Basado en el principio de inclusión social, el Colegio María de Guadalupe, ubicado en un barrio popular de la provincia de Buenos Aires y consagrado como la mejor escuela del mundo en la categoría Colaboración Comunitaria de los premios World’s Best School, busca transformar su comunidad, y muchas más.

“Esta es la mejor escuela del mundo porque es a la que venís vos”, dice un mural pintado -desde hace meses, tras la nominación al premio- en un muro que observan cada mañana los 700 niños que acuden a este colegio.

Muchos de ellos llegan a pie o en bicicleta y casi todos lo hacen por pequeñas callejuelas de tierra del barrio popular Las Tunas, ubicado en el municipio bonaerense de Tigre y en el que viven más de 40.000 personas.

Puertas adentro, el María de Guadalupe parece un colegio más, con niños correteando, imágenes de próceres e ídolos argentinos en las paredes de las aulas, una pequeña cancha de fútbol y una huerta.

Pero para entender por qué se convirtió en la primera escuela argentina en recibir este prestigioso galardón, así cómo por qué sus resultados académicos se asemejan a los de algunas de las mejores escuelas privadas de Buenos Aires pese a que más del 60% de sus alumnos vive en situación de precariedad habitacional y casi el 50% en condiciones de hacinamiento, es necesario conocer su filosofía.

Foco en el futuro

“Lo que buscamos es generar jóvenes que terminen con un proyecto de vida que ellos elijan y poder acompañarlos en esos desafíos, no solo desde todo el camino escolar, sino además con algunos programas específicos que promovemos”, explica a EFE Malu Diez, directora de desarrollo institucional de la escuela, que, si bien es privada, recibe subvenciones del Gobierno provincial y apoyo de distintas empresas y organizaciones de la sociedad civil, que le permiten cobrar una cuota mensual muy baja.

Los programas que menciona Diez son los de orientación vocacional e inclusión laboral, destacados en la premiación y que no solo incluyen capacitación en áreas específicas sino también vínculos con distintas empresas y universidades.

En un país en el que menos de un 20% de los hijos de familias de los estratos socioeconómicos más bajos accede a la universidad, un análisis de los graduados del María Guadalupe, que debido a la elevada demanda prioriza en la admisión a los niños de familias del barrio con mayores niveles de vulnerabilidad, muestra que un 43% de ellos trabaja y un 44% estudia, mientras que solo un 13% no estudia ni trabaja.

El valor de la comunidad

“El impacto de la escuela va mucho más allá de lo académico. Hay muchos chicos que, estando en tercero o cuarto año de secundaria, han llegado más lejos que muchos de sus familiares, y en ese sentido elevan el nivel sociocultural de la familia, de lo que se habla y del horizonte que tiene esa familia hacia adelante”, comenta a EFE Luis Arocha, director ejecutivo de la escuela, que añade: “Una puerta lleva a otra puerta. Eso eleva el horizonte de toda una comunidad, de todo un barrio, que es el objetivo último: transformar el barrio”.

Ambos entrevistados destacan, una y otra vez, el peso de todos los actores involucrados en el proceso educativo, entre ellos los propios alumnos y sus familias, los docentes, los trabajadores sociales y psicólogos, los directivos y los donantes, que componen lo que denominan su “comunidad”, que incluye también a la Fundación Grupo Educativo María de Guadalupe, que creó la escuela hace 12 años y que acaba de inaugurar otra en un barrio popular cercano.

Un premio para Argentina

Para Diez, el premio representa una plataforma para impulsar a otros a generar proyectos similares y para fomentar la colaboración con otras instituciones, algo que ya hacen con escuelas de otras provincias argentinas como Mendoza y Catamarca.

“A nosotros nos produce mucho orgullo que se reconozca un proyecto educativo de Argentina”, señala Arocha, que llama a revertir las divisiones existentes en el país y a reemplazarlas por más trabajo colaborativo.

“Si la educación de un país está mejor, sin duda su sociedad, su democracia y su prosperidad estarán mejor también. Ojalá que esto sea motivo para que todos, por un lado, nos enorgullezcamos de este premio, pero que también podamos dialogar y aprender más de nosotros, de lo lindo y bueno que tiene Argentina”, concluye.

Por Pablo Duer, para la agencia EFE.

IG

A pocas semanas que se reanude la actividad educativa, el Gobierno nacional habilitó a los establecimientos de gestión privada de todos los niveles a fijar el valor de sus aranceles mensuales sin límites.

Lo hizo al derogar una norma que regía desde 2019 por la cual los colegios privados debían comunicar sus estructuras de costos a la Secretaría de Comercio y en función de un análisis de esta dependencia se permitían los aumentos.

“Que, entre los objetivos asignados a la citada Secretaría, se encuentra la implementación de políticas y marcos normativos necesarios para afianzar los derechos del consumidor, correspondiendo a su respecto la aplicación de la Ley N° 24.240 y sus modificatorias” decía la norma derogada.

Añadía que “la relación entre escuelas privadas y educandos reviste características típicas de los contratos de adhesión, en los cuales el establecimiento dispone las condiciones generales a las que las alumnas y los alumnos se hallan sujetos”.

