El Senado avanzó con el proyecto de regularización de armas de fuego impulsado por el oficialismo, una iniciativa que el Gobierno de Javier Milei presenta como un intento de “ordenar” un universo ya existente. Sin embargo, los propios datos oficiales y los relevamientos independientes abren una pregunta incómoda: ¿se trata de una política de control o de una expansión encubierta del acceso a armas?

El dictamen, firmado en plenario de comisiones con el respaldo de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y aliados provinciales, retoma un texto que ya cuenta con media sanción de Diputados desde octubre de 2024. La propuesta combina dos ejes: por un lado, un régimen de regularización para quienes poseen armas no registradas, con un plazo de 360 días para presentarse; y, por otro, la prórroga del programa de entrega voluntaria, anónima y con incentivo económico hasta fines de 2027.

La defensa del proyecto estuvo a cargo del director del Registro Nacional de Armas, Juan Pablo Allan, quien puso sobre la mesa una cifra contundente: cerca de 800 mil armas estarían en situación irregular. El funcionario detalló que hay más de 595 mil armas en manos de usuarios con credenciales vencidas y otras 355 mil en situación regular. Bajo esa lógica, el objetivo del oficialismo sería “sacar de la oscuridad” ese stock y llevarlo al circuito formal.

Pero el problema es que ese diagnóstico convive con otra realidad que el propio Estado reconoce (aunque de manera fragmentaria): el mercado legal de armas ya está en expansión.

Las armas en Argentina, en números

Según datos oficiales procesados en un informe reciente del INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales), entre 2023 y 2025 la cantidad de armas registradas creció un 41,9%. En paralelo, las importaciones se triplicaron en ese mismo período y las tenencias autorizadas aumentaron más de un 20%. Es decir, incluso antes de cualquier “blanqueo”, el acceso legal ya venía en alza.

El dato más inquietante, sin embargo, aparece en las autorizaciones de portación. De cifras marginales durante años (6 en 2022 y 7 en 2023), se pasó a 1.230 en 2024 y a 17.500 en 2025. El salto es tan abrupto que ni siquiera, según el informe al que accedió elDiarioAR, los propios registros oficiales logran explicarlo con claridad.

En ese contexto, la idea de que el proyecto se limita a regularizar lo existente pierde fuerza. Más aún cuando otro indicador clave, como lo es la cantidad de nuevos usuarios, se mantiene relativamente estable. No hay una explosión de demanda que justifique el crecimiento del resto de las variables.

La pregunta, entonces, se vuelve inevitable: si no hay muchos más usuarios, ¿por qué hay muchas más armas?

El oficialismo ensaya una respuesta apoyada en la modernización del sistema. Allan destacó la digitalización de trámites, la posibilidad de gestionar permisos en armerías y la eliminación de “barreras burocráticas innecesarias”. También mencionó mecanismos de control sobre compras masivas y desvíos hacia el delito. En paralelo, Patricia Bullrich vinculó la iniciativa con la necesidad de prevenir hechos de violencia, en particular en escuelas, en medio de una serie de amenazas recientes a lo largo y ancho del país y que tiene como triste antecedente lo sucedido en el colegio de San Cristóbal, Santa Fe, donde un alumno entró con una escopeta y asesinó a Ian Cabrera, de 13 años.

Sin embargo, el propio informe advierte sobre otro fenómeno que tensiona ese argumento: el desvío de armas legales hacia el mercado ilegal. En los últimos años, se registran en promedio ocho denuncias diarias por armas robadas o extraviadas. Y dentro de ese universo, los casos vinculados a usuarios individuales crecieron más de un 40% en 2025.

Cada una de esas armas representa una pérdida de control estatal. Y, potencialmente, un ingreso al circuito ilegal.

Así, el proyecto queda atrapado en una contradicción de base. Mientras promete ordenar, se despliega en un contexto donde la circulación ya se está ampliando. Mientras habla de control, convive con datos que muestran inconsistencias y vacíos de información. Y mientras plantea combatir la ilegalidad, reconoce de manera implícita que el propio sistema formal puede ser una de sus fuentes.

A eso se suma un problema estructural: desde 2023 el Estado dejó de publicar estadísticas completas sobre armas de fuego. Los datos disponibles surgen de pedidos de acceso a la información y, aun así, llegan incompletos. No hay cifras acumuladas de armas ni de usuarios al cierre de 2025, y algunos registros presentan inconsistencias metodológicas.

En ese marco, el Congreso se encamina a debatir una ley clave con información parcial y en un escenario que, lejos de estabilizarse, parece estar en movimiento.

JIB

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) ya terminó todos los desarrollos técnicos y metodológicos del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, la reformulación permanece demorada por el propio Gobierno.

La información figura en la página 24 del informe que Francos envió al Congreso, en respuesta a una pregunta formulada por diputados nacionales de la Coalición Cívica, el partido que lidera Elisa Carrió. “El Ministerio de Economía informa que el Indec finalizó en el mes de marzo de 2025 todos los desarrollos técnicos y metodológicos del nuevo IPC, así como también las consultas y testeos técnicos del nuevo índice para su implementación. Actualmente se encuentra a la espera de los avales institucionales para realizar la campaña de sensibilización y alfabetización del nuevo IPC. Mientras tanto, el Instituto continúa realizando los análisis técnicos en torno a la estabilidad de los precios para asegurar el cumplimiento de las recomendaciones internacionales y garantizar que las modificaciones no se introduzcan en períodos atípicos”, fue la respuesta de Francos.

La revelación echa luz sobre una discusión que crece entre economistas, consultoras y especialistas: si los datos oficiales están reflejando o no con fidelidad la evolución real de los precios. El índice de precios que se emplea en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, viene dando por lo general más alto que el que usa el Indec.

Históricamente, ambas mediciones coincidían casi perfectamente: entre febrero de 2022 y diciembre de 2023, la relación entre el IPC CABA y el del INDEC para GBA fue del 99,8%. Sin embargo, a partir de enero de 2024, la inflación medida en la Ciudad de Buenos Aires comenzó a ser un 13% superior a la del Indec y en el último dato disponible la diferencia escaló al 55%.

La explicación radica en la canasta de consumo utilizada: la de CABA está actualizada desde 2022, mientras que la nacional continúa siendo la misma desde 2004. En términos metodológicos, eso implica darle diferente peso a rubros como alimentos, servicios, vivienda, educación y transporte.

Economistas advierten que la canasta vigente subestima la inflación real, especialmente en sectores de clase media y media-alta, donde el peso de los servicios regulados y privados es mayor.

Qué dijo Francos en el recinto

En la sesión informativa de la Cámara baja de este miércoles, el diputado radical Martín Tetaz le señaló a Francos que el Indec está “usando una estructura de ponderadores que surge de la Encuesta de Gasto de los Hogares (ENGHo) del año 2004, más de 20 años, lo que no refleja la realidad” y que “hay una encuesta del año 2017 que se puede utilizar y que ya ha habido sucesivos compromisos del propio Indec sobre la implementación de los nuevos ponderadores”.

“Quiero saber si usted me puede garantizar si esos ponderadores van a estar incluidos en el nuevo índice ante las elecciones que vienen o no. Porque de hecho, algunos de datos que usted dio en su presentación cambian radicalmente si los usos de los ponderadores son los del 2004 o los del 2017. Por ejemplo, le voy a dar uno solo porque no tengo más tiempo. Los salarios reales en la evolución que usted mencionó están 16 puntos abajo si usted usa los ponderadores del 2017 en vez de usarlos del 2004. Y eso le explica por qué hay alguna confusión con algunos diputados acá que mencionan la aparente contradicción de que el salario real en el relato de ustedes crece, pero el consumo masivo en los datos propios del Indec cae. ¿Me puede dar una fecha, jefe de Gabinete, de cuándo van a estar los ponderadores en el nuevo índice? Y si no la puede dar porque no le corresponde a usted, ¿puede tomar las medidas necesarias para que sea antes de las elecciones? Gracias”, dijo Tetaz.

Francos no le dio una fecha concreta a Tetaz pero sí le respondió: “Entiendo la pregunta, y quiero decir esto muy concretamente: el titular del Indec (Marco Lavagna) planteó hace unos meses atrás, y ahora últimamente, la necesidad de cambiar algunos ponderadores en su visión. Y el presidente [Javier Milei] le dijo: 'No cambien nada, porque si la cambiamos ahora, van a decir que lo estamos haciendo por una otra razón [política]. Esperemos a que pase este momento y cuando la situación esté totalmente estable, analizamos y proponemos un cambio de los ponderadores'. Esa es la razón por la que todavía no se lo ha hecho”, dijo el funcionario.

