias y también a la cultura general. Jerry Thompson se convirtió en el vicepresidente de una empresa productora de materiales de construcción para viviendas. “Soy un hombre de negocios. Comprendo las ganancias y comprendo los márgenes”, me dijo. “Pero la destrucción ha sido sorprendente para mí. Ha perjudicado a tantas personas. No solo a nuestra familia. Aquí hubo familias y hogares y niños y vidas. Y ahora ya no están”. Thompson conocía bien los argumentos del libre mercado a favor de la expansión de la minería; después de todo, nadie había obligado a su familia a vender. Pero, en la práctica, se preguntaba si realmente habían sido libres de tomar sus propias decisiones financieras. “¿Quieres tener una familia en medio de un sitio de desperdicios mineros? Probablemente no,” dijo Thompson. “Crees que puedes haber tenido opciones. ¿Pero realmente las has tenido?”.

Una generación después de que la mina a cielo abierto comenzara a devorar el hogar de la familia Caudill, el efecto a largo plazo resultó en el abandono y el corte completo de los lazos que los habían unido con ese territorio. El caso judicial había dividido a la familia y ya no tenían dónde regresar los domingos. La prima de Thompson, Ronda Harper, me dijo sin rodeos: “Después de eso, la familia se desmoronó”. Se reunían una vez cada verano, pero la familia no volvió a ser la misma.

Se puede visitar el campo, dijo Harper, pero “te sientes perdido cuando lo ves. La vida silvestre ha sido enterrada, los arroyos y los animales, las flores, los lirios, y todas las variedades que se veían cuando caminabas por detrás de la casa”. Su modo de hablar recordaba de una frase de Emerson: “Vemos el mundo pieza por pieza, como el sol, la luna, el animal, el árbol; pero el todo, del cual estas son partes brillantes, es el alma”.

A lo largo de los años, Vivian Stockman, una ambientalista local, ha trabajado en decenas de casos como el de los Caudill, donde las personas han perdido sus tierras por las minas y la contaminación. “Lo escuchas todo el tiempo, 'Crecimos en la pobreza, pero no lo sabíamos,” me dijo. La pobreza puede ser un problema de poder tanto como de posesiones; no se sintieron pobres hasta que llegó alguien y les mostró el poco poder que realmente tenían.

Todo el crecimiento de la minería a cielo abierto no pudo esconder el hecho de que la industria del carbón estaba en decadencia. Las minas antiguas se agotaban y el gas natural y otras fuentes de energía se presentaban como nuevos competidores. Los puestos de trabajo comenzaron a disminuir porque la industria usaba cada vez más máquinas. Pero, en la década de 2010, los inversores de Wall Street vislumbraron otra oportunidad para apuntar a la industria del carbón en una nueva apuesta.

Los especuladores financieros creían que el apetito de China por el carbón metalúrgico, que se usa para producir acero, seguiría creciendo, y pensaron que las empresas estadounidenses podrían crecer y afrontar esa demanda. Los banqueros ayudaron a las empresas productoras de carbón a tomar préstamos de miles de millones de dólares para expandirse y a deshacerse de las minas poco rentables.

En una maniobra para recortar gastos, en 2007, Peabody Energy, la mayor productora de carbón del mundo, se deshizo de sus componentes menos productivos, incluyendo 10 minas sindicalizadas en Virginia Occidental y Kentucky, y 557 millones de dólares en compromisos de atención médica con sus trabajadores pensionados. La nueva empresa, Patriot Coal, nació en desventaja: asumió un 40% de las responsabilidades de atención médica de Peabody, pero solamente 13% de sus reservas productivas de carbón. El director financiero de Peabody, Rick Navarre, dijo: “Nuestras responsabilidades, gastos y flujos monetarios heredados se reducirán a casi la mitad”.

Patriot Coal, la empresa derivada, adquirió algunas operaciones nuevas –la mina Hobet, junto al hogar de los Caudill, fue una de ellas– pero a los pocos años Patriot estuvo en problemas. La apuesta de Wall Street por Asia había fallado. El crecimiento económico de China se desaceleraba; las empresas estadounidenses se enfrentaban a una competencia inesperada de Australia y, en cinco años, el excedente de carbón metalúrgico había reducido su valor a la mitad. Las empresas del carbón en los Apalaches, con deudas de miles de millones, comenzaron a colapsar. En el caso de Patriot Coal, tenía casi tres veces más pensionados que empleados activos, y en la primera mitad de 2012 acumulaba pérdidas por 430 millones de dólares.

