“En este parque hay muchas complicaciones porque si un funcionario inicia trabajos ambientales con un líder comunitario durante un tiempo, no se sabe si se va a poder continuar porque puede que lo asesinen o le toque irse de la zona”, dice una fuente local que conoce de cerca el trabajo de un área protegida amazónica, a quien por seguridad protegemos en esta publicación. Testimonios como este se repiten en muchos de los parques y reservas de la Amazonía del país donde las constantes amenazas han terminado replegando del territorio a la primera línea de defensa de la biodiversidad de Colombia.

De hecho, los eventos de violencia hacen imposible que los guardaparques transiten por al menos 21 áreas protegidas nacionales, incluidos las 14 amazónicas. “Los grupos armados y economías ilícitas que impulsan y patrocinan la deforestación permanecen en el territorio, lo que pone en riesgo al personal”, le dijo Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) a Mongabay Latam en una respuesta a una solicitud de información.

Los guardaparques que protegen los ecosistemas más representativos de la Amazonía colombiana pueden vigilar sólo algunas zonas muy específicas. Las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), agrupadas en distintos grupos armados ilegales que están en disputa, han declarado a varios de estos funcionarios objetivos militares y eso implica que si ponen un pie en el lugar donde operan, los matan.

Uno de los equipos periodísticos que llegó hasta el Parque Nacional Natural La Paya se topó con un retén armado de los Comandos de Frontera en el río Putumayo, quienes vestidos de verde, armados con fusiles y demás indumentarias militares se apuraron en dejar un mensaje: no son ellos los que deforestan, sino los del Frente Primero ‘Carolina Ramírez’, otra disidencia de las FARC. Esta declaración pone en evidencia la pelea vigente y constante por el territorio entre los grupos armados ilegales, disputa que se da muchas veces alrededor o dentro de los resguardos indígenas y con los bosques de la Amazonía como testigos.

“No hay garantías para ingresar a todos los sectores del área protegida. Hay un riesgo de ser asesinados tal cual se señala en los comunicados de grupos armados y en las conversaciones que se tienen con actores locales”, le dijo PNN a Mongabay Latam. Además, agrega que “después de la operación Artemisa —una iniciativa militar lanzada por el gobierno de Iván Duque en abril de 2019— se amenazó gravemente a tres funcionarios, motivo por el cual dos de ellos renunciaron a la entidad y la otra persona (quedó) en grave riesgo”.

La prohibición de ingreso de los guardaparques a sus áreas de trabajo, como consecuencia de las acciones militares de Artemisa, afectó por lo menos la vigilancia y monitoreo en cuatro parques colombianos: Tinigua, La Paya, Sierra de la Macarena y Serranía de Chiribiquete.

El resultado de estas restricciones y de la sostenida escalada de violencia se puede ver en las cifras de deforestación. En 2022, se perdieron 10 299 hectáreas de bosque dentro de las áreas protegidas de la Amazonía colombiana. Esa extensión corresponde al 82 % de toda la deforestación registrada en áreas protegidas a nivel nacional, según las cifras del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), que podrían incluso ser mayores, como indican algunos expertos que han analizado la data publicada.

En 2022, se perdieron 10 299 hectáreas de bosque dentro de las áreas protegidas de la Amazonía colombiana.

¿Cómo proteger las áreas protegidas de la Amazonía de Colombia con tantas prohibiciones y restricciones de movilidad para sus funcionarios? Mongabay Latam en alianza con Rutas del Conflicto y La Silla Vacía investigaron los eventos de violencia, las restricciones de ingreso para los funcionarios de PNN y los peligros para la biodiversidad en las 14 áreas protegidas de la Amazonía colombiana. Los problemas detectados van desde las amenazas y avance de varios delitos ambientales hasta la falta de presupuesto y logística para atender los ecosistemas clave del país, como pudimos corroborar en las bases de datos construidas para esta serie a partir de pedidos oficiales de información. Los periodistas, además, visitaron tres parques que se encuentran en grave riesgo: La Paya, Sierra de la Macarena y Amacayacu.

Un aviso del Parque Amacayacu señala que la tala ilegal y la contaminación están prohibidas. No obstante, la minería ilegal afecta el norte del área protegida, según la reportería realizada. Crédito: Juan Carlos Contreras.

Defender las áreas protegidas con la vida

Para tener una idea de la complejidad y la magnitud de la violencia en las áreas protegidas, basta mencionar que sólo las disidencias de la FARC están presentes en 33 de los 39 municipios y zonas no municipalizadas donde se encuentran las 14 áreas protegidas amazónicas de Colombia. Según los expertos consultados, estos grupos armados, además, son el motor de las economías ilegales que han deforestado las áreas protegidas.

Distintos estudios académicos han confirmado, en los últimos años, el incremento significativo en esta deforestación tras la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Entre 2015 y 2016, antes del acuerdo, la cifra anual de pérdida de bosque en las áreas protegidas de la Amazonía no superaba las 5336 hectáreas. Pero, a partir de 2017, el paisaje empezó a cambiar. La cantidad de hectáreas deforestadas ese año se disparó a 10 152 hectáreas y un año más tarde, casi se duplicó hasta alcanzar las 19 553.

Si sumamos la pérdida de bosque en las áreas amazónicas de Colombia entre 2015 y 2022, la superficie arrasada equivale al tamaño de Singapur. Estamos hablando de 86 828 hectáreas deforestadas, sólo a partir de sumar las cifras proporcionadas por el IDEAM.

Clara Solano, directora de la Fundación Natura y presidenta del Consejo Directivo de la organización civil veedora de las áreas protegidas Parques Cómo Vamos, explica que “la salida de las FARC implicó un vacío de gobernanza en algunos territorios y hubo personas dispuestas a ocupar esos espacios”. A su vez, si bien la existencia del conflicto armado ayudó a que ciertos sitios se conservaran, como explica Carlos Mauricio Herrera, especialista en Áreas Protegidas en la organización de WWF Colombia, tras las consecuencias inesperadas del Acuerdo de Paz, la situación se degeneró. “Lo que causa la violencia actualmente es la pérdida de gobernabilidad sobre las áreas, así como el aumento de las actividades ilícitas”, dice Herrera.

No hay garantías para ingresar a todos los sectores del área protegida. Hay un riesgo de ser asesinados tal cual se señala en los comunicados de grupos armados y en las conversaciones que se tienen con actores locales.

Actualmente, los funcionarios de Parques Nacionales Naturales sólo pueden visitar espacios muy específicos.

En el Parque Sierra de la Macarena no pueden entrar al sector Cabra Yarumales, Café y Guayabero, debido a amenazas y la presencia de grupos armados ilegales relacionados con la siembra de cultivos ilícitos.

En Tinigua, a través de panfletos distribuidos en el área, se anunció que los guardaparques tienen prohibido visitar los sectores de Uribe y Macarena. Mientras que en Cordillera de los Picachos, las zonas de Platanillo y Uribe están cerradas, desde 2018, por amenazas.

Los funcionarios de PNN no pueden ingresar tampoco a la parte norte del Parque Amacayacu, es decir, a las zonas de los ríos Cotuhé y Putumayo por la presencia de grupos armados ilegales. En Chiribiquete solo pueden entrar a uno de seis sectores, y en La Paya y Serranía de los Churumbelos también hay zonas vetadas.

Esta información entregada por las autoridades de PNN de Colombia confirma esta vigilancia fragmentada en la que muchas veces a los funcionarios solo les queda ser testigos de cómo las áreas protegidas son arrasadas. Si deciden intervenir, las consecuencias pueden ser fatales.

En 2008, José Martín Duarte del Parque Serranía de la Macarena fue asesinado por un grupo armado con disparos por la espalda. En 2011, murió el guardaparque Jaime Girón Portilla en el Parque Serranía de los Churumbelos a causa de una mina antipersonal. Entre 2011 y 2023, en el Parque Cordillera de los Picachos, al menos tres funcionarios fueron trasladados para otras áreas protegidas por temas de seguridad y otro funcionario del Parque Tinigua corrió con la misma suerte. En los parques nacionales Yaigojé Apaporis y La Paya, la situación es la misma: siete funcionarios han sido trasladados del primero y uno del segundo.

