“Los agrotóxicos enferman y matan; la impunidad, también”, la frase la dice una vecina del colectivo Exaltación Salud sentada bajo la sombra de un árbol en la plaza principal de Los Cardales, Partido de Exaltación de la Cruz, un municipio situado al noreste de la Provincia de Buenos Aires cuya actividad principal es la agrícola.

Desde 2019 el municipio cuenta con una ordenanza municipal que impide las fumigaciones aéreas y una medida cautelar que establece una distancia mínima de 1.000 metros de casas y escuelas para las fumigaciones terrestres.  Sin embargo, desde Exaltación Salud señalan que estas normas son violadas una y otra vez sin que los funcionarios realicen intervenciones eficaces y ante la quietud de la Justicia que no investiga y, por tanto, no condena.

La fumigación del 16 de septiembre pasado marcó un punto de inflexión en esas denuncias: por un lado, el campo es explotado por un gigante agroindustrial como Adecoagro –Las Tres Niñas, Molinos Ala, entre otras marcas– mientras que en las otras denuncias los campos eran de productores más pequeños.

Por el otro, las vecinas y vecinos aseguran que los funcionarios no sólo no frenaron la fumigación ilegal sino que luego mintieron respecto a lo sucedido en las actas y ante la Fiscalía que, por su parte, tiene al menos 10 causas desde 2019 sin investigar.

La última denuncia

El 16 de septiembre pasado Verónica Garri se encontraba tomando mate en su patio cuando –cuenta– vio un mosquito esparciendo agroquímicos a una distancia menor de 1.000 metros de la Escuela N°5 de La Lata. Mientras su compañero le pedía permiso al dueño del campo lindante a la escuela para pasar a filmar, ella llamaba al Centro de Vigilancia Urbana, también llamado Centro de Apoyo Vecinal (CAV) o Guardia Urbana. Eran cerca de las 18. Media hora después llegaba Magdalena Ramos, supervisora general del CAV.

“Magdalena Ramos llegó a las 18.30. Estábamos juntas cuando hicimos el cálculo de unos 740 metros que había de distancia entre el mosquito fumigando y la escuela”, cuenta a elDiarioAR Verónica, integrante de Exaltación Salud. Y continúa: “Cerca de las 19 llegaron dos oficiales del Comando de la Patrulla Rural (dependiente del Ministerio de Seguridad bonaerense), Cristian Suárez y Daiana Britez, quienes también vieron al mosquito fumigando a menos de mil metros de la escuela. En ese momento les dije que me tomaran la denuncia, pero me dijeron que iban a hablar con el conductor del mosquito. Hablaron unos 40 minutos, tras lo cual el mosquito siguió fumigando. Cuando regresaron me dijeron que el aplicador ‘tenía la receta’. Le dije lo de los mil metros y que, además, ya eran las 21 por lo que tampoco estaban cumpliendo con las 12 horas de distancia que tiene que haber entre la aplicación y el comienzo de clases, pero tampoco les importó”.

La policía le dijo que fuera a realizar la denuncia a la Dependencia Policial al día siguiente. Verónica insistió con que se la tomaran en el momento pero se volvieron a negar. “Casi a la medianoche estaba en casa con mis hijas y me llamaron para decirme que me iban a mandar un patrullero para tomarme la denuncia. Me negué pero lo enviaron igual y no declaré”, relata.

Tras idas y vueltas, Verónica declaró ante la Fiscalía el 3 de octubre. Ese día también lo hizo el propietario del campo lindante con la escuela –que permitió pasar al marido de Verónica a filmar–, quien ratificó que el mosquito estaba fumigando a menos de 1.000 metros de distancia del colegio.

Sin embargo, el acta que hizo de Magdalena Ramos, de la Guardia Urbana, no coincide con la declaración de Verónica. Si bien menciona que “la vecina” dice que el mosquito estaba a 800 metros, ella sitúa las coordenadas a más de 1.000 metros y deja en claro que “al momento de ser interceptada la maquinaria no incumple con la cautelar”. Además indica que por la lejanía a la que se encontraba no puede determinar si estaba o no aplicando productos. La funcionaria ratificó esa postura en su declaración frente a la fiscalía, también el 3 de octubre.

Por su parte, el acta de procedimiento policial del Comando de la Patrulla Rural también señala que cuando llegó el mosquito estaba a más de 1.000 metros de la escuela. Lo interesante de ese documento es que mencionan que asistieron al lugar tras haber sido llamados por el Centro de Apoyo Vecinal; es decir, por la dependencia en la que trabaja Magdalena Ramos. Aquí podría surgir una duda: ¿Por qué llama Ramos al Comando Rural si el mosquito no estaba infringiendo la cautelar?.

“No tengo idea cuál es la razón por la que mienten tan descaradamente. A las mentiras de esta funcionaria y de los policías rurales se suma que nunca vino el fiscalizador municipal (César Muratori) que tiene que ver la receta y a cuánto fumigan. Hay mucho ocultamiento en este caso; pero no es la primera vez que pasa: en otras denuncias previas ha pasado lo mismo, tienen más derechos los que están incumpliendo que las víctimas. Te da bronca y te da pena también, porque viven acá, y las enfermedades que causan los agrotóxicos no son selectivas, a ellas y ellos también les puede pasar por más plata que hayan ganado”, dice Verónica.

La vecina describe, además, que en las causas los denunciantes siempre tienen que aportar pruebas como videos, fotos, testigos, pero los denunciados “no presentan nada”.

La receta que no aparece

Según consta en el acta que realizó Magdalena Ramos, la maquinaria estaba conducida por Javier Cignoli, quien habría presentado ante los oficiales que lo interceptaron la receta agronómica y tenía toda su documentación al día (vtv, cédula, etc.). Lo mismo figura en el acta de procedimiento realizado por la Policía Rural, donde incluso brindan detalles de la receta agronómica: lo que se esparcía (siempre según el acta) era “Azoxistrobina+Cypronozole y Esteres Metílicos de Ácidos Grasos de Aceites Vegetales” (fungicidas) y estaba firmada por el ingeniero agrónomo Fermín Sanin, empleado de Adecoagro.

Adecoagro es una empresa agrícola fundada en 2002 que tiene presencia en Argentina, Brasil y Uruguay. En la actualidad es dueña de marcas reconocidas como Las Tres Niñas, Molinos Ala, Apóstoles, Angelita, Monte Alegre y 53. En comunicación con elDiarioAR, de la empresa indicaron que son arrendatarios del campo donde se habría realizado la fumigación del 16 de septiembre y que actualmente se encuentra sembrado con trigo. 

“Me entero de esta denuncia por su llamado. Cignoli (quien manejaba la maquinaria) no es empleado de Adecoagro sino contratista. Fermín Sanin (el ingeniero agrónomo que supuestamente habría firmado la receta) sí es empleado de nuestra firma pero no debería haber firmado ninguna receta”, señala en comunicación telefónica el ingeniero agrónomo Edmundo Nolan del equipo de Agricultura de Adecoagro.

Nolan explica que “en la actualidad, las recetas agronómicas se presentan y firman de manera digital y yo soy el responsable de hacerlo; por eso digo que Fermin Sanín no debería haber firmado ninguna receta”.

“Por otra parte –agrega– conocemos perfectamente la regulación de no fumigar a menos de mil metros de casas y escuela en Exaltación de la Cruz. Tenemos varios campos y nunca tuvimos problemas con la comunidad”.

