En un final polémico, y después de más de 15 horas de sesión, la Cámara de Diputados aprobó la vuelta a comisiones del proyecto sobre Endeudamiento Familiar, luego de que quedara en evidencia que el oficialismo no tenía los votos para sancionar su propia iniciativa.

A las 3.30 de la madrugada, a raíz de una moción formulada por la secretaria parlamentaria de La Libertad Avanza, Silvana Giudici, se sometió a votación la propuesta de regreso sin fecha alguna a las comisiones comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, y el resultado fue de 121 votos afirmativos, 117 rechazos y cinco abstenciones.

A favor votaron La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, un sector de Argentina Federal, Producción y Trabajo, y en contra votaron Unión por la Patria, una parte de Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica, entre otros.

Jugó en contra de la oposición las abstenciones de los cinco diputados cordobeses de Provincias Unidas que responden al gobernador Martín Llaryora, al igual que había sucedido unas hgoras antes con la votación de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Unión por la Patria intentó evitar este desenlace con la finalidad de que saliera rechazado el dictamen de mayoría del oficialismo ---con un enfoque enmarcado en la educación financiera- y se pasara a votar el dictamen de minoría, que suponía un plan de refinanciación de deudas para morosos, límites a las tasas de interés y condonación de punitorios. 

“Hoy creemos que hay que votar, que quede claro que hay una mayoría clara que no quiere lo que propone el dictamen de mayoría y por lo tanto se abra naturalmente u ntiempo de espacio de búsqueda de consensos alrededor de una propuesta alternativa donde hay otros dictámenes, entre ellos el nuestro”, planteó el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.

En medio de gritos, diputados opositores cuestionaron que la moción de Giudici no incluyera ningún tipo de fecha, lo que en los hechos podría significar que la vuelta a comisión no se concrete nunca si no hubiera voluntad del oficialismo.

“A los colegas que están dispuestos a que esto vuelva a comisión sin ningún tipo de fecha cuando ustedes cerraron las comisiones les pido dar una respuesta concreta con fecha. Son unos embusteros”, protestó sin éxito el diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro. No fue el único. La sesión terminó en un verdadero carnaval de críticas.

La oposición se juega a una súper-sesión en Diputados contra el Gobierno. Confirmó este jueves un pedido para que Martín Menem abra el recinto de la Cámara baja el próximo 15 de octubre con un temario de fuerte carga hacia Javier Milei. Intentará voltear el DNU 70/23, que derogó la Ley de Tierras, entre otras medidas desreguladoras, y también apuntan a prorrogar la emergencia en Discapacidad y aprobar una ley por el endeudamiento familiar. La fecha, a su vez, coincide con la quinta Marcha Federal Universitaria.

La nota formal pide la sesión especial para el jueves 15 a las 14 y el temario tiene tres puntos: el Orden del Día 433, que establece una ley de endeudamiento familiar; el Mensaje 0001/24, que es la comunicación del Poder Ejecutivo sobre el DNU 70/23 “de Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”; y el Orden del Día 350, que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2027 la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad.

El pedido es multipartidario y lleva 32 firmas de ocho bloques distintos. Unión por la Patria aporta 16 y por el interbloque Provincias Unidas firmaron seis. Completan la lista Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, de Encuentro Federal; la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda; Natalia de la Sota, de Córdoba, la exlibertaria Marcela Pagano, y Jorge Fernández, de Primero San Luis. Junto al peronismo y la izquierda aparecen espacios dialoguistas, que hasta hace pocos días dudaban en ir contra el megadecreto completo, y diputados de provincias cuyos gobernadores negocian con la Casa Rosada.

El detonante fue el fallo de la Corte Suprema que revocó la decisión de un tribunal inferior que había repuesto la Ley de Tierras (26.737). El máximo tribunal resolvió por una cuestión procesal: entendió que la agrupación de excombatientes de Malvinas que había ido a la Justicia no estaba legitimada para pedir la cautelar. En la práctica, el fallo volvió a habilitar la venta de tierras rurales a extranjeros sin los límites que fijaba esa ley. Ante las críticas, este jueves la Corte aclaró que no se pronunció sobre la validez del decreto, que la controversia “no ha sido resuelta” y que la decisión sobre el DNU sigue en manos del Congreso, puntualmente de Diputados.

Ese último punto explica la ofensiva. La Ley 26.122, que regula los decretos de necesidad y urgencia, establece que un DNU solo pierde vigencia si lo rechazan las dos cámaras. El Senado ya lo hizo el 14 de marzo de 2024, en la primera derrota legislativa del gobierno de Milei. Desde entonces, el decreto quedó a la espera de Diputados, donde nunca llegó al recinto. Si la Cámara baja lo rechaza por mayoría simple de los presentes, el DNU 70 queda derogado, aunque la misma ley deja “a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia”. Primero la oposición tendrá que conseguir el quórum de 129 diputados.

Lo que está en juego excede la Ley de Tierras. Con su artículo 154, el DNU 70 eliminó el tope del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales y las restricciones sobre inmuebles que contienen o lindan con cuerpos de agua y sobre las zonas de seguridad de frontera. Además derogó la Ley de Alquileres, la Ley de Góndolas, la Ley de Abastecimiento, el régimen de Compre Argentino y la Ley de Sociedades del Estado, y habilitó que las empresas públicas se transformen en sociedades anónimas. También liberó las cuotas de la medicina prepaga, permitió a los trabajadores llevar sus aportes a obras sociales ajenas a su sindicato, quitó topes en el mercado de tarjetas de crédito y abrió la puerta a las sociedades anónimas deportivas, entre más de 300 artículos.

Sin embargo, en la oposición sostienen que buena parte del decreto ya no está en juego. Algunos ítems fueron absorbidos por leyes posteriores aprobadas por el Congreso: lo referido a privatizaciones quedó en la Ley Bases y el capítulo laboral, que la Justicia había suspendido, fue reemplazado por la Ley de Modernización Laboral. Si el DNU cae, el efecto concreto se concentraría en las normas derogadas que no tuvieron reemplazo legislativo, como la Ley de Tierras, la de Alquileres, las de Góndolas y Abastecimiento y la regulación de prepagas.

Los otros dos puntos del temario funcionan, en parte, como imán para el quórum. La emergencia en discapacidad vigente vence el 31 de diciembre de este año. La prórroga la extiende un año más, hasta fines de 2027. Se trata de la Ley 27.793, que el Congreso sancionó en 2025 e impuso tras insistir contra el veto de Milei, y cuya aplicación el Gobierno resistió alegando falta de financiamiento. Si no se renueva, el régimen de emergencia caduca en menos de tres meses, mientras el oficialismo aún negocia una salida intermedia con un nuevo proyecto de ley que está en discusión.

La ley de endeudamiento familiar busca dar respuesta a un fenómeno que el Gobierno minimiza como “un problema entre privados”. Según datos del Banco Central procesados por el CEPA, en junio la mora bancaria de las familias llegó al 12,8% y la de las billeteras virtuales al 30,1%, por encima del pico de la pandemia.

El 15 de octubre será, así, una prueba de fuerza para el Gobierno en la Cámara baja. Si la oposición consigue sentar a 129 diputados, el oficialismo podría sufrir en un mismo día la caída de su megadecreto fundacional y dos leyes que la Casa Rosada rechaza. Si no lo consigue, el DNU 70 seguirá vigente casi tres años después de su firma.

MC

Con la libertad de mercado como bandera, el oficialismo se anotó un triunfo a medias en la Cámara de Diputados: emitió dictamen de mayoría por el tema de endeudamiento familiar, pero sabe que no tiene los votos para imponerse en el recinto. Arrinconado por la fecha límite que le impuso la oposición, La Libertad Avanza se vio obligada a presentar una propuesta propia, que hace hincapié en la transparencia crediticia y la educación financiera. Con el apoyo del PRO y la UCR, se hizo con la mayoría de las firmas del plenario de comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor, pero no con el de los aliados provinciales. La oposición quiere ir al recinto en dos semanas. 

La propuesta del Gobierno, que ha calificado el aumento de la morosidad como un problema “entre privados”, parte de la premisa de que el sobreendeudamiento es resultado de una falta de información sobre el acceso al crédito. Sostiene que los bancos y billeteras virtuales están obligados a mostrar el costo real de los créditos, así como garantizar el acceso al propio perfil crediticio y una liquidación completa de la deuda (capital original, refinanciaciones, intereses, comisiones). Exige una doble validación para los préstamos que se toman de manera online y un control parental mínimo para los casos de endeudamiento de menores de edad (se comprometen a notificarlos). 

El dictamen fue trabajado por la bullrichista Silvana Giudici y consiguió el apoyo del radicalismo y del PRO, pero fracasó en sumar las firmas de los aliados provinciales, como si había logrado con el despacho de la ley de discapacidad. La mayoría de las iniciativas opositoras exigían, de mínima, un plan de reestructuración de las deudas, algo a lo que el oficialismo se opuso con énfasis. 

“¿Qué país nos va a creer si otra vez aplicamos las recetas del pasado? Hablan de condonaciones y baja de tasas obligatorias como si fueran recetas mágicas. Nos retrotraen a la Ley de Alquileres: ¿no aprendieron que poner topes ficticios lo que hace es quebrar el mercado y la esperanza de futuro?”, azuzó Giudici, la voz cantante del oficialismo en el debate de comisiones. El objetivo era disputarle a la oposición el discurso sobre la crisis de morosidad. “Era de ustedes la ley”, le recordó, entre risas, Myriam Bregman, aludiendo a que uno de los impulsores de la Ley de Alquileres fue Daniel Lipovetsky (PRO).

La oposición, que fue la que forzó el debate sobre la crisis de 6 millones de morosos y más de 20 millones de personas endeudadas, presentó otra propuesta. Luego de tres semanas de debate, el peronismo, el radicalismo y la Coalición Cívica acordaron unificar los más de 70 proyectos presentados y dictaminaron una iniciativa que crea un régimen especial de desendeudamiento y alivio financiero. 

La propuesta crea un régimen para refinanciar las deudas de todas aquellas personas que están en situación de mora de créditos al consumo hace más de 60 días o que, aun estando al día, destinen más del 30% de los ingresos familiares al pago de esas obligaciones. El tope para ingresar estará fijado en dos Canasta Básicas Totales –unos $3,2 millones– para el monto total del capital adeudado en créditos. 

El régimen de reestructuración pone un tope a las tasas de interés, que en algunas billeteras virtuales llegó a superar el 1000%. El límite a la tasa se fijará en base al TAMAR (Tasa Mayorista de la Argentina) de bancos privados, que hoy está al 26%, a lo que se sumará otro 25% adicional. Se habilita un plan de hasta 12 cuotas que no podrá superar el 30% de los ingresos de la persona deudora. 