En consecuencia, los colegios y universidades privadas podrán implementar los ajustes que crean convenientes y establecer las condiciones de acceso a sus servicios sin mayores restricciones.

Esta medida se toma a pocas semanas de que los colegios secundarios inicien sus procesos de recuperación de temas para los alumnos que adeuden materias de ciclos anteriores.

Asimismo, se da en el marco de la incipiente discusión sobre si la Argentina debe arancelar la educación universitaria para extranjeros.

La política de liberación de precios tiene un duro antecedente en la medicina prepaga, dado que las empresas dispusieron alzas de hasta 80% en apenas dos meses.

Si bien este es un mercado concentrado, e incluso los mismos actores admitieron que se pusieron de acuerdo para los incrementos, en el segmento educativo el escenario es más atomizado.

Pero el principal problema es que los alumnos ya fueron inscriptos el año pasado y ahora los padres quedan rehenes del aumento que se disponga sin tener la posibilidad de buscar otro colegio o pasarse a la escuela pública.

Qué pasa con los colegios subsidiados

El secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Buenos Aires (AIEPBA), Martín Zurita, explicó que la medida que adoptó el Gobierno nacional es “la derogación de un mero trámite administrativo, que hacía perder tiempo”.

“Todas las escuelas privadas del país y las universidades debían comunicarle desde 1999 a la Secretaría de Comercio sobre los aumentos, era información administrativa de cuánto iba a ser la cuota del año siguiente y se presentaba hasta el 30 de octubre”, sostuvo el dirigente sectorial.

En diálogo con Arizona, el programa que conduce Ari Paluch en Rock and Pop, Zurita indicó que “era un trámite burocrático que no tenía ningún sentido porque la educación está en manos de las provincias, y por lo tanto este trámite que debían hacer a la Secretaría de Comercio no servía, insumía tiempo”.

Y aclaró que “del 100% de escuelas privadas que hay en la Argentina, el 70% está fuertemente regulado, está subsidiado”.

“Desde el año 1993 hay un decreto presidencial donde hay libertad de colocar de un año a otro el valor de la cuota que vos considerás según tus costos operativos”, subrayó el secretario ejecutivo de AIEPBA.

“Es importante que se entienda que lo que se derogó es un mero trámite administrativo que debían presentar las escuelas, que nos hacía perder tiempo. Pero si yo tengo el colegio subsidiado y quiero cobrar una cuota, todavía el Estado ahí interviene, en el colegio subsidiado”, subrayó.

Por último, Zurita informó sobre los incrementos que se vienen para este 2024: “Para las escuelas que reciben aporte estatal hay una autorización del 30% desde diciembre a marzo que ya fue anunciado a los padres, mientras que para los que no reciben subsidio es entre un 40% y un 50%, dependiendo de la propuesta educativa de los colegios”.

Qué decía la norma de 1999 que derogada

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIVADOS

Resolución 678/99

Establécese que dichos establecimientos incorporados a la enseñanza oficial deberán informar anualmente a la Dirección Nacional de Comercio Interior el valor total de la cuota mensual que perciben por la prestación del servicio educativo para cada nivel de enseñanza. Deróganse las Resoluciones Nros. 500/99 y 511/99.

Bs. As., 16/9/99

VISTO el Expediente Nº 064-013567/99 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 42 de la CONSTITUCION NACIONAL establece que entre los derechos de los consumidores se encuentran los de protección de sus intereses económicos, información adecuada y veraz y libertad de elección, con la finalidad que aquéllos puedan realizar en forma correcta la adquisición de bienes y servicios.

Que el mencionado artículo constitucional también señala que las autoridades proveerán a la protección de esos derechos y a la defensa de la competencia, como forma de evitar la distorsión de los mercados.

Que, por su parte, el artículo 4º de la Ley Nº 24.240 establece como obligación de los proveedores la de suministrar a los consumidores información veraz, detallada, eficaz y suficiente acerca de las características de las cosas o servicios que comercializan, y el artículo 43 de dicha norma legal prevé que la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS tiene, como Autoridad de Aplicación, entre otras facultades y atribuciones, la de elaborar políticas tendientes a la defensa del consumidor y solicitar informes a entidades públicas y privadas relacionadas con la materia regulada por la ley aludida.

Que el adecuado funcionamiento de una economía de mercado reconoce como uno de sus pilares fundamentales la autonomía del consumidor, la cual sólo puede ser ejercida en los hechos en la medida en que exista información al consumidor clara y disponible en todo momento y que los proveedores de bienes y servicios la brinden en forma amplia.

Que el objetivo de establecer una política de defensa del consumidor, en cuanto a la información que se les brinda en la materia respectiva, también requiere que la Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 24.240 conozca con la debida regularidad dicha información para su análisis y difusión.

Que dentro del marco legal definido y de las peculiaridades del sector, los consumidores interesados en contratar servicios educativos privados para sus hijos y/o menores a cargo, deben ser informados adecuadamente de los valores de las cuotas (aranceles) que perciben los establecimientos educativos de gestión privada, así como también de todo otro costo asociado a la prestación del servicio educativo en cuestión.