César Muratori es el responsable de la fiscalización de la Dirección de Asuntos Agrarios municipal. Si bien la Guardia Urbana y la Patrulla Rural son las primeras en llegar al lugar y, en caso de que se esté incumpliendo con la medida cautelar, las que deben frenar la fumigación, Muratori debe controlar que la aplicación –esté a la distancia que esté– cumpla con los requisitos establecidos: que exista receta agronómica, que lo que se aplica esté permitido y en las proporciones correctas, etc.

“Si bien no estuve físicamente el 16 de septiembre, estuve en contacto permanente en el procedimiento como figura en el acta”, dice a elDiarioAR. Consultado sobre si puede enviarnos una copia de la receta agronómica, el funcionario indica que no porque “existe una causa judicial”.

“Si bien es cierto que la ley permite denegar la información en caso de que exista una causa judicial para que esto aplique es necesario que la divulgación de esa información pueda causar perjuicio al normal desarrollo de la causa. En este caso, la receta no podría causar daño”, asegura por su parte Fabián Maggi, abogado de Exaltación Salud quien asegura que la “famosa” receta no se encuentra adjuntada a la causa.

Por su parte, la Fiscalía tampoco accedió a responder las consultas de este medio por lo que al cierre de esta nota no se ha podido ver la receta agronómica que el ingeniero agrónomo Nolan de Adecoagro asegura que no debería haber existido por ser él el único que firma. 

Fiscales que no investigan

La denuncia de la fumigación del 16 de septiembre se realizó en la Unidad Fiscal 1, actualmente a cargo de Alejandro Irigoyen. Es la fiscalía donde se radicaron las últimas denuncias después de que el colectivo Exaltación Salud recusara por no investigar al fiscal de Exaltación de la Cruz, Juan Manuel Esperante.

“Irigoyen debe instruir y trabajar en causas que se acumulan en el Ministerio Público Fiscal, desde 2019 a la actualidad. Se tratan de varias denuncias de pulverizaciones terrestres en distintos puntos del municipio y la criminal pulverización aérea en la escuela técnica de Parada Robles, el 11 de marzo de 2019. Hay varias acumuladas de La Lata, cerca de la Escuela 5 donde se fumigó el 16 de septiembre pasado. El resto corresponden a hechos del Barrio Comarca del Sol, Etchegoyen, Capilla del Señor y Los Cardales”, detalla a elDiarioAR Anabel Pomar, integrante de Exaltación Salud.

Anabel, quien es denunciante en una de esas causas, recuerda que cuando Irigoyen asumió citó a varios integrantes del Exaltación Salud y les dijo que “si bien era difícil avanzar en causas viejas”, se comprometía a investigar. “Esa conversación ocurrió en octubre de 2022. No hizo nada –afirma Anabel– Tampoco con las tres denuncias posteriores a esa fecha donde toda la investigación estaba completamente a su cargo. La indignación que provoca esa inacción y la reincidencia en zona de la escuela de La Lata no nos dejan otra salida más que denunciarlo a él penalmente y pedir la recusación”.

El 5 de octubre el colectivo de vecinas y vecinos presentó formalmente el pedido de recusación de Irigoyen ante el Fiscal General del Departamento Zárate Campana, José Luis Castaño, y actualmente el juez de Garantías Julio Andrés Grassi deberá definir si la acepta o no. Esta última denuncia también incluía a funcionarios municipales y provinciales por la “probable comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, denegación de justicia, encubrimiento y falsedad ideológica de instrumento público”. En definitiva, se los acusa de haber mentido respecto a que no vieron el mosquito fumigando a menos de mil metros, así como de garantizar un circuito que permite la impunidad frente a la comisión de estos delitos.

El 15 de octubre, diez días después de haberse pedido su recusación, Irigoyen “movió” tres de esos expedientes que estaban quietos hacía meses: “Mandó a realizar diferentes acciones en denuncias de fumigaciones en Comarca del Sol (2019), La Lata-Capilla del Señor (2019-2020) y en Los Cardales (2022). Una de las cosas que mandó a hacer fue el análisis de muestras de suelo que tenía en su poder desde diciembre de 2022, o sea, con una demora de 20 meses con lo cual es probable que los agrotóxicos que se encuentren estén degradados”, describe Anabel.

Y concluye: “El circuito ‘fumigación ilegal–funcionarios que mienten o llegan tarde–justicia que no investiga’ se repite una y otra vez frente a nuestras denuncias. Es agotador, es triste; nos hace sentir una gran impotencia. Pero seguimos, porque es eso o resignarnos a vivir en un ambiente que nos enferma y nos mata.Y eso no es ni será una opción. Nuestra salud no se negocia”.

NC/MG

Una persona falleció en el Hospital de Coronda, en la provincia de Santa Fe, tras ingerir una cantidad significativa de un insecticida y al menos 14 profesionales de la salud que lo atendieron resultaron intoxicados.

La persona fallecida tenía 32 años y había ingerido una cantidad significativa de un insecticida potente y volátil cuya toxicidad se clasifica como “banda amarilla”, y que habitualmente se utiliza en la producción frutillera y es considerado como “moderadamente peligroso”.

En tanto los profesionales de la salud intoxicados fueron los médicos, enfermeros y personal del Servicio Integrado de Emergencias Médicas (Sies) 107, que atendieron al paciente y fueron derivados al Hospital Cullen de Santa Fe.

Según informó la prensa local, el insecticida, a pesar de las medidas de seguridad implementadas, contaminó no solo a las personas que atendieron al hombre, sino también al ambiente del hospital y no se descarta que otras personas que también terminen intoxicadas. Los síntomas incluyeron vómitos, diarrea, dolores de cabeza y erupciones cutáneas.

La directora del Hospital de Coronda, Silvina Finochetti, contó a diferentes medios que cuando el hombre llegó al lugar se contaminó todo con un olor insoportable y que la intoxicación se produjo no solo por contacto, sino también por la volatilidad del producto.

Tras lo ocurrido, la guardia del hospital permanecerá cerrada durante 48 horas y se evaluaba la posibilidad de trasladar a los pacientes que lleguen al hospital a una clínica privada de la ciudad.

Por lo ocurrido, desde el ministerio de Salud de Santa Fe investigan cómo fue el protocolo de atención para corroborar si los profesionales contaban con los elementos de seguridad pertinentes.

MM con información de la agencia NA

El cielo de los qom es, en realidad, un libro. Podrá parecer un manto azul y combado, lleno de luces que titilan, pero eso es pura apariencia. Porque ahí, en lo alto, ellos siguen leyendo las historias que les contaron sus ancestros y que todavía repiten a sus hijos. Y hay una que es infalible a la hora de poner a los chicos a temblar: la del Yrá Ypayí, o “Fin del mundo”.

Cuenta que un día, cuando las lechuzas ya no puedan seguir devorando a los murciélagos (andirá, en lengua originaria), estos se reproducirán descontroladamente; se volverán legión y, en algún momento, serán tantos que terminarán formando un murciélago gigante, el Andirá guazú: el gran murciélago del fin del mundo. 

Ese día, el monstruo desplegará sus alas, cubrirá por completo la luz del sol, y la vida sobre la Tierra comenzará a terminarse. Será, dicen, el principio del fin. Quizá por eso, en el Chaco —esa planicie que comparten Argentina y Paraguay—, lo grande que anda por el cielo rara vez trae buenas noticias.

El pájaro más visto  

Para Lelia López, una señora delgada y de sonrisa desconfiada, además de campesina, qom, vecina de Campo Medina —un paraje rural de Chaco, en el norte argentino, a más de 400 kilómetros de la capital provincial—, las avionetas fumigadoras, que durante mucho tiempo fueron el pájaro más visto en el cielo de su localidad, tienen algo de eso. De bicho que asusta. De pájaro de mal agüero. Y con razón: cada verano, de mañana y de tarde, cuando se escuchaban los motores y el veneno caía en ráfagas desde arriba, su huerta se desmayaba entera. “Se ponía triste”, dice. “Y se llenaba de manchas.”