JJD

Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires revela una preocupante tendencia en el mercado laboral argentino: durante los primeros siete meses del actual gobierno, de Javier Milei (La Libertad Avanza), se han perdido más de 182.000 puestos de trabajo formal.

El cálculo surge de comparar la cantidad de asalariados registrados de junio de 2024 (10.138 millones de personas), último dato disponible de la Secretaría de Trabajo de la Nación, con la de noviembre de 2023 (10.320 millones), el último mes del gobierno del Frente de Todos, ya que Milei asumió el 10 de diciembre.

La caída en el empleo formal había empezado unos meses antes, en el gobierno de Alberto Fernández, con Sergio Massa de ministro de Economía. Pero ha sido constante desde octubre de 2023, acumulando nueve meses consecutivos de disminuciones. En total, el número de asalariados formales se ha reducido en más de 200.000, de acuerdo con el informe académico, lo que representa una disminución de casi el 2% en comparación con septiembre del año pasado.

El informe, coordinado por los investigadores Roxana Maurizio y Luis Beccaria, del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) del IIEP, destaca que en junio de 2024 había 10.138 millones de trabajadores asalariados registrados en la seguridad social, según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Esta cifra incluye a empleados del sector privado, sector público y trabajadores en casas particulares.

En junio último, el número de ocupados formales se redujo un 0,1% respecto del mes anterior, lo que equivale a una pérdida de aproximadamente 12.000 trabajadores en tan solo 30 días.

Alrededor de la caída del 35% de los puestos de trabajo formal se produjo entre diciembre de 2023 y enero de 2024, con una pérdida de aproximadamente 73.000 puestos formales (-0,7%). Aunque las caídas en los meses siguientes fueron significativas, su intensidad disminuyó, con contracciones del 0,3% en marzo, 0,2% en abril y mayo, y 0,1% en junio.

Los investigadores señalan que este retroceso sitúa el número de asalariados formales en niveles similares a los observados a finales de 2022, siendo inferiores a todos los valores mensuales de 2023. Además, el informe detalla que la caída del empleo asalariado formal total en junio fue menos intensa que la observada en el empleo asalariado privado, debido a la estabilidad del empleo público y un leve crecimiento del empleo formal en casas particulares.

El informe también subraya que el salario mínimo continuó perdiendo poder adquisitivo en agosto, situándose entre los valores más bajos desde enero de 1991. Asimismo, el salario promedio de los trabajadores formales del sector privado no ha logrado recuperar los niveles de noviembre de 2023.

El empleo formal del sector público experimentó cuatro fases bien marcadas desde fines del año pasado. Entre diciembre de 2023 y enero de 2024 se produjo una abrupta contracción de casi 34.000 puestos (equivalente a -1%). En febrero se produjo un muy leve rebote, mientras que entre marzo y mayo se observó una nueva fase decreciente. En junio no se registró un cambio significativo.

El total del empleo formal público del mes de junio (casi 3,5 millones) fue 0,2% inferior al valor de igual mes de 2023. Es decir, la tendencia negativa durante este año más que compensó la evolución alcista verificada durante 2023. 

Más datos del informe

• En junio de 2024, 6,24 millones de trabajadores eran asalariados formales en empresas privadas (excluyendo el empleo en casas particulares). Esta categoría de empleo registró en el mes de junio su décima caída consecutiva, comenzando su evolución decreciente un mes antes que el empleo asalariado total.

• La mirada de largo plazo permite dimensionar la magnitud de la caída de estos puestos de trabajo: la variación porcentual en enero del corriente año solo fue superada —a lo largo de los últimos 15 años— en los meses de marzo y abril de 2020 cuando se registraron los impactos económicos y laborales más significativos de la pandemia por COVID-19.

• Durante el mes de junio, la caída del empleo asalariado privado fue casi generalizada en términos sectoriales: en 9 de los 13 sectores considerados se observó una variación negativa.

• Los sectores con mayores contracciones de empleo fueron Construcción (-0,8%), Suministro de Electricidad, Agua y Energía (-0,8%) e Industria Manufacturera (-0,4%).

• La contracción en la Industria se suma a las que venía experimentando el sector desde septiembre de 2023. Durante este período se perdieron alrededor de 31.000 puestos formales, representando una caída del 2,6% respecto del nivel de agosto.

• La Construcción ha sido expulsora de empleo desde mediados de 2023. A junio de 2024 acumulaba 13 meses consecutivos de caída. La contracción del empleo en este sector se fue intensificando sistemáticamente desde junio de 2023 hasta alcanzar la máxima caída mensual, del orden del 4,5%, en enero de 2024. Posteriormente, las tasas de caída fueron inferiores a ese registro, pero continuaron siendo elevadas en términos históricos.

• Los únicos tres sectores que aumentaron el número de ocupados durante junio fueron Intermediación Financiera (+0,3%), Minería (+0,2%) y Servicios Personales (+0,1%). Al igual que en el mes anterior, Comercio mantuvo el volumen de empleo sin cambios.

• Si se toman las provincias, la reducción del empleo en junio fue casi generalizada geográficamente. Las excepciones fueron Neuquén (+0,8%) y Río Negro (+0,7%), que registraron aumentos, y Mendoza que no mostró variaciones.

• Las provincias que experimentaron las mayores reducciones fueron La Rioja, Formosa y San Juan, con caídas de entre 1% y 1,9%.

• Sin embargo, han sido la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Córdoba las que explicaron durante el mes de junio la mayor parte de la variación negativa del empleo formal privado total. Sus contribuciones fueron 33%, 26% y 7%, respectivamente. En los dos primeros casos, estas contribuciones fueron levemente superiores al peso del empleo provincial en el empleo asalariado privado total (32% y 24%, respectivamente). Lo contrario sucedió en Córdoba, que da cuenta del 8,4% de este total. 

El Salario mínimo, vital y móvil

• Siguiendo la tendencia iniciada en 2011, el poder adquisitivo del salario mínimo, vital y móvil (SMVM) continuó deteriorándose. Sin embargo, la pérdida real se intensificó en los últimos meses.

• De la mano de la aceleración inflacionaria, en diciembre de 2023 se contrajo un 15%, seguido por una caída aún mayor, del 17%, en enero de este año.

• Entre febrero y mayo, el incremento nominal acompañó la inflación, por lo cual no se observaron reducciones adicionales. En el mes de junio se produjo una nueva caída, seguida por cierta recuperación en julio y una nueva contracción en agosto.

• Desde noviembre de 2023 hasta agosto de 2024, el salario mínimo real acumuló una caída de 26,5%.

• La tendencia decreciente previa, conjuntamente con la fuerte contracción de estos meses, ubica al salario mínimo entre los valores más bajos de la serie, a excepción de los primeros años de la convertibilidad y luego de su colapso en 2002/2003. Asimismo, implica una erosión del 59% respecto del valor máximo de la serie, en septiembre de 2011.

JJD

La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), a cargo del fiscal general Alberto Adrián María Gentili, informó que se registraron 15 muertes en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal en los primeros seis meses del 2024 a través de la publicación del documento estadístico Muerte en cárceles federales. El trabajo compara que en el mismo periodo de 2023 se habían registrado 8 muertes, lo que implica “un notorio incremento” en la cifra.

De acuerdo con el informe, las muertes de personas bajo custodia entre el 1° de enero y el 30 de junio del año en curso se registraron en diez cárceles federales, con el siguiente detalle:

El reporte también detalla información sobre el rango etario, el género y la nacionalidad de las personas fallecidas:

En relación a la situación procesal de las personas fallecidas, 11 se encontraban con condena firme y 4 procesadas; 6 llevaban menos de un año detenidas. A su vez, 4 llevaban más de cuatro años en prisión, 2 personas entre dos y cuatro años, y 3 personas entre uno y dos años.

El reporte detalla asimismo la tipología de las muertes. La Procuraduría indica que 9 casos fueron por causas no traumáticas y 5 por razones traumáticas, mientras que el restante es objeto de investigación. De acuerdo con los registros, la mayor parte de las muertes fueron producto de problemas de salud. Dentro del conjunto de fallecimientos traumáticos predominaron las muertes por ahorcamiento, con tres casos; hubo una por quemaduras; y un ahogamiento provocado por la ingestión de un elemento extraño.

La PROCUVIN registra, contabiliza y analiza desde 2013 las muertes de personas detenidas bajo custodia del SPF. La continuidad en el trabajo de actualización de bases de datos le permite a la procuraduría desplegar series históricas y evolutivas, tanto en términos cuantitativos como también en la profundización de las modalidades y circunstancias en las que se dan los diferentes tipos de fallecimientos.