Si bien la propuesta no incluye una condonación de las deudas –resultado de un duro debate interno de la oposición que, pese a la resistencia de la izquierda, acordó no incluir quitas para evitar que la propuesta tuviera costo fiscal–, sí propone eliminar todos los intereses punitorios. Suspende, a su vez, todas las ejecuciones, embargos y cobranzas extrajudiciales. 

“Ustedes saben que esto es algo razonable. Impulsemos algo que no sea tomada de pelo para la gente y que pueda aliviar la realidad de las familias. Esto es un parche para tratar de aliviar a la gente hasta que podamos hacer un cambio de modelo económico. Pero incluso para los que no lo vean así: piénsenlo como manto de racionalidad para cuidar a las familias bajando el nivel de mora” defendió la iniciativa Itai Hagman, de Patria Grande. 

La propuesta de los bloque opositores consiguió 27 firmas y la del oficialismo 32. Pero pese al control que LLA tiene sobre las comisiones de la Cámara de Diputados esa mayoría no se expresa automáticamente en el recinto. En el peronismo hacen cuentas y confían en que podrán tener unas 130 voluntades para sesionar dentro de dos semanas. Dependen, como siempre, de la voluntad de los gobernadores del Norte. 

MCM

El oficialismo y dos sectores de la oposición se preparan para firmar este martes en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados sendos dictámenes que apuntan a abordar la problemática de la morosidad familiar, y que difieren sustancialmente en cuanto a características y alcance.

En el marco de la reunión conjunta, La Libertad Avanza junto a sus socios del PRO y la UCR firmarán un dictamen (presumiblemente de mayoría) que hace foco en la prevención, a través de un sistema de advertencias y educación financiera, sin dar una solución económica real y concreta a las personas que están endeudadas con mora con bancos y proveedores financieros no bancarios.

“Te mandan a estudiar”, se quejó -en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas- un diputado opositor sobre el proyecto del oficialismo que articulan la diputada nacional de LLA Silvana Giudici y el presidente de la comisión de Finanzas, Santiago Pauli.

En efecto, no se plantea una intervención económica en el mercado a través de límites a las tasas elevadas que cobran bancos y billeteras electrónicas, o planes de reestructuración compulsiva de deudas.

En cambio, la iniciativa que suscribirán Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica sí hace eje en resolver la situación crítica de los más de 6 millones de personas morosas con instrumentos activos.

El proyecto de la oposición consiste en una ley de emergencia por 180 días (prorrogable por otro período igual) que pone un tope a la tasa de interés nominal que cobran tarjetas y billeteras, topes a los gastos y a las comisiones, y planes de refinanciación de hasta 36 meses de acuerdo a los montos.

No menos importante: se eliminan el 100% de los intereses punitorios, respetándose el capital y los intereses compensatorios.

Sobre la disparidad de tasas que cobran las billeteras de acuerdo al scoring del cliente, se le dará competencia a Defensa del Consumidor para exigir la apertura del algoritmo, de manera tal de transparentar esas prácticas irregulares.

Argentina Federal, a través de Oscar Herrera Ahuad y Yolanda Vega, irá con un dictamen propio que se asemeja mucho al dictamen de la oposición dura.

El dictamen se basa en el proyecto presentado por el ex gobernador misionero y actual jefe de bloque de AF, que crea el “Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal”.

Este instrumento permite unificar deudas en una sola operación y ofrecer cuotas a tasa de interés fija de un máximo del 35%.

Los ingresos fijos del beneficiario no podrán superar los 10 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Por otra parte, el proyecto de Herrera Ahuad prohíbe a las emisoras de tarjetas de crédito y entidades financieras no bancarias ofrecer una Tasa Nominal Anual (TNA) superior a 1,5 veces la TNA aplicada a plazos fijos a 30 días para personas humanas.

“Mi hija tuvo dos intentos de suicidio. Tenía un local donde vendía ropa y zapatillas usadas y nuevas, bijouterie, y se endeudó tanto, tanto, pidiendo préstamos acá, allá, en todos lados, que llegó un momento que no pudo pagarlos más. Y sufría muchos hostigamientos de parte de los prestamistas”, le cuenta a elDiarioAR Graciela Oviedo, jubilada de José C. Paz, quien salió a difundir la situación de su hija y organizó una colecta para ayudarla.

Gimena tiene 35 años y cinco hijos, de 18, 17, 13, 11 y cuatro años. Trabajadora de la economía informal, nunca accedió al crédito bancario ni tampoco al de billeteras virtuales sino que recurrió, como siempre ha ocurrido en los barrios populares, a los prestamistas de la zona. No son narcos, aclara su madre, que ahora ha lanzado una colecta urgente para juntar $2,5 millones, la mitad de lo que debe su hija, con la idea de “parar la bronca” de los acreedores y que después consiga algún trabajo para abonar el resto.

“Vendió todas sus cosas para pagar, se quedó sin nada y aún así no terminó de pagar sus cosas”, relata Graciela quien hace años ya le había dado a su hija una pieza al fondo de su terreno para vivir. “Le quedaron dos camas y un par de colchones. Se quedó sin chapas ni muebles. Le quedó la pieza vacía. Vendió heladera, cocina, cama, sommier. Se estaba terminando su pieza y vendió chapas, ventanas, puertas. Y aún así siguen las deudas. O pagás o pagás, te dicen. Le piden si tiene cosas valiosas como televisores o heladeras, pero ya no tiene nada, vendió todo para darles.”

Es otra historia del drama de los endeudados, cuya morosidad bate récord en dos década y a nivel latinoamericano. Para sostener su emprendimiento laboral, Gimena tomaba créditos de $20.000 que había que devolver al día siguiente, o de $400.000 que debía devolver a lo largo de un mes hasta completar el doble, $800.000, con pagos diarios. Si se atrasaba un día, le imponían un recargo de $10.000 o $15.000. Otros le prestaban $550.000 y debía retornarlo en dos cuotas quincenales de $550.000 cada una.

La situación de Gimena se repite en la mayor parte de los hogares en la era Milei. Un informe del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE), difundido a fines de agosto, reveló que el 92,3% de los hogares argentinos registra algún tipo de deuda, mientras que casi nueve de cada diez obligaciones relevadas se encuentran impagas o en situación de incumplimiento.

“Ella se sintió muy acorralada. Intentó suicidarse dos veces. La está pasando muy mal”, lamenta Graciela. “La primera vez estuvo internada una semana en Salud Mental, fue mejorando, pero las deudas quedaron y la están hostigando continuamente y tiene que pagar poque dejó muchas deudas, con el alquiler del local, que debió dejar hace uno o dos meses, y con los prestamos que pidió a cada uno, sacaba plata pagar a otro, y al otro y al otro, y así fue vendiendo sus cosas para pagar a otro y se quedó sin nada. Ahora se quiso tirar bajo el tren y no lo logró. En Salud Mental le dijeron si la vuelven a llevar, la internan por tres o seis meses. Pero los hijos la necesitan y y están mal ellos también.”

“Necesitamos juntar lo antes posible. Anoche mismo la estuvieron hostigando, que querían la plata ya, ya, amenazándola y eso lo hace peor”, cuenta la jubilada. “Yo le digo: 'No contestes los mensajes, no recibas los mensajes, no los leas', porque eso la pone peor. Son muy amenazantes los usureros estos, los prestamistas del barrio. A uno lo conocemos, a los otros dos no, ni siquiera sabemos quiénes son. Te dicen: ”Vamos a mandar gente a tu casa', 'con esta gente no se jode'.“

“Yo sé que todo está mal, yo mucha ayuda no le puedo dar”, lamenta. “Pido ayuda por mi hija y por mis nietos, que están sin nada. Que se haga viral porque ella necesita mucha ayuda”, cuenta quien Graciela quien organizó una colecta (ver flyer). Pero su hija además está buscando trabajo para completar de pagar los $5 millones que debe y salir adelante con su familia y su vida.

AR

Los diputados de La Libertad Avanza ingresaron al recinto casi a la par que los del peronismo, este mediodía de miércoles. Fracasado el intento oficialista de boicotear la sesión, Martín Menem hizo lo único que podía hacer para evitar quedar expuesto ante la derrota: bajar a dar quórum con el resto de la oposición. Casi por unanimidad, los bloques opositores y oficialistas acordaron un cronograma de trabajo para dictaminar hacia fin de mes los proyectos de endeudamiento familiar y de emergencia en discapacidad. Solo los radicales mileístas se rehusaron a dar quórum.

El oficialismo intentó ponerle buena cara y fingir que todo había marchado de acuerdo al plan, pero era difícil tapar la derrota. Por primera vez en el año, la oposición había logrado imponerse en la Cámara de Diputados para avanzar con su propia agenda. La última vez había sido durante el debate del Presupuesto 2026, en diciembre, cuando la oposición volteó el capítulo que derogaba las leyes de discapacidad y de financiamiento universitario. Desde entonces, la agenda había sido controlada por Menem. Hasta ahora.

“Se les escapó la tortuga”, sonreía, eufórico, uno de los armadores opositores en la previa de la sesión, que consiguió quórum con facilidad. El emplazamiento de las comisiones para tratar la emergencia en discapacidad, que se dictaminará el 23 de septiembre, se aprobó por unanimidad. Los libertarios, incluso, jugaron a aplaudir con la oposición cuando el tablero mostró el resultado en verde (votos favorables). Lo mismo sucedió con el emplazamiento para tratar los 50 proyectos por endeudamiento, aunque con una salvedad: el santacruceño José Garrido, en soledad, votó en contra.

Quienes estaban enojados eran los radicales que comanda la mendocina Pamela Verasay, que quedaron en offside negándose a dar quórum para la sesión opositora. “¿Por qué nos exponen así? Hace dos semanas les dije que tenían que habilitar las comisiones, que el tema de discapacidad era delicado”, se quejó una espada radical que juega en tándem con el oficialismo.

A Menem le sucedió lo que otras veces: jugó al límite y, cuando vio que la presión sobre los aliados no surtía efecto, pegó el volantazo antes de estrellarse. Si habían perdido era cuestión de que no se notara.

En el Gobierno creyeron que los gobernadores de siempre –Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rolando Figueroa (Neuquén)– se plegarían a último momento a la estrategia oficialista. Les prometieron recursos y una solución para las personas con discapacidad, que denuncian que el Gobierno no está cumpliendo con la compensación a los prestadores que establece la ley. Pero los gobernadores, esta vez, no les creyeron. Y el Gobierno tuvo que aceptar que la oposición tendría su mayoría.

Para evitar quedar expuestos en la derrota, los libertarios se plegaron al quórum y festejaron acordar un mismo cronograma de trabajo con la oposición. Negaron que el Gobierno no estuviera cumpliendo con la ley de emergencia en discapacidad, pero, por lo bajo, se comprometieron a establecer un plan de pagos para normalizar la deuda con los prestadores. Prometieron, a su vez, incluir las disposiciones de la ley de emergencia de discapacidad, que vence este año, en el Presupuesto 2027. Ver para creer.