Que la información solicitada es relevante y necesaria para elaborar pautas relacionadas con las políticas de consumo que la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS busca establecer y promover, focalizadas en la transparencia del mercado y en la difusión de la información para que los consumidores y usuarios puedan conocer la variedad de la oferta y adoptar la decisión que realmente convenga a sus intereses.

Que, en consecuencia, el conocimiento de los valores de las cuotas percibidas por los establecimientos educativos privados es una herramienta indispensable como basamento de las políticas de protección al consumidor, en particular en un mercado donde la relación entre los prestadores del servicio (escuelas privadas) y los educandos reviste características típicas de contratos de adhesión, en los cuales el establecimiento dispone las condiciones generales a las que el alumno se halla sujeto, no teniendo el consumidor la posibilidad de discutir negociar aspectos particulares, hallándose expuesto con una mayor probabilidad a situaciones de desequilibrio desfavorables respecto de sus derechos y obligaciones frente a los del prestador del servicio.

Que resulta necesario precisar los alcances y contenidos de la información que los establecimientos educativos privados deben suministrar a la Autoridad de Aplicación en función de ordenado por el Decreto Nº 2417 del 19 de noviembre de 1993, con el fin de disponer de un conjunto de información más completo para su posterior divulgación a los consumidores.

Que las Resoluciones mencionadas en el VISTO establecen la información que los establecimientos educativos privados incorporados a la enseñanza oficial que brinden servicios educativos a la comunidad deben presentar anualmente a la DIRECCION NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR dependiente de la SUBSECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR de SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA.

Que por cuestiones operativas se hace necesaria la adecuación de las mismas en lo atinente a la información a presentar y a la fecha de presentación de la misma.

Que se entiende contribuye a dar claridad conceptual de los destinatarios incluir en un único texto todas las disposiciones incluidas en las Resoluciones citadas en el VISTO y resolver su derogación.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente Resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por los artículos 41 y 43 inciso e) y concordantes de la Ley Nº 24.240.

Por ello,

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA

RESUELVE:

Artículo 1º — Derógase la Resolución Nº 500 de la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA de fecha 22 de julio de 1999 y la Resolución Nº 511 de la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA de fecha 27 de julio de 1999.

Art. 2º — Los establecimientos educativos privados incorporados a la enseñanza oficial que brinden servicios educativos a la comunidad deberán informar anualmente a la DIRECCION NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR dependiente de la SUBSECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR de SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, en su carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 24.240 el Valor Total de la Cuota Mensual (o Arancel) que perciben por la prestación del servicio educativo para cada nivel de enseñanza y toda otra erogación asociada a la prestación de dicho servicio según se detalla en ANEXO I que en CUATRO (4) planillas forma parte de la presente Resolución.

Art. 3º — Los establecimientos educativos privados alcanzados por la presente Resolución deberán informar a la Autoridad de Aplicación los puntos que se indican a continuación:

a) Importe de la matrícula de inscripción o reinscripción, en caso de existir las mismas.

b) Valor total de la cuota o arancel mensual, discriminando los conceptos correspondientes a enseñanza programática, extraprogramática y todo otro concepto adicional, conforme el formulario que se presenta en el ANEXO I que en CUATRO (4) planillas forma parte de la presente Resolución.

c) Cantidad total de cuotas que se percibirán en el año lectivo.

d) Forma y plazo de pago de las cuotas.

e) Monto y criterios de aplicación de los recargos en caso de mora.

f) Cantidad de alumnos que asisten al establecimiento (matrícula)

Art. 4º — La información solicitada y correspondiente al período lectivo siguiente deberá entregarse en la DIRECCION NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR de la SUBSECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA, ubicada en Avenida Julio A. Roca Nº 651, 4° Piso, Sector 8, Capital Federal, con anterioridad al 31 de octubre de cada año.

(Nota Infoleg: por art. 1° de la Resolución N° 1970/2023 de la Secretaría de Comercio B.O. 6/11/2023 se prorroga hasta el día 29 de diciembre de 2023 inclusive, el plazo otorgado por el presente artículo, para la presentación de la información correspondiente al ciclo lectivo 2024 a la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.  Prórrogas anteriores: art. 1° de la Resolución N° 61/2022 de la Secretaría de Comercio Interior B.O. 28/10/2022; por art. 1° de la Resolución N° 666/2020 de la Secretaría de Comercio Interior B.O. 14/12/2020; por art. 1° de la Resolución N° 447/2020 de la Secretaría de Comercio Interior B.O. 21/10/2020; art. 1° de la Resolución N° 167/2008 de la Secretaría de Comercio Interior B.O. 26/9/2008; Resolución N° 170/2007 de la Secretaría de Comercio Interior B.O. 24/9/2007)

Art. 5º — Se entiende que los establecimientos educativos que, en cumplimiento del Decreto Nº 2417/93, incluyan adecuadamente en sus declaraciones juradas la totalidad de la información exigida a través de la presente Resolución darán cumplimiento conjunto a ambas obligaciones de informar a autoridad de aplicación, evitándose de esta manera duplicaciones respecto de las exigencias coincidentes contenidas en ambas normas.

Art. 6º — El incumplimiento de las disposiciones contenidas en esta norma será sancionado conforme a las previsiones de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor.

