Durante el último lustro, ciudades de todo el mundo fueron tiñéndose de verde. Forma parte de una estrategia global contra el cambio climático y para frenar los elevados datos de contaminación que se basa en robar espacio al coche y regalárselo a parques y zonas de paseo. Urbes como Seattle, Nantes, Boston o Barcelona son las que más se citan a la hora de estudiar este fenómeno.

Los resultados cuentan con un respaldo inequívoco de la comunidad científica a la hora de evaluar los efectos positivos de la pacificación para la salud de la ciudadanía y del planeta. Las 'superillas' de Barcelona, por ejemplo, rebajaron un 25% los niveles de NO2 y un 17% los de las partículas PM10, responsables de diversas enfermedades respiratorias. Por ello, organizaciones como la ONU o la OMS las pusieron de ejemplo para la lucha contra el cambio climático.

Pero la otra cara de la moneda de la sostenibilidad urbana no es tan positiva. “Las ciudades verdes se vuelven más desiguales e injustas”. Así habla Isabelle Anguelovski, planificadora urbana e investigadora del ICTA, Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona. Anguelovski lideró un estudio que analizó 28 ciudades europeas y norteamericanas durante seis años, para terminar constatando que las ciudades sostenibles ven, invariablemente, cómo aumentan sus desigualdades.

Se trata de la llamada gentrificación verde; es decir, las zonas urbanas que se pacifican y llenan de parques sufren una subida de precios y, en consecuencia, terminan expulsando a los colectivos sociales más vulnerables. La investigación del ICTA concluye que, si bien este proceso es mucho más acusado en ciudades americanas porque carecen de políticas públicas fuertes, las urbes europeas no están exentas.

Uno de los ejemplos que pone Anguelovski es el de Barcelona, ciudad que se empezó a pacificar en la década de 2010, con modificaciones en los barrios del distrito de Ciutat Vella, y modernizó la antigua zona industrial del Poblenou con parques y rehabilitando edificios. “Estos espacios son muy susceptibles de sufrir gentrificación, más que los barrios de edificios llenos de viviendas construidos en la década de los setenta”, explica la investigadora.

Tal como apuntan desde el ICTA, “estos resultados no significan que las estructuras verdes sean negativas; al contrario. Se demostraron enormes beneficios para la salud. El problema es la falta de priorización de equidad y justicia en la planificación urbana”. En este sentido, destacan que las políticas de protección a la vivienda y limitaciones de precios de alquiler son claves para frenar la gentrificación. Políticas de las que muchas ciudades americanas carecen y que en muchas urbes europeas “no se dieron hasta mediados de la década de 2010, con la llegada de alcaldes progresistas, como es el caso de Barcelona”, según los autores del estudio.

Políticas públicas contra especulación inmobiliaria

La renaturalización de Barcelona se inició en el marco de una estrategia de urbanización ligada al crecimiento económico. Un ejemplo claro de ello es la zona del Poblenou conocida como el 22@. Allí, las antiguas fábricas y polígonos dejaron paso a avenidas pacificadas, parques nuevos y grandes edificios modernos que acogen, en su mayoría, empresas relacionadas con el mundo tecnológico y la innovación. “Estas iniciativas responsables atraen trabajadores muy cualificados, con un sueldo más elevado que el de la media del barrio”, apuntan los autores del estudio.

Los precios de la vivienda en Poblenou habían aumentado un 27,8% desde que empezó la reconstrucción. El 22@ pretendía convertir el barrio en un polo de atracción para empresas tecnológicas modernas, “pero se olvidaba de la vivienda”, recuerda Janet Sanz, segunda teniente de alcalde y directora del área de Ecología y Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona. Los comuns llevaron a cabo un nuevo plan urbanístico para impulsar vivienda protegida en la remodelación, aunque “el mercado ya había encontrado brechas”.

