En un momento en que los países más ricos del mundo están aplicando los mayores recortes de la historia a la ayuda oficial al desarrollo, cuando Donald Trump suspendió de manera tajante la financiación de su agencia USAID, los líderes mundiales se reúnen esta semana en Sevilla para buscar respuestas a una pregunta clave: ¿Cómo financiar las políticas globales de desarrollo sostenible? ¿cómo garantizar la ayuda de la que dependen cientos de miles de personas en un contexto de complejas crisis humanitarias? ¿es posible un nuevo sistema financiero mundial que tenga en cuenta a los países del sur?

El programa oficial de la Conferencia sobre Financiación al Desarrollo (FFD4), organizada por la ONU se celebra desde este lunes hasta el próximo 3 de julio en Sevilla. En plena ola de recortes de la ayuda oficial y con una crisis de deuda que asfixia a decenas de países del Sur Global, gobiernos, agencias de la ONU y organizaciones sociales se reúnen en la ciudad andaluza para intentar relanzar los compromisos internacionales de financiación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a solo cinco años de la finalización del plazo en 2030.

La cumbre, marcada por fuertes tensiones entre países del Norte y del Sur, parte de una declaración ya cerrada, negociada en varias sesiones previas. Aunque el llamado “Compromiso de Sevilla” reconoce problemas urgentes —como la falta de justicia fiscal o la presión de la deuda—, ha decepcionado a la sociedad civil y a algunas delegaciones de los países del Sur, ante la falta de soluciones concretas y reformas estructurales.

Recortes

El encuentro se produce en un marco de recortes generalizados en los fondos destinados a la cooperación al desarrollo. Según la OCDE, la ayuda oficial para el desarrollo descendió un 9 % en 2024 a nivel global, mientras que durante el 2025 se espera que la caída alcance el 17 %. En los últimos días, los gobiernos de Reino Unido, Bélgica y Francia han anunciado recortes drásticos de sus presupuestos de cooperación internacional, después de la tendencia iniciada por gobiernos como el de Suiza, Suecia y el de Países Bajos, que han sido grandes donantes tradicionales, alertan desde Oxfam Intermón.

Tras su llegada a la Casa Blanca, Donald Trump anunció una tajante medida que hace tambalear las bases de las políticas globales de ayuda al desarrollo: la congelación casi total de su ayuda externa, lo que se estima que tendrá un impacto directo en salud global. Pero no solo es cosa de Trump y la suspensión de los programas de USAID. Reino Unido, por ejemplo, ha anunciado una rebaja de su aportación del 0,5 % al 0,3 % del PIB para 2027. Save the Children ha alertado de que este recorte puede tener efectos “devastadores” sobre 60 millones de personas vulnerables.

En contraste con la mayoría de países donantes, España mantiene e incluso aumenta su compromiso, dado que no ha anunciado recortes durante este 2025. No obstante, España está muy lejos del objetivo acordado del 0,7 % del PIB para 2030, y se sitúa por debajo de la media OCDE del 0,33 % .

Las posibles consecuencias de los recortes alarman a ONG y organismos internacionales especializados en desarrollo. Oxfam Intermón alerta de que estas decisiones políticas ya están costando “cientos de miles de vidas humanas que dependen directa e inmediatamente de la distribución de alimentos, medicamentos, vacunas y otros bienes indispensables en contextos de emergencia humanitaria”.

Crisis de deuda

La crisis de deuda será uno de los asuntos que mayores tensiones generará en la conferencia. Desde el arranque de las negociaciones, los países del Sur Global, respaldados por organismos como la UNCTAD y el PNUD, reclamaron medidas concretas y urgentes ante una situación que califican de “insostenible”. “Ya no hablamos de riesgo, sino de colapso”, advirtió Rebeca Grynspan, secretaria general de Comercio y Desarrollo de la ONU (UNCTAD) durante la presentación de un informe que revela que dos de cada tres países en desarrollo están en riesgo de sobreendeudamiento, con una deuda externa conjunta que ya supera los 11,4 billones de dólares.

Según explica la Coordinadora de ONGD, en los borradores iniciales de la declaración figuraba como primer punto una propuesta de moratoria automática de pagos cuando un país entre en crisis, junto a la creación de un mecanismo multilateral de reestructuración de deuda bajo supervisión de Naciones Unidas.

Sin embargo, el resultado final del llamado “Compromiso de Sevilla” ha decepcionado a los países del Sur, especialmente al grupo africano que empuja desde hace años la revisión de las bases de la deuda para conseguir condiciones más justas. El documento, pactado tras intensos tiras y aflojas con grandes acreedores como el G7, se limita a sugerir la posibilidad de suspender pagos en situaciones excepcionales y promueve instrumentos voluntarios como los bonos ligados al clima. Desapareció cualquier referencia a obligaciones para acreedores privados o a una arquitectura multilateral de reestructuración.

“A pesar de que las negociaciones del documento empezaron con un lenguaje ambicioso sobre la reforma de la arquitectura de deuda, de cooperación internacional, de fiscalidad, este lenguaje se ha visto significativamente debilitado”, cuestiona Iolanda Fresnillo, investigadora de Eurodad. “El documento final dista mucho desde el punto de vista de la sociedad civil de lo que nosotros pensamos que el mundo necesita con urgencia a nivel de reforma de arquitectura financiera internacional”, añade.

Mientras, la crisis de deuda tiene un efecto directo en el terreno. Según datos del PNUD, en 2024 más de 50 países en vías de desarrollo dedicaron más fondos al pago de intereses que al conjunto de sus presupuestos en servicios públicos como sanidad educación. “Sin una solución sistémica, el endeudamiento se convertirá en una trampa perpetua que condena a generaciones enteras”, ha declarado el secretario general de la ONU, António Guterres.

“A pesar de los enérgicos llamamientos de la sociedad civil y de muchos países del Sur global a favor de un proceso intergubernamental significativo hacia una Convención de la ONU sobre la Deuda, el texto final conserva el proceso intergubernamental, pero lo despoja de ambición. Lo que queda es una vaga promesa de compromiso con los acreedores”, critican desde el colectivo de ONG.

Fiscalidad internacional

Las voces que exigen una reforma de la fiscalidad internacional han ido ganando protagonismo en la agenda política tras años de bloqueo en foros dominados por los países más ricos. Durante la Conferencia de Sevilla la conversación partirá de una demanda histórica del Sur Global: poner fin a un sistema que, según Naciones Unidas, permite que se pierdan cientos de millones de dólares al año en ingresos fiscales debido a prácticas de evasión y elusión fiscal por parte de grandes corporaciones, a menudo canalizadas a través de paraísos fiscales. Tras décadas bajo la órbita de la OCDE, donde no todos los países tienen voz equitativa dado que el peso del Norte es muy superior, en 2023 la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución para iniciar negociaciones hacia una convención marco sobre cooperación fiscal internacional, marcando un giro institucional sin precedentes.

En las negociaciones previas a la conferencia lideradas por países africanos, latinoamericanos y varios del Sudeste Asiático, exigían un respaldo claro a este proceso bajo el auspicio de la ONU -y no de la OCDE-. Finalmente, el Compromiso de Sevilla reconoce por primera vez el papel del nuevo comité fiscal intergubernamental de la ONU y respalda la apertura de negociaciones hacia una convención global, aunque sin calendario ni obligaciones concretas.

Según Oxfam Intermón, se trata de un paso “simbólicamente importante”, pero insuficiente. La reforma fiscal es clave, dicen, para cerrar la brecha de financiación de los ODS, estimada en más de 4 billones de dólares al año, y para garantizar que las grandes tecnológicas y multinacionales tributen donde generan valor, no donde mueven sus sedes legales.

Claroscuros de la financiación privada

El rol del sector privado en la financiación para el desarrollo es otro de los puntos más controvertidos del debate, que generará divisiones en la Conferencia de Sevilla. En la anterior cumbre de financiación de Adis Adeba, celebrada en 2015, los países del Norte colocaron la inversión privada como un pilar central para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Desde entonces, los países ricos—especialmente la Unión Europea, EEUU y Reino Unido— han defendido que la movilización de capital privado es indispensable ante la falta de recursos públicos.

En el “Compromiso de Sevilla”, se replicará esa visión, frente a la posición crítica de la sociedad civil. Delegaciones del G7 y de las principales instituciones financieras multilaterales —como el Banco Mundial y la OCDE— han impulsado lenguajes en el compromiso final que refuerzan los partenariados público-privados (PPP), y las garantías públicas para atraer inversores a infraestructuras verdes y digitales en países en desarrollo. Los datos no dicen lo mismo sobre los resultados de un mayor peso del sector privado en las políticas de desarrollo.

Según los números de la OCDE, por cada dólar de fondos públicos movilizado, apenas se atraen 0,37 dólares privados efectivos, muy por debajo de las promesas iniciales. Para la sociedad civil, el protagonismo de las empresas en las políticas de cooperación internacional choca con los principios básicos de la ayuda al desarrollo.

Plataformas como Eurodad, Oxfam Intermón o la Coordinadora de ONGD Española han alertado de que buena parte de estos fondos privados priorizan la rentabilidad sobre el impacto social o ambiental, y excluyen a los países más pobres o a los sectores más vulnerables. “No es financiación para el desarrollo, es financiación para los mercados”, denunció Jean Saldanha, directora de Eurodad. Según un informe reciente de Oxfam Intermón, el 70% de los fondos privados movilizados para este fin en 2018 y 2022 se acabó destinando a países de renta media, y apenas el 5 % llegó a países más empobrecidos. Aunque el compromiso de Sevilla incluye una cláusula sobre la “rendición de cuentas” de estos fondos, para muchas ONG se trata de papel mojado ante la falta de mecanismos claros de control ni transparencia.