Pero, lo peor venía después, cuando la piel empezaba a picar y se llenaba de ronchas. A sus hijos —nueve—, les dolía la cabeza. Comenzaban a vomitar. Entonces, a veces, Lelia tenía la ocurrencia de ir a la salita de salud.

—Y ahí la doctora me decía que yo era una mentirosa. Que eso no podía ser.

Después, si tenía suerte, le daban algún remedio “para la gripe”. Y la mandaban de nuevo a su casa. Porque, en esas tierras en donde ella vive, hay temas —como los que hacen a las fumigaciones sobre plantas, animales y personas— sobre los que es mejor no hablar.

La doctora María del Carmen Seveso, médica emergentóloga y una de las voces más activas en Chaco contra las fumigaciones con agrotóxicos que irrumpieron en la provincia en 1998, con la llegada de la soja transgénica, confirma lo que dice Lelia. Lo vio mil veces: personas intoxicadas por los agrovenenos, pero tratadas con medicamentos para la gripe o alguna alergia. Eso fue, en parte, lo que la impulsó —junto a otras médicas, enfermeras y efectores de salud— a crear la Red de Salud Popular Ramón Carrillo. Quienes la integraban eran, en su mayoría, médicos y médicas rurales. Esos a quienes los campesinos y aborígenes del Chaco más profundo les contaban lo que les pasaba tras cada fumigación. Esos que supieron, casi 20 años antes, que los agrovenenos tenían múltiples y graves impactos en la gente que —como Lelia— vivía alrededor de los campos.

El derecho a respirar 

Campo Medina —como Campo Nuevo, como Lote 4, como Napenay, como tantas otras ínfimas localidades en donde la frase “expansión de la frontera agrícola” se traduce desde hace décadas en un desmonte apocalíptico— es el hogar no sólo de Lelia, sino también de varias familias originarias y criollas. Dedicadas desde siempre al trabajo de la tierra, la llegada a mediados de los 90’ de la agricultura industrial —bajo la forma de gigantescos latifundios dedicados a la soja, al maíz y al algodón, todos transgénicos e inseparables de un paquete de agroquímicos (herbicidas, insecticidas y fungicidas, entre otros)— significó bastante más que una alteración del paisaje. Representó, sobre todo, la pérdida de algo tan simple como el derecho a respirar.

El mapa lo muestra: en la actualidad, las tierras habitadas por los qom y campesinos criollos están jaqueadas por mega establecimientos agroindustriales. Lo que allí se ve es el resultado de más de 100 años de racismo de Estado, que así como entre 1884 y 1911 emprendió la llamada “Campaña del Chaco” (o “Conquista del desierto verde”) y terminó repartiendo entre blancos e inmigrantes 2,5 millones de hectáreas, hoy arrincona a las comunidades originarias a fuerza de venenos y desidia. A los antepasados de Leila y a su gente, apenas les cedió —como una gracia— las mismas 40 leguas en las que todavía están encapsulados.

Antes, cuando no había leyes de protección contra las fumigaciones, no sólo las gallinas, los cerdos y los chivos se descomponían al paso de la avioneta: la huerta completa se secaba. Las chivas comenzaban a malparir. Los niños y las niñas terminaban en la salita de salud, recibiendo jarabes para la tos o una aspirina, a modo de consuelo. Fue entonces cuando el marido de Lelia, Juan Capra, junto a otros vecinos —como Napoleón Tomas y Mariano Peñaloza, qom todos ellos— decidieron hacer algo. Antes de que fuera demasiado tarde.

Así, en 2010, un grupo de familias llevó su denuncia ante la Justicia. El principal acusado fue un establecimiento con nombre de vecino simpático, Don Panos, y extensión inaudita: 90.000 hectáreas de campo desplegadas sobre dos provincias argentinas (Chaco y Formosa). Para cercarla, se necesitarían 10.000 kilómetros de alambre. La misma extensión que se necesitaría para alcanzar la llamada Línea de Kármán o límite exterior de la atmósfera. Otra vez, es el cielo el que cuenta la historia del Chaco.

Panorama claro

Contra todas las posibilidades, la Justicia les dió la razón. Recién al cabo de ocho denuncias ante organismos tan variados como la comisaría local, el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), y hasta una presentación en la Cámara de Diputados de Chaco, en julio de 2010, pero les dio la razón. Ese día, un hombro morocho y de rasgos aindiados se paró frente a los legisladores, y dijo:

—Soy Mariano Peñaloza. Soy indígena. Estoy orgulloso de ser indígena. Yo vivo del monte, de agricultura, de ganadería. Hoy, no tenemos eso. Se nos murió todo. Llega a un metro de mi casa el mosquito. ¿Qué es lo que quiere esa empresa? ¿Que nos vayamos todos? Pero, yo no quiero vivir en el pueblo. Quiero seguir con mi cultura.

Dos años después, lograron que la Justicia chaqueña dictara una medida cautelar prohibiendo las fumigaciones aéreas en la zona lindera con las familias de Campo Medina. Dicho de otro modo, ya no se podía fumigar a menos de 600 metros de las casas. Ya no se podía seguir arrasando, de pasada en pasada, lo único que las familias tenían para comer.

La medida nunca se respetó del todo. Pero, para Lelia, Napoleón, Mariano y el resto de sus vecinos y vecinas, el panorama estaba claro: alejadas las fumigaciones, idos los venenos, el desafío era generar alguna producción que les permitiera ganarse la vida sin enfermarse ni morir en el intento. Algo que, más allá de subsistir, les permitiera volver a soñar. Algo propio. Y diferente.

Fue entonces cuando se acordaron de gualok, que es como los nativos del lugar llamaban al algodón. Antes de la llegada de los españoles, antes de la explotación, mucho antes de que las semillas de Monsanto comenzaran a producir un algodón radiante y cultivado en base a venenos tan peligrosos como el 2-4 D, la atrazina o la cipermetrina (un agroveneno debe aplicarse 14 veces por semana, como secante, previo a la cosecha), gualok estaba ahí y era una parte clave de la economía campesina. Sólo tenían que recuperarlo. Pero, ¿cómo? ¿Era realmente posible cultivar el algodón sin aplicar venenos? ¿Sobrevivirían las cosechas? ¿Quién compraría ese algodón? Y la pregunta central: ¿existirían todavía las semillas criollas, originarias y libres de patentes?

En busca de los suelos perdidos 

Como en todo proceso, a la hora de recordarlo y decir qué fue primero y qué después, a menudo las voces se confunden. ¿La Mesa de desarrollo local fue antes de la recomposición de los suelos? ¿O fue al revés? En cualquier caso, algo está claro: lo mismo que enfermaba a personas y animales había terminado por enfermar también a la tierra. Por convertirla en una piel desnuda, cuarteada por el sol, en la que las tormentas de tierra podían, incluso, durar horas.

“Justamente por eso, después de lograr el amparo contra las fumigaciones, lo que hubo que hacer fue recomponer los suelos”, explica Alejandra Gómez, una mujer pálida y sonriente, con el pelo cortado al estilo de Cleopatra. Abogada y miembro de la Red de Salud Popular Doctor Ramón Carrillo, explica que, para poder acompañar este proceso, la red de médicas, médicos y enfermeros del monte que conocían como nadie los impactos de los plaguicidas en la salud de la población se tuvo que reconvertir en fundación: la Fundación Ramón Carrillo. ¿Su nuevo compromiso? Ayudar a los pobladores a desandar el camino que lleva del agronegocio contaminante a la producción saludable, soberana y sostenible.

