Carles Puigdemont volvió a la presidencia de Junts después de dos años en los que había preferido no disponer de cargo orgánico. El expresident aprovechó la renovación de la ejecutiva que su partido está llevando a cabo en su tercer congreso para presentarse liderando una dirección que comandará Jordi Turull, como secretario general, cargo en el que ya se ha desempeñado desde 2022. El 90,18% de la militancia avaló la candidatura, que era la única lista que se había presentado.

Además de Puigdemont y Turull, la nueva dirección estará formada por cuatro vicepresidencias, la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, el líder la formación Demòcrates, que se acaba de integrar en Junts, Antoni Castellà, el portavoz de la formación, Josep Rius y la portavoz del grupo parlamentario en el Parlament, Mònica Sales. Además la ejecutiva constará de 25 vocales. Entre estos estará Judith Toronjo como secretaria de organización y Teresa Pallarès en finanzas. Pilar Calvo será además la presidenta del Consell Nacional.

En el partido no esconden que la nueva ejecutiva es un equipo diseñado a la medida de Carles Puigdemont. El expresident decidió ahora oficializar su vuelta al voltante de Junts, aunque en la práctica Puigdemont tomó las riendas en verano de 2023 para negociar el apoyo de sus diputados a la investidura de Pedro Sánchez.

La policía catalana lanzó la Operación Jaula para encontrar y detener al líder separatista Carles Puigdemont, quien apareció este jueves en un mitin en el centro de Barcelona, España, aunque luego se escurrió. 

Incluso, un agente fue detenido tras haber sido acusado de ayudar a huir al expresidente catalán, ya que era el titular del vehículo blanco que los investigadores creen que se usó para el escape, según el sitio France 24.

El dispositivo policial que involucró a 300 agentes se canceló luego de tres horas.

La búsqueda del paradero de Puigdemont generó caos en el tránsito por las calles de Barcelona y cerca de la frontera con Francia, debido a los controles de carreteras y registro de los vehículos. 

Puigdemont subió a un escenario y ofreció un breve discurso en el que criticó la represión que a su juicio se desató tras el referéndum ilegal celebrado en 2017 y a un país en el que “las leyes de amnistía no amnistían”. Tras esa intervención, los diputados de Junts ingresaron en la Cámara catalana sin la compañía de Puigdemont, quien desde entonces se encontraba en paradero desconocido, según precisó el sitio Actualidad RT.

El Departamento de Interior del Gobierno catalán confirmó a elDiario.es que se había pactado con él una detención discreta, es decir, no arrestarlo delante de sus simpatizantes.

Sobre Puigdemont pesa una orden de detención y captura promulgada por el Tribunal Supremo, que interpretó que el delito de malversación, del que se acusa al político, no queda cubierta por la ley de amnistía aprobada a finales del mes de mayo y que entró en vigor dos semanas después.

Al grito de “Independencia” y con banderas catalanas, los seguidores de Puigdemont recibieron al exlíder separatista, quien llegó acompañado por dirigentes de su partido independentista Junts per-Catalunya, para hablar desde un escenario instalado frente al conocido Arco del Triunfo de Barcelona.

“¡Vine a recordarles que todavía estamos aquí! Todavía estamos aquí porque no tenemos derecho a rendirnos”, fue otra de las frases que pronunció el independentista catalán.

En el parlamento, mientras tanto, asumía el socialista Salvador Illa como nuevo presidente autónomo de Cataluña, tras una década de gobierno separatista. 

CRM con información de la agencia NA

El expresidente Puigdemont vuelve a Catalunya. En un mensaje en la red social X, el líder de Junts aseguró que, una vez se fije el pleno de investidura de Salvador Illa y tal como él mismo había prometido, emprende el viaje de regreso para poder asistir al Parlament este jueves. De confirmarse su regreso, Puigdemont volvería a Catalunya por primera vez desde el 27 de octubre de 2017, cuando se trasladó a Bélgica para no ser juzgado por los hechos del Procés.

