España es el mayor proveedor de óvulos de Europa: según datos de la Sociedad Europea de Reproducción Humana, el 45% de los tratamientos de fertilidad europeos con óvulos donados tienen lugar en España.

La donación de óvulos, construida en ese país sobre un esquema altruista en el que las mujeres que donan reciben unos mil euros, es, sin embargo, el único proceso de donación de material biológico desvinculado de la Organización Nacional de Trasplantes y en el que está permitida la intervención privada.

Las clínicas privadas, que manejan cerca del 80% del mercado, utilizan los óvulos extraídos para ofrecer tratamientos por los que cobran miles de euros, pero también pueden revenderlos a bancos especializados en congelarlos o a centros médicos de países cuya legislación es más restrictiva.

España se beneficia de una regulación que permite lo que en otros lugares está prohibido –Alemania, por ejemplo– o fuertemente limitado, como en Francia o Italia. En Reino Unido las donaciones no pueden ser anónimas y en Bélgica, donde sí, la mayor parte las paga el sistema público. “El mercado en España es muchísimo más grande que en ningún otro país europeo y se ha construido en torno a los óvulos: es el principal mercado de distribución de óvulos donados de Europa con mucha diferencia respecto al resto de países”, subraya la investigadora Sara Lafuente, experta en reproducción asistida y bioeconomía.

La legislación –que se redactó antes de que la ciencia permitiera congelar ovocitos– es uno de los factores que han llevado a España a esta posición, ya que garantiza el total anonimato de las donantes, algo cada vez más cuestionado por la justicia

La legislación –que se redactó antes de que la ciencia permitiera congelar ovocitos– es uno de los factores que llevaron a España a esta posición, ya que garantiza el total anonimato de las donantes, algo cada vez más cuestionado por la justicia en distintos países.

En 2020, el Comité de Bioética de España recomendaba en un informe aplicar un “verdadero cambio de cultura en la reproducción asistida” y abogaba por que los y las donantes de espermatozoides y óvulos dejaran de ser anónimos. También influyen otras variables, como la potencia y buena fama de las clínicas de fertilidad españolas, y una compensación económica para las donantes que durante mucho tiempo superaba la cuantía del salario mínimo interprofesional y que ahora, de media, lo iguala.

La socióloga Ana Rivas, autora de varias investigaciones sobre el tema, constata el fenómeno: “España se ha convertido en una potencia económica en el sector de las técnicas de reproducción humana asistida en general, y de las técnicas heterólogas que requieren de provisión de gametos –óvulos y semen– en particular”, subraya la experta, que señala que el anonimato y la compensación económica son claves para explicar este fenómeno. Rivas se muestra crítica con ambas condiciones que, asegura, favorecen “la apropiación de gametos en cantidades efectivas para el desarrollo de un amplio mercado reproductivo”.

Packs de ocho ovocitos

La ley sobre técnicas de reproducción asistida es la que regula la donación de gametos desde 1988. La norma establece que la donación debe ser siempre altruista y anónima. Sin embargo, lo que sucede una vez que las mujeres donan escapa de esa lógica altruista. Las clínicas pasan a gestionar esos ovocitos, con los que ofrecen tratamientos de fertilidad pero que también pueden revender a terceros. Sobre el papel, no puede mediar un pago por los óvulos porque el lucro está prohibido, pero la línea entre una contraprestación por el servicio y una venta es delgada. “Teóricamente no es una venta de los óvulos, sino un pago por el servicio. Hay unas normativas específicas, como sucede con todos los biobancos y con la movilidad de cualquier tejido humano, solo que no existe una industria de este tamaño en relación a ningún otro material biológico”, constata Lafuente.

"Las clínicas pueden enviar mediante un pago packs de seis u ocho ovocitos a clínicas de países donde la donación se permite, pero es más restringida. En el caso de las pacientes de países donde esto no se permite, vienen a España a hacerse el tratamiento

“Las clínicas pueden enviar packs de seis u ocho ovocitos a clínicas de países donde la donación se permite, aunque de manera más restringida, como Francia o Italia. De hecho es algo que se hace con frecuencia. Si una clínica de Italia necesita óvulos, un centro de España puede enviárselos, aunque no sea de su misma empresa. Se hace guardando una serie de requisitos de trazabilidad y mediante un pago. En el caso de las pacientes de países donde esto no se permite, vienen a España a hacerse el tratamiento”, explica la bióloga y experta en reproducción asistida Rocío Calonge.

Una clínica de fertilidad española o un banco de ovocitos (especializados únicamente en la congelación y distribución) pueden cobrar, de media, cerca de 4.000 euros por cada pack. No hay ley o reglamento que establezca un baremo para esa contraprestación económica. “Lo establece cada clínica, podemos decir que hay un mercado libre”, dice Calonge.

El presidente de la Sociedad Española de Fertilidad, Juan José Espinós, rechaza con rotundidad el uso de términos comerciales para describir lo que sucede en España con los óvulos. “No me gusta la palabra 'industria', no hacemos churros, esto es un acto médico”, asegura Espinós, que señala que se trata de un “problema de legislaciones” que hace que algunos países no tengan un marco favorable mientras que otros, como España, sí.

El experto suma a este factor otro: “La calidad y el prestigio que tiene el sector de la fertilidad en España”. “Evidentemente existe una contraprestación económica. Cuando montas un centro de reproducción asistida es porque hay una necesidad médica y social. También sucede cuando no quieres ir al servicio público de salud de tu comunidad y te vas a un cirujano privado”.

Lydia Feito es vocal tanto del Comité de Bioética de España como de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida. Explica que estas técnicas estaban originalmente pensadas “para que las utilizaran las propias personas donantes”. “La técnica va avanzando y se plantea que alguien pueda donar no para sus propios objetivos reproductivos sino para ayudar a alguien”, relata Feito, que habla a título personal, puesto que el actual Comité de Bioética no tiene una posición fijada sobre el asunto. La experta reconoce que en la medida en que los bancos de ovocitos o las clínicas están gestionados por entidades privadas “hay un afán de lucro y es donde aparece el conflicto”. “Creo que ese conflicto es limitado o poco visible porque se entiende que forma parte de una actividad solidaria. Lo suyo sería es que estos bancos fueran públicos y la utilización del material no fuera costosa”, apunta.