Art. 7º — Quedan alcanzados por la presente Resolución los establecimientos educativos privados incorporados a la enseñanza oficial que presten servicios en los niveles preprimario (inicial), primario (EGB) y secundario (Polimodal) y educación especial en todo el territorio nacional.

Art. 8º — La presente Resolución comenzará a regir a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 9º — Comuníquese, publíquese, dése la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Alieto A. Guadagni.

ANEXO INSTRUCTIVO

A fin de cumplimentar los cuadros que se presentan a continuación, se precisan los conceptos que deben computarse para el cálculo del valor de la cuota en cuestión así como del resto de los ítems cuya información se solicita conforme lo establecido en el articulado de la presente Resolución.

Se deberán presentar la información para cada uno de los grados o años escolares de los distintos niveles educativos en los que se ofrezcan servicios, en la medida en que no coincidan los montos de aranceles. Si éste fuera el caso, podrán presentarse en forma conjunta los grados y/o años escolares que posean el mismo arancel, pero indicando claramente todos los que se incluyen en el mismo cuadro.

El CUADRO Nº 1 deberá ser cumplimentado por los establecimientos educativos que se encuentran obligados a discriminar entre aranceles percibidos en concepto de enseñanza programática extraprogramática.

El CUADRO Nº 2 deberá ser completado por los establecimientos educativos que no se encuentran obligados a diferenciar los importes percibidos por enseñanza programática de aquellos correspondientes a la enseñanza extraprogramática.

A fin de cumplimentar los CUADROS Nº 1 y Nº 2 se deberán tener en cuenta las siguientes pautas:

(1’) Se deberá indicar el monto o importe mensual expresado en pesos que se percibe en concepto de enseñanza programática. Se entiende por cuota por enseñanza programática todo pago que esté en relación directa con la enseñanza impartida según los programas oficiales aprobados.

(1’’) Se deberá indicar el monto o importe mensual expresado en pesos que se percibe en concepto de enseñanza extraprogramática. Se entiende por cuota por enseñanza extraprogramática todo pago que corresponda a la extensión del horario escolar o enseñanza que se imparta en horarios diferentes al de las materias que integran el plan oficial.

(1’’’) Se deberá indicar el monto o importe mensual expresado en pesos que se percibe en concepto de enseñanza programática y extraprogramática conjuntamente, y que deberá ser cumplimentado por aquellos establecimientos que no estén obligados a hacer esta distinción en sus aranceles.

(2) Se deberá indicar el monto o importe mensual expresado en pesos que se percibe por otros conceptos de carácter obligatorio, esto es, que necesariamente deben ser abonados por quienes envíen a los menores a los establecimientos.

(3) El importe de la cuota total mensual surge de la suma de los montos en pesos indicados en (1’), (1') y (2) para el CUADRO Nº 1 y (1’’’) y (2) para el CUADRO Nº 2.

(4) Se deberá identificar la cantidad de cuotas mensuales que el establecimiento percibe por año lectivo.

(5) Se deberán consignar la suma de todos los importes anuales que los establecimientos perciben por otros conceptos de carácter obligatorio, pero cuya frecuencia de pago y percepción no es mensual. En nota al pie del CUADRO deberán enumerarse los conceptos que se incluyen en el total, sin identificar los montos parciales.

(6) Se deberá consignar el importe o valor anual en pesos de la matrícula de inscripción en caso de que el establecimiento educativo perciba ingresos por este concepto.

(7) Se deberá consignar el importe o valor anual en pesos de la matrícula de reinscripción en caso de que el establecimiento educativo perciba ingresos por este concepto.

Con información de agencias.

Esta nota fue actualizada el 30 de enero a las 11.26 con información y aclaraciones sobre los colegios subsidiados en base a dichos del secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Buenos Aires (AIEPBA), Martín Zurita.

IG

Un colegio privado de la ciudad de Mar del Plata fue sentenciado a pagar una indemnización millonaria a una alumna que sufrió incesantes actos de acoso escolar y la decisión de la Justicia Civil se fundamenta en las pruebas contundentes que respaldaron los sistemáticos hostigamientos que padeció la joven.

Según informó el diario La Capital, el fallo fue emitido por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, conformada por los jueces Ricardo Monterisi, Roberto Loustanau y Alfredo Méndez y esta instancia judicial se llevó a cabo tras una resolución inicial del Juzgado en lo Civil y Comercial N°10, de la jueza Mariana Tonto de Bessone, quien ya había condenado al colegio a pagar una suma significativa de $1.604.787 como compensación por los daños y perjuicios ocasionados.

De acuerdo al texto de la sentencia, durante su cuarto año de secundaria, la adolescente fue víctima de una serie de agresiones por parte de sus compañeros, quienes la sometieron a insultos, empujones, obstrucciones para hacerla tropezar, la discriminaron y la excluyeron de los grupos de WhatsApp, hechos que fueron corroborados y documentados en el proceso legal.

En tanto, trascendió la institución educativa, en un intento por explicar su responsabilidad, negó rotundamente los hechos y sugirió que las situaciones vividas por la estudiante no fueron tan estresantes o, incluso, que nunca ocurrieron.