Para 2016, seis de las mayores empresas carboníferas se habían declarado en bancarrota, eliminando no solamente 33.500 puestos de trabajo en los Apalaches, sino también miles de millones en ingresos fiscales que habrían sido destinados a escuelas, hospitales, caminos y otras obras de infraestructura.

Patriot Coal presentó la quiebra. En respuesta, el sindicato de mineros demandó a Peabody Energy, acusándola de haber creado a Patriot como una estratagema financiera para liberarse de sus compromisos de pensiones y asistencia sanitaria – lo que los mineros llaman un “vertedero de responsabilidades”. (Peabody lo ha negado).

El sindicato instó a los mineros y a sus familias a mandar cartas a la justicia, para fortalecer el caso para sostener sus beneficios. Mandaron más de 1.000 cartas. La mayoría había sido escrita a mano; algunas incluían fotos familiares y listas de afecciones y medicamentos. Al leerlas hoy, las cartas parecen una premonición del malestar creciente en los EEUU por los testimonios de la humillación y la injusticia y la desesperación. Dona J. Becchelli, la esposa de un minero pensionado de Patriot en Kincaid, Illinois, escribió: “Por favor, por favor, no dejen que otra gran empresa vuelva el tiempo atrás. Nuestro gran país no puede seguir permitiendo que el mundo corporativo vea solamente el dinero. Nosotros estamos aquí; somos quienes hemos construido este país sobre nuestras espaldas quebradas y nuestras muertes. Solo pedimos aquello por lo cual siempre hemos trabajado y que hemos conseguido legalmente”.

Con la acumulación de las quiebras, algunos inversores de Wall Street vislumbraron una oportunidad nueva: con suficiente dinero y las maniobras adecuadas en los tribunales comerciales, podrían tomar bocados de las empresas moribundas, descartar los gastos de cobertura y quedarse con las ganancias. En Wall Street, algunos de los especialistas en inversiones “de emergencia” son conocidos como “buitres”. En un perfil publicado por Bloomberg de Mark Brodsky, un inversor buitre apodado “El Exterminador”, informó que sus críticos le decían “matón”, “extorsionador” y “supositorio”. Brodsky se defendió asegurando que empresas como la suya “hacen muchas cosas constructivas”.

La empresa de Brodsky, Aurelius Capital Management, invirtió en Patriot Coal, tal como lo hizo otra empresa buitre: Knighthead Capital Management, que fue cofundada por otro inversor veterano llamado Ara D. Cohen. Como muchos de sus pares, Cohen vivía muy lejos de los Apalaches, en el Golden Triangle, la zona más próspera de Greenwich, en Connecticut. Era el dueño de una mansión de estilo georgiano de 15.000 metros cuadrados y 27 habitaciones, con dos piscinas (interior y exterior), un cine, un salón de billar, un ascensor y un ajedrez gigante.

Knighthead metió una inyección de dinero en la compañía, que supuestamente era para mantener a Patriot a flote, pero, en efecto, fue para tomar más control de la empresa. Kevin Barrett, un abogado que representó a Virginia Occidental en las negociaciones sobre el coste de la reparación medioambiental, apuntó: “Hicieron exactamente lo que hacen los fondos de inversión de riesgo: entraron y asistieron a las reuniones del consejo directivo y adquirieron el control administrativo”.

En febrero de 2013, Patriot pidió permiso al tribunal de quiebras para pagar más de 7 millones de dólares en bonos de retención a los gerentes, para que no huyeran durante el proceso de bancarrota. El tribunal accedió. Fue un movimiento extraño; menos de un mes después, la empresa anunció un esfuerzo inusualmente alto para recortar gastos: pidió permiso al tribunal de quiebras para abandonar los contratos sindicales que brindaban asistencia médica a 23.000 mineros pensionados y a quienes dependían de ellos, lo que le ahorraría a la empresa al menos 1.300 millones de dólares.