Pero, ¿qué es eso de “recomponer los suelos”? Digamos que restituirlos a un estado previo a la lluvia de químicos. En este proceso, colaboró la gente del INTA Sáenz Peña, una localidad cercana a Pampa del Indio.

Julieta Rojas es bióloga y trabaja hace 17 años en suelos. Como experta, sabe que el suelo es la base de todo, pero también que, en agroecología, su manejo es complejo. “Porque cuando no se pueden usar herbicidas, tampoco se puede trabajar mucho la tierra para evitar la degradación, hay que ir probando con bioinsumos (es decir, sustancias naturales y no productos de síntesis química), creando cobertura vegetal, etc. Para peor, en algunos lotes, hay mucho Sorgo de Alepo, una planta que es plaga”, detalla.

Poco a poco, el suelo —como el tejido social roto por la agricultura industrial— comenzó a tejerse otra vez. Pero no fue fácil. Especialmente porque, tras tantos años de atropello, a los vecinos y a las vecinas de Campo Medina se les hacía difícil creer que no los fumigarían más; que no seguirían considerándolos maleza o bicho, u otra cosa a eliminar.  

“Lo bueno fue que la empresa Don Panos se comprometió no sólo a dejar de fumigar a las familias denunciantes, sino a toda la zona linde con Campo Medina. Entonces, lo primero que se recuperó fue la llamada ‘sementera baja’, que es como se le dice a la huerta donde se siembra zapallo, porotos, mandioca, batata, maíz y todo eso que es para consumo familiar. A partir de eso, se pensó en recuperar también el cultivo del algodón. Fue entonces cuando una empresa de Buenos Aires se interesó. Se hizo una primera campaña y una primera cosecha. Pero algo pasó”, explica, misteriosa, Gómez.

La cosa fue así: alguien de la comunidad vio a alguien de la empresa de Buenos Aires que les compraría el algodón hablando con alguien de Don Panos. La voz se corrió, y adiós al acuerdo: varias de las familias, en particular las denunciantes, se negaron a seguir trabajando con la firma. Pero, sí querían seguir haciendo algodón y sin venenos, en familia, con la posibilidad de conservar sus huertas y animales. Eso sí los entusiasmaba.

La razón la cuenta Regino Altamirano, un criollo alto y delgado, de pelos largos y alocados que a veces sujeta con una boina al estilo Che Guevara. Él preside la Asociación de Pequeños Productores de Chaco (APPCh), una organización territorial que hoy reúne a una cincuentena de productores y productoras de la zona, 28 de los cuales se sumaron a la producción de algodón agroecológico en 2019, en lo que fue la segunda campaña. “La mayoría de las familias de acá había hecho algodón toda la vida, pero algodón natural, no el transgénico, porque ese es caro para el pequeño productor: hay que comprar semillas, químicos… Y no se puede.”

Lo que sí se podía, idas las fumigaciones, era lo otro. Volver a sembrar en las parcelas familiares comida y algodón, como siempre había sido. Eso fue lo que hicieron: volver al origen. “Y le pusimos ese nombre —N’Oxonec, algodón de frontera— porque la primera palabra quiere decir ‘tejido’, y lo de la frontera porque hasta ahí nos fueron barriendo. Hasta el borde. A los criollos y a los qom, y todo para hacerle lugar al agronegocio”, dice.     

Volver al futuro

La idea era poderosa: recuperar los suelos primero, la comida después, más adelante el algodón y así hasta restaurar todo lo destruido. Había que recuperar la tierra arrasada. Con el tiempo y los resultados, la idea fue creciendo hasta lo que ya se logró: que la cadena de valor completa fuera chaqueña. Dicho de otro modo, que desde las semillas hasta la cosecha, el desmote, el hilado, la confección y el diseño, todo fuera “Made in Chaco”.

La primera campaña fue la de 2017. En septiembre de ese año, unas pocas familias de Campo Medina plantaron semillas tradicionales —no transgénicas— provistas por el INTA local, que las había preservado. Su nombre: Guazuncho, que es como se le dice en la zona a una especie de cervatillo que anda por el monte. Sembraron. Y cruzaron los dedos, en el más absoluto de los silencios. Por si acaso.

Se sembró sobre parcelas familiares de entre un cuarto y media hectárea, no más. ¿Por qué no mayores? Entre otras razones, porque el cultivo de algodón agroecológico implica, por sobre todas las cosas, recuperar la escala humana. Un campo de miles de hectáreas se trabaja con máquinas y con químicos, mientras que una parcela como las existentes en Campo Medina —donde se cultivan simultáneamente algodón y alimentos— requiere de mucha mano de obra para absolutamente todo. Por ejemplo, para la siembra, para el control de los organismos que ataquen el cultivo y, finalmente, para la cosecha, que también es manual. Se hace en noviembre, al rayo del sol, copo tras copo. “Además, así, uno va viendo también qué semillas sirven para replantar, para usar en la próxima campaña”, explica Regino. “Esto también es algo bueno, porque antes no teníamos qué sembrar y hoy ya tenemos familias en diferentes partes que se dedican nada más que a producir semillas. Son semilleros, y por eso ahora sabemos que podremos volver a sembrar, porque semilla hay.”

Tejer sueños

El acuerdo era claro: las familias sembraban y la Fundación Carrillo les compraba toda la producción. Íntegra. Y se ocupaba, a su vez, de la comercialización de los hilos y de los textiles hechos con esos hilos sin venenos. Dicho de esta manera parece simple, pero detrás de cada cono de hilo —de un kilo cada uno— que se genera tras cada cosecha, hay cientos de batallas invisibles. El control de lo que la agricultura industrial denomina “plagas”, por ejemplo, debe hacerse con sustancias naturales. Y, cuando el temido picudo algodonero dice “presente”, hay trampas esperando por ellos. Todo sea para preservar lo que hace de esta fibra algo único en su especie: un algodón purísimo, jamás rozado por agrotóxicos ni por tinturas. El sueño de los alérgicos hecho realidad, sí, pero también un dato económico: a partir de esta experiencia pionera en el Chaco, la importación desde lugares tan cercanos como Perú o tan distantes como India dejó de ser la única alternativa para quienes buscaran un material de este tipo. Hoy, en Chaco, hay ya cinco municipios participando de esta experiencia (Pampa del Indio, Las Palmas, Castelli, La Leonesa, Presidencia Roca y Castelli).

Ya van por la sexta campaña, y hay alegría en el aire. A fuerza de lucha y compromiso, consiguieron que el Gobierno los acompañara en algunos procesos y hasta que la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA, según su sigla en inglés) se interesara por el proyecto y los sumara al programa “Un pueblo, un producto” (OVOP) a través del cual reciben asesoramiento y capacitación que esta iniciativa no naufrague en las turbulentas aguas del mercado. Es más, en febrero de 2023, el proyecto llegó a Buenos Aires y tuvo su propio stand en el evento de JICA. En el afiche aparecía Regino mostrando orgulloso un copo de algodón.

El cielo protector

Con todo, el objetivo por ahora no es seguir creciendo, sino sostener —más que la “cadena de valor”— la red y los lazos que los han traído hasta acá. Esto es, la trama, porque eso es lo que significa N’Oxonec en qom: la mixtura de múltiples hilos. Cada prenda es, en ese sentido, un mapa vivo. “En esta hay hilo de Campo Medina y de Colonia Benítez, el textil se hizo en Saénz Peña, el bolsillo lo tejió una artesana de Miraflores”, detalla Alejandra. 