Todo se inició el 30 de octubre de 2017, cuando el padre de la menor informó a la dirección del Instituto Galileo Galilei sobre la hospitalización de su hija debido a un “pico de estrés” ocasionado por los problemas que enfrentaba con sus compañeros y, aunque el director de la entidad afirmó desconocer cualquier conflicto previo relacionado con la alumna, una preceptora negó esta afirmación al recordar sucesos de tensión que involucraban a dicho grupo de estudiantes.

“No existían antecedentes clínicos previos que indicaran la presencia de epilepsia, la cual se volvió crónica e incurable como resultado del acoso escolar”, se destacó en el fallo. En tanto, las opiniones del neurólogo que atendió a la víctima, del experto en peritajes neurológicos y de la psicóloga que evaluó el caso, coincidieron en que situaciones de estrés como el bullying, pueden desencadenar episodios de epilepsia.

Los jueces resaltaron que la entidad educativa, en su calidad de responsable de la formación de los alumnos, debía tener conocimiento de las posibles consecuencias psicológicas y físicas que los estudiantes podrían sufrir a causa del acoso escolar.

Aunque en primera instancia la jueza redujo este porcentaje a la mitad, el tribunal superior decidió mantenerlo intacto y estimar incrementos futuros basados en la “probabilidad de progreso laboral de la demandante”.

La indemnización por daños y perjuicios es de $3.178.847,98, a lo que se suma un 10%, por lo que alcanzó una cifra total de $3.496.842,78.

Además, se estableció que la compañía de seguros, que inicialmente había rechazado toda responsabilidad en relación con el caso y la condición clínica que sustentaba la demanda, deberá responder de manera conjunta con el colegio demandado.

El tribunal concluyó que “la responsabilidad de la institución educativa abarca tanto el daño sufrido por la víctima como el causado por los alumnos durante la actividad escolar”.

Por último, se fijó una suma de $3.199.999 para compensar el daño moral sufrido por la entonces adolescente, quien actualmente es mayor de edad.

Con información de agencias.

IG

Representantes de las cámaras de colegios privados de la Provincia de Buenos Aires se reunieron con Alberto Sileoni, director general de Cultura y Educación bonaerense, en La Plata, para acordar una redistribución de los ajustes de aranceles escolares del ciclo lectivo 2023. El acuerdo con el gobierno se da en el marco de la ampliación del programa Precios Justos que establece aumentos máximos en las cuotas de los colegios privados y productos de la canasta básica escolar.

El acta firmada con el gobierno provincial fijó los porcentajes de aumento hasta el séptimo mes del año, lo que resultó en la siguiente escala: 16,8% para marzo, 3,35% mensual para abril, mayo y junio, y 4% para julio. Los incrementos se calculan en base al índice de precios al consumidor y la política salarial por lo que, en caso de desvíos respecto a lo previsto para estos indicadores, el acta contempla una readecuación de los topes.

La reunión contó con la participación de los representantes de 7 cámaras que nuclean instituciones de educación privada: Asociación Entidades Educativas Privadas Argentinas (Adeepra), Asociación Civil de Institutos de Enseñanza Privada de Buenos Aires (Acidepba), la Asociación de Instituciones Privadas Argentinas (Aiepesa), Consejo de Educación Católica (CEC), Consejo de Educación  Cristiana Evangélica (CECE), Espacio de Gestión Educativa (EGE) y la Federación Cooperativas de Enseñanza de la Provincia de Buenos Aires (Feceaba). La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba) no adhirió al pacto. “Nosotros no podemos figurar en un acta con la que no estamos de acuerdo, a pesar de que vamos a tener que cumplirla”, señaló Martín Zurita, titular de la organización.

Además de Sileoni, de parte del gobierno de Axel Kicillof, también estuvieron presentes el jefe de gabinete de la cartera educativa, Pablo Urquiza, el subsecretario administrativo, Diego Turkenich, la subsecretaria de Educación, Claudia Bracchi, y la directora de Educación privada, Marcela Cabadas.

La Provincia de Buenos Aires no fue la única provincia que adhirió a la política impulsada por el Ministerio de Economía para controlar la inflación y facilitar el sostenimiento de la educación para las familias. El ministro de Educación, Jaime Perczyk, compartió vía Twitter que son 18 en total las provincias que se sumaron a la iniciativa: Provincia de Buenos Aires, Catamarca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Chaco, Chubut, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán y Formosa.

ACM con información de Télam

¿Cómo eligen las familias las escuelas para sus hijos e hijas?, ¿Valoran las mismas características cuando se trata de gestión pública y privada?. Un estudio indica que aquellas que optan por las escuelas públicas valoran la cercanía al hogar, mientras que en el segundo caso buscan reputación académica y propuesta pedagógica. Sin embargo, ambos grupos consideran que las buenas referencias del equipo de docentes y directivos es importante al momento de definir la institución educativa.

Según el informe “¿Qué priorizan las familias al elegir la escuela de sus hijos?” realizado por el Observatorio de Argentinos por la Educación, el 63,1% de las familias que mandan a sus hijos a la escuela estatal prioriza la cercanía, mientras que  el 50,9% de las que optan por la privada buscan reputación académica. Un punto en común es el segundo criterio de selección: ambas buscan buenas referencias y compromiso por parte de la dirección de la escuela y del cuerpo docente: un 46,7% para las escuelas públicas y un 42,8% para las privadas. El estudio está basado en la Encuesta Nacional Escolar (ENE) y participaron 500 madres de todo el país con hijos en la escuela primaria.