Un informe de la Comisión Europea mostraba que en 2015 las clínicas españolas contaban con la mayor cantidad de óvulos donados en términos absolutos (123.447). Sara Lafuente es coautora de una investigación que compara la donación de óvulos en Reino Unido, Bélgica y España, y en la que se constata que la vitrificación, una técnica consolidada a partir de 2010 y que permite la congelación de los óvulos en buenas condiciones, fue clave en el aumento de ovocitos donados pero también los diferentes marcos legales y sociales que hicieron que esta práctica se conciba de formas muy distintas en lugares cercanos.

Antes de la vitrificación, la donación se hacía 'en fresco': los óvulos de una donante iban directamente a una receptora. La vitrificación permitió congelaros, ahora los óvulos de una donante pueden repartirse entre varias receptoras en diferentes momentos

Lafuente explica que la norma española se redactó antes de que la vitrificación estuviera consolidada: “Son casuísticas que se dieron a posteriori, y no se está aplicando el principio de precaución. La ley es suficientemente amplia como para que la industria pueda adaptarse. Va primero la práctica y luego van detrás el pensamiento, la norma…”. Antes de la vitrificación, la donación se hacía 'en fresco', es decir, los óvulos de una donante iban directamente a una receptora mediante un ciclo de reproducción asistida que se coordinaba entre ambas mujeres. La vitrificación permitió por primera vez congelar los ovocitos, de manera que los óvulos extraídos de una donante en un ciclo pueden repartirse entre varias receptoras en diferentes momentos.

“Lo hice por precariedad”

La Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida establece qué compensación económica deben recibir como máximo las donantes, que actualmente ronda los mil euros. Italia y Francia solo compensan algunos gastos en los que incurren las donantes el día de la intervención. En República Checa, la contraprestación ronda los 500 euros; en Portugal, los 620; en Reino Unido, unos 750 euros. En España, el límite de veces que una mujer puede donar lo marca el número de recién nacidos vivos a partir de los gametos donados: seis. No todas las mujeres pueden donar, las clínicas someten a las voluntarias a distintas pruebas para descartar problemas médicos y genéticos.

Violeta (nombre ficticio) tiene 34 años y donó óvulos en seis ocasiones. Tiene clara cuál fue su motivación: “La precariedad, única y exclusivamente, la misma que me llevó a trabajar detrás de la barra de un bar, nadie lo hace por gusto”. Violeta siempre donó en la misma clínica, que ofrecía mil euros como compensación para la primera donación, un pago que iba subiendo hasta los 1.300 euros si la donante llegaba hasta la tercera ocasión. “Si donabas más veces ya el dinero no subía más. Ese dinero me ha servido para ir tirando, en esos momentos tenía meses en los que literalmente no tenía para comer, o necesitaba comprarme cosas básicas o pagar el alquiler”, relata.

La clínica sí ofrecía a las donantes una manera de ganar más dinero: convenciendo a alguna otra mujer para que donara. “Si una donante iba de tu parte te pagaban algo más, aunque no recuerdo cuánto”. Violeta llegó a convencer a dos amigas. Ella nunca supo cuál era el destino de sus óvulos –“a mí no me interesaba”– y sí le sorprendió la cantidad de extranjeras que veía en la clínica. “Venían muchas receptoras de otros lugares de Europa”, recuerda, y señala, por ejemplo, que prácticamente todas las trabajadoras del centro hablaban francés.

"Las donantes de óvulos españolas forman parte de una franja de edad y posición socioeconómica que experimenta una elevada tasa de desempleo y tiene una alta probabilidad de acceder solo a empleos temporales y de salario mínimo

La socióloga Ana Rivas constata que tanto sus investigaciones como las hechas por otras expertas apuntan en una dirección: “Las donantes de óvulos españolas forman parte de una franja de edad y posición socioeconómica que experimenta una elevada tasa de desempleo y tiene una alta probabilidad de acceder solo a empleos temporales y de salario mínimo”. Rivas anima a comparar el salario medio de sectores económicos muy feminizados, como la dependencia, la gastronomía o la limpieza, con la cantidad que una mujer puede recibir por cada ciclo de donación. “No es de extrañar que para muchas mujeres de clase media-baja y clase trabajadora, participar en un programa de donación de óvulos sea una opción nada desdeñable de conseguir ingresos”, apunta.

Rivas critica “la ideología del altruismo” en este caso porque, dice, “desmercantiliza el trabajo de provisión de óvulos”. La ley de reproducción asistida habla, de hecho, de una “compensación económica resarcitoria” y no de pago o salario. “Con ello se pretende afrontar la resistencia social y perturbación cultural que produce la introducción de ciertos objetos considerados del campo de la intimidad en el intercambio mercantil y evitar así su contaminación moral, manteniendo la oposición dinero/afectos, mercado/sentimientos. La metáfora del ”don“ y del ”regalo“ sustrae la acción de la provisión de óvulos de la compra-venta económica y la restituye a la esfera de las emociones, los afectos, la empatía, buscando la aprobación moral de las receptoras de gametos y de la sociedad, así como la autolegitimación de las propias donantes”, reflexiona.

"Mientras está en manos de la donante el óvulo es un 'don' y cuando llega a las clínicas y se congela es mercancía. Las donantes son el único actor al que se le pide que sea altruista en esto, todos los demás actores adoptan una lógica comercial

El director del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC, Vicenzo Pavone, comparte la reflexión: “Mientras está en manos de la donante el óvulo es un 'don' y cuando llega a las clínicas y se congela se convierte en mercancía. Las donantes son el único actor al que se le pide que sea altruista en esto, todos los demás actores adoptan una lógica comercial, incluida las personas receptoras, es incongruente”. Pavone recuerda que en otros países no existe la compensación económica. Es el caso de Francia, que solo permite la compensación de gastos que estén estrictamente ligados a la donación, como el dinero gastado en transporte o la comida de ese día. “Eso es nicho de negocio para España, que así venden fuera esos óvulos o se los mandan a sus filiales en el extranjero”, dice Pavone.