DM con información de Fiscales.gob.ar

Aunque en los últimos años se avanzó en la construcción de jardines de infantes, aún se necesitan al menos 24.202 aulas nuevas para garantizar la cobertura en las salas de 3, 4 y 5 años. Estos datos surgen del informe “Importancia del nivel inicial: evidencia, costos y desafíos pendientes”, de Martín De Simone (Banco Mundial), Martín Nistal y Leyre Sáenz Guillén del Observatorio de Argentinos por la Educación.

El documento, el primero de una serie de informes que destacan buenas prácticas educativas, ofrece una revisión de la literatura académica sobre la evidencia del impacto de las políticas de primera infancia, particularmente en el nivel inicial. Además, analiza el costo que implicaría la cobertura total de las salas de 3, 4 y 5 a nivel nacional.

Los autores determinaron que el mayor déficit se encuentra en sala de 3, donde faltan 17.399 aulas; mientras que en las salas obligatorias la deuda es menor: hacen falta 5.144 aulas en sala de 4 y 1.659 en sala de 5.

Esta cuenta pendiente impide que los niños y niñas argentinas aprovechen los múltiples beneficios del nivel inicial. Los autores aseguran que la educación temprana lleva a mejores rendimientos en Lengua y Matemática en la primaria, mayores tasas de permanencia, el incremento del número de años escolares completados, reducción de las tasas de abandono, mejoras en la probabilidad de graduarse de la secundaria y mayores probabilidades de matricularse en la universidad.

Para estimar el costo de construcción de las aulas necesarias, los autores plantearon dos escenarios. El primero prevé que solo es necesario construir aulas, mientras que el segundo supone escuelas completas. El primer caso representaría 2,13% del gasto anual en educación entre Nación y las provincias para el año 2021, mientras que el segundo costaría el triple: 6,66% (2.118 millones de dólares). Esto equivale e la incorporación de alrededor de 521 mil alumnos al sistema educativo por año. 

El coautor Martín De Simeone dice que “la educación inicial es un derecho, pero sabemos que eso, lamentablemente, no suele ser suficiente para promover inversiones en el sector”. Explica que “si bien el costo de expandir la oferta de educación inicial no es menospreciable, se trata de una inversión que, con el tiempo, se paga sola”. 

“La evidencia es contundente: la posibilidad de ir al jardín de infantes marca una diferencia sustantiva en el futuro de cada niño y niña. Los datos muestran que garantizar el acceso al nivel inicial de todos los niños y niñas redunda en mejores trayectorias educativas, aprendizajes más robustos y habilidades sociales más desarrolladas. Por eso es tan importante invertir en el nivel inicial”, afirma Melina Furman, investigadora del CONICET y profesora de la Universidad de San Andrés.

Si bien el acceso temprano a la educación tiene múltiples beneficios, algunas investigaciones señalan que una expansión demasiado ambiciosa podría afectar su calidad. Es por eso que recomiendan un “balance” entre la ampliación de aulas disponibles y la atención a la calidad educativa. Por otro lado, los estudios recomiendan focalizar la expansión del acceso en los niños de familias desfavorecidas, aquellos más se beneficiarían de una educación temprana de calidad.

“El informe evidencia la importancia de la educación y cuidados en la primera infancia, así como su interés político creciente, con datos alentadores sobre el aumento de la cobertura. Sin embargo, su impacto positivo radica no solo en el acceso sino en la calidad del servicio, dependiente especialmente de su institucionalidad y profesionalismo. Tres cuestiones pueden puntualizarse más allá de la construcción de aulas: la escasez y fragmentación de la oferta de 0 a 3 años, la consideración del rol de las familias en esta etapa y la imperiosa atención a la cualificación del personal en cuanto a formación y condiciones laborales”, concluye Gabriela Fairstein, docente de UBA y FLACSO.

LC

Un informe privado advierte que entre enero y marzo de este año, el Estado gastó más dinero en atender los intereses que devengan las Leliqs del Banco Central que en jubilaciones. El reporte del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) indica que en promedio por mes la entidad que conduce Miguel Pesce pagó intereses por $700.000 millones, mientras que la ANSES abonó a los jubilados $600.000 millones.

El informe adjudica este fenómeno al efecto que tuvo sobre las cuentas públicas las sucesivas implementaciones del dólar soja, que si bien favorecieron a la liquidación de dólares, también impulsaron la emisión de dinero y la necesidad de esterilizarlo.

“Estos datos muestran que en el 2023 los intereses de las Leliq pasaron a ser el principal gasto del Estado nacional. A modo de referencia, en junio del 2022 los intereses de las Leliq representaban menos de la mitad del gasto en jubilaciones”, plantean en el informe.

La consultora dirigida por el economista Jorge Colina señala que “luego del dólar-soja I pasaron a representar el 80% y con el dólar-soja II superaron el 100%”. “Con la nueva versión de dólar-soja III se potenciará aún más el gasto en intereses de Leliq, agravando la inflación”, advierte el estudio.

El texto dice que “la realidad de los últimos años muestra que los gobiernos de Cristina Kirchner, Cambiemos, y el actual, apelaron con intensidad a usar la misma herramienta (las Leliq) para posponer las consecuencias inflacionarias de un sector publico crónicamente deficitario”.

“Esto sugiere que, si bien no se hacen explícitas, en la Argentina hay políticas de Estado. Entre las más importantes y dañinas están las de mantener el crónico déficit fiscal y usar las Leliq para diferir sus consecuencias inflacionarias”, critica el reporte.

Al referenciar el nuevo dólar soja puesto en marcha recientemente, IDESA dice que “el esquema produce un cúmulo de graves distorsiones y es apenas un paliativo ante la carencia de divisas en el Banco Central ya que, si bien conseguirá nuevas divisas, no desestimula la sobredemanda de dólares que provoca el bajo valor del dólar oficial ($210)”. Al respecto, el informe dice que “una arista muy importante del dólar-soja es que obliga a aumentar la emisión”. 

“El Banco Central imprime pesos para comprar dólares a $300 y absorbe pesos vendiendo dólares a sólo $210. La diferencia ($90 por cada dólar-soja liquidado) es mayor emisión”, advierten. En ese sentido, señalan que “por el impacto inflacionario de este exceso monetario, el Banco Central induce a los bancos a suscribir Leliq con los depósitos de sus clientes”.

La consultora dice que “el enorme pasivo que acumula el Banco Central en Leliq es inflación que será sufrida en el futuro”. “Mientras que una devaluación general tendría impactos inflacionarios inmediatos, con el dólar-soja y la emisión de Leliq el impacto inflacionario se difiere, no es que desaparece”, explica el reporte.

LC con información de agencia NA

En un duro informe sobre la situación de los derechos humanos en diferentes regiones, el Departamento de Estado de los Estados Unidos describieron a la Argentina como un país con una “grave corrupción gubernamental” y donde todavía existen “torturas” y “ejecuciones ilícitas”.

En el apartado sobre Argentina, el informe señala que aún existen “ejecuciones ilícitas y arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales; tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de funcionarios federales y provinciales; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; serios problemas con la independencia del poder judicial; y una grave corrupción gubernamental”.

Si bien comienza destacando que las elecciones que llevaron a la presidencia a Alberto Fernández fueron “libres y justas” y que el poder civil es el que mantiene el control sobre las fuerzas de seguridad, el informe destaca que “el gobierno tomó medidas limitadas para identificar, investigar, enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o se involucraron en actos de corrupción”.

El “Informes de países sobre prácticas de derechos humanos de 2022”, es elaborado cada año por la oficina de Demoracia, Derechos Humanos y Trabajo en base a los parámetros establecidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros acuerdos internacionales. Este lunes fue el secretario de Estado, Antony Blinken, quien lo presentó durante una conferencia de prensa en Washington.

Bajo el título de “Privación Arbitraria de la vida y otros homicidios ilícitos por motivos políticos”, el informe incluye diferentes casos de asesinatos por parte de miembros de fuerzas de seguridad, y entre otros destaca las muertes de Lucas González -por su crimen están siendo juzgados tres efectivos de la Policía de la Ciudad-, de Daiana Abregú -muerta en una comisaría de Laprida, provincia de Buenos Aires-, y de Jonatan Romo en La Falda, Córdoba. “Hubo varios informes de que el gobierno o sus agentes cometieron homicidios arbitrarios o ilegales”, señala y detalla que en un año se registraron al menos 117 casos de abuso o maltrato por parte de fuerzas de seguridad.