El triunfo opositor, sin embargo, arrastraba una incómoda nota al pie. Habían logrado llevar la agenda de los endeudados y las personas con discapacidad en Diputados luego de meses de intentos fallidos, sí. Pero a ninguno se le escapaba que la victoria tenía patas cortas: el oficialismo tenía mayoría en todas las comisiones emplazadas, por lo que, si querían, podían evitar que los proyectos se dictaminen.

Caso de los proyectos por tema endeudamiento, por ejemplo. Las comisiones emplazadas fueron la de Finanzas y la de Defensa al Consumidor. La de Presupuesto, en cambio, había quedado afuera: una estrategia opositora –que el oficialismo buscó apropiarse como propia– para no incluir ninguna iniciativa de alivio para los endeudados que arrastrara un costo fiscal (y, por lo tanto, pudiera ser impugnada por el presidente). En Finanzas y en Defensa del Consumidor, el oficialismo, junto al PRO y la UCR aliada, cuenta con 16 de los 31 integrantes.

Es decir, el oficialismo tiene la llave para definir si los proyectos mueren en las comisiones o no. Sin dictamen, la oposición necesita dos tercios para aprobar las leyes: un número imposible de conseguir.

“Cuándo empezamos no teníamos ninguna expectativa y hoy se sentaron y votaron. Hay que tener fe, quizá los convencemos”, deslizó, no muy convencida, una de las principales espadas de Unión por la Patria.

El peronismo era conciente de las limitaciones del triunfo opositor, pero prefirió disfrutar el momento. Tras el recambio legislativo, Menem se había hecho del control de la Cámara de Diputados y ellos, por primera vez en el año, le habían impuesto una mayoría. Las consecuencias de este giro se verían más adelante.

MCM/MC

Este miércoles, el Gobierno medirá los límites de la estrategia comunicacional que desplegó tras la cadena nacional por la causa Malvinas. Luego de días de hiperactividad, con un Javier Milei eufórico por las repercusiones sobre su cambio de postura respecto la soberanía de las islas, el oficialismo se enfrenta a una eventual derrota: que la oposición consiga el número para avanzar en una sesión sobre la crisis del endeudamiento familiar y la emergencia en discapacidad. Hasta último momento, Diego Santilli llamó por teléfono a gobernadores e hizo promesas, pero los aliados se negaron: no bastaba con promesas, querían resultados de antemano.

“Estamos bien. Ayer no estaban seguros, hoy tengo el número”, aseguró una de las espadas peronistas encargadas de juntar el quórum para la sesión del miércoles, que comenzará al mediodía en la Cámara de Diputados. La oposición ya había conseguido 133 voluntades para avanzar con el tema hace dos semanas, pero se imponía la máxima que rige en todos los despachos opositores: no se puede confiar en los gobernadores.

Santilli estuvo llamando a todos los gobernadores del Norte, intentando seducirlos con partidas futuras a cambio de boicotear la sesión. El misionero Hugo Passalacqua, que viene de romper con el jefe Carlos Rovira, ya había definido con el diputado (y ex gobernador) Oscar Herrera Ahuad que darían quórum. Ellos ya habían presentado su propio proyecto sobre la problemática del endeudamiento y, además, Passalacqua ve negocio en diferenciarse del Gobierno (y Rovira) de cara a las elecciones del año que viene.

La incógnita era el salteño Gustavo Sáenz, que el lunes a la mañana había confirmado a todos sus diputados para el quórum y, por la tarde, había cambiado de opinión. A última hora del martes, en la previa de la sesión, los tres salteños habían prometido a sus compañeros de bloque en Argentina Federal que bajarían a dar quórum. Si los salteños cumplían con lo prometido, así como los catamarqueños de Raúl Jalil y el conjunto de Provincias Unidas, la oposición tendría más de 129 presentes para el quórum.

Es por este motivo que Santilli llamaba y prometía recursos y obras, una negociación que busca enganchar con la discusión del Presupuesto 2027 (que se presenta la semana próxima). “Basta de promesas, que la ponga por delante antes si quiere que acompañamos. Pero (Luis) Caputo no le va a dar la plata”, masculló un operador norteño.

Martín Menem juntó a los jefes de bloque aliados en su despacho del primer piso de la Cámara de Diputados por la tarde. Ni atinó a pedirles que lo ayudaran a boicotear la sesión: en el oficialismo predominaba, hace horas, la convicción de que la oposición tendría el número. Hasta los sanjuaninos de Marcelo Orrego habían prometido que darían quórum: ninguno quería quedar expuesto en un tema tan sensible como la emergencia en discapacidad.

Los aliados, incluso, le reclamaron a Menem que el Gobierno terminase de pagar una compensación adeudada a los prestadores incluida en la ley sancionada el año pasado. “Sabían que se venía el tema de discapacidad y no hicieron nada igual. Son todos errores propios”, deslizó una radical que suele jugar con el Gobierno, luego de la reunión en el despacho de Menem.

La oposición, mientras tanto, se mostraba confiada: todo marchaba acorde al plan, al menos por ahora. El verdadero desafío, en cambio, vendrá más adelante. Es decir, cuando llegue el momento de unificar un proyecto de consenso sobre la problemática del endeudamiento, ya que hay 50 proyectos presentados. El objetivo es presentar una iniciativa a prueba de impugnaciones presidenciales por representar un costo fiscal.

En el peronismo anticipan que, cualquiera sea el proyecto final, probablemente derivará en un veto presidencial. Y que, a diferencia de los números del año pasado, el oficialismo cuenta con un tercio para blindar cualquier veto. La discusión pasa por otro lado: sostener la agenda de los endeudados y forzar al Gobierno a dar una respuesta o, al menos, hacerle pagar el costo político de un veto antipático en la previa de un año electoral.

MCM/MG

Los distintos bloques de la oposición en la Cámara de Diputados presentaron en las últimas horas formalmente el pedido de sesión para el 9 de septiembre al mediodía con decenas de proyectos vinculados a la prórroga de la emergencia en Discapacidad y la situación de las familias sobreendeudadas con bancos y billeteras virtuales, con el objetivo de forzar el tratamiento en comisión de los proyectos.

La convocatoria lleva las firmas de Germán Martínez (Unión por la Patria), Pablo Juliano (Provincias Unidas), Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), Sebastián Nóblega (Elijo Catamarca), Marcela Pagano (Coherencia), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal).

También acompañan el pedido de sesión para el miércoles 9 de septiembre a las 12 hs Ernesto “Pipi” Ali (UxP), Carlos Castagneto (UxP), Cecilia Moreau (UxP), Martín Lousteau (PU), María Inés Zigarán (PU), Nicolás Massot (EF) y Fernada Ávila (EC).

El miércoles pasado, estos mismos sectores lograron juntar 133 votos en el recinto y, si bien no alcanzó para ampliar el temario de esa sesión, dejó una señal política clara de que existe un piso de voluntades suficiente para doblegar al oficialismo en torno a estos temas sociales tan acuciantes.

Después dieron otra muestra de carácter durante una conferencia de prensa en el Salón de Pasos Perdidos de Diputados con representantes de cada uno de los bloques, en una foto que dio que hablar, alimentando especulaciones sobre un “frente anti Milei” en el Congreso.

El problema que enfrenta el nuevo conglomerado de cara a la citación del 9 de septiembre es que, dentro de la batería de 50 expedientes incorporados en el pedido de sesión sobre el asunto de la morosidad, cada uno tiene giros de comisión diferentes, lo que puede complicar la logística para el pedido de emplazamientos.

El reclamo apunta a una problemática que atraviesa a cerca de 20 millones de personas endeudadas y 6 millones en situación de mora, y que la oposición busca convertir en uno de los ejes de la discusión parlamentaria: familias que acumulan deudas con tarjetas bancarias, billeteras virtuales y tarjetas no bancarias y que, en muchos casos, ya se encuentran en situación de mora.

La inclusión de la totalidad de proyectos sobre el tema, sin dejar afuera a ninguno, responde a la necesidad de contener a todas las fuerzas políticas unidas en esta causa y no herir la susceptibilidad de ninguna, ya que en el recinto cada voto vale y la oposición no puede darse el lujo de sufrir ausencias.

Sin embargo, la multiplicidad de proyectos genera una dificultad técnica, ya que habrá que calibrar bien qué comisiones emplazar.

Los giros que más se repiten en los proyectos presentados sobre endeudamiento familiar son las de Finanzas y la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia.

Ésta última está presidida por el opositor Hugo Yasky (UxP) y su vicepresidenta es Mariela Coletta (Provincias Unidas), por lo que ni siquiera haría falta un emplazamiento para la convocatoria.

Distinto es el caso de la comisión de Finanzas, que es encabezada por el oficialista Santiago Pauli, y no se activará hasta tanto no esté aprobado el emplazamiento en el recinto.

La Argentina encabeza el ranking de morosidad en América Latina, registrando un 7,3% de su cartera en situación irregular, lo que duplica el promedio general regional del 2,78%, según expuso un informe de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban).

En paralelo, el reporte remarcó que la Argentina presenta el ratio de crédito sobre el PBI más bajo de la región, situándose en un escaso 14,3% frente a un promedio latinoamericano del 47,3%. De esta manera, el crédito en el país es casi tres veces menor que en la región a pesar de tener el índice de deuda más elevado.

A nivel regional, la tendencia de la morosidad es alcista en general, ya que la cartera vencida en América Latina creció un 10% respecto a diciembre de 2025 y cerró en marzo de 2026 rozando los US$104.621 millones.

Sin embargo, la brecha argentina se hace evidente al comparar el 7,3% de morosidad con los países con indicadores más bajos de la tabla, como Uruguay (1,7%), El Salvador (1,4%) o República Dominicana (1,1%), y con los que completan el podio de mayor irregularidad regional junto al país, como Brasil (4,3%) y Colombia (3,7%).

Este escenario de alta morosidad convive además con niveles de cobertura inusualmente bajos para amortiguar posibles pérdidas. Según el reporte de Felaban, la Argentina es uno de los pocos países en la región, junto con Panamá, cuyos bancos tienen un indicador de cobertura inferior al 100%, ubicándose en un 84%, muy lejos de países como República Dominicana (316%), Uruguay (226%) o Ecuador (210%).

De los préstamos en situación irregular en el país, que totalizan 14 billones de pesos, el sistema bancario tradicional concentra casi las dos terceras partes, mientras que el tercio restante corresponde a las fintech y otros proveedores no bancarios, como cooperativas o tarjetas de cadenas de supermercados y electrodomésticos.

La aceleración de los impagos ganó fuerza tras la reactivación del crédito al sector privado en los últimos dos años, impulsada por la desaceleración de la inflación, la estabilidad cambiaria y la menor competencia de los títulos remunerados del Banco Central.