Sara Lafuente menciona algunas de las alternativas. “A corto plazo habría que tomar medidas de transición e ir derivándolo a lo público, de manera que los óvulos que sobren de un tratamiento de fertilidad vayan siempre a bancos públicos. Así se desincentivaría también sacar muchos óvulos de cada donante por cada ciclo”, propone. La investigadora considera fundamental aplicar el principio de precaución con muchos de los avances que están sucediendo y que requerirían, asegura, de mucho más debate social y político.

ARA

La presentadora española Ana Obregón, una silla de ruedas y un titular: “Madre de una niña nacida por gestación subrogada”. Una portada de la revista Hola nunca dio para tanto en tan poco tiempo. La noticia de que la actriz de 68 años recurrió a la gestación por sustitución en EEUU, un país en el que esta práctica está permitida a cambio de una elevada contraprestación económica, avivó el debate sobre los vientres de alquiler y los límites del deseo por tener hijos. La salida de Obregón del hospital en silla de ruedas (así lo marca el protocolo del centro para evitar demandas si hay algún tropiezo) o la invisibilización de las mujeres que gestan y paren y su completa sustitución por quien paga terminó de encender los ánimos.

La mezcla de edad y gestación por sustitución fue el catalizador perfecto para la polémica. Pero la investigadora Sara Lafuente Funes, autora del libro Mercados reproductivos. Crisis, deseo y desigualdad (Editorial Katakrak), subraya que, más allá de los casos individuales y de las casuísticas concretas, el foco debería estar en el mercado reproductivo que hay detrás para que esto suceda. “Ser muy críticos con el caso de una persona millonaria no nos sirve de nada. Si nos apela debería servir para tomar medidas más generales y ver qué límites queremos poner como sociedad”, apunta. Los procesos biomédicos son ahora mucho más avanzados que antes y ensancharon los límites de lo posible, mientras que la conversación pública y el debate político aún no son capaces de abordar la imagen completa.

En España, los contratos de gestación por sustitución (como la nombra la Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida) son nulos de pleno derecho, pero las rendijas del sistema hacen que, con dinero, casi todo sea posible.

“La vía de acceso es el dinero y eso es lo que no tiene sentido. Hay una serie de técnicas y de prácticas que se han puesto en marcha y que solo las regula el mercado. Eso es problemático porque el mercado estratifica el acceso en función de los ingresos y no tiene criterios sociopolíticos”, explica Sara Lafuente. Una orden de 2010 de la Dirección General de los Registros y del Notariado, que depende del ministerio de Justicia, permite registrar a los niños una vez que nacieron, aunque en ocasiones algunos consulados españoles impidieron esta tramitación al existir sospechas sobre las empresas intermediarias. La nueva ley del aborto prohíbe la publicidad de las agencias de gestación subrogada en España.

Lafuente cree necesario llegar a consensos sociales similares a los que ya existen con la donación de órganos, “acuerdos sobre la edad límite para tener hijos, sobre los motivos para poder acceder a material reproductivo o para acceder a ciertos procesos reproductivos, si podemos o no hacerlo, si pueden darse esos intercambios y en qué condiciones”. En cualquier caso, la experta cree que las normativas españolas deben contemplar siempre el aspecto global, de manera que la legislación de los países se combine con tratados internacionales al respecto.

La profesora de Filosofía de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona y parte del grupo de juristas Antígona Noelia Igareda insiste en que el sistema actual permite que sea la condición económica la que marque quién puede hacerlo y quién no, sin que medien otros límites. Y pone el ejemplo de países europeos como Reino Unido o Portugal, que no permiten la gestación subrogada pagada pero donde la gestación por sustitución altruista está regulada con una fuerte intervención del Estado y con unos requisitos de acceso muy estrictos. “Me cansa que no se pueda discutir de gestación subrogada y que no hablemos de la donación de óvulos ni de las condiciones de esas donantes, que pasemos de puntillas por la donación anónima de gametos, que no se permite en muchos otros países de nuestro entorno porque impide el acceso de las criaturas a conocer sus orígenes... todo eso no importa porque hay intereses económicos en juego”, critica.

Sobre el caso de Ana Obregón, Igaredo pone sobre la mesa algunos sesgos muy presentes en la conversación pública. “Nos escandaliza porque tiene 68 años y está sola, no es un proyecto de pareja, y porque su hijo se murió y ha hecho público ese dolor, es decir, parece más que se ha comprado un hijo para tapar ese dolor. Se la ataca por sus circunstancias y se utiliza como ejemplo de que la gestación por sustitución sirve para comprar niños. Sin embargo, cuando una persona decide quedarse embarazada o una pareja decide tener un hijo no entramos a valorar si están en condiciones de ser madre o padre, incluso aunque sepas que son una pareja de descerebrados. Sería impensable decir que tenemos que autorizar a una persona o pareja si pueden tener hijos. Nos podemos llevar las manos a la cabeza por su edad, por su situación económica, porque parece que van a tener un cachorrito y no un hijo... pero no nos planteamos si es moralmente aceptable o si están en condiciones de hacerlo”, reflexiona Igaredo, que subraya que en España se puede, por ejemplo, tener hijos sin ninguna vinculación genética mediante la transferencia de embriones donados. “Pero como lo gestas y lo pares tú, no es cuestionable”.

La edad y el sesgo de género

En España, la sanidad pública no admite, de media, a mujeres de más de 40 años en los tratamientos de reproducción asistida (algunas comunidades ampliaron ese margen). En la privada, el límite se expande hasta los 50. La gestación subrogada en la que existe contraprestación económica no suele limitar la edad a la que puede accederse a ella. Ana Obregón no fue la primera en acudir a la gestación por sustitución pasados los 50. Lo hizo Elton John, con 63 y 65 años cuando tuvo a su primer y su segundo hijo, respectivamente. La baronesa Thyssen, a los 64. Miguel Bosé, a los 55. Y si el asunto es la edad, Richard Gere llegó a la paternidad biológica a los 69 años. ¿Quién debe decidir cuál es el límite de edad adecuado para tener un hijo? ¿Juzgamos más duramente a las mujeres que son madres después de traspasar cierta frontera que a los hombres que se convierten en padres más allá de la madurez?