También hace referencia a las condiciones carcelarias, en particular a las bonaerenses: “Las condiciones de reclusión fueron duras y amenazaban la vida a causa del hacinamiento, la mala atención médica y las condiciones antihigiénicas. Hubo denuncias de traslados repetidos y arbitrarios, traslados a lugares distantes y el uso recurrente de la incomunicación como método de castigo, particularmente en la provincia de Buenos Aires”.

Además, toma como referencia los datos de la Comisión por la Memoria que dan cuenta de “7.795 casos de negligencia en la salud durante 2021” en la cárceles bonaerenses. Esta situación derivó en la muerte de 199 presos. “Aproximadamente el 80 por ciento de las muertes de presos en la provincia se debieron a problemas de salud, y las muertes restantes se debieron a homicidios y suicidios. De enero a agosto, el CPM reportó 137 muertes en el sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires. De enero a junio, la Fiscalía Especializada en Violencia Institucional reportó 17 muertes en el sistema penitenciario federal”.

“Instituciones débiles y un sistema politizado”

El informe hace hincapié en los niveles de corrupción y afirma que “instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar la corrupción”.

Sobre las causas que afronta la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se limita a describir que fue condenada por la causa de la adjudicación de la obra pública y que aún tiene otros juicios pendientes.

“La corrupción y la complicidad oficial se dieron en algunas fuerzas de seguridad. Los abusos más frecuentes incluyeron la extorsión y la protección de los involucrados en el tráfico de drogas, trata de personas, lavado de dinero y prostitución. Las denuncias de corrupción en los tribunales provinciales y federales fueron frecuentes”, describe.

El informe destaca la libertad de expresión, la garantía de elecciones limpias, el acceso a Internet sin censura, el asilo político para los refugiados y las garantías de acción que tienen los grupos defensores de los derechos humanos. También destaca que los femicidios tiene un castigo más grave que el homicidio y la obligación de los empleados estatales y judiciales para capacitarse en cuestiones de género.

Las consecuencias de la sequía en Argentina y países vecinos, que avanza sobre campos, reservas naturales y tierras productivas, está siendo potenciada por el cambio climático, y juntos estos dos fenómenos (uno climático y otro provocado por los humanos) está generando pérdidas millonarias al país. Así lo afirma un estudio elaborado por la iniciativa World Weather Attribution (WWA), que investigó el caso junto a científicos argentinos y de otros países, y al que tuvo acceso elDiarioAR.

Desde 2019, gran parte de Argentina, Uruguay, el sur de Brasil y parte de Bolivia se han visto afectados por la sequía y en los últimos cuatro meses de 2022 percibieron solo el 44% de las lluvias promedio para la zona, afirma el informe científico. Las precipitaciones durante el último trimestre del año pasado fueron las más bajas en 35 años. 

El corazón agrícola de América del Sur se seca debido a un fenómeno oceánico y atmosférico: La Niña. “Es un fenómeno natural caracterizado por la fluctuación de las temperaturas del océano Pacífico ecuatorial, asociada a cambios en la atmósfera. Este fenómeno tiene una gran influencia en las condiciones climáticas de diversas partes del mundo”, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional. Es parte de un fenómeno denominado “ENOS”, que comprende tres fases: El Niño, La Niña y una fase neutra.

“No podemos atribuir las bajas precipitaciones al cambio climático -sostiene el informe- pero esto no descarta que el cambio climático haya afectado otros aspectos de la sequía”, también con consecuencias trágicas para el ambiente: incendios, pérdida de biodiversidad, fauna y flora en peligro de extinción.

Los expertos estudiaron las lluvias en la región durante los últimos 20 años y afirmaron que “el déficit de precipitaciones se debe en parte a La Niña”, sostiene el estudio. 

A La Niña, un proceso natural, se le está sumando el golpe humano: una serie de olas de calor récord en Argentina y los países vecinos, que según un estudio anterior de WWA son más graves debido al cambio climático. “El calor continuo exacerba los impactos de la sequía en la agricultura, por ejemplo, poniendo el estrés por calor además del estrés por agua en los cultivos”, sostienen los científicos en el informe. 

“En octubre de 2022, Uruguay declaró la emergencia agrícola (que fue ampliada en enero de 2023), y el posterior deterioro de las condiciones de cultivo está afectando a agricultores y residentes ya vulnerables en el corazón agrícola del continente” y “según los informes, la salud de los cultivos en Argentina es la peor en 40 años, con graves impactos esperados en el trigo y cosechas de soja”, explicaron los expertos. 

El impacto es directamente económico: “Argentina ya vio una disminución del 61% en los ingresos por exportación de granos y oleaginosas entre enero de 2022 y enero de 2023”. 

Juan Rivera, del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) y CCT CONICET, con base en Mendoza, explicó en una conferencia de prensa que 2022 “fue uno de los años más secos en el centro de Argentina, el segundo desde 2008, que también estuvo marcado por una sequía superior. La sequía se profundizó incluso durante los últimos tres meses de 2022, en particular, en el centro económico del campo argentino”. Se refiere a las provincia de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, donde La Niña no solía afectar de manera tan drástica en otros períodos.

“Si consideramos los últimos tres años de nuestro registro en Argentina, fueron los tres años secos consecutivos con menor precipitación acumulada en la historia de Argentina. Pero además, entre noviembre y diciembre experimentamos cuatro olas de calor en toda la región. En particular, uno de ellos fue analizado previamente por nuestro equipo y descubrimos que tenía 60 veces más posibilidades de ocurrir debido al cambio climático. Entonces este fue otro factor a tener en cuenta: no solo está impactando el déficit de precipitación, sino también el aumento de temperatura”.

Las temperaturas más altas en la región, que se han atribuido al cambio climático, disminuyeron la disponibilidad de agua en 2022, lo que indica que el cambio climático probablemente también incidió indirectamente, aumentando así la sequía agrícola.

Los científicos

El estudio fue realizado por científicos de Argentina, Colombia, Francia, Estados Unidos, Holanda y el Reino Unido* para evaluar en qué medida el cambio climático inducido por el hombre alteró la probabilidad e intensidad de la escasez de precipitaciones que condujo a la sequía.

El equipo utilizó “métodos publicados y revisados ​​por pares: identificó la región con mayores impactos por el fenómeno (delineada en azul en el mapa publicado en esta nota) y definió la precipitación promedio durante esos tres meses. Luego analizó si el cambio climático alteró la probabilidad y la intensidad de las lluvias anormalmente bajas, explica el informe. 

“Con el fin de identificar si el cambio climático inducido por el hombre también fue un factor determinante del déficit de las precipitaciones, analizamos las lluvias en la región más afectada y en nueve estaciones (climáticas) representativas”, explicaron los científicos en un informe a la prensa.

Argentina ya vio una disminución del 61% en los ingresos por exportación de granos y oleaginosas entre enero de 2022 y enero de 2023.

“Las temperaturas más altas en la región, que se han atribuido al cambio climático, disminuyeron la disponibilidad de agua en 2022, lo que indica que el cambio climático probablemente también incidió indirectamente, aumentando así la sequía agrícola, aunque el estudio no puede cuantificar este efecto”, afirmaron.

Friederike Otto, científica del Grantham Institute, Imperial College London, del Reino Unido, explicó que el objetivo de WWA es “responder a la pregunta sobre el papel del cambio climático inmediatamente después de que ocurra un fenómeno meteorológico extremo”, “en este caso, en realidad, con la sequía aún en curso” y por esa razón “los estudios no son revisados ​​por pares. Pero estamos utilizando métodos revisados ​​por pares”. “Posteriormente, nos sometemos a una revisión por pares, y aunque la prosa siempre ha mejorado, los números y los resultados nunca han cambiado” en estudios previos, explicó la experta.

Argentina seca

“Dado que la temporada también se caracterizó por múltiples olas de calor, los investigadores, además, evaluaron el efecto de la temperatura, en particular, si el cambio climático exacerbó la sequía al influir en la evapotranspiración (la pérdida de humedad de una superficie por evaporación directa junto con la pérdida de agua por transpiración de la vegetación)”, agrega el estudio.

Otto explicó que “eso significa que cuando llueve y hace mucho calor, hay menos agua disponible para que los suelos absorban. Entonces, esa es una de las razones por las que el cambio climático afecta esta sequía. Además, el propio calor también afecta a los cultivos”.

Rivera dijo que se espera que las lluvias regresen durante el próximo invierno o primavera, cuando la atmósfera reaccione a lo que pase en el Pacífico. También destacó la importancia de anticiparse a las olas de calor para ayudar a los agropecuarios.

