Abril empezó y no es tan bello como cantaban con entusiasmo Fito Páez y Luis Alberto Spinetta, en una canción hermosa y simple, y con un videoclip luminoso que ambos compartieron con Dolores Fonzi, la musa inspiradora del rosarino al componerla e incluirla en su disco Naturaleza Sangre (2003). Este abril, por el contrario, y como cada mes desde hace por lo menos tres años y medio, es otro de malaria en la economía libertaria; malaria para los trabajadores que son, básicamente, víctimas del modelo.

El mes que empezó vuelve a traer aumentos en servicios esenciales que afectan directamente el ingreso disponible de quienes trabajan. El transporte público, las cuotas de medicina prepaga, la electricidad y el agua comienzan el mes con nuevas actualizaciones tarifarias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en un escenario en el que los salarios no paran de perder contra la inflación.

El calendario cambia, las cuentas también

El transporte público registró uno de los incrementos más inmediatos. El boleto mínimo de colectivo en la provincia de Buenos Aires pasa de $832,57 a $873,37 para los viajes de hasta 3 kilómetros con tarjeta SUBE registrada, según el nuevo cuadro tarifario que comenzó a regir en abril.

La actualización siguió el mecanismo que aplicó la provincia: el índice de precios al consumidor (IPC) de febrero más un 2% adicional. Con esa fórmula, los valores de los distintos tramos también aumentaron: $972,93 para viajes de 3 a 6 kilómetros, $1.047,14 entre 6 y 12 kilómetros, $1.122,90 entre 12 y 27 kilómetros y $1.197,39 para trayectos más largos.

En la Ciudad de Buenos Aires también se aplicó una suba. El pasaje mínimo de colectivo quedó en $715,26, con aumentos escalonados según la distancia del recorrido.

El impacto es directo sobre los trabajadores que utilizan el transporte público para ir y volver del empleo. En muchos casos, el gasto en movilidad es un componente fijo del ingreso mensual y se ajusta de manera más frecuente que las paritarias o los salarios. El ajuste data de por lo menos la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía y se acentuó con ferocidad al asumir en el poder el tándem de economistas Javier Milei-Luis Caputo.

La presión sobre el transporte se agravó además por una decisión del sector empresario. Las cámaras del autotransporte que representan alrededor del 85% de las líneas de colectivos del AMBA informaron que reducirán la frecuencia del servicio debido al aumento del precio del gasoil y a la falta de actualización de los costos reconocidos por el Estado.

En un comunicado conjunto, las entidades empresarias señalaron que el incremento del combustible y la ausencia de una compensación oficial los colocó en una situación en la que consideran imposible sostener los niveles habituales de prestación. La medida comenzó a regir el 1° de abril y podría afectar los tiempos de espera de los usuarios.

La reducción de frecuencias implica más tiempo de viaje y mayor incertidumbre para quienes dependen del colectivo para llegar al trabajo, en un contexto en el que los costos de movilidad ya venían aumentando de manera sostenida.

Los aumentos de abril también alcanzaron al sistema de salud privado. Las empresas de medicina prepaga comunicaron actualizaciones en sus cuotas de hasta el 2,9%, en línea con la inflación registrada en febrero. Esa suba impactó además en los copagos que deben abonar los afiliados por consultas y prácticas médicas.

Las tarifas de servicios públicos también se modificaron. Las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur aplicaron nuevos cuadros tarifarios. En el área de Edesur, por ejemplo, los hogares de ingresos altos (Nivel 1) comenzaron a pagar un cargo fijo de $1.393,73 para consumos de hasta 150 kWh y un cargo variable de $115,29 por kWh, según el esquema informado para abril.

En el caso de Edenor, el cargo fijo inicial quedó en $1.414,93, con un cargo variable de $115,28 por kWh. Los usuarios con subsidios mantienen valores más bajos dentro de los límites establecidos por el esquema de segmentación tarifaria.

El agua también registró un ajuste. La empresa AySA aplicó el último tramo del aumento del 4% que había comenzado a implementarse a principios de año.

El efecto combinado de estas subas se produce en un contexto en el que el ingreso de los trabajadores sigue deteriorándose frente a los precios. Los datos oficiales del INDEC mostraron que el índice de salarios aumentó 2,5% en enero, mientras que la inflación del mismo mes fue de 2,9%, lo que implicó una nueva pérdida del poder de compra.

La situación se repitió especialmente entre los trabajadores registrados. En ese segmento, el sector privado subió 2,1% y el público 1,8%, ambos por debajo del IPC del mes.

El deterioro del ingreso también aparece en relevamientos sobre la percepción de los trabajadores. Un estudio citado en coberturas recientes registró que el 83,9% de los trabajadores afirmó que su salario no le gana a la inflación, mientras que el 56,4% de los hogares tomó deuda en los últimos seis meses para cubrir gastos básicos.

“Dios Santo que bello abril”, dice el estribillo de la canción. Pero en muchos hogares el mes empezó con una escena más terrenal: el calendario nuevo y una pila de facturas esperando turno sobre la mesa.

JJD

El cuarto mes del año comienza con una marcada aceleración en los precios de los servicios públicos y privados, consolidando una presión directa sobre el poder adquisitivo de los hogares argentinos. 

A partir del 1 de abril, entran en vigencia los nuevos esquemas tarifarios para el transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la medicina prepaga, los alquileres y los servicios de electricidad y agua potable. 

Esta dinámica responde a la aplicación de fórmulas de indexación mensual y a la continuidad del proceso de reducción de subsidios estatales en un contexto donde, según proyecciones privadas, la inflación de marzo “podría situarse en torno al 3 por ciento”.

Qué pasa con el transporte

En el rubro del transporte, el cuadro tarifario de colectivos en el AMBA presenta cambios significativos. Para los usuarios con tarjeta SUBE registrada en la provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo para el tramo de 0 a 3 kilómetros pasará a costar $873,37, lo que representa un ajuste del 4,90%. 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el pasaje mínimo para usuarios nominados se fija en $715,26. No obstante, la brecha tarifaria se profundiza para quienes no tengan su tarjeta registrada, ya que en territorio bonaerense el valor base saltará a $1.388,66, pudiendo llegar hasta los $1.903,85 en los recorridos más largos.

Aumentos en la luz y el agua

Por su parte, las facturas de energía eléctrica y agua también reflejan actualizaciones. Las distribuidoras Edenor y Edesur aplican nuevos valores en cargos fijos y variables; en el área de Edesur, un usuario residencial de altos ingresos enfrentará un cargo fijo de $1.393,73 para consumos básicos. 

En paralelo, la tarifa de agua aumentará un 4%, según la Resolución ERAS N.º 53/25 publicada en el Boletín Oficial.

Se mantiene el descuento del 15% para zonales bajos, que alcanza al 48% de los usuarios residenciales, indicaron fuentes del AySA.

Las prepagas

El sector de la salud privada implementa su cuarto ajuste anual con un incremento del 2,9% en las cuotas, vinculado a la medición inflacionaria de febrero. De acuerdo con fuentes oficiales, empresas como OSDE, Galeno, Swiss Medical y Omint aplicarán dicha suba, mientras que el Hospital Italiano ajustará un 2,7%. 

Los alquileres

En el mercado inmobiliario, quienes mantienen contratos bajo la Ley 27.551 y deban cumplir con la actualización anual sufrirán un incremento del 33,3 por ciento por la aplicación del Índice de Contratos de Locación (ICL).

