El diputado nacional Hernán Lombardi, recientemente anunciado como nuevo ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, afirmó hoy que el objetivo del jefe de Gobierno, Jorge Macri, es “poner a la ciudad en un ritmo productivo”.

“La ciudad genera el 20 por ciento de lo que produce la Argentina, en rubros como turismo o industrias culturales, pero también en la economía del conocimiento y el comercio”, afirmó Lombardi, en diálogo con Radio Rivadavia.

El flamante funcionario porteño, que renunciará a su banca en el Congreso para asumir el cargo, explicó que el objetivo de su gestión será “poner bien fuerte el aparato productivo de la ciudad, que es la única forma de bajar el desempleo”.

“Hay que poner normas claras y destrabar las burocracias para que se pueda producir”, dijo, y agregó que en la Argentina “hoy tenemos estabilidad económica, y mejoró la situación con la inflación, y eso permite que las inversiones generen empleo”.

Consultado sobre el incidente del sábado tras la Asamblea Legislativa entre el asesor presidencial Santiago Caputo y el diputado radical Facundo Manes, Lombardi respondió: “Me pareció́ un despropósito”. “Caputo no debió́ increpar a Manes” sostuvo Lombardi, pero de inmediato aclaró que la actitud de Manes de interrumpir el mensaje del Presidente “es una falta de respeto y una grosería”, y sentenció: “Estas situaciones no son buenas y no aportan nada”.

Señaló que en lugar de este tipo de enfrentamientos “lo que la Argentina ahora tiene que empezar a pensar es cómo construir” porque esa es “la condición necesaria para  la estabilidad” y es también “la base para el crecimiento”.

Finalmente, y ante una pregunta sobre el nombramiento por decreto de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia, Lombardi opinó que “es constitucional designar jueces por decreto, pero no es una buena práctica”.

“Mauricio lo hizo y después lo rectificamos y tuvimos aprobación del Senado”, señaló recordando la designación por decreto en 2016 de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, medida que luego se retrotrajo para permitir que sean aprobados en el Congreso.

“Solo se invierte en un país cuando genera confianza”, dijo Lombardi, “especialmente la Justicia”, por lo que la designación de jueces por decreto “genera una inestabilidad que no es buena”, aseveró.

Con información de la agencia NA

La Cámara de Diputados se prepara para debatir este miércoles la privatización de Aerolíneas Argentinas en un plenario conjunto de las comisiones de Transporte y de Presupuesto y Hacienda. Esta iniciativa, impulsada por el oficialismo y diseñada por el macrista Hernán Lombardi, cobra relevancia en medio de un conflicto creciente entre el Gobierno y los gremios aeronáuticos.

Los sindicatos intensificaron sus reclamos a la gestión de la empresa durante el gobierno de Javier Milei, quien lleva a cabo un ajuste drástico con el fin de obtener un resultado fiscal superavitario. El oficialismo, alineado con sectores liberales y privatistas, busca avanzar rápidamente en el tratamiento del proyecto en medio de una polarización política sobre el futuro de los servicios públicos.

Lombardi defendió la privatización argumentando que “Aerolíneas no tiene la infraestructura para hacer la inversión necesaria”. “La estructura de la empresa no está preparada para tener más vuelos, más aviones y más frecuencia”, dijo en diálogo con Radio Splendid. Además, expresó que, como ciudadano, desea “un país más conectado”, con “más vuelos, más baratos”, pero que para lograrlo se necesita “mayor inversión, generar más trabajo y más turismo” dentro del país.

Lombardi también señaló que “hoy Aerolíneas no puede pagar esa inversión” y comparó su situación con la de otras empresas de la región, afirmando que “a Latam le va bien en toda América Latina”. “Acá le fue mal porque Aerolíneas maneja todo el negocio aeronáutico”, planteó el diputado del PRO, lo que, según él, limita la competitividad y el crecimiento del sector.

Latam Airlines Group es una aerolínea multinacional con sede en Santiago, Chile. Es el grupo de aerolíneas más grande de América Latina, con filiales en varios países como Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú. Es una empresa privada. Aunque sus orígenes se remontan a una aerolínea estatal chilena fundada en 1929, actualmente es una sociedad anónima con acciones que cotizan en la Bolsa de Santiago y en la Bolsa de Nueva York.

LATAM Airlines, originalmente conocida como LAN Chile, fue privatizada en 1989. La privatización permitió que la aerolínea se expandiera y eventualmente se fusionara con TAM Linhas Aéreas de Brasil en 2012, formando el grupo LATAM Airlines.