El procurador ambiental Gustavo Guerrero dice que el gobierno podría hacer más para garantizar la presencia de los guardaparques. “Se podría hacer mucho más para poder garantizar el regreso permanente del personal en parques como Tinigua, La Macarena y la Reserva Nacional Natural Nukak, áreas protegidas de gran importancia en nuestro país y para la Amazonía en general, donde se presentan grandes problemas asociados a la deforestación y a las comunidades que los habitan”. Agrega que las visitas esporádicas de los funcionarios a las áreas protegidas no son suficientes para un buen manejo. También señala que la gobernabilidad debe ser el resultado de la acción del Estado, “no de los actores al margen de la ley”.

El sector del río Guayabero ha sido afectado por la deforestación que se desprende de la construcción de la carretera ilegal Trocha Ganadera por parte de las FARC. Crédito: Ana María Rodríguez Ortiz.

En el Parque Sierra de la Macarena, fuentes de la zona le dijeron a los reporteros que la operación militar Artemisa del gobierno de Iván Duque incrementó la situación de riesgo de los guardaparques. Explicaron que los operativos en territorio, en las que se logró capturar al menos a 13 personas presuntamente responsables de deforestar al interior del parque, fueron el detonante para que las disidencias de las FARC declararan objetivo militar a los funcionarios de Parques Nacionales. “Prohibieron totalmente la entrada de los guardaparques a la Sierra de la Macarena. La gente no quiso volver a saber de ellos y las disidencias declararon a la entidad Parques su enemigo permanente por supuestamente avalar los operativos del Ejército. (…) También se comentó que las disidencias planeaban colocar una bomba al lado de la sede de Parques, pero que al estar al lado de la escuela prefirieron no hacerlo”, dice la fuente del territorio a la que protegemos por su seguridad.

Parques Nacionales le confirmó a Mongabay Latam que han registrado 12 amenazas contra guardaparques, entre 2019 y 2023, en las áreas protegidas de la Amazonía de Colombia. Todos estos eventos, según indicaron, fueron reportados por la entidad a la Fiscalía General para su investigación. Cinco amenazas ocurrieron en 2019, tres en 2022, dos en el 2021 y dos más en el 2022. Los funcionarios del parque Sierra de la Macarena, Tinigua y La Paya son los más amenazados, en el primero la autoridad tiene registrados cuatro casos y en los otros dos en total tres casos. A estos eventos de violencia se suman tres casos más recogidos en la reportería en terreno por el equipo periodístico.

Puestos quemados y poca infraestructura

Las pérdidas materiales también dificultan las tareas de vigilancia. Entre 2017 y 2020, tres puestos de control fueron quemados.

Además, las amenazas, los saqueos y los hurtos en los puestos de control son otro de los problemas reportados por la autoridad. En 2019, ocurrió un saqueo en la cabaña Naranjal del Parque La Paya en Putumayo. Un año más tarde, en febrero de 2020, en el parque Cahuinarí personas desconocidas irrumpieron en tres cabañas. Los atacantes se identificaron como miembros de las disidencias de las FARC y les prohibieron a los guardaparques continuar con sus labores.

Las lagunas del Parque La Paya son parte de sus ecosistemas biodiversos. Hoy en el área protegida no hay acceso a los guardaparques, a excepción de algunos funcionarios indígenas. Crédito: Sergio Alejandro Melgarejo.

En las 11 áreas protegidas, manejadas a través de la Dirección Territorial Amazónica de Parques Nacionales, hay 33 sedes de la entidad. De estas, sólo 22 están en funcionamiento y hay muchos sectores que por temas de seguridad no pueden contar con la presencia permanente de guardaparques.

En términos de instrumentos de transporte, la Dirección Territorial Amazónica no cuenta con aviones o helicópteros pese a que sus once áreas protegidas cubren más de 9 millones 700 mil hectáras y, según los datos entregados a Mongabay Latam, solo ha contratado tres sobrevuelos para vigilar las áreas protegidas entre 2021 y 2022, por un total de 70 millones de pesos (17 499 dólares). “Deberían tener una avioneta, no tienen nada. Estas áreas protegidas tienen millones de hectáreas (para vigilar)”, dice Solano de la Fundación Natura y Parques Cómo Vamos.

Prohibieron totalmente la entrada de los guardaparques a la Sierra de la Macarena. La gente no quiso volver a saber de ellos y las disidencias declararon a la entidad Parques su enemigo permanente por supuestamente avalar los operativos del Ejército.

Grupos armados en las áreas protegidas de la Amazonía

Indepaz ha podido identificar qué grupos armados operan en la Amazonía de Colombia. Las disidencias de las FARC, por ejemplo, son los actores con mayor presencia, ya que están en 33 de los 35 municipios que albergan áreas protegidas amazónicas. De estos grupos exFARC, el que tiene más presencia es el Bloque Suroriental, presente en 20 municipios; seguido de su rival la Segunda Marquetalia, en siete, y otro heredero de la guerrilla denominado Comando Coordinador de Occidente que está en tres. Según Indepaz, los grupos Bloque Suroriental y el Comando Coordinador de Occidente ahora conforman un solo grupo denominado Estado Mayor Central (EMC), al mando de alias ‘Iván Mordisco’, facción enemiga de la Segunda Marquetalia, liderada por alias ‘Iván Márquez’. Este último fue un exnegociador del Acuerdo de Paz y miembro del Secretariado de las FARC que volvió a las armas.

La guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), por su parte, está presente en cinco municipios y los herederos de los paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) se encuentran en nueve. El exministro de Ambiente Manuel Rodríguez comenta que no ve que la situación de violencia vaya a cambiar pronto. “Colombia tiene más territorio que Estado y ese parece ser el caso de las áreas protegidas amazónicas”, señala.

En el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo, donde está el Parque La Paya, operan la Segunda Marquetalia y el Bloque Suroriental o Estado Mayor Central (EMC), este último a través del Frente Carolina Ramírez. Los periodistas de La Silla Vacía y Mongabay Latam que viajaron para investigar la situación de esta área protegida confirmaron de primera mano que hay presencia y controles del grupo armado ilegal Comandos de la Frontera, que responde a la Segunda Marquetalia.

Esta distribución de los actores armados en el territorio ha sido recientemente abordada en la publicación periodística Amazon Underworld, que documentó la presencia de múltiples actores armados en la Amazonía colombiana, incluyendo el Estado Mayor Central, el Frente Carolina Ramírez y Comandos de la Frontera.

El grupo armado ilegal Comandos de la Frontera apareció en el recorrido de los reporteros de La Silla Vacía y Mongabay Latam que visitaron la zona del Parque La Paya. Crédito: Santiago Rodríguez.

Las economías ilegales asociadas a estos grupos armados también están presentes en las áreas protegidas amazónicas. En 2022, se detectaron 4807 hectáreas de cultivos ilícitos de coca en las áreas protegidas amazónicas, un aumento de 45 % respecto a 2021, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Ministerio de Justicia. La Paya registraba 1840 hectáreas, seguida de la Reserva Nukak con 1622 y Sierra de la Macarena con 1284. Además, las rutas del narcotráfico también atraviesan las áreas protegidas. Entre 2017 y 2022, tras la firma del Acuerdo de Paz, 2.4 toneladas de cocaína fueron decomisadas en áreas protegidas de la Amazonía, según el conteo de incautaciones de cocaína en áreas protegidas del Ministerio de Defensa al que Mongabay Latam tuvo acceso tras una solicitud de información. Las cifras las encabeza la Reserva Nukak con una incautación de 1005 kilogramos en 2017, junto con otra de 249 kilogramos en 2020. La Paya tuvo la segunda mayor incautación con 800 kilogramos en 2020, seguido por la Serranía de Chiribiquete con 399 en 2018 y Sierra de la Macarena con 25 en 2022.

Sobre la presencia del narcotráfico en las áreas protegidas, Candice Welsch, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur, dice que “los grupos ilegales sacan ventaja de las reglas que hay en las zonas de manejo especial, donde el principal interés es la protección ambiental y donde hay restricciones para atacar los cultivos, como ocurrió en su momento con la aspersión aérea”. La experta añade que un foco clave de presencia de cultivos de coca es el departamento del Putumayo y la zona de frontera, así como el Parque Nacional La Paya. Welsch comenta que el caso de Putumayo está conectado a las áreas de cultivos ilegales en Perú, así como de rutas del narcotráfico que conectan ambos países y considera que “son los mismos grupos ilegales que están haciendo exactamente la misma actividad en ambos lados de la frontera y usan el río Putumayo para facilitar el tráfico, pasándolo por Ecuador hasta llegar a los puertos”.