Un dato más: se está recuperando un algodón casi extinto y hermoso. La semilla fue recuperada y se la bautizó Gualok. Es marrón. Alejandra muestra un ovillo y sonríe. También, ¿cómo no hacerlo? 

Seis años atrás, en Resistencia, la capital de Chaco, lo que entonces era la Red de Salud Popular Dr. Ramón Carrillo organizó unas jornadas para hablar del impacto de las fumigaciones en la salud humana y el ambiente. Se expuso entonces “El costo humano de los agrotóxicos”, el multipremiado trabajo del fotógrafo Pablo Piovano, y Leila López contó su experiencia como campesina y madre de niños que crecieron viendo pasar la avioneta fumigadora como un pájaro más. 

Ahora, en 2023, una comitiva de Campo Medina llega a Buenos Aires para contar hasta qué punto pueden cambiar las cosas cuando la gente se organiza para pelear por lo que merece, para volver a vivir una vida de verdad. La palabra clave aquí es territorio. Porque, como explica Regino, “la gente no se quiere ir: la quieren sacar. Pero los productores quieren quedarse a vivir como vivieron siempre”.

Y para eso, insiste Gómez, la escala es fundamental. “Por eso no queremos, por ahora, sumar más familias, porque necesitamos visitarlas, hacer controles, explicar, capacitar. Es mucho trabajo y hay pocos recursos humanos. Nos falta equipo, pero, además, queremos saber quién nos compra, para qué van a usar nuestro algodón.”

Semejante cuidado no es casual porque, como recuerda Regino, alguna vez —entre 2008 y 2011— se pusieron a hacer algodón a pedido de una firma italiana. “Ellos nos pedían, y nosotros lo hacíamos. Era algodón biodinámico. Pero una vez ese algodón se contaminó, y no nos pidieron más. Muchas familias se quedaron con la cosecha y sin nada”, cuenta. Para que eso no se repita, decidieron ir creciendo despacito. Como lo hacen las plantas. Las de verdad, al menos: paso a paso.

El círculo

—Soy enfermera en el puesto de Campo Medina. Hace 12 años que trabajo ahí. Somos un equipo muy chico. Médico no hay. Al médico lo llamamos por teléfono y lo consultamos, y él nos dice qué hacer. Cuando pasaba algo con las fumigaciones, lo llamábamos y él nos decía.

—¿Y qué les decía?

—Y, “denles sales”, por ejemplo. 

Así, con sales o con remedios para la gripe —cuando había— era como se trataba a los niños y a las niñas que llegaban al puesto. Allí los recibía —y los recibe aún— Alejandra Peñaloza, una mujer bajita y de sonrisa esquiva. Resistencia está a kilómetros de Buenos Aires, Pampa del Indio a 400 kilómetros de Resistencia y Campo Medina, donde vive Alejandra, todavía más lejos: es un paraje rural ubicado a 40 kilómetros de “Pampa”, como le dicen en la zona. Ella es la que está ahí, a donde pocos llegan. Y a donde antes los vecinos llegaban así como cuenta ella.

“Casi todos con vómitos y diarrea. Lo que pasa es que los chicos veían el avión y salían a correrlo. A jugar con la lluviecita.”

La lluviecita.

En 2012, Mariano Peñaloza —el papá de Alejandra— logró, junto a otros vecinos, que la “lluviecita” parara, que no los fumigaran más. Mariano murió en 2021, tras un accidente cerebrovascular o ACV. Tenía Mal de Parkinson y su cuerpo era, todo, un solo gran temblor. Idéntico al que experimentan los insectos cuando sobrevuela el campo la avioneta fumigadora. No es casual: por algo, en 2015, el Ministerio de Salud de Francia reconoció como enfermedad laboral de los agricultores al Parkinson provocado por los agrovenenos como los que Mariano Peñaloza se pasó la vida respirando. Y así la llamó: Parkinson par pesticides.

La nieta de Napoleón Enrique, otro de los primeros denunciantes, también tiene problemas. “No camina”, explica Alejandra.

Con todo, que ella —aborigen, qom, fumigada, barrida hacia la última frontera de las cosas— sea enfermera en Campo Medina es una forma de justicia. Que ella y su familia sean parte del proyecto No Oxonec, también. “Nongoné”, pronuncia Alejandra. Y después dice otra palabra, la misma con la que cerró su participación en el seminario de Buenos Aires, que eligió al proyecto de algodón ecológico entre muchos otros presentados por Argentina.

—Ñachec.

“Gracias”, en qom.  

Aunque los agradecidos deberíamos ser nosotros. Todos nosotros.

Este artículo es parte de COMUNIDAD PLANETA, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina, del que elDiarioAR forma parte. 

Un grupo de organizaciones sociales, ambientalistas y defensoras de los derechos humanos marcharán este miércoles a las 17, desde el Obelisco hasta la sede del Ministerio de Salud, en contra del “modelo del agronegocio, los transgénicos y el uso de agrotóxicos, que atenta contra la salud socioambiental y la soberanía alimentaria”, informaron los convocantes a la movilización.

Se trata de una nueva edición de la denominada “Marcha Mundial contra Bayer-Monsanto y los agronegocios”, que se realizó por primera vez 2013, en forma simultánea en distintos países y que iba a concretarse el último sábado en el centro porteño, pero fue reprogramada.

Según adelantaron los organizadores, se alertará sobre que en Argentina “se rocía con 500 millones de litros de agrotóxicos al año” y que “tiene el récord de ser el país que más glifosato por persona aplica del mundo”.

“La Argentina tiene el lugar de primer país colonizado por este modelo en Latinoamérica, con la rápida expansión de la frontera sojera y el abandono de cultivos alimentarios en pos de commodities o insumos de exportación para el mercado global”, aseguraron desde la Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones.

Además, criticaron “la reciente aprobación del trigo transgénico HB4 en el país” y advirtieron que “ya son 25 las empresas que están comercializando esta molienda a la población en forma de pan, fideos y otros productos”, según denunciaron en un comunicado.

Con información de agencias.

IG

Cada año a mediados de febrero, las hileras interminables de almendros del valle central de California despiertan de su letargo invernal y se cubren con un manto blanco de flores. En este lugar se producen el 80% de todas las almendras del planeta, una industria agrícola colosal que vivió un boom en las dos últimas décadas, y cuyas cosechas dependen de una mano de obra muy particular: abejas de la miel llegadas de todos los rincones de Estados Unidos. 

Apiladas en grandes remolques, y cubiertas de tela para que las abejas no escapen por el camino, unos dos millones de colmenas llegan a California por carretera para polinizar almendros. Algunas empezaron su ‘migración’ en la soleada Florida, a tres días de viaje en camión. Otras llegan desde estados más fríos, donde en otoño se las almacena en naves industriales con calefacción. 

Nada más desembarcar, las abejas melíferas se ponen a trabajar, recolectando polen y néctar para alimentar la colmena, polinizando almendros sin parar durante el mes que dura la floración. Gracias a esa actividad frenética, los árboles darán fruto y los agricultores, a cambio, financian el largo viaje. 

“Es un poco contra naturam tener grandes colmenas de abejas en esta época del año, pero es lo que necesitan los productores de almendras en California”, explica un apicultor de Idaho en un video divulgativo sobre esta migración asistida. Su empresa manda 20.000 colmenas hacia el estado del Pacífico llenas de abejas que pasaron más de dos meses aletargadas en una enorme nave, alimentadas con jarabe de azúcar. 