En la reunión de comisiones de Diputados de este miércoles participarán representantes del Poder Ejecutivo como el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta, así como el presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, quienes expondrán las perspectivas oficiales sobre el tema. Los gremios, en cambio, advierten que la privatización pondrá en riesgo empleos y la conectividad aérea del país.

Es una incógnita si el gobierno de Milei y sus aliados parlamentarios podrán reunir el número para lograr la privatización de la aerolínea estatal. En el contexto de la Ley de Bases, el Gobierno inicialmente incluyó a Aerolíneas Argentinas en la lista de empresas a privatizar. Pero por la resistencia de algunos sectores políticos y la oposición, debió retirarla, junto con el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA), de la lista de empresas sujetas a privatización.

Esta decisión se tomó para evitar conflictos y asegurar la aprobación de la ley en el Senado, ya que la privatización de estas empresas era uno de los puntos más controvertidos.

No sería la primera vez que Aerolíneas Argentinas, en el caso de cumplirse el propósito del gobierno de Milei, de la mano del proyecto de Lombardi, pasa a manos privadas.

75 años de historia

La aerolínea de bandera fue creada en 1949, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, producto de la unión de cuatro empresas preexistentes: Alfa, Zonda, Fama y Aeroposta. En 1990, durante la primera presidencia del peronista Carlos Menem, fue privatizada y adquirida por el consorcio español Iberia. Este periodo estuvo marcado por desafíos financieros y operativos, que culminaron en 2001 con la transferencia de la gestión al Grupo Marsans. La situación de la compañía empeoró significativamente, y en 2008, el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, también peronista, decidió renacionalizar la aerolínea para salvarla de la crisis.

En 2012, Aerolíneas Argentinas se unió a la alianza SkyTeam, convirtiéndose en su primer y único socio sudamericano. Este paso fortaleció su red de destinos y mejoró la experiencia de los pasajeros. Hoy sigue siendo la principal compañía aérea del país. Su historia es un reflejo de los altibajos económicos de la Argentina pero también de la indefinición de un proyecto de país.

JJD, con información de NA

Bajo el título “La cultura en el centro de la escena” y con un intento de conversación que resultó muchas veces trabado por el formato, tuvo lugar el debate de cierre de la Feria Internacional del Libro 2024 con la presencia de los escritores Martín Kohan y Alejandra Laurencich, el diputado Hernán Lombardi y el economista y ex funcionario nacional Lucas Llach. Aunque su nombre había sido anunciado por la organización, no estuvo presente la ensayista Beatriz Sarlo, quien “por problemas personales”, según informaron al comienzo del encuentro, no pudo participar. 

Ante una sala repleta y con la moderación de la periodista María O’Donnell, el encuentro comenzó este domingo puntual a las 17, tal como estaba previsto, y con la intención de debatir principalmente alrededor del financiamiento de la cultura por parte del Estado.

El primero en hablar fue Alejandro Vaccaro, presidente de la Fundación El Libro, quien dio las palabras de bienvenida y aseguró que celebraba esta nueva idea del debate de cierre de la Feria.

“Esto nos va a enriquecer a todos”, señaló Vaccaro, quien en el acto de apertura de la Feria había tenido duras palabras contra el gobierno nacional.

Después de las formalidades, de inmediato tomó la palabra O’Donnell, quien afirmó que había “una gran expectativa” por este encuentro en “un momento de ebullición” que vive el país y en particular el ámbito cultural. La moderadora anunció que el debate tendría dos partes, una dedicada a la llamada “batalla cultural” y la otra alrededor del financiamiento del sector cultural.

La primera de las participantes en hablar fue Laurencich, quien leyó algo que preparó especialmente para la ocasión. En esa primera intervención subrayó que en su visión era importante “dejar de lado” términos como “batalla” o “guerra” para debatir estos asuntos. “En una guerra nadie sale ganando”, señaló y propuso: “Dejemos de hablar de batalla y hablemos de promoción, de encuentro cultural”.

“El valor de la cultura es atacado hoy”, agregó Laurencich y afirmó: “Un bien no se combate, se apoya y se protege”.

Luego llegó el turno de Lombardi, quien aseguró: “Esta iniciativa de reemplazar el monólogo por el debate es un lindo camino a ser explorado”. El diputado, ex funcionario nacional y porteño, sostuvo que asistió a las 48 ediciones que tuvo la Feria Internacional del Libro, a la que consideró “la fiesta más grande” de la cultura.