El líder de Junts ha enviado su mensaje solo unos minutos después de que la Diputación Permanente del Parlament haya confirmado que la fecha de investidura de Illa será el jueves. Inmediatamente tras el anuncio, Junts ha convocado un recibimiento a Puigdemont este mismo jueves, una hora antes del pleno y a las puertas del Parlament.

“Creo que no hay otro camino para la normalidad democrática que el fin de la represión política”, ha insistido Puigdemont en su vídeo, en el que también ha asegurado que eso era lo que preveía la ley de amnistía, cuyo cometido era “alcanzar a todo el mundo”. “Por eso no podemos callar ante la actitud de rebelión en la que se han bunkerizado algunos miembros del Supremo”, ha asegurado Puigdemont, que ha criticado que al Gobierno de Pedro Sánchez parece “no importarle demasiado”.

Primer regreso en siete años

En todos estos años, no ha cruzado la frontera en ningún momento para evitar ser llevado frente a la justicia española que tanto ha evitado. Ahora ha decidido volver, después de prometerlo activamente, en un momento clave y con la intención de dar un golpe de efecto. Sus exsocios de ERC están a punto de investir a un candidato socialista como president de la primera legislatura en que el independentismo pierde la mayoría desde el inicio del Procés. 

En cualquier momento de los 175 km que separan la frontera con el Parlament de Catalunya, Puigdemont se arriesga a ser detenido y pasar a disposición judicial. Sobre él todavía pesa una orden de detención por la única causa que le queda abierta: un delito de malversación. Es el único que sigue pesando sobre Puigdemont, después de que el Supremo archivara el caso Tsunami, al decretar que una de las prórrogas del juez Manuel García Castellón fue ilegal. 

Esta causa sustentaba acusaciones de terrorismo contra una decena de personas, entre ellas el expresident o la dirigente de ERC Marta Rovira. El delito de terrorismo tampoco es amnistiable y por eso, al ser retirado, la republicana pudo volver a Catalunya a mediados de julio, ya que no tenía ninguna otra causa abierta.

Pero no es el caso de Puigdemont, que todavía tiene cuentas pendientes y por las cuales previsiblemente recibirá el alto de los Mossos en algún momento en su viaje hacia el Parlament. Aunque él tiene la firme intención de entrar en la cámara y ejercer su derecho a voto, lo más probable es que sea detenido antes. No está claro qué sucederá cuando eso suceda. Existen diversas opciones: una -quizás la menos probable- es que él mismo se entregue ante la justicia. 

Otra es que sea la policía quien le arreste, con lo que pasará a disposición del juzgado responsable del lugar en el que se haya producido la detención. Una vez ahí, la pelota estará en el tejado del juez Llarena, que puede decidir mantenerlo en un calabozo catalán o bien ordenar su traslado a Madrid, para que quede en manos del Tribunal Supremo. 

Cabe la posibilidad que el tribunal apunte al riesgo de fuga y envíe al expresident a prisión hasta que declare ante un juez -o hasta que el Constitucional revoque la decisión de Llarena de no aplicarle la amnistía por el delito de malversación. Pero también existe la opción de que sea puesto rápidamente en libertad con una citación judicial, como le pasó a la exeurodiputada Clara Ponsatí.

Si finalmente Puigdemont es detenido, lo más probable es que el pleno de investidura que debía celebrarse esta mañana se cancele. El líder de Junts, Jordi Turull, aseguró que si el expresident no podía llegar al Parlament, pedirían que se suspendiera el pleno. Tanto ERC como los Comuns han considerado que esta opción es la mejor y ambos grupos estarían dispuestos a aplazarlo. 

Lo que no queda claro es la fecha en la que se convocaría de nuevo la cita. El Parlament tiene de fecha límite el 26 de agosto para investir a un nuevo president. En caso de no hacerlo, se activaría automáticamente la maquinaria de la repetición electoral, que sería el 13 de octubre. 

Una vuelta anunciada

“Para que vuelva el president, vota al president”. Este fue uno de los lemas de campaña de Junts para las elecciones que se celebraron en diciembre de 2017, apenas tres meses después del referéndum y dos desde la marcha de Puigdemont. El expresident aseguró que, si salía vencedor de los comicios, volvería, aunque ello supusiera su detención. Aquellas elecciones las ganó Ciudadanos.