La polinización, uno de los procesos más delicados de la naturaleza, se convirtió en Estados Unidos en una pieza clave de la titánica industria de las almendras: solo así se puede sostener el boom de estos cultivos en California, que pasaron de cubrir 250.000 hectáreas en el año 2000 a 663.000 hectáreas en 2021, según los datos del sector.

Entre enero y marzo, el 90% de todas las colmenas comerciales de Estados Unidos se desplaza a las plantaciones de almendros: hoy en día, para los apicultores, alquilar las abejas es mucho más rentable que vender miel. 

“La polinización de almendros es la mayor fuente de ingresos para muchos apicultores”, cuenta a Ballena Blanca la economista agraria Brittney Goodrich, de la Universidad de California, Davis. Según sus cálculos, basados en datos oficiales, en 2020 los apicultores de EEUU cobraron 460 millones de dólares por dar este servicio esencial a los agricultores, pero solo produjeron 300 millones de dólares en miel.

La labor de estas abejas es uno de los pilares que sostienen el sector, criticado por el uso masivo de agua, y que en 2022 alcanzó un valor de 5.030 millones de dólares.

75.000 millones de abejas muertas

El negocio del alquiler de abejas permitió mantenerse a flote a muchos apicultores que ven cómo, año tras año, sus colmenas mueren en masa. En 2006 se dieron a conocer los primeros casos de lo que se bautizó como el “síndrome de colapso de las colonias”, un misterioso mal que acababa con las abejas y que poco a poco se extendió por todo el mundo. La historia despertó una gran alarma, y no es para menos: según la FAO, tres de cada cuatro cultivos dependen, al menos en parte, de los polinizadores.   

El problema ya se volvió crónico. En el invierno de 2021, el último con datos disponibles, perecieron un cuarto de todas las colmenas de EEUU, según una encuesta anual a apicultores que comenzó en 2006. En años malos, como 2020, se perdieron la mitad de las casi tres millones de colmenas del país. Si se intenta traducir en abejas, haciendo un cálculo muy aproximado, la hecatombe es difícil de imaginar: 75.000 millones de insectos muertos.

En los 70 no era raro perder un 5 o un 10% cada invierno. Este año hemos bajado un 35%, y parece ser la nueva normalidad

Gene Bradi — Apicultor en California

Los científicos y los apicultores más veteranos siguen tratando de comprender qué está pasando con las abejas. El californiano Gene Bradi, que cuida de unas 2.000 colmenas en el epicentro de la región productora de almendras, asegura a Ballena Blanca que el problema tiene que ver con las “4 p”: pesticidas, parásitos, patógenos y una nutrición pobre. “En los años 70 no era raro perder un 5% o un 10% cada invierno. Este año bajamos un 35%, y parece ser la nueva normalidad”, dice Bradi. 

Esta temporada, además, el cielo se abrió sobre California, con precipitaciones históricas que complicaron mucho el trabajo de las abejas y los apicultores. “Llevábamos años rezando para que llegara la lluvia, y este año nos estamos ahogando”, cuenta Bradi. 

Sorprendentemente, pese a esas pérdidas masivas la población de abejas se mantiene estable año tras año, explica Anne Marie Fauvel de Bee Informed Partnership, la ONG que elabora esas encuestas a los apicultores. Su negocio es una carrera anual, organizada para llegar con colmenas suficientes a la polinización en California. Tras polinizar las almendras, los apicultores dividen las colonias con nuevas abejas reinas, para tratar de compensar las pérdidas del año anterior. En primavera las colmenas crecen y en verano, cuando la población llega al pico, es cuando podrán sacar de ellas algo de miel.  

Gene Bradi espera que, con las lluvias, este sea un buen verano para producir miel. Normalmente, tras los almendros lleva a sus colmenas a fincas de la costa, donde pueden darse un festín de flores. Estos últimos años, con los campos secos, sus abejas sobrevivieron a base de jarabe de azúcar. “Las abejas son como cualquier otro tipo de ganado. Si tienes vacas u ovejas en un prado, hay sequía y falta hierba, más vale que traigas algo de comida o morirán de hambre”, cuenta.  

“Mantenerse en el negocio de la apicultura es muy, muy difícil”, dice Anne Marie Fauvel. “En las almendras se cobra bien, y esta industria ha permitido a los apicultores recuperar las pérdidas de los últimos años.” 

Estrés y pérdidas de colmenas: el peaje de la migración

Aún así, la travesía a California implica un peaje. “El transporte a larga distancia de colonias para servicios de polinización y producción de miel se asocia con un aumento del estrés y la pérdida de colonias, ya que las abejas melíferas no pueden buscar alimento durante el transporte y pueden verse sometidas a un calor o un frío excesivos, según la estación”, detalla un documento del Departamento de Agricultura de EEUU. 

“Supone mucha presión para las abejas, por el transporte, porque las ponemos en contacto con enfermedades”, asegura Fauvel, aunque apunta que según sus datos, no hay diferencias significativas a nivel de salud entre las colonias que viajan a los campos de almendros y las que no. 

El monocultivo del almendro a gran escala también implica un uso masivo de pesticidas para tratar de controlar las plagas, ya que los agricultores fumigan sus campos con 16 millones de kilos de pesticidas al año, muchos de ellos considerados altamente tóxicos todavía permitidos –la Unión Europea prohibió ya algunos de ellos–.

La investigadora Brittney Goodrich encuestó a 77 apicultores que participaron en la polinización de los almendros en 2020 y 2021: el 19% afirmó que algunas de sus colonias murieron tras una “exposición letal” a los pesticidas, y para el 56%, sus colmenas habían sufrido una exposición “subletal”. Por ejemplo, por el uso de fungicidas durante la floración, que no son tóxicos para las abejas adultas pero sí afectan al desarrollo de los huevos y las larvas en las colmenas. 

El Almond Board of California, el ente que representa a la industria, publicó en 2018 una guía de buenas prácticas para mantener a las abejas a salvo durante la polinización: sus recomendaciones incluyen aplicar pesticidas de noche, cuando dejaron de volar los polinizadores, no fumigar directamente las colmenas, o preparar bebederos seguros para las abejas, para que no beban agua contaminada por pesticidas.  

El apicultor Gene Bradi asegura que en su zona del valle Central, la mayoría de los productores están adoptado esas buenas prácticas. “Supuso una gran diferencia en el impacto que pueden sufrir las abejas durante la floración”, dice. 

Algunos agricultores también están trabajando para que sus campos sean menos hostiles para todo tipo de insectos beneficiosos. Por ejemplo, plantando flores entre las hileras de almendros, se puede favorecer a los insectos que controlan las plagas de forma natural y a los polinizadores silvestres. En Estados Unidos hay 4.000 especies de abejas autóctonas, y la adorada abeja de la miel, la Apis Mellifera, no es una de ellas: llegó hace 400 años con los colonizadores europeos. Y las tres millones de colmenas tienen un impacto notable sobre los polinizadores silvestres, según los científicos. 

Un estudio en Utah mostró que el polen extraído por una sola colmena era suficiente para alimentar a 3 millones de abejas solitarias nativas

Sheila R. Colla — Ecóloga de la Universidad de York en Toronto

“Las abejas de la miel son muy eficaces extrayendo polen de los ecosistemas”, explica la ecóloga Sheila R. Colla, de la Universidad de York en Toronto. “Un estudio en Utah mostró que el polen extraído por una sola colmena era suficiente para alimentar a 3 millones de abejas solitarias nativas”.