En su primera intervención, Lombardi se mostró en desacuerdo con uno de los puntos propuestos por la organización del debate, a cargo de las escritoras Natalia Zito y Gabriela Saidon, que se refería al “protagonismo desaforado de la palabra libertad”. Momentos después, O’Donnell aclaró que esas palabras formaban parte de una suerte de “apunte” propuesto por la organización para conversar en la mesa y no estrictamente por las autoridades de la Feria del Libro.

“Nunca la libertad puede tener un protagonismo desaforado. Bienvenido el protagonismo desaforado de la libertad. La libertad es un bien de los argentinos”, sostuvo el exfuncionario macrista.

Cuando llegó su turno, el escritor Martín Kohan aseguró que personalmente no tenía “tanto problema con la palabra batalla”, aunque también apuntó que no entendía del todo qué se refirieron con ese punto en el temario.

Sin embargo, se mostró interesado por pensar en “una batalla o disputa” vinculada a la discusión alrededor de cómo se quiere promover a la cultura en el país.

“Reventar el INCAA no es una disputa, es reventar el INCAA”, señaló Kohan y se oyeron los primeros aplausos en la sala. En el mismo sentido se refirió a la interrupción del Programa Sur de traducción de literatura argentina, víctima de los recortes propuestos por el gobierno de Javier Milei. “Reventar el Programa Sur no es una batalla cultural, es una embestida”, subrayó el escritor.

Luego llegó el turno del economista Llach, quien describió un escenario “de polarización” en el mundo en el que en su visión “el bando progresista estuvo a la ofensiva” únicamente en asuntos vinculados con el género o las disidencias sexuales. “Hubo una agenda de cambio y de cambio con efectos y ahí el bando de la derecha fue más refractario”, dijo Llach, aunque en su mirada “quien está proponiendo cambios” en la actualidad “es la derecha y quien está resistiendo es el ejército progresista”.

“En las discusiones relevantes para la Argentina el tema es económico”, subrayó. Llach pidió entonces responder un punto que levantó Kohan sobre el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales. “Nadie propone cerrar el INCAA”, aseguró el economista.

En su segunda intervención, Lombardi afirmó que él cree “en el financiamiento público de la cultura” aunque en su visión es importante “discutir los mecanismos”. De inmediato, leyó una serie de números de supuestos gastos en materia cultural que se llevaron adelante en el gobierno de Alberto Fernández y calificó de “exitoso” el modelo impulsado por la Ciudad de Buenos Aires, del que formó parte cuando fue ministro durante los gobiernos locales de Mauricio Macri.

Kohan entonces pidió la palabra para destacar que celebraba el acuerdo en el punto de sostener todos que es importante el financiamiento estatal de la cultura. El problema, en su mirada, es que a partir de la llegada de Milei al poder “las prácticas (culturales) están siendo defenestradas por el Jefe de Estado”.

También aprovechó su intervención para responder a Llach, quien en un momento elogió a las redes sociales. “En las redes la verdad no importa”, afirmó Kohan y agregó que en ese lugar tiene predominio “un discurso violento y cínico”.

“Esa lógica ya no está circunscripta a las redes”, dijo el escritor y recordó que el propio Milei había calificado de “ratas” a los miembros del Congreso y de “imbéciles” a los economistas que no adhieren a su pensamiento.

“No hay que naturalizar el insulto”, sumó Kohan y agregó: “En Twitter uno entra y sale, en la sociedad uno vive todo el tiempo”. Por último, el escritor afirmó con ironía que de algún modo se extrañaba “la vieja derecha ilustrada”. “Ahora le llaman curro al Fondo Nacional de las Artes”, disparó.

Lombardi en ese momento dijo que en la llamada Ley Bases “no quedó nada” de las propuestas iniciales del gobierno libertario de cerrar entes como el FNA o el Instituto Nacional del Teatro y afirmó que su intención no era pedir cierres sino ponerles “límites a los salarios” de los funcionarios que trabajan en esos organismos.

A partir de ese momento, la conversación se trabó, entre los temas previstos y los asuntos que fueron surgiendo espontáneamente entre los participantes.

Llach, por ejemplo, dijo que “a nadie le gustan los modos de Milei”, pero que no estaba de acuerdo con los comunicados de intelectuales que circularon antes de la elección presidencial que se referían al entonces candidato libertario como “un peligro para la democracia”. El economista también apuntó que en su visión no hubo “un ataque específico” del gobierno de Milei a ningún sector particular, en referencia al desfinanciamiento de las universidades nacionales.

Kohan entonces pidió su derecho a réplica para afirmar que en su mirada no es cierto que “a nadie le gustan los modos de Milei”. “A muchos les gustan, incluso los multiplican”, sostuvo.