Combustibles

Finalmente, el panorama se completa con la incertidumbre en los combustibles, donde la nafta súper en CABA ya “superó por primera vez los $2.000 por litro” en surtidores seleccionados, quedando su evolución supeditada al precio internacional del crudo.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

El costo de vida en la Argentina cerró el 2025 con una marcada dispersión de precios en los artículos de consumo masivo. Al comparar los valores de diciembre de 2024 con los de diciembre de 2025, se observa que los cortes de carne y ciertos productos de almacén subieron muy por encima de la inflación promedio en algunos rubros específicos.

Los cortes de carne vacuna fueron los que más presionaron el bolsillo de los consumidores durante los últimos doce meses, de acuerdo a relevamientos privados.

El vacío lideró los incrementos con un salto del 76,4%, seguido por el bife ancho (75,7%), el bife angosto (73,4%), la falda (73%), la paleta (71,2%), el cuadril (70,9%), la colita de cuadril (70,6%), el roast beef (70%), la nalga (69,7%) y el asado (69,4%). Desde el inicio de la gestión de Javier Milei en diciembre de 2023, la carne vacuna subió un 330,1% y superó con holgura el 257,5% del IPC global. Si se toma sólo el último mes de 2025, las principales subas a nivel país se dieron en los precios del asado (14,4%), matambre (13,9%), vacío (13,5%) y bife ancho (12,6%).

En el rubro de almacén, el Café molido registró una de las variaciones más altas del año con un aumento del 57,0%.

A continuación, se detallan los diez artículos que experimentaron las mayores subas porcentuales respecto a noviembre de 2025 en zonas del Gran Buenos Aires:

¿Cómo evolucionaron los precios de los artículos de almacén, lácteos y limpieza?

A continuación, se detalla la variación interanual de los principales artículos de la canasta básica en el Gran Buenos Aires:

¿Hubo productos que bajaron de precio o se mantuvieron estables?

A pesar de la tendencia general alcista, algunos artículos estacionales y de primera necesidad mostraron variaciones negativas o casi nulas en el comparativo interanual. El Arroz blanco simple registró una baja del 22,3%, mientras que el Zapallo anco descendió un 17,7% y la Papa un 11,1%. Por su parte, la Batata se mantuvo prácticamente sin cambios con una mínima suba del 0,2% a lo largo de todo el año.

Cuánto aumentaron los servicios y combustibles en 2025

El aumento en el rubro vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue de 41,6%, bastante por encima de la inflación general.

Se trata de uno de los rubros que tuvo la inflación más alta de todo el 2025. El dato para la región pampeana sube a 47,8.

En contrapartida, en el rubro prendas de vestir y calzado la suba fue de 15,3%, bastante por debajo de la inflación general.

Se trata del rubro que experimentó el menor incremento durante el pasado año.

El informe del Indec

El gasto en los servicios públicos para un hogar representativo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) trepó un 16,8% en mayo y acumula un alza del 500% en lo que va de la administración de Javier Milei, de acuerdo a un reporte elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP a cargo de la UBA-Conicet.

El informe expuso que en mayo un hogar promedio del AMBA, sin subsidios, gasta $166.559 al mes en cubrir sus necesidades energéticas, de transporte y de agua potable, lo que implica un 16,8% más que en abril, cuando se alcanzó un costo de $142.548 por la reducción del 2,8% frente a marzo.

Al medir el comportamiento de las tarifas desde la asunción del presidente Javier Milei hasta la actualidad, el IIEP reveló que “en los 18 meses que van desde diciembre de 2023 a mayo de 2025 la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó 500% mientras que el nivel general de precios lo hizo en 149%”.

En dicho lapso, el incremento más fuerte se da en el gas natural que escaló 1181%, seguido por el transporte que trepó 685%. En tanto que por detrás, aparecen el agua con un alza de 353% y la energía eléctrica con un ajuste del 262%.

Al argumentar la suba mensual, el IIEP sostuvo que “lo explica tanto los incrementos en los cuadros tarifarios de todos los servicios públicos como un aumento en las cantidades consumidas de energía eléctrica y el incremento en el consumo estacional de gas natural”.

Al detallar la realidad de cada servicio, precisó que en lo que respecta al agua “se incrementa el cuadro tarifario a la vez que el consumo se ajusta por cantidad de días del mes (mayo tiene un día más que abril)”.

En cuanto al gas, especificó que “aumenta el cuadro tarifario (3% el cargo fijo y 0,7% el cargo variable) a la vez que se incrementan las cantidades consumidas por estacionalidad”, mientras que en el caso de la luz, puntualizó que “crece el consumo respecto del mes anterior mientras se incrementaron los cuadros tarifarios, 8,2% el cargo fijo y 0,5% el cargo variable”.

Por el lado de los colectivos, el reporte indicó que “mientras el boleto de las líneas de la Ciudad aumenta con IPC+2% (esto arroja un 5,7% en mayo) las líneas interjurisdiccionales a cargo de Nación no tienen modificaciones. Por esto, el costo promedio ponderado del boleto aumentó 3,1%”.

En la comparativa interanual, reflejó que el costo de la canasta total se incrementó 45% “a partir de las actualizaciones de tarifas de transporte, energía eléctrica, gas natural y agua”, quedando igual que la inflación estimada en el REM del Banco Central, lo que “sugiere cierta convergencia de las variaciones en el mes de mayo que, en términos energéticos, es un mes donde los consumos comienzan a reflejar la llegada de días más fríos en la antesala del invierno”.

En la desagregación interanual por servicio, el estudio manifestó que “se observa que el incremento más importante fue en la factura de transporte con un aumento del 54% respecto a mayo de 2024 y en energía eléctrica con el 48%”. En tanto que el gas y el agua experimentan variaciones menores, del 30% y 42%, respectivamente.

En este marco, señaló que “el incremento interanual en la canasta de los servicios públicos implica que 19 puntos porcentuales, de los 45 totales, lo aportó el gasto en transporte mientras que energía eléctrica, agua y gas aportaron 10, 8 y 7 puntos porcentuales respectivamente”.

Por otra lado, aportó que “en los hogares del AMBA se pagan tarifas de servicios públicos que, en promedio, cubren el 56% de los costos y, por lo tanto, el Estado se hace cargo del 44% restante” aunque aclaró que “esta cobertura es dispar entre segmentos de hogares y entre servicios”.

El informe también evaluó el peso de las tarifas en los sueldos puntualizando que “la canasta de servicios públicos del AMBA de mayo representa el 11,6% del salario promedio registrado estimado” del mismo mes.

En este sentido, afirmó que “el peso del transporte representa el 38% del gasto y es significativamente más elevado respecto de los restantes servicios explicado, mayormente, por los factores estacionales que afectan a estos últimos”.

El informe completo

Con información de agencias.

IG

En un evento para la prensa especializada realizado en la concesionaria Prana del barrio porteño de Villa Devoto, Toyota lanzó en Argentina “Toyota 10”, un programa que permite ampliar la garantía de sus productos por períodos de un 1 año o 10.000 km, hasta un máximo de 10 años o 200.000 km, lo que ocurra primero. Esta iniciativa abarca a vehículos 0 Km y a los modelos adquiridos desde 2020, tanto con motorización convencional como con tecnología híbrida, cuyos componentes hasta ahora tenían una garantía oficial de 8 años. Además, incluye a todos los modelos de Lexus que se vendieron desde el arribo de la marca al país en 2018.

