Ante todo hay que decir por qué es tan urgente una ley de envases.  Los expertos nos advierten que estamos al borde del colapso ambiental. El sistema de producción, consumo y descarte está causando daño al planeta y el tema de los residuos es un problema a nivel global.

Estamos hablando de una ley que evitará que los residuos de envases colmen los basurales o contaminen ríos y océanos. Una ley que cuidará nuestro ambiente tan deteriorado, ya que al fomentar el reciclado se evita el uso de recursos no renovables como el petróleo o la extracción de nuevos minerales. Se ahorra energía y también se sustituyen importaciones de materias primas. Es una ley que generará nuevos puestos de trabajo en la industria recicladora y dotará de derechos a miles de cartoneros y cartoneras de todo el país que hoy trabajan en pésimas condiciones. Es una ley TODO BENEFICIO.

Hace 20 años que en Argentina se discuten proyectos de ley de envases que nunca llegan a votarse en el recinto. Escuchando la historia de esos intentos decidí hablar con todos y todas los involucrados con el tema: diputados y diputadas de todos los bloques, organizaciones ambientalistas, intendentes, gobernadores y principalmente empresas que ponen envases en el mercado y aquellas que los reciclan.  Yo soy cartonera y sé perfectamente por qué mi sector necesita una ley de envases. Pero creía importante escuchar a todos los actores. Me dí cuenta que ningún proyecto de ley deja 100% contento a todos y todas, que todos debíamos ceder un poquito en pos del Bien Común, del cuidado de la casa común.

Con ese espíritu se trabajó con los equipos técnicos del Ministerio de Ambiente, de las cámaras empresarias que representan a los distintos sectores de la industria y a los bloques parlamentarios de la cámara de Diputados. 

Se realizó entonces una nueva reunión de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados invitando a todos los sectores a exponer.  Allí el viceministro informó que estábamos dispuestos a hacer lugar a los principales pedidos de la industria. La propuesta en cuestión contempla modificaciones en 14 de los 44 artículos que contiene el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo originalmente. Las más significativas son: a) la posibilidad de las empresas de organizar Sistemas Privados de Gestión de sus envases como alternativa al pago de la tasa ambiental. b) mayor participación en el consejo consultivo y c) mayor jerarquía a las metas y sistemas de trazabilidad.

Resumidamente, las empresas tendrán tres alternativas para asumir la responsabilidad por lo que sucede con los envases una vez consumido el producto: implementar Sistemas Retornables, implementar sistemas de recolección a su cargo o abonar la Tasa Ambiental para solventar los programas de reciclado en cada municipio.

El tema que hace más ruido es el pago de la tasa por parte de los productores, en los casos que decidan no implementar sus propios sistemas de gestión. Esa tasa es para costear la gestión de los envases en cada municipio y evitar que esos envases contaminen.

Cabe aclarar que no se trata de un impuestazo general del 3% como escuché decir. Por el contrario, el valor de la tasa está relacionado al costo de recuperar los residuos y tiene en cuenta cuatro criterios que determinan que se pague más o menos según las características de cada envase: si contiene o no material reciclado; si es fácilmente reciclable; si es amigable con el medio ambiente (uso de recursos renovables) y el eco diseño. De esta forma se incentiva a la industria a producir envases más ecológicos. Según los cálculos del Ministerio de Ambiente en la mayoría de los envases la incidencia de la tasa en relación al precio del producto envasado no supera el 0,6%. Estamos hablando de centavos!!! 

¿De dónde sale esto del 3% entonces? El proyecto prevé un tope máximo. En ningún caso el costo de la tasa podrá superar el 3% del valor del producto envasado. Es un mecanismo de resguardo para que no se generen distorsiones en casos de productos muy económicos, con envases poco ecológicos.

Estamos planteando un sistema sencillo, de implementación progresiva que contemple la promoción ambiental, la separación en origen de los residuos, la recolección diferenciada, el traslado de materiales a una planta donde se clasificarán los materiales, se los compactará y se los retornará a la industria para convertirse en nuevos productos.