Desde el consistorio defienden a capa y espada las medidas pacificadoras y renaturalizadoras, a la vez que reconocen que tienen consecuencias gentrificadoras. “Pero la causa es la especulación, no la pacificación. En muchas ciudades este es un problema histórico, vinculado al turismo sin control. Se tienen que impulsar medidas para que esto no signifique que debamos escoger entre poder permitirnos vivir en nuestros barrios o tener una ciudad respirable y habitable”, reflexiona Sanz.

El antropólogo José Mansilla se muestra de acuerdo en esta afirmación y sostiene que “todos tenemos derecho a vivir en el mejor de los barrios y no podemos dejar de actuar contra el cambio climático por no generar gentrificación”. De hecho, no hacerlo también podría ser contraproducente. Mansilla considera que una zona no intervenida se degrada, cosa que facilita la compra de edificios a menor precio y predispone a la especulación inmobiliaria y, de nuevo, a la expulsión de vecinos debido a una mejora del espacio público, pero esta vez realizado desde la empresa privada.

Los autores del estudio aseguran que “algunos espacios verdes pueden ser más disruptivos que terapéuticos para la salud”. Para evitarlo, apuntan que la clave son políticas de protección de vivienda. En este sentido, desde el Ayuntamiento de Barcelona optaron por ligar toda transformación urbanística a la creación de vivienda pública o la protección de los bajos comerciales para mantener las tiendas de barrio, pero aseguran que no es suficiente. “Necesitamos urgentemente una ley de vivienda que limite el precio del alquiler para que el mercado no pueda campar a sus anchas ni especular con un bien básico”, recuerda Sanz.

En esta línea, Mansilla destaca que desde que el ecologismo cobró fuerza como movimiento, puede ser aprovechado por el capitalismo para hacer negocio. Las superillas o las pacificaciones urbanas son un ejemplo de ello. “Deben ir acompañadas de políticas públicas, pero eso no siempre es fácil. No luchamos solo contra las dinámicas del capital, sino contra las fuerzas políticas que representan los intereses del mercado”, añade.

El estudio del ICTA recomienda que, para minimizar los impactos negativos de las políticas verdes y, a la vez, para aumentar sus beneficios, estas se deben extender a toda la ciudad, de tal manera que los aumentos de precios no se concentren en una sola zona. Barcelona, por ejemplo, está salpicada de 'superillas', además de zonas pacificadas y parquificadas. Por eso, la gentrificación verde que se puede ver en la capital catalana es calificada por el ICTA como 'gentrificación integrada', en la que “la ecologización es un factor similar a otros cambios urbanísticos a la hora de entender la subida de precios”.

“Da igual que se pacifique, que se mejoren infraestructuras o que se apueste por la innovación tecnológica. El mercado encontrará el discurso que le venga bien para especular”, resume Sanz, quien reitera que el ojo del huracán en las problemáticas urbanas se encuentra en la regulación del precio de la vivienda.

SV

En un contexto de crisis económica, caída del ingreso real e inflación fuera de control, un concepto de la literatura anglosajona permea el discurso público local. En artículos, entrevistas y hasta protestas callejeras se dice que la gentrificación está matando a Buenos Aires.

El mes pasado, un grupo de vecinos de San Telmo y Montserrat denunció que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta está impulsando “una gentrificación residencial y comercial” con su plan para el casco histórico que nivela calzadas y ensancha veredas, alterando así “las dinámicas sociales y económicas del barrio”.

Esta palabra mágica, que en resumidas cuentas describe la llegada de clases altas y sectores de alta calificación a áreas centrales de menor nivel económico, se ha vuelto una suerte de comodín argumentativo muy discutido en el rubro, en especial cuando se aplica a las ciudades de América Latina.

A grandes rasgos, la gentrificación describe un proceso mediante el cual sectores de altos ingresos se instalan en áreas emprobrecidas de la ciudad, generando a un aumento desproporcionado de los alquileres y eventualmente desplazando a los residentes originales. El término fue acuñado por la socióloga Ruth Glass en un estudio sobre la ciudad de Londres y proviene del vocablo inglés gentry, que hace referencia a las familias distinguidas o de origen noble.

