“Al gobierno de la ciudad: no se pasen de la raya”, arrancaba un reciente video del Equipo de Sacerdotes de Villas porteñas, con la voz de Lorenzo “Toto” de Vedia, párroco en Barracas, el pasado 26 de junio. “Luego de las cartas que enviamos al jefe de Gobierno de la ciudad (Jorge Macri) y que no fueron respondidas, expresamos repudio al hostigamiento a vecinos de nuestras villas: a cartoneros, vendedores ambultantes, personas que viven en la calle y a los que se organizan para ayudarlos. Pedimos que dejen de humillar a los pobres”, proclamaban una semana después de que la Legislatura de la capital aprobara una ley que pena con hasta dos meses de cárcel a los trapitos y limpiavidrios. Pero no se trata sólo de las tierras de Macri. Este tipo de política se va extendiendo por buena parte del país.

En la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gobierno no sólo impulsó esta nueva ley sino que viene desalojando desde inicios de su gestión a los vendedores ambulantes y manteros en todos los barrios, desde Once y la Villa 31 hasta Parque Centenario y Chacarita, con el secuestro de las mercancías ofrecidas. También desde el arranque de su administración con su operativo Orden y Limpieza manda personal a conminar a las personas de situación de calle para que se vayan a los paradores o al conurbano, pero no dan abasto ante un número creciente de sin techo. Los procedimientos también incluyen incautación de pertenencias como colchones.

En cuanto a los cartoneros, la capital endureció el registro de los habilitados y el control de los que están fuera de ese listado, a quienes les sacan sus carros. Quitó subvenciones al transporte, cerró una de sus plantas de reciclado, planea mudarlas todas fuera de su territorio y creó multas para quienes desarodenan la basura fuera de los tachos. A eso se suma que el precio que se paga por materiales para reciclado ha descendido, en parte por la apertura de la importación de residuos y la recesión de las industrias que los compran. Esta merma y el congelamiento del salario complementario que cobran los cartoneros desincentiva la actividad en todo el país. En ese contexto cerró la fábrica de reciclado de plástico pet de las botellas de Ecopek, de capitales mexicanos, en marzo pasado. Ya no era más negocio.

“Están destruyendo el tejido social”, comenta De Vedia. Advierten que algunos caen en la delincuencia o en las adicciones ante la falta de alternativas para conseguir trabajo. En el Bajo Flores, Nicolás Torres, referente del colectivo Popurrí, comenta que “la gente trabaja lo mismo, pero corriendo, escondiéndose, como si fueran delincuentes”. “La gente que trabaja en la calle, trapitos, vendedor ambulante, trabaja hoy para comer hoy. Sigue trabajando, pero con miedo de que la persigan, de que le saquen la mercadería. Cuando vos le sacás la mercadería, la gente arranca al otro día menos diez y encima se tiene que andar escondiendo porque es un trabajo digno para ellos. Hoy viven asustados y perseguidos por la Policía que debería darles seguridad”, agrega Torres.

Ariel Rivero, referente de la Unión de Vendedores Ambulantes de Once, cuenta que ya no quedaron manteros en Once, incluidos los senegaleses. “Se fueron a ferias del conurbano”, explica. Él y otros 50 vendedores siguen pero deambulando, sin detenerse ni ocupar la vereda, pero igual son perseguidos por la Policía Metropolitana, que les confisca la mercadería. “Hay una ley de vendedores ambulantes (de 2003), es mera subsistencia, no es delito. Antes, con (Horacio Rodríguez) Larreta nos sacaban, pero nos daban predios para vender o nos habilitaban puestos en la calle. A mí me habilitaron garrapiñadas, pero nos lo sacaron porque vendí golosinas... pero es que garrapiñadas no se venden todo el año... Dicen que nos pongamos un local, pero con una docena de guantés no podés.. Dicen que no pagamos impuestos, pero muchos locales tampoco pagan...”