AL/MF

Este año, además de la histórica inauguración, la Feria tendrá un debate de cierre, coordinado por Gabriela Saidon y Natalia Zito. Un acontecimiento de la pluralidad no sólo de voces, sino de disciplinas. Un debate serio con la participación de figuras representativas del campo intelectual. Un espacio para el disenso y la construcción colectiva que, en el cierre, funcione como apertura y multiplique los efectos de la Feria más allá de ella. Una invitación al pensamiento crítico.

A modo de conclusión de la presente edición -que estuvo atravesada por tensiones entre la industria del libro y el gobierno de Javier Milei-, la Fundación El Libro organizó un debate de ideas en el que participarán Martín Kohan, Alejandra Laurencich, Hernán Lombardi y Lucas Llach, con la moderación de María O’Donnell.

Hoy más que nunca, la cultura está en el centro de los debates en la sociedad argentina. Se discute en las redes sociales, en medios, en grupos de Whatsapp, en todo tipo de conversaciones formales e informales si el Estado debe financiar instituciones culturales, medios de noticias o producción de cine o teatro, o cuáles serían las consecuencias de derogar la llamada Ley de Defensa a las Librerías; cuál debe ser, en síntesis, el grado de intervención estatal en la cultura nacional. ¿Cuál es la batalla cultural que se libra hoy? ¿Quién tiene la propiedad del capital simbólico de una sociedad? ¿Cuáles son los efectos posibles del desfinanciamiento estatal? ¿Estamos frente a un probable “apagón cultural”? ¿O debemos reinventarnos como nación?

Para seguir el debate en vivo por Youtube

El diputado macrista Hernán Lombardi y los senadores Juan Carlos Romero, Luis Juez (PRO) y Victor Zimmermann (UCR) y el diputado Francisco Monti (UCR), aliados del oficialismo, quieren demorar el tratamiento del DNU 70/2023, dictado por Javier Milei, que está vigente desde hace más de dos meses.

En una nota que enviaron al presidente de la comisión bicameral de Trámite Legislativo, el senador riojano Juan Carlos Pagotto, de La Libertad Avanza, estos cinco legisladores pidieron que “se incluyan en el temario de la reunión convocada para el mañana jueves 7 de marzo el análisis de los más de 100 decretos de necesidad y urgencia que se encuentran pendientes de tratamiento”.

En un comunicado, pidieron “que sean tratados en forma cronológica por la comisión” y que “se suministre a los integrantes el listado de decretos pendientes de tratamiento”. “Es irregular que se acumulen estos DNU sin resolución ni tratamiento en el Congreso. A través de dicho proceso se intenta reorganizar el funcionamiento institucional que el gobierno anterior dejó abandonado”, plantearon.

El DNU debe ser remitido por parte del jefe de Gabinete dentro de un plazo de 10 días desde la firma a la llamada Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que la integran 8 senadores y 8 diputados y se encarga de evaluar la validez del instrumento sin juzgar su contenido: es decir, si no legisla sobre materia penal, electoral, tributaria ni del régimen de los partidos políticos, y si cumple con los requisitos de excepcionalidad para que esas modificaciones no hayan sido decididas por el Congreso.

Esa comisión debe pronunciarse por su validez, es decir por aprobación o por rechazo, en 10 días hábiles. Si no lo hace, deben tratarse en los recintos, sin poder realizarle modificaciones ni enmiendas ni nada: sólo pronunciarse por su validez, aprobándolo o rechazándolo. Pero pueden no tratarlo y, entonces, que el DNU siga vigente por tiempo indeterminado, o quede vigente para siempre.

Sin perjuicio de que hayan pasado los 10 días de plazo, la bicameral igualmente puede abocarse a su tratamiento y emitir dictámenes que después sean considerados por los plenos de ambas cámaras.

Para que un DNU pierda vigencia tiene que ser rechazado en los dos recintos, lo que no ha ocurrido nunca en la historia institucional argentina. Inclusive, si el oficialismo tuviera el número, basta con que una de las dos cámaras lo convalide para que quede firme.

¿Van los funcionarios?

A la reunión prevista para este jueves de la bicameral está prevista la visita de funcionarios del gobierno de Milei. El oficialismo aceptó citarlos a cambio. La intención es que vayan los dos principales colaboradores del presidente: el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, al cierre de la edición de esta nota, aún no había definido nada al respecto.

Consultados por elDiarioAR miembros de la bicameral de Unión por la Patria y del PRO hasta ahora no sabian nada. “Lo tiene que definir el Ejecutivo”, dijo uno de los aliados del oficialismo.