Superar el “salvador blanco”

Dicen que tras las crisis llegan los cambios profundos. Cómo telón de fonos de los paneles de la Conferencia de Sevilla, uno de los debates con mayor poso gira en torno a la necesidad de replantear el modelo tradicional de ayuda al desarrollo, que durante décadas ha funcionado mayoritariamente como un flujo unidireccional de recursos del Norte hacia el Sur. La congelación de los fondos de la USAID ha puesto en evidencia ese patrón, basado en la idea del “salvador blanco”. Varios países del Sur, junto con representantes de Naciones Unidas y expertos en desarrollo, coinciden en que este enfoque paternalista ya no es viable ni efectivo. “La ayuda no debe ser un acto de caridad ni un cheque en blanco, sino un compromiso basado en la corresponsabilidad y el liderazgo local”, afirmó Amina J. Mohammed, vicesecretaria general de la ONU.

“Esta crisis de desarrollo es una oportunidad histórica para transformar las relaciones globales y dejar atrás modelos de dependencia. Necesitamos una cooperación horizontal, que respete la soberanía y fomente alianzas entre países y regiones del Sur”, reflexionó Mariana Díaz, coordinadora regional para América Latina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

En tiempos de pretendida refundación nacional, la necesidad de explotar los recursos no convencionales de Vaca Muerta se presenta como un consenso de la política en Argentina. El amplio espectro partidario acuerda en que el yacimiento de la Cuenca Neuquina es condición necesaria para salir del estancamiento. Y no es para menos. En un país que se enfrenta a una restricción crónica de divisas, la potencialidad de Vaca Muerta plantea un giro de 180° en el mapa exportador: el desarrollo del 50% de los recursos disponibles de petróleo y gas generaría más de US$30.000 millones anuales. Esta no es una oportunidad en abstracto, sino una transformación en marcha: en mayo pasado, el 52% del petróleo y 65% del gas fue no convencional. 

Pero este consenso es un punto de partida: quedan muchas cuestiones a abordar cuando hablamos de la explotación de Vaca Muerta. La más urgente: cómo promover las inversiones privadas necesarias para realizar su potencial. Pero no es la única. También es necesario discutir cómo maximizar la renta que captura el Estado, cómo garantizar que su explotación conduzca el bienestar de todos los argentinos, o cómo hacer partícipes a las comunidades aledañas de los beneficios de la actividad, entre otras. Hoy, nos concentramos en una de ellas: ¿qué pasa con el impacto de Vaca Muerta sobre el cambio climático? ¿Debe Argentina explotar sus recursos de petróleo y gas en plena transición energética? 

La respuesta simple es conocida: es hipócrita exigirle a los países en desarrollo que no exploten sus recursos fósiles, mientras Estados Unidos, principal responsable histórico de las emisiones, es actualmente el mayor inversor global en petróleo y gas. Argentina representa menos del 1% de las emisiones globales de dióxido de carbono, tiene serias deudas sociales y más de una década de estancamiento económico. No puede resignar la explotación de recursos que siguen siendo demandados a nivel global. Todo esto es, en rigor, cierto. Sin embargo, adherir al consenso sobre Vaca Muerta no puede llevarnos a anular la pregunta sobre el cambio climático. La transición energética está en marcha y transforma al mundo de forma irreversible. Hay al menos tres temas a tratar en relación con nuestros recursos hidrocarburíferos y el cambio climático. 

1. ¿A dónde destinar los recursos fiscales que genera Vaca Muerta?

Argentina es un país con una inserción internacional fuertemente orientada a los recursos naturales y una riqueza minera e hidrocarburífera subexplotada. Por eso, la discusión sobre cómo lograr que la explotación de nuestros suelos sea una palanca para el desarrollo es central. Una fracción de este debate se centra en la recaudación fiscal, y cómo darle un uso estratégico a la renta que surja de la explotación de los recursos. La lógica indica que, si el recurso es finito, debemos financiar bienes y servicios que contribuyan a sostener el bienestar económico cuando el recurso no esté: obras de infraestructura, inversión en educación, salud, ciencia y tecnología, entre tantas otras. 

Ahora bien, el contexto del cambio climático le agrega una nueva dimensión a esta discusión. El impacto de las sequías, las olas de calor, los incendios, y las inundaciones obligan a los países a hacer grandes enormes inversiones para adaptarse a condiciones adversas. Y esto es caro. Según un cálculo conservador del Ministerio de Ambiente de 2022, la inversión necesaria en adaptación para sólo una de las líneas estratégicas del Plan Nacional de Cambio Climático ascendía a US$118.000 millones. Y sólo si consideramos 19 de las 28 medidas previstas, en solo una de las 6 líneas estratégicas del plan.  

No podemos afirmar hoy de dónde van a salir esos fondos, y el dinero es fungible, por lo que en última instancia será el poder político quien deberá captarlos internacional y nacionalmente. Sin embargo, la cuantía de recursos fiscales asociados a Vaca Muerta y la exportación de GNL —aunque significativamente reducidos en el marco del RIGI— y una inversión —mayormente pública— tan grande y concentrada como la que demanda la adaptación al cambio climático, hacen pensar en la necesidad de unir los puntos y abrir una conversación.

2. ¿Qué pasa con las emisiones de Vaca Muerta y los compromisos climáticos de Argentina?

Argentina tiene compromisos internacionales de reducción de emisiones: prometió no sobrepasar las 349 millones toneladas de CO2 equivalente a 2030. Y hay buenas razones para pensar que el cumplimiento de esta promesa será crecientemente escrutado en el terreno internacional, por ejemplo como condición para acceder a mercados de exportación y a financiamiento. Cabe preguntarse, entonces, en qué medida la explotación de los recursos de Vaca Muerta supone el riesgo de incumplir las promesas climáticas. Argentina emitió en 2020 376 millones toneladas de CO2 equivalente, por lo que la meta parece cumplible. Pero esto es producto fundamentalmente del estancamiento económico: si el PBI crece —y ojalá que así sea, porque sino tendremos otros problemas más graves— el cumplimiento será un desafío.

Detengámonos en una cuestión técnica y normativa. Si el grueso de la explotación incremental de Vaca Muerta es destinada a la exportación, las emisiones producto de la combustión de ese petróleo y gas no serán computadas a nuestro país sino al que los consuma. Esto es así porque los inventarios de gases de efecto invernadero registran las emisiones en los países en donde estas se producen. No obstante, entre el 10 y el 20% de las emisiones de la industria del petróleo y el gas corresponden a la etapa de producción y transporte de los hidrocarburos, las llamadas “emisiones fugitivas”. Eso va a la cuenta del país productor. Por ejemplo, las fugas de metano, la quema en antorchas (flaring) y las emisiones de los equipos de perforación y transporte.

Sobre estas emisiones debemos hablar. Si hay un “boom” de producción en Vaca Muerta, las emisiones fugitivas, que representaron un 5% del total nacional en 2020, podrían aumentar significativamente. Estas emisiones pueden y deben ser mitigadas, ya que el 40% de las iniciativas de descarbonización en la producción son rentables. Sin embargo, esto requiere un compromiso activo por parte de las empresas, los gobiernos subnacionales y el Estado nacional. 

3. ¿Vaca Muerta tiene fecha de vencimiento?

El cambio climático nos exige pensar en mañana, pero también en pasado mañana. En el largo plazo, el sector hidrocarburífero argentino se expone a un riesgo claro: en la medida en que se acelere la transición energética, su negocio se va a achicar. Conforme las tecnologías limpias logren sustituir a los combustibles fósiles, la demanda de petróleo y gas podría reducirse de manera estructural. En este escenario, en donde la demanda entrará en un declive sin retorno, los productores de combustibles fósiles podrían inundar el mercado en la búsqueda de capitalizar sus recursos, generando una caída aún mayor en los precios, quiebras generalizadas y activos varados. 

En el caso del petróleo, este futuro no es tan lejano. Las proyecciones de diferentes agencias sitúan el pico de demanda de petróleo antes de 2030, momento después del cual la demanda comenzará a descender. En el caso del gas, el horizonte temporal es más largo, pero su perspectiva a futuro dependerá de la velocidad que adopte la transición. ¿Cómo se para Vaca Muerta frente a esta amenaza? Si bien los costos de producción son competitivos a nivel global, la mala noticia es que no lo son tanto como aquellos de los países históricamente petroleros, como los de la OPEP. Si estos, preocupados por la caída de la demanda y quedarse con el petróleo bajo tierra, inundan el mercado con sus productos, difícilmente Vaca Muerta pueda competir. Además, a diferencia de los hidrocarburos convencionales, el shale requiere de un flujo continuo de inversión para producir, por lo que el costo de salida es bajo: si una empresa decide retirarse del negocio, deja poco capital hundido. Esto hace a Vaca Muerta muy sensible a un eventual cambio estructural de demanda. 

¿Durante cuánto tiempo podremos explotar petróleo? ¿Qué inversiones vale la pena hacer y cuáles no? En el caso particular del GNL, ¿estamos a tiempo? ¿Qué costo del GNL necesitamos para ser rentables y amortizar las inversiones, y durante cuánto tiempo? En muchos de los casos, será el sector privado el que deberá hacer sus cálculos, tomar decisiones y afrontar los riesgos frente a sus accionistas. Sin embargo, en aquellos en donde sea el Estado quien invierta, ¿cómo evaluará estos riesgos? Y, dado el enorme rol que juegan en los ingresos fiscales nacionales y provinciales estos recursos, ¿está planificando su adaptación a este futuro post fósil? Muchas preguntas quedan en el aire. 

Las luces del futuro promisorio que Vaca Muerta augura para Argentina no deben encandilarnos. El cambio climático se hace sentir cada vez más, la transición energética avanza a pasos acelerados, y urge pensar más allá del optimismo. 

¿Cómo tienen que cambiar los países y las personas para atravesar la crisis ambiental? Esta pregunta estructura el gran desafío que enfrenta la humanidad en el siglo que corre. Y esa pregunta son muchas preguntas juntas, sobre el cambio climático, la transición energética y la pérdida de biodiversidad, pero también sobre el impacto de las nuevas tecnologías, barreras ambientales al comercio y reglas de mercado. Más cerca, más inmediatas, aparecen las preguntas sobre el lugar que tiene que ocupar nuestro país en este concurso de esfuerzos: ¿cómo conciliar Vaca Muerta y la minería con los impactos socioambientales que genera su explotación? ¿Qué papel juega el federalismo en la gestión de recursos naturales? ¿De qué forma financiamos la adaptación a los impactos de las sequías, inundaciones y olas de calor? Por eso, debemos hacer el esfuerzo de ensayar posibles respuestas y de ecualizar las voces en juego. Sobre todo, si tantas cosas nos hacen ruido cuando se habla de ambiente en el debate público. 