La respuesta es sí: la propia legislación lo hace. La norma regula la edad de acceso de las mujeres a las técnicas de reproducción asistida, pero nada dice sobre los hombres que serán padres mediante esos tratamientos. “En los datos sobre reproducción asistida podemos obtener la edad de las mujeres pero no la de los hombres, eso es lo poco relevante que se considera ese dato”, subraya Lafuente, que destaca, que si bien el límite biológico femenino es más pronunciado, los hombres también cuentan con límites reproductivos que marcan, por ejemplo, un aumento de las enfermedades genéticas.

Hace tres décadas, tener un hijo con 40 años era una rareza fácilmente juzgable. Hoy, tener un hijo pasados los 40 pasó a formar parte de la normalidad, aún cuando eso en muchas ocasiones implica acudir a un tratamiento de reproducción asistida, a veces incluso con material genético de otras personas. “Hay una crítica legítima al hecho de que cada vez nos reproduzcamos más tarde y este caso es muy gráfico. Pero que no haga falta irse a una persona que tienen 68 años para darnos cuenta de que hay un problema con la naturalización de una edad reproductiva cada vez más tardía”, dice Sara Lafuente.

ARA

Un donante de esperma en Países Bajos, vinculado con más de 550 hijos engendrados por donación de semen en al menos 13 clínicas neerlandesas y extranjeras, será llevado ante los tribunales por una de las madres inseminadas y por la fundación Donorkind, que defiende los intereses de las personas nacidas por este método.

La propia fundación anunció que iniciará un procedimiento judicial para intentar detener el comportamiento de este donante neerlandés de 41 años, acusado de engañar a mujeres en todo el mundo, al haber mentido y minimizado el número de veces que había donado su esperma. Donorkind estima que ayudó a engendrar más de 500 niños.

Las pautas de las clínicas requieren que cada donante de esperma pueda hacerlo hasta un máximo de 25 veces con éxito o ayudar a 12 familias en total. El objetivo es evitar la endogamia, el incesto y los problemas psicológicos de las personas nacidas por este método.

El donante denunciado en Holanda, sin embargo, entregó su esperma en al menos 13 clínicas en Países Bajos y en el extranjero. Según Donorkind, “también se acerca a futuros padres que buscan un donante para su inseminación en casa a través de plataformas de reuniones y redes sociales, y miente sobre el número de hijos que tuvo”.

Los demandantes alegan que este hombre “dijo a las madres que no quiere detener su comportamiento y recientemente se acercó a nuevos futuros padres”, por lo que pidieron a la justicia “prohibirle bajo sanción nuevas donaciones, que se le exija que no contacte con nuevos futuros padres, y que escriba a las clínicas para pedir la destrucción de su esperma almacenado”.

Eva, la madre que inicia ahora la denuncia en los tribunales contra este sujeto, asegura que él se había comprometido a no engendrar más de 25 hijos cuando ella lo eligió como su donante en 2018.

“Si hubiera sabido que ya había tenido más de cien hijos, nunca le hubiera elegido. Cuando pienso en las consecuencias que esto podría tener para mi hijo, me quedo con mal cuerpo y me entra la incertidumbre sobre su futuro: ¿cuántos hijos más habrá? En conversaciones con el donante, muchas madres le han pedido que parara, pero nada ayuda”, asegura la demandante.

Su abogado, Mark de Hek, alerta de que el donante está actuando ilegalmente “al anteponer su impulso reproductivo” y recuerda que “este comportamiento es peligroso para el bienestar mental y la salud de los niños nacidos por donación”.

“Consideramos que es importante que las personas implicadas sean conscientes de cómo se convierten en una familia a través de un donante”, asegura la fundación en su comunicado. “Esto quiere decir que tanto los padres como los donantes deben tener en cuenta los intereses y derechos de los niños. Desafortunadamente, eso no es posible con este hombre”.

La asociación de ginecólogos neerlandeses NVOG advirtió por primera vez en 2017 sobre este hombre, un músico, cuando se supo que había engendrado al menos 102 niños en Países Bajos a través de 10 clínicas diferentes.

El donante fue incluido en una lista negra en las clínicas neerlandesas, pero continuó donando en otros países, como Dinamarca y Ucrania.

No está claro cuándo se verá el caso en la Justicia neerlandesa, pero Donorkind espera tener más detalles “en las próximas semanas”.

Además de este caso, la fundación identificó ya al menos diez ginecólogos neerlandeses que han usado su propio semen sin conocimiento de las mujeres que querían quedarse embarazadas en clínicas de fertilidad de Países Bajos.

Al mismo tiempo, una cifra récord de 1.415 personas nacidas por donación de esperma buscaron en 2021 información genética sobre su padre biológico, tras hacerse públicos estos escándalos.

En 2020 en Argentina había casi 92 mil embriones congelados en 54 clínicas de fertilización asistida. La cantidad había aumentado un 70 por ciento en apenas tres años y los centros médicos advertían que un cuarto llevaba más de una década en el freezer sin ser usado. En 2023 no hay datos nuevos pero el tema de qué hacer con los 24 mil embriones ociosos llegó a la Corte Suprema de Justicia en medio del debate en comisión por el juicio político contra todos sus integrantes. 

El máximo tribunal del país decidió tomar una causa de una ex pareja que pidió desechar tres embriones para hacer una audiencia pública que aún no tiene fecha pero que ya generó interpretaciones de todo tipo. ¿Es un mensaje para el Gobierno en medio del pedido de juicio político? ¿Le está hablando al Congreso que nunca trató una ley para definir el destino de los embriones que no se usan? ¿Es una señal para tener apoyo de grupos antiderechos y conservadores? ¿Es ir contra la ley de aborto legal sancionada hace dos años? ¿De todos los temas de interés social para audiencias públicas, es el de los embriones congelados uno de ellos?