Años más tarde, en 2024, Junts volvió a usar ese lema y apostó toda su campaña al regreso del expresident al más puro estilo Lluís Companys. De hecho, el nombre de la lista para las elecciones fue Junts + Puigdemont per Catalunya. Todos los actos fueron un recordatorio constante de que Puigdemont cada día estaba más cerca. Literalmente, puesto que trasladó la agenda preelectoral a la localidad de la Catalunya Norte de Argelers, a pocos kilómetros de la frontera, donde cada día se desplazaban autobuses con decenas de militantes y simpatizantes.

Los exconvergents creyeron que su regreso iba a ser un gran golpe de efecto, pero sólo consiguieron ganar tres escaños. La victoria fue, inequívocamente, para el PSC, que se plantó con 42 diputados, su cifra más alta en la historia (y consiguiendo romper la racha de la mayoría independentista en la cámara catalana).

Aunque la idea del regreso no tuviera rédito electoral y la investidura de Puigdemont fuera aritméticamente imposible, el expresident no dejó ni por un momento de presionar a ERC para que le apoyara a él en lugar de a Salvador Illa. Tanto ha sido así que dejó claro desde el día después de las elecciones que se personaría en el debate de investidura, aunque eso supusiera su detención.

Con ello no sólo dejaba clara su intención de aspirar a la presidencia, sino que ejercía una fuerte presión sobre los republicanos: dar su apoyo al PSC supondría que ERC daría la espalda al independentismo y facilitaría una investidura que, en paralelo, supondría su detención. 

De hecho, el mismo expresident ya responsabilizó a los republicanos de la represión a la que, asegura, es sometido y aseguró que el pacto entre PSC y ERC convertía su detención en una “posibilidad real en pocos días”. Esas declaraciones levantaron oleadas de críticas que no hicieron más que caldear un ambiente ya tenso entre los diversos sectores del independentismo. 

Puigdemont, si llega al Parlament sin ser detenido, volverá a Catalunya, siete años después de su salida de España, a la investidura del primer president socialista y no independentista desde que se inició el procés, hace más de una década. 

Cronología de siete años en el exterior

27 días después de la celebración del referéndum del 1O, y en ausencia de la oposición, el Parlament declaró la independencia de Catalunya. En Madrid, el Senado respondió aplicando el artículo 155 de la Constitución, que dio a Mariano Rajoy el control de la administración catalana y destituyó a Puigdemont de su cargo.

Ante la previsible acción de la justicia, el expresident se instaló en Bruselas junto a los exconsellers Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret. El 30 de octubre, el día siguiente de su huída, llegó la querella de la Fiscalía General del Estado, que acusó a Puigdemont de rebelión, sedición y malversación.

Entre el 2 y el 9 de noviembre, líderes del Procés que se quedaron en Catalunya como Junqueras, exconsellers como Turull o Rull o la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, fueron encarcelados. Pero Puigdemont todavía podía moverse liberemente por Europa en ausencia de una orden internacional de detención.

Esto cambió el 23 de marzo de 2018, con la primera euroorden. Dos días después, el expresident fue localizado por la policía alemana e ingresó en la cárcel de Neumünster, donde permaneció 10 días. Fue liberado después de que un tribunal alemán negara la solicitud de extradición al no considerar que Puigdemont hubiera cometido delito de sedición en España.

En mayo 2019 Puigdemont se convirtió en europarlamentario y consiguió la inmunidad. Cinco meses más tarde, Llarena reactivó las euroórdenes, empezando un vaivén de peticiones de extradición y órdenes internacionales en una batalla que el juez español no lograba ganar.

Paralelamente, y ya con Pedro Sánchez en el Gobierno, en 2021 se aprobaron los indultos, que supusieron la libertad de los líderes políticos juzgados y condenados 1.328 días después de su encarcelamiento.