Nos hace ruido la insularidad del ambiente como tema. Que se presente la crisis ambiental como una problemática aislada, reservada únicamente a la pericia de los expertos y especialistas. Desde ya no es su culpa: no ha habido oídos atentos por parte de los actores económicos y políticos para escuchar lo que se viene alertando: que lo ambiental impacta sobre nuestra calidad de vida diaria, nuestras decisiones, nuestra economía e infraestructura. Que será determinante en el devenir futuro de todos los países en el mundo, y especialmente en países como Argentina, ricos en recursos naturales, vulnerables a los impactos del cambio climático, y sin un sendero claro en el camino hacia el desarrollo.

Cuando discutimos sobre la explotación de litio o de cualquier mineral estrella del siglo XXI, tenemos que discutir sobre cómo la explotación de un recurso redunda en una vida mejor para la comunidad, para la provincia y para el país. Cuando pensamos cómo abordar el problema de la deforestación, se juega no sólo el impacto sobre personas y ecosistemas, sino también la inserción de nuestras exportaciones agropecuarias en mercados cada vez más exigentes en estándares ambientales. Cuando se planifica una obra de infraestructura con fondos públicos, debemos analizar cómo impactará sobre ella el cambio climático, y si esta ayuda u obstaculiza hacer frente a esas consecuencias. Para identificar estos y otros cruces entre ambiente y desarrollo, queremos hacer esta columna.

Nos hace ruido que al hablar de ambiente se haga hincapié sólo en la denuncia. La denuncia es necesaria, y muchas veces es efectiva en llamar la atención y movilizarnos, pero no es suficiente. Sí, la situación es dramática y sí, se puede enumerar diariamente un dato sobre la inminencia de alguna catástrofe, pero la evidencia no hace que las decisiones a tomar sean autoevidentes. El litigio sobre la verdad o no de una evidencia se resuelve finalmente en nuestra capacidad de poner en práctica políticas capaces de ir en una dirección distinta a lo que indica esa evidencia. Sí, los principales responsables del estado de cosas actuales son las potencias mundiales que protagonizaron la Revolución Industrial y contaminaron los suelos y los cielos. Y también sí, deberían llevar la principal carga de enmendar esta situación. Jugamos con las cartas marcadas, en un juego donde no pusimos las reglas. Es necesario decirlo, pero con decirlo no basta. Para que la denuncia se nutra de política pública, o las políticas públicas se nutran de la denuncia, hacemos esta columna. 

Nos hace (mucho) ruido la coyuntura política. Cualquiera de las razones anteriores se podía esbozar antes del 10 de diciembre del año pasado. A esas razones, ya contundentes para escribir esta columna, sumamos una más: la llegada de un negacionista del cambio climático y de la agenda 2030 al poder en nuestro país. Como se ha dicho, su victoria es un testimonio más de la enorme decepción de la sociedad para con la política y el Estado, herramientas irremplazables para hacerle frente al desafío de la crisis ambiental y a tantos otros que tiene nuestro país por delante. Por ahora, en poco más de medio año, vemos la degradación de los organismos públicos nacionales vinculados al ambiente y el intento de modificar normativas clave para la sostenibilidad ambiental, como la Ley de Bosques. De proseguir en este camino, los impactos del gobierno de Milei sobre la la agenda ambiental serán de largo alcance, años valiosos perdidos en una carrera contra el tiempo. Hay, como no podía ser de otra manera, resistencias activas. En la política y en la sociedad civil. Resistencias que hay que alimentar y que hay que llevar al conjunto de la sociedad, para que dejen de ser resistencias y sean agenda. Para que la crisis ambiental sea una de las claves cuando se decide un voto. Como no lo fue en la pasada elección. 

Uno, dos, tres ruidos y van. Por eso, queremos comunicar de manera clara y propositiva los temas vinculados al ambiente como universo ampliado. Lejos del nicho, cerca de la antena. De hacer nuestro aporte a que se vuelvan habituales en el debate público. De construir un vocabulario común para el momento que atravesamos: conceptos nuevos para una realidad movediza. Informar no basta aquí: es necesario aprender a difundir. Para esto también, vamos a hacer Ruido Ambiente, la columna verde de Fundar para elDiarioAR. Sale los miércoles, cada 15 días.

Shipra Narang Suri nació en Nueva Delhi hace 48 años, pero vive en Nairobi (Kenya) como jefa de Prácticas Urbanas de ONU-Hábitat, el programa de Naciones Unidas para los asentamientos urbanos. Narang es urbanista y se pasó más de 20 días en España de gira para intentar dar visibilidad a cómo las ciudades pueden bajar a la realidad los grandes titulares que atañen a las urbes del presente y el futuro, además de su valor como palanca para impulsar la famosa Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible. “Explotamos los recursos naturales mucho más de lo que deberíamos”, es un poco su resumen.

Narang Suri atiende a elDiario.es poco antes de terminar su periplo y antes de subirse a un avión de vuelta a África. “Voy a tener un día para visitar algo, pero el hogar está donde están los hijos y los míos están en Nairobi”, sentencia antes de meterse de lleno a analizar cuáles son los retos de unas ciudades que son la casa de cada vez más personas: “Es un proceso imparable e irreversible”.

¿Qué elementos debe tener –y deberá tener en cinco años– una ciudad sostenible?

El reto está en que consumimos mucho más de lo que es sostenible. Que nuestros sistemas de producción no están alineados con la sostenibilidad y nuestros sistemas económicos son, fundamentalmente, desiguales y excluyentes en lugar de inclusivos. Explotamos los recursos naturales y los ecosistemas más de lo que deberíamos. Así que la definición clásica de sostenibilidad aún es válida ahora.

Las ciudades son, pues, un campo crucial en este juego.

Son un factor importantísimo cuando se habla de sostenibilidad porque el 50% de la población vive en ciudades y será el 70% en 2050. Los parámetros de la sostenibilidad serán centrales: sistemas energéticos, sistemas para obtener alimentos, la protección social en las ciudades, la educación, el clima, la biodiversidad... todos estos aspectos serán críticos.

¿Para qué acuden las personas a las ciudades? En busca de una oportunidad, de mejores servicios, mejor calidad de vida porque están escapando de algo. La urbanización de la sociedad es imparable e irreversible

¿Considera, entonces, que podría ser una buena estrategia ralentizar el crecimiento de las ciudades?

No creo que sea cuestión de ralentizar ese crecimiento porque ¿eso cómo lo haces? ¿Para qué acuden las personas a las ciudades? En busca de una oportunidad, de mejores servicios, mejor calidad de vida... porque perciben que sus hijos e hijas tendrán mejores oportunidades, un trabajo mejor, mejor sanidad, mejores escuelas. Vienen a las ciudades porque están escapando de algo: el cambio climático, desastres naturales, conflictos y guerras. Existen factores que atraen y que repelen en las ciudades, pero la urbanización de la sociedad es imparable e irreversible.

Lo más sabio es afrontar el problema.

Sería más prudente enfocar nuestra atención en qué tipo de urbanización vamos a hacer. En cómo manejar esa urbanización mejor. Está claro que la llegada de población genera estrés en los servicios y las infraestructuras, pero la solución no consiste en poner una barricada para dejar afuera a las personas, sino proporcionando mejores viviendas, mejores servicios, espacios públicos, movilidad y transporte.

Usted dice que para hacer esto hay que realizar un enfoque regional. ¿En qué sentido?

Por ejemplo, aquí. No se trata solo de la ciudad de Madrid, sino del territorio que lo rodea también: las ciudades más pequeñas, incluso las comunidades rurales fuera de Madrid. Desarrollarlas en armonía. Que todo funcione como un sistema porque solo así funciona para todos. No todo el mundo quiere vivir en una gran ciudad, quieren vivir en una ciudad pequeña, pero también quieren que los servicios funcionen. Es fundamental mirarlo como un sistema.

La llegada de población pone estrés en los servicios y las infraestructuras, pero la solución no viene poniendo una barricada para dejar afuera a las personas, sino proporcionando mejores viviendas, servicios, espacios públicos, movilidad y transporte

¿Existe una relación entre tamaño de ciudad y calidad de vida?

No hay una correlación en el sentido ciudad grande peor y ciudad más pequeña mejor. Eso no funciona así porque, además, el contexto es diferente: lo que en India es una ciudad pequeña no vale para una ciudad pequeña en España. No puedes comparar así. Lo que sí vemos es que, en ciudades de gran tamaño, si se desarrollan de manera que en sus barrios los vecinos pueden encontrar todos los servicios que necesitan con un viaje de 20 minutos, ciudades como Madrid o Londres o Mumbai pueden tener buena calidad.

Un multidesarrollo...

Si no estás obligado a desplazarte dos horas para llegar el trabajo, dejar a los hijos en el colegio o hacer la compra, sino que todo eso está en un radio de 15 o 20 minutos, entonces esas ciudades son las que tienen la mejor calidad de vida.

Eso es, básicamente, lo que se llama ahora 'ciudades de los 15 minutos'...

No deberíamos dejarnos atrapar por las palabras. La frase 'ciudad de los 15 minutos' ha generado todo tipo de reacciones. No se trata de ponerle un nombre sino del concepto: puedo acceder fácilmente a los servicios que necesito. Deberíamos poder dejar a los hijos en la escuela, ir a comer, recogerlos, hacer las compras y, a lo mejor, correr en el parque. Y lo crucial no es si es exactamente en 15 o 30 minutos.

Muchas ciudades están al servicio de los coches, no de los ciudadanos

Por lo que el desplazamiento y el sistema de transporte son puntos claves para una ciudad sostenible y con calidad de vida.