Al mismo tiempo, diversos estudios muestran que, con las condiciones adecuadas en los campos, los polinizadores silvestres como las abejas solitarias, los abejorros o las mariposas son tan efectivos o más que las abejas de la miel a la hora de polinizar cultivos.

“El colapso de las colonias y las tasas de supervivencia invernal son señales de alarma que indican el peligro de depender de una única especie no autóctona. Si queremos resiliencia, especialmente ante el cambio climático, las tierras agrícolas deben mantener una comunidad rica, abundante y diversa de polinizadores autóctonos”, incide esta ecóloga. 

GP

Antonio Aracre, ex CEO de Syngenta, asumió este miércoles como jefe del Consejo de Asesores del presidente Alberto Fernández, sin acto y en medio de protestas ambientalistas. En su primera jornada en Balcarce al 50, se mostró orgulloso de formar parte de la administración del Frente de Todos, en reemplazo de Julián Leunda, quien renunció luego de ser mencionado en el chat de jueces que viajaron a Lago Escondido.

“Arrancando mi primer día en la Rosada. Orgulloso de servir a mi patria y agradecido con el presidente Alberto Fernández por esta oportunidad que me da para seguir apoyando la agenda de crecimiento económico de la Argentina y combatir el flagelo de la creciente desigualdad social”, tuiteó Aracre en sus redes sociales.

Leunda, el entonces titular de asesores del mandatario, comunicó su dimisión el pasado 6 de diciembre tras aparecer nombrado en los supuestos chats hackeados donde trascendieron conversaciones privadas entre jueces, fiscales, funcionarios y empresarios que habrían participado de un viaje a Lago Escondido, provincia de Río Negro.

Días después, el Gobierno comunicó el desembarco en el Gabinete nacional del ex Syngenta, lo que cosechó cuestionamientos. El líder de Camioneros, Pablo Moyano, fue el primero en criticar la designación luego de que Aracre se haya manifestado a favor de una reforma de la legislación que “modernice y flexibilice” los procesos de contratación laboral.

Los activistas ecológicos también sumaron su rechazo al nombramiento, y este miércoles decenas de personas se manifestaron frente a las rejas de Casa Rosada en repudio. Desde la coordinadora Basta de Falsas Soluciones y otras agrupaciones socioambientales, acusan al asesor de comercializar y producir agrotóxicos perjudiciales para el ambiente y las personas.

Syngenta es una empresa multinacional que provee ciencia y tecnología agrícola, en particular de semillas y pesticidas, propiedad de ChemChina, una empresa estatal china. “Es la mayor fabricante mundial de transgénicos y de agrotóxicos, con las devastadoras consecuencias que ese modelo tiene en nuestro país. El nombramiento de Aracre como jefe de asesores representa un escalón más de esta entrega, de dar nuestros bienes comunes a un conjunto de corporaciones”, apuntaron desde la coordinadora.

En esa línea, Guillermo Kane, diputado provincial del Partido Obrero y presente en la protesta, sostuvo: “Alberto Fernández asumió diciendo que se terminaba el gobierno de los CEOS. Con esta designación apoya el saqueo ambiental en todo el país, las petroleras offshore y la minería a cielo abierto”.

Con carteles con la consigna “Fuera Aracre”, activistas se encadenaron a las rejas de la Casa de Gobierno, mientras un puñado de personas realizaron una intervención en la que mostraron imágenes de los efectos letales de los agrotóxicos en la humanidad. Debajo de ellos, ubicaron una bandera roja con la leyenda de “El agronegocio mata”.

Alberto Fernández afrontó los cuestionamientos, al ser increpado a los gritos por el uso de los agrotóxicos en un discurso. En la inauguración de un hospital modular en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, tras ser tildado de “caradura” por parte de un manifestante, Fernández respondió: “Tenemos que trabajar mucho y escucharnos, no gritarnos”.

El mandatario agregó: “Escuchaba recién al compañero quejarse sobre el uso de agroquímicos y está bien, es uno de los temas que se debaten en el mundo, pero no es necesario hacerlo de ese modo. Estoy seguro de que el compañero que se quejaba del uso de los agroquímicos lo hacía honestamente, pero equivocaba el modo. Tal vez haya que escucharlo, pero hay que hacerlo de ese modo. Hay que bajar los gritos”.

LC con información de agencia NA

La avioneta rodeó las casas con techos de chapa. Horas después, sobre la tierra quedó un tendal de gallinas junto a sus crías muertas. Un gallo resistió algunos segundos más, se tambaleó y dió vueltas hasta caer con un sonido penetrante. Un día después de Navidad, el 26 de diciembre de 2021, la casa de Norma Salvatierra en el Paraje San Roque, al Noroeste de Santiago del Estero, fue fumigada desde el aire. La avioneta que sobrevoló los campos de soja y maíz linderos también esparció los agrotóxicos sobre su vivienda. En los animales se vieron las consecuencias inmediatas. 

El cura Sergio Raffaelli denunció la situación en un video en el que se ve la secuencia.  Imágenes de una situación que se reitera en el Departamento Jiménez, de 5300 kilómetros cuadrados en el límite con Tucumán. Cada noviembre, empiezan a circular las avionetas para fumigar los campos que alrededor de 50 empresas cultivan en la zona. Hay provinciales, pero también de Tucumán, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Chaco. En el medio, las comunidades campesinas padecen las consecuencias de la agricultura extensiva que conlleva fumigaciones periódicas hasta marzo, cuando termina la época de lluvias. 

“Las fumigaciones con veneno son habituales desde noviembre a marzo, diarias. Son muchas las empresas que están en el departamento, cuando no es de un lado, es del otro. Sea vía terrestre con mosquitos o vía aérea con aviones. Las familias campesinas viven estos meses con mucho miedo y preocupación, son conscientes de que ese veneno que mata a sus gallinas es el mismo que respiran”, le dice el sacerdote de Santiago del Estero a elDiarioAR. Además de la muerte de los animales, está el agua. En ese reducto de monte virgen rodeado por campos de soja, el agua se guarda en reservorios abiertos: calicantos, tachos grandes o aljibes. Es el agua que usan para limpiar, cocinar o bañarse. “Hay causas en la justicia federal porque muchos empresarios tucumanos tienen campos en Tucumán y en Santiago del Estero. Las avionetas salen de una provincia y van a la otra. Se han logrado poner multas y amparos para que no fumiguen por un tiempo, pero más que eso todavía no”, agrega Raffaelli que pertenece al Grupo de Curas de Opción por los Pobres. En el caso de la fumigación en la casa de Norma Salvatierra se hizo una denuncia penal contra un empresario francés. 

“La primera consecuencia, muchas veces, es la expulsión de los territorios por parte de los empresarios. Las comunidades que no están organizadas, a veces, son engañadas para que se vayan. Por las buenas o por las malas. Quedan encerrados por las fincas y no pueden criar animales como lo hacían antes, a campo abierto. Muchas veces, la fumigación produce la muerte de sus animalitos, la contaminación del agua, erupciones en la piel, abortos espontáneos. Hay cada vez más niños que nacen con malformaciones, muertes por cáncer, casos de leucemia linfoblástica aguda. Son las consecuencias visibles de este modelo”, enumera el cura.

