Si bien parece haber pasado inadvertido en el debate público y en comisiones, el proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” coloca al sector de los hidrocarburos como uno de sus principales beneficiarios. 

El Proyecto dedica 53 artículos a modificar sustancialmente la Ley Nº 17.319 de Hidrocarburos. Entre las principales modificaciones, atenúa las protecciones al mercado interno al prohibir al Estado Nacional fijar precios, incorpora el objetivo de “maximizar la renta” y privilegiar las exportaciones por sobre el autoabastecimiento. Modifica el régimen de regalías -que actualmente establece el pago de una alícuota del 12% sobre los hidrocarburos extraídos, reducible hasta un 5% por la autoridad concedente- habilitando que en cada licitación las empresas puedan ofertar un porcentaje “a exclusiva elección del oferente”. Este sistema habilitaría la posibilidad de que las empresas oferten montos muy por debajo de la recaudación actual, más aún si se tiene en cuenta el riesgo de cartelización de un sector altamente concentrado. Además, el proyecto crea un amplio “Régimen de incentivo a grandes inversiones” donde los proyectos de gas y petróleo figuran como potenciales destinatarios de distintos beneficios tributarios y aduaneros. 

Los esfuerzos gubernamentales para atraer inversiones en proyectos de hidrocarburos, disparan ciertas preguntas: ¿tenemos un conocimiento real del sector? ¿sabemos cuánto contribuye en términos reales a la economía? ¿conocemos de qué forma se distribuyen los beneficios entre empresas, gobierno nacional y gobiernos provinciales? ¿quiénes son los beneficiarios finales de estas empresas? Y lo más importante: ¿cuánta de esta información está al alcance del debate público?

Este sector, clave de la economía de nuestro país, es una industria que se destaca por su concentración, sus opacidades, la poca rendición de cuentas y la falta de debates participativos en las políticas públicas que la regulan. El mapa de ganadores y perdedores no puede entenderse sin considerar aspectos como el reparto de la renta, el pago de impuestos y regalías, los beneficios tributarios y transferencias directas que subsidian a las empresas, cruciales para entender quiénes se benefician de esta actividad o se ven perjudicados por ella, y en qué medida. No obstante, esta información no es fácilmente accesible y muchas veces ni siquiera se produce. Y, como si fuese poco, esta carencia se acentúa en discusiones de proyectos de ley que favorecen a sectores concentrados y conceden beneficios significativos sin condicionarlos a objetivos medibles.

En 2023, desde ACIJ iniciamos un pedido de acceso a la información pública ante la Secretaría de Energía de la Nación del Ministerio de Economía para obtener detalles sobre el porcentaje de regalía en concesiones y los beneficios económicos de empresas con regímenes especiales de acceso a divisas. Luego de un largo proceso administrativo que involucró varios pedidos de prórroga y reclamos, en enero de este año la Agencia de Acceso a la Información Pública emitió una resolución en la que intimó al Ministerio de Economía de la Nación a entregar la información solicitada o bien, fundamentar su denegatoria a entregarla en el plazo de 10 días hábiles. Vencido ese plazo, el pedido sigue sin respuesta, abonando a un extenso historial de falta de transparencia.

Otros rasgos del sector resaltan la urgente necesidad de transparencia: su alta concentración, con cuatro empresas (YPF, Total Austral, Tecpetrol y Pan American) acaparando el 75% de la producción de gas y tres empresas (YPF, Pan American y Shell Argentina) el 73% de la producción de petróleo (Fuente: Dataset). Ha sido señalado por sus elevados riesgos de corrupción: la OCDE, en su informe “Foreign Bribery Report,” detalla que entre los cuatro sectores donde más se registran sobornos, se encuentra el sector extractivo. Además, se han identificado diversas maniobras utilizadas por grandes capitales para externalizar ganancias, dolarizarlas y evitar o reducir el pago de impuestos internos que gravan la actividad y su rentabilidad.

En Argentina, las reformas económicas se dan principalmente en contextos de emergencia, marcados  por la falta de participación en el debate, la opacidad y la influencia de los sectores concentrados de la economía que logran beneficios sin condicionarlos a objetivos mensurables. En medio de discusiones que priorizan la reducción del déficit fiscal y  desestiman el rol del Estado en la protección de  derechos, es esencial exigir la democratización de la información y el impulso de debates participativos para que la explotación de los recursos naturales contribuya al desarrollo sustentable y apunte al beneficio del conjunto de la ciudadanía y no únicamente de un sector privilegiado. 

Las autoras son abogadas del Programa Justicia Fiscal de ACIJ.