Debería ser casi el punto más importante sobre el que se enfocara la planificación de las ciudades. Muchas están al servicio de los autos en lugar de los ciudadanos. El desarrollo urbano pensado alrededor del tránsito consiste, básicamente, en diseñar el uso del espacio y el transporte integradamente de manera que, por un lado, reduzcas la necesidad de utilizar el auto y desplazarte grandes distancias, y por otro, ofrezcas buenas opciones de transporte público. Y, además, exista la posibilidad de transporte activo para cambiar el auto, el autobús o el metro por caminar o montar en bicicleta. Donde han hecho esto, las ciudades han resuelto muchos problemas al mismo tiempo.

¿Me da algunos ejemplos?

Las ciudades neerlandesas. Muchas personas pedalean o caminan al trabajo. Ámsterdam solía estar llena de autos hace más de 35 años y ahora ha cambiado completamente y la mayoría de desplazamientos son en bicicleta. Pero hay una regla fundamental para conseguir esto: dónde se pone el dinero y la inversión pública. Eso marca la diferencia. Si lo pones en una autovía, estás promoviendo que se conduzca. Si lo pones en transporte público, alentamos esa opción.

Cuando he aterrizado en Ginebra, antes de llegar a la ciudad, el hotel me había remitido una tarjeta de transporte público, así que no tenía ninguna motivación para ir en taxi. Podía tomar el metro o el tranvía sin preocuparme por los billetes

Le pongo otro ejemplo: cuando he aterrizado en Ginebra, antes de llegar a la ciudad, el hotel me había remitido una tarjeta de transporte público, así que no tenía ninguna motivación para ir en taxi. Podía tomar el metro o el tranvía, subir, bajar... sin preocuparme por los billetes o por tener cambio. Se trata de que las políticas públicas que se adopten puedan empujar a la gente en la dirección adecuada. Y lo que necesitas para eso es voluntad, creatividad y una sólida inversión pública. El sector de transporte necesita todo eso.

¿Ve muy importante hacer las ciudades más verdes?

Definitivamente. Menos autos y más árboles significa más felicidad. Reverdecer ciudades es un asunto crucial por muchas razones. Hace unos días estuve en Donostia y recordaba al estar allí que la había visitado antes de la pandemia de covid, cuando estaban reformando una plaza del centro a base de eliminar piedra y plantar árboles porque la plaza no tenía árboles entonces. Era bonita, pero no tenía árboles, así que ¿dónde podía descansar una persona? ¿O una madre con sus hijos? ¿Cómo puedes animar a las personas a que caminen o utilicen un espacio público? Dándoles sombra.

Ustedes mencionan todo el rato las soluciones basadas en la naturaleza para adaptar las ciudades al cambio climático.

Esos mismos árboles, esa sombra, también decrecen el efecto isla de calor de las ciudades. Hacen que pueda caminarse incluso si el día es caluroso porque pueden hacerse descansos. Limpian el aire... así que hacer las urbes más verdes es una de esas cosas que tienen múltiples beneficios.

Además, hay que conectar espacios verdes y azules [láminas de agua urbanas] para hacer las ciudades más resilientes, por ejemplo, ante una inundación o la subida del nivel del mar. Cuando se produce un exceso de agua, puede absorberse si existe una trampa verde que, normalmente, va a ser un parque público o un bosque urbano...

Con todo, se trata de reverdecer de manera igualitaria.

Otra de las cosas que hacemos en ONU-Hábitat es mapear los espacios abiertos y verdes que hay en ciudades concretas porque no se trata de decir: 'Tenemos el 15% de la ciudad con espacios verdes'. ¿Dónde están esos espacios? ¿Se trata de un bosque en el límite de la ciudad o están distribuidos por todos los barrios? Y eso marca una gran diferencia.

¿Adaptar las ciudades al cambio climático debería ser una prioridad para los gobiernos locales?

Absolutamente. Y en todas las partes, porque los gobiernos locales están en primera línea de cualquier crisis. ¿Quiénes son los primeros en responder cuando golpea una ola de calor o una inundación? Los gobiernos locales están en el frente, por lo que crear resiliencia ante estos problemas debería estar en la parte más alta de su agenda.

¿Los ve conscientes de ello?

Son mucho más sensibles de lo que creemos. Son muy conscientes de que tienen que cambiar cómo son sus ciudades, pero veo que muchos de ellos tienen el problema de estar atrapados en inversiones y patrones de uso del espacio y las infraestructuras que hacen que no se vean capaces de cambiar sin grandes costes y polémicas.

Es complicado que miren a largo plazo...

¡Las inversiones en infraestructuras te comprometen durante 50 o 100 años! Es muy difícil. En Seúl (Corea) desmantelaron una autovía y restauraron la ribera de un río en su lugar y han sido muy valientes al hacerlo. No es fácil eliminar una infraestructura que los propios ciudadanos consideran crítica y darles, a cambio, una visión diferente. Les llevó entre cinco y siete años hacerlo y con la gente criticando y protestando contra el gobierno local. Pero ahora es gigantesco el número de personas que utilizan la nueva infraestructura y hay un alto grado de satisfacción con esa decisión.

A lo mejor un gobierno pierde su trabajo, pero la realidad es que hace falta valentía política para hacer cosas a largo plazo, incluso a riesgo de una pérdida en el corto plazo. Debes tener el coraje de hacer lo que es correcto

A lo mejor un gobierno pierde su trabajo, pero la realidad es que hace falta valentía política para hacer cosas a largo plazo, incluso a riesgo de una pérdida en el corto plazo. Pero debes tener el coraje de hacer lo que es correcto y saber que el beneficio llegará en siete años. Mire lo que han hecho en París. En los próximos Juegos Olímpicos pretenden llevar competiciones de natación al Sena... ¿podría haberlo imaginado hace cinco años?

Y además de valentía, ¿qué más hace falta para ese cambio?

Mejor planificación y mejores sistemas de información. Necesitas que las políticas públicas estén bien financiadas y utilizar todo lo que puedas esas soluciones basadas en la naturaleza. Hay que mirar con, al menos, cinco años de antelación. Las proyecciones deben cambiar porque la inundación que antes te llegaba cada diez años ahora va a ser cada cinco años.

También es necesario acumular mejores datos para comprender qué partes de la ciudad son más vulnerables, qué población es más vulnerable: los discapacitados, los migrantes, los niños, las personas sin hogar... estos son los más expuestos porque pierden sus modos de vida cuando se produce un desastre y nadie es consciente de ello. Y si un gobierno local puede proteger a los más vulnerables, puede proteger a todo el mundo.

Los casos de Seúl o de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, que ha mencionado, son una manera de demostrar que hay alternativas, otras maneras de hacer las cosas, ¿no?

Por supuesto. Debemos usarlos como ejemplos e inspiración. Hay riesgos a la hora de tomar esas decisiones, pero pueden gestionarse. Hidalgo es un ejemplo, pero hay más alcaldes así. Por otro lado, hay que tener en cuenta que los ciudadanos en todas partes son cada vez más conscientes de que estos asuntos son críticos. La calidad de vida, la calidad del aire y el agua, la contaminación... por lo que los gobiernos locales van a tener que construir alianzas con la sociedad civil y otros niveles de gobierno. Allí donde los ayuntamientos han construido estas coaliciones han sido capaces de hacer lo que era correcto y mitigar ese riesgo político.

En España el acceso a la vivienda es un problema, pero además es uno de los asuntos primordiales a la hora de afrontar la crisis climática.

La vivienda es un tema central para adaptarse y mitigar el cambio climático. Los edificios son una de las fuentes más importantes de emisiones de gases de efecto invernadero, pero cuando llegan los desastres naturales que provoca ese cambio, los primeros que se ven afectados por esos desastres son los que no tienen una casa en condiciones. Calculamos que unos 1.000 millones de personas viven en barrios marginales de algún tipo, otros mil millones en casas inadecuadas y más de 350 millones no tienen hogar. Finlandia es el único país del mundo que ha solventado esto y no es una broma.

¿Cómo?

Con un programa que se llama 'La casa primero'. Se proporciona una vivienda en primer lugar y a partir de ahí se ligan los servicios a esa casa: la salud mental, protección social, apoyo al empleo... porque es muy complicado acceder a esos servicios si no tienes una dirección. Por ejemplo, la oficina de desempleo te pregunta: ¿dónde vives? Y si tienes que decir en la puerta de un McDonald's o en ese banco del parque o en en la pequeña entrada del Banco de España... eso no es una dirección. Finlandia ha roto ese círculo vicioso al colocar a las personas en una casa. Ese es el enfoque que hace falta.

¿Considera que los responsables de las ciudades saben lo importantes que son para combatir la crisis climática?

Sí, sí. La cuestión es si los gobiernos nacionales son conscientes de lo importante que son las ciudades. Me temo que la respuesta no es satisfactoria: los hay que sí y los hay que no. Si los gobiernos nacionales fueran conscientes de lo que tienen que aportar las ciudades si realizan las inversiones adecuadas, las políticas adecuadas, deberían estar haciendo algo más para ayudarles y trabajar mano a mano.

Una pregunta algo diferente: ¿Cree que en algunas ciudades se están despertando del sueño de la gallina de los huevos de oro que supone el crecimiento sostenido del turismo por el peligro de 'gentrificar' sus barrios y expulsar a los habitantes?

Tenemos que afrontar este asunto en el contexto de procurar vivienda adecuada y equitativa. Todo lo que esté llevando el precio de la vivienda más allá de la capacidad de los ciudadanos debe ser visto críticamente. Sin embargo, el turismo supone unos ingresos importantes para muchos países, no podemos perder de vista que eso es una contribución importante para la economía. Y si es significativo, ¿cómo vas a negarlo? Así que sí, es un desafío.

Tiene que hallarse un equilibrio entre las necesidades de los que viven y trabajan en las ciudades y aquellos que hacen las prestaciones para los visitantes y aún no disponemos de un mantra para solventar eso. Pero, en todo caso, el derecho a una vivienda adecuada es nuestra base y asegurar ese derecho es la prioridad número uno. A partir de ahí podemos hablar de cualquier otra cosa.

El candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, negó este domingo en el segundo debate de candidatos presidenciales para las elecciones del 22 de octubre no creer en el cambio climático en respuesta a una pregunta de Miryam Bregman en el marco del tópico que tenía a la protección del medio ambiente como protagonista. Sí el candidato libertario opinó que el calentamiento global se debe a “ciclos naturales que experimenta la Tierra” y que “no tienen nada que ver la actividad humana”.

También Milei afirmó que si llega al gobierno no va a adherir a los objetivos de la ONU para el desarrollo sostenible. “No vamos a adherir a la agenda 2030. Nosotros no adherimos al marxismo cultural”, expresó. Y remarcó que “las políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas y sólo buscan recaudar fondos”.

Pero, ¿qué es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible?

Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es el documento (A/RES/69-315) que se aprobó en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible realizada en Nueva York en septiembre de 2015.

Los Estados Nacionales miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobaron en dicho documento 17 Objetivos y 169 Metas que deberán ser cumplidos de aquí al 2030.

El proceso por el cual los Estados miembros establecieron esta agenda implicó una serie de consultas al sector empresarial, las organizaciones de la sociedad civil y expertos de organismos internacionales y Naciones Unidas.

Los temas implicados en estos Objetivos y metas apuntan a erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria; garantizar una vida sana y una educación de calidad; lograr la igualdad de género; asegurar el acceso al agua y la energía sustentable; promover el crecimiento económico sostenido; adoptar medidas urgentes contra el cambio climático; promover la paz; facilitar el acceso a la justicia y fortalecer una alianza mundial para el desarrollo sostenible.

Esta iniciativa, que instala la vinculación de la sostenibilidad ambiental con la inclusión social y atención de las necesidades de los más vulnerables, entró en vigencia el 1 de enero del 2016.

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 metas retoman las lecciones aprendidas con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y se proponen dar cuenta de los desafíos pendientes.

Estos objetivos integran todas las dimensiones del desarrollo sostenible: la económica, la ambiental y la social y se basan en un enfoque de derechos con su carácter de integralidad.

Su naturaleza global de aplicación y su universalidad involucra a países de desarrollo y capacidad diferentes y promueve el respeto de las políticas y prioridades nacionales.

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible buscan erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda 2030. Cada objetivo tiene metas específicas que la Argentina aplicará dependiendo de su realidad económica, social y ambiental.

OBJETIVO 1: PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS EN TODO EL MUNDO

La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos. Entre sus manifestaciones se incluyen el hambre y la malnutrición, el acceso limitado a la educación y a otros servicios básicos, la discriminación y la exclusión sociales y la falta de participación en la adopción de decisiones. El crecimiento económico debe ser inclusivo con el fin de crear empleos sostenibles y promover la igualdad.

1.1) Erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema.

1.2) Reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.

1.3) Implementar a nivel nacional sistemas y medidas de protección social, incluidos niveles mínimos, y lograr una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables.

1.4) Garantizar que todos los hombres y mujeres, tengan los mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes.

1.5) Fomentar la resiliencia en las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y reducir su exposición a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras perturbaciones.

OBJETIVO 2: PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE

El sector alimentario y el sector agrícola ofrecen soluciones claves para el desarrollo y son vitales para la eliminación del hambre y la pobreza. A través de la agricultura y la silvicultura podemos suministrar comida nutritiva para todos y generar ingresos decentes. Argentina cuenta con suelos prósperos, bosques y biodiversidad, pero estos están siendo rápidamente degradados. El cambio climático está poniendo mayor presión sobre los recursos de los que dependemos y aumentan los riesgos asociados a desastres tales como sequías e inundaciones.

2.1) Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.

2.2) Poner fin a todas las formas de malnutrición logrando, en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad.

2.3) Duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, insumos de producción y a los conocimientos, los servicios financieros, los mercados y obtener empleos no agrícolas.

2.4) Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático.

2.5) Mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales de granja especies silvestres, mediante una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional e internacional.

OBJETIVO 3: GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR PARA TODOS EN TODAS LAS EDADES

Para lograr el desarrollo sostenible es fundamental garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos a cualquier edad. Se han obtenido grandes progresos en relación con el aumento de la esperanza de vida y la reducción de algunas de las causas de muerte más comunes relacionadas con la mortalidad infantil y materna. El acceso al agua limpia y el saneamiento llevaron a la reducción de la malaria, la tuberculosis, la poliomielitis y la propagación del VIH/SIDA. Sin embargo, se necesitan muchas más iniciativas para erradicar por completo una amplia gama de enfermedades y hacer frente a numerosas y variadas cuestiones persistentes y emergentes relativas a la salud.

3.1) Reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos.

3.2) Poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal y la mortalidad de los niños menores de 5 años.

3.3) Poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles.

3.4) Reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar.

3.5) Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol.

3.6) Reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo.

3.7) Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales.

3.8) Lograr la cobertura sanitaria universal, el acceso a servicios de salud esencial de calidad, y a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos.

3.9) Reducir considerablemente el número de muertes y enfermedades causadas por productos químicos peligrosos y por la polución y contaminación del aire, el agua y el suelo.

OBJETIVO 4: GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD, Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODOS

La consecución de una educación de calidad es la base para mejorar la vida de las personas y el desarrollo sostenible. Incrementar las tasas de escolarización en las escuelas y el nivel mínimo de alfabetización, mejorar el acceso a la educación en todos los niveles y lograr la igualdad entre niños y niñas en la educación primaria, son las metas para garantizar una educación inclusiva y de calidad.

4.1) Asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos.

4.2) Asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria.

4.3) Asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.

4.4) Aumentar el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.

4.5) Eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad.

4.6) Asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética.

4.7) Asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles.

OBJETIVO 5: LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNEROS Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y NIÑAS

La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Si se facilita a las mujeres y niñas igualdad en el acceso a la educación, atención médica, un trabajo decente y representación en los procesos de adopción de decisiones políticas y económicas, se impulsarán las economías sostenibles y se beneficiará a las sociedades y a la humanidad en su conjunto.

5.1) Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.

5.2) Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en el ámbito público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.

5.3) Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina.

5.4) Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia.

5.5) Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.

5.6) Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing.

OBJETIVO 6: GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS

El agua libre de impurezas y accesible para todos es parte esencial del mundo en que queremos vivir. Hay suficiente agua dulce en el planeta para lograr este ideal.

La escasez de recursos hídricos, la mala calidad del agua y el saneamiento inadecuado influyen negativamente en la seguridad alimentaria y la salud. La sequía afecta a algunos de los países más pobres del mundo, recrudece el hambre y la desnutrición. Para 2050, al menos una de cada cuatro personas probablemente viva en un país afectado por escasez crónica y reiterada de agua dulce.

6.1) Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos.

6.2) Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad.

6.3) Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos, reduciendo el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial.

6.4) Aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir el número de personas que sufren falta de agua.

6.5) Implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza.

6.6) Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.

OBJETIVO 7: GARANTIZAR EL ACCESO A UNA ENERGÍA ASEQUIBLE, SEGURA, SOSTENIBLE Y MODERNA PARA TODOS

El acceso a la energía para todos es esencial para casi todos los grandes desafíos con respecto a los empleos, la seguridad, el cambio climático, la producción de alimentos y el aumento de los ingresos. La energía sostenible es una oportunidad que transforma vidas, economías y el medio ambiente; puede asegurar el acceso universal a los servicios de energía modernos, mejorar el rendimiento y aumentar el uso de fuentes renovables.

7.1) Garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos.

7.2) Aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.

7.3) Duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.

OBJETIVO 8: PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE; EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS

La continua falta de oportunidades de trabajo decente, la insuficiente inversión y el bajo consumo producen una erosión del contrato social básico subyacente en las sociedades democráticas: el derecho de todos a compartir el progreso. La creación de empleos de calidad seguirá constituyendo un gran desafío para casi todas las economías más allá de 2015.

Para conseguir el desarrollo económico sostenible, las sociedades deberán crear las condiciones necesarias para que las personas accedan a empleos de calidad, estimulando la economía sin dañar el medio ambiente. También tendrá que haber oportunidades laborales para toda la población en edad de trabajar, con condiciones de trabajo decentes.

8.1) Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7% anual en los países menos adelantados.

8.2) Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra.

8.3) Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros.

8.4) Mejorar progresivamente, la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles.

8.5) Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

8.6) De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.

8.7) Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.

8.8) Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios.

8.9) Elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.

8.10) Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos.

OBJETIVO 9: CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN

Las inversiones en infraestructura (transporte, riego, energía y tecnología de la información y las comunicaciones) son fundamentales para lograr el desarrollo sostenible y empoderar a las comunidades en numerosos países. Desde hace tiempo se reconoce que, para conseguir un incremento de la productividad, de los ingresos y mejoras en los resultados sanitarios y educativos, se necesitan inversiones en infraestructura.

El ritmo de crecimiento y urbanización también está generando la necesidad de contar con nuevas inversiones en infraestructuras sostenibles que permitirán a las ciudades ser más resistentes al cambio climático e impulsar el crecimiento económico y la estabilidad social.

9.1) Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo hincapié en el acceso equitativo para todos.

9.2) Promover una industrialización inclusiva y sostenible y aumentar significativamente la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos adelantados.

9.3) Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los mercados.

9.4) Modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas.

9.5) Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente.

OBJETIVO 10: REDUCIR LA DESIGUALDAD EN Y ENTRE LOS PAÍSES

La comunidad internacional ha logrado grandes avances sacando a las personas de la pobreza. Las naciones más vulnerables –los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo– continúan avanzando en el ámbito de la reducción de la pobreza. Sin embargo, siguen existiendo desigualdades y grandes disparidades en el acceso a los servicios sanitarios y educativos y a otros bienes productivos.

Dentro de los propios países –Argentina uno de ellos- ha aumentado la desigualdad. Existe un consenso cada vez mayor de que el crecimiento económico no es suficiente para reducir la pobreza si este no es inclusivo ni tiene en cuenta las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental.

10.1) Lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional.

10.2) Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.

10.3) Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

10.4) Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.

10.5) Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros mundiales y fortalecer la aplicación de esos reglamentos.