La investigadora en Educación de FLACSO Argentina Sandra Ziegler considera que para analizar estos datos es importante tener en cuenta que en varias provincias la cercanía al hogar es uno de los criterios para la asignación de vacantes públicas. “Es un criterio para la distribución de las vacantes. Ese dato no puede ser analizado sin considerar este requisito. En lo estatal, mayoritariamente, no hay una búsqueda revisando la propuesta pedagógica de la escuela aunque sí se consideran características del equipo docente y de los directores”, dijo la coautora del informe junto a Gabriela Catri y Eugenia Orlicki del Observatorio de Argentinos por la Educación.

La investigadora consideró que la elección está vinculada a criterios socioculturales más que a cuestiones de poder adquisitivo. “La educación privada abarca un espectro social bastante amplio, no está exclusivamente orientada a los sectores más altos. Hay escuelas privadas orientadas a sectores medios o, por ejemplo, parroquiales de cuotas muy bajas que llegan a sectores de menor poder adquisitivo. Más que un corte que por capacidad económica, están las preferencias y orientaciones más de corte social y sociocultural”, explicó en diálogo con elDiarioAR.

Gabriela Catri detalló que las diferencias se dan en los criterios de selección, pero no en las expectativas. Ahí hay coincidencias. Casi 7 de cada 10 madres (de gestión estatal o privada) hacen referencia a que la escuela les permite encontrar aprendizajes esperados, mientras que 6 de cada 10 madres esperan que la escuela prepare a sus hijos e hijas para seguir estudiando. “Se ve claramente que en las expectativas nos da parecido para ambas opciones. Acá no hay diferencia entre estatal y privada. Las divergencias empiezan a aparecer en el mecanismo de selección o en las cuestiones que se tienen en cuenta y que se valorizan para elegir una escuela”, afirmó en diálogo con este diario.

“Sobre las demandas generales de la educación no hay mucha diferencia. Ambos valoran los aprendizajes y que la escuela permita seguir estudiando. Cuando aparecen los problemas, se ven las mayores diferencias, Los reclamos por infraestructura y por falta de recurso se hacen muchos más fuertes en aquellos que mandan a sus hijos a escuelas de gestión estatal”, agregó. En cuanto a las complicaciones, las madres de escuela estatal hacen referencia a la falta de recursos (39,2%) y problemas de infraestructura (31,7%). Una situación diferente a lo que viven las de la privada, que en el 38,7% de los casos consideran que la escuela no enfrenta ningún problema. Solo un 12,1% destaca problemas de infraestructura.“Es llamativo que en el sector privado hay niveles de conformidad muy altos, las madres no observan problemas. Aparece un contraste muy grande entre ambos sectores. El sector privado mira otras variables a la hora de seleccionar y eso arroja mayor conformidad en relación con la propuesta de la escuela”, analizó Ziegler.

Las principales diferencias entre las demandas tienen que ver con considerar a la escuela como un espacio de socialización y encuentro con pares: el 55% de las familias de la privada lo considera de ese modo, mientras que solo el 39% de la estatal. “Estas familias del sector estatal apuestan en menor medida a la escuela como un espacio de socialización o de búsqueda de determinadas experiencias para sus hijos porque, quizás,  la socialización pasa por otros espacios. En el caso de los que eligen escuela privada ponen mucha más atención en esa variable y en el tipo de proyecto y propuesta escolar”, describió la investigadora de FLACSO. También hay discrepancias en cuanto al rol de la escuela para preparación para el mundo laboral: el 55% de las familias de la privada lo considera así, mientras que el número desciende al 48% en las de la estatal. En cuanto a la adquisición de disciplina, la diferencia se achica: el 46% privada y 40% en la estatal. 

CDB/MG

Solo 2 de cada 10 directores y directoras de escuelas secundarias estatales son titulares en su cargo, el resto son suplentes o interinos. El panorama contrasta con las privadas, donde casi 9 de cada 10 son titulares. Los especialistas consideran que esto profundiza la desigualdad escolar y lo enmarcan dentro de un “silencioso proceso de privatización de la educación”.

En Argentina, el 75,4% de las personas que dirigen las escuelas secundarias estatales son interinas o suplentes, mientras que en el sector privado la tendencia es la inversa: el 87% son titulares, lo que genera condiciones más propicias para desarrollarse en el cargo. Los datos surgen del informe “Directores de escuela secundaria: ¿quiénes son y qué piensan?”, realizado por el Observatorio de Argentinos por la Educación en base a los resultados de las Pruebas Aprender de 2019. “Esto afecta directamente a las condiciones de trabajo porque si estás atravesado por una situación de temporalidad largamente extendida, el marco otorgado para las buenas prácticas decrece igual que posibilidad de poder construir desde ahí”, afirmó Viviana Postay del Instituto de Enseñanza Secundaria y Superior de Villa Carlos Paz y coautora del informe junto a Gabriela Catri y Martín Nistal.