“Es todo una persecución a la clase obrera, a los de abajo”, concluye Rivero. Pero advierte que tampoco les van mejor a quienes se emplean en los comercios formales de Once. “Vienen pibes a trabajar por $25.000 por día, pero entre pasaje y comida llegan a su casa con $10.000. Por eso a veces no comen ni toman un café”, ejemplifica. Lamenta que los policías persigan a vendedores ambulantes en lugar de concentrarse en el robo de celulares o la venta de objetos prohibidos.

En La Plata, se prohíbieron en 2024 los manteros y la venta ambulante en el centro y les propusieron sumarse a cooperativas de barridos o vender en otros lugares más alejados del centro. Este 26 de junio los cartoneros del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que lidera el diputado Juan Grabois, protestaron frente a la municipalidad e incluso provocaron un principio de incendio porque el intendente peronista Julio Alak quiere licitar el servicio de recolección para reciclaje y dejar de contratarlos. A cambio, les ofreció una tarjeta para comprar alimentos, pero los cartoneros la rechazaron. Mientras, se controlan a cuidacoches y limpiavidrios.

En Mar del Plata, otro intendente del PRO, Guillermo Montenegro, arrancó 2025 persiguiendo a ambos al tacharlos de “delincuentes”, desalojando los “acampes” en la vía pública la gente sin techo y terminando con las ferias ilegales en plazas. “Van a terminar puliendo los barrotes de la celda”, prometió.

En la provincia de Córdoba, donde gobierna el peronista local Martín Llaryora, se aprobó este año una norma para arrestar por seis días a los limpiavidrios, a los que prohibió, y a los “naranjitas” (como les llaman a los cuidacoches), a los que reguló y les impidió el cobro compulsivo. La gestión Llaryora prometió capacitación e inclusión laboral para estos individuos. Después la ley fue ratificada por la ciudad de Córdoba, que gobierna Daniel Passerini. Entonces el arzobispo cordobés, Ángel Rossi, recibió a los naranjitas, se solidarizó con ellos y pidió que se le dé otras tareas urbanas: “Si retrocede la economía popular, avanza la economía criminal”, advirtió Rossi. En la ciudad se reiteran los operativos contra la venta callejera, con decomisos de mercancías.

En la provincia de Santa Fe, del radical Maximiliano Pullaro, el Senado dio por ahora media sanción a un proyecto para prohibir cuidacoches y limpiavidrios. El intendente Pablo Javkin, de la misma coalición, apoya la medida y ha ordenado demorar a cientos de trapitos por presunta extorsión. En la ciudad de Santa Fe se vetaron a quienes limpian parabrisas en las esquinas desde 2024.

En la ciudad Mendoza, en 2018, el entonces alcalde, el radical Rodolfo Suárez, prohibió trapitos y limpiavidrios, con la promesa de reinsertarlos en el mundo del trabajo. Fue pionera e imitada después por otras localidades. La capital mendocina también combate los “acampes”. En San Miguel de Tucumán, la peronista Rossana Chahla, quiere regular a los cuidadoches. Entre 2024 y 2025, había combatido los puestos informales en las veredas.

Bariloche prohibió en marzo pasado los limpiavidrios, trapitos, vendedores ambulantes y artistas callejeros sin autorización. Al mismo tiempo, Comodoro Rivadavia vedaba a los que limpian parabrisas. En 2025, la ciudad de San Luis desalojó a los vendedores ambulantes y manteros de la peatonal, pero los reubicó en otras zonas de la ciudad. Desde marzo pasado, San Fernando del Valle de Catamarca impide a los ambulantes y mendigos entrar a bares y restaurantes a ofrecer productos o pedir dinero, respectivamente.

En el conurbano, Vicente López y San Isidro aplican la tolerancia cero a los que limpiavidrios. San Miguel y Tres de Febrero desalojan puestos callejeros. En diciembre pasado, en Quilmes se reguló a los cuidacoches al adoptar un sistema de estacionamiento medido al que debían incorporarse estos trabajadores informales. El MTE rechazó la reforma con una violenta protesta que enfrentó a Grabois con la intendenta quilmeña, Mayra Mendoza.