Algunos ejemplos ampliamente estudiados en las últimas décadas, como el Meatpacking District de Nueva York, Kreuzberg en Berlín o el barrio de Isola en Milán, muestran un despliegue de lofts y hoteles boutique en barrios “degradados” en paralelo con la llegada de cafeterías de autor, tiendas de cupcakes y restaurantes de lujo. Mediante esta suerte de “aburguesamiento”, los precios se disparan y al cabo de un tiempo la nueva población (universitarios, ejecutivos y profesionales bien pagos) termina desplazando a los habitantes de clase trabajadora.

Pero, ¿es esto lo que está pasando en la capital argentina?

De Barracas a Palermo Dead

“Desde la década del noventa se generó un tipo particular de interrelación entre el Gobierno de la Ciudad y el sector privado, especialmente aquel vinculado a los desarrollos inmobiliarios, que promueve la gentrificación en barrios del sudeste de la ciudad”, escribieron los investigadores Tomás Guevara y Mercedes di Virgilio. “Esta política implica un reacomodamiento de la estructura de rentas del suelo urbano que son apropiadas por el sector privado” mientras se encarece el costo de vida y se produce el desplazamiento de sectores desfavorecidos.

Este proceso -que según los autores tuvo lugar en barrios como La Boca, San Telmo, Barracas y Parque Patricios- fue posible gracias a la existencia de un rent gap, una diferencia entre la renta de entonces en aquellas zonas y la renta potencial que podría obtenerse tras reinvertir en ellas. De esta manera, los desarrolladores inmobiliarios y el Estado se convierten en actores centrales de este fenómeno.

Ricardo Apaolaza es investigador del Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires y junto a un geógrafo de Sevilla intentó medir la gentrificación en los barrios de la Ciudad. Tras analizar el aumento del número de universitarios y la caída en los niveles de hacinamiento (que podrían sugerir un mayor peso de las clases medias y una caída en condiciones de habitabilidad de los sectores vulnerables) entre los censos 2001 y 2010, Apaolaza concluyó que existen cuatro grandes zonas de CABA con indicios de gentrificación: San Telmo, el noroeste de Barracas, Palermo Soho y el límite entre Palermo y Chacarita (área a la que, en un posible guiño a los neologismos inmobiliarios, llama “Chacalermo” o bien podría definirse como Palermo Dead).

“Para hablar de gentrificación tiene que haber un cambio tanto en el perfil socioeconómico como en el perfil sociohabitacional. Hablamos de hogares de sectores obreros con población popular que pasan a un perfil de clase media acomodada con un cambio de perfil de vivienda,” explica Apaolaza a elDiarioAR. “Uno no puede decir, por ejemplo, que se gentrificó Belgrano”.

¿Qué indicadores de gentrificación encontró el investigador en la tradicional San Telmo? En 2001, menos del 9% de los habitantes del barrio contaba con estudios universitarios completos (dato que correlaciona con el nivel socioeconómico). Nueve años más tarde la cifra había ascendido al 16%, es decir a un ritmo dos veces mayor que el promedio de la ciudad. Al mismo tiempo, se redujeron los niveles de hacinamiento y se triplicaron los hogares con residentes europeos y norteamericanos.

Esto no quiere decir que lo ocurrido en territorio porteño en las primeras décadas del siglo XXI sea el mismo fenómeno que se observa en Londres y San Francisco. “No toda la gentrificación es comprar una casa vieja, recauchutarla y vendérsela a un artista. De hecho, la que se ve en Buenos Aires ni siquiera es comparable con la de Santiago de Chile o San Pablo, donde se renuevan barrios enteros”, sostiene.