Las metas de recupero serán graduales ya que hay que ir construyendo infraestructura y desarrollando la capacidad de la industria recicladora. Será necesario sumar nuevas líneas de producción o bien realizar innovaciones tecnológicas. La ley prevé un porcentaje de lo recaudado para apoyar esta transición.

Me parece una excusa de quienes no quieren que nada cambie cuando escucho hablar que se busca generar “una caja discrecional para los movimientos sociales”. Muy por el contario, la ley establece claramente que los recursos deben utilizarse exclusivamente para recuperar los envases, que serán los municipios y las provincias los encargados de elaborar los planes de gestión y el Ministerio de Ambiente aprobarlos en base a criterios técnicos. Además se prevén mecanismos de control y sistemas de trazabilidad.

No hay dudas, palabra más, palabra menos, que esta ley dará respuesta a muchos de los problemas ambientales, sociales y económicos que generan los envases post-consumo, y comenzará a saldar la deuda con los recuperadores de cada ciudad.

Funcionarios, empresarios y dirigentes de la Federación de Cartoneros se expresaron a favor de que se apruebe una ley de Envases en la comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, que buscará avanzar en las próximas semanas en un dictamen sobre esta propuesta sobre reciclado con cuidado del medio ambiente.

El proyecto impulsado desde el Gobierno promueve una gestión ecológica de los envases en todo el país para reducir su impacto sobre el medio ambiente y sobre la población que se dedica a su reciclado.

La discusión del proyecto de envases se realizó en una reunión de la comisión de Recursos Naturales que se extendió por espacio de dos horas y que fue conducida en forma conjunta por su presidente Leonardo Grosso (FDT) y el vicepresidente, el radical Martín Berhongaray.

Al comenzar a las 14.30 la reunión, el presidente de la comisión, Leonardo Grosso (FDT) dijo que el objetivo del encuentro de esta tarde es que los diputados tengan la visión de todos los sectores, funcionarios, empresarios y organizaciones sociales de cartoneros.

Tras la reunión informativa, la iniciativa se deberá tratar en un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Presupuesto, para comenzar a armar un despacho donde se buscará que tenga consensos entre el FDT y los bloques opositores.

Uno de los puntos que ha generado el año pasado mayor discusión fue la creación de una tasa del 3% para aquellas empresas que no hagan sus propios procesos de reciclado, que generó una fuerte polémica entre el oficialismo y la oposición.

Sobre este punto,el viceministro de Medio Ambiente, Sergio Federovisky, propuso una modificación del proyecto para que “coexistan dos sistemas, uno privado con supervisión del Ministerio de Ambiente”, donde se genere el sistema de reciclado, y otro “financiado con la recaudación de una tasa de parte de aquellos que no presenten sus propios sistemas de tratamiento”.

Con esta reforma, los empresarios que tengan su propio sistema de reciclado con inclusión social de los cartoneros no deberán pagar la tasa, y solo lo tendrán que hacer aquellas empresas que optan que tenga su mecanismo de tratamiento.

Durante la reunión, la diputada oficialista Natalia Zaracho, referente de los trabajadores de la economía popular, reclamó que se sancione esta ley y dijo que “la tasa del 3% queremos que vaya exclusivamente para generar conciencia ambiental y fortalecer los espacios que viene teniendo la tarea del reciclado”.

Desde la oposición, la legisladora radical Dolores Martínez dijo que “es fundamental que esta discusión se realice en un plenario de comisiones para analizar todas las aristas del proyecto y se pueda aprobar una iniciativa que se aplicará” y recalcó que “ estamos comprometidos con trabajar por una ley de envases”

El debate fue abierto por el viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky, quien aseguró que si “verdaderamente tenemos la vocación de poner en marcha una política pública permanente que sea generosa en materia de residuos tenemos que estar de acuerdo que tenemos que tener la ley de envases”

“La Argentina tiene un serio problema de derivación de residuos por circuitos incontrolados hacia basurales a cielo abierto, que da como resultado un país tapado de residuos”, agregó.