SP/NSD/DTC

Los efectos de la peor sequía que atravesó Argentina en 60 años están calando profundo en la frágil macroeconomía del país. Se calcula que las pérdidas implicadas en la actividad económica rondarían el 3% del PIB argentino estimado para 2023. Estos cálculos tienen en cuenta las pérdidas en exportaciones, en recaudación impositiva y en otras actividades que serán menos demandadas: fletes, mano de obra, servicios financieros, etc. Únicamente para las exportaciones, estudios privados estiman caídas de entre USD 15.000 y 20.000 millones en el saldo exportable, contando todos los complejos agroindustriales afectados por la sequía.

Es importante entender que el complejo oleaginoso-cerealero representó en el 2022 más de USD 44.000 millones de exportaciones, casi un 50% del total exportado por el país. Ante esta fuerte concentración de las exportaciones en muy pocos productos, cuya producción responde en gran medida a las eventualidades climáticas -cada año más impredecibles-, resulta pertinente el desarrollo de otros complejos que tengan potencial para ocupar un rol de importancia en el frente exportador argentino.

Hidrocarburos

Desde 2015, el sector de hidrocarburos vivió un crecimiento sostenido en términos de producción, inversiones y exportaciones. La actividad revirtió una tendencia a la baja que había durado más de una década y actualmente está firmemente encaminado en un sendero expansivo, por varios motivos. El fenómeno de Vaca Muerta, cuenca explotada principalmente e impulsada originalmente por YPF, cambió completamente las perspectivas del sector. El avance de tecnologías de extracción relacionadas con el gas y petróleo no convencionales permitieron ampliar de manera grosera los horizontes de producción, especialmente en la provincia de Neuquén. Para darse una idea de la rapidez e intensidad de estos cambios, Neuquén pasó de ser en 2015 la tercera provincia productora de petróleo -con un 20% de todo lo producido- a ser la primera en 2022, aportado casi un 50% de toda la extracción nacional. A su vez, el petróleo no convencional pasó de representar un 4% del total extraído en 2015 a un 41% en 2022, multiplicando por diez su peso en la producción argentina de crudo.

Pero se podría argumentar que, en este contexto de expansión, el hecho que más impacta en la economía argentina es el crecimiento de la producción nacional de gas. Los productos derivados del gas extraído calientan los hogares en invierno, abastecen a diversas industrias petroquímicas, generan electricidad y no tienen un impacto ambiental tan pronunciado cómo otras fuentes de energía -lease carbón-. Por estás razones muchos consideran al gas natural como la fuente de energía que más relevancia tendrá en las próximas décadas, como fuente de transición entre los viejos modos contaminantes y las energías renovables limpias. 

En Argentina particularmente, más del 53% de toda la energía primaria producida proviene de gas natural de pozo. El aumento de producción tiene un impacto directo en la matriz energética y, por lo tanto, en el total de la economía.

Sin embargo existen fuertes limitaciones a esta explosión productiva, principalmente relacionada a problemas de infraestructura de transporte de gas. Las venas y arterias que transportan lo extraído desde su origen hasta los puertos, industrias y centrales térmicas que los reciben son los famosos gasoductos, que hoy se encuentran exigidos como nunca. Con cada nuevo proyecto anunciado de extracción de gas y petróleo, más acotada se hace la línea entre lo que se quiere transportar y lo que se puede.

En este contexto entra en escena el Gasoducto Presidente Nestor Kirchner (GPNK), la obra de infraestructura más importante para el sector y posiblemente la que más impacto tenga en la matriz productiva de Argentina de todas las realizadas en los últimos años. Este gasoducto conectará las localidades de Tratayén -en el corazón de Vaca Muerta- con la ciudad bonaerense de Salliqueló, logrando aumentar en sustancialmente la capacidad de transporte de gas desde el núcleo nacional de extracción y rompiendo cuellos de botellas existentes en el sistema.

Con la primera etapa del gasoducto finalizado -se prevé que para mediados de junio-, la producción nacional de gas podrá seguir su rumbo de expansión traccionado desde Vaca Muerta. Esto significará una reducción de las importaciones de gas que Argentina realiza para cubrir su demanda energética -el gas que producimos todavía no alcanza para autoabastecernos- y un aumento de las exportaciones a otros países. Por el lado de la industria petrolera, si bien se espera un descenso de los precios internacionales de la energía, se espera que el sector continúe aumentando su producción y por tanto sus cantidades exportadas, logrando sostener el valor exportado para 2023.

Estas estimaciones implicarían una fuerte ayuda en el cortísimo plazo para el sector externo. Ante la escasez de divisas generada por la mencionada sequía, el sector es de los que presentaría una mayor mejora en su saldo comercial. En el año 2022 exportó US$ 8.426 millones, y para 2023 se espera que dicho valor se sostenga aproximadamente. Las perspectivas son positivas, pero a eso hay que adicionar el ahorro de divisas por la reducción de las importaciones.  