Si bien esta reactivación del financiamiento ayudó a consolidar la recuperación económica de la actividad general, trajo aparejado un aumento de la irregularidad en los pagos que hoy divide las opiniones en el plano político y económico.

Mientras el Gobierno nacional sostiene que las deudas que afrontan alrededor de 7 millones de argentinos “es un asunto entre privados” y que no intervendrá, analistas y sectores de la oposición recomiendan que el Banco Central tome medidas para auxiliar a los deudores.

Un trabajo realizado por el analista Mati Fernández muestra una radiografía de la mora en la Argentina: 5,86 millones de personas físicas registraban deudas atrasadas en junio de 2026, equivalentes al 27,1% de los deudores relevados, mientras que la morosidad alcanzaba el 15,5% del monto total adeudado.

El análisis fue elaborado a partir de los microdatos de la Central de Deudores del Banco Central, correspondientes a junio, y del panel de los últimos 24 meses, cruzados con información del padrón de ARCA.

Los datos muestran una fuerte diferencia entre la cantidad de morosos y el volumen de dinero comprometido. El 17% de las personas con atrasos debe menos de $100.000 y casi el 40% menos de $400.000. En cambio, el 14,5% de los morosos con mayores obligaciones concentra el 73% del monto total en mora.

Los bancos tradicionales concentran alrededor del 65% del dinero en mora. Las entidades privadas explican el 45% del monto y el 27% de las personas, con una mediana de deuda atrasada de $1.458.000, mientras que los bancos públicos representan otro 20% del volumen.

La situación es diferente cuando se mide la cantidad de personas. Mercado Libre/Mercado Pago concentra el 19% de los morosos, pero apenas el 2,9% del monto, con una mediana de deuda en mora de $116.000.

Fernández atribuyó ese comportamiento a la fuerte expansión de la inclusión financiera y al otorgamiento de créditos de montos relativamente bajos, por lo que consideró que la compañía no aparece como la principal responsable del volumen de deuda impaga.

Por su parte, el segmento denominado “crédito rápido no bancario”, que comprende firmas como Credicuotas, Moni, Waynicoin y Mins, reúne al 22,6% de las personas en mora y el 7,7% del monto. La mediana de deuda ronda los $500.000 y la tasa promedio de mora alcanza el 52%, con niveles superiores en algunas entidades.

Las tarjetas no bancarias, casas de electrodomésticos y supermercados concentran, en conjunto, alrededor del 35% de las personas con atrasos y el 14% del volumen adeudado. Además, el 17,8% de los morosos ya figura en carteras de recupero.

Uno de los datos que más se destaca en la radiografía corresponde a los jóvenes de entre 18 y 25 años. La cantidad de deudores de esa franja aumentó 38%, pero su tasa de mora pasó del 24,7% al 40,8%, con una mediana de deuda atrasada de $282.000.

El estudio también señala que el endeudamiento no está extendido entre una gran cantidad de acreedores: el 50% de los deudores mantiene obligaciones con una sola entidad y el 90% con un máximo de tres.

Fernández no encontró una correlación directa clara entre los niveles de mora y variables como pobreza o desempleo. El análisis identifica, en cambio, una mayor relación con el peso de los créditos otorgados por entidades no bancarias y con el deterioro del poder adquisitivo.

Otro indicador es la caída en el ingreso de nuevos deudores al sistema: las entradas mensuales bajaron de alrededor de 840.000 a 542.000 personas, mientras las salidas de personas al día permanecieron relativamente estables en torno a 450.000.

El analista también puso el foco en la carga impositiva sobre el crédito, que incluye IVA sobre intereses, Ingresos Brutos, impuesto al cheque, sellos y tasas municipales, y señaló que distintas estimaciones ubican su incidencia entre una cuarta parte y más del 40% del costo financiero.

Como conclusión, Fernández planteó que el deterioro de la mora estaría asociado a una combinación de expansión del crédito, pérdida del poder adquisitivo y políticas de riesgo más laxas en algunos segmentos no bancarios. Entre sus propuestas mencionó mayores controles sobre los créditos rápidos y tarjetas no bancarias, una reducción de los impuestos que encarecen el financiamiento y especial atención sobre el endeudamiento de los jóvenes.

El autor aclaró que se trata de un análisis independiente realizado sobre datos primarios y que los cruces pueden contener errores, por lo que los resultados deben considerarse con esa salvedad.

Con información de NA.

Ya pasaron varios meses desde que los datos sobre endeudamiento, pero principalmente mora (es decir “no pago” de las deudas) están en los medios masivos. El Gobierno descarta aplicar políticas públicas para intentar resolver el problema culpando a los endeudados. Aunque el problema se presenta en todo el sistema financiero, la parte más complicada aparece en las “fintech” o billeteras virtuales. Estas plataformas llegaron prometiendo simplificar la vida, “incluir financieramente” a todos. Pero detrás de esa promesa democrática y simplificadora, se comenzó a alimentar un problema social angustiante: el sobreendeudamiento de jóvenes, adultos y familias enteras.

Pero, más allá de dobles varas, ¿por qué el Gobierno sí condona deudas a empresas? ¿O apunta a cuestiones pseudo teóricas como el “moral hazard”? ¿Por qué propone sucesivos blanqueos que rompen los incentivos a pagar impuestos y llama héroes a los evasores? Mientras tanto, el ministro Caputo sostiene que “no puede hacer nada”.

Pero el Gobierno no solo es responsable por una situación que afecta a unas 7 millones de personas, sino que es resultado directo de sus políticas. El crédito aparece en el discurso oficial como la solución mágica a los problemas del crecimiento que excluye a los principales sectores, la destrucción de empleo y la baja de ingresos. Pero esa magia tiene un límite, ya cumplió ese rol en 2025 y ante los problemas de la política económica ya no puede cumplirlo. Ahora solo quedan sus consecuencias. Tampoco podemos olvidar la desregulación de tasas de interés al comienzo de su gestión o el desmanejo de la política monetaria que eleva irresponsablemente las tasas cada vez que el dólar amenaza con subir.

Pero si la razón del endeudamiento son los ingresos que no alcanzan, la solución tampoco puede ser una simple refinanciación porque evidentemente las familias tampoco están en condiciones de pagar incluso con tasas de interés “razonables”. Y este problema es particularmente acuciante ya que las familias de ingresos más bajos e inserciones laborales más precarias son las que mayores tasas de interés pagan.

Créditos que queman y tasas que castigan

Empecemos por el comienzo, ¿por qué se endeudan las 7 millones de personas que luego no pueden hacer frente a los pagos? Dada la magnitud del fenómeno, la clave está en que el ingreso disponible de las familias no alcanza para cubrir sus gastos. Los datos oficiales sustentan tal afirmación, en relación a noviembre de 2023; cerca de 6 millones de asalariados registrados cobran en mayo de 2026 un 5% menos en términos reales, los asalariados públicos se ubican un 18% (con los nacionales un 35%) abajo y los jubilados de la mínima tienen un haber un 10% menor. Además, tenemos 330 mil puestos registrados menos que han sido reemplazados por puestos informales de menor ingreso y calidad. Los datos de consumo muestran lo mismo; los rubros de consumo masivo se encuentran por debajo de 2023, mientras que los de mayores ingresos crecen. En ese contexto, acceder al crédito permitió durante 2025 sostener niveles de consumo. Pero ante el deterioro de la economía y el mercado laboral, se vuelve extremadamente difícil pagarlo.

Pero lo que antes era un proceso más lento y pausado, ahora es muy veloz. En dos “clicks” se puede comprar sin tener fondos, pagar las deudas de tarjeta con préstamos, y múltiples etc. Todo sin ningún tipo de control, información o cuidado por los deudores. Los datos que circulan son claros, Mercado Pago -la principal Fintech del país- tiene costos financieros totales (CFT) que van del 200% a 1000% anual; pero los bancos tampoco se quedan muy lejos y ni que hablar de los circuitos informales de créditos en los barrios. Estamos hablando de tasas de interés que al menos cuadruplican las previsiones de inflación. Como vemos, la política económica de Milei creó la demanda desesperada por crédito y, desregulación mediante, las características de la oferta de estos créditos que hoy son impagables.

Un caso particular dentro de las miles de historias son los jóvenes, la mayor porción entre los deudores y también entre los trabajadores informales. Un lugar donde convergen ambos mundos, son los trabajos de plataforma. Allí las plataformas operan a ambos lados del mostrador: mientras el algoritmo reduce la tarifa porque hay muchos trabajadores conectados y pocos pedidos, ofrecen créditos a tasas usurarias para “compensar” ingresos menores. Ni hablar si se rompe el vehículo o sufre un accidente, para eso también hay créditos. En este caso particular se ve la responsabilidad del gobierno nuevamente, por un lado, permite que las empresas transfieran el riesgo a sus trabajadores y luego, por el otro, habilita el negocio financiero. Y aquí estamos.

Sin embargo, el problema no solo es acuciante y relevante por la cantidad de personas involucradas. También lo es, porque el sistema financiero ante la morosidad responde aumentando aún más las tasas para hacer frente a previsiones de pérdida o intentar compensarlo. Así que, si no hay una solución para los deudores sufren todos, y la economía en su conjunto estará peor. Allí se ve claramente por qué el gobierno debe intervenir con políticas activas y regulación.

No es un problema entre privados

El sobreendeudamiento de las familias es, en definitiva, otra cara del modelo de Milei que comprime el consumo de bienes, precariza el empleo y, cuando eso no alcanza para llegar a fin de mes, ofrece crédito caro como única válvula de escape. Atender el problema como una consecuencia social de la política económica es un paso impostergable.

Para eso se necesita regular nuevamente las tasas de interés de todos los agentes del sistema financiero. Aquí no puede haber exclusiones, sean bancos o “billeteras virtuales” todas deben seguir las regulaciones establecidas con topes claros en las tasas y costos que pueden establecer como en la información que deben proveer al cliente.

También debe ser regulada la forma de gestión de esas deudas, prohibiendo las estrategias que se están haciendo conocidas en estos días donde las empresas tercerizadas de cobranza se comunican con cualquier persona vinculada a un deudor con tal de lograr el pago. Ese trato es inaceptable.

En todo esto, no debemos excluir la posibilidad de avanzar por vía penal. La usura está tipificada en el artículo 175bis del Código Penal. Allí claramente se indica que hay usura cuando se presta “aprovechando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona” haciendo prometer intereses desproporcionados. Lo mismo indica para aquellos que adquieran esas deudas e intenten cobrarlas.

Por otro lado, se debe dar curso al debate sobre la multiplicidad de proyectos legislativos que impongan un marco de refinanciación de las deudas bajo ciertas condiciones y ampliar las líneas de crédito de los bancos públicos de manera similar a lo que ya están haciendo el Banco Ciudad y Provincia. A su vez, políticas temporales de extensión de los plazos para determinar las categorías de los deudores o para el inicio de embargos podría ser una alternativa simple para reducir los daños de esta situación.