En una carta enviada a Mongabay Latam, la subdirectiva amazónica del sindicato Sintrambiente Parques Nacionales declaró que los guardaparques son los primeros afectados por esta situación de inseguridad. “Las personas vinculadas a Parques Nacionales (tienen) una vulnerabilidad muy grande frente a intereses particulares y redes ilegales en la región”, dice el sindicato.

Además, Herrera de WWF agrega que en algunas áreas protegidas, como Sierra de la Macarena, el conflicto armado ha tenido una mayor duración. “Los sitios de mayor biodiversidad en nuestro país coinciden en muchos casos también con esos lugares en donde ha estado más presente y vigente la guerra”, explica.

Minería ilegal y deforestación: dos enemigos de las áreas protegidas

Las cifras más recientes indican que hay una reducción de la deforestación en Colombia y las áreas protegidas para el año 2022. Sin embargo, para muchos expertos, como Clara Solano, “falta entender qué está pasando ahí, por ejemplo, estudiar si las reglas de los grupos armados ilegales que multan la deforestación tuvieron que ver u otros factores”.

El exministro de Ambiente Manuel Rodríguez señala que no es razonable que el gobierno de Gustavo Petro se atribuya todo el éxito de la disminución, ya que pudieron incidir otros factores que desincentivan la tumba y quema de bosques, como las lluvias intensificadas debido al fenómeno de La Niña. Además, no se sabe “si realmente hubo una tregua de los grupos armados ilegales para detener la deforestación”, agrega.

El aumento, sin embargo, sí se hizo evidente en cuatro áreas protegidas de la Amazonía colombiana: Cahuinarí, Río Puré, Serranía de los Churumbelos y Yaigojé Apaporis. En el primero, se pasó de tres hectáreas deforestadas en 2021 a 101 en 2022. En el parque Río Puré, donde en 2021 no se registró ni una sola hectárea deforestada, en 2022 se desmontaron 24 hectáreas. Mientras que en el Parque Serranía de los Churumbelos aumentó de 25 a 34 hectáreas y en el Yaigojé Apaporis pasó de 128 en 2021 a 143 en 2022.

Estos cuatro parques nacionales tienen algo en común: son afectados por la minería ilegal. Para el procurador Guerrero, el Parque Río Puré merece una especial atención debido a la presencia de minería ilegal que “provoca problemas sociales y ambientales importantes como la contaminación de los cuerpos de agua”. En el caso de esta área protegida, al menos 39 kilómetros del río Puré presentan una densidad media de extracción minera ilegal, según datos de 2021 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). También, en 118 kilómetros del río Apaporis, colindante a los parques nacionales Serranía de Chiribiquete y Yaigoje Apaporis, hay una densidad media de actividades de minería ilegal. A esta lista de parques con presencia de minería se suman la Reserva Nacional Puinawai y el Parque Nacional Amacayacu.

Estos cuatro parques nacionales tienen algo en común: son afectados por la minería ilegal. Para el procurador Guerrero, el Parque Río Puré merece una especial atención debido a la presencia de minería ilegal que “provoca problemas sociales y ambientales importantes como la contaminación de los cuerpos de agua”. En el caso de esta área protegida, al menos 39 kilómetros del río Puré presentan una densidad media de extracción minera ilegal, según datos de 2021 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). También, en 118 kilómetros del río Apaporis, colindante a los parques nacionales Serranía de Chiribiquete y Yaigoje Apaporis, hay una densidad media de actividades de minería ilegal. A esta lista de parques con presencia de minería se suman la Reserva Nacional Puinawai y el Parque Nacional Amacayacu.

Precisamente sobre este último, un estudio reciente de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), publicado en junio de 2023, señala que uno de los focos centrales de la minería ilegal está en el río Purité, justo en el límite del parque Amacayacu. Y esta información tiene un correlato con un sobrevuelo realizado por los expertos de la Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro, mediante el cual pudieron observar, al menos, 13 dragas operando en el Purité.

Lo complicado, le dijo uno de los expertos de la Alianza a una periodista de Rutas del Conflicto, es que extraen oro en una zona de frontera y eso complica una posible intervención. “Si hay un operativo en cualquiera de los dos países, (para los mineros ilegales) es solo prender el motor y pasarse al otro”.

Para el exministro Manuel Rodríguez, “todos los países de la cuenca amazónica han fracasado en controlarla (la minería ilegal), no solo Colombia” y añade que en un área con tan poco control estatal, lo que ocurre es que “terminan imponiéndose los intereses económicos ilegales”.

Debido a que “hay economías ilegales como los cultivos ilícitos y la del acaparamiento de tierras que subsidian la deforestación, que son protegidas por grupos armados, se hace muy difícil la gobernanza de las áreas protegidas”, agrega el biólogo colombiano e investigador de la Universidad de Queensland en Australia, Pablo Negret. Por lo mismo, dice, “Parques Nacionales no puede resolver todo, necesita apoyo del resto del Estado”.

Durante su recorrido por las distintas áreas protegidas, los reporteros documentaron las acciones ilegales que las afectan. En el Parque Sierra de la Macarena, por ejemplo, los periodistas recogieron testimonios sobre la presencia de coca y ganadería, pero justamente es en esas zonas donde los guardaparques tienen prohibido entrar a verificar la situación. “Los trabajadores de Parques no pueden ir a las zonas en donde se supone que sucede eso”, explica una fuente entrevistada en terreno a la que protegemos por seguridad.

En La Paya, líderes indígenas que hablaron con los reporteros de La Silla Vacía dejaron en claro que la deforestación asociada a las economías criminales no respeta su cosmogonía ni el área protegida. “Nosotros los indígenas siona no queremos que haya más tala de bosque. Nosotros obtenemos de él la alimentación, la medicina y eso no lo queremos más en nuestro resguardo”, dice Javier, un líder de la zona al que protegemos su verdadero nombre.

Presupuesto para conservar

Aunque algunas áreas protegidas tienen las mayores pérdidas de bosque, estas no necesariamente se ubican en los primeros lugares para la asignación de recursos dentro del presupuesto de Parques Nacionales Naturales. Es el caso del Parque Nacional Tinigua que tiene la mayor deforestación acumulada de 2015 a 2022 con 37 840 hectáreas. Este parque, que concentra el 43 % de la pérdida de bosque en las áreas protegidas amazónicas, en asignación presupuestal acumulada para el periodo 2015-2022, ocupa el octavo lugar entre las 14 áreas protegidas que componen la Amazonía. Chiribiquete tuvo la tercera mayor pérdida de bosque con 8 711 hectáreas, pero ocupó el quinto lugar en asignación presupuestal.

“Si hay un parque como Tinigua que ha perdido más del 10 % de su bosque desde 2000, pero tiene el sexto u octavo presupuesto de la Amazonía, entonces cabe preguntarse ¿en qué se basa la asignación?”, comenta Negret.

Desde Parques Nacionales explicaron que la asignación de recursos de un área protegida depende de su plan de manejo, es decir, de sus objetivos prioritarios de conservación y de las amenazas más graves que enfrenta, pero que lamentablemente también incide la imposibilidad de realizar todas las tareas necesarias de cuidado ambiental debido a la situación de orden público. “Para la asignación del recurso al PNN Tinigua, se ha tomado como herramienta el plan de manejo y la revisión de las dinámicas del territorio (escenarios de conflictos por grupos ilegales) con el fin de garantizar el cumplimiento de sus compromisos institucionales y sociales en el territorio”, señala Parques. Agregan que las dinámicas territoriales han jugado un rol importante, teniendo en cuenta que “el ingreso de los funcionarios es limitado”. Y señalan que el presupuesto es acorde a las acciones que “se han logrado ejecutar en coordinación con los actores sociales e institucionales” para avanzar en la contención de las presiones que afectan al área.

Para el procurador Guerrero, la deforestación debe ser enfrentada con medidas de control efectivas y eso no se puede lograr si “el presupuesto de los parques de la Amazonía es bajo”. De hecho explica que a pesar de que existe una sentencia de 2018 de la Corte Suprema que prohíbe la ganadería en áreas protegidas de la Amazonía y ordena el aumento de recursos a parques, esto no ha sucedido.

La subdirectiva amazónica del sindicato Sintrambiente Parques Nacionales confirma que el presupuesto asignado a las áreas protegidas del país no les alcanza. “El presupuesto asignado a los Parques en el país es insuficiente para todas las acciones que requieren la administración y el manejo de las áreas protegidas. Cubren los mínimos de funcionamiento. En la mayoría de casos, varias líneas de los planes de manejo se encuentran desfinanciadas”. Además, critican la creación de nuevas áreas protegidas sin el presupuesto necesario para poder dotarlas de personal y un manejo adecuado, lo que las hace “áreas protegidas de papel”.