La idea de controlar todos estos trabajos formales es liderada por la derecha, pero también se enarbola en el peronismo. El desafío radica en qué harán aquellos que se quedan sin fuentes de ingresos, si quedarán a merced del mercado, de la delincuencia o de políticas públicas que aporten soluciones.

AR/MG

Todos los centros turísticos del mundo son la historia de dos, tres, cuatro ciudades. Mar del Plata no es la excepción. Están los turistas, con su propia escala social, que va desde la familia obrera que pudo ahorrar un pesito para disfrutar las todavía vigentes “vacaciones pagas” de la ley de contrato de trabajo, hasta las capas de ricachos exuberantes que hacen rugir sus cuatriciclos; también están los vecinos, que van desde los que toleran de mala gana la molestia de la llegada de los invasores con sombrilla hasta los que buscan generar en la temporada ingresos para sostenerse todo el año. 

Entre éstos últimos también hay una variedad notable. Hay grandes empresarios hoteleros y vendedores ambulantes, hay empresas turbias de estacionamiento medido y pibes que cuidan coches, hay enormes centros comerciales y pequeñas tiendas, hay templos de la ludopatía y malabaristas en los semáforos, hay empresas de residuos que duplican el canon en temporada y cartoneros que con suerte juntan un bolsón más de plástico. 

La nocturnidad es un tema aparte. Están los boliches donde los jóvenes se divierten, a veces sanamente, a veces en exceso y la violencia. Esos jóvenes, de clase media, terminan muchas veces quebrados en la playa porque se la dieron de pera tomando las porquerías que algún amigo de los vigilantes municipales y las fuerzas de seguridad habilitan. Aunque estos pibes conocen las verdugueadas policiales, no llegan a la categoría de fisuras. 

Es que el subsuelo más profundo de la sociedad son las personas en situación de calle y si además tienen problemas de salud mental, llevan el nombre de “fisuras”, sinónimo de un miembro dañado del cuerpo, sinónimo de grieta, sinónimo de quiebre de la consistencia. Son los más vulnerables entre los vulnerables. Rotos. Sin hogar. Los que se amuchan para aguantar el frío porque solo les queda “un perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar” . Seguramente también una muerte segura: entre agosto de 2023 y agosto de 2024 fallecieron 135 personas sin techo en todo el país, una tasa que cuadruplica la normal. 

La antropóloga Margaret Mead ofreció una respuesta profunda cuando le preguntaron cuál era el primer signo de civilización: “Un fémur fracturado y sanado”. No se refirió a herramientas ni templos, sino a algo mucho más esencial: la capacidad de cuidarnos mutuamente. En la naturaleza, un animal con una pierna rota está condenado a morir porque no puede huir de los depredadores ni buscar agua o comida. Pero un hueso humano que logra sanar muestra que alguien estuvo ahí para ayudar. Es la prueba de que hubo quien vendó la herida, inmovilizó el hueso, cargó al herido a un lugar seguro y lo alimentó hasta que pudo recuperarse. Esto es mucho más que un acto de compasión; es el origen de lo que entendemos como humanidad.

Tal vez por eso personalidades tan disímiles como Mahatma Gandhi desde la India y el vicepresidente norteamericano Hubert H. Humphrey desde Washington afirmaron que “La grandeza de una nación se mide por cómo trata a sus miembros más débiles” (Gandhi) o que “la prueba moral del gobierno es cómo ese gobierno trata a quienes están en los albores de la vida, los niños; a quienes están en el ocaso de la vida, los ancianos; a quienes están en las sombras de la vida, los enfermos, los necesitados y los discapacitados” (Humphrey)

El intendente de la quinta ciudad más importante en cantidad de habitantes de nuestro país, Guillermo Montenegro, decidió invertir la ecuación. La prueba moral de su gobierno parece ser el nivel de crueldad con la que, cobardemente, trata a los más vulnerables. Un grupo de tareas, cuyo encuadre legal se desconoce, circula día y noche aplicando en flagrante violación a las leyes vigentes facultades de fuerza que no pertenecen a un municipio. 