Lamentablemente, dada la situación económica y laboral y las nulas perspectivas de cambio de la situación, también debemos considerar que aún refinanciando las deudas en condiciones razonables muchas familias no podrán hacerse cargo de ellas. Simplemente no tienen los recursos. En esas situaciones, se debe considerar aplicar moratorias bajo condiciones que permitan a las familias recuperar su solvencia antes de exigirles el repago de deudas imposibles.

Frente a la frase de Caputo, es claro que hay mucho que se puede hacer frente a esta situación. Sin embargo, la principal causa es la política económica que no logra ni dinamizar el crecimiento, mucho menos el empleo y deteriora los ingresos como herramienta antiinflacionaria.

Todas estas iniciativas u otras que puedan surgir adicionales o alternativas son necesarias, pero no suficientes para empezar a mejorar las condiciones de vida de las familias, para eso necesitamos otra política económica.

*El autor es economista del Grupo Paternal y su cuenta en redes sociales es @juanmgrana

La CGT, las dos CTA y movimientos sociales se movilizaron este jueves al Ministerio de Economía para reclamar medidas frente al creciente endeudamiento de las familias y las Pymes y exigieron al Gobierno de Javier Milei la implementación de un programa de refinanciación de deudas.

Las organizaciones entregaron en el Palacio de Hacienda un documento con una serie de propuestas para enfrentar la morosidad y cuestionaron el costo del financiamiento que deben afrontar trabajadores, familias y pequeñas y medianas empresas.

La movilización no tuvo un acto con discursos, ya que no se montó un escenario frente al Ministerio. Sin embargo, distintos dirigentes sindicales plantearon durante la jornada sus críticas a la política económica y reclamaron una intervención del Estado para limitar el impacto del endeudamiento.

Entre los principales pedidos incluidos en el documento figura que el Gobierno cumpla con la función de regulación del Banco Central respecto de los niveles de las tasas de interés aplicadas a préstamos bancarios, aplicaciones financieras, billeteras virtuales y otros mecanismos que puedan generar endeudamiento de personas físicas.

Las centrales también reclamaron analizar la situación de endeudamiento de las Pymes, al advertir que el deterioro de su capacidad financiera compromete el capital de trabajo, amenaza la continuidad de las actividades y pone en riesgo fuentes laborales. Además, pidieron poner en marcha un programa de refinanciación que permita atender el “alarmante nivel de morosidad”, con tasas acordes a la evolución de los ingresos.

Qué plantea el documento entregado en Economía

El escrito sostiene que el equilibrio macroeconómico no debería limitarse a las variables financieras, sino que también debería contemplar una solución al endeudamiento y la morosidad de familias y Pymes, con el objetivo de reactivar el consumo y la producción.

Las organizaciones plantearon que la caída de los ingresos y el deterioro del consumo se combinan con el elevado costo del endeudamiento, una situación que, según señalaron, dificulta que las familias puedan afrontar las cuotas y llegar a fin de mes.

El documento también advierte sobre el crecimiento de la morosidad financiera formal, tanto en el sistema bancario como en otros canales de financiamiento. “Cuando una familia deja de poder pagar una tarjeta de crédito o un préstamo, deja de consumir. Cuando una empresa no puede financiar su capital de trabajo, reduce su actividad”, señalaron las organizaciones en el escrito.

En esa línea, sostuvieron que la caída simultánea del consumo y la producción termina afectando también al empleo. Otro de los puntos destacados es la situación de las personas que, al quedar fuera de los canales formales de crédito, recurren a mecanismos informales de financiamiento para cubrir necesidades básicas.

El documento advierte que esas familias quedan expuestas a intereses que calificaron de “usurarios” y reclamó políticas públicas específicas para abordar esa problemática. Para las organizaciones, una alternativa sería refinanciar las deudas, extender los plazos y reducir transitoriamente la presión de las cuotas, de modo que las familias puedan recuperar capacidad de consumo y las empresas sostener sus niveles de producción.

Aguiar: “No hay que descartar un estallido social”

El secretario general de ATE y referente de la CTA Autónoma, Rodolfo Aguiar, cuestionó durante la movilización la situación de endeudamiento de los hogares y advirtió sobre sus posibles consecuencias sociales. “No hay que descartar que sea el alto nivel de endeudamiento el que se termine convirtiendo en el desencadenante de un estallido social en el país. La situación que en este momento atraviesan millones de hogares en Argentina es dramática”, sostuvo.

Aguiar reclamó que el Gobierno intervenga para limitar las tasas que consideró abusivas y propuso implementar un programa de desendeudamiento para las familias que, según planteó, tuvieron que recurrir al crédito para poder afrontar sus gastos cotidianos. El dirigente también apuntó contra el presidente Javier Milei y contra el exministro de Economía Luis Caputo por el rumbo de la política económica. “El Gobierno no puede seguir mirando para otro lado”, afirmó Aguiar, quien sostuvo que el Ejecutivo cuenta con herramientas para intervenir frente al problema del endeudamiento.

También cuestionó los beneficios que, según su planteo, recibió Mercado Pago y contrapuso esa situación con las dificultades que atraviesan los hogares para llegar a fin de mes. “Hoy existen claramente dos argentinas: una llena de privilegios, con beneficios y subsidios, y otra Argentina llena de injusticias”, afirmó.

De la movilización participaron los integrantes del triunvirato de la CGT, Cristina Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello, además de otros dirigentes de la central, entre ellos Gerardo Martínez y Andrés Rodríguez.

La CGT también difundió un mensaje en sus redes sociales en el que cuestionó el nivel de endeudamiento de los hogares y afirmó que se trata de una consecuencia de las políticas económicas del Gobierno.

Según los datos citados de la situación financiera de los hogares, más de 20 millones de personas mantienen deudas con bancos y entidades no bancarias, mientras que la morosidad de las familias se cuadruplicó desde diciembre de 2023 y alcanzó el 17,5% de los créditos personales.

El reclamo de las centrales sindicales apunta así a que el Gobierno incorpore el endeudamiento y la morosidad de las familias y las Pymes como parte de la agenda económica y avance con un esquema que permita aliviar el peso de las cuotas y recuperar capacidad de consumo y producción.

El movimiento social y político Libres del Sur convocó a un boicot contra Mercado Libre, la plataforma de Marcos Galperín. La fecha que seleccionaron es el próximo 17 de agosto y la medida propone no utilizar todos los servicios de la compañía, como la plataforma de compra y venta de productos, Mercado Pago ni Mercado Crédito durante 24 horas.

Bajo el lema “El ajuste de Milei es una pistola en la cabeza de nuestro pueblo”, la organización que conduce la dirigente Silvia Saravia criticó con dureza las políticas económicas del Gobierno nacional y apuntó contra la desregulación de los límites a las tasas de interés en tarjetas de crédito y billeteras virtuales. Aseguran que se aplican cobros de “hasta un 1300%”.

“Marcos Galperín, los bancos y los fondos de inversión extranjeros se enriquecieron encadenando con intereses usureros a los que menos tienen. No es ‘algo entre privados’, como dicen Milei y Caputo; es un plan deliberado para trasladar ingresos a los que más tienen”, señalaron desde Libres del Sur a través de un comunicado.

En el escrito, el movimiento vinculó el endeudamiento de las familias argentinas con la caída del poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones y la pérdida de más de 300.000 puestos de trabajo en todo el país.

Mencionaron los fuertes aumentos en las tarifas de servicios públicos (luz, gas, agua y telecomunicaciones), además de los incrementos de alquileres tras la derogación de la ley del sector.

Asimismo, la agrupación cargó contra grandes empresarios locales e internacionales, como Elon Musk, Peter Thiel, Joe Lewis y Marcos Galperín: “Los superricos vienen por nuestra patria, para chuparle la sangre a nuestro pueblo”, manifestaron en el documento.

El Banco Nación pone en marcha este lunes una nueva línea de refinanciación para clientes que acumulan más de tres meses de atraso en sus pagos. La medida alcanza a deudores en situación crediticia 3, 4 y 5, según la clasificación del Banco Central: perfiles de riesgo medio, alto o incluso considerados irrecuperables.

La novedad no está sólo en la existencia de otra herramienta bancaria. Está en el tipo de cliente al que apunta. El Nación ya había lanzado en mayo un paquete para consolidar deudas, refinanciar tarjetas y ofrecer alternativas a clientes con atrasos menores. Ahora la asistencia se extiende hacia moras más profundas, en un contexto en el que la deuda de los hogares dejó de ser un problema aislado y pasó a formar parte de la economía cotidiana de millones de trabajadores.

La nueva línea permitirá refinanciar deudas de consumo originadas en pesos o en UVA, con actualización por CER, y tendrá un plazo máximo de 120 meses. La tasa será diferencial: 12% nominal anual fija para quienes cobran su sueldo, jubilación o pensión en el Banco Nación, y 14% para el resto de los usuarios. Para mantener la tasa preferencial, el cliente deberá conservar el cobro de haberes en la entidad durante toda la vigencia del préstamo.

El programa estará disponible para trabajadores, jubilados, pensionados, autónomos, monotributistas y usuarios que no cobren sus ingresos en el banco. También podrán incluirse deudores vinculados al segmento de microempresas o emprendedores, cuando correspondan a cartera de consumo.

Quienes ya cobran en el Banco Nación podrán contratar, además, un tope de cuota atado al Coeficiente de Variación Salarial (CVS). Ese mecanismo busca evitar que la cuota ajustada por UVA supere la evolución de los salarios. En esos casos, si la cuota calculada por UVA queda por encima del CVS, se aplicará el límite salarial como referencia.

El anuncio llega después de un nuevo salto de la mora familiar. De acuerdo con el último Informe sobre Bancos del Banco Central, la irregularidad de los préstamos a familias alcanzó el 12,1% del total de créditos en abril. Un año antes, en abril de 2025, era de 3,7%. Es decir, el indicador más que triplicó su nivel en doce meses y llegó al máximo en más de dos décadas.

El deterioro también aparece en el total del financiamiento al sector privado. La cartera en situación de atraso llegó al 7,3% en abril, 0,3 puntos más que en marzo y 5,1 puntos por encima del mismo mes del año anterior. Pero el golpe más fuerte volvió a concentrarse en los hogares: la mora familiar subió 0,5 puntos en un mes y 8,3 puntos interanuales.

Las líneas de crédito más vinculadas al consumo cotidiano muestran la presión con claridad. La mora en préstamos personales llegó al 14,9%; en tarjetas de crédito, al 12,5%; en préstamos prendarios, al 7,3%; y en hipotecarios, al 1,5%. El crédito que durante meses funcionó como complemento del ingreso empezó a quedar fuera de calendario.