Pero todavía se debía librar otra gesta para exonerar a aquellos que no se presentaron ante la justicia como Puigdemont o Rovira. Para ellos, la medida de gracia tenía que ser la ley de amnistía que, no sin polémicas y disputas, se aprobó en mayo de 2024.

Esta ley debía servir para zanjar el conflicto político, ya que sólo dejaba fuera de su alcance el delito de malversación cuando este supusiera un lucro personal y el de terrorismo. Pero el juez García Castellón intentó, de nuevo, que la medida de gracia no se aplicara al expresident al acusarle de este último delito grave por su implicación en las acciones impulsadas por Tsunami Democràtic.

Finalmente, la causa fue archivada y sobre el expresident hoy sólo pesa la acusación por malversación, que el Supremo entiende que no es amnistiable. Con todo, el futuro judicial del expresident es todavía incierto y las próximas horas y días serán claves para el devenir de la última gran figura pública que todavía representa las consecuencias del conflicto político y judicializado del procés catalán.

“Un compromiso histórico” que resuelva el problema de fondo entre Cataluña y el Estado. Eso es lo que quiere Carles Puigdemont para facilitar la investidura de Pedro Sánchez en lo que reconoció que se trata de un “momento especial” porque España se asoma a un “dilema”: llegar a un acuerdo con la formación independentista o la repetición de elecciones. “No estamos hablando de un parche para sacar adelante la legislatura y cerrar el paso a la derecha. Estamos hablando de que si hay acuerdo, este debe ser un acuerdo histórico, un compromiso histórico como el que ningún régimen ni gobierno español ha sido capaz de hacer realidad”, arrancó Puigdemont, en una comparecencia en Bruselas en la que se dirigió a los dos “grandes partidos españoles”.

Junto a eso, el ex presidente advirtió que se tienen que establecer ciertas “condiciones previas” para iniciar la negociación: “reconocer la legitimidad del independentismo”, el “abandono de la vía judicial” y la amnistía; un relator que medie y verifique los acuerdos, y el impulso al catalán en la Unión Europea. Todas estas condiciones, aseguró el líder de Junts, caben en la Constitución y pueden ser realizadas antes de la votación sobre la investidura de Pedro Sánchez.

Estos requisitos marcados por el ex presidente son previos a la negociación que, según su punto de vista, desembocaría en un acuerdo como el que “ningún régimen ni Gobierno español ha sido capaz de alcanzar desde 1714”. Es decir, un nuevo acuerdo constitucional con el que el Estado reconozca a Cataluña como nación y, por tanto, con derecho a autodeterminarse (aunque no necesariamente a la independencia).

“El pacto posible no es un pacto cualquiera sino con Junts, una formación a la que se ha arrinconado y despreciado sin descanso por parte de los dos grandes partidos españoles”, explicó el eurodiputado, que recordó que sumaron sus votos PSC y PP, junto a los comunes, para arrebatar la alcaldía de Barcelona a Xavier Trías, y posteriormente hizo referencia a los “elementos del conflicto”, los cuales citó por orden: la sentencia contra el Estatut, la “criminalización del 1-O”, el incumplimiento de las inversiones y la aplicación del 155.

“El 1-O no fue un delito, ni la declaración unilateral de independencia tampoco, como tampoco lo fueron las protestas”, expresó el expresidente catalán, que plantea la amnistía para centenares de condenas enmarcadas en el procés. Pero la amnistía no es un punto final para Puigdemont, que la ha situado como una exigencia para iniciar una negociación para la investidura, sino que es el comienzo de un camino que, a su juicio, debe conducir a un referéndum de autodeterminación.

Amnistía, relator, catalán… y acuerdo sobre la autodeterminación

Así, aseguró que las “condiciones previas para emprender el camino de la negociación” pasan por cuatro ejes. El primero es el reconocimiento de la “legitimidad del independentismo”; el segundo, el fin de la judicialización del conflicto; el tercero, la “creación de un mecanismo de mediación y verificación que aporte garantías del cumplimiento y el seguimiento de los acuerdos; y el cuarto ”fijar como únicos límites los definidos por los acuerdos y tratados internacionales que se refieren a derechos humanos (individuales y colectivos) y a libertades fundamentales“.