10.6) Asegurar una mayor representación e intervención de los países en desarrollo en las decisiones adoptadas por las instituciones económicas y financieras internacionales para aumentar la eficacia, fiabilidad, rendición de cuentas y legitimidad de esas instituciones.

10.7) Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas.

OBJETIVO 11: LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES

Los problemas que enfrentan las ciudades se pueden vencer de manera que les permita seguir prosperando y creciendo, y al mismo tiempo aprovechar mejor los recursos y reducir la contaminación y la pobreza. El futuro que queremos incluye a ciudades de oportunidades con acceso a servicios básicos, energía, vivienda, transporte y más facilidades para todos.

11.1) Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.

11.2) Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, mediante la ampliación del transporte público, prestando atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad.

11.3) Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.

11.4) Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo.

11.5) Reducir el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de las personas en situaciones de vulnerabilidad.

11.6) Reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.

11.7) Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.

OBJETIVO 12: GARANTIZAR MODALIDADES DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLES

El objetivo del consumo y la producción sostenibles es hacer más y mejores cosas con menos recursos, incrementando las ganancias netas de bienestar de las actividades económicas mediante la reducción de la utilización de los recursos, la degradación y la contaminación durante todo el ciclo de vida, logrando al mismo tiempo una mejor calidad de vida. En ese proceso participan diversos actores como las empresas, consumidores, encargados de la formulación de políticas, investigadores, científicos, minoristas, medios de comunicación y organismos de cooperación para el desarrollo.

12.1) Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, con la participación de todos los países y bajo el liderazgo de los países desarrollados, teniendo en cuenta el grado de desarrollo y las capacidades de los países en desarrollo.

12.2) Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.

12.3) Reducir a la mitad el desperdicio de alimentos mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha.

12.4) De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente.

12.5) Reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización.

12.6) Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes.

12.7) Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales.

12.8) Asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.

OBJETIVO 13: ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS

Las personas viven en su propia piel las consecuencias del cambio climático. Estos incluyen cambios en los patrones climáticos, el aumento del nivel del mar y los fenómenos meteorológicos más extremos.

Las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por las actividades humanas hacen que esta amenaza aumente. De hecho, las emisiones nunca habían sido tan altas. Si no actuamos, la temperatura media de la superficie del mundo podría aumentar unos 3 grados centígrados este siglo y en algunas zonas del planeta podría ser todavía peor. Las personas más pobres y vulnerables serán los más perjudicados.

13.1) Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.

13.2) Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales.

13.3) Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

OBJETIVO 14: CONSERVAR Y UTILIZAR EN FORMA SOSTENIBLE LOS OCÉÁNOS, LOS MARES Y LOS RECURSOS MARINOS PARA EL DESARROLLO

Los océanos del mundo – su temperatura, química, corrientes y vida – mueven sistemas mundiales que hacen que la Tierra sea habitable para la humanidad.

Nuestras precipitaciones, el agua potable, el clima, el tiempo, las costas, gran parte de nuestros alimentos e incluso el oxígeno del aire que respiramos provienen del mar y son regulados por este. Históricamente, los océanos y los mares han sido cauces vitales del comercio y el transporte. La gestión prudente de este recurso mundial esencial es una característica clave del futuro sostenible.

14.1) De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, en particular la producida por actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y la polución por nutrientes.

14.2) De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos a fin de restablecer la salud y la productividad de los océanos.

14.3) Minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los océanos, incluso mediante una mayor cooperación científica a todos los niveles.

14.4) De aquí a 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y las prácticas pesqueras destructivas, y aplicar planes de gestión con fundamento científico a fin de restablecer las poblaciones de peces en el plazo más breve posible.

14.5) De aquí a 2020, conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas, de conformidad con las leyes nacionales y el derecho internacional y sobre la base de la mejor información científica disponible.

14.6) De aquí a 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la sobrecapacidad y la pesca excesiva, eliminar las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y abstenerse de introducir nuevas subvenciones de esa índole.

14.7) Aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados obtienen del uso sostenible de los recursos marinos, en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo.

OBJETIVO 15: PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y FRENAR LA PÉRDIDA DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Los bosques, además de proporcionar seguridad alimentaria y refugio, son fundamentales para combatir el cambio climático, ya que protegen la diversidad biológica y las viviendas de la población indígena. Cada año desaparecen 13 millones de hectáreas de bosque y la degradación persistente de las zonas áridas ha provocado la desertificación de 3.600 millones de hectáreas.

La deforestación y la desertificación –provocadas por las actividades humanas y el cambio climático– suponen grandes retos para el desarrollo sostenible y han afectado a las vidas y los medios de vida de millones de personas en la lucha contra la pobreza.

15.1) De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales.

15.2) De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques degradados y aumentar considerablemente la forestación y la reforestación a nivel mundial.

15.3) Luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con efecto neutro en la degradación del suelo.

15.4) Asegurar la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible.

15.5) Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de biodiversidad y, de aquí a 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción.

15.6) Promover la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos, según lo convenido internacionalmente.

15.7) Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora y fauna y abordar tanto la demanda como la oferta de productos ilegales de flora y fauna silvestres.

15.8) De aquí a 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y reducir significativamente sus efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos y controlar o erradicar las especies prioritarias.

15.9) De aquí a 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la biodiversidad en la planificación, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad nacionales y locales.

OBJETIVO 16: PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CREAR INSTITUCIONES EFICACES, RESPONSABLES E INCLUSIVAS A TODOS LOS NIVELES

El acceso a la justicia para todos y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles de la comunidad son condiciones indispensables para la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible.

16.1) Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.

16.2) Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños.

16.3) Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

16.4) Reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada.

16.5) Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.

16.6) Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

16.7) Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.

16.8) Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial.

16.9) Proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos.

16.10) Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.

OBJETIVO 17: FORTALECER LOS MEDIOS DE EJECUCIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Para que una agenda de desarrollo sostenible sea eficaz se necesitan alianzas entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Estas alianzas inclusivas se construyen sobre la base de principios y valores, una visión compartida y objetivos comunes que otorgan prioridad a las personas y al planeta, y son necesarias a nivel mundial, regional, nacional y local.

Entre estos sectores figuran la. El sector público deberá establecer una orientación clara con respecto a la inversión en energía sostenible, la infraestructura y el transporte, así como las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Deben reformularse los marcos de examen y vigilancia, los reglamentos y las estructuras de incentivos que facilitan esas inversiones a fin de atraer inversiones y fortalecer el desarrollo sostenible. También deben fortalecerse los mecanismos nacionales de vigilancia, en particular las instituciones superiores de auditoría y la función de fiscalización que corresponde al poder legislativo.

Finanzas

17.1) Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole.

17.2) Velar por que los países desarrollados cumplan plenamente sus compromisos en relación con la asistencia oficial para el desarrollo, incluido el compromiso de numerosos países desarrollados, se alienta a los proveedores de asistencia oficial para el desarrollo a que consideren la posibilidad de fijar una meta para destinar al menos el 0,20% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países menos adelantados.

17.3) Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para los países en desarrollo.

17.4) Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda, y hacer frente a la deuda externa de los países pobres muy endeudados a fin de reducir el endeudamiento excesivo.

17.5) Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países menos adelantados.

Tecnología

17.6) Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación y aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones mutuamente convenidas, mejorando la coordinación entre los mecanismos existentes, a nivel de las Naciones Unidas, y mediante un mecanismo mundial de facilitación de la tecnología.

17.7) Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia, divulgación y difusión a los países en desarrollo en condiciones favorables, incluso en condiciones concesionarias y preferenciales, según lo convenido de mutuo acuerdo.

17.8) Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo de apoyo a la creación de capacidad en materia de ciencia, tecnología e innovación para los países menos adelantados y aumentar la utilización de tecnologías instrumentales, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones.

Creación de capacidad

17.9) Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidades eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin de respaldar los planes nacionales de implementación de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular.

Comercio

17.10) Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado en normas, no discriminatorio y equitativo en el marco de la Organización Mundial del Comercio, incluso mediante la conclusión de las negociaciones en el marco del Programa de Doha para el Desarrollo.

17.11) Aumentar significativamente las exportaciones de los países en desarrollo, en particular con miras a duplicar la participación de los países menos adelantados en las exportaciones mundiales de aquí a 2020.

17.12) Lograr la consecución oportuna del acceso a los mercados libre de derechos y contingentes de manera duradera para todos los países menos adelantados, conforme a las decisiones de la Organización Mundial del Comercio.

Cuestiones sistémicas

Coherencia normativa e institucional

17.13) Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso mediante la coordinación y coherencia de las políticas.

17.14) Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible.

17.15) Respetar el margen normativo y el liderazgo de cada país para establecer y aplicar políticas de erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible.

Alianzas entre múltiples interesados

17.16) Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas entre múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimientos, especialización, tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, particularmente los países en desarrollo.

17.17) Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

Datos, vigilancia y rendición de cuentas

17.18) De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad prestado a los países en desarrollo, incluidos los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, para aumentar significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes en los contextos nacionales.

17.19) Aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible y complementen el producto interno bruto, y apoyar la creación de capacidad estadística en los países en desarrollo.

El último informe del cumplimiento de los ODS en la Argentina

En el marco de cumplimiento de dicha Agenda, el Estado argentino lleva adelante un trabajo de adaptación, implementación y seguimiento de dichos Objetivos y metas.

Con información de agencias.

IG

El 16 de mayo de todos los años se celebra Día Internacional de la Luz. Es una efeméride decretada por las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que tiene el objetivo de dar a conocer la importancia de la luz y los grandes aportes que ha hecho a la Humanidad.

Esta fecha surgió tras la celebración del Año Internacional de la Luz y las Tecnologías Basadas en la Luz, la cual tuvo lugar en 2015. Ese año, surgieron colaboraciones entre líderes del sector tecnológico y científico de la luz. En este día, se recuerda la ocasión en que un láser fue puesto en funcionamiento por primera vez.

Este acontecimiento tecnológico fue posible gracias a las investigaciones y trabajo del reconocido físico Theodore Maiman, el inventor del láser de rubí, el cual tenía la capacidad de producir emisión estimuladas de radiación.