“Toyota 10”

Pasados los 5 años de garantía estándar de cualquier modelo de Toyota, el único requisito para acceder al nuevo plan es realizar el servicio de mantenimiento programado. Esto significa que cada propietario deberá realizar un service anual en un concesionario oficial, o en su defecto hacerlo cada vez que se cumplan 10.000 km recorridos con el vehículo. El programa cubre componentes clave como el motor, la transmisión, sistema de refrigeración, frenos, piezas de carrocería, sistemas eléctricos y electrónicos. El plan “Toyota 10” no tiene costo extra y es totalmente transferible, lo cual presenta un gran atractivo para segundos y terceros dueños de modelos Toyota. También es extensible a los autos del programa Usados Certificados de Toyota, que pueden extender su garantía con “Toyota 10”.

Toyota 10 es un paso muy importante en el recorrido de Toyota en Argentina. Elevar el valor de los productos y la marca y refuerza el compromiso que elegimos tomar con nuestros clientes. Expresa la confianza en nuestros productos.

Gustavo Salinas — Presidente de Toyota Argentina

Con esta extensión al servicio, Toyota pasa a casi triplicar la garantía promedio del mercado (que suele ser de 3 años). Es una clara muestra de la confianza que la marca japonesa se tiene con respecto a la fiabilidad y durabilidad de sus productos, pero también demostración de poder frente a las marcas rivales, ante un mercado que se presenta cada vez más competitivo. “Llegamos a un punto de madurez en nuestras capacidades en el cual nos sentimos preparados para ofrecer este nuevo programa”, afirmó afirmó Ignacio Limpenny, director regional de Ventas y Marketing de Toyota. También aclaró que Toyota 10 es un plan de alcance regional, que ya venía siendo implementado en Brasil desde fines del año pasado. 

RT

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a un nuevo paro general para este jueves 10 de abril, que se extenderá por 36 horas y contará con la adhesión de varios gremios. La medida comenzará el miércoles 9 al mediodía con una movilización frente al Congreso junto a jubilados, y continuará el día siguiente con una huelga nacional de 24 horas.

El alcance del paro será amplio, con impacto en distintos sectores clave. Sin embargo, algunos servicios funcionarán con normalidad.

Transporte: sin trenes, subtes ni taxis, pero con colectivos y algunos vuelos

El gremio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó su adhesión al paro, aunque una conciliación obligatoria dictada a fines de marzo impide que lleven adelante una medida de fuerza antes del 11 de abril. Por esta razón, los colectivos urbanos funcionarían con normalidad durante el jueves.

En contraste, los servicios de trenes y subtes estarán paralizados, al igual que los taxis, ya que el Sindicato de Peones de Taxis también se suma a la huelga.

En cuanto al transporte aéreo, se prevé una afectación parcial, con una operatividad estimada en un 45%. Entre los gremios que adhieren se encuentran la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA).

Educación, salud y administración pública

La CTERA, gremio que agrupa a docentes de todo el país, tanto del ámbito público como privado, confirmó su adhesión con un Paro Nacional Docente. De esta manera, no habrá clases en muchas escuelas del país.

También se verá afectado el sistema de salud pública, ya que los gremios estatales como ATE y UPCN participarán de la medida, lo que implicará que no haya atención al público ni actividad en organismos públicos, tampoco en municipios y oficinas del Estado.

Al tratarse de una actividad esencial, en la salud pública habrá atención parcial, con menos personal del habitual, con guardias mínimas para consultas espontáneas y urgencias.

Bancos

La Asociación Bancaria anunció que no habrá atención en ninguna sucursal bancaria, ya sea pública o privada, a lo largo del país. Las únicas operaciones disponibles serán aquellas que se puedan realizar de manera online, a través del homebanking o aplicaciones móviles.

Otros servicios

NB

El objetivo del gobierno de romper la barrera del 2% sigue sin concretarse. En la previa a la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, que se conocerá este viernes, hay consenso en torno a una suba del índice. Las consultoras pronostican que la inflación se ubicará entre 2,3% y 2,7%, por encima del 2,2% de enero. El principal factor detrás de esta aceleración fue el fuerte aumento del precio de la carne, que subió cerca de 8% durante el mes.

Entre las proyecciones, Eco Go, la consultora que dirige Marina Dal Poggetto, estima una suba de 2,7% para el IPC de febrero. Equilibra, de Martín Rapetti, y PxQ, de Emanuel Álvarez Agis, proyectan un alza de 2,5%, LCG de 2,4%, mientras que la Fundación Libertad y Progreso calcula una suba de 2,3%. 

En la misma línea, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que realiza el Banco Central en base a estimaciones de consultoras privadas, ajustó este lunes su pronóstico a 2,3%, por encima del 2,1% que había anticipado un mes atrás. 

Para el top 10 de las consultoras relevadas en el REM, el aumento de la inflación no sería algo transitorio de febrero. Ajustaron al alza las proyecciones para febrero (2,3%), marzo (2%), abril (1,9%) y mayo (1,7%).

De confirmarse estos números, se profundizará aún más la situación de Argentina “cara en dólares”. Es que la tendencia al alza se da en un contexto en el que el Banco Central mantiene un ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial (crawling peg) de 1% mensual, lo que implica que, si los precios superan ese porcentaje, seguirá deteriorando la competitividad en dólares de la economía. Asimismo, significaría un nuevo parate de la desaceleración de la inflación que festejó el gobierno entre agosto y noviembre del año pasado, que fue interrumpido con un salto en diciembre. 

La carne, cada vez más exclusiva

Si bien la suba pronosticada no sugiere un gran salto en la inflación, comienza a ser preocupante al hacer doble click. Es que las consultoras atribuyen la aceleración de los precios al rubro más sensible para las heladeras de los y las argentinas: los alimentos. 

“La inflación en alimentos se ubicó en 3,8%, 1,7 p.p. por encima de lo registrado el mes anterior. Las subas en el precio de la carne marcaron la tónica del mes, llevando a registrar una marcada aceleración de los precios”, asegura en su informe EcoGo. De acuerdo a la consultora, en febrero el rubro aumentó 7,8%. La carne vacuna 9,5%, el pollo 5,5%, y la carne de cerdo se mantuvo en línea con los aumentos generales, en 2,1%. La consultora asegura que, si se excluyen las carnes de la medición, la inflación hubiera alcanzado el 1,8%.

Para Equilibra, la inflación en alimentos fue de 2,8% en el mes, con un especial salto en el subrubro carnes y derivados de 6,1%. Libertad y Progreso también adjudica el resultado al subrubro carnes, con una suba de más de 7% y LCG de 6,2% en febrero. Como referencia, el informe de enero del Indec asignó un aumento de 1,8% para el rubro alimenticio, pivoteando en un 2% desde septiembre. Para las carnes, el aumento en enero fue de entre 2% y 5% según la región.

“La suba en el precio de las carnes impulsó el indicador al alza producto de la caída en la oferta luego de un 2024 donde la sequía limitó el desarrollo de las pasturas, afectó las preñeces y forzó la venta de hembras y hacienda para consumo sin terminar -forzando un precio artificialmente bajo-”, explica Eco Go. “La baja en el consumo interno y los mejores precios a nivel internacional–que se encuentran cerca de máximos históricos-, impulsan un cambio en la tendencia hacia una mayor retención de vientres, con alargamiento de los tiempos de engorde”, adhiere.