“Cada vez que aparece la palabra embrión en la agenda pública hay una asociación directa con aborto y con derechos sexuales y reproductivos. La Corte busca reabrir un debate que ya está saldado en Argentina”, dice la abogada Marisa Herrera. Es una de las autoras de un proyecto de ley presentado en 2021 por la diputada del Frente de Todos Mara Brawer que busca definir el destino y la protección de los embriones congelados.  

Tres embriones a la Corte 

En 2021 una mujer y un hombre llegaron a la Justicia porteña por tres embriones. Se habían separado en 2018 y querían que la clínica donde habían hecho un tratamiento de fertilización asistida los tirara. No querían pagar más los 100 dólares anuales de mantenimiento y tampoco querían donarlos. Querían tirarlos. 

La ex pareja había empezado el tratamiento en 2014 en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires por derivación de la obra social. Cuando firmaron el contrato por los primeros 12 meses, desde la clínica no les aclararon que para tirar los embriones necesitaban una autorización judicial. En octubre de 2015 tuvieron una hija. 

“Cada vez que aparece la palabra embrión en la agenda pública hay una asociación directa con aborto y con derechos sexuales y reproductivos. La Corte busca reabrir un debate que ya está saldado en Argentina”

Marisa Herrera — Abogada

Tres embriones quedaron congelados para usar en el futuro. Pero se separaron y se pusieron de acuerdo en que no querían tener más hijos. La clínica hizo lo que hacen muchas clínicas en Argentina: apeló a un vacío legal y les dijo que lo tenía que resolver la Justicia. 

La causa llegó al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº77 y la jueza Vilma Días rechazó el pedido. En una sentencia de julio de 2021 dijo que el embrión “detenta condición de humanidad”, relativizó el fallo “Artavia Murillo vs Costa Rica” que no considera persona al embrión y dijo que el artículo 19 del Código Civil y Comercial reconoce la existencia de la persona desde su concepción, una interpretación muy escuchada entre quienes se oponían a la ley de IVE y que quedó saldada en los debates. 

El fallo fue apelado. En segunda instancia los jueces Paola Mariana Guisado y Juan Pablo Rodríguez, de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, le dieron la razón a la ex pareja. “El fallo explica que no tienen que autorizar el pedido de destrucción de los embriones porque ningún centro médico debe pedir esa autorización. Hay un concepto de libertad: fue un proyecto de ellos, se pusieron de acuerdo en que ese proyecto se terminó, tienen embriones sobrantes y los quieren tirar”, explica Herrera. 

Pero no quedó ahí. El Ministerio Público Fiscal y la Defensora de Menores e Incapaces apelaron de nuevo y dijeron que faltaba una norma que regulase el destino de los embriones congelados que no se usan. 

Después de todo ese camino, los tres embriones de 7 a 10 milímetros llegaron a la Corte Suprema de Justicia este verano. El máximo tribunal definió la agenda 2023 y entre las prioridades están los embriones criopreservados. Tal es así que no resolvió la causa sino que decidió llamar a una audiencia pública, una herramienta que sirve para que el máximo tribunal escuche a la sociedad en temas que son de interés general. El año pasado convocó a cuatro. Solo hizo dos. 

Una legislación en progreso 

Los primeros tratamientos de fertilización asistida en Argentina fueron en los 80. Durante 30 años las personas que querían tener hijos a través de técnicas in vitro tenían que pagar por todo el proceso de manera particular. En 2013, el Congreso Nacional aprobó la ley 26.862 y el país se convirtió en el primero de Latinoamérica en garantizar el derecho a los tratamientos que pasaron a ser cubiertos por obras sociales, prepagas y la salud pública. 

En la reforma del Código Civil y Comercial de 2015 se avanzó en la filiación, es decir, en quiénes son las madres y los padres de las personas nacidas por técnicas de reproducción. Son quienes firman el consentimiento por más que el material genético sea de terceros. Parece una obviedad pero se buscaban regular dos situaciones posibles. Primero, que un donante de óvulos o semen quisiera reclamar la paternidad o maternidad. Segundo, que un padre quisiera desligarse de la paternidad de su hijo a través de un ADN, un antecedente que existía en Paraguay. 

Cuando se hizo la reforma hubo un pedido al Congreso Nacional para que regulara por ley el uso los embriones congelados. En 2019 el ex diputado Daniel Filmus presentó un proyecto que perdió estado parlamentario. En 2021 fue reelaborado por Brawer con firmas de diputadas de bloques distintos.

El proyecto de ley de protección del embrión no implantado propone cuatro destinos para los embriones criopreservados: ser utilizados por sus titulares para tratamientos posteriores; ser donados con fines reproductivos; ser donados con fines de investigación; y cesar su criopreservación. 

También define tres prohibiciones: la comercialización de embriones, la generación de embriones por el uso de las técnicas de reproducción humana médicamente asistida con el objetivo deliberado de ser utilizados sin fines reproductivos ni terapéuticos; y la extracción y fecundación post mortem de material genético. 

El proyecto no fue tratado y para Herrera la jugada de la Corte más que presionar para que eso suceda embarra más la cancha. “Estamos en un momento del Congreso muy partido y esta jugada no ayuda. Muchos diputados no van a querer dar el debate si la Corte lo está tratando. Hay que pensarlo también en el contexto de juicio político ¿Será que necesita que ciertos sectores la apoyen?”, se pregunta. 

24 mil embriones sin usar 

Los embriones que surgen de los tratamientos de fertilización asistida se guardan en clínicas equipadas con tecnología para mantenerlos congelados a menos 197 grados. No todos los centros de salud privada y pública tienen la capacidad para hacerlo. En Argentina son al menos 64 los que criopreservan y para 2020 tenían 92 mil embriones congelados. Los datos los elaboró la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva y mostraron un aumento del 70 por ciento en relación a 2017, cuando eran 55 mil. Del último relevamiento salió también el dato de que el 25 por ciento, unos 24 mil embriones, están guardados desde hace más de 10 años. No se usan, probablemente nunca sean usados y generan costos de mantenimiento de entre 100 y 200 dólares anuales. 