El funcionario agregó que “la necesidad de una ley de envases es tal que sin su aprobación no se podrá reducir la importación del plástico pet para uso industrial ni van a cesar los basurales a cielo abierto”, y aseveró que en el debate del año “hubo malas interpretaciones” y señaló que le llamó la atención que tras haber explicado sobre el propósito de la tasa hayan calificado la misma de “impuesto extorsivo”.

Juntos por el Cambio y otros bloques menores rechazaron la creación de una tasa ambiental, y señalaron que se trata de un nuevo impuesto y por eso motivo fracasó el tratamiento de esta iniciativa.

El funcionario dijo que “a lo largo de los años hemos conseguido poner en marcha ocho centros de tratamiento de recolección de residuos con sus respectivas plantas de separación, recuperación, transferencia y cierre de basurales a cielo abierto”.

Federovisky también explicó una parte central del proyecto que es la administración de esos fondos que será a través de un fideicomiso administrado por el Banco Nación.

Según el texto, con lo recaudado por el pago de esa tasa se creará un fideicomiso, administrado por la banca pública, que servirá para fortalecer los sistemas públicos de gestión de envases, promover la inclusión de las y los recicladores, impulsar la valorización de los envases y fomentar el desarrollo del ecodiseño, entre otros aspectos.

Por su parte, la directora Nacional de Economía Popular del Ministerio de Desarrollo Social, Maria Castillo, dijo que “tenemos registradas un total de 320 unidades productivas, eso nos está dando un total de aproximado de 150 mil cartoneros trabajando en esos lugares y ese proceso garantiza recuperar 10 toneladas de residuos reciclables en los lugares”.

Claudio Terres, presidente de la comisión de Desarrollo Sustentable de la Unión Industrial Argentina, aseguró que desde esa entidad “ apoya la ley de envases postconsumo y la ley responsabilidad extendida del productor. Es bueno que podamos avanzar en el análisis porque queremos la ley, no es una cuestión de que no sale porque nosotros la frenamos”.

En tanto, Matías Capolango de la Federación Argentina de Cartoneros de La Matanza, es “muy importante para los compañeros que salta esta ley porque hoy la tasa ambiental la estamos pagando con la vida de los compañeros”.

“Entendemos que esta ley es necesaria e importante para cambiar el día a día de nuestros compañeros y realizar en cada municipio un reciclado con inclusión social”, agregó.

El presidente de la Cámara Argentina de Reciclado de Plástico, Jose Luis Picconi, afirmó que esta industria “ha reciclado unas 300 mil toneladas” y señaló que “cada 100 toneladas de plástico reciclado en el año es una persona trabajando en blanco en la industria recicladora

En ese marco, señaló que hoy tienen “3000 empleados en la industria recicladora, unos 9000 en la mano de obra indirecta y unos 70 mil recuperadores”

A su vez, el referente de la Federación de Cooperativas de trabajo, Rodrigo Valdés, aseguró que “se debe debatir una ley de envases porque los recicladores y cartoneros hacen un trabajo para mejorar el medio ambiente, ya que sino estuviéramos nosotros la situación ambiental se desbordaría” y por eso “esta tasa viene ayudar a gestionar para ayudar a quienes gestionamos el reciclado”.

La Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCYR) protagonizó este jueves una “acción ambiental” en la sede de Coca Cola en el barrio porteño de Saavedra para denunciar “el lobby que la multinacional está haciendo para frenar la Ley de Envases con Inclusión Social”.

La empresa es la principal productora de los envases plásticos “que contaminan ríos y océanos y los cartoneros son quienes los recuperan, brindando un servicio ambiental no remunerado” por Coca Cola, denunciaron los organizadores.

“Coca Cola está haciendo lobby para que el proyecto de ley de envases que presentamos en el Congreso el año pasado no salga, porque están cuidando los intereses de la firma, cuidando la exorbitante ganancia que tienen anualmente, sin importar el daño ambiental y social que hacen”, explicó Jonathan Castillo, cartonero referente de la FACCyR y agregó: “esas botellas no desaparecen por arte de magia. Presentamos un proyecto de ley para que esas botellas tengan un destino sustentable y que la empresa se haga responsable de cuál es la trayectoria de ese envase. Estamos proponiendo el reconocimiento del trabajo de casi 200 mil compañeros que esos envases los venimos recuperando gratis hace muchísimo tiempo”.