A la espera de los datos detallados del último censo, Apaolaza anticipa que procesos similares -incluyendo el desplazamiento de residentes originarios- están teniendo lugar en zonas del barrio de La Boca y el área de Parque Patricios.

Una cosa es una cosa

No todos creen que esto sea así. Para el urbanista Marcelo Corti, autor de Diez principios para ciudades que funcionen, un fenómeno semejante requiere la existencia de grandes grupos de población con capacidad económica suficiente para desplazar a sectores más pobres mediante mecanismos gentrificadores y este -asegura- no sería el caso de Buenos Aires.

“La apertura de tiendas de diseño, queserías y vinerías puede acompañar los procesos de gentrificación, pero no son su causa. La renovación urbana o lo que antes se llamaba embellecimiento de barrios, la restauración de fachadas, la ampliación de veredas o la apertura de bicisendas puede acompañar o dar indicios de procesos de gentrificación pero no son su causa”, ilustra.

Para Corti, los procesos de gentrificación en ciudades argentinas “se reducen a unos pocos casos, algunas cuadras o edificios aislados en San Telmo o Barracas, Pichincha en Rosario, muy poquito de Güemes en Córdoba”. Existe, sí, la turistización o airnnbización (en referencia a la plataforma de alquileres para turistas, Airbnb, y que puede tener impactos similares sobre los precios de los alquileres o los niveles de renta inmobiliaria), pero no son exactamente lo mismo.

Este concepto “pareciera ser un zapatito que no encuentra su Cenicienta en América Latina”, dice por su parte la socióloga María Eugenia Goicoechea. Para esta investigadora, que analizó el impacto del Distrito Tecnológico en Parque Patricios, en las ciudades latinoamericanas no se puede hablar de tendencias de gentrificación vinculadas al “retorno a los centros urbanos” de los sectores altos y medios ya que -a diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos- estos grupos nunca dejaron del todo la ciudad.

El término es objeto de polémicas en otros lugares de la región. En su artículo “¿Gentrificación en Bogotá?”, el economista Samuel Jaramillo estudió el caso del barrio La Candelaria, en el casco colonial de la capital colombiana. Allí analizó la mudanza progresiva por parte de artistas, escritores y docentes a inmuebles de la zona de valor patrimonial pero concluyó que aquel fenómeno difícilmente pueda ser considerado gentrificación.

“En primer lugar hay que subrayar que estos procesos son lentos y paulatinos y, por lo menos en sus etapas iniciales, no han implicado cambios muy notables en los precios inmobiliarios”, dijo Jaramillo. “Esto es congruente con el hecho de que no están protagonizados por grandes promotores o entidades dedicadas sistemáticamente a la especulación, sino más bien por los mismos residentes”. (Sí observó un intento por parte del gobierno por sacar partida del stock inmobiliario pintoresco “para atraer turistas y ocupantes ocasionales” de sectores altos y sus actividades asociadas en hoteles, restaurantes y tiendas de souvenirs).

De regreso en Buenos Aires, Goicoechea se pregunta si es válido pensar los procesos urbanos locales “tomando esta tradición de estudio importada de otro contexto geográfico” o si en los barrios del sur hay procesos más vinculados a una simple renovación urbana, impulsada por desarrolladores privados y alentada desde el Gobierno porteño.

“No hay que olvidar que el término gentrification tiene en su origen un sentido medio irónico, como si dijéramos chetificación,” reconoce Apaolaza, que advierte sobre el mal uso del concepto. “Está claro que una cosa son los procesos de valorización, otra los desalojos, otra un boom inmobiliario. Si todo es gentrificación, termina pasando que nada lo es.”

El debate excede la discusión semántica o académica. Darle a este fenómeno un lugar más acotado ayuda a centrar los esfuerzos (y los reclamos) en desafíos más importantes: un mercado de la vivienda no ajustado a las necesidades de uso, falta de mixtura social en los nuevos proyectos, barrios populares que esperan ser urbanizados, precariedad habitacional… De mínima, se trata de entender que si Buenos Aires tiene problemas graves de exclusión urbana no es culpa del flat white, de un grupo de estudiantes de artes escénicas ni de un bar nuevo con mesitas a la calle.

