La Cámara Federal de Casación Penal dispuso este miércoles que la causa por espionaje y extorsión que tiene como principal acusado al falso abogado Marcelo Sebastián D'Alessio pase a los tribunales federales de Comodoro Py y deje de tramitar ante la justicia de Dolores, informaron fuentes judiciales.

La decisión fue adoptada por la sala segunda del máximo tribunal de apelaciones, integrada para este caso por los jueces Javier Carbajo, Guillermo Yacobucci y Eduardo Riggi, ante un planteo del fiscal imputado Carlos Stornelli.

Este martes, en otra causa por espionaje iniciada en Lomas de Zamora y ya radicada en los tribunales porteños, la Cámara Federal sostuvo que no hubo asociación ilícita desde la conducción de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri, revocando el procesamiento de los ex titulares del organismo de Inteligencia, Silvia Majdalani y Gustavo Arribas. En su fallo, el Tribunal de Apelaciones sí dejó procesada a Majdalani por presunto “incumplimiento de deberes” a raíz de no haber controlado la actividad de un grupo de agentes de la Agencia Federal de Inteligencia procesados por presunto espionaje ilegal. 

Estos dos antecedentes ponen en la mira la causa por espionaje ilegal a las víctimas del submarino ARA San Juan, por la que está procesado el expresidente Macri, que se tramita en el juzgado de Dolores, en manos de Martín Bava, y por cuyo expediente el presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun, le solicitó hace un mes al juez Ariel Lijo que resuelva su competencia y si debe pasar, también, a los tribunales de Comodoro Py, tal como solicitó el abogado del exmandatario, Pablo Lanusse, ante la Sala II de la Cámara de Casación, mismo tribunal que este miércoles decidió sobre la “causa D´Alessio”.

El fallo

Con información de agencias.

IG

El fiscal federal de Dolores, Juan Pablo Curi, requirió hoy la elevación a juicio oral del falso abogado Marcelo Sebastián D'Alessio y otros cinco imputados por maniobras vinculadas a inteligencia ilegal, extorsión y lavado de dinero y en el mismo dictamen solicitó que al fiscal Carlos Stornelli, también acusado en esta causa, se le amplíe la declaración indagatoria.

El requerimiento fue presentado ante el juzgado federal de Dolores que conduce de modo interino el juez Martín Bava, en el marco del expediente que en un principio estuvo en manos del juez Alejo Ramos Padilla, quien ahora encabeza el juzgado federal con competencia electoral de La Plata.

El dictamen de Curi está relacionado con los delitos que tuvieron por víctimas al dirigente político Roberto Porcaro y al empresario Mario Cifuentes, con las maniobras de supuesto lavado de dinero agrupadas bajo el nombre de “Grupo Buenos Aires” (por el título del grupo de whatsapp con el que se comunicaban los imputados) y búsquedas ilegales de información que un prefecto habría hecho en la base de datos de Migraciones.

El fiscal le dedica párrafo aparte al caso de su colega Stornelli y considera que aún no es momento de requerir su eventual elevación a juicio por su supuesta participación en los delitos que tuvieron por víctimas al abogado José Manuel Ubeira, al que D'Alessio quiso hacerle una cámara oculta para perjudicarlo, y al “peruano” Jorge Castañón Distéfano, expareja de la actual esposa del fiscal del “caso de los cuadernos”.

Para Curi, corresponde ampliar la indagatoria de Stornelli para que se le requieran explicaciones como supuesto instigador de los delitos investigados (y ya no en calidad de “autor” como se hizo en la ocasión anterior) a la vez que propone imputarle también el supuesto incumplimiento de sus deberes como funcionario público por no haber denunciado las conductas ilícitas de las que tuvo conocimiento.

El fiscal Curi pidió la elevación a juicio de D'Alessio, del excomisario Ricardo Bogoliuk, de los financistas Pablo Bloise, Aldo Sánchez y Marcelo Patricio González Carthy de Gorriti y del prefecto Leandro Pini, por distintos hechos investigados en este expediente.

“Se reprocha a Marcelo Sebastián D'Alessio, Pablo Leonardo Bloise, Ricardo Oscar Bogoliuk, Marcelo Patricio González Carthy de Gorriti y Aldo Eduardo Sánchez haber tomado parte, al menos en el período comprendido entre el 20 de marzo al 11 de diciembre de 2018, de una organización criminal dedicada a negociar, coordinar y concertar operaciones financieras internacionales varias veces millonarias en dólares estadounidenses o euros, que involucraban fondos de origen ilícito, el cual se pretendía disimular mediante un esquema especialmente diseñado para ingresar el dinero en el mercado legal y dificultar la trazabilidad de esos activos”, sostuvo el fiscal.