La celebración pretende difundir el papel crucial que la ciencia y las tecnologías de la luz representan en nuestro mundo moderno, en campos tan diversos como la medicina, las comunicaciones, la producción de energía, la agricultura, la biología, la astronomía, el arte, la cultura y el desarrollo sostenible.

La luz es un fenómeno natural, estudiado desde tiempos inmemoriales por científicos de todo el mundo. Es una fuente de energía vital que permite el desarrollo de todos los seres vivientes. Es tan importante que, gracias a ella, los seres humanos hemos logrado todos los avances tecnológicos que hoy disponemos y disfrutamos.

Cabe destacar que la luz es un recurso esencial para todo el mundo. Es por eso que, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, la luz está incluida como una prioridad en su Agenda 2030, ya que el desafío es que sea en un bien accesible para todos, de manera sustentable para el medioambiente.

LC

¿Es posible un desarrollo metropolitano integrado sin un plan? Según ONU-Habitat, la mayoría de las metrópolis del mundo no se gestionan de forma diferenciada, es decir, que no cuentan con un plan ni con una institución metropolitanos. “Esto les priva de aprovechar la dinámica y funcionalidad de la aglomeración y, en cambio, sus efectos negativos aumentan, debido a la fragmentación institucional, municipal y sectorial y a la falta de coordinación a escala metropolitana”, sostiene Naciones Unidas.

Sin embargo, existen casos de ciudades que ya han desarrollado planes a escala metropolitana. Londres cuenta desde 2007 con un Plan de Ordenamiento Territorial de su conurbanción; Vancouver aprobó en 2022 su propio plan, y el área metropolitana de El Salvador tiene su plan urbano desde 2020.

El Area Metropolitana de Buenos Aires, por su parte, alberga un 36% de la población del país y casi el 45% del PBI, pero existen grandes heterogeneidades a lo largo de sus 40 municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y no cuenta con un plan estratégico para tomar las acciones necesarias para un desarrollo territorial equilibrado.

El crecimiento de esta área ha sido por demás desigual durante los ultimos años, profundizando situaciones de emergencia e ineficiencia a lo largo del territorio. Algunas de estas situaciones son la problemática de personas viviendo en situación de calle en CABA, los asentamientos informales de la ciudad y de los municipios, el desarrollo de urbanizaciones cerradas en humedales, fuertes inundaciones, la construcción de torres que rompen con la estructura urbana y un caos de tránsito generalizado.

Además de los graves problemas sociales y ambientales, un mal desarrollo urbano del AMBA conlleva costos de congestión y pérdidas de economías de aglomeración que la vuelven mucho menos competitiva, lo que reduce las oportunidades para su ciudadanía y las empresas. 

Para transformar profundamente la vida de las personas y lograr la plena consecución del derecho a la ciudad y un hábitat digno es necesario mirar al área metropolitana de Buenos Aires como una sola ciudad y legislar de manera acorde.

 Si bien una integración regional o provincial a nivel jurisdiccional tiene lógica desde un punto de vista funcional, es decir, que todo el AMBA se convierta en un solo ente político, para realizarlo habría que modificar la Constitución Nacional. Descartada esta alternativa, es necesario poner de común acuerdo distintos puntos para un desarrollo urbano sostenible, algo que solo se puede hacer con una concertación interjurisdiccional entre la CABA y la provincia de Buenos Aires a través de una normativa con lineamientos territoriales estratégicos a largo plazo que rija los diferentes codigos de planeamiento y que proponga una visión futura del AMBA. 

Este Gran Acuerdo Metropolitano podría realizarse durante el mes de octubre cada 10 años, en sintonía con el mes urbano propuesto por ONU-Habitat, y concluire con un Plan Urbano Metropolitano o PUM, una normativa vinculante y superior al Plan Urbano Ambiental de CABA y a la ley 8912/77 de la Provincia de Buenos Aires. El PUM servirá para encauzar todas las acciones de las diferentes jurisdicciones hacia un modelo de ciudad común. Será un acuerdo a largo plazo que deje de lado la grieta, para orientar un desarrollo mancomunado de la ciudad más grande del país. 

Este PUM deberá contar con lineamientos sobre transporte, vivienda, impuestos, transparencia, gobernanza y participación ciudadana. No es una tarea fácil, pero  imprescindible si queremos lograr un desarrollo urbano sostenible para la ciudad más gande del país.

SC/MG

El documento publicado a mitad de año por la CEPAL de la ONU presenta un panorama general de los impactos socioeconómicos de la pandemia en los países de América Latina y el Caribe. En particular, la contracción de la actividad económica y la posterior recuperación, que resulta insuficiente, las consecuencias negativas sobre el mercado de trabajo, el aumento de la pobreza y la desigualdad, los impactos directos sobre la salud de la población, la educación, las mujeres, los pueblos indígenas y las personas afrodescendientes, así como las repercusiones sobre la movilidad y  acceso a los servicios básicos.

Fruto del trabajo realizado, se ha formulado un decálogo de conclusiones y una tríada  de recomendaciones para facilitar la implementación de  medidas consideradas prioritarias, que aquí se reseña y resume.

Las diez conclusiones

En primer lugar, se establece que la salud de la población de América Latina y el Caribe ha sido de las más afectadas en el mundo. En América Latina y el Caribe se encuentra el 8,4% de la población mundial, pero al 28 de febrero de 2022 ya había sumado casi 66 millones de contagios (un 15% del total mundial) y 1,65 millones de muertes (un 28% del total mundial). La pandemia también ha evidenciado lagunas y debilidades históricas de los sistemas de salud de la región, cuya segmentación, fragmentación y falta de financiamiento dificultó la respuesta sólida, coordinada e integral exigida por la inesperada  situación, en particular a inicios de la pandemia.

En segundo término,  se ha corroborado que las mujeres y la igualdad de género han sido particularmente afectadas. Por otra parte, el cierre de las escuelas y el teletrabajo han generado una tormenta perfecta en las familias con hijas e hijos pequeños y en edad escolar, debido a que las tareas domésticas tradicionales se superponen con las responsabilidades laborales y las tareas de crianza y de apoyo educativo. La masiva salida de mujeres del mercado de trabajo implicó un retroceso de diez años en materia de participación laboral en 2020 y ha sido  decisiva para el ensanchamiento de las brechas de género en el mercado laboral remunerado.

Se anota en tercer lugar que la pobreza y la pobreza extrema han tenido un fuerte aumento. En 2021, el número de personas en situación de pobreza extrema habría llegado a 86 millones (13,8% de la población de América Latina) y las personas en situación de pobreza alcanzarían los 201 millones (32,1% de la población de América Latina), cifras mucho más altas que las de 2019 (70 millones de personas y 187 millones de personas, respectivamente).

Esta grave situación pudo haber sido peor de no adoptarse  las medidas de protección social de emergencia. La continuidad, aunque parcial, de estas disposiciones en 2021, junto con el rebote económico de este último año, permitieron revertir parte de este aumento de la pobreza durante 2021, pero aún hay incertidumbre respecto de cuál será la tendencia en 2022.

La cuarta conclusión sostiene que la desigualdad social ha aumentado – no de igual manera en todos los países- conforme se expresa en un índice de Gini promedio regional un 0,7% más alto en 2020 que en 2019. Otra cara de este deterioro redistributivo es el aumento del peso de los estratos de ingreso bajo, sobre todo en 2020, y una movilidad descendente en los estratos de ingreso medio, que no suelen ser destinatarios de las políticas de protección social y los programas de transferencias de ingreso. 

La quinta corroboración refiere a la actividad económica que anotó una contracción histórica. En 2020, la contracción se expresó en una caída del 6,8% del PIB y del 7,7% del PIB per cápita, la mayor caída anual en los 120 años de historia estadística de la región.

En sexto lugar, la crisis económica tuvo un impacto inmediato y devastador en el mercado laboral. A escala regional, se ha estimado un incremento en la tasa de desocupación del orden de los 3 puntos porcentuales entre 2019 y 2020: del 6,8% al 9,8%. El cierre masivo de actividades generó una expulsión también masiva de la fuerza de trabajo. El rebote de la economía en 2021 ha permitido revertir parcialmente esta debacle, pero los indicadores continúan ubicándose en niveles inferiores a los registrados antes de la pandemia.

La séptima conclusión acerca del  importante esfuerzo fiscal realizado por los países confirma que ha estado marcado por una doble contingencia: por una parte, la caída de los ingresos públicos debido a la histórica contracción de la actividad económica, y, por la otra, la necesidad de un despliegue extraordinario para evitar mayores estragos en el tejido productivo y para apoyar de forma directa a la enorme cantidad de personas y familias cuyos ingresos se vieron afectados de forma rápida y drástica por la crisis. El gasto público que alcanzó niveles  históricamente altos fue impulsado por las erogaciones públicas derivadas de los planes fiscales, que, en promedio, equivalieron a un 4,6% del PIB en la región en 2020. En esa línea, varios países registraron tasas de crecimiento real del gasto primario superiores al 10%, y en cuatro de ellos las tasas fueron equivalentes o superiores al 20% en 2020.

El gasto total de los gobiernos centrales de América Latina alcanzó su nivel más alto (un 24,7% del PIB en 2020 y un 23,8% del PIB estimado para 2021) desde que se comenzaron a publicar datos fiscales comprehensivos en 1950. Esta combinación de caída de los ingresos fiscales y aumento del gasto público se tradujo en un deterioro de las cuentas fiscales, que presentaron grandes déficits.

La octava deducción afirma que la pandemia tuvo un rápido impacto en el sector de la educación. Solo en 2020, 32 países cerraron sus instituciones educativas, lo que afectó a más de 165 millones de estudiantes. Si bien en la mayoría de los países se establecieron distintas formas para continuar los estudios a distancia mediante diversas modalidades (a través de Internet, televisión o radio), no queda  duda de que ninguna de estas modalidades puede reemplazar de manera repentina a la enseñanza presencial. En un contexto de marcada brecha digital entre grupos socioeconómicos y en un escenario doméstico adverso y complejo para la enseñanza y el aprendizaje para muchos estudiantes, sobre todo de los grupos más desfavorecidos, tales modalidades de enseñanza pueden ampliar las desigualdades de aprendizaje.