En el país la relación ya pasó de ser de un Guardaparque por cada 40.000 hectáreas, cuando el promedio internacional es de un Guardaparque por cada 6.000 hectáreas.

También añaden un tema que afecta a muchas de las áreas protegidas de la cuenca amazónica: el número de guardaparques versus la cantidad de hectáreas que deben conservar. “En el país la relación ya pasó de ser de 1 Guardaparque por cada 40.000 hectáreas, cuando el promedio internacional es de 1 Guardaparque por cada 6 000 hectáreas”.

Pese a que el estado colombiano sostiene que la deforestación disminuyó en el país y en la Amazonía, la situación de seguridad de los guardaparques de las catorce áreas protegidas de este ecosistema aún no mejora. Las escenas vistas en la reportería de este trabajo lo demuestran, como el retén de Comandos de la Frontera en La Paya. O los testimonios recogidos cerca del Parque Sierra de la Macarena, donde la carretera que conecta al municipio de La Macarena con Vistahermosa no cuenta con presencia de miembros de la fuerza pública, sino de otros grupos ilegales. Al preguntarle a un habitante de La Macarena quién custodia el camino respondió que “en algunas ocasiones aparecen miembros de las disidencias de las FARC. La mayoría son jóvenes, tienen menos de 30 años”.

Este reportaje es parte de una alianza periodística entre Mongabay Latam, Rutas del Conflicto y La Silla Vacía de Colombia. Es reproducido por elDiarioAR.

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Edición general: Alexa Vélez y María Isabel Torres. Editores: Michelle Carrere, Juanita León de La Silla Vacía, Óscar Parra de Rutas del Conflicto y David Tarazona. Coordinación periodística: David Tarazona. Investigación y análisis de base de datos: Gabriela Quevedo, David Tarazona y Vanessa Romo. Análisis geoespacial:Juan Julca. Equipo periodístico: Pilar Puentes y Juan Carlos Granados de Rutas del Conflicto y Santiago Rodríguez de La Silla Vacía. Montaje y corrección de estilo: Mayra Castillo. Visualización de datos y diseño gráfico: Richard Romero, Manuela Galvis de La Silla Vacía, Fernando Pano y David Tarazona.  Producción de videos: Richard Romero. Fotografía y videos: Ana Rodríguez Ortiz y Juan Carlos Contreras de Rutas del Conflicto junto con Alejandro Melgarejo para Mongabay Latam. Programación: Alejandra Franco. Audiencias y redes sociales: Dalia Medina Albarracin, Richard Romero y Kimberly Vega de Rutas del Conflicto.

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*Nota del editor de Mongabay Latam: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto «Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques», una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.

ED

Facundo Molares, el hombre que este miércoles murió tras ser detenido por la Policía de la Ciudad en una protesta en el Obelisco, era fotoperiodista y había sido militante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), donde militó durante 15 años en la Columna Teófilo Forero.

“En mi juventud estuve militando en las filas guerrilleras de las FARC en Colombia”, contó en una entrevista con Tiempo Argentino en abril de 2022, preso en la cárcel de Ezeiza. “Se me acusa del secuestro de un concejal colombiano, del cual no participé pero sí estuve en su liberación”.

Molares, de 47 años, participaba este miércoles de una manifestación organizada por Votamos Luchar y Rebelión Popular en el Obelisco para expresar su rechazo a las elecciones del próximo domingo.

Por su participación en las FARC, Molares estuvo detenido y luego excarcelado en 2022, después de que la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia suspendiera la solicitud de extradición que pesaba contra su persona. En total, Molares estuvo preso ocho meses en la Unidad Penitenciaria Federal Nº 6 de Ezeiza.

Durante esa detención, un comunicado de la Coordinadora por la Libertad y Rebelión Popular había advertido que el periodista había tenido que ser hospitalizado por un cuadro “de fiebre e hipertensión”, a la vez que advertía que  necesitaba “una atención urgente en mejores condiciones que las que ofrece un hospital carcelario”. 

Sobre su alejamiento de las FARC, había dicho en el reportaje con Tiempo Argentino:  “Dejé el campamento a la luz del día, me despedí de mis compañeros de 15 años. Sentí tristeza por el pueblo colombiano, porque su sufrimiento no terminó y se merece una vida mejor”.

Preso en Bolivia

Molares Schoenfeld, tal su apellido completo, también estuvo preso en Bolivia durante casi un año, en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro. Había viajado hacia ese país en noviembre 2019, para cubrir el golpe de estado contra Evo Morales y terminó encarcelado durante el Gobierno de facto de Jeanine Áñez. Según explico en un reportaje con la agencia Télam, “hubo coincidencias que me perjudicaron. Esos días Evo Morales estaba Buenos Aries y había dicho que frente a la desobediencia constitucional de las fuerzas armadas debía formarse una milicia popular. Les caí como anillo al dedo”.

Tras ser repatriado desde La Paz, se refugió en Trevelin, en Chubut, donde volvió a ser detenido por su participación en las FARC.

“El móvil era un pedido de extradición del gobierno de Colombia, que no correspondía porque Molares había ingresado en los acuerdos de paz entre las FARC y el Estado colombiano”, explicó Prensa Obrera. “Yo soy parte de los firmantes de ese acuerdo”, relató Molares en la nota. “Eso es lo que determina mi vuelta al país”.

Una vida militante

Molares vivió sus primeros años en José C. Paz, donde empezó a formar su militancia junto a su padre Hugo, referente sindical del Hospital Ciudadela. Con apenas 14 años, se hizo comunista y leía los diarios del Che Guevara, según reconstruyó el periodista Nicolás García Recoaro para la revista Crítica.

“De pibe miraba los chicos comiendo la basura y decía, ¿por qué? La gente viviendo en la calle entre cartones, ¿por qué tiene que pasar esto?”, se preguntaba Molares en una entrevista a Télam.

Con el final de la dictadura y el regreso de la democracia, la familia Molares Schoenfeld se mudó a la Patagonia. Cuando terminó el secundario, se instaló en la villa 1-11-14 del Bajo Flores, donde militaba.

“El 19 y 20 movilizamos con el barrio entero, vecinos que fueron por primera vez al centro. Cómo no participar en una manifestación social de ese calibre”, contó Molares a Crítica sobre las protesta de diciembre de 2001. A los pocos meses, vendió sus pertenencias y salió a la ruta.

En el camino hacia Colombia, fue electricista, carpintero y albañil. Sobre su encuentro con las FARC, dijo: “Desde que ponías un pie en esa tierra era imposible abstraerse de la realidad. La lucha era muy poderosa. Me fui quedando”. Adoptó el seudónimo de “Camilo Fierro”.

El alias de Molares surgió por Cienfuegos y el cura Torres, y el apellido por un viejo apodo de su padre sindicalista. Sin embargo, sus compañeros lo llamaban “El Argentino”.

LC con información de agencias

El asesinato de tres personas de la comunidad,  entre ellos una autoridad de gobierno, en una zona rural del departamento colombiano de Nariño, fronterizo con Ecuador, fue denunciada por los indígenas awá del suroeste de Colombia.  

La Fiscalía General de Colombia (FGC)“dispuso un equipo de fiscales, investigadores y criminalísticos para adelantar investigación por homicidio del gobernador suplente Orlando Moreano y dos escoltas de UNP, así como otros miembros de comunidad AWA que resultaron heridos en resguardo Inda Sabaleta, Nariño”, informó el ente acusador. 

La masacre ocurrió durante la tarde del domingo en el Resguardo Awá Inda Sabaleta, que pertenece al municipio de Tumaco, conocido como la “Perla del Pacífico” de Colombia,  mientras los indígenas, que integran la organización Unidad Indígena del pueblo Awá (UNIPA), se encontraban realizando una reunión para analizar la situación derechos humanos de su comunidad. 

El documento detalla que  “fueron asesinados por grupos armados ilegales que operan en la zona tres compañeros de nuestra organización, entre ellos el suplente gobernador del Resguardo Awá Inda Sabaleta, Juan Orlando Moreno”.  