Además, Castillo detalló las acciones de lobby de la multinacional: “A fin de año, Coca Cola a través de la American Chamber le ofreció a los diputados un viaje a Washington todo pago cuando se iba a tratar la ley. Además le están pidiendo a todas las empresas privadas que aporten 8 millones de pesos para hacer sistemas de recolección de envases sin cartoneros. Si ese envase no lo recupera un compañero, se entierra o termina en ríos y océanos”.

Coca Cola dio a conocer poco después un comunicado en el que se pronuncia en favor de una ley de envases con inclusión social, pero rechazó que se base “en una mayor carga tributaria”.

“Los envases son un aporte fundamental e imprescindible a nuestra calidad de vida, pero pueden ser un problema si se convierten en residuos. Asumimos nuestra cuota de responsabilidad y queremos ser parte de la solución al problema de los envases post consumo”, dijo la empresa. “Para ello, invertimos en investigación y desarrollo para optimizar el diseño de envases y promovemos el uso de envases retornables (35% de nuestras ventas son en envases retornables de plástico y de vidrio). Además, empleamos envases con contenido de material reciclado, generando una demanda estable y creciente para la industria recicladora local. Actualmente, el 54% de los envases que ponemos en el mercado se reusan o reciclan. Sabemos que los recuperadores y recicladores informales son una parte fundamental del circuito del reciclado”, aseguró.

“Compartimos la necesidad de contar con una Ley de Envases y aceptamos el principio de responsabilidad extendida y compartida del productor. Coincidimos, también, que el enfoque en Argentina debe ser inclusivo, reconociendo el aporte de los recuperadores y recicladores informales. Sin embargo, no coincidimos con que el método para abordar este problema sea creando mayor carga tributaria a todos los productos envasados”, sostuvo Coca Cola.

El proyecto de ley de Presupuestos Mínimos de Gestión Ambiental de Envases y Promoción del Reciclaje Inclusivo, conocido como “Ley de Envases”, fue impulsado por la FACCyR en conjunto con organizaciones sociales, sindicales, ambientales, políticas, y las cámaras de reciclado de la industria.

Si bien en noviembre del año pasado el proyecto promovido por el Poder Ejecutivo obtuvo dictamen de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, deberá obtener nuevamente dictamen de ambas comisiones por no haber sido tratado en el recinto antes de finalizar las sesiones ordinarias el año pasado.

CC

El Ministerio de Ambiente, tomando opiniones de ONGs, cámaras industriales y ambientalistas que la reclamaban con urgencia, elaboró un proyecto de Ley de Envases con inclusión social que fue consolidado con aportes del Ministerio de Desarrollo Productivo y finalmente enviado al Congreso como proyecto del Poder Ejecutivo tras la firma del presidente Alberto Fernández.

Sorprendentemente, muchos de los que en reuniones privadas recalcaban la imperiosa necesidad de una ley de envases luego en público se dedicaron a ensuciar, mentir y difamar, aun cuando hay una montaña de evidencias que desnudan dicha mendacidad.

Enumeremos:

-“Es un impuesto confiscatorio”, aúllan. Falso: el proyecto prevé que exista una inversión para garantizar el tratamiento de los envases (cerca de 25% del total de residuos que se generan en el país) que hoy van a basurales, rellenos sanitarios o directamente ríos y arroyos. Esa inversión puede hacerla un privado, presentando y luego desarrollando su plan de gestión de los envases que pone en el mercado, o haciéndose cargo de una tasa del 3% del precio mayorista del envase para que esa inversión la disponga el Estado con esos fondos. Ergo: no es una imposición sino una opción y es una tasa ambiental (y no un impuesto) porque tiene como contraprestación la remediación del daño ambiental provocado.