FP/MG

A fines de la década de 1990, vivía y trabajaba al norte de Londres, sin saber que me encontraba al lado del distrito que originariamente inspirara el término “gentrificación”. Islington, según recuerdo, estaba lleno de las emblemáticas casas de estilo georgiano y tenía una calle principal ajetreada, con negocios, pubs llenos de hinchas del Arsenal Football Club, y muchos cafés y restaurantes. Los barrios municipales, un tipo de vivienda social en alquiler que cuenta con subvención estatal, y la prisión de Pentonville formaban parte de la mezcla de lo que para mí era un barrio típico del norte de Londres.

Hasta ese momento, no solo no había oído hablar de la gentrificación, sino que tampoco tenía idea de que Islington alguna vez había sido una zona insalubre, golpeada por la sobrepoblación y la pobreza. A mediados del siglo XIX, muchos habitantes pobres del interior de Londres se vieron desplazados por proyectos masivos de obra pública, como la construcción de la red de subterráneos. Una vez que fueron empujados hacia el norte, se amontonaron en pequeños departamentos dentro de lo que habían sido casas burguesas distinguidas. Hacia mediados del siglo XX, Islington, junto con otras áreas, era considerada una zona profundamente afectada por la pobreza urbana. La destrucción provocada por los bombardeos enemigos durante la Segunda Guerra Mundial llevó a que se reemplazaran extensas áreas de casas adosadas en ruinas por barrios municipales, lo cual implicó una leve mejora de las condiciones de vida.

Hacia 1960, sin embargo, las casas georgianas que quedaban, venidas a menos, pero lo suficientemente sólidas como para haber sobrevivido a la guerra, poco a poco fueron atrayendo habitantes de clase media. Ruth Glass, socióloga afincada en Londres, reparó en el lento influjo de estas familias que se mudaban a “casas mews y casas de campo modestas y en deterioro”. Las familias fueron reformando y restaurando las casas a través de la igualdad del sudor: con su propio trabajo físico. Con el tiempo, estas casas aumentaron su valor de forma significativa. En 1964, Glass acuñó el término “gentrificación” para describir este cambio económico y demográfico. La propia palabra indica lo que para ella era el aspecto más importante del proceso: un cambio de clase5. La alta burguesía no cesaba de rehacer el barrio a su imagen y semejanza, en consonancia con sus propios gustos y preferencias.

Desde el comienzo, Glass colocó el desplazamiento en un primer plano, como el rasgo distintivo de la gentrificación, debatido en muchas ocasiones. En sus palabras: “Una vez que el proceso de ‘gentrificación’ comienza en un distrito, avanza con rapidez hasta que toda o la mayor parte de la población original de clase obrera ha sido desplazada, de modo que el carácter social del distrito cambia por completo”. Glass nombró a este proceso como una “invasión” y señaló que ya había transformado sectores de Notting Hill, al oeste de Londres, una poblada comunidad de inmigrantes del Caribe. La importancia del desplazamiento y la idea de que “el carácter social” de un barrio puede ser transformado por completo continúan siendo centrales cuando hablamos de gentrificación.

Probablemente, las personas de clase media y alta siempre han tomado espacios y los han reconstruido de acuerdo a sus necesidades y deseos. Según señaló Glass, lo que parecía ser digno de atención en Islington era que se trataba de un área densa, urbanizada y de clase trabajadora, de viviendas donde había una relación inversa entre el estatus social actual, por un lado, y su valor y tamaño. En otras palabras, el estatus social era elevado, mientras que el valor era bajo y el tamaño, pequeño. Estas personas de clase media no estaban mudándose fuera de la ciudad, ni buscaban viviendas más grandes y nuevas. En cambio, se trataba de la decisión de quedarse en la ciudad o de volver a ella; buscaban algo que no era un espacio moderno ni la calma de los suburbios, algo que continúa siendo un asunto de debate. Pero a diferencia de otras tendencias como la suburbanización, la gentrificación parece haber sido motivada por un conjunto distinto de esperanzas y temores.