Ante la situación persistente, en la zona se creó la Mesa Provincial de Agrotóxicos y Salud de Santiago del Estero que está integrada por familias campesinas de los departamentos de Jiménez y Río Hondo, entre otros lugares. También hay representantes de la municipalidad de Pozo Hondo, la Comisión Municipal de Abra Grande, el INTA y el Instituto de Estudios para el Desarrollo Social.  En esa mesa también está Emma Contreras que vive en el Paraje Los Soraires, a 100 kilómetros de San Roque. Desde hace más de una década lucha contra las fumigaciones en sus tierras. La última fue el 15 de diciembre, cuando escucharon una avioneta sobrevolar por el techo y salieron agitando los brazos para que terminaran. En el 2019 denunció a la familia Briz, que tiene campos alrededor de su casa, por infracción a la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos. Ni siquiera en la pandemia dejaron de fumigar. En marzo de 2020, dos días después de decretarse el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, los aviones pasaron otra vez para esparcir el glifosato sobre los sembradíos de soja, caña y maíz y pasaron muy cerca de su casa. “En el 2021 nos fumigaron tres veces en menos de cinco días”, le cuenta a elDiarioAR. 

“Nadie les dice que no fumiguen, pero que nos respeten a nosotros. Ellos siguen fumigando a pesar de que hay una restricción del fiscal de que lo hagan a 500 metros (que ahora se bajó a 200 metros en línea recta),  que no corra viento, que la humedad sea adecuada, que el veneno tiene que venir con la receta y que la maquinaria tiene que estar aprobada. En la provincia, hay dos o tres mosquitos aprobados nada más. Ellos nunca respetaron y cuando les fuimos a pedir que no lo hagan, nos quisieron pegar”, cuenta. 

En el límite del terreno hay una cortina de plantas de tuna para frenar el viento que lleva gotas de los herbicidas. En la casa de la familia Contreras ya saben que cuando las tunas muestran puntos marrones, se secarán y morirán. Es lo que les pasa a los paraísos y las moras, a las que se les caen las hojas cada vez que pasa la fumigación. “Tenemos cabras que sufren. Cuando están en tiempo de preñez, los animalitos nacen con malformaciones o con una tembladera. Las palomitas también, todas las aves del campo se mueren. Las plantas se mueren”, agrega la mujer. 

“Acá es todo el año así. Empezamos desde octubre que empiezan a fumigar para preparar el campo. Siembran en diciembre y cada quince días viene el mosquito para matar el yuyo. Hacen cinco o seis aplicaciones de veneno en un mes o dos meses, enero y febrero. Cuando levantan la cosecha, vuelven a preparar el campo y siembran trigo. Y así seguimos”, cierra.

CDB/MG

La Legislatura de Neuquén prohibió por ley la elaboración, comercialización y utilización de productos fitosanitarios a base de clorpirifos etil o metil para evitar intoxicaciones, preservar el ambiente, garantizar la inocuidad alimentaria y mantener y expandir los mercados internacionales.

La propuesta, aprobada hoy, fue elevada a la Cámara de Diputados por el gobernador Omar Gutiérrez durante la apertura del período ordinario de sesiones el 1 de marzo.

La diputada del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Lorena Abdala, como miembro informante, manifestó que “el propósito de esta norma es prohibir en todo el territorio provincial la elaboración y comercialización de estos agro tóxicos elaborados a base de principios activos de Clorpirifos etil y Clorpirifos metil”.

“Si bien la restricción alcanza al uso agrícola, se elevará un pedido a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos, y Tecnología Médica (Anmat) para hacer lo propio para elementos de uso doméstico”, explicó.

Por su parte, el diputado José Ortuño (MPN) dijo que “Argentina tiene toda la fruta y verdura que se produce con intención de exportar sin el uso de este agroquímico porque los límites y tolerancias a los residuos que deja su uso para muchas partes del mundo es 0 (cero)”.

“Sin embargo, la producción que no está registrada puede adquirirlo y utilizarlo y es donde esta ley cobra vital importancia”, aclaró.

También destacó que “la ley tiende a fortalecer los planes productivos y económicos con status sanitario protegiendo a los consumidores de los productos neuquinos, a los 10.000 empleados rurales, a los 700 productores agropecuarios y a toda la cadena de comercialización y consumo, tenemos la responsabilidad de cuidarlos y resguardarlos”.

En el orden nacional, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dispuso la eliminación gradual de esta sustancia hasta su prohibición total para uso agrícola en todo el territorio.

LG con información de Télam.

La Sociedad Argentina de Apicultores (SADA) realizó este martes un “abejazo” y reparto de miel frente al Congreso para visibilizar la situación que atraviesan los polinizadores como consecuencia del desarrollo del modelo agroindustrial “basado en el monocultivo transgénico y el uso intensivo de agroquímicos que genera pérdida de la biodiversidad y muerte”.

La movilización comenzó pasadas las 11 en Plaza Constitución, desde donde se dirigió en caravana hacia el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Senasa y a la Casa de la Provincia de Río Negro, llegando cerca de las 13 al Congreso de la Nación donde apicultores, de diferentes lugares del país, repartieron miel y material explicativo.

“Es una acción para visibilizar la realidad de la apicultura, de las abejas y de los polinizadores. Estamos en tres lugares en el país: en el Puente Cipolleti-Neuquén, en la Ruta 3 Km. 713, Bahía Blanca, y en Plaza Congreso”, explicó a Télam Pedro Kaufmann, secretario de SADA.

“Básicamente, estamos para dialogar con los vecinos y explicar la importancia de las abejas en la vida cotidiana, en la producción de alimentos a través de la polinización y la necesidad de modificar el modelo productivo agropecuario que tenemos, basado en transgénicos y en agrotóxicos que están matando las poblaciones de abejas”, agregó.

Kaufmann, enfatizó en la necesidad de que la comunidad sea consciente de lo que está comiendo, “que empiece a pensar la cantidad de veneno que hay en los alimentos en este momento y que necesitamos un modelo agropecuario sin tantos venenos, con una producción agroecológica sostenible en el tiempo, armoniosa con la naturaleza y que no esté matando a los polinizadores”.

“Las abejas contribuyen a la diversidad biológica y a multiplicar la vida en la Tierra. Sin embargo, en la Argentina se las mata como efecto colateral de la agroindustria”, detallaron los apicultores en el material distribuido.

“La Agencia Sanitaria aprueba insecticidas altamente tóxicos para las abejas y para las personas”, enfatizaron.

“Estamos mostrando a la sociedad cuál es el futuro incierto que tenemos como productores apícolas, y cuál es el futuro incierto que tienen las abejas con el tipo de agricultura que se está utilizando e implementando”, dijo Santiago Carnevale, miembro de la comisión directiva de SADA.

“El riego son los agrotóxicos, que son pesticidas e insecticidas que están matando a las colmenas, a las abejas y diezmando nuestras producción”, añadió Carnevale.

También indicó que este tipo de agrotóxicos daña la salud porque “estamos alimentándonos con los productos que se cultivan y estas consumiendo, de alguna manera, el veneno que están tirando en el campo”.

La iniciativa, precisó Emiliana Racigh Lazo, prosecretaria de SADA, “es principalmente para reunir todos los reclamos vinculados con las fumigaciones que hoy en día tanto nos están afectando como apicultores y también para presentar distintas notas de reclamos”.

En este punto, explicó que la provincia de Rio Negro está pidiendo un canon a la hora de hacer entrar apicultores a la región y ante el temor que diferentes provincias hagan lo mismo.

“Las abejas, además de producir la miel, hacen su trabajo como polinizadoras, y con la polinización logramos obtener nuestros alimentos, 7 de cada 10 alimentos son polinizados”, explicó Racing Lazo.

Por último, aseveró que reclaman “el no uso de agrotóxicos que se echan en los campos sobre nuestros alimentos, sobre nuestras abejas y sobre nuestra salud”.

Con información de agencias.

IG