El tribunal accedió una vez más. Para los mineros y pensionados, sentó un antecedente inquietante; en el pasado, las empresas habían cancelado los beneficios de las pensiones y asistencia de salud cuando quebraban, pero Patriot buscaba ahora escapar de esas obligaciones y seguir con la actividad.

Cecil Roberts, que fue presidente de United Mine Workers of America, lo explica así: “El juez de quiebras simplemente golpea su martillo y dice: 'Ya no tenéis atención de salud'. Estoy seguro de que muchos en Wall Street y a lo ancho del país dicen: 'Eso seguramente es bueno. Así se arregla el balance de cuentas. Es más atractivo para los inversores”. Pero esos 1.300 millones de dólares deberían haber sido destinados a personas con quienes crecí y con quienes compartí toda mi vida, habitantes de Cabin Creek, y Paint Creek, y en los condados de Boone, Allegheny, Mingo, por toda Indiana e Illinois. Y ahora deben afrontar enormes facturas médicas“.

Roberts es unluchador del movimiento laborista, con tres décadas de experiencia en huelgas y conflictos laborales. Pero nada de esto lo preparó para el lenguaje y las estrategias de Wall Street. “Yo pienso: '¿Qué diablos es un préstamo a un deudor en posesión? ¿Y qué son los primeros embargos?' Y todas esas cosas”, se quejaba. “Tipos como los de Knighthead llegan aquí, dan órdenes y dicen: '¡Desháganse de la empresa! Vendan todo, o véndanla por partes, así recuperaremos nuestro dinero”. Y siguió: “La gente común no puede hacer esas cosas, pero cuando se trata de una corporación enorme, pueden. Eso no está bien. ¿Mientras más grande eres, más derechos tienes? Algunas de estas entidades no podrían ubicar al condado de Boone en el mapa, pero están ganando dinero con la gente que vive aquí. La pregunta es esta: ¿En qué tipo de país vivimos donde esto puede suceder?”.

Roberts estuvo a cargo de transmitir lo que sucedía en el tribunal a los mineros que se verían afectados. “Estamos hablando de personas de carne y hueso que se ganaron estos beneficios tras 30 o 40 años de trabajo”, dijo. “Han perdido su asistencia médica porque una empresa para la que nunca trabajaron en sus vidas ha entrado en bancarrota”.

Patriot Coal logró recuperarse de la bancarrota y siguió cojeando. Pero en 2015 se fue a pique una vez más, y esta vez los ejecutivos e inversores como Knighthead ya no buscaron una fórmula para revivirla. Planeaban recuperar todo el dinero que pudieran subastando las minas y el equipamiento. Nadie, parecía, pagaría jamás por “reparar” lo que sucedió en Hobet y decenas de otros sitios arruinados por la minería.

En el otoño de 2015, Barrett, un abogado que representaba al estado, presentó una crítica feroz contra Knighthead y otros inversores por cómo, en sus palabras, “dejaban a los ciudadanos del estado de Virginia Occidental expuestos a riesgos de seguridad y salud pública asociados a la tierra no recuperada y al agua sin tratamiento”. Vender los activos más valiosos por “cientos de millones de dólares” no dejaría “ni un centavo” para “el desastre que dejaron”, escribió. “En cambio, los bancos y los fondos de inversión que apoyaron el plan de Patriot se marcharán con todo ese dinero, dejando atrás un cadáver”.

Semanas más tarde, el caso generó una oleada final de indignación. Los documentos judiciales revelaron que los ejecutivos buscaron redirigir 18 millones de dólares de los fondos de asistencia de salud para pagar los abogados de quiebras, a los acreedores, a los gestores y otros gastos. Según una investigación de ProPublica, los fondos estaban destinados a 208 pensionados, sus esposas y viudas en Indiana, hasta que los ejecutivos actuaron para pagar al bufete de abogados Kirkland & Ellis y a la consultora Alvarez & Marsal. Para entonces, la campaña presidencial iba a todo vapor y Hillary Clinton avisó de que la situación era “escandalosa y debía ser frenada”.

Patriot abandonó la aventura, pero fue solamente un breve respiro. El 28 de octubre de 2015, Patriot Coal cerró por última vez. Las minas habían sido vendidas a una serie de compradores de los Apalaches. Por un tiempo, los fondos de asistencia médica siguieron funcionando, pero eventualmente se agotaron. En octubre de 2016, el sindicato envió una carta a 12.500 pensionados, informándoles que su cobertura de salud se terminaría en 90 días. La causa: un “crítico déficit financiero”.