La iniciativa de convocar a los funcionarios fue a partir de una moción de Zimmerman y Monti —los dos radicales que pidieron este miércoles pidieron postergar el tratamiento del DNU de Milei— y el senador Carlos Espínola (Unión Federal-Corrientes).

Según su reglamento, en el artículo 9, la comisión “podrá convocar o invitar a su seno, según corresponda para que participen haciendo oír su opinión, a las Asociaciones, Personas Humanas o Jurídicas, Públicas y Privadas y a las Comisiones Parlamentarias Permanentes que tengan vinculación con el tema que se trate”. Pero no hace mención a que estén expresamente obligados.

JJD

Trabajadoras y trabajadores de Télam realizarán este mediodía un abrazo simbólico al edificio donde funciona la agencia estatal de noticias para protestar contra el cierre anunciado por el presidente Javier Milei el viernes pasado.

En Télam, fundada hace 78 años, hay empleados que no trabajan. También hay quienes trabajan de periodistas y aun, estando a punto de jubilarse, siguen sin saber nociones básicas del periodismo. En Télam hay empleados que ingresaron por militancia política –de todos los colores– o por amiguismo.

Negarlo es faltarle el respeto a la inmensa mayoría de sus trabajadores que con profesionalismo hacen de su trabajo un insumo imprescindible para el resto de los medios. Incluso para aquellos que piden a gritos su cierre. Reducir la función de la agencia estatal de noticias a ese puñado de empleados que no trabajan no sólo es injusto con el resto de los profesionales que sí lo hacen, y de manera impecable, es sobre todo obtuso. Télam es parte de la historia del periodismo argentino.

En el año 2016, Rodolfo Pousá era quien ejercía la presidencia de la Télam. Su intención era transformarla en una agencia internacional. Imaginaba una redacción capaz de competirle mano a mano a la española EFE y se preguntaba por qué razón, si la mayor cantidad de personas de habla hispana se encuentran en América, la agencia de noticias en español más importante estaba en el continente europeo.

Tenía lógica, pero sus planes se toparon con su torpeza para llevarlos a cabo. A la necesaria reestructuración de la agencia le sobrevino un sorpresivo despido que dejó a mas de 300 trabajadores en la calle y provocó un conflicto de meses. Además de la crueldad con que se produjeron esos despidos, la medida sólo trajo más gastos y descontrol: fueron desvinculados profesionales excelentes sin ningún tipo de justificación, se pagaron indemnizaciones millonarias incluso a personas a las que le faltaban meses para jubilarse, y se montó una redacción paralela en un galpón de Tecnópolis a pesar de que la agencia contaba con dos edificios en pleno microcentro porteño.

La justicia falló a favor de los trabajadores, los despidos estaban mal hechos, y la gestión de Pousá –con el aval de Hernán Lombardi, por entonces secretario de Medios Públicos– terminó sin que nadie diera explicación por el dinero gastado en indemnizaciones y redacciones paralelas.

La falta de un proyecto serio para mejorar la agencia es una constante en todas las administraciones que ven en Télam algo más parecido a un botín de guerra que a una empresa que brinda servicios informativos a todos los medios del país. La gestión de Bernarda Llorente no tuvo mejor suerte. La empresa siguió generando pérdidas, continuó aumentando el plantel de empleados y, contando con todos los recursos disponibles, no hubo un plan para transformarla en una agencia moderna. Los comisarios políticos llegaron al absurdo de prohibir notas sobre abusos en la Iglesia, en su creencia de que un cable sobre un pedófilo podría generar un conflicto con el Vaticano.

Pero debajo de todo esto están los que todos los días hacen Télam y los que todos los días usamos sus noticias que nos llegan a través de la “cablera”.

Cuando comencé a trabajar como periodista, a comienzos de los ‘90, los grandes diarios tenían corresponsales en casi todas las provincias, en las redacciones éramos tantos que había que pelearse por una computadora. Las secciones de fotografía eran tan importantes que a todas las notas se iba siempre con un fotógrafo.

Hoy las redacciones funcionan con un cuarto de su staff,  los corresponsales se cuentan con los dedos de una mano, y los departamentos de fotografía fueron diezmados. Pero está Télam. Para un diario chico, como nosotros, es fundamental. Gran parte de las noticias que se leen en elDiarioAR, las que no llevan firman, son en base a los cables de Télam. Lo mismo ocurre con las fotos, nos nutrimos de la agencia y su sección de fotografía que tiene a varios de los mejores reporteros gráficos del país.