Ese recorrido ya venía apareciendo en los datos previos. En marzo, la mora de las familias había llegado al 11,5%, con préstamos personales en 14,2% y tarjetas de crédito en 11,7%. En febrero, las billeteras virtuales y entidades no financieras mostraban una irregularidad cercana al 30% en saldos familiares con más de 90 días de atraso. Mercado Pago, una de las principales puertas de entrada al crédito digital, había triplicado su mora hasta 14,7% entre enero de 2025 y enero de 2026.

La nueva refinanciación del Nación confirma que el problema escaló. Ya no se trata sólo de ordenar saldos de tarjeta o consolidar varias deudas en una cuota. La entidad estatal sale ahora a ofrecer una salida para clientes que llevan más de 90 días sin pagar y que, según el propio sistema financiero, ya entraron en categorías de riesgo más severas.

Según estimaciones de la consultora 1816 citadas por Infobae, hay 5,3 millones de personas con al menos un crédito irregular, es decir, impago hace al menos 90 días, ya sea con entidades financieras o no financieras. Sobre un universo de 20 millones de personas con préstamos, eso representa el 26,7% de quienes tienen algún tipo de financiamiento.

El dato marca un límite para el discurso de normalización del crédito. Durante buena parte de 2024 y comienzos de 2025, el endeudamiento ayudó a sostener consumos, cubrir gastos corrientes o estirar salarios golpeados. Pero una vez que la mora sube de manera sostenida, el crédito deja de funcionar como puente y empieza a convertirse en una carga que necesita ser reprogramada.

Para los bancos, la refinanciación permite reducir el riesgo de incobrabilidad y recuperar capacidad de pago de los clientes. Para los hogares, puede significar alivio inmediato: una cuota más baja, un plazo más largo y un calendario más ordenado. Pero también implica estirar hacia adelante una deuda que nació, muchas veces, porque el ingreso mensual no alcanzó.

La medida del Banco Nación tiene dos lecturas al mismo tiempo. Es una herramienta concreta para quienes quedaron atrapados en atrasos prolongados. Y es, también, una señal del tamaño del deterioro: cada vez más familias llegan al banco no para tomar crédito nuevo, sino para renegociar deudas vencidas que el salario ya no pudo sostener.

JJD

El presidente de EE.UU., Donald Trump, prometió este martes apoyo incondicional para la reelección de su principal aliado latinoamericano, Javier Milei, tras la cumbre entre ambos mandatarios. Su secretario del Tesoro, Scott Bessent, había anunciado un día antes una ayuda –léase, endeudamiento– sin condiciones a cambio. El ministro de Economía, Luis Caputo, fue testigo de la cita presidencial y anticipó que se habló de una cifra “específica”, pero aclaró que dejará que EE .UU. la anuncie.

Entre estos gestos y la suspensión de retenciones al agro y las carnes hasta las elecciones legislativas del 26 de octubre, el dólar se derrumbó de $1.523 el pasado viernes a $1.385 y el riesgo país, indicador del peligro de default, de 1.456 puntos básicos a 1.023. Pero entre analistas independientes, o mandriles, como tacharía Milei, el crédito de EE UU y el impulso a liquidar exportaciones agropecuarias sin retenciones constituyen dos medidas que calman la crisis cambiaria quizás hasta los comicios, aunque no la resuelven de ahí en más.

“Es una bandita (curita) temporal”, sentencia Mauricio Monge, economista senior de la consultora británica Oxford Economics. “Ciertamente ha ayudado a bajar el pánico que se había generado por el resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tanto va a durar? Depende de qué tan bien le vaya al Gobierno en las elecciones de octubre. Buscar el apoyo del Tesoro (de EE.UU.) fue básicamente para dar un golpe de confianza para decir que tienen los fondos para cubrir los pagos (de deuda) en 2026. Ahora hay que ver cuánto les van a prestar. Argentina necesita casi US$10.000 millones para pagarles a los bonistas”, analiza Monge.

¿Cuál es el precio que reclamará Trump a cambio? Ya de por sí Milei se ve alineado completamente con Trump en todo, incluso en su agenda global de temas como salud o medio ambiente. Además, le ha vendido a una empresa norteamericana, Arc Energy, la única compañía estatal que fue capaz de privatizar a pesar de sus deseos, la metalúrgica Impsa, y su presidente en Nucleoeléctrica Argentina, Demian Reidel, ha anunciado un acuerdo con una firma estadounidense cuyo nombre mantiene en secreto para desarrollar pequeños reactores nucleares.

Pero la alianza podría ir más allá. “Tal vez EE.UU. pida condiciones en las relaciones internacionales, que Argentina quite su swap line (línea de financiamiento con canje de monedas) con China y no busque vínculos con países considerados enemigos... habrá que ver qué sucede con Brasil”, especula Monge.

La suspensión de retenciones, a su vez, provocará una mayor liquidación del agro y la ganadería, según coinciden Monge y otros de sus colegas que hasta lo igualan con el dólar soja de Sergio Massa como ministro de Economía en 2022. Sin impuestos, los productores ganan 25% más. “Pero no será un flujo de dólares suficiente como para resolver el problema de la Argentina”, opina el consultor de Oxford Economics, y añade: “Se debe devaluar el peso un 20%, el dólar debería estar a $1.600 para que las exportaciones se estimulen y las importaciones se corrijan porque está demasiado altas”.

“Estas medidas son temporales, eleccionarias”, analiza el exviceministro de Economía Orlando Ferreres. “La política actual es de corto plazo. La baja a cero de las retenciones es de un mes, conseguís US$7.000 millones”, se refiere a un acuerdo al que arribó el Gobierno con las cerealeras. “Los exportadores van a liquidar, pero la baja de las retenciones puede implicar algún aumento, no muy grande en los precios (de los alimentos)”, advierte Ferreres. Sucede que los impuestos a la exportación le ponen un tope a los valores que los productores pueden vender en el mercado interno. Al quitarlos, pueden pedir más por sus granos o carnes en la plaza interna y si no, la mandan para el extranjero.

“Trump va querer algunas garantías por su préstamo, o swap, o compra de bonos en dólares”, aclara Ferreres. “Después del 26 de octubre viene cierto reordenamiento del programa económico. Hay que pensar más en la inversión bruta interna fija (la de maquinaria y construcción) y darle perspectivas al sector real de la economía: productividad, más salario real, cambios laborales, cambios impositivos, menor pobreza”, completa el consultor.

“Son dos parches importantes, potentes, pero no resuelven el problema de fondo, lo patean para adelante, es como cargar nafta a un tanque pinchado”, contesta Pedro Gaite, de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE). “Porque la Argentina no tiene sólo un problema de falta de reservas sino uno de flujo, necesita generar más dólares de los que salen. Con este tipo de cambio no tenés un flujo positivo para acumular reservas. La suspensión de retenciones mejora la rentabilidad del agro y, al ser por un mes, es esperable que los exportadores liquiden, pero hay que ver cuántos dólares entran. Quizás entran US$4.000/5.000 millones. El tema es que el exportador, una vez que liquidó, no compre dólares, como se ve hasta ahora”, advierte Gaite.

“Después está el problema del día después: porque los dólares que se liquiden ahora serán los que no vas a tener después, con lo que las expectativas de devaluación poselecciones podrían incluso aumentar”, alerta el economista de FIDE. “Ya pasó con la baja temporal de retenciones en el segundo trimestre del año: ahora estamos sufriendo las consecuencias del adelantamiento de exportaciones.”

Gaite calcula que la baja tributaria costará el 0,25% del PBI, “un montón de guita, pero no va a implicar una gran reducción del superávit fiscal, del 1,6% del PBI al 1,4%, aunque es contradictorio con su discurso de que por cada aumento del gasto hay que mostrar la partida de dónde se saca”. Además, la medida “puede tener traspaso a precios, pese a que buscan evitar una aceleración inflacionaria bajando el tipo de cambio”.

“Hay que ver cuánto termina entrando de EE UU, cuándo, para qué se usa y con qué condiciones, más allá de las financieras”, abre el paraguas el economista de FIDE. “Si llega antes de las elecciones, puede que los dólares se terminen fugando. Podés mantener un tipo de cambio bajo, pero después puede subir y además hay que repagar el crédito a EE UU.”

En uno de los principales bancos argentinos analizan el préstamo bajo condición de anonimato: “Nada es gratis en la vida. Habrá que ver qué piden a cambio, imposible saberlo, excede largamente el terreno de la economía”. En cuanto a las retenciones, calculan que implica una pérdida de recaudación tributaria de $1,9 billones, “pero igual se alcanzaría el superávit fiscal financiero, no necesariamente la meta de 1,6% del PBI acordada con el FMI (Fondo Monetario Internacional) para el superávit primario (antes del pago de la deuda). ”Con lo cual quizás no ajustan nada. A priori, la medida podría funcionar para que el campo liquide, pero un poco va a depender de lo que anuncie el Tesoro que importa ahora, el de EE UU“, bromean en el banco.

En otra entidad financiera opinan que el préstamo y las retenciones cero “no resuelven la crisis, pero le da tiempo al Gobierno para llegar con muchas menos tensiones a la elección y les debería ayudar a pensar en lo que viene con más calma”. “Un apoyo tan claro de EE UU va a mejorar el desempeño electoral del Gobierno en la proxima elección”, pronostican en este banco, aunque consultores políticos como Jaime Durán Barba consideran lo contrario.

En un tercer banco observan que el Gobierno ganó “tiempo para ordenar el régimen cambiario y la política monetaria sin incurrir en disrupciones desestabilizantes, en particular antes de las elecciones”. Agregan que el gobierno de Trump no contradecirá al FMI en cuanto a la exigencia del organismo de que se empiecen a acumular reservas de una buena vez.

En un cuarto banco destacan “un cambio de expectativas, que antes estaban desancladas”, pero aclaran que “hay que ver el detalle de lo que ofrece EE UU”. “Estructuralmente, el mercado de cambios puede que siga demandado, pero que la corrección sea lenta. Algo puede haber de presión en los precios por la baja de retenciones, pero limitada por el bajo nivel de actividad. La economía va camino de acumular dos trimestres seguidos de caída, es decir, de declararse oficialmente en recesión.

En una sociedad de bolsa reconoce que “hasta ahora el anuncio de Bessent ha ayudado a cambiar las expectativas y es necesario que se conozcan mejor las características del acuerdo para ver realmente cuánto puede influir”. “Por ahora esto le da vida al sistema de bandas cambiarias hasta las elecciones de octubre, pero el resultado de las mismas sigue siendo el principal determinante sobre el futuro de la crisis. En cuanto al apoyo de Trump, probablemente implique un alineamiento geopolítico con Washington aún mayor tratando de balancear el peso de China en el pais. En fin, un contrapeso al swap chino, el cual Bessent ya critico en el pasado y reclamó que Argentina debía darlo de baja”, agregan en la firma bursátil.