En sus redes sociales se despliegan una serie de videos de musculosos patovicas arrebatándole el trapo a un limpiavidrios, sacando de una esquina a una persona que duerme porque no tiene techo, arrojando a la basura los colchones de quienes duermen a la intemperie, mostrando impúdicamente el rostro de personas bajo los efectos del consumo, amenazando con “perder la paciencia”. Los patovicas del grupo de tareas siempre dando la espalda a la cámara. Las escenas de mayor violencia -con palos, gases, trompadas- no se suben a las redes y se realizan en clandestinidad. 

Todo eso con frases ofensivas de la pluma vulgar del propio intendente haciendo gala de burlas, ofensas y el falso coraje de los que sólo saben lastimar a los indefensos: “fisuras”, “cuchetas”, “ranchos” a erradicar. Cuidacoches con “valet parking”, trapitos que van a “terminar limpiando los barrotes de la celda”. Luego, apela a los “vecinos de bien”: “¡esto no es un laburo!”. No es la discusión que importa. Esos “fisuras”, “trapitos”, “cuidacoches”, “forasteros”, son seres humanos. 

Frente a la crítica, Montenegro maquilla su conducta atribuyendo los problemas de exclusión social que lo obligan a actuar como un tirano de reposera a el accionar organizado de gente de “La Matanza”, mandados por “Grabois”, kirchneristas, zurdos, “orgas”. Presten atención. Sólo reacciona así frente a la crítica. Cuando hay silencio de la oposición política o social, Montenegro muestra que en definitiva el zafio desprecio a los descartados es lisa y llanamente la vulgaridad del mal, mal que se expande, se reproduce y enferma a la sociedad.   

Montenegro no es un ciudadano común con ideas fascistas que vierte alegremente en sus redes sociales. Montenegro es la máxima autoridad institucional. Tiene una responsabilidad superior. Le guste o no, existe la Constitución y las leyes. Existe, en particular, la ley 27.654 impulsada sí por un diputado de nuestra fuerza (Patria Grande - Argentina Humana) pero votada prácticamente por unanimidad, incluido su bloque político, para “garantizar integralmente y hacer operativos los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle que se encuentren en el territorio de la República Argentina.” (Art 1°) que “tienen derecho a ser respetadas en su dignidad personal y en su integridad física (Art 6°)” Lo que muestran los videos es otra cosa. 

La conducta de Montenegro, que desde nuestro punto de vista es delictiva y por tanto fue denunciada, es maligna. Maligna por su propia naturaleza y doblemente maligna por el cálculo que hay detrás de ella. Se trata de un cálculo de naturaleza político-electoral. Sabe que cuando acecha la maldad, mucha “gente de bien” abatida en la batalla cultural va perdiendo los valores tradicionales que caracterizan a un pueblo humanista y cristiano: el respeto a la dignidad de los nadie. 

La conducta además es de la más repugnante vulgaridad. Un hombre rico y poderoso, amigo de los lujos y el dinero, burlándose desfachatadamente de los menos afortunados, descargando su poder sobre los más desdichados de La Feliz, dejando las marcas de su violencia en los cuerpos desprotegidos de los abandonados. Luego, nos acusan a los que combatimos con la Constitución en la mano de la lógica de las piedras. 

Cuando leí eso, me vino al corazón una frase del evangelio de Lucas. Jesús dijo una vez, refiriéndose a sus discípulos, que “si ellos no hablan, las piedras hablarán”. Tal vez sean las paredes de piedra que reclaman el respeto irrestricto de los derechos de todos los seres humanos en el presente; que no cesan en su lucha por memoria, verdad y justicia frente a otros crímenes de Estado que forman parte de esa vulgaridad del mal que, a sueldo de las oligarquías, continúa hasta el presente.  

El mismo sol que alumbra estos crímenes sociales también lanza sus rayos radiantes sobre las experiencias de salvación comunitaria que abraza a los fisuras, que los levanta del subsuelo, que los lleva a los centros de medio camino o las casas convivenciales, que los busca en las calles para darles una vianda o una palabra, que construye viviendas para los descartados, que buscar regularizar las tareas en la vía pública para que puedan realizarse en forma legal y ordenada. Son acciones, muchas veces silenciadas, que gritan junto a las piedras, para despertar conciencias y recuperar la humanidad que pretenden arrebatarnos. 