-“Hoy no se paga por los envases”, argumentan. Falso: hoy la industria externaliza los costos del tratamiento de los envases que coloca en las góndolas. La sociedad lo paga con deterioro ambiental, con mayor presión presupuestaria sobre los municipios para que entierren esos residuos que podrían reciclarse, con la existencia de 5.000 basurales a cielo abierto y con ausencia de toda dignidad en el trabajo de los cartoneros que no encuentran casi sistemas de separación y recolección diferenciada que faciliten su trabajo. Y un costo más: los dólares que implican las 800 toneladas anuales de basura plástica procedente de terceros países que concretan su economía circular a la distancia gracias a la falta de compromiso de la industria local. Insólitamente, la industria local que demanda material reciclable como materia prima ni siquiera recibe la solidaridad de sus pares, ya que no encuentra localmente la oferta de envases usados de pet que finalmente debe importar.

-“La tasa se va a trasladar a precios”, amenazan. Falso: la ley establece el principio de la responsabilidad extendida del productor, hoy vigente en decenas de países ricos, pobres y medianos. Eso es que “quien introduce un producto en el mercado debe hacerse responsable del tratamiento de ese producto cuando se convierte, lógicamente, en residuo”. Hacerse responsable es pagar por su tratamiento, no seguir externalizando costos y haciendo que los consumidores paguen para que los empresarios sigan con sus niveles de ganancias a costa de la contaminación que provocan.

-“Van a aumentar los precios de los productos envasados”, tergiversan. Falso con alevosía. El proyecto dice claramente que se aplicará una tasa “máxima” del 3% del “valor mayorista del envase”. Lo que va adentro puede ser caro o barato o lo que fuera, pero no incide ni remotamente en la tasa, salvo que alguien quiera difamar el proyecto. Y el 3% es el valor máximo posible, ya que hay decenas de alternativas (ecodiseño, envases retornables, uso del vidrio, etcétera) para disminuir esa alícuota.

-“Van a armar una caja para la ‘orga’”, agreden. Falso con delectación. Un fideicomiso es un instrumento que determina que los fondos allí depositados solo pueden usarse para el fin con el que fue creado. El Ministerio de Ambiente puede mostrar la excelencia en el manejo de fondos del fideicomiso que instrumentó en el BICE para el Plan de Manejo del Fuego, que perfeccionó indudablemente la prestación del presupuesto para esa finalidad. Además, la ley prevé un Consejo Consultivo que, entre otros integrarán las Cámaras, para supervisar la trazabilidad de los fondos. ¿O acaso prefieren que lo recaudado vaya a rentas generales y se esfume tras una decisión circunstancial y no garantice el uso preestablecido?

-“Lo único que funciona es un sistema exclusivamente privado”, plantean, como si fuese la panacea que insólitamente nadie hasta ahora descubrió. Falso. Existe un antecedente muy rotundo: la ley de manejo de envases de fitosanitarios (la que pretende garantizar el tratamiento de los bidones de agrotóxicos, para decirlo claramente) lleva más de cinco años deambulando en su intrascendencia porque los privados a cargo de su gestión hacen lo imposible para no financiar el costo de ese tratamiento.

-“Es un plan social encubierto”, arguyen en el colmo de la exacerbación. Falso de toda falsedad. El presupuesto derivado del cobro de la tasa ambiental será ejecutado por municipios o consorcios que previamente deberán validar su plan de gestión de envases en el Ministerio de Ambiente. Entre las condiciones para financiar los contenedores, cintas, balanzas, camiones y demás elementos que permitan el tratamiento y la reinserción de los envases en el circuito productivo estará el trabajo digno y en blanco de las cooperativas de cartoneros.

El daño ambiental es inocultable. La responsabilidad también. Parece ser hora de que lo ambiental deje de ser apenas una profusión de consignas (economía circular, desarrollo sostenible, reciclaje para todes) y pase a ser una política pública. La discusión es –perdón por la palabra- ideológica: quién paga la remediación o la prevención de ese daño. Hasta ahora lo pagó la sociedad. Quizás llegó hora de que también la justicia ambiental deje de ser slogan.