De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (Indepaz), los grupos armados organizados que interactúan en la zona son el Frente Oliver Sinisterra que tiene el mayor acceso a los recursos que genera el narcotráfico, el Bloque Occidental Alfonso Cano, una de las siete unidades de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP) y Los Contadores vinculados al  narcotráfico en el Pacífico, cuya presencia ya había sido advertida por la Defensoría del Pueblo a través de una alerta temprana, en la que destacaban la afectación particular para la población Awá. 

El coordinador de Indepaz, Leonardo González, precisó que los grupos armados se encargan de prestar servicios de seguridad al narcotráfico y disputan las diferentes rentas de la economía ilegal.“Seguimos insistiendo en la necesidad de una presencia del Estado integral en el territorio y no solamente por parte de la fuerza pública, la cual es insuficiente sino va a acompañada de la garantía de los derechos esenciales”, señaló González.

La UNIPA asegura que hay otras personas heridas que están graves y que necesitan atención médica urgente, aunque no dan más detalles del asunto.

Debido a losasesinatos y otros hechos violentos los indígenas habían solicitado  de manera “inmediata y urgente” la presencia de la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Nariño, la FGC y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos para que se investigue lo ocurrido.

Según datos proporcionados por Indepaz, la masacre ocurrida es el número 49 durante 2022 y con la muerte de Orlando Moreano ya son 96 los líderes asesinados este año, así como 1.323 desde la firma del Acuerdo de Paz despuésde 50 años de conflicto armado entre el gobierno del expresidente Juan ManuelSantos y las FARC-EP  en 2016.

AGB con información de agencias y medios

El presidente colombiano, Iván Duque, dijo este sábado que las autoridades están verificando la información sobre la supuesta muerte en Venezuela del máximo jefe de las disidencias de las FARC, Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”.

“Son en este momento informaciones que se están verificando. Estamos trabajando con nuestra inteligencia para verificar esa información y obviamente tan pronto tengamos alguna corroboración lo informaremos oportunamente”, afirmó Duque.

Según medios locales, Márquez supuestamente murió en un atentado, en medio de la confrontación que el grupo de disidentes llamado “Segunda Marquetalia” tiene con bandas criminales por el control del narcotráfico en la frontera de Colombia con Venezuela.

Duque afirmó que el jefe de las disidencias de las FARC “se encontraba en Venezuela protegido por Nicolás Maduro eso lo sabe el mundo”.

El Gobierno colombiano dijo en varias ocasiones que Maduro protege en su país no solo a las disidencias de las FARC sino también a mandos de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que informaciones recientes indican que alias “Iván Márquez” “estaba buscando salir de Venezuela”.

Márquez fue el jefe del equipo negociador de las FARC en los diálogos de La Habana, que condujeron a la firma del acuerdo de paz con esa guerrilla, el 24 de noviembre de 2016.

Sin embargo, en agosto de 2019 Márquez abandonó el acuerdo de paz y junto con otros mandos de la antigua guerrilla retomó las armas alegando que el Gobierno colombiano no estaba cumpliendo lo pactado.

El guerrillero hizo parte de los mandos de las FARC, e incluso llegó a ser uno de los sucesores del entonces jefe de esa guerrilla, alias “Alfonso Cano”, quien murió en un operativo militar en 2011.

Luciano Marín Arango, de 67 años de edad, estuvo más de 40 años en la guerrilla.

Nació el 16 de junio de 1955 en Florencia, capital del sureño departamento del Caquetá, y su historial indica que a comienzos de la década de 1980 se vinculó al Frente 14 de las FARC, poco antes del proceso de paz con el Gobierno del entonces presidente Belisario Betancur que llevó al nacimiento del partido de izquierdas Unión Patriótica (UP).

En medio de las disputas en Venezuela fueron asesinados otros disidentes de las FARC, como Miguel Botache Santanilla, conocido como “Gentil Duarte”, cuya muerte fue confirmada por las disidencias en mayo pasado, en un enfrentamiento con otro grupo de exguerrilleros en el estado de Zulia, fronterizo con Colombia.

En Venezuela también fueron asesinados Henry Castellanos, alias “Romaña”, y Hernán Darío Velásquez, alias “El Paisa”, considerados los dos jefes más sanguinarios de la antigua guerrilla de las FARC y que eran parte de la “Segunda Marquetalia”.

A mediados de mayo del año pasado se supo también de la muerte de Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”, otro de los jefes de la “Segunda Marquetalia”, en un enfrentamiento en Venezuela entre disidencias.

CRM con información de la agencia EFE

Un general del ejército, nueve militares y un civil  reconocieron una semana atrás haber cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad bajo  la llamada “seguridad democrática” impulsada por ex presidente Álvaro Uribe.

Los testimonios fueron ofrecidos durante una audiencia de dos días –el 26 y 27 de abril- del macro caso 03 conocido como ‘Falsos positivos’ ante el tribunal ad-hoc llamado Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)que comenzó su labor en el 2008 destinado a revelar los hechos de un conflicto que definió a Colombia  durante generaciones y que se convirtió en la guerra más larga de América – librada entre los grupos guerrilleros de izquierda de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) , los paramilitares de derecha, el ejército, los cárteles de la droga y EEUU, que suministraba y asesoraba al ejército- que finalizó  en 2016 cuando las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) firmaron un acuerdo de paz.

La audiencia se desarrolló en el escenario de un teatro en Ocaña, un pequeño municipio del departamento  Norte de Santander, en la frontera colombiana con Venezuela, uno de los más marcados por las ejecuciones extrajudiciales de Colombia , donde  militares escogieron deliberadamente a ciudadanos o los trajeron de otras partes del país para asesinarlos. Justamente, en este pequeño departamento del nororiente colombiano se recreó el horror perpetrado por el Ejército -la máquina de muerte de civiles- por casi una década.

Los magistrados que llevan el caso sostienen que estos crímenes fueron perpetrados bajo la política institucional de contar los muertos para obtener incentivos, además de la presión de los comandantes para sumar muertos en combate. Sin embargo, estas víctimas nunca han sido reconocidas como tal por las Fuerzas Militares, cuyos comandantes los justificaron en repetidas ocasiones como actos individuales y aislados, aunque ya 3,338 miembros de la fuerza pública han suscrito actas de sometimiento (confesiones) ante la JEP, incluidos 10 generales (varios de ellos activos).

Las once personas que declararon – imputadas por el Tribunal de Paz en julio de 2021-  especificaron que la mayoría de los que secuestraron y luego asesinaron eran jóvenes entre los 25 y 35 años, en su mayoría campesinos, e indicaron que se trató de una “política institucional” con el objetivo de contabilizar cadáveres para aumentar los resultados.

Según la JEP, durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), quien hizo de la lucha contra la guerrilla de las FARC su bandera política, se contabilizaron 6.402 ejecuciones  extrajudiciales. El mandatario implementó una política de “seguridad democrática”, con la finalidad de aniquilar  el poderío de la guerrilla.

Las declaraciones de Uribe, quien  aseguró  que se trata de “casos aislados” y negó que el Ejército llevara a cabo una acción sistemática contra civiles durante su mandato, fueron desmentidas por los declarantes.

Entre ellos, el exsargento Sandro Mauricio Pérez Contreras, quien relató ante decenas de familiares de víctimas cómo había atraído a jóvenes de zonas urbanas del centro del país ofreciéndoles trabajos para entregarlos a militares que los mataron. “Eran asesinatos que se cometían con seres humanos inocentes que no tenían ninguna vinculación con ningún grupo al margen de la ley”, indicó. “Me convertí para ustedes, familias de las víctimas, en una máquina de muerte”, admitió  Contreras.

El general retirado Paulino Coronado, reconoció haber omitido crímenes de guerra en su cadena de mando. Coronado aseguró haberse enterado que bajo su liderato, “habían traído 11 jóvenes de Soacha (cerca de la capital, Bogotá)”, pero que cuando recibió la noticia ya había pasado mucho tiempo. Las investigaciones no pudieron determinar si Coronado  dio las órdenes directas.               

Muchos de los familiares de los fallecidos del caso de los 'Falsos positivos', sentados ante quienes reconocieron ser sus verdugos, vestían camisetas negras con una pregunta que llevan haciendo durante años a las autoridades: “¿Quién dio la orden?” ante el sentimiento y la certeza de que falta más para llegar a la verdad.

Una pregunta sin respuesta hasta el momento. “Le digo a los señores procesados que por favor, ellos tienen hijos, hijas, familiares, que se pongan la mano en el corazón y nos digan sinceramente la verdad y no se echen al agua solamente a ustedes sino al que dio la orden”, reclamó  Carmenza Gómez, madre de una de las víctimas.