Es fácil acusarnos, es fácil acusarlos, de promover la pobreza o defender delincuentes; es fácil blandir sin pruebas que alguno de nosotros lucra con esta lamentable tragedia. Es fácil extrapolar ciertas conductas delictivas de la minoría ínfima que fue por esa senda equivocada. La realidad es que nosotros, desde siempre, hemos buscado garantizar el orden en los espacios públicos, pero no el orden de los patovicas, sino ese otro orden forjado en la solidaridad activa con el “fisura” que “ranchea” sin oportunidades de rescate, el ordenamiento de todos los trabajos que se realizan en la vía pública. Un orden, sí, pero un orden para todos. 

JG

El Aeroparque Jorge Newbery se convirtió en algo más que una puerta de llegada a la Ciudad de Buenos Aires, ya que es sus pasillos no solo se acumulan personas que quieren volar por vacaciones o trabajo, sino que también hay quienes no tienen donde vivir y van buscando un refugio.

Cada noche se ven decenas de personas moviéndose por el edificio del aeropuerto de la Ciudad buscando donde refugiarse.

Según estimaciones de gente que trabaja en la estación aérea, alrededor de 60 personas van todos los días a Aeroparque para dormir, algunos en el piso y otros sobre algunos cartones.

Al despertar salen a la calle a buscar comida o intentar alguna changa. Juan, un hombre que vive en el aeropuerto desde hace tres meses, señaló en un reciente reporte televisivo que en Jorge Newbery tiene un lugar para dormir. “Tengo un techo, porque afuera es muy inseguro”, dijo esta persona. Asimismo, aseguró que primero va a un comedor y luego vuelve al lugar porque “siempre viene alguien y le ayuda con algo”.

Por su parte, Miguel, de 57 años, contó que vive en esa terminal aérea desde hace ocho meses y detalló que desde que llegó hasta ahora, la cifra de personas que comen y duermen en el lugar aumentó.

Además, explicó los motivos que lo llevaron a vivir dentro del Aeroparque Metropolitano: “Yo tuve un subsidio habitacional por diez años, ahora tengo que presentar la factura del amparo. Hay muchas personas que no pueden alquilar y buscan hospitales, por ejemplo, porque en Retiro ahora te echan. Acá te podés quedar, tirás un cartón en el piso”.

Muchos refugiados en Aeroparque llevan meses y otros incluso años viviendo de esta forma, ya que para ellos es un lugar que los aleja de la violencia en la calle. Allí buscan un refugio contra el frío del invierno de Buenos Aires, donde pueden además conseguir alguna ayuda de las personas que trabajan en el lugar.

CRM con información de la agencia NA

La Administración del presidente estadounidense, Joe Biden, anunció un nuevo paquete de medidas coordinadas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano para todas aquellas personas que carecen de hogar en el país norteamericano.

En un comunicado de la Casa Blanca, el Gobierno detalló que la iniciativa, impulsada por el Consejo Interagencial de Estados Unidos para los Sintecho, busca reducir significativamente el número de personas que se encuentran en la calle.

El número de personas sin techo había aumentado considerablemente antes de que estallara la pandemia de coronavirus, si bien el problema se exacerbó durante los últimos años.

“Gracias al plan de rescate, las comunidades tienen ahora recursos históricos en materia de vivienda para poder ayudar a los estadounidenses”, recoge el texto, que señala que el plan incluye 5.000 millones de dólares en préstamos (4.200 millones de euros) y grandes inversiones para preservar y proteger las viviendas que se encuentran en reservas.

Además, se facilitarán 350.000 millones de dólares (unos 298 millones de euros) en fondos estatales y locales de recuperación por parte del Departamento del Tesoro. Así, las autoridades han instado a los líderes locales a colaborar para hacer uso de los fondos disponibles y tratar de revertir la situación.

Con información de Europa Press.

IG