SF

Las empresas reunidas en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) rechazaron este jueves el proyecto de gestión de envases, que obtuvo dictamen de comisión ayer en la Cámara de Diputados, al que consideraron “una propuesta anacrónica, que no soluciona el problema de fondo y genera una mayor carga tributaria al tejido productivo”. La iniciativa, promovida por el oficialismo, contempla la creación de una “tasa ambiental” a ser abonada por los productores responsables de los envases puestos en el mercado.

El proyecto, que fue presentado a fines de octubre por Máximo Kirchner y el Ministro de Ambiente, Juan Cabandié, dispone la creación de un fideicomiso administrado por la banca pública para, entre otros objetivos, fortalecer los sistemas públicos de gestión de envases, promover la inclusión de las y los recicladores y fomentar el desarrollo del ecodiseño. Además, según informó el Ministerio de Ambiente, los productores podrán desarrollar sus propios sistemas de recolección y reutilización.

Frente al avance de la iniciativa en la Cámara Baja, la AmCham difundió un comunicado oficial en el que expresó su “preocupación”. Señaló que los fondos que la ley generaría no tienen una contraprestación clara y afectan el federalismo. Además, anticipó que medidas de este tipo “obstruyen la generación de empleos, limitan las nuevas inversiones, propenden a escaladas de precios y crean un ambiente regulatorio hostil, restrictivo e imprevisible”. Argumentos similares a los esgrimidos frente a otras iniciativas de discusión reciente, como la de etiquetado frontal de alimentos. 

“Hoy más que nunca, es necesario que el Gobierno y, en este caso, el Congreso Nacional desarrolle políticas de acompañamiento al empleo y la inversión, y recree las condiciones para un clima de negocios previsible, en base a las reglas de la libre empresa, siendo este el único camino posible hacia una recuperación sustentable”, detalla el texto. 

Por otro lado, asegura que AmCham “adhiere firmemente a los esquemas de reciclaje inclusivo, pero cuando estos son factibles y lógicos, y sobre todo cuando consideran incentivos y beneficios para aquellas empresas que emplean materiales reciclables en sus envases y/o realizan inversiones en tecnología para mejorar el acopio y la reutilización”. 

Según se detalló, genera “alarma” el hecho de que el proyecto no permita a los sujetos obligados optar con claridad por sistemas locales de gestión implementados y financiados por el sector privado, bajo el control y la supervisión de la autoridad de aplicación. Como “otro de los puntos débiles” del proyecto, señala el cálculo de la tasa ambiental, “cuya fórmula se basa en el precio de venta (hasta el 3%), o bien, en el peso del material, sin tener en consideración el costo asociado al sistema de gestión propiamente dicho, y lo que es peor, cuya administración recae en un fidecomiso administrado por el Estado, sin pautas claras de asignación”. 

Como contrapropuesta “lógica”, sugirieron que la norma establezca la responsabilidad extendida y compartida del productor, fije metas graduales de recupero a nivel nacional, diferenciales por tipo de material y que incentive a los sujetos obligados a organizarse para alcanzar dichas metas un tiempo razonable y progresivo de implementación (3 a 5 años), reservando para el Estado el rol de autorizar y controlar los sistemas implementados y si las metas no se logran o no se cumplen, entonces aplicar multas y sanciones acordes, o forzar su inclusión en el sistema público de gestión a costo razonable y transparente.

Por otro parte, el comunicado señala que proyecto se torna fácilmente atacable por su debilidad constitucional al vulnerar derechos de las provincias porque crea una caja gestionada por un fideicomiso de administración 100% público. “Una alquimia que lamentablemente se ha hecho habitual en la práctica legislativa, y otorga a la Nación potestades discrecionales para distribuir dineros públicos a actores municipales y sociales, pasando por encima de las autoridades provinciales, y alejándose de los parámetros más elementales en materia de ética y transparencia”, apunta.

“El proyecto debe centrarse en cómo mejorar los sistemas de gestión en base a modelos probados y garantizando su eficiencia —suma—. Pero sabemos que el pago de nuevos impuestos es un camino fácil, y nada efectivo, a un desafío que amerita otro tipo de compromiso en torno a la recolección y al reciclado”.