“Esto habla de que no hay una estabilidad laboral que está dada por el puesto titular. Eso te permite construir un liderazgo efectivo, poder trabajar para la mejora escolar y poder ubicarte en proyectos que no sean de corto plazo sino de mediano y largo. Es una situación que es distinta al caso de las escuelas privadas, donde se ubican los directores con mayor antigüedad”, le dijo Postay a elDiarioAR. Esta situación está relacionada con las diferencias en el proceso de selección: mientras que en las estatales se realizan mayoritariamente por concursos, en las privadas los mecanismos no están unificados.

En las estatales el 54,3% accedió a su cargo principalmente por concurso, seguido por el puntaje (29,8%), mientras que en el privado predominan otros procesos de selección (69,9%), y solo el 22% obtuvo su puesto por concurso. “Se ve una dificultad de poder instalar maneras de elegir directores que sean más estandarizadas y que superen los mecanismos tradicionales discrecionales. Las privadas difieren unas a otras en el criterio de selección. Algunas tienen construída su propia lógica de acceso a concurso, pero no es estandarizada respecto de otras escuelas. Hay que poder discutir los mecanismos de selección en las escuelas privadas para que avancen a una estandarización mayor porque desde un punto de vista legal, tanto privada como estatal son escuelas públicas”, indicó la especialista. .

En términos generales, el promedio de edad es de 48 años y el 66,6% son mujeres. En cuanto a la antigüedad, las privadas tienen directoras y directores con más antigüedad que las estatales. El 28,9% tienen más de 10 años en el cargo en esa escuela, mientras que este número desciende a 14% en las estatales. En estas últimas, el 34,4% de los directores y directoras llevan menos de dos años en el cargo. 

Las diferencias también se reflejan en los problemas con los que se encuentran los directivos. Más de la mitad de los estatales, considera como problemas moderados o serios al ausentismo e impuntualidad de estudiantes y docentes, la inadecuación de las instalaciones y equipamientos, y la debilidad del vínculo entre las familias y la escuela. “Esas cosas obstaculizan seriamente los procesos de enseñanza y aprendizaje”, afirmó Postay.

Para la investigadora, esto es el correlato de una “política silenciosa de privatización de la educación argentina” que comenzó en la década del 70 y se profundizó en los últimos 20 años. “Transciende los gobiernos y los signos políticos y se va delegando clandestinamente la educación argentina en el sector privado. Es más barato subsidiar la oferta privada que construir nuevas escuelas y pagar lo que implica hacerlas. No es solo en términos edilicios sino con todo lo que es personal. Entonces tenemos un proceso gigantesco de privatización de la educación en el país que impacta en que hay una situación de abandono de la escuela estatal y una oferta privada que lo va cubriendo”, afirmó.  “La privada de hoy ya no es de los ricos, la oferta es más amplia, se está haciendo cargo de muchas vacancias dejadas por el Estado. Es algo que trasciende a los gobiernos”, agregó.

CDB/MG

Tras el mensaje del ministro de Seguridad Aníbal Fernández a Cristian Dzwonik, más conocido como Nik, con alusión al colegio al que van sus hijas y al subsidio estatal que recibe esta escuela porteña, se abrió una polémica en las redes sobre los aportes a la educación privada, que en la Ciudad constituyen un 17% del presupuesto total destinado a la educación. Especialistas consultados por elDiarioAr opinan que este subsidio es imprescindible para la existencia del sistema educativo argentino, aunque debería ser más transparente y seguir criterios objetivos de justicia social y redistributiva, sobre todo en CABA. 

De acuerdo al Presupuesto 2021 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Educación porteño destina 18.051.424.198 pesos a transferencias a escuelas del sector privado, a través de los fondos que reparte la Dirección General de Educación de Gestión Privada: el 17,1% del presupuesto total asignado para el año 2021 a la cartera que dirige Soledad Acuña. Las escuelas estatales porteñas recibirán, en 2021, 51.323.390.776 pesos, casi un 48% de los fondos totales. 

¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Debería el Gobierno de la Ciudad y los demás gobiernos provinciales (las transferencias a las escuelas son competencia de las provincias) no aportar nada para las instituciones privadas, como muchos comentaron a través de twitter en los últimos días luego del polémico mensaje de Aníbal Fernández? 

“El Estado necesita a las escuelas privadas: si no, colapsaría el sistema educativo”, asegura en diálogo con ElDiarioAR Mariano Narodowski, reconocido pedagogo y quien fuera ministro de Educación de la Ciudad bajo la primera gestión de Mauricio Macri. “En un escenario hipotético donde un gobierno provincial, por ejemplo el de la Ciudad, deje de financiar a las escuelas privadas, el precio de las cuotas se iría por las nubes. Muchos alumnos se pasarían a escuelas públicas, pero con ese 17% que el gobierno les quitaría a las privadas no alcanzaría para sostener a esos mismos alumnos ahora en escuelas públicas, porque allí hay que comprar pupitres, construir edificios, pagar la luz y el agua”, explica Narodowski. “Así se construyó el sistema educativo en Argentina, respaldándose en el gasto privado”. 

“La Ciudad de Buenos Aires, con un 17% del financiamiento público para educación privada, sostiene al 50% de los alumnos (en CABA solo la mitad de los alumnos asiste a una escuela pública), entonces el gasto estatal es super eficiente”, sostiene Narodowski. 