“Las obras sociales, prepagas y el propio Estado invierten recursos que, en un país del tercer mundo, podrían ir a otro lado”, dice Herrera. 

Herrera trabaja el tema del estatus jurídico del embrión congelado hace años y cree que la ley de IVE fue la frutilla del postre para cerrar la discusión sobre el embrión. Le llama la atención que la Corte haya tomado este tema para una audiencia pública. “Las audiencias son para temas de interés social ¿Por qué le parece que a la sociedad le puede interesar? No se entiende una audiencia pública en un caso donde no hay conflicto para las personas, la pareja está de acuerdo en destruir esos embriones. El tema del embrión que ya fue super debatido en 2018 y en 2020 en audiencias públicas”, explica. 

La Ley 26.862 permite criopreservar y donar embriones y revocar el consentimiento antes de la implantación. “Si yo considerara que el embrión es persona no podría hacer nada de eso porque los derechos de las personas no se donan, no se revocan y mucho menos se criopreservan. Nuestro sistema jurídico ya te está diciendo que el embrión no es persona. Y es una ley que nadie tachó de inconstitucional. Después de la Ley de IVE quedó más claro aún que el embrión no es persona. Si puedo decidir por mi propia libertad en las primeras 14 semanas de embarazo en un embrión ya transferido y desarrollado, ¿cómo no voy a poder decidir en un estadio muchísimo anterior?”, explica Herrera. 

También hay legislación internacional. En 2012 en el fallo “Artavia Murillo vs Costa Rica” la CIDH fijó que el embrión no implantado no es persona ni tiene derecho a la vida e incorporó un elemento central: la gradualidad de derechos en tres niveles. Los embriones no implantados como una primera instancia de esa cadena de vida pero no de persona, el feto o persona por nacer que ya está dentro de la persona gestante y la persona nacida con vida. 

Además, en Argentina ya hubo al menos tres fallos que autorizaron a titulares de embriones descartarlos por no tener un destino reproductivo, el único fin previsto por la Ley 26.862. Fueron uno en Mendoza en 2018 y dos en La Plata en 2019. 

La decisión de la Corte también le pareció innecesaria a legisladoras de distintos partidos políticos. Mara Brawer (FdT) autora de un  proyecto de ley presentado en 2021, dijo a a la agencia oficial Télam que, si bien hay un vacío legal, la Corte se metió con el único tema que sí está saldado, que es la voluntad de disponer del material genético por parte de las personas que lo generaron. “Claramente hay una provocación de la Corte a una sociedad que ya discutió muchísimo este tema y que logró un consenso mayoritario, en una decisión alineada con los sectores de extrema derecha”, dijo. 

“El embrión no implantado no puede ser considerado una persona ni tiene derecho a la vida"

Carla Carrizo — Diputada radical

La radical Carla Carrizo opinó en el mismo sentido. Le pareció un error reabrir un debate zanjado en Argentina y citó el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Artavia Murillo vs Costa Rica. “El embrión no implantado no puede ser considerado una persona ni tiene derecho a la vida”, dijo a la agencia oficial. 

Sin marco legal para responder 

Matías Colabianchi está a cargo del Instituto de Fertilidad Asistida Dr. Julio Colabianchi de Rosario. Su papá fue uno de los precursores de las técnicas de fertilización asistida en Argentina en los 80. Por la clínica pasan unas 200 personas al año para hacer un tratamiento que Colabianchi define como boutique. Se paga de manera particular, no trabajan con obras sociales ni prepagas. En la clínica no suelen tirar embriones por el vacío legal. Él cree que debe resolverlo el Congreso antes que la Justicia. 

“Es un problema que tenemos todos los centros de fertilidad en el país. Hasta que esto no esté legislado va a seguir pasando y cada lugar lo resuelve de distintas maneras”, explica. Colabianchi cree que el debate va a determinar lo que se entiende por vida y por persona. “Personalmente pienso que se reconoce como persona cuando se implanta en el útero, antes es un material biológico, no es una persona porque no tiene chance de vida. Pero esa es mi postura personal, si hay una ley no queda librado a la creencia de cada uno”. 

El médico explica que cuando hay parejas que se separan y quieren descartar los embriones, desde la clínica recurren al camino de la judicialización. “Porque en general hay dos personas que no están de acuerdo entre sí y no sabemos qué puede pasar si alguno de la pareja se arrepiente, entonces necesitamos una ley más allá de los consentimientos informados. Sería mucho más simple para las parejas o las personas que no desean mantener embriones congelados por cuestiones culturales, religiosas, sociales, personales o económicas, que es la mayor parte, poder hacerlo y listo”, agrega. 

Es un problema que tenemos todos los centros de fertilidad en el país. Hasta que esto no esté legislado va a seguir pasando y cada lugar lo resuelve de distintas maneras"

Matías Colabianchi — médico

Para la abogada Herrera, las clínicas de fertilización asistida no deberían dedicarse a criopreservar embriones si consideran que los embriones congelados son personas. “Es cuestión de ética. Si vos crees que lo que manipulas es una persona tenés que abrirte y no lucrar con esto. El debate del destino de los embriones no tiene que ver con definir dónde empieza la vida”, agrega y explica que hay un negocio detrás de la criopreservación. “Hoy las obras sociales y prepagas pagan la cadena de frío y la preservación de embriones que nunca van a ser transferidos. Por un tema ideológico y religioso estamos gastando plata que podría destinarse a otra cosa. Volvemos a reeditar posturas fundamentalistas en un estadío muy anterior a las 14 semanas”. 

La defensa de algo que no existe 

“¿Esta es la forma adecuada de resolver el vacío legal del estatus jurídico del embrión no implantado?”. La pregunta la hace abogada tucumana Soledad Deza y responde: “Debería ser por los carriles constitucionales con una ley votada por el Congreso”. Lo que más le preocupó a Deza como activista feminista es que la Defensoría General de la Nación se haya puesto como representante de un sujeto jurídico que no existe: el embrión críopreservado. 