No es distinto a lo que paso en los grandes diarios, en las radios y en los canales de televisión. Allí donde funciona una redacción, el entrar a ver la “cablera” es parte de la rutina de nuestro trabajo periodístico. Télam viene a llenar lo que a otros les falta, porque llega a todo el país y porque es una información confiable.

El cierre de Télam producirá un agujero en todas las redacciones, también en aquellas donde sus directivos festejaron el anuncio.

Trabajé en la agencia durante cinco años, justo antes de entrar a elDiarioAR. Conozco de empleados que no trabajan y de operadores disfrazados de periodistas. Pero esa no es la agencia. Télam son los profesionales que el viernes escucharon al Presidente anunciar por cadena nacional que los dejaba sin trabajo y a pesar de eso siguieron tirando un cable atrás del otro, como si lo que hubiesen escuchado poco tenía que ver con ellos.

Al anuncio del Presidente le siguió el mensaje del vocero presidencial en X: “Saluden a Télam que se va…”, escribió con un nivel de cinismo al que resulta difícil encontrarle explicación. Más de 700 personas quedarán sin trabajo.

En sus discursos ante las Asambleas Legislativas, los presidentes exponen sus planes de gobierno para lo que resta del año. Cuáles serán sus medidas, que leyes que enviarán al Congreso. Más allá de las invocaciones a las fuerzas del cielo, el viernes poco se escuchó sobre las intenciones del Presidente para sacar a los millones de argentinos de la pobreza. En ese contexto, el anuncio del cierre de Télam pareció, otra vez más, un botín de guerra. 

MG

La confirmación de lo que se presuponía llegó con la inmediatez de un rayo. “La TV Pública se ha convertido en un mecanismo de propaganda y tiene que ser privatizada”, dijo Javier Milei  en un programa de radio de la primera mañana el día posterior al balotaje en el que fue electo presidente. “Todo lo que puede estar en manos del sector privado va a estar en el sector privado”, agregó y confirmó que también privatizará Radio Nacional y la agencia de noticias Télam. En menos de doce horas de conocidos los resultados, los y las trabajadoras de los medios públicos recibieron la noticia y ese lunes feriado fue aún mucho más duro en las redacciones y estudios de grabación. Ese día y los siguientes fueron de llanto y abrazos, pero también de organización. Se diagramaron asambleas escalonadas en cada uno de los medios públicos para debatir estrategias, pero también para generar espacios de contención ante una disputa que se prevé dura e inédita. 

“Sabíamos que un gobierno de estas características iba a venir por la soberanía informativa, pero también sabemos que la privatización no es para nada fácil. Mucho menos, en aquellos medios que están comprendidos en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Estamos acá y vamos a enfrentar cualquier agresión, incluso la profundización del vaciamiento que es una de las posibilidades que inició el macrismo y que ahora viene para terminar con la reducción de la planta con paritaria cero y la depreciación de los salarios para que se acepten los retiros voluntarios”, dijo Micaela Polak, delegada de Radio Nacional y secretaría de Género del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA)  en la asamblea que se hizo el martes al mediodía. La oficina del Servicio Informativo se llenó de trabajadores y trabajadoras, con una asistencia mucho mayor a las habituales: desde personas que están cerca de jubilarse y otras más jóvenes, algunas con ojos llorosos y otras con el semblante tenso. 

Simultáneamente, los otros gremios que tienen representación en la radio pública como la Asociación Argentina de Trabajadores de la Comunicaciones (AATRAC), la Asociación de Trabajadores de Radio Nacional  (ATRANA) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) también hicieron sus reuniones y coordinaron una asamblea general el próximo martes al mediodía. Nadie sabe cuál será la estrategia de La Libertad Avanza: concesión, privatización, desfinanciamiento o cierre total. Y ante esa incertidumbre, la respuesta es la organización previa y la unidad de los sindicatos. Se evalúan estrategias en distintos ámbitos: en la calle, en las redes sociales, en el Congreso. Pero nada está definido hasta no saber cuál será la medida del nuevo gobierno. Mientras tanto, en los tres medios se declaró el “estado de alerta y asamblea permanente”. “Acá no estamos hablando solo de nuestros puestos de trabajo, estamos hablando del rol histórico que tenemos como trabajadoras y trabajadores de defender los medios públicos. Nunca pudieron voltearlos y nosotros tenemos que estar a la altura de la historia y resguardar la soberanía informativa. Esta radio tiene 49 emisoras que conectan a todo el país, que llega a lugares recónditos a los que no llega nadie, tenemos este edificio hermoso. Todo eso vamos a defender, es el rol que nos asigna la historia”, dijo Amanda Alma, delegada de AATRAC. 