En los años siguientes, el desmantelamiento de Patriot Coal sentó un antecedente. “Fue un caso de prueba”, apuntó Phil Smith, un portavoz sindical. Los fondos de inversión pasaron a ocupar papeles importantes en las quiebras de otras grandes empresas productoras de carbón, incluyendo a Alpha Natural Resources, Walter Energy y Westmoreland Coal. En todos los casos, dijo Smith, los fondos solicitaron a los tribunales de quiebra abandonar las aportaciones a pensiones y asistencia médica. “Compraban propiedades que nadie quería por centavos o por solo asumir sus deudas”.

El caso de Patriot “creó una hoja de ruta” para extraer valor de las quiebras en los Apalaches. En 2017, el Congreso, presionado por los mineros y los sindicatos, creó un fondo para proteger la asistencia médica de 22.000 mineros y sus dependientes.

Como dice un viejo refrán de la industria carbonífera: “La empresa reciben las ganancias, los mineros reciben los golpes”. Pero, para los hombres y mujeres afectados, Patriot y los casos que siguieron el mismo camino fueron una ejemplo perfecto de la crisis creciente: las leyes y los valores del capitalismo moderno habían sido perfeccionados por los lobbistas y los financiadores de las campañas políticas para darle ventaja a los más poderosos. El saqueo de Patriot Coal no fue ilegal; el escándalo, como se dijo, es que fuera legal.

En un sentido amplio, Wall Street y Washington han llegado a compartir su estrategia para con los estadounidenses. Un miembro de una empresa buitre señaló que la decisión de abordar la industria carbonífera no había sido una estrategia para encontrar ganancias en una época difícil; casi ni siquiera hubo tal decisión. Fueron algunos números en una página. “Les interesó el carbón porque era lo que estaba en crisis en ese momento”, dijo.

Barrett, el abogado que representó a Virginia Occidental, pudo ver a ambos lados de este negocio: creció cerca de Huntington, nieto de un minero, y se fue a Nueva York, donde se convirtió en un abogado corporativo de alto rango. Eventualmente, comenzó a aceptar casos en su estado de origen y dividió su tiempo entre la capital estatal, Charleston, y un cómodo hogar en el condado de Westchster, Nueva York, no muy lejos de Greenwich y el Golden Triangle.

A veces le impactaba lo poco que sus mundos comprendían las experiencias y motivaciones del otro. “No van más allá de las colinas por aquí, y no van más allá de Greenwich y Manhattan allí”, dijo. “No sé cuánto le importa a los fondos de inversión lo que realmente suceda en Virginia Occidental, no es mala intención, sino porque ven el mundo desde su propio punto de vista, que es la del movimiento del dinero. El efecto en las personas no entra en sus cálculos”.

Como tantas otras agonías estadounidenses de estos años, el testimonio más claro de la historia se escribió en la misma tierra. En Greenwich, Ara Cohen, el cofundador de Knighthead Capital Management, terminó vendiendo su mansión georgiana en el Golden Triangle para mudarse a la Florida. Por la casa le dieron 17,5 millones de dólares, menos de lo que esperaba, pero suficiente como para convertirla en la venta más cara del pueblo en ese año.

A 900 kilómetros, la mina Hobet fue finalmente abandonada. Nadie pagaría los millones necesarios para reparar los destrozos en el medioambiente. Se habló de construir un Walmart en esa meseta extraña, con sus pastizales asiáticos y árboles rusos. Pero para entonces la mayoría de los posibles clientes, como los Caudill, se habían ido. El plan del Walmart nunca sucedió.

Finalmente, el estado decidió un uso muy distinto. En 2017, Virginia Occidental anunció que la mina sería utilizada como campo de entrenamiento para la Guardia Nacional del ejército. El paisaje inhóspito sería el lugar donde los soldados aprenderían cómo lanzarse en paracaídas en tierras extranjeras y a sobrevivir en ambientes hostiles.

Este es un fragmento editado de 'Wildland', de Evan Osnos, publicado por Bloomsbury y disponible en guardianbookshop.com

Traducción de Ignacio Rial-Schies