Paola Arias, de la Escuela Ambiental, Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, Colombia, agregó: “La Niña es un fenómeno bastante poderoso porque puede cambiar el clima en diferentes regiones del mundo, incluso en regiones que no están cerca del Océano Pacífico”.

Qué hacer

Los gobiernos y los privados tienen la posibilidad de prepararse para la sequía y el efecto potenciado de las olas de calor, explicaron los científicos a la prensa. 

“La sequía en curso ha provocado graves impactos en la agricultura, reduciendo a la mitad las cosechas anuales en trigo y soja en Argentina, lo que a su vez se espera que lleve a déficits de exportación de 25-50%. Los impactos de la sequía golpearon a la población además de una inflación ya alta y el debilitamiento de la moneda local”, sostiene el informe en el resumen de sus hallazgos. 

“En Uruguay, más de 75.000 personas sufren la falta de acceso a agua potable; el acceso al agua para cultivos y ganado también es limitado”, agrega el estudio.

La experta Roop Singh, del Red Cross Red Crescent Climate Centre, en Países Bajos, afirmó: “Sabemos que la sequía redujo la cosecha de soja, y vimos la cosecha más baja en 7 años, así como impactos en el ganado. También vimos impactos en las rutas de transporte críticas debido a los niveles de agua excepcionalmente bajos, y eso condujo a una reducción de la generación de energía hidroeléctrica, así como a la reducción del transporte marítimo y el agua”.

“Lo que creo que es realmente significativo, dados estos hallazgos, es que sabemos que esta no es la primera vez que un evento prolongado de La Niña se combina con otros factores, como las altas temperaturas, para provocar este tipo de impactos. De hecho, uno de los ejemplos recientes es de una sequía de 2017 a 2018 en Argentina, donde vimos condiciones similares”, aseguró Singh.

“Es probable que que estas condiciones vuelvan a ocurrir en el futuro y vemos una oportunidad para tomar medidas más anticipatorias. Hay estudios enfocados en Argentina que han encontrado que existen algunas barreras para el manejo proactivo de la sequía en la región. Hay herramientas como esquemas de seguros basados ​​en índices o prácticas de gestión de sequías a gran escala; como aumentar la variedad de los cultivos sembrados en lugar de depender solo de un cultivo básico pueden dispersar el riesgo climático y hacer que los agricultores sean más resistentes”, agregó la científica.

ED

El informe “Lo prometido es deuda (educativa). La impotencia para alcanzar el 6% del PBI para educación” del Observatorio de Argentinos por la Educación, busca cuantificar la deuda educativa en la Argentina, producto del incumplimiento de la obligatoriedad por ley para que el presupuesto en educación alcance el 6% del Producto Bruto Interno (PBI).

Ese consenso en materia de política educativa para el presupuesto consolidado entre la Nación y las provincias se expresó en la Ley de Financiamiento Educativo del 2005. Aunque entre 2006 y 2014 se estimaba un “sobre-cumplimiento” de la meta, el sinceramiento de la base de cálculo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reveló que no fue el caso.

Del análisis que surge del informe, con autoría de Mariano Narodowski (Universidad Torcuato Di Tella), Gabriela Catri y Martín Nistal, se destaca que entre 2006 y 2020 -año de los últimos datos disponibles- solo en tres oportunidades se cumplió con el gasto objetivo en educación como porcentaje del PBI establecido por ley: 2009, 2013 y 2015. Este último fue el año de mayor ejecución presupuestaria, con 6,1% en términos del PBI.

En este período de 15 años, se acumuló una deuda educativa de 3400 millones de pesos (26 millones de dólares a $132,15, promedio del 2022), lo que equivale a un 5% del PBI del 2020, es decir, la inversión educativa aproximada en un año. El 68,4% del total de esta desinversión en la educación argentina ocurrió en cuatro años: en 2010 y en el período 2018-2020.

Entre el 2006 y el 2009, se establecieron metas intermedias para llegar al objetivo a partir del 2010, según se acordó en la Ley de Financiamiento Educativo, consenso avalado por la Ley de Educación Nacional, aunque este último año terminó siendo uno con los porcentajes de inversión más bajos.

El gasto destinado a la educación, ciencia y tecnología es repartido entre las distintas jurisdicciones y el Estado Nacional, con lo que aproximadamente 1 de cada 4 pesos es invertido por la Nación y el resto por las demás jurisdicciones. La Ley de Financiamiento establecía el aporte que cada parte debía realizar, pero con la Ley de Educación, dando por sentado el cumplimiento de las metas, no asignó un número específico de cuánto debe aportar cada parte.

Con la diferencia entre la meta anual y lo efectivamente ejecutado, se puede calcular la deuda de cada año. Puede observarse que se contrajo deuda con la educación en todos los años analizados, excepto 2009, 2013 y 2015, cuando la ejecución presupuestaria excedió a la meta anual. En el caso de 2009, fue el último año de las metas progresivas antes del 6% a partir del 2010, por lo que se superó el objetivo del 5,6% con una inversión del 5,9%.

Los tres años de mayor deuda contraída con la educación fueron 2019 (841 mil millones), 2018 (751 mil millones) y 2020 (570 mil millones), expresados en pesos constantes del 2022. Hay cuatro años con porcentajes de deuda mayores al 10% del total, por lo que a este trienio se le suma el 2010 para alcanzar el 64,8% del total de la deuda educativa argentina. Los autores establecieron ese excedente como “cancelación de deuda”, a fines del análisis.

Al analizar la serie 2006-2020, el tamaño de la deuda acumulada alcanza el 5% del PBI del 2020 -3400 millones de pesos del 2022-, lo que equivale a 26 millones de dólares al tipo de cambio de 132,15 pesos por dólar, promedio del 2022.

Es por eso que Narodowski, Catri y Nistal consideran que si el Estado Argentino hubiese querido pagar la deuda educativa de una sola vez, en el 2020 debería casi haber duplicado el gasto educativo entre Nación y las provincias, llevándolo al 11% del PBI de ese año.

En diálogo con elDiarioAR, Martín Nistal consideró que esto significaría “casi duplicar la inversión” en educación para saldar la deuda histórica. “Todos los puchitos y los gruesos, si los vas sumando desde que creamos metas, nos dice que hoy deberíamos invertir un año entero de lo que se invierte en educación. Ese 5% está muy cercano al promedio de la inversión anual”.

Ante la pregunta de los datos después del 2020, Nistal respondió: “No existen datos publicados. Deberían publicarse en un futuro, no hay ninguna razón por la que no se publique más”. De todos modos, aclaró que “es un cálculo que no sale tan sencillo, porque esto es consolidado entre todas las provincias y Nación”.

El coautor hizo hincapié en que, a partir de la Ley de Educación Nacional, “no están establecidas las partes que tiene que aportar cada jurisdicción”, por lo que “no sabemos quién subejecutó en educación”. Como que en leyes pasadas sí estaba establecido, “sería bueno fijar responsabilidades insticucionales en términos de ejecución”, opinó.

LC

La superficie del territorio afectada por la sequía o en condiciones de estrés hídrico alcanzaron a principio del mes 1.364.749 kilómetros cuadrados (km2) equivalentes al 54,48% del área total, según un informe del Sistema de Información sobre Sequías para el Sur de Sudamérica (Sissa).

De esta manera, casi el 55% del territorio nacional presenta alguna condición de sequía, mientras que el 45,52% o 1.140.408 km2 no presentan por el momento situaciones de estrés hídrico.

Del total del área afectada, el 22,19% (555.812 km2) se encuentra atravesando una sequía moderada, mientras que el 14,39% (360.466 km2) está en una situación de sequía severa, el 7,43% (186.148 km2) y el 1,57% (39.384 km2) en sequía excepcional.

Por último, el 8,9% (222.939 km2) se encuentran en un proceso “anormalmente seco”.

Estas cifras se ubica por debajo de lo estipulado por el Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías, que en su último informe publicado en diciembre estimó una superficie afectada por la falta de humedad de 1.649.481 km2.

El efecto sobre las cosechas

Bajo este panorama, y con la cosecha de trigo a punto de finalizar con una producción de entre 11,5 y 13,4 millones de toneladas, según estimaciones privadas y oficiales, lo cual implica una merma en volumen en torno al 50% respecto a la campaña pasada, la atención se centra hoy en los granos gruesos y en su porvenir de la soja y el maíz en este contexto.

Según el último informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), la siembra de soja se encontraba retrasada en 11,7 puntos porcentuales (pp), mientras que la de maíz mostraba un retraso del 7,7 pp.