Sin tregua: lo que sube en marzo

Marzo tampoco traerá alivio para los bolsillos. A los incrementos ya anunciados se suman los estacionales, con especial foco en carnes, que no cedió durante la primera semana del mes. La lista incluye subas en transporte, combustibles, colegios, tarifas y servicios.

-El precio de los combustibles subió desde el 1° de marzo un 1,9% en promedio en todo el país, como parte de la actualización por inflación y la suba de impuestos a los combustibles líquidos. 

-También habrá un ajuste en las cuotas de colegios privados con subsidio estatal, que aumentarán 6% tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires, coincidiendo con el inicio del ciclo lectivo.

-En transporte, tras el aumento sorpresivo en los colectivos de CABA en febrero, se espera en marzo una nueva suba del 10% en el boleto para la Provincia de Buenos Aires, que sumaría 0,1 punto porcentual adicional a la inflación del mes. 

-Los servicios de telefonía, cable e internet también registrarán un alza, estimada en torno al 3%.

Por su parte, las empresas de medicina prepaga aplicarán incrementos diferenciados según el plan. Algunos usuarios no tendrán subas, pero otros podrían ver ajustes de entre 1,9% y 2,7%, según la aplicación de la nueva normativa que habilita a las prepagas a recibir aportes directamente, sin pasar por obras sociales.

-Las tarifas de luz y gas también se moverán: en marzo se aplicarán ajustes discretos de 1,5% para la electricidad y 1,7% para el gas, y a partir de abril comenzará a regir un nuevo esquema de actualización mensual por los próximos cinco años. En tanto, las tarifas de agua subirán 1%, por tercer mes consecutivo.

“La perspectiva para marzo es que la inflación se ubique en niveles similares a los de febrero, en un mes donde la propia dinámica estacional, sumada a los aumentos pactados en transporte, combustibles y colegios, entre otros, traccionaría el índice al alza”, advierte Eco Go.

NR/JJD

El servicio de la línea Mitre circulará limitado en sus tres ramales eléctricos, entre el sábado 21 y el domingo 22 de diciembre inclusive, como consecuencia de la ejecución de trabajos en el ingreso a la terminal de Retiro.

Durante las dos jornadas, el servicio a Tigre se encontrará reducido entre Belgrano C y Tigre, el ramal José León Suárez lo hará entre Belgrano R y Suárez y el Bartolomé Mitre conectará Belgrano R con Mitre. 

Las tareas, que se ejecutarán en el marco de la emergencia ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional, contemplan la canalización lateral y transversal del tendido de vías para el cruce de cableado de señalización y fibra óptica.

La obra tiene por objetivo mejorar la seguridad en la circulación, se ejecutará durante el fin de semana para afectar a la menor cantidad de pasajeros posible. En caso de condiciones climáticas desfavorables, la obra puede ser suspendida.

El servicio de la línea San Martín circulará con un recorrido limitado, entre las 7 del sábado 21 y hasta las 23:59 del domingo 22 de diciembre. Esta medida se debe a la realización de trabajos en el puente ubicado sobre el río Reconquista, destinados a normalizar la contención de la piedra balasto y adecuar los apoyos de la estructura.

Las tareas implican la interrupción de la prestación entre Hurlingham y José C. Paz, por ello el servicio circulará en dos tramos: entre Retiro y Hurlingham y desde José C. Paz hasta Pilar/Cabred.

MM con información de la agencia NA.

Una familia del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que no recibe subsidios ya necesita más de $130.000 para afrontar el pago de las tarifas de gas, luz, agua y transporte.

En noviembre debió destinar $134.173 en promedio para afrontar esos servicios, según un estudio del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA y el Conicet.

Las familias enfrentarán a partir de diciembre un incremento en el presupuesto destinado a pagar las tarifas debido a un mayor consumo de electricidad y un costo más alto de la energía.

En ese mes suele producirse un encarecimiento en la canasta de servicios públicos por una mayor cantidad de consumo de luz, principalmente, y los cuadros tarifarios son cerca de un 15% más altos que en el invierno. En el caso del gas, la demanda se mantiene baja.

El hogar que se toma como ejemplo para el AMBA destinó $18.853 para pagar el gas, 564% de incremento nominal frente a diciembre del 2023. En electricidad fue $32.072 (189%), mientras que esa familia requirió $56.228 en transporte (601%) y $27.022 en agua (305%). La canasta total sumó en noviembre $134.173, un 368% más en lo que va del año.

En la comparación contra octubre se observó una leve disminución, del 0,2%, tendencia que cambiará en diciembre por factores estacionales.

La magnitud de los incrementos del 2024 se refleja en que durante febrero, cuando el Gobierno puso en marcha los ajustes, los hogares cubrían el 32% del “costo real” de la canasta de servicios públicos y el resto eran subsidios del Estado. Ese porcentaje de cobertura fue del 53% en noviembre.

El plan oficial es eliminar la segmentación vigente para que solo queden dos tipos de usuarios: los que reciben subvenciones y quienes no tengan ningún tipo de asistencia.

Actualmente, unos 8 millones de usuarios de electricidad son N2, 3 millones son N3 y 5 millones son N1. Eso implica que 7 de cada 10 hogares reciben ayuda del Estado para afrontar sus tarifas. En lo que va de la gestión de Javier Milei, cerca de un millón de usuarios tuvieron que pedir la subvención para afrontar el pago de los servicios por los aumentos aplicados.

El Gobierno oficializó este miércoles la imposibilidad de que los municipios puedan aplicar tasas en las facturas de los servicios públicos, mediante la Resolución 267/2024 publicada en el Boletín Oficial.

La medida había sido anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante la tarde del martes en su cuenta de X, al asegurar que “los municipios ya no podrán incluir impuestos y tasas en las facturas de servicios”.

Ahora, la norma dispone que “la información relacionada con los conceptos contenidos en los comprobantes emitidos por los proveedores de bienes y servicios en el marco de las relaciones de consumo, conforme las denomina el Artículo 3° de la Ley N° 24.240 y sus modificatorias, deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor y suministrado por el proveedor”.

En ese sentido, aclara que las boletas sólo podrán remitirse al cobro por la prestación brindada “no pudiendo contener sumas o conceptos ajenos a dicho bien o servicio, sin perjuicio de toda otra información de carácter general que corresponda incluir en el documento emitido, conforme a la norma aplicable”.

Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó la resolución anunciada por Economía: “Todos sabemos que durante el kirchnerismo el tamaño del Estado creció en forma exorbitante. En parte fue porque las provincias y municipalidades encontraron vehículos para cobrar impuestos y tasas ”sin que se notara“. Sin costo político el gasto crece. La resolución 267/24 anunciada por el ministro Luis Caputo prohíbe la inserción de impuestos y tasas en la venta de servicios (ej. facturas de servicios públicos). Ahora municipios y provincias deberán ”poner la cara“ cuando quieran cobrarles a sus contribuyentes”, celebró el funcionario.

“El gobierno nacional ya ha hecho un esfuerzo enorme de reducción del gasto. Menos gasto significa menor carga sobre los contribuyentes. Ahora es necesario sumar al resto de los gobiernos. ¡Bajar el gasto al 25% del PBI, allá vamos!”, concluyó.