Si analizamos las importaciones argentinas, podemos ver que en el 2022 casi el 16% de ellas -más de US$ 12.000 millones- correspondieron a combustibles. Por las necesidades de la industria tras la recuperación de la crisis pandémica y el aumento de los precios de la energía por la guerra rusa-ucraniana, este dato fue particularmente elevado. 

Para este 2023 se espera que una conjunción de factores -la mencionada finalización del gasoducto, la baja de los precios internacionales y mejoras esperadas en generación energética de otras fuentes- generen una reducción importante de las importaciones del sector energético. Se espera que las compras al extranjero bajen en 2023 a valores entre los US$ 8.000 y 9.000 millones, aproximadamente un 30% menos que en 2022.

De esta manera, el aumento de las exportaciones -en cantidades pero no en valores- y la reducción de las importaciones traerán un alivio conjunto que ronde los US$ 4.000 millones en este 2023, pudiendo alcanzar el equilibrio de la balanza comercial energética. Claro que no alcanza, pero ayuda -y mucho- a compensar parte del efecto negativo sobre la balanza comercial que traerá aparejada la sequía. 

Creemos, sin embargo, que este posible equilibrio de la balanza comercial energética tendería a convertirse en una situación superavitaria. Las mejoras en infraestructura, el boom de inversiones en Vaca Muerta y la profundización de un ciclo de creciente producción hidrocarburífera permiten suponer que en un futuro de corto plazo el sector de gas & oil realizará aportes aún más significativos al balance externo.

Aún mayor ilusión genera el mediano-largo plazo del sector hidrocarburífero. El recientemente lanzado Plan Productivo Argentina 2030 estima que para 2030 las exportaciones del sector -de la mano del desarrollo de Vaca Muerta- alcanzarán los US$ 32.000 millones, aproximadamente; mientras que Fundar enfatiza en el potencial del sector de GNL, el cual podría desarrollar exportaciones por USD$ 27.000 millones anuales para 2050 en caso de desarrollarse un marco regulatorio adecuado para promover su crecimiento.

En conclusión, los hidrocarburos cumplirán un rol estratégico en un presente acechado por la escasez de divisas generada por la sequía. Pero las perspectivas positivas de su desarrollo permiten imaginar que tiene la potencialidad para ayudar a paliar los problemas estructurales que la nación presenta en su frente externo.

*Economistas. Integrantes de Misión Productiva

CC

Con leyes pendientes, polémicas abiertas entre el oficialismo y la oposición, e incluso tensiones hacia el interior del Frente de Todos, el Congreso vuelve a tomar protagonismo en la escena política luego del receso por las PASO y antes de las elecciones de noviembre, que definirán la renovación de la mitad de Diputados y un tercio del Senado.

El debate por Presupuesto 2022 es el que mayor atención atrae, con el ministro de Economía, Martín Guzmán, como protagonista central. Esta semana el funcionario tendrá el desafío de defender su proyecto de gastos y partidas para el año próximo ante propios y ajenos, a sabiendas de que sufrirá cambios, según confiaron desde Diputados a elDiarioAR. 

El titular de la Cámara baja, Sergio Massa, y el presidente del bloque oficialista, Máximo Kirchner revisarán los números macro del proyecto de más de 4.800 páginas: un gasto total de más de 13 billones de pesos, un crecimiento del 4% del PBI, una inflación del 33% y un dólar a $131,1, así como una fuerte inversión en obras públicas y destinar más de la mitad de los recursos a gastos sociales. 

“El Presupuesto enviado al Congreso se discutirá”, adelantó Kirchner a través de una entrevista radial. Con el revés electoral a la vista, la lupa del hijo de la vicepresidenta está puesta en un posible incremento de tarifas del 30% para el próximo año incluido en el Presupuesto: “Uno puede prever matemáticamente cuál debería ser el aumento, pero también tiene que ver cómo está la sociedad. Uno no puede actuar en base simplemente a cuentas matemáticas”, agregó. 

Guzmán también deberá escuchar las críticas de los titulares de los bloques de la oposición y sus referentes económicos, con quienes se encontraría a mediados de semana. Será un encuentro previo al comienzo formal de la discusión en la Comisión de Presupuesto, la primera semana de octubre. A diferencia de años anteriores, primero expondrán los funcionarios de cada área económica y el cierre del debate en comisión lo hará el titular de Hacienda, antes de que el proyecto baje al recinto para ser votado. La discusión está abierta y será larga: podría demorar la sanción definitiva del Presupuesto para después del 14 de noviembre. Juntos por el Cambio ya adelantó que, así como está, no acompañará la iniciativa de la “ley de leyes”.