Asimismo, la totalidad de la oleaginosa implantada mostraba una condición de cultivo de regular a mala del 38%, mientras que en el cereal alcanzaba el 32%, lo que abre un gran signo de interrogación respecto a qué pueda pasar en los próximos meses y de cuánto serán las pérdidas económicas.

Por el momento, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) la producción de granos en la campaña 2022/23 podría alcanzar las 117,7 millones de toneladas, un 12% menor a al ciclo anterior, mientras que las exportaciones en volumen caerían 27% hasta las 45,9 millones de toneladas.

En una entrevista publicada por el periódico Perfil, el ministro de Economía, Sergio Massa, estimó las pérdidas en “US$ 2.300 y US$ 2.900 millones”. No obstante, planteó que “puede pasar que lo que perdemos por volumen lo recuperemos por precio. Y no quiero que digan 'finalmente se aprovechó de la situación con los precios'. Tengo plena conciencia de que puede pasar que recuperemos por precio lo que perdamos por volumen”.

Exportaciones

Por su parte, la BCR proyectó que la caída por exportaciones se ubicará en US$ 3.900 millones respecto al año pasado, al pasar de los US$ 41.450 millones despachados en 2022 a US$ 37.550 millones para este año.

Pero, como advirtió la entidad bursátil, las exportaciones efectivas no es lo mismo que liquidación de divisas, ya que la primera “queda registrada como tal cuando la mercadería es embarcada, mientras que la liquidación de divisas son los dólares que los exportadores venden en el Mercado Cambiario (MULC)”.

Dicho esto, y teniendo en cuenta la liquidación récord del sector de US$ 44.050 millones en 2022 y el ingreso récord de dólares que se registraron durante las dos ediciones del Programa de Incremento Exportador (PIE) en septiembre y diciembre en torno a los US$ 11.400 millones a modo de adelanto, se prevé que la liquidación se ubique en US$ 33.550 millones, unos US$ 10.700 millones menos, según la BCR.

Con información de Télam

Un reciente relevamiento de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales (EIDAES) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) refleja como afecta la inflación en la vida diaria de los argentinos: El 69% de los encuestados cree que será más pobre en los próximos meses y que “bajará de clase social”, mientras que ocho de cada 10 personas aseguraron que no hablan de otra cosa en la familia y que tuvo que tomar ajustar los gastos para hacer frente al aumento de precios.

El informe, elaborado por Ariel Wilkis y Esteban Foulkes a partir de una encuesta sobre 800 casos en el Área Metropolitana de Buenos Aires, analiza el efecto del alza de precios en las medidas de ajuste de las familias, el temor a que la profundización de la pérdida de poder adquisitivo lleve a un descenso de clase social, y las perspectivas económicas a futuro, entre otros temas.

 “La perspectiva de futuro es poco alentadora: la mayoría tiene incertidumbre sobre lo que va a pasar, pero certeza de su desclasamiento. Un 62% de las personas encuestadas respondió afirmativamente a la proposición 'no puedo pensar en el futuro'”, señaló el informe.

El estudio revela que el 83% de las personas encuestadas tuvo que tomar medidas de ajuste frente a la inflación. En ese sentido, el informe aporta que el 48% de las personas encuestadas aseguró que tuvieron que dejar de pagar cuentas, facturas o boletas, mientras que un 46% afirmó que tuvo que pedir dinero prestado.

A su vez, un 65% señaló estar de acuerdo con la afirmación de que “no hay tema más importante que la inflación”. Es así que el 82,6% afirmó que “habla mucho con su familia” sobre los aumentos de precios.

El ajuste en las economías familiares, la desorganización de la vida diaria y el temor al desclasamiento gobiernan de manera transversal la experiencia y el humor social frente a la inflación.

Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales / UNSAM

El informe destaca de que manera repercute la inflación en los bolsillos, en el orden cotidiano, en el tiempo dedicado a los vínculos y en las relaciones afectivas. El 78,6% siente que es muy difícil organizarse con los gastos diarios y el 70,7% admite tener que dedicar más tiempo que antes a la búsqueda de precios.

“La omnipresencialidad del fenómeno inflacionario hace que también sea un tópico que altera lo doméstico: el 82,6% siente que se habla mucho en familia sobre los aumentos de precios, 7 de cada 10 personas reconocen que la falta de dinero genera fricciones. La preocupación por el futuro de los precios alcanzaba al 83,8% de los argentinos”, precisó el relevamiento.

En otro tramo, agrega: “El ajuste en las economías familiares, la desorganización de la vida diaria y el temor al desclasamiento gobiernan de manera transversal la experiencia y el humor social frente a la inflación. En términos de demanda política se traduce en dos tendencias: un consenso social anti-inflacionario de corte fiscalista, instalado entre votantes opositores al gobierno del Frente de Todos, avanza sobre su propio electorado”.

Pero los investigadores también pudieron determinar de qué manera afectó en la población los cambios en el Gabinete:  “al mismo tiempo, el núcleo más leal de los votantes del oficialismo adhieren a un consenso social anti-inflacionario de corte distribucionista. Los primeros días de Sergio Massa frente al Ministerio de Economía transcurren buscando la fórmula mágica que resuelva la cuadratura del círculo en que se ha convertido la base social del Frente de Todos en el contexto de alta inflación”.

La perspectiva de futuro es poco alentadora: la mayoría tiene incertidumbre sobre lo que va a pasar, pero certeza de su desclasamiento.

Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales / UNSAM

De acuerdo con la investigación, “en un contexto de inflación creciente, todos pierden”. Sin embargo, “el tema es quién pierde más. Primero pierden los que ven afectado su poder adquisitivo. Trabajadores y jubilados ven cómo el ritmo del aumento de los precios es mayor y más veloz que los aumentos de los ingresos. Le siguen los más vulnerables: desempleados y jóvenes. Los ganadores, en cambio, se concentran para las personas encuestadas en dos actores: las empresas extranjeras y la oposición”.

Con información de agencia NA

Casi todas las madres del país consideran que la educación de sus hijas e hijos es buena o muy buena, sin embargo sola la mitad de ellas creen que la educación general tiene esos niveles. Un estudio realizado en escuelas primarias de todo el país indica que 9 de cada 10 tienen una valoración muy positiva de la experiencia educativa de sus hijos, pero solo 5 de cada 10 creen que esa situación se replica a nivel general. Además, cuánto más alta es la formación, la percepción respecto de la educación en Argentina es peor.

Según el informe ¿Qué opinan las familias sobre la educación argentina y la de sus  hijos?“, realizado por el Observatorio de Argentinos por la Educación, el 90% de las madres con niños en primaria considera que la educación es buena o muy buena. Sin embargo, solo el 52% tiene una valoración positiva de la educación en Argentina. En el otro extremo, solo el 1% cree que la educación de sus hijos es mala, pero el 21% califica de esa manera la educación argentina. Si bien esta brecha de la percepción entre la situación personal y la general es llamativa, no es nueva. Así lo explicó Sandra Ziegler, investigadora de FLACSO y coautora del informe junto a Gabriela Catri y Eugenia Orlicki: ”Es la tendencia que se observa en diferentes estudios que se hicieron anteriormente“.

“Este resultado ha estado presente en otras indagaciones de las mismas características, que muestran que, en general, hay una idea respecto a que la educación que reciben sus propios hijos es mejor que el estado general de la del país. Es una explicación que en algún punto tiene la ilusión de que la educación de los hijos los pone al resguardo de una situación más crítica en general. Como si la elección de la propia escuela o el contexto inmediato que conocen es mejor que la generalidad”, le dijo a elDiarioAR Ziegler, directora Maestría en Ciencias Sociales con orientación en Educación de FLACSO.

Las madres identifican como principal problema la falta de recursos y materiales en la escuela (51%). En segundo lugar, el escaso compromiso de las familias (48%), seguido por la formación de los docentes (44%) y los aprendizajes (42%)

En cuanto a los argumentos en los que basan sus opiniones, las madres identifican como principal problema la falta de recursos y materiales en la escuela (51%). En segundo lugar, el escaso compromiso de las familias (48%), seguido por la formación de los docentes (44%) y los aprendizajes (42%). Sin embargo, el 85% de las encuestadas considera que la educación aporta herramientas para que sus hijos ingresen al mercado laboral. Según Guillermina Tiramonti, también investigadora de Flacso no hay conclusiones certeras sobre esta diferencia en la opinión. “Desde hace más de 20 años las encuestas vienen mostrando un hiato entre la percepción de los padres sobre la educación que reciben sus hijos y la calidad de la educación nacional. No tenemos explicaciones claras respecto de por qué y cómo se construye esta percepción paradojal. El desafío es avanzar en una indagación sobre qué valoran los padres”, indicó.