Así con Álvaro Uribe como con su heredero Iván Duque

Simultáneamente, el mismo cuestionamiento estuvo presente en el recinto del Congreso en Bogotá, por hechos cometidos durante la actual presidencia del uribista Iván Duque. Ese día el ministro de Defensa, Diego Molano, enfrentó un debate de control político y su segunda moción de censura por la responsabilidad que tendría en la muerte de campesinos durante un operativo militar en medio de un bazar – fiesta popular-  en el departamento de Putumayo, en el sur del país, el 28 de marzo último. Primero, las denuncias de organizaciones no gubernamentales y luego los informes periodísticos de prensa confirmaron que durante el operativo murieron civiles, entre ellos dos líderes comunitarios, un gobernador, un mujer embarazada y un niño. Molano no explicó las razones de la orden de entrar disparando y en cambio defendió la acción militar. En su defensa, recurrió a la estigmatización de toda esa región y a la criminalización de los campesinos que siembran coca, para justificar los civiles muertos. “Aquí no es que una mujer embarazada haya muerto en un operativo militar, aquí no es que un menor de edad haya muerto en un operativo legal de la Fuerza Pública, aquí la pregunta es, ¿qué hacían menores de edad en un narco-bazar de los grupos guerrilleros y criminales de este país”.

Así como las  declaraciones  en Ocaña - que según funcionarios de la corte colombianos-  marcan la primera vez que los perpetradores han admitido haber cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad – no satisfacen los reclamos de los familiares de los ‘Falsos positivos’; los familiares de las víctimas de Putumayo, sentadas en las gradas del Congreso, reclamaron  el esclarecimiento de  la cadena de mando. 

AGB

Mientras un nuevo conflicto armado ha estallado en pleno corazón de Europa tras la invasión rusa en Ucrania, otro en América Latina trata de cerrarse de forma definitiva. Porque aunque el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC firmaron en 2016 un histórico acuerdo de paz que acabó con 52 años de conflicto, la violencia persiste en el país. Ni los ataques contra civiles ni los asesinatos de líderes sociales han cesado.

“No parece que firmamos un proceso de paz, sino una sentencia de muerte”, dice Güérima, uno de los 13.000 combatientes de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que dejaron las armas y se reincorporaron a la vida civil.

“Antes uno podía morirse en combate porque éramos dos fuerzas militares en un escenario, pero ahora tenemos un acuerdo de paz que hicimos contando la verdad al país porque, si queremos la paz verdadera, tenemos que sentarnos a dar la cara, tenemos esa responsabilidad”, afirma.

El acuerdo de paz puso fin al conflicto, permitió que miles de exguerrilleros dejaran las armas y participaran en la democracia, pero su implementación, durante el gobierno conservador de Iván Duque, abiertamente contrario al pacto, ha sido incompleta. Las mejoras en zonas rurales, la restitución de tierras y la reparación a las víctimas siguen siendo una asignatura pendiente, como recoge la ONU en su último informe.

Pese a las dificultades, Güérima sigue creyendo en el proceso de paz. En esa complicada reincorporación a la vida civil, recuerda lo extraño que fue instalarse en una casa “llena de comodidades”, ir a una cafetería o contar las esquinas en la ciudad para no perderse. Después decidió terminar sus estudios de bachillerato y ahora ha logrado poner en marcha una finca agroecológica junto a su pareja, con quien ha tenido una hija. 

En diálogo con elDiario.es cuenta que su interés por la guerrilla comenzó en la adolescencia. Ya a los 14 años era miliciano, es decir, un miembro no armado de las FARC. Cuando cumplió los 16 se adentró en la selva colombiana empuñando un arma. La zona rural en la que vivía de pequeño no ofrecía muchas oportunidades y formar parte de las filas del grupo armado “significaba hacer algo por tu país”. Con el tiempo Güérima se convirtió en jefe guerrillero.

Años más tarde, en abril de 2004, un comando de las FARC secuestró a Beatriz Echeverry y a su primo Julio Arango al confundir a la mujer con una millonaria. Los llevaron hasta la selva, donde estuvieron cautivos durante 603 días y Güérima fue el encargado de custodiarles durante todo ese tiempo. 

El paso al documental

Durante el tiempo de secuestro, Beatriz fue escribiendo diarios durante su cautiverio. En ellos plasmó con detalle la rutina del día a día, el miedo de estar lejos de su familia, la incertidumbre y las duras condiciones de la selva. Pero también dejó constancia de momentos agradables, de cómo enseñó a leer a dos menores guerrilleros, y sobre todo, de la amistad que entabló con Güérima con quien terminó manteniendo una relación materno-filial. 

Cuando Beatriz fue liberada, le permitieron llevarse los diarios a casa. Fue en esos cuadernos donde el hijo de Beatriz, el cineasta colombiano Iván Guarnizo, pudo entender mejor cómo había sido ese cautiverio en la selva. 

Beatriz falleció en 2012, antes de que el acuerdo de paz, aunque ella aseguró que ya había perdonado todo y siempre guardó un buen recuerdo de su captor. Años más tarde, Iván se propuso buscar a Güérima y grabar el proceso en un documental y, aunque no fue fácil, consiguió dar con el exguerrillero. 

El resultado de ese viaje se transformó en la película Del otro lado, producida por Salon Indien Films, Gusano Films y RTVCPlay, y que se proyectará este 14 y 15 de marzo en Barcelona y el jueves 17 en la Casa de América en Madrid, sesiones que contarán con la presencia de los protagonistas.

La intención del film ha sido “mostrar ese otro lado, el que siempre se ha retratado como el de los delincuentes, matones e incluso demonios. Ese lado que ha luchado contra el Estado y que mientras tanto ha atacado, matado y secuestrado civiles. Queríamos conocer a las personas que estuvieron detrás de nuestro dolor e intentar entender el suyo”, dice Guarnizo.

El cineasta dice tener claro el objetivo de la película: “Era entender a mi madre y se cumplió con creces”. Asegura también que se reconcilió con Güérima. 

La relación con los secuestrados

A lo largo de los 23 años que Güérima pasó como guerrillero en la selva, tan solo tuvo que custodiar una vez a dos personas secuestradas. Fueron 20 meses los que pasó con Beatriz y Julio sin que sus familias conocieran su paradero, sin que supieran si estaban vivos o muertos. Ellos tuvieron la suerte de volver, pero otras muchas víctimas nunca regresaron.

“Entiendo que para las familias fue durísimo, yo les he pedido perdón, y no solo a ellos, sino al país, porque el secuestro por parte de la guerrilla fue un error”, dice. Durante esos 20 meses de secuestro, y a pesar de las circunstancias, relata, “se creó una amistad con doña Beatriz y don Julio que fue creciendo día a día”, un caso que no fue único dentro del conflicto pero tampoco habitual.

Hoy en día la vida de Güérima ha cambiado por completo. De hecho ahora es él quien vive amenazado tras el acuerdo de paz y asegura que muchos excombatientes se enfrentan a un “escenario de miedo, temor e incertidumbre”. 

“Sabíamos que apostarle a la paz era un camino difícil, pero no imposible y ahí estamos”, indica porque a pesar de la inseguridad y de que la paz aún no ha llegado a Colombia, “levantarse por las mañanas con una familia al lado desarma a cualquiera y le da a uno motivos para seguir luchando” en el lado de la vida civil.

Colombia tiene por delante este año dos citas electorales. Este domingo 13 de marzo el país ha celebrado elecciones legislativas para elegir a los representantes del nuevo Congreso, mientras que los comicios presidenciales tendrán lugar el próximo 29 de mayo. Está por ver si el nuevo Gobierno será capaz finalmente de consolidar la paz en el país. 

AGB

Colombia buscará, por primera vez, a desaparecidos del conflicto armado bajo el agua y, concretamente, en una isla en el Pacífico que pertenece a la ciudad de Buenaventura, informó la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, UPBD.

“La UPBD iniciará en la Isla La Calavera la búsqueda de personas desaparecidas en el sector del Estero de Buenaventura, en desarrollo del Plan Regional de Búsqueda Pacífico Medio, que busca localizar a 1.136 personas”, informó a última hora de este jueves en Twitter esa entidad creada por el acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El anuncio se hace tras la petición de familiares de víctimas de desaparición forzada para que se declaren medidas cautelares en el estero San Antonio de Buenaventura, ciudad que también es el puerto más importante de Colombia sobre el Pacífico.