En aquel momento, el desplazamiento de comunidades inmigrantes, racializadas y de clase trabajadora que provenían de barrios urbanos no era un fenómeno nuevo en Inglaterra ni en otros países. Los gobiernos ya habían identificado a las denominadas zonas “en deterioro” y a los “barrios precarios” como objeto de proyectos de renovación urbana, diseñados para barrer con estas comunidades y reemplazarlas por otras completamente distintas o destinar la tierra para otros usos como, por ejemplo, autopistas, centros comerciales. No obstante, a diferencia del proceso de renovación urbana, el de gentrificación —por lo menos según observó Glass en aquel momento— no consistía en un emprendimiento verticalista financiado por el Estado; ni tampoco involucraba la demolición de los barrios previos.

En cambio, se trataba de habitantes blancos y de clase media que llegaban por voluntad propia a lo que parecían zonas menos atractivas y realizaban cambios graduales en el entorno físico a través de proyectos de renovación y paisajismo. Aunque no existen dudas de que la renovación urbana y la gentrificación están conectadas, como exploraremos más adelante en el libro, esta última parecía ser lo bastante diferente como para merecer un mote propio.

Desde 1964, sin embargo, la gentrificación, según fue definida por Glass, ha tomado distintas formas y trayectorias. En algunos casos, existen procesos de gentrificación que no se parecen en nada al escenario observado en Islington varias décadas atrás.

LK 

Cuando García Márquez inauguró su mansión terracota de la calle del Curato, en 1996, la suerte estaba ya echada. La mayoría de las viejas salas de cine habían cerrado y buena parte de los colegios habían abandonado el centro histórico de Cartagena de Indias. Los vecinos, entre incrédulos y expectantes, observaban los bandazos del boom inmobiliario que la declaración de patrimonio de la humanidad había espoleado en 1984. Y con ello, la transformación del recinto amurallado en una marca turística muy alejada de aquel entorno popular, en parte derruido, donde aún era posible ver gente asomada a los balcones. 

“Mira, llegó el momento de irnos del centro”, le soltó rotundo el arquitecto Germán Bustamante a su hermana en 2018. A sus 73 años, cuenta que había tolerado suficiente la “degradación del ambiente”, el ruido de los bares, el estruendo diario de los fuegos de artificio de cualquier fiesta y, sobre todo, el ninguneo de las autoridades para preservar la “calidad de vida de los habitantes”. En 15 años la población residente se redujo en un 80%, según cifras oficiales. Para 2018 quedaban algo más de 2.300 vecinos, de los casi 10.500 que fueron censados en 2005.

Así fue como Bustamante tuvo que dejar el que fuera su hogar desde 1966, cuando problemas económicos obligaron a la familia a trasladarse a un lugar “menos prestigioso”. El desarrollo de la gentrificación, un anglicismo que define el proceso de sustitución y expulsión urbana de poblaciones locales por vecinos con mayor capacidad adquisitiva, ha sido implacable en Cartagena. 

De barriada a “cool”

Getsemaní, barriada de raíz obrera y población negra, es el último laboratorio de la especulación inmobiliaria del centro. Sus casas discretas de una planta, que albergaron no hace mucho un distrito rojo, son ocupadas por huéspedes de plataformas turísticas y bares de copas de martini. El valor del metro cuadrado, el más alto del país, oscila entre los 2.000 y 4.000 euros, valores equiparables a los de distritos como Latina o Retiro en Madrid. 