Otro de los datos llamativos del informe, basado en la Encuesta Nacional Escolar (ENE) de julio con 500 madres de todo el país de escuelas primarias públicas y privadas, tiene que ver con el grado de formación de las mujeres. La disonancia en la percepción es más alta a mayor nivel educativo: solo el 10% de las madres con terciario o universitario completo considera que la educación en el país es “muy buena”, pero la cifra asciende al 46% cuando evalúan la de sus hijos. La diferencia se ve cuando se observan las respuestas de las madres con hasta secundaria incompleta, donde el 22% cree que la educación en Argentina es “muy buena”, mientras que el 40% valora de igual forma la educación de sus hijos.

“A mayor titulación hay una visión más crítica respecto de la educación que reciben sus hijos. Tiene que ver con el capital cultural de esas madres, la capacidad y los criterios con los que evalúan la escuela y la propuesta. Estas madres también dicen que la escuela en su época era mejor que la actual. Eso hay que leerlo en conjunto porque lo que están haciendo es un diagnóstico de una pérdida del nivel educativo a lo largo del tiempo”, explicó Ziegler.

En cuanto a la comparación con la experiencia escolar propia, el 44% de las madres indicó que la educación que reciben sus hijos es peor que la que ellas recibieron, mientras que el 39% considera que la educación ahora es mejor o mucho mejor. En este punto también hay diferencias según el nivel académico alcanzado. “A menor nivel educativo de las madres, consideran que la educación que reciben sus hijos es buena o muy buena y que es mejor de la que ellas recibieron. Eso no pasa con las madres con más estudios”, describió la investigadora. 

Al ser consultada sobre la decisión de encuestar solo a madres, Ziegler explicó que tiene que ver con el vínculo con la formación de sus hijos e hijas. “Está muy estudiado en el campo de la Sociología de la Educación que el nivel educativo de las madres es muy significativo al momento de transmitir también ciertos conocimientos y pautas a sus hijos. Eso incide también en los resultados educativos de los hijos”, especificó.

CDB/MG

Amnistía Internacional presentó su informe anual a través del cual recorre las vulneraciones de derechos humanos en Argentina que afectan directamente a mujeres y diversidades, víctimas de violencia institucional, pueblos indígenas, personas refugiadas y poblaciones afectadas por la crisis climática, entre otros. El capítulo local acompaña el lanzamiento del reporte global, que profundiza en las falsas promesas de los dirigentes del mundo que no pudieron enfrentar las devastadoras consecuencias de la pandemia, más aún en las Américas, región que ya tenía las tasas más altas de desigualdad de ingresos en el mundo antes del Covid-19.    

“El 2021 debería haber sido un año de recuperación. En cambio, dejó un legado de profunda desigualdad. Si bien podemos mencionar esfuerzos como el plan de vacunación para contener el Covid o la continuidad de avances en políticas de género y diversidad, la inestabilidad y las falsas promesas siguen haciendo mella en los derechos humanos tanto de la población de nuestro país como en la de toda la región”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. 

Argentina 

El recorrido del informe repasa la situación de derechos humanos durante el año pasado, en un contexto en el cual Argentina seguía sumida en una profunda crisis económica y social. Según cifras oficiales, en junio de 2021 el 40,6% de la población vivía en la pobreza y la tasa de desempleo ascendía al 8,6% en el tercer trimestre del año.

Derechos sexuales y reproductivos: a un año de la aprobación de la ley de interrupción del embarazo, no se logró su efectiva implementación. Entre varias dificultades, se registra la escasez de información, la falta de acceso a medicación, el desarrollo de políticas públicas y la insuficiente capacitación. Además, se observa la injusta criminalización de una profesional.

Violencia contra las mujeres: en 2021 se registró un femicidio cada 30 horas. La violencia de género en la Argentina es, a esta altura, una crisis endémica que ningún gobierno ha podido resolver.

Paridad: Se perpetúa la histórica exclusión de las mujeres de los espacios de decisión en los tres poderes del Estado. El 15 de diciembre de 2021 venció el plazo para el envío del pliego al Senado para ocupar el cargo vacante tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco en el máximo tribunal de Justicia de la Nación. La perpetuación de la vacancia actual supone una situación de absoluta gravedad institucional, porque hoy está compuesta íntegramente por varones.  

Educación sexual integral (ESI): a 16 años de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral persiste una brecha significativa entre el marco normativo y su implementación real. Solo el 4% de estudiantes de nivel secundario afirma haber recibido la totalidad de los contenidos básicos. Por su parte, siete de cada diez docentes sostienen que necesitan más capacitación.

Violencia Institucional: al finalizar el año quedó pendiente de aprobación por parte de la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Abordaje Integral de la Violencia Institucional por parte de funcionarios policiales en los Servicios de Seguridad y Penitenciarios.  

En los últimos años, Amnistía Internacional relevó casos en todo el país. Muchos de los que se siguieron registrando a lo largo de 2021 ilustran prácticas abusivas, fuertemente arraigadas y extendidas por parte de las fuerzas de seguridad.

Pueblos indígenas: Según el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas hay en el país 1.760 comunidades identificadas por el Programa de Relevamiento Territorial. Pese a la obligación que surge de la Ley de Emergencia Territorial de relevar a todas a 16 años de su sanción solo el 43% concluyeron el proceso.   

Crisis climática: Las intensas olas de calor, sequías e incendios en grandes extensiones de tierras en todo el país volvieron a poner en la agenda la necesidad de tratar en el Parlamento, con la mayor celeridad posible, la Ley de Humedales.

Acceso al informe completo

La mirada sobre la región

El informe global detalla cómo, dos años después de empezada la pandemia, las Américas sigue siendo la región con más muertes causadas por la Covid-19, en gran parte debido al acceso limitado y desigual a la atención sanitaria, a sistemas de salud pública con financiación insuficiente, y a políticas y medidas de protección social inadecuadas para las comunidades marginadas. La impunidad por violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho internacional sigue siendo motivo de gran preocupación en más de la mitad de los países de la zona, al mismo tiempo que han aumentado los ataques contra la independencia judicial.

Además, Estados de todas las Américas llevaron a cabo en 2021 un ataque sostenido contra la defensa de los derechos humanos dirigido contra personas que se manifestaban pacíficamente, periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil en un intento de silenciar o erradicar la disidencia.

Informe global 

La conclusión del Informe global de Amnistía Internacional 2021/22: La situación de los derechos humanos en el mundo es que los Estados más favorecidos, junto con grandes empresas, profundizaron la desigualdad global. El reporte detalla las causas fundamentales, como la codicia empresarial y el egoísmo estatal, así como el abandono de la infraestructura sanitaria y pública por gobiernos de todo el mundo. “Su impacto perjudicó a las comunidades más marginadas del planeta, incluidas las de África, Asia y América Latina”, concluyó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

AI

Instalada hace ya más de un año, la “normalidad pandémica” implicó efectos colaterales para gran parte de la población a nivel mundial. Adultos mayores, adultos, jóvenes y niños sufrieron las distintas consecuencias del aislamiento y la incertidumbre de un coronavirus que siempre parece estar cerca de terminarse y, nuevamente, vuelve a mutar y a generar dudas.

Entre tantas complicaciones generadas por este clima, surgió un dato que genera preocupación: según el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos, hubo un gran aumento en el consumo de psicofármacos durante este tiempo. Específicamente, el de dos psicofármacos: el clonazepam y el alprazolam que se venden bajo receta. Estos psicotrópicos se encuentran entre los 15 más vendidos en el país y la tasa de crecimiento de sus ventas supera varias veces el promedio general.

Estos medicamentos que son utilizados para tratamientos psiquiátricos y actúan sobre el sistema nervioso central, muestran un crecimiento de un 6% en 2020, alcanzando las 51.951.691 unidades totales.

Todos los subgrupos de estos medicamentos mostraron aumentos, destacándose:

 Y en cantidades, fueron vendidas casi 20 millones de antiepilépticos.

 En el 2020, dentro de los 100 medicamentos más vendidos, se encuentran el clonazepam con 10.598.329 y el alprazolam con 6.784.510 pastillas dispensadas. 

De acuerdo a la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), durante 2020 se vendieron 538.514 unidades más de clonazepam y 344.880 unidades más de alprazolam que en 2019. Cantidades que triplican y quintuplican el promedio general de unidades dispensadas de medicamentos, registrado el año del inicio de la pandemia. 