El pedido de las familias llega ante la posibilidad de que el lugar, una zona que, según versiones locales, era usada como fosa común por grupos armados ilegales, sea dragado.

“Este será el primer proceso de búsqueda de víctimas de desaparición en zonas subacuáticas”, agregó la UPBD.

Dada la complejidad del lugar, una zona pantanosa en el Océano Pacífico, con zonas de manglar y diversos comportamientos de las mareas, “la UBPD acudirá a alianzas estratégicas con expertos nacionales e internacionales, y utilizará equipos de última tecnología”, informó la entidad.

La próxima semana, investigadores empezarán a hacer allí estudios topográficos, según se informó.

Con información de agencias.

IG

Ya tienen diez bancas aseguradas de antemano, con independencia del recuento de votos, según lo estipulado por el Acuerdo de Paz que firmaron con el gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos en 2016. Sin embargo, el partido Comunes, integrado por exguerrilleros de las marxistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dice que busca ser competitivo. Este domingo presentó su lista de candidatos al Senado y al Congreso para las elecciones generales de Colombia de 2022, donde también se elegirá presidente, y donde por primera vez en la historia nacional, un izquierdista, Gustavo Petro, ex alcalde de Boto puede llegar a imponerse.

“Este grupo de combatientes por la paz, por la justicia social en distintas trincheras, tiene un importante componente femenino, juvenil y también de la experiencia”, anunció el presidente de Comunes (antes líder guerrillero de las FARC), Rodrigo Londoño. Quien hizo un paréntesis para enfatizar: “Espero que este lanzamiento permita dejar en claro que no estoy en las listas”.

Londoño, a quien se le conoce como 'Timochenko' y a quien aún siguen llamando 'camarada Timo', vuelve así a no figurar entre los candidatos al Parlamento. Aunque aún no se sabe si 'el camarada' volverá a aspirar a la Presidencia, como lo hizo ya en 2018, pero después retiró su candidatura antes de las elecciones por problemas médicos. Tampoco se sabe si el partido Comunes presentará a otra persona como candidato presidencial u optará por dar su apoyo a otro partido.

La lista de Comunes al Senado la encabeza Julián Gallo, cuyo nombre de guerra o guerrilla era 'Carlos Antonio Lozada'. Lo acompañan el también integrante de la última cúpula de las FARC, Pablo Catatumbo, y Sandra Ramírez, viuda del fundador de las FARC, Manuel Marulanda 'Tirofijo', que irá como número dos.

A las caras tradicionales y familiares demás se unen caras nuevas como la economista Imelda Daza. pero hay bajas como la de Victoria Sandino, que en las últimas semanas ha mostrado públicamente un distanciamiento con la formación, o la de Pastor Alape, que sí participó en este X Pleno Nacional de Comunes.

Lozada aseguró que quienes integran las listas, que serán listas cremallera para garantizar la paridad de género e incluirán una al Senado y cinco a la Cámara por cinco circunscripciones, son “hombres y mujeres del común que hemos entregado la vida a la lucha por la democracia, por la paz y por la justicia social”.

Uno de los puntos del Acuerdo de Paz reservaba diez bancas -cinco en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes- para el partido que conformase la antigua guerrilla por dos periodos electorales, es decir de 2018 a 2022 y de 2022 a 2026.

“Somos conscientes de la responsabilidad histórica que pesa sobre nuestros hombres, tengan ustedes la certeza de que vamos a levantar con orgullo, con honor y con dignidad las banderas de la heroica lucha que hemos representado por más de cinco décadas”, dijo hoy Lozada, en el evento realizado en el recinto ferial Corferias de Bogotá.

El actual senador hizo hincapié en las promesas para un mejor reparto de tierras, uno de los puntos del acuerdo, porque “Colombia no puede seguir siendo el país de la mayor desigualdad en la tenencia de tierra”.

Comunes también recordó a los 292 firmantes del Acuerdo de Paz que han sido asesinados desde el 2016 y prometió seguir trabajando para proteger a quienes le apostaron a la paz.

Comunes, que participó en las anteriores elecciones con las mismas siglas, FARC, que la guerrilla pero el nombre Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, apenas consiguió 50.000 votos para el Senado y 30.000 para la Cámara de Representantes.

AGB

Según el diario bogotano El Tiempo, a Hernán Darío Velásquez, alias 'el Paisa', jefe de una facción de las marxistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lo mataron en una emboscada en Venezuela. El diario asegura que las autoridades colombianas no confirmarán el fallecimiento del guerrillero, líder de la disidencia conocida como “Segunda Marquetalia”, hasta que no localicen su cuerpo.

El Tiempo agrega que la posible muerte de “el Paisa” se registró en el estado de Apure, en Venezuela, muy cerca de la frontera con Arauca y Vichada, donde al parecer se esconde el grupo disidente comandado por Iván Márquez.

Por el momento, se desconoce si hay más muertos o heridos en el incidente aunque todo indica que fue atacado con ráfagas de fusil y explosivos, cita el rotativo. El Tiempo cita “altísimas fuentes oficiales” de Colombia, mientras que diario El Colombiano hace lo mismo con “fuentes militares” y la revista Semana habla de “fuentes venezolanas”.

Iván Márquez, que fue el jefe negociador de paz de la guerrilla, así como Hernán Darío Velásquez, junto con otros exjefes de las FARC, abandonaron el acuerdo de paz firmado con las autoridades colombianas y el 29 de agosto de 2019 anunciaron su regreso a las armas, alegando una “traición del Estado” a ese consenso logrado en La Habana.

En julio de 2018, “El Paisa” junto a Iván Márquez abandonó el lugar donde se habían reubicado varios guerrilleros reinsertados luego de la firma del acuerdo. No se supo de él hasta un año después, cuando apareció en un video anunciando la creación de la “Segunda Marquetalia” junto a Iván Márquez y Jesús Santrich, este último también fallecido.

“El Paisa” se encontraba en la lista de los más buscados por la policía de Colombia, la DEA en Estados Unidos y la Interpol, además de tener abiertos varios casos judiciales por delitos como homicidios, tráfico de droga, desplazamientos forzados y atentados.

“El Paisa” se crio en Medellín, y paisa llaman a quienes provienen de la región en la que está esa ciudad.se hizo conocido por ser el comandante de la columna móvil Teófilo Forero, una de las unidades más temidas de las FARC. Como líder de la Teófilo, se le señala de varios de los ataques más cruentos de la guerrilla, que incluyen el asesinato de familias de tradición política, secuestros masivos, el secuestro y asesinato de funcionarios y planear atentados contra un exministro y el expresidente Álvaro Uribe.

AGB

Estados Unidos retiró hoy a la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de su lista de organizaciones “terroristas”, anunció su secretario de Estado.

“El Departamento de Estado revoca la designación de las FARC como organización terrorista extranjera”, dijo el secretario Antony Blinken en un comunicado.

“Tras un acuerdo de paz de 2016 con el gobierno colombiano, las FARC fueron disueltas y desarmadas oficialmente. Ya no existen como organización unificada dedicada al terrorismo o actividades terroristas, o con la capacidad o intención de hacerlo”, agregó, informó la agencia de noticias AFP.

Esta eliminación de las FARC de la lista negra no modifica la posición de Estados Unidos acerca de los procesos judiciales iniciados o previstos contra exlíderes del grupo, sobre todo los sospechosos de narcotráfico, precisó Blinken.

Pero la decisión ayudará a Washington a apoyar la aplicación del acuerdo, por ejemplo, trabajando con excombatientes que depusieron las armas, agregó.

Colombia conmemoró la semana pasada el histórico acuerdo del 24 de noviembre de 2016 que permitió el restablecimiento de la paz y el desarme de la guerrilla marxista de las FARC, tras uno de los conflictos más crueles y largos de América Latina.

En virtud de este acuerdo, las FARC, un movimiento que tomó las armas en la década de 1960, en plena la Guerra Fría, se convirtió en el partido político Comunes, con representación garantizada en el parlamento pero sin demasiada influencia en las urnas.

El texto prevé reformas políticas y agrarias que deben aplicarse antes de 2031.

Aunque el acuerdo redujo considerablemente la violencia, diversos grupos armados operan en el país, incluidos algunos disidentes de las propias FARC.

Con información de agencias.

IG

En el momento en que los representantes del Gobierno de Colombia firmaron el Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), a finales de 2016, Enith Moreno salió a la luz. Había estado un tercio de su vida en la clandestinidad. “En aquel momento el movimiento guerrillero estaba en auge, todo el mundo quería ser guerrillero, era la oportunidad de cambiar las cosas”, cuenta a elDiario.es desde su casa de Medellín.