“La baja de retenciones costará alrededor de 0,15% del PBI, unos US$1.200 millones, si es que llegan a liquidar los US$7.000 millones”, continúa en la bolsa. “No creo que el gobierno recorte nada en especifico para compensarla sino más bien seguirá con su politica de control de gasto en donde tiene poder de acción, como es subsidios energéticos, transferencias a provincias y gasto de capital (obra pública). En la situación critica que está el programa economico, el costo fiscal de la medida es bastante menor comparado con el apoyo financiero que podría dar EE UU. La caída de la recaudación no se compara con una ayuda financiera de entre 7.000/10.000 millones que se esperan de EEUU. Eso sí, podemos ver algún aumento mayor en los precios de los alimentos, por la mejora en el precio efectivo de exportación, algo que se vio en el primer trimestre del año, cuando se realizó la primera baja transitoria de las retenciones”, finalizan el análisis.

En el mundo académico, un profesor advierte sobre las dos medidas del Gobierno para contener el dólar: “Es una solución temporal porque depende del 26 de octubre. Lo esencial es cuál va a ser el esquema de salida de la banda cambiaria. El Tesoro, a través del FMI, va a pedir flotación del tipo de cambio y acumulación de reservas. Si el kirchnerismo asoma como opción para 2027, la flotación será más traumática. En cuanto a la baja de retenciones, no implicará mucho ajuste del gasto, aunque la inversión pública seguirá abajo, ni tampoco habrá cambio de escalón inflacionario... eso será un tema de octubre o noviembre si hay incertidumbre sobre el régimen cambiario poselectoral”.

“Lo único que veo es que siguen sin comprar reservas”, alerta otro catedrático. “Si yo tuviera pesos, a este precio compraría”; añade. Al menos, el diario Clarín publicó rumores del mercado de que este martes el Tesoro volvió a comprar dólares, después de semanas de tensión.

AR

“Milei dijo que las necesidades financieras del año que viene están cubiertas”, dice uno de los pasajes de la entrevista al presidente que el Wall Street Journal publicó esta semana; pasaje que no fue jerarquizado por el diario estadounidense, pero sí tuvo rebote en conversaciones con analistas financieros y en grupos de whatsapp de economistas y periodistas. Es que algunas de las preguntas que surgen en la Argentina de la eterna restricción externa como limitación al crecimiento económico son: ¿Tenemos los dólares para pagar los vencimientos de deuda y seguir sosteniendo este tipo de cambio? ¿De dónde salen? ¿Cuáles son los riesgos? ¿A costa de qué?

“La sensación es que los dólares para que el tipo de cambio se pueda sostener el año que viene están, de no mediar ninguna sorpresa”, se anima en diálogo con elDiarioAR el director de Economía de Fundar, Guido Zack. 

Martín Rapetti, el director ejecutivo de la consultora Equilibra, lo pone en duda: “La sostenibilidad del esquema en el corto plazo dependerá de que el BCRA no pierda muchas reservas camino a las elecciones”. En su último informe de coyuntura calcula que el Gobierno deberá conseguir financiamiento externo post-elecciones de medio término para, de cualquier manera, terminar con mayor cantidad de reservas negativas en un escenario de crecimiento moderado. En un escenario optimista como plantea el oficialismo, los cálculos resultan en un “módico” margen para sumar US$2.200 millones más a las arcas del Banco Central.

¿Para qué necesitamos dólares en 2025?

En función de lo que la economía argentina y este sistema económico demanda para funcionar, 2025 requerirá dólares para los vencimientos de deuda (bonistas, FMI, otros organismos internacionales, provinciales), por alrededor de US$20.600 millones. 

El otro gran requerimiento de dólares será por importaciones, variable que refleja uno de los grandes problemas de la economía argentina: “Si es cierto que el año que viene vamos a tener el crecimiento económico que el Gobierno predice, eso implica un mayor caudal de demanda de dólares por importaciones. Ni hablar si se sostiene este tipo de cambio”, asegura la economista de Paridad en la Macro Laura Testa.

Equilibria calculó una demanda de US$91.000 millones para un escenario optimista de crecimiento de 5,5% como calcula el gobierno, o de US$84.000 millones para un escenario moderado con crecimiento de 3,5%. 

En ambos casos, prevén una balanza comercial positiva teniendo en cuenta las exportaciones habituales más los US$30.000 millones que proyecta exportar el agro (Bolsa de Comercio de Rosario), el fin del dólar blend y los poco más de US$10.000 millones de exportaciones del sector energético (Economía y Energía).

Finalmente, otra gran demanda de dólares vendrá por el lado intervencionista que el gobierno tiene en el mercado de contado con liquidación (CCL) para controlar el tipo de cambio. Según Equilibra, puede ser US$4.200 (escenario optimista) y US$9.200 millones para un escenario que contempla una corrida cerca de la fecha de elecciones —y mayor intervención para controlar la brecha cambiaria—. En este escenario, asegura la consultora de Rapetti, “el equipo económico tendría que lograr algún mecanismo de financiamiento y, posiblemente, tras las elecciones se alcanzaría un acuerdo con el FMI”.

Las demandas por dólar ahorro y turista no afectan en gran medida a la demanda de dólares, por un lado por el cepo y por el otro por sostener la percepción del 30% del Impuesto a las Ganancias, que lo debería equiparar o hacer más caro que los paralelos, dependiendo el momento.

¿Tenemos los dólares?

Spoiler: sí, si no aparece ningún “cisne negro” que desestabilice la economía , un reto difícil de lograr para la Argentina pero —nobleza obliga— que el equipo económico lo sostiene en los últimos meses.  

La sorpresa puede ser no tan sorpresiva, como una caída en el precio de los commodities una vez que Donald Trump comience a aplicar medidas proteccionistas, un evento político que ralentice la liquidación de las divisas de la cosecha, un evento climático que impacte en la cosecha gruesa, mayor presión a devaluar la moneda dado el escenario de fragilidad de la economía China y sus expectativas de devaluación, una salida anticipada del cepo cambiario, entre otras.

¿A costa de qué?

Es la repregunta que nos hacemos a la pregunta de si tenemos los dólares. El Gobierno logrará terminar el 2024 con una acumulación de reservas netas de US$4.600 millones, manteniendolas aún en el plano negativo. “Por la caída de las importaciones que generó el enfriamiento de la economía, giros de organismos multilaterales, y un blanqueo muy generoso que ayudó bastante”, grafica Testa. 

Para el año entrante, el equipo de Caputo apuesta al ingreso de dólares por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), más exportaciones del agro y energía, y la posibilidad de aumentar el endeudamiento: “Si el riesgo país sigue bajando, una vez que perfore los 400 puntos, se abren las posibilidades de refinanciar o financiar con tasas por debajo del 10%, no sostenibles en el largo plazo pero si en el corto plazo, es decir 2025”, explica Zack, que menciona dos cartas que el equipo económico tiene disponibles para una emergencia, pero aún sin usar: el endeudamiento por US$ 3000 millones del REPO que es a una tasa poco conveniente y, menos disponible, un nuevo acuerdo con dólares frescos del FMI. 

“Y el mayor costo es el de sostener un tipo de cambio históricamente bajo a costa de endeudamiento, beneficios fiscales, exportaciones sin agregado de valor que hace que muchos sectores no vayan a poder producir y convertirnos en un país exportador de bienes primarios del agro, energía y minería con mucha exposición al mundo”, asegura Zack, “Milei lo dijo hace poco, hay muchas empresas que pueden ir a la quiebra”.

La economía argentina avanza hacia un 2025, segundo año de la gestión del tándem Milei-Caputo, haciendo un equilibrio precario, sostenida por supuestos optimistas y riesgos latentes. En el corto plazo, las cifras pueden cerrar; en el largo, el costo será una mayor dependencia de bienes primarios y endeudamiento. El desafío probablemente no sea solamente cubrir los dólares necesarios sino evitar que el precio sea resignar un crecimiento sostenible.

NR/JJD

Un informe de la consultora económica y financiera de Luis “Toto” Caputo, Anker Latinoamérica, con fecha del 24 de mayo pasado despertó en ese momento el interés de Javier Milei. “La dolarización es una alternativa de difícil implementación, que requiere una arquitectura legal y financiera compleja, pero no imposible de llevar adelante, como suelen simplificar algunos medios o colegas”, concluía el reporte del ex ministro de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri, en el que duplicó el endeudamiento del Estado con el sector privado de 2015 a 2018, y expresidente del Banco Central durante tres meses de 2018, hasta que fue eyectado por pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI) ante sus violaciones del acuerdo firmado. Es el mismo economista con larga trayectoria en la banca que ahora fue confirmado por Milei para encabezar el Ministerio de Economía.

En aquel paper, Caputo, que enfrenta causas judiciales por presunto ocultamiento de patrimonio y por el pacto con el FMI, advertía, sin nombrarlo, que la propuesta de dolarización de Emilio Ocampo, que hasta hace días era el candidato a presidir el Banco Central, iba a recaudar sólo US$12.000 millones para cambiar esos dólares por los pesos circulantes. Ocampo, que renunció a la futura conducción de la autoridad monetaria por sus diferencias con Caputo, especulaba con que iba a conseguir US$30.000 millones. ¿Cómo? Creando un fideicomiso con toda la deuda pública en manos del Banco Central y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

“¿Qué otros activos financieros podrían respaldar la dolarización?”, se preguntaba Caputo en aquel documento que también llevaba la firma de su ex subsecretario de Financiamiento en el gobierno de Macri, Santiago Bausili, y de otros colegas de su consultora, Federico Furiase, Martín Vauthier -dos que suenan para el gobierno de Milei- y Felipe Berón. “El valor de mercado hoy de las acciones en poder del FGS es de aproximadamente USD4.000 millones, con potencial de revalorización en un contexto político y económico más favorable”, proponía el eventual ministro, una idea que efectivamente aceptó Ocampo. El fondo de la Anses es un importante accionista minoritario del Banco Macro, Telecom, la siderúrgica Ternium (del grupo Techint), Grupo Financiero Galicia y Molinos Río de la Plata, entre otras compañías.

“¿Podría aportar nuevos fondos frescos el FMI en un nuevo programa?”, se preguntaba Caputo tras la pelea de 2018. “Sí, basados en nuestra experiencia en el sector público, creemos que es posible, e incluso factible, en una nueva renegociación y acuerdo con el FMI, el aporte de fondos frescos por entre USD10.000 y USD15.000 millones. El monto definitivo dependerá de la cantidad de dólares necesarios para implementar la dolarización, la robustez del programa económico en su conjunto y el poder de negociación del país”, planteaba el eventual ministro la posibilidad de elevar el endeudamiento con el Fondo, después de que hace cinco años le entregara a la Argentina el mayor préstamo dado a cualquier nación en su historia.