En cuanto a la novena, se advierte un panorama muy complejo en materia habitacional debido a una combinación de factores de oferta y demanda. Por el lado de la oferta, la pandemia ha afectado al sector de la construcción, directamente por la detención de obras o indirectamente por las restricciones a los desplazamientos y aglomeraciones. El sector público, un mandante o ejecutante clave del sector de la construcción, ha debido redefinir sus prioridades y reorientar su presupuesto para enfrentar la pandemia. El sector privado, también ha visto alterado su funcionamiento y sus perspectivas, y experimenta una incertidumbre que tiende a inhibir proyectos de inversión en construcción e infraestructura. Por el lado de la demanda, la caída de los ingresos y del empleo ha reducido significativamente la capacidad de compra de inmuebles por parte de la población y también ha recortado su capacidad de pago de alquiler. Para la población esto significa un déficit de vivienda a causa de la postergación de proyectos residenciales (ya sea de nuevas viviendas o de mejoramiento de la vivienda actual), el hecho de compartir la vivienda con familiares o amigos, la precarización habitacional y, en casos extremos, el paso a la condición de “sin techo” o “morador de la calle” o residente de albergues, todas situaciones que reflejan diferentes grados de incumplimiento del derecho a una vivienda digna. 

La décima y última conclusión confirma que se han agravado los problemas de acceso a algunos servicios básicos como agua, gas, electricidad, teléfono e Internet, se debe a que el deterioro de los ingresos reduce la capacidad de pago y expone a las familias al corte de los mismos, lo que entraña numerosos riesgos, algunos de ellos vitales. Se han puesto en evidencia las debilidades del transporte público que fue mitigado por la abrupta reducción de la movilidad y la consecuente disminución de los viajes en transporte colectivo, que habían sido un vector de contagio al inicio de la pandemia. Con los procesos de apertura quedó en evidencia que el transporte público de la región no está preparado para ofrecer un servicio sanitariamente seguro en un contexto de pandemia.

Prospectiva y balance

En un recuento general de las acciones de política pública para proteger a la población que permitió  que se abrieran  nuevas oportunidades, se destaca la implementación de transferencias públicas directas de efectivo y en especie a una parte importante de la población que las necesitaba. Si bien estas medidas se adoptaron de forma diferenciada en los distintos países y su sostenibilidad no está garantizada.

A la vez, se amerita el funcionamiento continuo de la red logística esencial, que evitó el colapso alimentario tan temido al comienzo. En las ciudades, esta red se amplió significativamente por la vía de la entrega de productos a domicilio, masificando una modalidad de comercio más bien incipiente antes de la pandemia.

Entre las nuevas oportunidades se encuentran  las relativas a las nuevas modalidades de trabajo y estudio, así como la realización de otras actividades, usando la virtualidad, que han resultado funcionales, la valorización del cumplimiento de las medidas de higiene y de autoprotección por parte de la población, y el reconocimiento del papel clave de un sistema de salud integrado, inclusivo y eficiente, así como de los sistemas de protección social.

La estrategia de vacunación masiva, gratuita y basada en los sistemas de atención primaria de la salud ha demostrado ser efectiva en muchos países de la región y ha sentado un precedente de priorización política, de coordinación institucional y público-privada, de esfuerzo y despliegue nacional, y de garantía de acceso a la salud para el futuro.

La tríada de propuestas cepalinas para hacer frente a la pandemia y sus efectos

• Lograr la autosuficiencia sanitaria a escala regional mediante el refuerzo de la gobernabilidad colaborativa, la suma de fuerzas para la negociación internacional, la cooperación productiva y el intercambio técnico de los países de la

• Construir una nueva arquitectura financiera internacional que, entre otras cosas, resulte funcional para la movilización de recursos en el caso de otras pandemias o embates socioeconómicos mayores

 • Establecer un Estado de bienestar que se adapte a una nueva estructura de riesgos, incluidos los pandémicos, y genere certidumbre y proteja a toda la población, ampliando el horizonte de los derechos e integrando y articulando las nuevas herramientas y oportunidades tecnológicas y digitales, para prevenir, enfrentar y controlar la pandemia y sus secuelas.

AGB.

El proyecto de ley de Promoción de la Movilidad Sustentable representa “una ventana de oportunidad única para reposicionar y ampliar capacidades de la industria automotriz argentina en el mundo”, a la vez que permitirá crear hasta 2030 unos 12.500 puestos de trabajo en las terminales y captar inversiones estimadas en US$ 5.000 millones, según las previsiones del Ministerio de Desarrollo Productivo.

La iniciativa que presentó este martes el presidente Alberto Fernández desde la planta fabril de Toyota, busca ampliar la plataforma automotriz con vehículos eléctricos, vehículos con celda de combustible y nuevas categorías (micromovilidad); impulsar la inserción de sectores científicos, tecnológicos e innovadores; y a la vez, dinamizar y robustecer al actual tejido autopartista.

Se prevé en este sentido la creación de 6.000 puestos de trabajo en empresas de autopiezas, con inversiones en una década por US$ 1.500 millones.

En Desarrollo Productivo proyectan además 2.500 nuevos puestos de trabajo en fabricantes de baterías (con inversiones por US$ 1.800 millones) y un ahorro acumulado de 10,7 millones de toneladas de CO2 equivalente.

El proyecto alienta un régimen que promoverá el diseño, la investigación, la innovación, el desarrollo, la producción, comercialización, reconversión y/o utilización de vehículos propulsados por fuentes de energía sustentables y que también impulsará la fabricación de partes, conjuntos y equipos auxiliares en todo el territorio nacional.

El texto enviado al Congreso tiene como objetivo “promover la utilización creciente y sostenida de vehículos propulsados con fuentes de potencia no convencionales, de producción nacional”.

Se cubre así toda la movilidad terrestre: vehículos livianos, medianos, pesados, de pasajeros, de carga, la micro movilidad, los experimentales y los designados por la autoridad de aplicación.

En dos decenios, además, desde 2041, no podrán comercializarse vehículos con motor de combustión interna nuevos en el territorio nacional.

El proyecto establece un régimen de estímulos tanto para la demanda (público comprador de vehículos) como para la oferta (terminales, autopartistas, fabricantes de baterías y cargadores, etc.), durante 20 años, con beneficios decrecientes en el tiempo para acelerar las inversiones.

Se promueve asimismo la creación de la Agencia Nacional de Movilidad Sustentable, a fin de promover el desarrollo científico, tecnológico y volcarlo al sistema productivo sectorial, para lo cual se monitorearán las tendencias internacionales, normativa y certificaciones y cambios tecnológicos en el área.

Del mismo modo, se creará el Fondo Fiduciario de la Movilidad Sustentable (Fodems) para garantizar la disponibilidad y sustentabilidad de financiamiento que requerirá el Régimen, con recursos de diversas fuentes orientados a la inversión necesaria para la reconversión.

“Una estrategia de Movilidad Sustentable con enfoque productivo hará que produzcamos más partes y conjuntos en el país y que sustituyamos importaciones”, destacaron en Desarrollo Productivo.

Se explicó en ese sentido que el país “puede atraer estas inversiones” porque posee materias primas claves en abundancia para la movilidad sustentable: cobre, litio y energías renovables; y puede también proveer mercados para el crecimiento de la nueva movilidad: el transporte urbano de pasajeros y los vehículos de la administración pública.

El país también cuenta con un tejido autopartista robusto y antecedentes en industria automotriz, “sólo resta ingresar en las nuevas tecnologías”; tiene recursos humanos y técnicos de alto nivel; y puede ofrecer su inserción en el Mercosur y sus acuerdos automotrices con Chile y México.

“Es la oportunidad de producir externalidades y difundir nuevas tecnologías: fabricar baterías para otras aplicaciones, utilizar nuevos materiales livianos, diseñar sistemas de gestión de transporte con big data, aplicar inteligencia artificial al transporte público y de cargas”, concluyó el ministerio.

Los argumentos del ministro Kulfas

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, destacó que el proyecto de ley de Promoción de la Movilidad Sustentable apunta a “un crecimiento que genere equilibrio macroeconómico y en las cuentas públicas, con sustentabilidad ambiental y social, mediante la creación de empleos”.

Kulfas habló este mediodía durante un acto en la planta industrial de la automotriz Toyota, en la localidad bonaerense de Zárate, minutos después de acompañar la visita realizada a la terminal por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el que anunciaron formalmente el envío de la iniciativa al Congreso, para su tratamiento.

En ese marco, el ministro dijo que el proyecto alienta “redes productivas más sofisticadas y densas en el entramado nacional, con menor consumo energético”, a través de mayores inversiones y participación científica y tecnológica “para poner en valor nuestras materias primas y capacidades industriales”.

Kulfas sostuvo que en el sector del autotransporte de pasajeros “el esquema actual de subsidios puede ser replanteado”, para impulsar un sector más limpio y moderno, mientras confió en poder montar en el país “una plataforma regional y sudamericana de producción de nuevos vehículos eléctricos y baterías”.

Precisó luego que los compradores obtendrán un “bono verde” que podrán descontar de manera directa del precio del vehículo, que quedará además exento del pago del impuesto a los Bienes Personales.

Entre los estímulos para el sector productivo, Kulfas mencionó la devolución anticipada de IVA para inversión, rebajas de contribuciones patronales, reintegros a las exportaciones, según los grados de integración de contenido nacional.

La expectativa, continuó el ministro, es que se concreten inversiones por US$ 8.300 millones en el próximo decenio (US$ 5.000 millones en las terminales), con la creación de 21.000 puestos de trabajo directos y US$ 5.000 millones anuales de exportaciones.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), Daniel Herrero, sostuvo que “la industria automotriz nacional no puede perder el tren de la movilidad sustentable” para lo cual hay que generar las nuevas tecnologías, partes y productos.

A su turno, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, dijo que la transformación estructural de la Argentina “no es una tarea tecnocrática, sino que requiere de políticas que se construyan con diálogo y de abajo hacia arriba”, para lo cual se dispondrán los recursos necesarios.

Con información de Télam.

IG