Qué dice la resolución

La medida gubernamental entró en vigencia desde este martes pero tendrá un plazo de adecuación de un mes, por lo que el impacto en las boletas de los servicios se verá recién en noviembre. 

Al explicar la causa que originó la decisión, el texto oficial puntualizó que “con el transcurso del tiempo se ha ido transformando en una práctica generalizada, para una gran cantidad de proveedores en el mercado, la inclusión y facturación, dentro de la documentación comercial emitida a los consumidores por el suministro de bienes y servicios, conceptos ajenos a aquellos contratado por el consumidor”.

Al respecto, sostuvo que “la práctica descripta configura no sólo una violación al deber de brindar un trato digno a los consumidores, sino que importa también una clara violación a la libertad de elección del consumidor, garantías que ostentan rango constitucional en nuestro ordenamiento jurídico”.

De esta manera, consideró que “la situación expuesta implica, a su vez, una posible afectación a los derechos que posee el consumidor respecto de la información con la que debe contar al momento de realizar pagos de bienes y servicios contratados”.

En esa línea, la norma remarcó que “como consecuencia de ello, los consumidores resultan pasibles de encontrarse ante una situación de riesgo concreto de incurrir en errores o confusión acerca de la verdadera naturaleza de los servicios contratados y sus precios, riesgo que se torna más grave aún en el caso de aquellos consumidores en situación vulnerable y de desventaja”.

La polémica por la incidencia de las tasas municipales en el costo final de bienes o servicios viene desde hace unos meses cuando se empezó a aplicar una tasa vial en algunos distritos bonaerense, que derivó en un encarecimiento de los combustibles y ahora el debate se profundiza ante el aumento de impuestos locales que impactan en supermercados, comercios y servicios, generando un mayor incremento de precios.

Ante esto, se fueron multiplicando los reclamos de distintas asociaciones y cámaras empresarias, en rechazo al incremento de las tasas y buscando conseguir un alivio en el impacto de las mismas sobre el costo final de las facturas.

Caputo ya había adelantado que estaba trabajando en buscarle una solución al tema indicando que “ya me he reunido con distintos actores involucrados en la problemática y estamos analizando la mejor estrategia para frenar a los vivos de siempre” remarcando que “la baja de la inflación es innegociable”.

Con información de NA.

IG

El Gobierno se prepara para desregular fuertemente el transporte de larga distancia. Lo confirmó este martes desde el propio Ministerio de Desregulación y Transformación de la Nación, donde se trabaja en un borrador de decreto sobre el tema.

Como parte de la desregulación comercial dispuesta por decreto a fin de año, el ministro Federico Sturzenegger elabora un decreto para el transporte de larga distancia que tendría amplio alcance. Cualquier persona con un vehículo de más de ocho butacas podría obtener una habilitación para operar el servicio, según consta en el borrador, que difundió el diario Ámbito. A su vez, cambiarían los límites máximos de velocidad, que para los ómnibus son inferiores a los de vehículos livianos.

Es que con el decreto directamente se buscaría eliminar el concepto de transporte de larga distancia como servicio público. Esto dejaría un tendal de consecuencias para empresarios y especialmente para pasajeros, tanto a nivel tarifario como en rutas disponibles e incluso en seguridad vial.

Por un lado, se habilitaría una práctica que había sido casi desterrada décadas atrás: que los vehículos inicien el viaje y levanten pasajeros en cualquier parte. Por el otro, se eliminaría la velocidad máxima para ómnibus, que está fijada en 90 kilómetros por hora en zona rural y 100 en autopistas según la Ley Nacional de Tránsito. 

Ni siquiera los empresarios están de acuerdo con este cambio de velocidades máximas, no sólo por el gasto en combustible que implica sino sobre todo por la multiplicación de riesgos. En la Argentina mueren 12 personas por día en siniestros viales, según cifras de la Dirección de Estadística Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Según la misma área, la conducción de vehículos a velocidades excesivas tiene “una influencia directa en la gravedad de las lesiones y probabilidad de muerte de las personas involucradas en ellos”. 

En relación con las tarifas, se borrarían tanto los topes mínimos como los máximos. Mientras que los primeros apuntaron siempre a evitar el abuso de posición dominante entre empresas, los máximos son los que han garantizado que una persona con una urgencia médica, laboral o personal pueda viajar el mismo día sin tener que gastar cientos de miles de pesos en un servicio de larga distancia o un vuelo.

Se suprimiría también la obligación de mantener las rutas menos rentables. Hoy el transporte de larga distancia opera en más de 1.600 destinos, casi 30 veces lo que conecta el transporte aéreo nacional, que llega a 55 ciudades. De reglamentarse el decreto tal como fue difundido en su versión borrador, esa cantidad de destinos podría reducirse considerablemente. 

Por ejemplo, el denominado servicio “lechero” que se detiene en cada pueblo no representa un buen negocio para la empresa, pero esta debe brindarlo igual porque hay gente que lo necesita y porque el transporte cumple un rol social. Lo mismo ocurre con las rutas fuera de temporada, o a localidades con menor demanda. ¿Qué pasará con ellas? ¿Cómo se conectarán los poblados más chicos? ¿Qué precio deberá pagar quien sí o sí deba viajar, por trabajo, urgencia de salud o cuidado de un familiar?

Incluso hay consecuencias particulares cuya resolución no queda clara. ¿Qué ocurre si el vehículo se rompe en la ruta y hay que reemplazarlo por otra unidad? ¿Y qué harían los pasajeros si quien opera el servicio no tiene otro micro de reserva, ya que no está obligado a contar con él? Tampoco se sabe qué ocurriría con las personas con discapacidad si el transporte de larga distancia deja de ser un servicio público. 

Pero lo que queda menos claro de todo es cuál es el objetivo de tamaña desregulación, ya que el servicio de transporte de larga distancia no está subsidiado, por lo que su operación no genera costos para el Estado. 

Todo se enmarca en una caída de la actividad del 30% con respecto a 2019, con la inflación y la recesión como los principales culpables, según distintas cámaras empresariales. Esto llevó a las empresas a ajustar su oferta. De hecho, de acuerdo con las mismas fuentes, un 25% de sus empleados están suspendidos por “falta o disminución de trabajo” vía artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

La reacción de los empresarios

En la Secretaría de Transporte reina el silencio. También en intendencias y gobernaciones. Fuentes del sector sostienen que hay miedo a oponerse a esta nueva regulación tanto entre funcionarios como entre cuadros técnicos. Y asociaciones civiles que luchan contra la inseguridad vial como ACTIVVAS y Madres del Dolor aún no pudieron acceder al borrador, aunque lo solicitaron.

Las empresas de larga distancia aún están definiendo qué comunicarán oficialmente. Mientras tanto, adelantan su posición en diálogo con elDiarioAR. Una de las organizaciones que las agrupan es la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA), cuyos miembros pidieron audiencia con Sturzenegger, por ahora sin éxito. 

Para Marcelo Gonzalvez, gerente de la asociación, “la apertura tiene que ser gradual, para que los nuevos ingresantes empiecen a probar servicios en baja escala, vayan creciendo en el sistema y puedan demostrar que prestan bien los servicios”. 

Esa asociación presentó en diciembre tres propuestas de cambio de normativa, una de ellas para permitir que los operadores existentes pudieran ofrecer un nuevo servicio de tráfico libre en cualquier ruta, en el marco de una apertura gradual. 

