A un año del crimen del matrimonio Del Rio en su casona del partido bonaerense de Vicente López, el juez de la causa elevó la causa a juicio por jurados. El hijo menor de las víctimas, Martín Del Rio, será juzgado como como presunto autor de un doble parricidio, según informaron este jueves fuentes judiciales.

En una resolución firmada ayer miércoles y notificada esta jornada, Ricardo Costa, juez de Garantías 1 de San Isidro, rechazó la última nulidad y el pedido de sobreseimiento que la defensa formuló la semana pasada.

A su vez, el magistrado ordenó que se sortee el Tribunal Oral de San Isidro con integración de jurados populares que juzgará al imputado de 48 años como supuesto autor del doble crimen de sus padres, José Enrique Del Rio (75) y María Mercedes Alonso (72), hecho que mañana viernes cumple su primer aniversario.

“En autos se reunieron un número considerable de indicadores e indicios, susceptibles de generar, en un análisis conjunto, esa probabilidad exigida para sostener que el mismo resultaría ser autor material penalmente responsable de los hechos que a él se le enrostran”, señaló el juez en la resolución.

Tal como lo solicitaron los fiscales Martín Gómez, Alejandro Musso y Marcela Semería el 17 de julio pasado en su requerimiento de elevación a juicio, Del Rio será juzgado como supuesto autor de un “doble homicidio calificado por alevosía, por el vínculo, por el uso de arma de fuego y por ser criminis causa” (es decir, matar para lograr la impunidad). Este delito prevé como única pena la prisión perpetua: 50 años de cárcel.

En las 144 páginas de su resolución, Costa avaló la investigación del equipo fiscal y rechazó uno a uno los 19 planteos que Mónica Chirivín, abogada del imputado, había presentado la semana pasada en oposición al juicio y para solicitar el sobreseimiento de su cliente, medida ya rechazada.

Entre esos puntos, y a partir de una huella dactilar en el lugar donde fue hallada el arma homicida y de los beneficios económicos que obtuvo, el propio imputado y su letrada habían pedido que se investigue a su hermano mayor Diego Del Rio como posible autor del doble parricidio.

A ello, el magistrado sostuvo que “esas circunstancias no solo no resultan suficiente para desmerecer los restantes elementos a su respecto, sino que tampoco puede dejar de mencionarse que la sindicación de otras personas como probables autores no excluye ninguno de los elementos en los que se sustenta la imputación dirigida a su persona”.

En cuanto a la presencia de un perfil de ADN mezcla femenino, nunca identificado ni cotejado en la manija interna de la puerta trasera izquierda del auto donde yacían los cadáveres, el juez respondió que “por sí solo no modifica en lo absoluto el marco probatorio reunido” y que la teoría de la defensa de que esto lo excluye a Del Rio “carece de toda entidad y rigor científico”.

Además, Costa volvió a explicar que la fiscalía reunió una gran cantidad de “indicios de presencia, oportunidad, mendacidad, mala justificación y motivación suficiente”, las cuales incriminan a Martín Del Rio.

Sobre este punto, recordó que Del Rio fue reconocido por varios testigos como el “sujeto encapuchado y con su cara tapada que se ve desplazarse en distintas imágenes, en dirección al domicilio de las víctimas y luego alejarse del mismo”. Esto es no solo por su “contextura y conformación física” sino por su “modo de caminar”, por un defecto en su pierna izquierda que padece de chico, que no le permite seguir una línea recta y que llevó a que en su familia lo apoden “Pato”.

El juez también menciona el hallazgo en el auto del acusado del control remoto con el que su padre abría la puerta del garaje donde fueron hallados los cuerpos, además de una bolsa de una inmobiliaria idéntica a la que se ve portar al “encapuchado” en los videos. Además, indica al hecho de que su teléfono celular quedó prendido y geolocalizado en Núñez, pero no tuvo actividad en el lapso de tiempo en el que el encapuchado va y vuelve desde ese barrio porteño a la casa de las víctimas.

Otro elemento analizado por el magistrado es el hallazgo del arma homicida -una pistola Bersa 9 milímetros- en una caja fuerte de la casa del country San Diego de Moreno, donde sus padres pasaban los fines de semana. La misma fue secuestrada cuando la policía inspeccionó el lugar junto a Diego Del Rio.

Por su parte, la defensa sostuvo que no hay registro de que su cliente haya ingresado a ese barrio privado, e incluso sugirió que pudo ser el propio Diego Del Rio quien la dejó en ese sitio. Ante ello, el juez contestó que “tampoco se encuentra descartado que el propio imputado en otro rodado y/o por interpósita persona haya sido quien ingresó el adminículo de fuego en el country”.

En tanto, el juez Costa rechazó en la resolución el planteo de nulidad que había formulado la abogada Chirivín, en relación a la declaración testimonial de la esposa de su cliente, Cecilia Sánchez. Sánchez afirmó que la noche del 24 de agosto tomó medicación que la durmió profundamente, por lo que no puede afirmar si Del Rio salió de su casa de Nordelta para ir al country de sus padres en Moreno a dejar el arma homicida, como sospechan los fiscales.