“Las actividades de la organización se centraban en relacionar a los actores intervinientes en esas operaciones (emisores ”senders“ y receptores ”receivers“ de fondos) y poner a disposición la ingeniería financiera necesaria para insertar el dinero espurio en el sistema bancario; todo ello, a cambio de una comisión porcentual”, reseñó.

El fiscal solicitó además elevar a juicio oral a D'Alessio por los delitos de espionaje ilegal y extorsión cometidos contra Porcaro y Cifuentes, los cuales estarían inscriptos entre aquellos cometidos por la asociación ilícita de la que el falso abogado habría formado parte al menos desde el año 2016 al mes de febrero de 2019 junto con los excomisarios Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, el fiscal Juan Ignacio Bidone y el exespía Rolando Hugo Barreiro.

Las actividades relativas a la reunión sobre Porcaro incluyeron la utilización de un drone que capturó imágenes y videos de viviendas y empresas situadas en la localidad bonaerense de Necochea y la obtención de datos personales sobre aquél, que se concretó a través de fuentes de acceso público y otras averiguaciones.

En el caso de Cifuentes, a D'Alessio se le imputa la reunión ilegal de información, pero también el haberle haberle exigido, en el período comprendido entre febrero y abril de 2018, 1.200.000 dólares a cambio de no quedar involucrado en el marco de una investigación penal que presuntamente tramitaba ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11.

Finalmente, el fiscal Curi le imputó al prefecto Franco Leandro Pini haber accedido, al menos en el periodo comprendido entre el 11 de enero de 2016 hasta el 28 de enero de 2019, a las bases de datos restringidas de la Dirección Nacional de Migraciones a los fines de realizar búsquedas o requerimientos ilegítimos sobre los movimientos migratorios de determinadas personas.

DA

Carlos Liñani, uno de los procesados en la causa por espionaje ilegal y extorsiones que se tramita en la ciudad bonaerense de Dolores, fue encontrado muerto este martes en su departamento del barrio porteño de Palermo, confirmaron fuentes judiciales y policiales.

Liñani estaba procesado en la investigación que se lleva adelante en la justicia federal de Dolores y además tenía un procesamiento por defraudación en los Tribunales de Retiro.

El despachante de Aduanas y empresario fue hallado en su vivienda y se investiga si se trató de un suicidio por emanación de gas, según información de la Policía de la Ciudad.

El empresario fue hallado por personal de la comisaría vecinal 14B ayer a las 19:30, cuando concurrió al edificio donde vivía, en Soler al 6000, ante reportes de vecinos sobre un escape de gas desde un departamento del primer piso.

Los bomberos cortaron el suministro de gas de todo el edificio, se evacuaron todas las instalaciones y se forzó el ingreso al departamento con autorización de la fiscalía a cargo de Adrián Peres.

Liñani, de 48 años, fue encontrado muerto tendido sobre el piso del living y en el lugar, según el informe policial, se hallaron “varias cartas de despedida”, supuestamente escritas por él.

Además, se informó que las “hendijas de puertas y ventanas estaban selladas con cinta”, no había desorden, ni tampoco evidencia de un ingreso forzado.

Procesado en la causa “cuadernos”

Liñani estaba procesado sin prisión preventiva y pesaba sobre él un embargo de 5 millones de pesos en la justicia federal de Dolores por intento de extorsión en la causa por la que está detenido el falso abogado Marcelo D'Alessio.

Según la acusación, habría cometido este delito contra varias personas con la pretensión de forzar o direccionar sus declaraciones en el marco de la llamada causa 'Cuadernos'.

Liñani se presentaba como “colaborador” de D'Alessio y además estaba procesado en los Tribunales Federales de Retiro por haber mencionado, de manera falsa, tener vínculos con el fiscal Carlos Rivolo, quien lo denunció.

En Dolores se lo procesó por “asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal y contraria a las previsiones de la Ley Nacional de Inteligencia, extorsión en grado de tentativa y tráfico de influencias”.

En Comodoro Py tenía procesamiento confirmado por la Cámara Federal porteña por “defraudación” a raíz de invocar falsamente un supuesto vínculo con Rívolo, quien por entonces actuaba en la causa “Cuadernos”.

DA