“Ninguna de estas condiciones previas es contraria a la Constitución, ni por descontado de ningún tratado europeo. Ni siquiera requieren un largo proceso legislativo. Son condiciones previas que se han de cumplir antes de que se agote el plazo para evitar nuevas elecciones [dos meses después de que el 27 de septiembre se ponga en marcha el reloj en la primera votación de la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo], y que si se dan nos comprometen y obligan a trabajar por un compromiso histórico que resuelva el conflicto en la legislatura. Sólo depende de voluntad política”, aseveró.

“Cataluña es una nación, una vieja nación europea que se ha visto atacada en su condición nacional por los regímenes políticos españoles desde 1714”, afirmó el expresidente catalán, que ve en la independencia la única vía posible para la “supervivencia de Cataluña como nación”. “Correspondería a los responsables políticos españoles desmentir esta conclusión, pero no por el camino de las promesas y las palabras, sino por la de los hechos”, dijo antes de entrar en la concreción de sus exigencias.

El expresidente catalán expuso sus condiciones de cara a una negociación para la gobernabilidad en una conferencia en un hotel en Bruselas, a donde viajaron dirigentes de Junts para participar en una jornada interparlamentaria convocada por Puigdemont, a quien recibieron de pie con aplausos. En primera fila estaban sentados la expresidenta del Parlament Laura Borrás y su sucesora, Anna Erra i Solà, actualmente en el cargo, el exconseller Jordi Turull, y la portavoz adjunta de ERC en el Congreso, Teresa Jordà, entre otros. También asistieron los siete diputados de Junts, cuyos votos son claves para la gobernabilidad, y otros representantes del independentismo, como el diputado de la CUP Carles Riera.

Una conferencia esperada

La negociación del 'sí' de los de Puigdemont le devuelve al epicentro de la política española, una situación que el ex presidente no va a desaprovechar una vez que vuelve a ver disparada su popularidad en la capital comunitaria. A la conferencia fueron todos los medios españoles y también algunos representantes de la prensa internacional.

La conferencia estaba prevista desde la semana pasada y se produjo un día después de que el expresidente recibiera a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en su calidad de líder de Sumar, que se trasladó a Bruselas para abordar con el eurodiputado la investidura de Sánchez. El PSOE se desmarca de esa reunión y mantiene su vía de negociación, aunque preserva todo lo que tiene que ver con la amnistía, una propuesta -defendida desde hace casi seis años por los partidos independentistas- de la que los socialistas siempre han renegado, pero que ahora está sobre la mesa.

“Tenemos trabajadas varias fórmulas, pero por una cuestión de discreción no las vamos a exponer todavía. La amnistía no es la única fórmula. Lo importante es el objetivo, curar las heridas del pasado. Poner el marcador a cero. Hay unas fórmulas más lentas, otras más costosas. Creo que tenemos que ir etapa por etapa. Ahora mismo yo no estoy autorizado a hablar de otras fórmulas”, expresó el dirigente de En Comú Jaume Asens, que también participó en el encuentro de Díaz y Puigdemont, tras el que se mostró convencido de que el 'sí' de Junts a la investidura de Sánchez está más cerca.

El juez instructor de la causa del procés independentista, Pablo Llarena, aplicó la reforma que deroga el delito de sedición, una reforma que según argumenta plantea un contexto “cercano a la despenalización” de los hechos del 2017. El resultado es que Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig siguen buscados y con orden de captura pero por malversación y desobediencia, no por sedición. Marta Rovira y Clara Ponsatí están ahora procesadas por desobediencia. El magistrado entiende que su conducta desplegada durante el procés, por la que otros políticos fueron condenados por sedición, no encaja en un delito de desórdenes públicos.

Los tres políticos catalanes siguen en búsqueda y captura y, por tanto, no pueden volver a España sin exponerse a ser detenidos por el Tribunal Supremo, pero Llarena rechaza por ahora reactivar las órdenes europeas de detención. Esto, según informa, queda sujeto a lo que digan los tribunales europeos sobre la inmunidad parlamentaria y la cuestión prejudicial que examinan desde hace meses.