La preocupación también es por la violencia contra las y los trabajadores que hacen coberturas en la calle. En la última semana, se intensificaron las agresiones al personal de los tres medios. Pasó con grupos del Sector Audiovisual de Télam y con cronistas de la TV Pública que fueron increpados en diversas coberturas. También con trabajadores de Radio Nacional, insultados y amenazados con cascotes a pocos metros de la emisora. Estas situaciones aisladas de microviolencia se replicaron en los últimos días y fue uno de los temas de las asambleas. El alerta generó que el SIPREBA reedite talleres sobre Seguridad en cobertura de conflictos.

El miércoles al mediodía la redacción del noticiero de la TV Pública se llenó de empleados y empleadas, que parados y sentados en sillas o en el piso ocuparon cada espacio. Alrededor de 80 personas se atiborraron en el lugar. “Te insultan, protestan, te atosigan.  Esto se profundizó desde hace 3 meses y ya lo vivimos con la ley 125, en la década del 90 y con el gobierno de Macri”, contó un trabajador. Con mates de por medio, varios recordaron las luchas de años anteriores y consideraron que ahí hay una fortaleza, la convicción de un pasado al que aferrarse. Sin embargo, todos y todas saben que lo que está enfrente es algo mucho más feroz, más violento ante la protesta social. Un escenario inédito en democracia. “Lo que tenemos enfrente es el Aconcagua por eso tenemos que estar espalda con espalda”, dijo uno de los oradores. “También sabemos que las acciones colectivas nos van a llevar al triunfo. Como lo hicimos en los 90, en el 2000 y 2018, la vamos a ganar”, agregó.

El periodista y escritor Carlos Ulanovsky, que también participó en una de las asambleas, consideró que el fracaso de todo intento de cierre o privatización previa tiene que ver con que los gobiernos advierten la importancia de llegar a todo el país: Radio Nacional con 49 emisoras, Télam con corresponsalías en cada provincia y la TV Pública, el único canal que llega a lugares a los que los privados no llegan. “Desde 1955, después del derrocamiento de Perón, los militares se proponen privatizar el único canal y no lo hacen. Desde entonces a hoy, pasaron muchísimos gobiernos y muchas veces estuvo también la idea de privatizar y, sin embargo, no lo lograron. Mi hipótesis principal es que no lo lograron porque cuando ya están en el poder y empiezan a disponer de las botoneras del Estado, se dan cuenta que eso puede ser útil”, afirmó el autor del libro “Estamos en el aire” en el que se recopila la historia de la televisión argentina.

En ese lugar de casi tres hectáreas de terreno y 35.000 metros cuadrados de edificio que se construyó para el Mundial 1978 y en el que el legislador Ramiro Marra sueña con poner una torre, la asamblea de trabajadores y trabajadoras hace catarsis y, a la vez, planifica lo que se viene. “Los medios públicos somos la garantía del derecho a la información. Somos esenciales para fortalecer la democracia, la libre expresión, la diversidad, la pluralidad de las voces y la construcción de ciudadanía. Tiene que ver con la producción de contenidos informativos que no se rigen por los estándares comerciales sino por el interés público, con la información como un derecho y no como una mercancía. Es por eso que estamos en asamblea”, dijo la periodista y delegada del canal, Silvia Fernández.  

Otras de las preocupaciones es la estigmatización en los medios privados que convalida la idea de medios públicos desechables. Luego de las declaraciones de Milei, en diversos canales y diarios se hicieron informes tendientes a demostrar lo deficitario de los medios públicos y la sinrazón de su existencia. Incluso, una periodista difundió recibos de sueldo e información falsa. Publicó el recibo de una persona con una jefatura y la presentó como el sueldo promedio. “El ataque a los medios públicos genera también un clima persecutorio de violencias a sus trabajadores, esta semana lo sufrimos. Hemos sido hostigados y agredidos, hay toda una campaña del miedo en contra de esos trabajadores. Hay una campaña de prensa  y va a haber más. Le decimos a nuestros compañeros y compañeras que traten de estar tranquilos a pesar del momento malo que estamos viviendo. Tenemos una enorme historia de lucha y de organización”, le dijo a elDiarioAR Agustín Lecchi, secretario General del Sipreba.