“Pensábamos que la desburocratización iba a apuntar a achicar el peso del Estado en los controles que habían ido creciendo de forma innecesaria. No sabemos cómo va a terminar el proyecto, pero la versión en off que tenemos es de una velocidad de cambio muy abrupta –advierte Gonzalvez–. A veces se produce un efecto que se llama overshooting, una sobreoferta que termina afectando el mercado”.

Desde otras cámaras destacan que, si cualquier persona puede ofrecer servicios de transporte, aumentaría la competencia en algunas rutas rentables, pero quedarían desatendidas otras no tan lucrativas. Y muestran preocupación por los efectos del posible decreto en la seguridad vial, así como por la posibilidad de competencia desleal.

La ley actual

Hasta el momento, la actividad está regulada por el decreto 958/92, modificado y complementado, entre otros, por el 808/95 y el DNU 2407/02. El reglamento establecía un sistema de transporte federal dual, en el que convivían dos sistemas: uno regulado y compuesto por servicios de transporte público, y otro con menos regulaciones conformado por servicios de tráfico libre y ejecutivos (a demanda). 

Ambos sistemas convivieron poco tiempo, ya que la competencia entre ellos generó fuertes desequilibrios. Los servicios de tráfico libre podían operar en las mismas trazas que los públicos. Por eso, en 1998 se suspendió el otorgamiento de nuevos permisos de tráficos libres y ejecutivos, a fin de no sumar competencia que fuera en desmedro de los públicos. Fue con la Resolución 307 de la Secretaría de Transporte, que fue prorrogándose hasta ahora.

Entre las tantas diferencias entre la regulación de 1992 y la propuesta actual, la principal es que la primera permitió la entrada de nuevos actores sin eliminar el servicio público, mientras que con el decreto en elaboración el sistema público desaparecería y todo el transporte de larga distancia operaría como tráfico libre.

KN/JJD

El comienzo de septiembre trae aparejado la puesta en marcha de nuevos aumentos en diferentes rubros que impactarán en la inflación y en el bolsillo de los argentinos en las próximas semanas.

A pesar de la desaceleración de la variación de precios en los últimos meses y de la expectativa gubernamental de que dicho proceso se siga profundizando, los incrementos en diferentes sectores continúan presionando el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Alquileres

Los inquilinos que hayan firmado contratos regidos por la derogada ley que regía al mercado de alquileres, deberán afrontar la actualización del Índice de Contratos de Locación, que marca un incremento anual de 243,16% para septiembre.

Esto aplica para los contratos firmados entre 2022 y 2023 bajo la ley 27.551. De este modo, un alquiler cuyo valor anual hasta agosto es de $100.000, en septiembre pasará a pagar $343.160 por los próximos 12 meses.

Naftas y gasoil

Los combustibles ya exhiben una nueva suba del 3% promedio a nivel nacional, aunque en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) el incremento trepó hasta cerca del 7% promedio debido a la determinación de las empresas de eliminar la brecha de los surtidores porteños con los del interior. 

El aumento en el noveno mes del año se debe al ajuste mensual del dólar, una nueva actualización en el impuesto a los combustibles líquidos (ICL) y el impacto de la inflación en los costos del sector. De esta manera, los combustibles acumulan una suba del 85% en lo que va del año.

Luz y gas

Las tarifas de electricidad y gas aumentan un 4% desde este mes en todo el país, según dispuso el Gobierno tras haber postergado las subas en los últimos meses. Con el aumento aplicado, los usuarios de altos ingresos (N1), industrias y comercios de todo el país, pagarán, en promedio, el 72% del costo del gas y el 90,5% de la electricidad.

En tanto, los hogares de ingresos medios (N3) pagarán el 32% del valor del gas y el 40% de la generación eléctrica, mientras que los usuarios de bajos ingresos (N2), el 26% y 25%, respectivamente.

Agua

Los servicios de agua potable y cloacas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense la tarifa de Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AySA) se encarecen un 4,48% desde septiembre. El aumento se debe a la aplicación de la indexación mensual del costo del servicio acorde al avance de la inflación, dispuesta por el Ejecutivo Nacional.

La boleta promedio para los usuarios del zonal bajo pasará de $16.155 en agosto a $16.878 en septiembre; para los de zonal medio la factura saltará de $20.104 a $21.005, mientras que los de zonal alto pasarán de abonar $22.137 a $23.129 de media.

Prepagas

Los planes de salud de las prepagas tendrán una suba que rondará entre el 4,5% y el 5,8%, dependiendo de la empresa, ubicándose por segundo mes consecutivo por encima de la inflación previa, ya que en julio el IPC alcanzó el 4%. 

De esta manera, las firmas de medicina privada aplicarán un tercer aumento en los valores de sus planes tras quedar sin efecto la cautelar que impedía las subas por encima de la inflación y que dio vía libre para fijar la proporción de la actualización de precios de julio y agosto.

Peajes

Las tarifas de los peajes de los corredores de jurisdicción nacional volverán a incrementarse en septiembre, como parte del sendero de subas mensuales trazado por el Gobierno hasta fin de año para los corredores de jurisdicción nacional, en línea con la inflación y el índice de salarios que publica el INDEC. El porcentaje de actualización se comunicará en los próximos días, a través del Boletín Oficial.

Verificación Técnica Vehicular (VTV)

Los conductores de la Ciudad de Buenos Aires deberán afrontar un aumento de más del 70% en la tarifa de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) a partir de septiembre. De esta manera pasarán a abonar $38.014,57 para realizar la VTV. Mientras tanto, en la Provincia de Buenos Aires, las tarifas serán las siguientes alcanzarán los $10.359,35 para las motos y los $34.531,17 para autos y vehículos livianos de hasta 2.500 kg.

Telecomunicaciones

Las compañías de telefonía celular y cable aplicarán nuevos aumentos en septiembre, que rondan el 5%. De esta manera, continúan con las actualizaciones mensuales, tras la decisión del Gobierno de eliminar las regulaciones que limitaban los aumentos en las tarifas de internet, celulares y cable.

La desregulación que dejó sin efecto los topes del 10% a las subas de los servicios de telecomunicaciones se produjo a fines de junio y permite que las empresas tengan vía libre para estipular las actualizaciones en sus valores.

Colegios privados 

Las entidades que nuclean a los establecimientos educativos privados con subvención estatal en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires están a la espera de recibir la autorización para aplicar nuevos aumentos en septiembre tras la actualización paritaria de los docentes.

DM con información de agencia NA

Los bolsillos sufrirán un nuevo ajuste desde septiembre, ya que Gobierno oficializó hoy los aumentos en los servicios de gas y electricidad, que serán del 4% promedio. 

El objetivo es evitar que la devaluación mensual y la inflación erosionen las fuertes actualizaciones tarifarias realizadas de la primera parte del año, que permitieron bajar el gasto en subsidios.

Con las subas aplicadas, los usuarios de altos ingresos (N1), industrias y comercios de todo el país, pagarán, en promedio, el 72% del costo del gas y el 90,5% de la electricidad.

En tanto, los hogares de ingresos medios (N3) pagarán el 32% del valor del gas y el 40% de la generación eléctrica, mientas que los usuarios de bajos ingresos (N2), el 26% y 25%, respectivamente. 

Los N3 y N2, a su vez, si superan la demanda de un bloque de consumo determinado, pagarán el costo de los N1 por el consumo excedente.

