A los jóvenes condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa se los trasladó en un fuerte operativo a la Unidad Penal de La Plata apenas salieron de Tribunales el Servicio Penitenciario Bonaerense, pero no será el lugar definitivo donde queden presos.

Tras las condenas dictadas, de cinco a prisión perpetua y otros tres a 15 años, el Servicio Penitenciario Bonaerense los trasladó desde el penal de Dolores ubicado en el centro de la Ciudad, al penal de Melchor Romero. Este lugar es donde estuvieron tres años detenidos en prisión preventiva hasta el comienzo del juicio.

Es que durante enero estuvieron detenidos en la Unidad Penal de Dolores para poder estar cerca de donde se desarrolló el juicio.

No obstante, Melchor Romero en La Plata no será el lugar definitivo de detención por las diferentes penas impuestas y también se debe evaluar la proximidad de los condenados con sus familias.

Por eso, en las próximas semanas se evaluará en el interior del Servicio Penitenciario Bonaerense a qué penales serán derivados y es probable que sean divididos: por un lado aquellos que recibieron una pena de perpetua y por otro grupo los que les impusieron 15 años.

DA con información de NA

La jueza federal María Eugenia Capuchetti procesó a seis personas por la supuesta comisión de los delitos de intimidación pública y daño calificado en la causa por el ataque contra el Congreso de la Nación, perpetrado el 10 de marzo pasado cuando se debatía en la Cámara de Diputados el aval para el acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI), informaron fuentes judiciales.

Se trata de seis personas a las que la justicia logró individualizar a través de imágenes de cámaras de seguridad y de canales de televisión cuando arrojaban elementos contundentes contra el Congreso y luego pudo identificar por medio de un informe pericial de la División Individualización Criminal de la Policía Federal Argentina, en el que se utilizó un Software Biométrico de Reconocimiento Facial.

Los investigados

Los procesados son Jonatan Emanuel García, Gonzalo Martín Ezequiel Fonteina, Leonardo Marcelo Cáceres, Jonatan Ezequiel Pacheco, José Horacio Fernando Castillo y Julio Valdés, a quienes además la jueza les trabó embargos hasta cubrir la suma de 6,5 millones de pesos, según surge de la resolución judicial.

En esta causa se investigan los hechos ocurridos el 10 de marzo en las inmediaciones del Congreso de la Nación, cuando en el interior del recinto se encontraba sesionando la Cámara de Diputados, a raíz del acuerdo celebrado entre esta Nación y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“En las circunstancias señaladas, a partir de las 15:00 horas en adelante, un grupo numeroso de personas comenzó en forma conjunta a arrojar con sus manos o mediante el uso de 'gomeras' elementos contundentes como piedras, cascotes y bombas de pintura contra la fachada del Congreso de la Nación, principalmente en el sector ubicado sobre la avenida Entre Ríos cercana a su intersección con la avenida Hipólito Yrigoyen de esta Ciudad”, reseñó la jueza Capuchetti en el fallo.

Detalló que “estas agresiones causaron tumultos, desórdenes y daños que afectaron la seguridad pública y provocaron, entre otros, la rotura de los cristales de las ventanas que se ubican en el primer y segundo piso y pintadas sobre sus paredes, alcanzando los daños también la planta baja del edificio”.

“De la misma manera, se dañaron las veredas que se encontraban en las proximidades del Congreso de la Nación para extraer las piedras o cascotes que luego fueron arrojadas tanto al recinto mencionado como al personal policial que concurrió al lugar de los hechos para restaurar el orden y la seguridad pública”, explicó la jueza en el fallo de 66 páginas que incluye fotos de los momentos en los que los procesados arrojaban las piedras o rompían las veredas, según el caso.

En otro fallo, la magistrada volvió a aceptar como querellante al Senado de la Nación, representado por la Directora de Asuntos Jurídicos Graciana Peñafort, luego de que presentara un poder para intervenir en nombre de la cámara alta.