El líder vecinal Florencio Ferrer cuenta que el encarecimiento de los arriendos ha expulsado al grueso de la comunidad getsemanicense. Afirma que en la calle de la Sierpe, por ejemplo, “solo quedan dos habitantes”. Su esfuerzo se ha centrado en un plan de salvaguardia de la vida de barrio, con el que logró exenciones en impuestos prediales y tarifas moderadas en los servicios públicos para unas 200 familias raízales. 

La revista de negocios Forbes incluyó a Getsemaní entre los doce barrios más cool del mundo en 2018, junto al barcelonés Sants o Amsterdam Noord, entre otros. El arquitecto de la universidad Jorge Tadeo Lozano Rodrigo Arteaga recuerda que, navegando en Internet, se topó con un hotel boutique que promocionaba una experiencia en el “barrio de moda en Cartagena, donde podrá caminar por las calles y ver a través de las rejas de las casas la vida cotidiana de los cartageneros”. Arteaga exclama indignado: “¡Oye, no somos un zoológico!”.

El turismo masivo es hoy uno de los problemas que más inquietan, en teoría, a los responsables del Instituto de Patrimonio Urbano. Desde diversos frentes recalcan su preocupación por preservar “la identidad, la cohesión social y los cambios en la comunidad local”. En la práctica, sin embargo, los resultados son modestos. 

El edificio Aquarela

A finales de 2017, saltó a los medios que la construcción de una torre, cuya edificación ya iba por la décima planta de 30 proyectadas, se hallaba en una zona de patrimonio histórico. Al día de hoy, el esqueleto grisáceo del bautizado edificio Aquarela se mantiene en pie. Desnudo, alterando una de las panorámicas del fuerte de San Felipe de Barajas, desde donde el marino vasco Blas de Lezo repelió un feroz ataque de la flota británica en 1714.

Las autoridades ordenaron hace tres años suspender la obra. Aún no hay claridad sobre los responsables del incidente. Una de las razones es la enrevesada maraña de circuitos burocráticos que velan por el patrimonio cartagenero. Si las murallas que bordean parte del centro y la fortaleza son responsabilidad del Ministerio de Cultura, el mobiliario urbano del centro y su zona de influencia son función de la ciudad. La desarticulación entre Cartagena y Bogotá es evidente. Y la ligereza de curadores y otros burócratas se presta para las fisuras.

¿Por qué sonaron las alarmas cuando van diez pisos construidos? ¿Acaso nadie del ministerio vio los gigantescos huecos que se abrieron para los cimientos? ¿Cómo se construyó un monstruo de esa categoría en las narices de todo el mundo?, son algunas de las preguntas que se plantea el restaurador y consultor cartagenero Salim Osta Lefranc.

La Unesco urgió al Gobierno acelerar la demolición del Aquarela, aplazando la fecha límite al primero de diciembre de 2022. De lo contrario, es posible que la ciudad caribeña pierda el rótulo de patrimonio de la humanidad, como sucedió este año con el puerto británico de Liverpool.

Pero el arquitecto Rodrigo Arteaga es escéptico. El caos político que provocó el recambio de once alcaldes en la última década, en una de las dos ciudades más pobres del país, complica el panorama. “Muchos cartageneros ni siquiera conocen su centro histórico”. Y subraya la paradoja que esto supone en un balneario que recibe el rótulo de “patrimonio de toda la humanidad”, dice el historiador Orlando Deavila.

El último incidente ocurrió hace unas semanas en el exclusivo Club de Pesca. La sofisticada bahía del centro náutico está situada en el fuerte colonial de San Sebastián de Pastelillo (1744), un fragmento de muralla que administran desde 1944 sus exclusivos socios. La cuestión es que los responsables decidieron darle una mano de pintura mostaza sin la autorización del Ministerio de Cultura.