Enith es una de los muchos de los combatientes que se alistaron siendo adolescentes mientras otros tantos fueron reclutados por la guerrilla.

En ese momento, la familia de origen campesino de Enith vivía en la región antioqueña de Urabá, una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado. Junto a ella, dos de sus hermanos participaron en la organización guerrillera. Según cuenta Enith, con cinco años ya observaba cómo su padre llevaba comida a los combatientes de las FARC en el monte y presenciaba reuniones en casa a altas horas de la noche. Pero no fue hasta 1984 cuando dio el paso y entró a formar parte de la organización. 

Por más de 15 años, Enith vivió “internada en el monte”, alimentándose a base de cuchuco, una sopa de maíz molido y una colada de harina de trigo con sal. La rutina diaria de una combatiente como ella se basaba en “hacer guardia de día y de noche”, control del territorio y del campamento, aportar leña y “estudiar” el reglamento de la organización y las noticias del día. 

En el año 2000, abandonó las FARC por problemas de salud. A partir de ahí ella, sus dos hijos y su pareja “se inventaron la vida” trabajando de lo que podían, sobre todo labores del campo. “Fue una etapa muy difícil. No teníamos ni ropa, ni casa, ni dinero”, cuenta.

Se desplazaron por el territorio colombiano escondiéndose del paramilitarismo y huyendo de la violencia. “Tampoco podíamos volver al lugar donde nacimos, porque allí todos sabían el camino que habíamos cogido y eso suponía una sentencia de muerte. Así que fuimos moviéndonos por Colombia. Nos manteníamos silenciosos, trabajando en el campo con algunas familias que nos acogían y nos daban trabajo, intentando pasar desapercibidos”.

Aun con todas las precauciones no evitó que se cumpliera el peor de sus temores, “un día, en una de las fincas, los paramilitares mataron al padre de mis hijos”, dice.

Las conversaciones entre las FARC y el Gobierno significaron un cambio drástico para ella y otros compañeros que vivían en la clandestinidad o que aún seguían en la organización guerrillera. Entre ellos están quienes siguen extrañando aspectos de la vida antigua y otros, como Enith, que a veces se preguntan si fue una buena decisión entregar “sus mejores años de vida” a la causa. “Las decisiones que se toman cuando una es tan joven a veces no son las mejores”, reflexiona.

La paz y el camino de la reincorporación

Uno de los grandes temas que se discutieron en La Habana, donde tuvieron lugar las negociaciones entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), fue cómo garantizar que los excombatientes pudieran sostenerse económicamente. Este era uno de los puntos fundamentales para que los desmovilizados se mantuvieran en la legalidad.

Para ello, el Acuerdo dispuso una renta básica por dos años, un pago único de dos millones de pesos y la puesta en marcha del componente educativo, salud, vinculación social e institucional y proyectos productivos colectivos e individuales. 

Una vez firmado el acuerdo, parte de las FARC acudió a las “Zonas Veredales”, unos espacios de transición donde se inició el proceso de abandono de las armas. Después, el primer paso, fue la acreditación de pertenencia por parte de la organización. Con una lista de unos 13.997 excombatientes comenzó el camino de la reincorporación de los exguerrilleros y se inició el proceso hacia la legalidad.

Sin embargo, la organización no acreditó la identidad de algunos exguerrilleros debido a conflictos internos. Son personas que, al no estar acreditados, ni recibir el aval por parte de las FARC, no tienen acceso a ayudas por parte del Estado.

Según Andrés Steppar, director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), el 91% de los excombatientes, unas 13.200 personas, están en proceso de reincorporación. El resto se encuentra en paradero desconocido. De esa población, la mayoría recibe una asignación mensual que supone el 90% del salario mínimo vigente, unos 195 euros. 

De las armas a los proyectos productivos

María Páez alias Maricela, de 36 años, vive en el Espacio Territorial Antonio Nariño, a 134 kilómetros de Bogotá, junto con otras 200 personas entre excombatientes, amigos y familiares. Es uno de los 24 espacios donde viven alrededor de 2.500 exguerrilleros, que se encuentran asentados en las zonas donde antes operaba la organización. Actualmente, en estos lugares se produce café, cerveza artesanal, pescados, carnes, verduras y frutas. 

Ella pertenece a la cooperativa Tejiendo Paz donde víctimas y excombatientes confeccionan ropa. Hace poco lanzaron su propia marca: Avanza. “Cuando llegué aquí no sabía coser. Nos dieron formación y nos donaron una Singer [nombre de la marca de una máquina de coser], así es como empezamos a hacer las primeras prendas”, dice Maricela, que al igual que Enith se unió a las FARC con 14 años.

Cuando se firmó el Acuerdo, Maricela seguía en las FARC. De un día para otro su vida cambió. Si bien aclara que ahora está centrada en su hijo Julien y en sacar adelante el proyecto de ropa, a veces echa de menos “el sentido de unión y colectividad que había en la organización”.

La participación política y la promoción de la vida comunitaria fueron algunos de los objetivos de la guerrilla en La Habana. En el marco del Acuerdo fue creada la red de Economías Sociales del Común (Ecomún), con el objetivo es construir economías solidarias en Colombia. 

Hasta mediados de año, la agencia para la reincorporación había aprobado más de 3.000 proyectos productivos que benefician a la mitad de los excombatientes. Pero, según la información obtenida, muchos aún no son sostenibles y no cubren las necesidades vitales de los excombatientes.

“Nos encontramos con muchas trabas burocráticas para que se pudiera aprobar nuestro proyecto, además, el Estado aún no ha desembolsado la parte que le corresponde. Tenemos contratos cortos, la producción aún es muy limitada”, cuenta Maricela. 

Este es uno de los puntos que la Fundación Ideas para la Paz señaló como preocupante. “La disonancia entre los tiempos del Acuerdo y los tiempos de la realidad”. La falta de definición presupuestaria, la dilatación de los procesos o la falta de seguridad de los excombatientes son aspectos que muestran una gestión deficitaria.

Para varios de ellos, vivir en un antiguo espacio de reincorporación es más seguro que hacerlo en resguardos indígenas, comunidades afrodescendientes o zonas rurales donde habitan cientos de excombatientes. Éstas son áreas, aún hoy, marcadas por la presencia de grupos armados, redes de narcotráfico y una fuerte militarización.

Desde la firma del Acuerdo hasta la fecha, 285 excombatientes han sido asesinados, en un contexto de aumento de la violencia que tuvo como resultado 1.229 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados, según Indepaz.

Para el senador Iván Cepeda, experto en negociaciones de paz y en derechos de las víctimas, la gestión de Duque está más próxima a soterrar el Acuerdo que a su cumplimiento. “Lo que hay es una retórica de preocupación pero no acciones concretas que apunten a una implementación de forma integral y satisfactoria”, sostiene en diálogo con elDiario.es

La segunda vida de Enith

Enith tuvo que esperar 16 años hasta la firma del Acuerdo para empezar de nuevo. En el 2017 se mudó a Medellín para iniciar el proceso de reincorporación. Al principio lo vivió con alegría, “muchos de los que habíamos estado en la zozobra de una guerra que parecía no tener fin, empezamos a encontrarnos”, cuenta.

Fundó el Mercado de Mujeres Construyendo Paz donde venden, gracias al apoyo de la ONU, productos como café, cerveza y otros alimentos que producen otros exguerrilleros. Sobrevive con la asignación mensual para excombatientes, que apenas le alcanza para vivir. “Si ese mes pago los servicios y el alquiler, la canasta se me queda muy ajustada”, dice.

Su sueño es poder ser trabajadora comunitaria y aportar cada día a la sociedad colombiana. De momento, está sacando un emprendimiento con otras mujeres ex integrantes: Mujeres Origen.

La historia de Enith, como la de muchos, está marcada por la guerra. Enith es parte y víctima del conflicto armado que mató a la mitad de su familia. Pero también, es una historia de resiliencia y de entrega.

“En una finquita en Urabá donde nacimos 11 hermanos a la antigua, surgió esta mujer, con una historia llena de encrucijadas dolorosas, alegrías y aprendizajes, que acompañaron estos largos 50 años. A pesar de las dificultades y los asesinatos de nuestros compañeros, seguimos apostándole a la paz y a la reconciliación en Colombia”, sintetiza.