La polémica por la presencialidad

La visita de Guzmán a Diputados podría quitarle la modorra a la Cámara baja, que ya lleva más de dos meses sin sesionar, pero una nueva polémica amenaza con volver a paralizar su funcionamiento: el regreso a la presencialidad. 

El jueves, Massa le puso su firma a la resolución del “Protocolo de Funcionamiento Parlamentario con Recinto Protegido”, que establece la presencialidad de las sesiones y la posibilidad de que las reuniones de comisión puedan adoptar la modalidad mixta (remota y presencial). A su vez, aquellos legisladores de riesgo o con Covid-19 podrán votar vía VPN. 

El protocolo se había conversado entre el tigrense, Kirchner, el titular del Interbloque de Juntos por el Cambio, el radical Mario Negri, y el referente de la Coalición Cívica, Juan Manuel López. Pero lo que pareció una discusión técnica derivó en política: en una nota dirigida a Massa, los propios Negri y López, además de Cristian Ritondo, aseguraron que la resolución se trató de una medida adoptada “unilateralmente”, que “excede su competencia reglamentaria”, y que cualquier cambio necesita de “no sólo la participación de los bloques en su redacción sino que tres cuartas partes de los presentes en una sesión voten afirmativamente”. En el oficialismo le devolvieron la pelota: “Está todo bien como para sesionar presencialmente. Tienen que explicar ellos (por la oposición) que no quieren sesionar”, recogió este medio. A su vez, la Secretaría Parlamentaria, a cargo de Eduardo Cergnul, aseguró que “el presidente tiene atribuciones reglamentarias para hacer funcionar al cuerpo”. 

Con menos bríos, en el Senado, a cargo de Cristina Kirchner, también se analiza el regreso a la presencialidad. En línea con la flexibilización de las medidas anunciadas por el Gobierno, el jefe del bloque del FdT, José Mayans, adelantó que está negociando el nuevo protocolo con la oposición: “Ahora tenemos que tener una reunión con los jefes de los diferentes bloques para ponernos de acuerdo sobre la presencialidad. Vamos a tener una sesión presencial y también vamos a tener un funcionamiento mixto en el tema de las reuniones de comisión hasta que podamos ajustar todos los detalles”, dijo el senador, en el inicio de un plenario de comisiones en las que expuso el secretario de Energía, Darío Martínez, sobre la nueva ley de hidrocarburos.

La agenda pendiente: hidrocarburos, etiquetado frontal y humedales

La iniciativa de inversiones hidrocarburíferas, que busca un horizonte de previsibilidad fiscal de 20 años para la actividad, atraviesa la agenda actual de la Cámara alta. En su presentación ante las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y la de Presupuesto, el secretario de Energía Martínez tuvo que responder varias observaciones planteadas al articulado que envió la Casa Rosada, principalmente el punto de que el Poder Ejecutivo asuma el monopolio en la toma de decisiones. 

Desde las provincias petroleras no tardaron en cuestionar el articulado y esta semana se espera una nueva ronda de invitados a debatir. “Voy a asumir la responsabilidad personal de ir a Buenos Aires, al Congreso a debatir la ley”, avisó el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, el viernes pasado en un acto local. Como parte de la la Organización de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), el mandatario neuquino adelantó que llevará al debate un documento consensuado con sus colegas con fuertes advertencias al Gobierno: “El cuidado y resguardo ambiental en el desarrollo hidrocarburífero es de competencia provincial y decimos no al avasallamiento de las facultades provinciales en materia impositiva, de regalías o cuidado ambiental”.

Más postergadas en la agenda parlamentaria están leyes de fuerte interés público, como la ley de etiquetado frontal y la ley de humedales. En los últimos días, organizaciones de la sociedad civil enviaron cartas a los presidentes de todos los bloques de la Cámara de Diputados para solicitar que se convoque a sesión el proyecto de Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, que ya aprobó el Senado y que cuenta con dictamen favorable de varias comisiones de la Cámara baja. Si la iniciativa no es tratada en el recinto y aprobada, podría perder estado parlamentario en dos meses, cuando finaliza el periodo ordinario de sesiones.

Y el reclamo por la ley de humedales volvió a ganar la calle el viernes, en la manifestación de los ambientalistas que marcharon por el 24S, pero este año ni siquiera la bajante histórica en el Paraná apuró su tratamiento. Hace ya una década que distintos proyectos chocan en el Congreso: apenas logran media sanción y luego pierden estado parlamentario. La propuesta más reciente unifica 15 iniciativas y tiene dictamen de 2020 de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente de la Cámara de Diputados. Le falta un largo recorrido: actualmente espera en la Comisión de Agricultura y Ganadería, y luego tiene que ser tratada en las comisiones de Intereses Portuarios, Marítimos, Fluviales y Pesqueros, así como Presupuesto y Hacienda, antes de llegar al recinto. 

MC/WC