El problema fue subsanado y se espera una multa para el club. Pero la debilidad institucional quedó manifiesta y dio paso a viejos interrogantes sobre quiénes son los verdaderos beneficiarios de una de las joyas arquitectónicas coloniales del Caribe. De acuerdo con investigaciones del economista cartagenero Aarón Espinosa, se trata de una amalgama de firmas hoteleras transnacionales, junto con una red de familias tradicionales, cartageneras y bogotanas, que se han beneficiado de políticas tributarias nacionales y locales.

“Las exenciones tributarias que adelantó el Gobierno de Álvaro Uribe favorecieron la última fase de la explosión hotelera”, explica Espinosa. “Esas tarifas, menores incluso que las correspondientes a la industria y el comercio, han resultado sin duda inequitativas frente a los sectores productivos locales”. Asimismo lamenta que estos asuntos no se dan a conocer lo suficiente entre la sociedad civil cartagenera. “Probablemente porque solo han beneficiado solo a unos pocos y el control ciudadano ha sido insuficiente”.

La quinta fachada

Isabela Restrepo es vocera de la Fundación Centro Histórico, una asociación de 200 vecinos entre los que se cuentan banqueros, presidentes de compañías energéticas, galeristas de Manhattan y altos ejecutivos. Explica que la misión de la organización es ser guardianes de un patrimonio que se llama uso residencial.

También recuerda que hace nueve años dejó Bogotá para buscar en Cartagena un entorno tranquilo y seguro pero que el deterioro reciente en la seguridad, así como la proliferación de prostíbulos y bares ruidosos, la han llevado a restringir sus paseos nocturnos. “Es muy triste, pero el fenómeno de las viviendas de alquiler turístico han permitido que la prostitución y el micro tráfico crezcan”.

Asimismo desgrana de memoria las recomendaciones que la Unesco ha emitido desde 2008 para evitar la destrucción del tejido social, la privatización de los espacios público o  el cambio del uso residencial de los inmuebles. El académico y vecino del centro Rodrigo Arteaga, sin embargo, encuentra inconsistencias en el discurso de la fundación.

Cuenta que los selectos miembros, más de uno ausente durante largas temporadas, son parte integral del problema. El mayor interés de la fundación se centra de forma reteñida en acabar con el ruido y mejorar la seguridad. Pero en el fondo no existe una preocupación real por la suerte de la herencia cultural de las comunidades, ni por la importancia de los bienes públicos de la ciudad, el primer motor para la especulación en el mercado del suelo es la “patrimonialización” estimulada desde 1984.

Casonas

Quizás la faceta más desconocida de la gentrificación se halla al interior de muchas de las grandes casonas del exclusivo barrio de San Diego, pero también de otros más discretos en Getsemaní. El restaurador Salim Osta Lefranc se refiere a la “quinta fachada”. Estos son espacios donde reinaba cierto espíritu de mesura pero que hoy, según señala Rodrigo Arteaga, son lugares donde se multiplican los jacuzzis, piscinas, terrazas y aires acondicionados permitidos por ley.

Para muchos ciudadanos el resultado es una decorado urbano que bascula entre una serie de recintos de corte aristocrático y algunas pinceladas de parque temático. Basta con acercarse a cualquiera de las plazas donde se hallan las tradicionales palenqueras, que son pregoneras negras que venden frutas atiborradas sobre una palangana metálica. Estas mujeres hoy se encuentran vestidas con trajes coloreados de la bandera colombiana y su mercancía termina siendo ajíes o los cogollos de las frutas, solo para que se vean. “Porque ya lo que importa no es vender la fruta sino vender la foto con ellas”, dice Arteaga.

El turismo se ha convertido en un arma de doble filo. Por eso el historiador Orlando Deavila argumenta que se requiere de un organismo público que regule y gestione la práctica del turismo “porque lo que hay hoy es una figura público-privada sin capacidad de Gobierno”. Una entidad capaz de gestionar el gran pilar de la economía de Cartagena y que sea capaz de recuperar el alma extraviada del viejo barrio de zaguanes abiertos.