DT

La Cámara de Diputados retoma este martes la actividad parlamentaria tras las elecciones generales legislativas, con una nutrida agenda de comisiones que contempla, entre otras cuestiones, el debate del proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión Integral de Envases y Reciclado Inclusivo, elaborado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que conduce Juan Cabandié y cuyo objeto es “reducir su impacto sobre el medio ambiente” e integrar en el proceso a los trabajadores que se dedican al reciclado.

La iniciativa comenzará a ser tratada a partir de las 14 en la Comisión de Recursos Naturales, que preside Leonardo Grosso (Frente de Todos).

Previamente, a las 13, esa comisión se reunirá junto con la de Justicia, que preside Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), para debatir un proyecto que ya tiene media sanción del Senado, por el cual se establecen los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los neumáticos fuera de uso.

También se trabajará el Régimen de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental en materia de evaluación de impacto ambiental; la modificación de la Ley de Residuos Peligrosos; la transferencia de jurisdicción de la provincia de Entre Ríos al Estado nacional del área protegida Parque nacional Pre-Delta y la modificación en el nombre del Parque nacional Traslasierra en Córdoba y La Rioja por el de Parque Nacional Pinas.

De acuerdo con la agenda parlamentaria, desde las 15, también se reunirá la Comisión de Legislación General, que preside la vicepresidenta del bloque de diputados del Frente de Todos, Cecilia Moreau, para tratar, entre otras cuestiones, un proyecto para crear el Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar.

A las 16, está prevista una reunión informativa de la Comisión de Mercosur, que preside Fernando Iglesias (PRO), para tratar la importancia del Manifiesto de Ventotene -base del federalismo europeo- a 80 años de su publicación.

A las 17, en tanto, en la Comisión de Acción Social que preside Pablo Yedlin (Frente de Todos), se avanzará en el debate del proyecto que establece la creación del Programa nacional “Pancitas Llenas”, cuyo objeto será el financiamiento y abastecimiento de comedores y merenderos del país, entre otras cuestiones.

Por otra parte, a las 19, la Comisión de Agricultura y Ganadería debatirá un proyecto, que tiene sanción del Senado, que establece la creación del marco regulatorio para el desarrollo de la industria del Cannabis medicinal y el cáñamo industrial, así como el Fondo Fiduciario Pública de Crédito para la Agricultura Familiar.

En tanto, según la agenda publicada el viernes pasado, este miércoles se reunirá la Comisión de Presupuesto, que preside Carlos Heller (Frente de Todos), para debatir una serie de proyectos, entre los que se encuentra la iniciativa para la gestión ecológica de los envases, que será debatida un día antes en la comisión de Recursos Naturales.

También, en el temario de la Comisión de Presupuesto, se incluyó el debate de un proyecto que crea el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial y la prórroga de los plazos de la ley de emergencia de tierras indígenas, entre otras cuestiones.

Previamente, a las 14, se reunirá la Comisión de Turismo para tratar diferentes cuestiones entre ellas la que declara Fiesta Nacional a la “Fiesta del Michay y la Diatomea”, que se realiza anualmente en los meses de febrero y marzo en Ingeniero Jacobacci, provincia de Río Negro.

Más allá de estas iniciativas, la Cámara baja tiene pendientes de tratamiento un conjunto de proyectos, entre ellos la iniciativa para implementar los Comités Mixtos de Trabajo en materia de prevención de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos del Trabajo, presentado semanas atrás por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

Con información de agencias.

IG

El gobierno nacional presentó este jueves en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que promueve una gestión ecológica de los envases en todo el país para “reducir su impacto sobre el medio ambiente” e integra en el proceso a los trabajadores que se dedican al reciclado.

El proyecto del Poder Ejecutivo, elaborado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, fue presentado en la Cámara de Diputados por el titular de la cartera, Juan Cabandié, en un acto que se realizó en el salón de Pasos Perdidos del Congreso y que contó con la presencia del presidente del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos (FdT), Máximo Kirchner y los intendentes de Ensenada, Mario Secco; Berazategui, Juan José Mussi, y de Quilmes, Mayra Mendoza, entre otros.