¿Estas transferencias aumentaron en la Ciudad a lo largo del tiempo? Si seguimos la trayectoria de los aportes a escuelas privadas, desde hace años se mantienen en un porcentaje de alrededor del 16/17% con respecto al total de los fondos que dispone anualmente el Ministerio de Educación de la Ciudad. Por sólo nombrar dos ejemplos, en 2020 la Ciudad destinó $14.105 millones a subsidiar escuelas privadas, también un 17% del presupuesto destinado a ese año; en 2016, les asignó 4.008 millones de pesos, un 16% del presupuesto. 

Aunque siempre se mantuvo más o menos en los mismos niveles, Narodowski asegura que con ese mismo presupuesto, las escuelas privadas fueron atendiendo cada vez más alumnos (“En una aula donde antes había 25 ahora hay 30”, asegura), una tendencia cada vez más pronunciada a partir del 2003. “O sea que el gasto estatal por alumno con financiamiento público en escuelas privadas fue bajando a lo largo del tiempo”, comenta. 

Agustín Claus, especialista en Políticas Educativas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), coincide con Narodowski en que las transferencias son necesarias. “Muchas escuelas que reciben una subvención alta tienen un muy bajo nivel de arancel, lo que las vuelve accesibles para muchos alumnos. Eso para el Estado es más eficiente que ampliar la oferta de escuelas públicas”, comenta en diálogo con ElDiarioAR. 

Tanto Narodowski como Claus aseguran que lo que falta es transparencia en cómo se reparten los fondos, tanto en el sector estatal como en el privado. Claus asegura además que la clave de la cuestión no está en la discusión transferencias sí versus transferencias no, sino con qué criterios se asignan. “La distribución a la gestión privada ha sido siempre muy discrecional en la Ciudad. Los aportes deberían basarse en criterios de justicia social y redistributiva, asignando un mayor porcentaje de subvención a los alumnos que más lo necesiten”, asegura Claus. “Debería haber un instrumento que contemple el contexto social y económico, la situación de vulnerabilidad, para clasificar los aportes”. 

Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), coinciden con Claus. “El hecho de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires asigne subsidios a escuelas de gestión privada de altos ingresos no parecería razonable ni justificado por la normativa vigente”, aseguran desde la ONG. “Eso se agrava cuando vemos los niveles de financiamiento que está sufriendo la educación de gestión estatal: vemos una reducción en el gasto porteño en infraestructura escolar, mantenimiento, adaptación de aulas en situación de COVID”. 

“La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece la obligación de priorizar y de hacerse cargo de la obligación pública de gestión estatal, priorizándola. El GCBA ha tenido una lógica de continuar aumentando la inversión en las escuelas de gestión privada”, concluyen desde ACIJ. 

El Ministerio de Educación de la Ciudad no dio su respuesta ante la pregunta de este medio acerca de cuáles son los criterios que definen el aporte que recibirán las escuelas privadas de la Ciudad. 

¿Cómo es la situación en la Provincia de Buenos Aires? 

Para Claus, la Provincia de Buenos Aires tiene una escala de porcentajes de subvención donde se consideran criterios más objetivos, como el origen socioeconómico del alumnado y la localización geográfica de la escuela. 

Las transferencias a escuelas privadas en PBA rondan alrededor del 11% del presupuesto total destinado a la educación, aunque con el correr de los años este fue aumentando ligeramente. Mientras que en el año 2009 los aportes a escuelas privadas fueron de 1.922 millones de pesos, un 10% del total del presupuesto según datos de la Contaduría General Bonaerense, en 2019 fueron de 28.321 millones, un 12% con respecto al total. 

El porcentaje es menor, en parte, porque aproximadamente un 38% de los alumnos concurren a escuelas privadas, en comparación con el 50% que asiste en CABA. Para Claus, sin embargo, los factores políticos tienen injerencia en esta diferencia de aportes en la Provincia y en la Ciudad. “Hay distintos criterios de gobierno. La diferencia en el porcentaje de transferencias tiene que ver con las decisiones del ejecutivo al mando y de en donde deciden poner foco”, asegura. 

En el resto del país

Según los últimos datos disponibles de la Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo (CGECSE) del Ministerio de Educación de la Nación, para 2018 entre las provincias que menos aportaban para la educación privada se encontraban Chubut, con un 4,2% de subsidios a escuelas particulares, Jujuy, con un 4,4%, y Formosa, con un 4,5%. Entre las que más transferencias realizaban se encontraban Córdoba, con un 21,5% y Santa Fe, con un 19,5%. 

Pese al pedido de ElDiarioAR, desde el Ministerio de Educación de la Nación no proporcionaron datos actualizados para 2019 y 2020 sobre los aportes hechos para la educación privada en cada una de las provincias. 

Narodowski asegura que las diferencias en las transferencias interprovinciales se explican por la importancia de las escuelas privadas con respecto al total de instituciones. “Córdoba tiene escuelas privadas muy importantes y Formosa tiene muy pocas”, comenta. “Las grandes ciudades tienen entre el 40 y el 50% de educación privada: en el Gran Tucuman, en Yerba Buena, un 60% del alumnado va a escuela privada”. 

AS/WC