Pero los que conocen cómo funciona el organismo advierten que es difícil que el FMI vuelva a financiar a la Argentina después de haberle entregado en 2018 US$45.000 millones y que tanto en el gobierno de Macri como en el de Alberto Fernández se haya incumplido las metas de los diversos acuerdos firmados desde entonces. Y menos si quien le pide el dinero es Caputo, de quien quedó un mal recuerdo en el staff, más allá de que ya no está al frente Christine Lagarde (ahora conduce Kristalina Georgieva) ni en el área latinoamericana persiste Alejandro Werner (ahora está Rodrigo Valdés). Sucede que en septiembre de 2018, cuando era presidente del Banco Central, Caputo quemó en el mercado cambiario parte de las reservas, que se habían reforzado con el crédito del Fondo, sólo para contener infructuosamente una nueva devaluación. Ante esa desobediencia, el FMI pidió su cabeza cuando renegoció el programa con el gobierno de Macri apenas tres meses después de iniciarlo.

De todos modos, quienes han negociado con el organismo admiten que si Milei y su designado ministro de Economía arrancan devaluando y ajustando hasta el hueso, quizás consigan algunos fondos más del FMI o al menos que les pateen los vencimientos de deuda venidos en diciembre próximo y en 2024. “Con un plan así, en el directorio del Fondo van a estar eufóricos. Pero dolarizar no van a apoyar. Sí fortalecer reservas”, evalúan las fuentes mencionadas.

Otros informantes con acceso a la sede del organismo en Washington, previo al viaje que el presidente electo realizó esta semana por EEUU, coinciden: “Al FMI se le puede pedir 10 mil o 20 mil como apoyo de reservas en el marco de un programa de consolidación fiscal y estabilización. No para gastarlos en dolarizar, lo que implicaría que esos dólares fueran usados para comprar la base y activos en pesos, algo a lo que el Fondo ya se opuso. Recordemos que algo similar ocurrió durante el efímero paso de Caputo por el Central: le exigía al Fondo que le dejara usar los dólares del programa para intervenir en el mercado de divisas y asi dar salida a los inversores que habían quedado atrapados en pesos. El Fondo no lo permitió y esta tensión terminó con su renuncia”. En el riñón libertario, preocupado por la salida de Ocampo, pero firme en el apoyo al futuro presidente matizan: “El FMI puede acompañar con una parte de los fondos necesarios para dolarizar, pero eso no está confirmado. El tema es que en la transición hasta la dolarización, de acá a marzo o abril, si hicieran falta dólares, esos serían mas difíciles de conseguir probablemente”.

Toto se ilusionaba en su paper y por eso entusiasmó al ahora presidente electo, con no dar de baja la idea de dolarizar porque la considera un compromiso moral con el 30% de sus votantes en primarias y primera vuelta: “Si hubiera US$12.000 millones del mercado, US$4.000 millones por activos del FGS y US$15.000 millones del FMI, habría una disponibilidad de financiamiento por un total de aproximadamente US$31.000 millones. El saldo remanente de USD10.000 millones podría provenir de la incorporación de otros activos financieros o no financieros o, idealmente, vía superávit fiscal financiero, lo que además contribuiría a la credibilidad y robustez del programa económico. El superávit financiero consistente con este ejercicio debiera ser del orden de 2,5% del PIB, lo que implicaría un ajuste fiscal en torno al 7% del PIB frente a la inercia fiscal proyectada para 2023 (2,5% de déficit primario más 2% de intereses)”. Es decir, la poda debería ser similar al serrucho propuesto por el ex asesor económico de Patricia Bullrich, Carlos Melconian, y no tan grande como la motosierra que ya abandonó el libertario tras su segundo puesto en primera vuelta y su alianza con Macri.

Pero más allá del paper que sedujo a Milei y del mal recuerdo que guardan en el FMI, Caputo lleva en su curriculum no sólo su larga trayectoria en el mundillo financiero, entre JP Morgan, Deutsche Bank y su fondo de inversión Axis. Gracias a ese pasado, pudo seducir a los contactos que tenía en los mercados para conseguir plata para financiar el inicio del gobierno de Macri, que tanto los atraía con el eslogan de terminar con el kirchnerismo y el populismo y abrazar el neoliberalismo otra vez como en los 90.

Como ministro de Finanzas, Toto colocó tanta deuda en el sector privado que la elevó del 16% del PBI en 2015 al 38% en 2018. Es decir, en sólo dos años y cinco meses, diciembre de 2015, durante 2016 y 2017 y el primer cuatrimestre de 2018, aumentó el endeudamiento con fondos de inversión y otros acreedores privados 2,3 veces. La Argentina era el país emergente que más bonos colocaba en ese momento en el mundo. Tan entusiasmado estaba el entonces ministro de Finanzas que lanzó un título a 100 años.

Pero a comienzos de 2018 los inversores internacionales se dieron cuenta de que ya le habían prestado demasiado a la Argentina en tan poco tiempo, observaron la violación de la prometida independencia del Banco Central y la resistencia en las calles a las reformas que quería aplicar Macri, y entonces dejaron de financiar a Toto, el “Messi de las finanzas”, según lo calificaba el entonces presidente. Cuando se devalúa el peso en abril de 2018, Caputo convenció a Macri de ir a pedir de inmediato el rescate del FMI. Así la deuda con organismos multilaterales pasó del 5,2% del PBI en 2017 al 14,9% al año siguiente, es decir, se triplicó. Con ese préstamo récord le aseguró a los fondos de inversión una salida decorosa de sus inversiones en bonos de la Argentina. Pero algunos de ellos quedaron atrapados en sus colocaciones en este país y sólo pudieron huir en el gobierno de Fernández, como Templeton y Pimco. Es decir, algunos recuperaron su plata y otros, no.

Por eso, cuando Hernán Lacunza, asesor del ex precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta, viajó en la campaña este año a Nueva York a convencer inversores y les dijo que en su equipo también estaba Caputo, ellos reaccionaron azorados. En broma, hicieron el gesto de levantarse de las sillas e irse de inmediato. Después sonrieron y se sentaron de vuelta. No podían creer que aquel ex ministro de Finanzas que los engatusó vendiéndoles bonos argentinos, que después debieron reestructurarse en 2020, tuviera opción de volver a gobernar. Al final no lo hará con Larreta, pero sí con Milei. Igual, para el mercado es mejor que asuma Caputo y se aleje un Ocampo dogmático de la dolarización, una idea que los inversores consideran en general desacertada. Tampoco se sumarán los tres economistas que asesoraban a Milei en un principio, pero que ahora dicen que sólo lo hicieron por la campaña: el ex ministro de Economía de Carlos Menem Roque Fernández, su ex secretario de Política Económica Carlos Rodríguez -de recientes comentarios homofóbicos- y el dueño de la financiera Research For Traders, Darío Epstein.

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El presidente Alberto Fernández reclamó hoy la necesidad de una “reconfiguración de la arquitectura financiera global”, al participar de manera virtual de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde reveló además que “está latente el riesgo de una debacle generalizada de deudas externas en los países en desarrollo”.

Ante el foro multilateral denunció que “América Latina y el Caribe destinan un 57 por ciento de sus exportaciones al pago de servicios de la deuda externa” y expuso la necesidad de establecer “un marco multilateral para la reestructuración de la deuda de los países de renta media”.

Precisó que el caso argentino representa el de “un país que ha sido sometido a un endeudamiento tóxico e irresponsable con el Fondo Monetario Internacional”.

Y continuó: “Para que el mundo tenga una idea de la magnitud de este deudicidio quiero mencionar una cifra. Los recursos aprobados por el Fondo Monetario Internacional a la Argentina en esta deuda insostenible fueron de 57 mil millones de dólares, el equivalente a todo lo que el organismo desembolsó en el año de la pandemia a 85 países del mundo”.

“No hay ninguna racionalidad técnica, ni lógica ética, ni sensibilidad política que pueda justificar semejante aberración. Lo más grande aún es que gran parte de los recursos suministrados a la Argentina han sido fugados del país por una apertura irresponsable de las cuentas de capital”, enfatizó el mandatario.

En ese ámbito, el Presidente manifestó el apoyo de la Argentina al impulso de un acuerdo multilateral inclusivo que tienda al abordaje de las cuestiones referidas a la restructuración de las deudas soberanas, como así también la ampliación y distribución de derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional.

Pero calificó de valiosa, aunque “insuficiente”, la prórroga de la Iniciativa de Suspensión de Servicios de Deuda promovida por el G20, “porque no aborda a fondo la cuestión sobre el alivio y la reestructuración de la insostenibilidad de las deudas”.

Durante su alocución, el mandatario reiteró la importancia de que “las vacunas contra el COVID-19 deben ser bienes públicos globales”. 

Y destacó que “Argentina celebra la propuesta en materia de patentes, en el marco de la OMC, con el objeto de contribuir a promover la producción, la competencia y el desarrollo local de las vacunas”.

En esa línea, informó que con políticas públicas “centradas en un decidido apoyo a la investigación y el desarrollo, desde nuestro país hemos logrado integrarnos a las cadenas productivas globales de dos vacunas internacionales, y contamos con una capacidad de producción del ciclo completo que nos permite incorporar nuevos desarrollos”.

“Nuestra humanidad enfrenta el desafío de conjugar un cambio tecnológico exponencial y una degradación ambiental terminal con una mirada de desarrollo humano, integral, y justicia social planetaria”.

Y exhortó: “No se trata de una opción, es solidaridad o extinción. De la triple pandemia de la inequidad global, el cambio climático y el COVID-19 solo saldremos con liderazgos audaces, con ideas innovadoras, y con proyectos”.

En cuanto a la situación económica a nivel global, el jefe de Estado indicó: “Naturalmente, se trata ahora de atender no solo las consecuencias de esta pandemia en términos sanitarios, sino también la reconstrucción de la situación económica y social que va de la mano del cuidado de nuestra casa común que es el planeta”.

En otro punto de su discurso, el mandatario formuló además un pedido a la comunidad internacional para avanzar en la investigación del atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita, ocurrido hace 27 años en la Argentina. “Se continúa la política iniciada en este ámbito en 2003 de requerir a las autoridades de la República Islámica de Irán que cooperen con las autoridades judiciales argentinas”, destacó.

Y reiteró el reclamo argentino ante “sus derechos de soberanía legítimos e imprescriptibles, sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes que integran parte del territorio nacional argentino”.

“Dichos territorios se encuentran ocupados ilegalmente por el Reino Unido desde hace ya más de 188 años. No existe ninguna razón salvo la intención del Reino Unido de mantener la manifiesta e ilegítima situación colonial para que no se retome el diálogo bilateral ya mismo por la cuestión Malvinas”, refirió.

Finalmente, el presidente Fernández repasó algunas de las medidas que el Gobierno argentino impulsó para garantizar la adquisición de derechos de las mujeres, diversidades, personas LGBTIQ+ y otros colectivos, que requieren “un nuevo comienzo en favor de sociedades más justas, inclusivas e igualitarias”.

DA