El escrito de Llarena repasa, en medio centenar de páginas, el desarrollo de la causa que arrancó en 2017 tras una querella de la Fiscalía, y dedica la parte final del auto a criticar con dureza la reforma legal que elimina la sedición del Código Penal. Los primeros dardos van dirigidos a la exposición de motivos de la norma, alertando de “imprecisiones” que son “incompatibles con el principio de legalidad penal”.

El instructor defiende también que la sedición y las condenas por intentar romper la unidad territorial del país no son muy habituales pero no son una “extravagancia” en el ecosistema judicial de la Unión Europea. Los hechos por los que fueron condenados los líderes catalanes, y por los que Puigdemont es reclamado, tenían un “carácter delictivo incuestionable” y encuadrable, como dijo la sala de lo penal, en un delito de rebelión “perfectamente homologable” en leyes de otros países de nuestro entorno.

Pablo Llarena impulsó la investigación del procés por un delito de rebelión con el apoyo de la Fiscalía. Un delito que, tras el procesamiento firme confirmado por el Supremo, sirvió para retirar de sus escaños en el Parlament a varios de los acusados. Finalmente, sin embargo, el mismo Supremo optó por condenarles por un delito de sedición tal y como defendía la Abogacía del Estado. Eso obligó entonces a Llarena a cambiar las órdenes internacionales de detención que, hasta la fecha, no han tenido éxito en algunos de los países donde afirma que el delito de sedición es “homologable”.

Explica el magistrado que los acusados buscaban “desbordar el orden constitucional” con el impulso del procés independentista desde el Govern, el Parlament y en la calle, y que eso no es un delito de desórdenes públicos. La reforma, entiende el juez, lleva a un “contexto cercano a la despenalización” de los hechos aunque mantiene la intención de que sean juzgados por malversación y desobediencia. Ambos delitos fueron apreciados por la sentencia del Tribunal Supremo.

LC

El equipo legal del líder independentista catalán y actual eurodiputado Carles Puigdemont presentó este viernes ante la Justicia europea un pedido de medida cautelar para que se deje en suspenso el levantamiento de su inmunidad parlamentaria.

Puigdemont, acusado en España de sedición y malversación de fondos por su participación en la fallida independencia de Cataluña en 2017, fue arrestado hace una semana en Cerdeña, Italia, y, aunque está de vuelta en Bruselas, deberá volver el próximo lunes para presentarse ante la justicia italiana en una audiencia por su posible extradición a España.

Una fuente de su equipo de abogados explicó que la demanda de “medida cautelar solicita que se deje en suspenso el levantamiento de la inmunidad legislativa” del líder catalán, aprobada por el Parlamento Europeo en marzo.

Como la demanda fue presentada en forma de “medida cautelar y no cautelarísima”, deberán ser consultados el Parlamento Europeo y el Gobierno de España, añadió.

El nudo del complejo caso legal radica en la interpretación sobre la validez de las órdenes europeas de detención emitidas por España para que el expresidente catalán sea extraditado, refirió la agencia de noticias AFP.

En julio, el Tribunal General de la UE (TGUE) estimó que la inmunidad parlamentaria de Puigdemont seguía suspendida, pero consideró también que las órdenes de detención estaban momentáneamente sin efecto porque la Justicia española había interpuesto “cuestiones prejudiciales”.

Esta determinación del TGUE permitió a Puigdemont viajar sin inconvenientes a Estrasburgo y París, en Francia, como eurodiputado, pero la semana pasada, al llegar a Cerdeña, fue arrestado, aunque lo liberaron al día siguiente.

El jueves, el juez instructor de la causa en España, Pablo Llarena, remitió un documento a la Justicia italiana, en el que insistió en que las órdenes de arresto continúan vigentes y que Puigdemont debía ser arrestado y extraditado.

La fuente del equipo de defensa del líder catalán sostuvo que la demanda de la jornada “no afecta la audiencia del lunes” ante la Justicia italiana y confirmó que Puigdemont se presentará voluntariamente a esa cita.

CRM con información de agencias