“Este es un caso que tiene a dos interesados con una voluntad de procrear que se termina y se ponen de acuerdo con el descarte. ¿Y quién llega a la Corte? No son las partes sino la Defensoría General de la Nación que solo puede representar personas. Y un embrión crioconservado no implantado no es una persona”, explica. 

En aborto vos tenés un grupo de ciudadanos que invocan la representación de la vida intrauterina. En el otro hay un embrión no implantado, o sea, ni siquiera está dentro del útero de alguien. Ahí hay clínicas y dinero de por medio”

Soledad Deza — abogada

Deza cree que es importante separarlo de la cuestión de aborto y de los casos que están en la Corte en relación a la ley de IVE. De los 36 recursos presentados contra la ley, 32 fueron rechazados y quedan cuatro que no tienen que ver con el derecho a decidir abortar, sino con una cuestión de legitimación. “En aborto vos tenés un grupo de ciudadanos que invocan la representación de la vida intrauterina. En el otro hay un embrión no implantado, o sea, ni siquiera está dentro del útero de alguien. Ahí hay clínicas y dinero de por medio”. 

Para ella es importante esta aclaración para que los equipos de salud que que garantizan el derecho a decidir estén tranquilos a la hora de aplicar la ley. “Esta discusión en nada puede quitarle la seguridad jurídica a las prestaciones sanitarias que ellos brindan, que es el correlato de la soberanía reproductiva de las mujeres y personas gestantes al momento de un aborto”.

“Una cosa es el estatus jurídico del embrión criopreservado y otra cosa es si podemos dividir el cuerpo de una mujer y darle autonomía al feto. Eso el Congreso ya decidió que no con la Ley de IVE. El problema con el embrión criopreservado es que el Congreso no lo trató. Cuando no se dan ciertas discusiones legislativas donde hay representación federal de las provincias quedan cuatro varones discutiendo este tema”, agrega.

En caso de que se dé un debate de la ley, Deza considera que, como mínimo, los embriones deberían poder descartarse hasta la semana 14 inclusive. “Es el mismo plazo en el que uno puede decidir ponerle fin a la vida intrauterina. Si se extingue la voluntad procreacional es lógico que los dueños de los gametos puedan decidir el descarte de ese embrión. ¿Qué vamos a hacer? ¿obligarlos a que se los implanten o a donarlos?”. 

De fijarse la fecha de la audiencia de la Corte, Deza dice que las feministas estarán alertas. “Si la Corte incluye temas como este podría incluir también las causas que impugnan la ley de IVE. Si es así, como son cuestiones que tienen que ver con la autonomía y la soberanía reproductiva de las mujeres, vamos a exigirle perspectiva de género. No creo que lo ponga en agenda siendo una cuestión de género y no habiendo ninguna mujer en el tribunal”. 

AB/MG

Este jueves, la Corte Suprema decidió otorgarle prioridad y tratamiento especial a un caso testigo que deja en evidencia al Congreso ante la falta de una ley que afecta los derechos de las personas, el Congreso en donde actualmente se lleva adelante un proceso para juzgar e intentar destituir -sin chances, en el escenario actual- a los cuatro jueces del máximo tribunal.

Los magistrados Horacio Rosatti (presidente del máximo tribunal), Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti mantuvieron la primera reunión de acuerdo del año; dictaron 207 sentencias, incluyendo un fallo a favor del propietario de tierras en Bariloche, Río Negro, que debía entregar tierras a la comunidad Lof Che Buenuleo, del Pueblo Mapuche, por una resolución oficial.

Los jueces también enviaron a través de sus voceros un mensaje de unidad interna a pesar del profundo enfrentamiento que los divide desde 2018 y decidieron que durante los próximos meses la Corte realizará una audiencia pública para tratar el vacío legal en un tema de alta sensibilidad, informó a elDiarioAR una fuente directa del máximo tribunal.

La Corte decidió que se meterá de lleno en el debate sobre embriones criocongelados y llamará a una audiencia pública para que distintos sectores de la sociedad, el Estado y el ámbito médico y privado expongan argumentos en pro y en contra de los derechos y límites de los derechos de los procreadores; sobre si los embriones tienen o no derechos; si pueden ser destruidos por pedido de los progenitores o deben ser conservados a pesar de que las personas que los crearon quieran que sean extinguidos. En resumen: cuándo empieza la vida y a partir de cuándo se es persona.

Muy lejos de la rosca política pero íntimamente ligado a la ciudadanía y a instituciones con poder propio, como la Iglesia y las clínicas privadas de fertilidad, o la comunidad científica, la Corte optó por un caso que puede regular un aspecto de la vida de los argentinos ante la ausencia de una ley que cumpla ese rol, es decir, llenando el vacío que dejan los diputados y senadores. 

Después del debate por la ley que legalizó el aborto, la problemática de los embriones y la eutanasia son dos cuestiones que atraviesan la vida de las personas y que en Argentina no tienen leyes que regulen los derechos o los límites de los derechos.

El máximo tribunal elige intervenir en este caso haciendo hincapié en la ausencia de una ley que el Congreso debería haber tratado hace más de siete años, cuando se sancionó en el Parlamento el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, pero que tanto diputados como senadores nunca discutieron, explicó una fuente directa del Palacio de Justicia. En 2022, la Corte realizó audiencias públicas en otros casos que evidencian un vacío legal, como la despenalización del autocultivo de la planta de cannabis con fines terapéuticos y el “derecho al olvido”.

El caso

La audiencia pública surgió a partir de un caso que llegó a la Corte hace al menos dos años. Se trata de una pareja que en 2015 realizó un tratamiento buscando donantes y obtuvo cinco embriones. Realizó la transferencia de dos de los embriones originados bajo tal procedimiento. Los otros tres embriones fueron criopreservados a la espera de que los dos trasplantados dieran resultado positivo. Finalmente, la pareja tuvo una hija.

Años más tarde, la pareja se separó y solicitó a la clínica privada que había realizado el tratamiento que interrumpa la criopreservación de los tres embriones, explicó a elDiarioAR una fuente directa de la Corte. Es decir, que se destruyan. 