Esta tendencia creciente en la venta de psicofármacos se mantiene en 2021, aunque en un porcentaje levemente menor. (4,51% de aumento total contra 5,69% en el año de la pandemia). Los datos hasta el momento son hasta julio del año actual, cuando ya son más de 30 millones de unidades dispensadas. En los últimos tres años, se han vendido más de 4 millones de psicofármacos por mes en el país.

En Argentina, antes de la pandemia, se estimaba que 15 de cada 100 ciudadanos (casi 3 millones de personas) consumían drogas bajo receta. También, 2 de cada 10 personas que consumieron alguna vez tranquilizantes, lo hicieron con receta médica y luego continuaron por su cuenta. En los hombres el consumo sin receta médica se disparó al 31,7% y en las mujeres al 14,2%. La razón del aumento de psicofármacos se debió en gran parte a los trastornos de la salud mental que trajo la Covid-19 como el insomnio y los problemas de sueño.

Hay varias causas para entender este aumento. La automedicación es una de ellas: hay una gran facilidad para el acceso a distintas sustancias. Y si a eso le sumamos que en la vida cotidiana hay cierta “medicalización” que nos genera la necesidad de tomar una pastilla para aliviar cualquier molestia, el combo es peligroso. A esto falta aún sumarle un último paso: la publicidad, que estimula el consumo de medicamentos. Basta con poner la televisión un día para advertir que más de la mitad de las publicidades son de farmacéuticas.

¿Hay solución a este consumo excesivo? En principio, requerir siempre la atención profesional y evitar la automedicación, dos puntos fundamentales del tratamiento.

 A esto hay que sumarle la necesidad de comenzar a desalentar las publicidades de psicofármacos y ese universo paralelo en el que “todo siempre está bien”. Lo hemos mencionado a lo largo de la pandemia: a veces, no estar bien también es normal. Y, sobre todo, es fundamental regular la venta de medicamentos, el dispendio de recetas y el fácil acceso a cualquier sustancia.

Efectos adversos de los fármacos

Clonazepam

Alprazolam

Editora: Melisa Murialdo

AB

Los sectores de pequeños electrodomésticos o tecnología (celulares), textil, calzado, higiene, cuidado personal y alimentos y bebidas, son los más beneficiados en el corto plazo por los anuncios del Gobierno, mientras que la liberación de las restricciones sanitarias les dará oxígeno al turismo doméstico, la gastronomía y la recreación, según un informe de ABECEB dado a conocer este jueves.

En los últimos días, el Gobierno intercaló anuncios y medidas orientadas a estimular el consumo, flexibilizar las restricciones sanitarias y mejorar el clima con vistas a las elecciones. “Las iniciativas significan riesgos y oportunidades diferenciados para los sectores productivos. Si los estímulos son limitados, los resultados también lo son: las sumas por única vez no resuelven el deterioro de los ingresos reales. Las líneas de financiamiento e incentivos tributarios no moderan la incertidumbre cambiaria ni los efectos del cepo. Así, es difícil pensar que se pueda lograr reducir la mayor incertidumbre económica inaugurada en las PASO”, escribe la consultora.

Entre los puntos principales, el informe de ABECEB plantea:

El objetivo “plata en los bolsillos” tiene rendimientos decrecientes. Tres razones explican su moderada efectividad: en un entorno socioeconómico deteriorado las sumas de única vez no logran cambiar la percepción de bienestar en el mediano plazo; las familias tienen mayores niveles de endeudamiento y los bancos son cautos a la hora de aumentar los límites; parte de las compras de reposición ya ocurrieron ante la mayor permanencia en casa y los picos de la brecha a finales de 2020.

Los sectores ganadores serán los beneficiados por el rebalanceo de canasta de consumo de los hogares y la “revancha del consumo social”. El desarme de las restricciones sanitarias beneficiará al transporte de personas, organizaciones de eventos los proveedores de reuniones sociales y de esparcimiento, el sector turístico y la gastronomía, junto con los bienes que acompañan, como el sector textil, el de calzado y el de higiene y cuidado personal. La reapertura gradual de las fronteras, la eliminación de las cuarentenas obligatorias y el desarme en las restricciones locales abren el país al turismo receptivo y promueven el turismo interno, dando mayor certidumbre a la temporada estival.

El consumo masivo continuará reponiéndose desde niveles muy bajos. Tras sufrir el efecto de la aceleración inflacionaria de principios de año, aún no da señales de una reanimación visible. En los próximos meses, la mejora puntual en los ingresos permitirá lograr al menos un tibio repunte desde niveles muy bajos. Las políticas de control de precios (Súper Cerca, Precios Cuidados) seguirán vigentes, condicionando la rentabilidad de las empresas proveedoras.

Algo del mayor flujo de ingresos y más oportunidades de financiamiento podrá volcarse al mercado de electrodomésticos. Con dos ocasiones de compra (Día de la Madre y Navidad) y una ampliación de la base vía tarjetas no bancarias y celulares. El consumo con foco más en pequeños electrodomésticos y en soluciones tecnológicas verá una mejora en un mercado que todavía tiene niveles de ventas muy inferiores a los registros de 2015/2017.

Incertidumbre

En informe indica que más allá del alivio de corto plazo, la escasez de dólares y la limitada recuperación del poder de compra continuarán condicionando el margen de expansión del consumo y la producción, anticipando más cepo y la necesidad de mayores controles a las importaciones.

Para la industria los mayores frentes de alerta no se modificaron. Aquellas orientadas al mercado interno quizá puedan aprovechar los movimientos en el consumo; y algunas empresas, en el margen, los escasos créditos a través de las líneas como “Transformación Productiva” u otras activas con financiamiento vía FONDEP. Pero las mayores dudas provienen del creciente monitoreo de las importaciones: la mayor dificultad para acceder al MULC y la aprobación de SIMIs.

Si bien en 2021, la administración de importaciones no fue generalizada, sí se observaron movimientos en productos puntuales y se privilegió la importación de bienes intermedios por sobre la de bienes finales. Esto explicó el aumento del share de la producción local para distintos productos como autos, motos, juguetes, y maquinaria agrícola, entre otros; y la pérdida de posiciones de algunas empresas a cambio de anuncios de inversiones o con mayor proporción de producción nacional.

Un mercado cambiario más estresado implicará la necesidad de una administración del comercio más severa siempre atendiendo a los riesgos que implica la amenaza al abastecimiento sostenido y previsible de insumos. El sector automotriz es un ejemplo y observa con preocupación la discrecionalidad en la asignación de cupos, la falta de programas de financiamiento y un mercado rígido por el limitado ingreso de vehículos desde el exterior.

El alerta por la escasez de divisas obliga a analizar con cautela el impacto de algunas de las medidas anunciadas para promover las inversiones. En el caso de las extractivas, la reglamentación del Decreto 234/2021 es una buena noticia, con mayor impacto potencial para la minería de litio que para las metalíferas. Por otra parte, la Ley de Hidrocarburos continúa empantanada por el debate en la coalición gobernante. La única certidumbre del sector es el Plan Gas, con el barril criollo como prenda de cambio por algunos dólares de exportación para las petroleras. La eliminación de las retenciones a los servicios no logra modificar el escenario, en un entorno donde muchas empresas ya podían acceder al beneficio a partir de la ley de EDC, y donde el mayor problema sigue siendo el tipo de cambio de referencia al que ingresan las divisas. 

En la construcción, el proyecto de Presupuesto exhibe la intención de un mayor dinamismo (la inversión pública en infraestructura se elevaría del 2,1% del PIB en 2021 al 2,4% en 2022) aunque probablemente la obra privada se demore, en un contexto cambiario con mayor inestabilidad. Las ventas de materiales para el segmento residencial ya habían alcanzado un amesetamiento y continuarán observando la evolución del dólar, a la espera de una nueva ventana de oportunidad.

El perfil exportador seguirá siendo una fortaleza, aunque se enfrenta al riesgo de mayores restricciones para garantizar el abastecimiento interno y mira de reojo la caída en las perspectivas de crecimiento de Brasil (+1,6% anual hoy vs 2% en agosto) en un año electoral. En este punto el agro tiene la llave para aliviar o profundizar las tensiones. El diálogo con la Mesa de Enlace por las restricciones a la carne busca dar señales a otros productores, preocupados por la potencial extensión de esquemas de cupos. No obstante, las mayores amenazas no están hoy bajo el dominio de las autoridades: si bien se mantendrían elevados, los precios internacionales estarán influidos por la dinámica de los mercados financieros (ritmo de desarme de estímulos que resuelva la FED), mientras que la suerte de la cosecha dependerá de las perspectivas agroclimáticas (efectos finales de un nuevo evento de “La Niña” con un aumento en las probabilidades de ocurrencia).

Con información de www.abeceb.com

AB