Durante la primavera, al bajar la demanda de gas y electricidad por las temperaturas más altas, el aumento promedio de 4% final de las boletas se verá compensado en los hogares con la caída en las cantidades consumidas.

“A los fines de garantizar un suministro de gas sostenible y equitativo para todos los usuarios, evitar el desabastecimiento y asegurar la viabilidad económica del sector energético, el Gobierno Nacional fijó los nuevos valores de producción de gas que se trasladarán a los usuarios”, dijo la Secretaría de Energía en un comunicado.

En dólares, los usuarios residenciales de ingresos altos, comercios e industrias pasarán a pagar un precio promedio del gas de US$ 3,45 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector). 

Significa un aumento de apenas 15 centavos de dólar ($143), pero que al Ministerio de Economía le permitirá acercar el precio que pagan los usuarios al costo real.

El costo promedio del gas en la Argentina es de US$4,77 el millón de BTU, que se compone de un valor promedio de US$3,50 que se le paga a la producción local (abastece el 90% del consumo anual) y de US$15,50 que cuestan las importaciones promedio de gas natural licuado (GNL) y de Bolivia.

Los usuarios de ingresos bajos (N2) pagarán US$1,24 por un bloque de consumo subsidiado (antes era US$1,19) y US$3,45 por el excedente. Mientras que los usuarios de ingresos medios (N3), pagarán US$1,55 el consumo base (antes US$1,48) y los US$3,45 sobre el excedente.

En otras palabras, los N2 pagan el 36% del valor de referencia sobre un bloque de consumo y los N3, el 45%, lo que equivale a una bonificación de 64% y de 55%, respectivamente.

De esta forma, pese a los aumentos de tarifas de este año, todos los usuarios residenciales, hogares e industrias siguen recibiendo subsidios, ya que el precio real de producir e importar gas durante todo el año cuesta en promedio US$4,77 el millón de BTU. Es decir, las industrias, comercios y los N1 pagarán el 72% del valor del gas; los N2, el 26%, y los N3, el 32%. El resto del costo lo cubre el Tesoro Nacional.

En lo que se refiere a electricidad, la situación será similar. El nuevo precio de referencia de la energía eléctrica para los usuarios residenciales de altos ingresos, comercios e industrias subirá de $58.596 el MWh a $61.526 (5%), aunque la Secretaría de Energía aclaró que el costo real sin subsidios es $68.016.

DM con información de agencia NA

Las tarifas de agua y cloacas de Aysa volverán a aumentar en septiembre un 4,48%. La Secretaría de Obras Públicas publicó los ajustes que comenzarán a regir desde el consumo de septiembre.

La factura promedio sin impuestos pasará de $18.799 a $19.621. Con impuestos de al menos 21%, la boleta mensual superará los $23.700.

Tras la quita de subsidios de abril, que implicó una suba de 209%, los valores se actualizan todos los meses según una fórmula polinómica que tiene en cuenta el índice de salarios (IS), de precios internos al por mayor (IPIM) y el del precio al consumidor (IPC).

En el año, las boletas de agua en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) subieron 271%, muy por encima de la inflación. 

Aysa mantiene el esquema de segmentación de subsidios, focalizado en la geolocalización de los usuarios.

De esta forma, la factura media mensual en servicios de agua sin impuestos pasaría, para la zona geográfica considerada de altos ingresos (534.517 hogares), de $22.137 a $23.129; para la zona media (996.718 usuarios), de $20.104 a $21.005; y para la zona baja (1,2 millones), de $16.155 a $16.878.

Los incrementos empezarán a impactar paulatinamente en las facturas con vencimiento en los primeros días de octubre.

Los usuarios que viven en zonas alta y media no reciben más subsidios y pagan el costo pleno del servicio.

En lo que se refiere a tarifa social, hay 130.000 beneficiarios que reciben un aporte mensual.

Para los usuarios residenciales y baldíos cuyos inmuebles se localizan en áreas calificadas con coeficientes zonales bajos se mantiene el subsidio del 15%.

Esto abarca a 1,8 millones y no es necesario realizar gestión alguna para acceder a este beneficio (a diferencia de la tarifa social, que hay que solicitarla cada año en la página del ente regulador de agua y saneamiento, ERAS).

Aysa alcanzó el equilibrio operativo bruto por primera vez en cinco años y está logrando el superávit por primera vez en su historia.

La nueva gestión de Aysa incrementó los ingresos en un 22% en comparación a 2023 en términos reales, lo que representa unos $33.000 millones adicionales, y se redujeron los gastos devengados de operación bruta un 16% equivalentes a $40.700 millones.

Dentro de este plan de eficiencia, la empresa llevará adelante una estrategia para la reducción de pérdidas físicas de agua potable que permitirán recuperar 500.000 m3 por día de agua (equivalente al consumo de 1 millón de personas) y reducir gastos de insumos químicos y energía de bombeo.

Además, se reforzará la continuidad del plan de micromedición para alcanzar una facturación basada en el servicio medido y más justa para los usuarios.

Para fin de año, los objetivos de reducción totales en estos principales rubros son 45% de vigilancia, 43% de limpieza, 37% de telefonía, 27% de la flota de vehículos y 15% de la masa salarial, a través de la reducción del 35% de las horas extras y un importante programa de retiros voluntarios.

En lo que respecta a las obras de mejora y mantenimiento, se encuentran en etapa de priorización y revisión.

Es el caso del plan de retiros voluntarios, al que adhirieron 1.200 empleados.

Desde la empresa informaron que recibió $36.000 millones para financiar las salidas de esos empleados.

CRM con información de la agencia NA

La línea D de subtes, que une las terminales de Congreso de Tucumán con Catedral y cuenta con 14 estaciones intermedias, permanecerá cerrada desde el lunes 8 de enero hasta el domingo 17 de marzo por obras. Según informó hoy la empresa Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), se renovará todo el sistema de señalamiento de la línea y se cambiarán las máquinas de cambio.

La compañía, concesionaria del servicio, indicó que la medida responde a la realización de “una indispensable obra de infraestructura” que busca “mejorar el servicio y la regularidad”. También especificaron que el período elegido responde al menor flujo de gente que utiliza esta línea de subtes durante el verano: enero y marzo hay una disminución de alrededor del 40% en la cantidad de pasajeros habituales.

Además, a partir del miércoles 3 y hasta el domingo 7 de enero, el servicio de la línea comenzará a las 7 y terminará poco antes de las 21.30 para llevar adelante los trabajos previos.

La línea D va desde Congreso de Tucumán, terminal situada en el límite de los barrios de Belgrano y Núñez; hasta Catedral, situada en el microcentro porteño frente a Plaza de Mayo. La línea también tiene conexiones con pasajeros que viajan desde el norte y el oeste bonaerense al combinar con el Metrobus Norte y las líneas de trenes del Mitre y San Martín.

Se trata, por ello, de una de las líneas más utilizadas de la red de subterráneos por lo que se continúa avanzado en su proceso de modernización. Según explicaron desde SBASE, ya se instalaron en la totalidad de los vehículos aires acondicionados y ahora “se está reemplazando el sistema de señales actual, de tipo Automatic Train Protection (ATP), por el moderno Communications-Based Train Control (CBTC)”.

Este esquema ya funciona en las líneas C y H y, señalaron, “permitirá mejorar la operación, brindando mayor regularidad al servicio” ya que “trabaja mediante la comunicación entre formaciones, posibilitando el máximo acercamiento de forma segura y reduciendo el intervalo al mínimo posible y determinando con exactitud la ubicación de los trenes”.