También, estuvieron el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky y los diputados nacionales del Frente de Todos, Federico Fagioli, Leonardo Grosso y Daniela Vilar, y la referente del Movimiento de Trabajadores Excluídos (MTE), Jackie Flores.

Al presentar el texto, Cabandié puso de relieve la construcción de ocho centros ambientales de reciclaje en todo el país y destacó la importancia de la ley impulsada por el gobierno nacional, elaborada por la cartera a su cargo junto a las organizaciones sociales de cartoneros y recicladores.

“Esta ley viene a impulsar una actividad que va a generar empleo y dará dignidad a los trabajadores recicladores”, aseguró el ministro, quien puso de relieve que también “va a servir como metáfora de esta discriminación inequitativa” y “va a generar aumento de trabajo en la economía circular y va a entrar en una cosmovisión donde las personas no sean más descartadas”.

A su turno, Máximo Kirchner puso de relieve la importancia de la ley y consideró que “si hay algo que nos debemos es dejar de estigmatizar a los sectores que más han sufrido las crisis de nuestro país”.

“Necesitamos que el sector privado comprenda la importancia de su participación y de su responsabilidad en esto y a la hora de producir envases”, aseveró el legislador al participar del acto.

Para Kichner, en el tema del medio ambiente “es central alejarnos de las posiciones 'cool' donde hay cierta postura que pareciera que es una moda, pero esto tiene que ser algo estable, mucho más asimilable para nuestra sociedad”.

En el acto, Fagioli destacó que “la idea es poder cuidar la casa común y también acompañar a los trabajadores de la economía popular en ese proceso tan importante que llevan adelante, que es básicamente garantizar el reciclado en la Argentina”.

Vilar, por su parte, señaló que “el ambientalismo es con la gente adentro” y sostuvo que “solo se pueden aplicar políticas ambientales si repercuten en la inclusión social”, al destacar que “hay un sector de la población que no tiene la suerte de formar parte del sistema formal de la economía y que logran reconstituirse en el marco de la economía popular. Nosotros tenemos la obligación de que ese trabajo sea digno”

La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo apunta a promover la gestión de los envases en todo el territorio nacional, prevenir y reducir su impacto sobre el ambiente y la salud de las personas, y promover la responsabilidad de las y los productores en la gestión.

El texto, que incorporó comentarios del Ministerio de Desarrollo Productivo y contó con la participación de las cámaras y trabajadoras y trabajadores del sector, contempla la creación de una tasa ambiental a ser abonada por las y los productores responsables de los envases puestos en el mercado y la generación de un sistema propio de recolección y reutilización.

A partir de esa tasa se creará un fideicomiso, que será administrado por la banca pública y servirá para fortalecer los sistemas públicos de gestión de envases, promover la inclusión de las y los recicladores, impulsar la valorización de los envases y fomentar el desarrollo del ecodiseño, entre otros. Asimismo, los productores podrán desarrollar sus propios sistemas de recolección y reutilización.

El proyecto de ley regulará todos los envases introducidos en el mercado nacional, lo que permitirá desarrollar una política integral para la problemática de los residuos sólidos urbanos ya que promueve la reducción de la cantidad de envases generados, fomenta el reciclado y genera obligaciones a las y los productores para su tratamiento.

En tanto, en las afueras del Congreso, trabajadoras y los trabajadores nucleados en la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (Faccyr) se movilizaron frente al Palacio Legislativo, en apoyo a la presentación del proyecto de Ley.

“Desde la Faccyr llevamos adelante hoy esta multitudinaria movilización hasta Congreso de la Nación, para apoyar la presentación del proyecto de Ley de Envases con Inclusión Social, una iniciativa que busca instar a las empresas a hacerse cargo del costo de reciclado de los envases que colocan en el mercado y fortalecer el trabajo de los cartoneros y cartoneras”, indicaron los organizadores a través de un comunicado.

Con información de agencia Télam.

AB