El comerciante, abogado y expolicía Del Rio y su esposa Alonso aparecieron asesinados -él de tres balazos y ella de uno en el rostro-, el 25 de agosto del año pasado dentro de su automóvil Mercedes Benz en el garaje de su casona de la calle Melo al 1101 de Vicente López.

Si bien la empleada fue la primera detenida bajo la sospecha de actuar como “entregadora”, fue liberada por falta de pruebas y el 7 de septiembre. Los fiscales detuvieron al hijo menor del matrimonio como supuesto autor de un doble parricidio, tras ser individualizado como el “caminante encapuchado” que entre las 17.33 y las 18.30 del día anterior -24 de agosto- cometió el doble homicidio ejecutando a las víctimas desde el asiento trasero del auto.

Para la fiscalía, el móvil del doble parricidio fue económico, sobre lo que mencionaron dos aspectos: por un lado, la frustrada operación inmobiliaria por la cual las víctimas pensaban que ese mismo día iban a mudarse a un lujoso departamento del edificio “Chateau Libertador” en Núñez, que Del Rio hijo nunca pudo concretar. Por el otro, que estaban prontos a descubrir los desmanejos financieros que había tenido en los negocios familiares.

Del Rio, quien vivía en el barrio Barrancas del Lago del complejo de countries Nordelta de Tigre y se dedicaba a administrar los garajes, propiedades y vehículos de su familia, está detenido y cumpliendo prisión preventiva en la Unidad 48 de San Martín del Servicio Penitenciario Bonaerense.

LC con información de agencia Télam

La Legislatura porteña aprobó este jueves una ley para implementar en la Ciudad de Buenos Aires los juicios por jurados, que estarán integrados por 12 ciudadanos y serán obligatorios para los delitos con una “pena máxima en abstracto de 20 años” de cárcel.

Con 55 votos a favor y 4 en contra, quedó sancionada la nueva ley, que contó con el acuerdo de los tres principales bloques políticos de la Legislatura porteña: Vamos Juntos, UCR-Evolución y Frente de Todos, y el apoyo del GEN y el Partido Socialista, pero fue rechazada por el Frente de Izquierda y Autodeterminación y Libertad.

Al iniciar el debate, la diputada Gimena Villafruela (Vamos Juntos), dijo que el “instituto de juicio por jurados” da a los “vecinos y vecinas la posibilidad de participar en la justicia, de involucrarse junto a jueces profesionales en los conflictos que ocurren en el ámbito territorial local”.

La ley establece la obligatoriedad de juzgar con jurados integrados por ciudadanos comunes los delitos que tengan una “pena máxima en abstracto igual o superior a 20 años de pena privativa de libertad”, como aquellos que atentan contra la vida o la integridad sexual.

Los jurados populares estarán compuestos por 12 miembros, entre los cuales deberá haber, como mínimo, cinco varones y cinco mujeres, mientras que no se especifica el género de los dos restantes.

“12 vecinos, pares entre ellos, podrán aportar distintas miradas”, dijo al respecto la diputada María Rosa Muiños (Frente de Todos), una de las impulsoras de la ley.

Y, aunque admitió que la norma es “mejorable”, destacó que “acerca a la gente a la administración de la justicia, transparenta los procesos y construye ciudadanía”.

El texto votado en el recinto incluyó iniciativas de Leandro Halperin (UCR-Evolución), Claudio Cingolani (Vamos Juntos) y Muiños, y contó además con el acuerdo del Poder Ejecutivo de la ciudad de Buenos Aires.

Respecto al consenso alcanzado, Halperin afirmó que aunque la ley aprobada “no es igual a ninguno de los proyectos presentados”, es el “resultado de un año y medio de debate” del que participaron, además de los legisladores, víctimas de delitos, académicos y jueces.

“En democracia, para que las transformaciones sean estables tienen que ser fruto de acuerdos”, añadió.

Para implementar esta modalidad de juicios, el padrón de jurados será elaborado por el Consejo de la Magistratura, e incluirá a todas las personas que puedan ser elegidas, por sorteo, para integrar un tribunal, que deberán estar en el padrón electoral de la Ciudad.

Los requisitos para integrar un jurado serán: ser argentino, tener entre 18 y 75 años, saber leer y escribir, gozar del pleno ejercicio de los derechos políticos y tener domicilio no inferior a cuatro años en la Capital Federal.

Cuando un ciudadano sea sorteado, ser jurado será una “carga pública”, como ser presidente de mesa en una elección.

El jurado podrá dar los siguientes veredictos: “culpable”, “no culpable” y “no culpable por razones de inimputabilidad”, a los cuales deberá llegar por unanimidad y, en caso de no haber acuerdo, comenzará un nuevo juicio con otros miembros en el jurado.

Desde el Frente de Izquierda se manifestó la diputada Amanda Martín, quien informó que su bloque no votaría a favor, y definió la ley como un “barniz cosmético para un sistema judicial que tiene imagen negativa entre los ciudadanos”.

Además, consideró que “invita a la población a que meta a presa a otra persona y todo el proceso judicial sigue organizado por jueces y fiscales, y la política penal continúa en manos de los funcionarios”.

Con información de agencias.

IG