En tanto, durante el tiempo que la línea esté fuera de funciones, también terminarán las obras de renovación de la estación Facultad de Medicina que solo pueden realizarse con la estación cerrada.

ACM con información de agencias.

Las cinco cámaras empresarias de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) anunciaron la reducción del servicio a partir de medianoche. La medida de fuerza responde a la falta de pago de subsidios al transporte y afecta a las líneas comunales y provinciales del Conurbano que circulan en el AMBA y todas aquellas líneas que vayan del 200 en adelante.

“La semana anterior anticipamos que la falta de pago de las compensaciones al transporte provocaría la reducción o paralización de servicios en la mayoría de las líneas provinciales y comunales que circulan en el AMBA. Al no haberse regularizado dicha situación, informamos que , habiéndose agotado la capacidad financiera y los recursos de una enorme mayoría de las empresas, se empezará a afectar de tal modo los servicios, con agravamientos a medida que transcurra la semana”, explicaron en un comunicado.

Y agregaron: “Lamentamos la situación ajena a nuestra voluntad, ya que no fijamos la tarifa ─congelada desde el mes de agosto─ ni actualizamos los niveles de subsidios ─desfasados a la fecha en un 30% respecto de los costos reales de operación. No somos responsables por el persistente atraso y mora en los pagos, que torna insostenible esta situación al combinarse todos los factores”.

Según indicaron, la situación de los subsidios “no es nueva” y se ha ido agravando de manera progresiva en los últimos meses. Actualmente, el servicio de transporte público enfrenta crecientes deficiencias, deterioro del parque móvil y pérdida de frecuencias, así como también desabastecimiento de insumos críticos.

“Hemos advertido reiteradas veces que se llegaría a esta situación de continuar en un esquema de tarifas tan bajas y congeladas, junto con subsidios mal calculados, y además impagos, por lo que solicitamos urgente a las autoridades que cumplan en el marco normativo vigente que se asegura el financiamiento que permite la continuidad de los servicios, de manera de evitarle perjuicios al público usuario”, concluyeron.

ACM

Jubilados y pensionados podrán solicitar un crédito de la Anses por un monto de hasta $400.000 y devolverlo en un máximo de 48 cuotas a una Tasa Nominal Anual (TNA) del 29%, lo que la ubica como la más baja del mercado. La medida de alivio económica había sido anunciada en septiembre por el ministro de Economía Sergio Massa. Ahora se recordó que está disponible esa posibilidad y cómo se puede acceder en pocos pasos.

Aunque el plazo máximo de devolución del monto solicitado es de 48 cuotas, las personas también podrán devolver el dinero en 24 o 36 cuotas. Los requisitos para obtener el crédito son dos: residir en el país y tener menos de 92 años al momento de finalizar el préstamo. Además, hay otras líneas de ayuda económica que están destinadas a beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor o Pensión No Contributiva por Vejez, Pensión No Contributiva para Madres de 7 hijas e hijos, Pensión No Contributiva por Invalidez, Pensiones del Régimen Reparatorio para ex Presos Políticos y Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra.

Paso a paso: cómo solicitar el crédito para pensionados y jubilados

ANSES recuerda que hay tiempo hasta el próximo jueves 31 de agosto para inscribirse a la segunda convocatoria del año de las becas Progresar, en sus líneas Progresar 16 y 17 años; Progresar Obligatorio; Progresar Superior y Progresar Enfermería. En el caso de Progresar Trabajo, el plazo es hasta noviembre inclusive.  

Desde el mes de agosto, el valor general de la beca es de 20 mil pesos, incluye un plus por conectividad y se cobra el 80 por ciento mensualmente y el 20 por ciento restante al finalizar el período, siempre acreditando la condición de alumno regular. 

Quienes estén interesados en anotarse, pueden hacerlo desde argentina.gob.ar/progresar.

LC

Trabajadores de seguridad privada tercerizados cortaron poco después de las 14 de jueves las vías del Tren Roca a la altura de la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. La interrupción del servicio provocó la reacción de algunos usuarios que apedrearon y lanzaron otros objetos contundentes contra una de las entradas de la terminal Plaza Constitución.

Después de casi tres horas de paro y luego que el juez federal de Quilmes Luis Armella ordenara el desalojo de las vías a la Policía Federal, los trabajadores de la empresa MCM, que reclaman pasar a planta permanente de Trenes Argentinos, levantaron la protesta tras una promesa de reunión con autoridades.

“Hemos decidido levantar la medida de fuerza porque vamos a tener una reunión con autoridades”, confirmó Emanuel Vera, delegado sindical de MCM en la línea Roca. “El reclamo es el pase a planta permanente de casi 300 trabajadores a la empresa Trenes Argentinos y seguimos sin tener respuestas”, agregó.

Marcelo Piñeiro, vocero de los trabajadores, detalló que se reclama el pase a planta de 240 trabajadores de MCM que tienen contratos que se renuevan anualmente. “Hace dos años y medio que estamos con este plan de lucha y seguiremos reclamando hasta que los compañeros sean incorporados a planta, aunque por ahora la empresa no dio ninguna respuesta a los reclamos”, indicó.

Mientras los trabajadores reclaman pasar a planta, desde Trenes Argentinos aseguran que no les corresponde, por pertenecer a otra empresa contratada por la propia firma estatal.

La protesta de alrededor de 70 manifestantes provocó la interrupción total de los servicios desde Constitución a La Plata, vía Quilmes; Constitución Glew-Alejandro Korn, Constitución-Ezeiza-Cañuelas y Constitución con Temperley y Bosques, entre otros destinos.

Como consecuencia de la medida de fuerza, el Tren Roca prestaba servicios limitados en sus distintos ramales desde Quilmes a La Plata, en servicio corto a Bosques, entre Temperley y Alejandro Korn, y entre Temperley y Bosques.

A pesar del levantamiento del corte, los incidentes fuera de la estación terminal continuaron hasta que se abrieron las puertas y los usuarios pudieron circular.

Diego Giuliano, ministro de Transporte de la Nación, escribió en Twitter que es “rarísimo un corte de vías para pedir una reunión con un ministro. Más raro aún que haya pasajeros del Roca con gomeras y capuchas”.

“La ministra de Trabajo (Raquel Olmos) manifestó la disposición de atender a los trabajadores, pero así y todo no levantan el corte. ¿Hay elecciones el domingo?”, sugirió el funcionario.

LC con información de agenciass

WhatsApp, la aplicación de mensajería perteneciente a la empresa estadounidense Meta de Mark Zuckerberg, volvió a funcionar luego de permanecer durante 50 minutos sin servicio, cuando miles de usuarios reportaron su caída.

La falla comenzó a las 17 y fue detectada en varias partes del mundo, aunque se desconoce el alcance ya que hasta el momento no hubo ninguna explicación oficial sobre la caída del servicio, por lo que se desconocen las causas que originaron este problema.

La página downdetector.com.ar registró 9.988 reportes de usuarios que denunciaron la caída de Whatsapp desde las 17 hasta las 17:50 de este jueves.

Rápidamente, el hashtag #Whatsapp se transformó en una de las tendencias de Twitter en Argentina, donde los usuarios compartieron sus quejas por la caída del servicio y bromas acerca del problema.

LC con información de agencia Télam