Sin embargo, la clínica privada les respondió que no podía destruirlos sin una autorización judicial ante la ausencia de un marco legal. De acuerdo al contrato firmado por las partes, la relación contractual se termina sólo por muerte de algunos de los progenitores o falta de pago, y en ambos casos, los embriones son donados a un banco de embriones. 

La pareja acudió a un juzgado civil para que le exija a la clínica privada que interrumpa la criopreservación de los tres embriones y ponga fin a la relación contractual con la clínica privada, ya que la clínica se negaba a interrumpir el vínculo comercial.

La jueza civil de primera instancia rechazó el pedido de la pareja y se negó a autorizar la interrupción de la preservación de los embriones. La magistrada interpretó que los embriones cuentan con la misma protección de cualquier vida humana, en base al artículo 16 de la Constitución Nacional y del artículo 19 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que “la existencia de la persona humana comienza con la concepción”, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en un fallo que los embriones “no son personas”.

La mujer apeló el fallo de primera instancia y llegó a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, que le dio la razón y revocó la decisión de la jueza, otorgando prioridad a los derechos reproductivos de la pareja. Además, los jueces determinaron que no requería autorización judicial para solicitar la interrupción de la criopreservación.

Entonces, la Defensoría Pública de Menores e Incapaces llevó el caso ante la Corte Suprema y solicitó que el máximo tribunal zanje la cuestión ante la ausencia de una ley.

El caso de esta pareja no es aislado. Una búsqueda rápida por sitios de abogados y estudios jurídicos de familia y derecho civil demuestra la existencias de demandas y conflictos muy similares en varios puntos del país, donde los jueces de primera instancia y de las cámaras de apelaciones fallan de acuerdo a sus criterios en lugar de regirse por la ley, determinando soluciones completamente disímiles de acuerdo al juez que toque.

La Procuración General de la Nación ya está trabajando también en el caso. El procurador fiscal ante la Corte que se especializa en derecho privado, Víctor Abramovich se encuentra estudiando un dictamen para presentar la posición del Ministerio Público Fiscal sobre el conflicto, confirmó a elDiarioAR una fuente directa de ese organismo. 

La Corte aún no fijó fecha para la audiencia pública que se celebrará previo al fallo del máximo tribunal, pero será en los próximos meses, aseguró la fuente consultada en el Palacio de Justicia. ¿Por qué eligió esta causa, en medio de la avanzada del oficialismo que buscará exponer a los jueces por supuesto mal desempeño? La respuesta a la fuente consultada es que cuando la Corte elige un tema y le da prioridad y tratamiento especial por sobre otro busca sentar jurisprudencia para tribunales superiores de la Región, frenar un daño inminente, definir posición en un tema de interés jurídico o zanjar una controversia ante la falta de una ley, es decir, ante la inacción del Congreso. “Es como el caso de la coparticipación -la que originó la pelea con el Gobierno y el pedido de juicio político contra los jueces-. La Corte se mete porque la política tiene pendiente desde hace casi dos décadas sancionar una nueva normativa y no lo hace”, responde una fuente directa del tribunal. 

ED

Una mujer de 31 años dio este jueves a luz a una niña en el Sanatorio Otamendi en la Ciudad de Buenos Aires, a través de un método de fertilidad que comúnmente se llama “bebé de tres padres”, porque requiere del material genético que aporta la madre, el óvulo de una mujer donante y el espermatozoide del padre.

La beba nació a las 10:04 horas con un peso de 3,255 kg, dando lugar al primer nacimiento de Sudamérica con esta técnica de reproducción asistida, informó el médico ginecólogo y obstetra a cargo del parto, Aníbal Dal Verme (MN 72237).

“Fue una cesárea programada a las 38 semanas. Fueron nueve meses de perfecta evolución, con control estricto y mucha contención”, precisó Dal Verme y aseguró que tanto la madre como la niña están bien de salud.

Respecto a la técnica de fertilidad que recibe el nombre de “transferencia de huso”, el director del Laboratorio de Embriología del centro de medicina reproductiva Procrearte que trató a la paciente, Ariel Ahumada, explicó a Télam que “se toma el óvulo o el ovocito de una mujer joven, de una donante, y a ese ovocito se le extrae el material genético que tiene y se lo reemplaza por el material genético de la paciente que va a hacer el procedimiento”.

“Entonces se obtiene un ovocito reconstituido que tiene toda la maquinaria metabólica del ovocito joven y el ADN de la paciente”, precisó el doctor en Ciencias Biológicas y aseguró que “hemos conseguido luego de largos meses de trabajo implementar la técnica de transferencia de huso y somos el primer centro latinoamericano en aplicarla a una paciente con éxito, obteniendo el primer nacido vivo sano”.

Asimismo, destacó que es el procedimiento de “mayor complejidad técnica en los centros de reproducción y solo unos cuantos laboratorios en el mundo la han podido implementar”.

El profesional indicó que ocurrieron solo otros tres nacimientos en el mundo a través de esta técnica, siendo el primero en México con una paciente y un equipo médico estadounidenses.

Por la novedad del procedimiento, todavía no es contemplado por el Ministerio de Salud Nacional, y desde el centro de medicina reproductiva Procrearte tuvieron que aplicar un protocolo especial con el consentimiento de los pacientes y realizar “un seguimiento muy exhaustivo del embarazo”, señaló Ahumada.

Entre los principales beneficios de este tratamiento, el especialista remarcó que “la paciente en este caso no tiene que renunciar a su identidad genética” como sí sucede cuando se realiza un procedimiento de ovodonación.

“Se utiliza el ovocito de la donante pero sin su material genético, con el material genético de la madre, y esa es la gran innovación de esta técnica”, enfatizó Ahumada y explicó que se suele hablar de “un bebé con tres padres, pero es entre comillas porque el material genético nuclear, que es el que determina todas las características del individuo, está en el ADN que aporta la madre y no la donante”.

Por último, el especialista apuntó que el éxito de este nacimiento “alienta a poder implementarlo en otros casos de infertilidad”.

Con información de Télam.

IG