DA con información de Télam

Los tres jóvenes acusados de abusar sexualmente de una adolescente de 14 años en un camping de la localidad balnearia de Miramar, durante los festejos de Año Nuevo de 2019, fueron declarados “no culpables” por un jurado popular, que dio a conocer esta tarde su veredicto luego de cuatro jornadas de juicio en Mar del Plata.

Tras casi cuatro horas de deliberación, los doce ciudadanos que componían el jurado popular consideraron que Lucas Pitman (24), Tomás Jaime (26) y Juan Cruz Villalba (25) no fueron culpables del hecho por el que fueron denunciados el 1 de enero de 2019.

El veredicto fue dado a conocer esta tarde en el Teatro Auditorium de la ciudad de Mar del Plata por el juez del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3, Fabián Riquert.

La última jornada del juicio por jurados se había iniciado durante la mañana, con los alegatos de cierre por parte de la fiscalía, y continuó con los de la querella y las defensas.

En primer término, los fiscales Guillermo Nicora y Ana María Caro insistieron en el pedido de culpabilidad para los tres jóvenes, por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado” de la joven, que en ese momento tenía 14 años.

En el mismo sentido apuntó en su alegato el abogada de la víctima y de su familia, Maximiliano Orsini.

Tras un breve cuarto intermedio, fue luego el turno de los tres defensores -Martín Bernat y Agustín Robbio por parte de Jaime; Marcelo Jiménez por de Villalba; y Noelia Agüero, en el caso de Pitman-, quienes pidieron al jurado que fueran declarados “no culpables”, tal como habían adelantado en la apertura del juicio el último martes.

Luego, pasado el mediodía, los tres imputados dijeron en sus últimas palabras ante el jurado que eran inocentes y expresaron su confianza en el tribunal popular.

Finalizados los alegatos, el magistrado brindó las instrucciones finales a los doce ciudadanos que integraron el jurado popular, quienes comenzarán la deliberación entre ellos, hasta que pasadas las 18 llegaron a un veredicto final.

Los integrantes del tribunal dieron a conocer su definición tras analizar la prueba ofrecida a lo largo del juicio, entre ellas el testimonio brindado por la víctima en la audiencia del miércoles, en la que precisó las circunstancias previas a su ingreso a la carpa en la que denunció haber sido abusada durante la madrugada del 1 de enero de 2019, en el camping “El Durazno” de Miramar.

Por parte de los acusados, solo Pitman prestó declaración durante el debate oral, sin responder preguntas, y en el cierre de la audiencia del jueves reconoció haber tenido relaciones con la víctima, pero aseguró que se trató de un acto “consentido”, en línea con lo planteado en la apertura del juicio por su abogada, Noelia Agüero.

El juicio no fue público y tampoco estuvo permitido el ingreso de la prensa por disposición del juez, y de acuerdo con fuentes del TOC 3, y se desarrolló en el complejo teatral ubicado en La Rambla marplatense, para garantizar el distanciamiento en el marco de la pandemia del coronavirus.

De acuerdo con la investigación en la etapa de instrucción, que estuvo a cargo de la fiscal Florencia Salas, los jóvenes fueron acusados de haber abusado sexualmente de la adolescente entre las 4 y las 6 del 1 de enero, “aprovechándose de la edad” de ella y de que “no podía consentir libremente el accionar”.

Los imputados fueron detenidos tras una denuncia radicada por la menor, junto a su madre, en la Comisaría de la Mujer de Miramar, y estuvieron alojados en la Unidad Penal 44 de Batán hasta el 3 de mayo de 2019, cuando se les otorgó el beneficio del arresto domiciliario con monitoreo electrónico.

Esa morigeración quedó sin efecto días atrás, a partir de un pedido de la familia de la adolescente, que solicitó que fueran excarcelados para evitar que siguieran computando tiempo como parte de una eventual sentencia.

DA