El jueves, alrededor de 200 empleados y empleadas de Télam participaron de la asamblea. En una redacción desbordada, plantearon la incertidumbre que genera la situación actual y, a la vez, pusieron en valor el antecedente de la victoria tras revertir los 357 despidos que intentó la gestión de Hernán Lombardi al frente de la Secretaría de Medios en el año 2018. “Si es necesario nos vamos a quedar tres meses durmiendo en el edificio como lo hicimos en el macrismo”, dijeron. Además, llamaron a reeditar la discusión pública sobre la pertinencia de estos medios. “El Estado es el garante del acceso a la información local y del país en zonas geográficas donde los privados no llegan. Hay lugares donde solo llega Radio Nacional. Hay coberturas que solo las realiza Télam.. Muchas veces, mis compañeras o compañeros van a situaciones de juicio por violencia de género o violencia policial en las que solo están los medios públicos”, contó a este diario Sabino Cabrera, trabajador del Archivo Fotográfico y delegado.

Más allá de las declaraciones públicas, hasta el 10 de diciembre no se sabrá cuál será la forma de ataque a los medios públicos. Mientras tanto, se puede aplicar la máxima del estratega chino Sun Tzu en el libro “El arte de la guerra”, que miles de años después es utilizado en varias campañas electorales: tan importante como conocer al adversario es conocerse a sí mismo. En eso están los y las trabajadoras: durante las semanas que quedan hasta la asunción del nuevo gobierno, seguirán en asambleas con el objetivo de lograr unidad frente a lo que se viene. “Claro que tenemos angustia, es hora de llorar, abrazarse y juntar fuerza para la resistencia. Tenemos el espejo de una mujer de 93 años ( en referencia a Estela de Carlotto) que nos llamó a luchar después de las lágrimas y el decaimiento. Tenemos que pelear”, dijo uno de los trabajadores de la TV Pública ante el aplauso de sus compañeros y compañeras.

CDB/MG

El expresidente Mauricio Macri volverá al país el próximo 19 y se presentará a declarar el 20 en el Juzgado Federal de Dolores ante el juez Martín Bava, que lo citó a declaración indagatoria en la causa que investiga el presunto espionaje ilegal a los familiares de la tragedia del submarino ARA San Juan de noviembre de 2017, en la que fallecieron los 44 tripulantes.

“Llega el 19 y se presenta el 20”, confirmó hoy el candidato a diputado nacional por Juntos y actual secretario de Movilización del PRO, Hernán Lombardi, en declaraciones a CNN radio.

El juez de Dolores, Martín Bava, subrogante del juez Alejo Ramos Padilla, reprogramó para el 20 de octubre la citación a indagatoria a Macri, quien no se presentó a la audiencia convocada para el jueves pasado. La semana anterior el magistrado lo había citado y había prohibido su salida del país.

La indagatoria –principal acto de defensa con el que cuentan los imputados- debió postergarse porque el exmandatario se encuentra en Estados Unidos desde antes de que se conociera la convocatoria y, según reveló en una carta que le dirigió al juez la presidenta del PRO Patricia Bullrich, no estaba en los planes de Macri regresar al país antes de fin de mes.

“¿Cómo un juez le prohíbe salir del país a alguien que no está procesado y es público y notorio que hace diez días no está en la Argentina? Y dice que no encuentra el domicilio. Habría que mandarle la Guía Peuser o que revise Google Maps. Macri está afuera y lo citaron 24 horas antes”, acotó Lombardi, exministro de Turismo, Cultura y Deportes, en el programa Digamos todo.

El expresidente aún no presentó abogado en el expediente en el que está imputado desde el inicio de la investigación, aunque se presume que en los próximos días asumirá el cargo el letrado Pablo Lanusse, quien ya lo defiende en otras causas.

Sobre su estadía en Estados Unidos, Lombardi explicó: “Macri fue a recibir un premio en Nueva York. Fue a presentar su libro en Miami. Está inaugurando una nueva cátedra de economía que va a empezar el año que viene y tiene que ir a la Fundación FIFA en Qatar. Lo hace a la luz de todo el mundo”.

Macri es acusado de estar relacionado con las supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas desde la base Mar del Plata de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) contra el colectivo de allegados a los tripulantes del submarino hundido en 2017.

El llamado a indagatoria lo ubicaba como el máximo responsable de las supuestas maniobras de espionaje ilegal investigadas y remarcaba que “la inteligencia ilegal estuvo dirigida a monitorear las actividades de las organizaciones de familiares de las víctimas desde la perspectiva de la afectación a la imagen de la gestión de gobierno”.

En este expediente ya están procesados, entre otros, las exautoridades de la central de espías, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, sobre quienes pesan además otros procesamientos por otros hechos también referidos a inteligencia prohibida con fines supuestamente políticos e ideológicos.

CB con información de Télam