Movistar presentó una nueva antena con tecnología 4G en la reserva natural de Villavicencio, Mendoza. Se trata de un paso significativo en el desarrollo tecnológico de la zona, que hasta ahora solo contaba con servicio 2G. La nueva antena, que utiliza tecnología de vanguardia a través de vínculos satelitales de Starlink, proporciona ahora cobertura 3G y 4G.

Durante las próximas semanas, el equipo técnico seguirá de cerca la performance y calidad del servicio, para entender su disponibilidad y la experiencia de los usuarios. El avance de este tipo de soluciones de transmisión será fundamental para fortalecer la conectividad en otras áreas de difícil acceso en el país, donde la demanda de tecnología de última generación es creciente. Además, a través de Club Movistar, la marca ofrecerá distintos beneficios para los clientes que deseen conocer la reserva natural, como un precio especial para la visita a la reserva, promociones en merchandising y descuentos en la carta del Parador Villavicencio. 

Telecom, la empresa de los dueños del Grupo Clarín y dueña de la marca Personal, y la mexicana Claro se comprometieron hoy a invertir US$350 millones para adquirir lotes de 100 megahertz (MHz) de especto radioeléctrico para ofrecer la tecnología de Internet celular 5G, que aumenta la velocidad y la cantidad de contenido que se transmite ahora por las redes 3G y 4G. Su rival española Telefónica, propietaria de Movistar, presentó una oferta de US$175 millones por 50 MHz.

Así finalizó la licitación de espectro de 5G y ahora las tres empresas tienen 21 días para desembolsar ese dinero. Eso sí, pueden pagar en pesos al tipo de cambio oficial, con lo que es muy probable que no entren divisas nuevas para reforzar las alicaídas reservas del Banco Central. Sin embargo, serán recursos económicos que le vendrán bien al ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, para apuntarla la meta de déficit fiscal comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI), del 1,9% del PBI. Pero el aspirante a la Casa Rosada anunció las inversiones con una consigna que va más allá de la acuciante coyuntura por falta de fondos que “los ciudadanos tengan Internet y celulares más rápidos y más baratos”. Lo del menor precio tiene que ver con el anhelado efecto de la competencia.

En un acto oficial que inevitablemente se mezcla con la campaña del ministro candidato, Massa señaló el desafío que supone desplegar el 5G en el territorio del octavo país más extenso del planeta. Además de las mayores velocidad y contenidos para los ciudadanos, el funcionario destacó que esta licitación es una “oportunidad de ingresos para el Estado en momentos complejos por la peor sequía de historia”. Se trata de ingresos de US$825 en total a cambio del “uso de un bien público”, que es el espectro.

“Es importante para las metas fiscales. Es importante para valorar el bien público. Es importante por la confianza del sector privado cuando dominaba la incertidumbre política. Quiero hacer un agradecimiento a las tres compañías que han licitado”, le hizo un guiño a la firma del Grupo Clarín -con la que siempre mantuvo una buena relación pese al enfrentamiento del kirchnerismo con esa corporación-, la empresa de América Móvil -la del multimillonario mexicano Carlos Slim- y la de Telefónica -cuya partida de la Argentina nunca se concretó hasta ahora pese a los rumores de posibles compradores de su filial-.

Massa opinó que esta licitación sirve para despegarse “de la disputa electoral y mirar el largo plazo” y para “poder avanzar en inversiones de magnitud”, dado que el desembolso es sólo para comprar espectro, pero ahora las compañías deberán invertir en infraestructura para traerla a la Argentina y desplegarla aquí. Entre los principales proveedores de la tecnología 5G están las chinas Huawei y ZTE, que EE.UU pedía vetar por razones de seguridad nacional, pero que finalmente podrán proveer a Telefónica, Claro y Telecom. De hecho, las firmas de los dueños de Clarín (Héctor Magnetto, Felipe y Marcela Noble Herrera, José Aranda y Lucio Pagliaro) y la de Slim ya operan con Huawei en la Argentina. Otros proveedores son la sueca Ericsson y la finlandesa Nokia, mientras que la norteamericana Cisco ofrece parte de los equipos dentro de una opción tecnológica llamada Open RAN.

“La competencia por la tecnología es clave para los ciudadanos”, celebró Massa. “La competencia por el precio del servicio es uno de los valores más importantes”, agregó, antes de advertir que el mercado tampoco soluciona todo, como plantea su rival del balotaje, Javier Milei. “Que con el Estado sigamos haciendo inversiones en sectores donde por oferta y demanda no alcanza para desarrollar infraestructura. No todo depende del mercado, quedarían ciudadanos abandonados a la buena de dios. Es clave seguir con la inversión del Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) en barrios populares, con Arsat en lugares donde por volumen de mercado a ninguna empresa le interesa abrir competencia o aumentar inversiones.”

Pese a que Telecom, Telefónica y Claro habían renegado contra la licitación del 5G, negociaron con el Enacom cambios en las condiciones y finalmente presentaron primero las ofertas técnicas y hoy las económicas. Sólo quedaba la duda de si la empresa española iba a ofertar por 50 o 100 MHz. En un principio, Telefónica y su asociación con pymes y cooperativas Infraestructura Digital Argentina (IDA) había llegado a presentar un recursos de amparo primero en la ciudad de Buenos Aires, sin éxito, y después en Mendoza, con fallo favorable, contra la licitación porque se negaba a pagar por el espectro y a que el Estado reservara parte de él para la firma estatal Arsat, según fuentes oficiales. Después se sentó a negociar y terminó consiguiendo que se pueda ofertar por 50 MHz, en lugar de la exigencia inicial de hacerlo sólo por 100. Otros asuntos que se negociaron fueron la condición inicial de depositar el dinero en dólares, que al final se pudo desembolsar en pesos, y la facilitación de las importaciones para traer equipos del exterior. Claro que no es lo mismo poner US$350 millones que su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio oficial.

En lo que no cedió el Gobierno fue en que algo debían abonar por el espectro -otros países no lo requieren-, la reserva de espectro para Arsat y en la exigencia de que cuando el 50% de la clientela haya migrado a 5G los operadores tengan la obligación de ofrecer una prestación básica universal (PBU), a un precio rebajado para alcanzar a toda la población sin importar su nivel económico. Pese a la amistad de Massa con EE.UU y su funcionario de Seguridad Nacional, Juan González, el ministro candidato no cedió a la presión contra Huawei -prohibida en la superpotencia y en numerosas potencias occidentales- y estableció la llamada neutralidad tecnológica. Es decir que los tres operadores podrán contratar a quien sea, ya sea a la firma china o a la tecnología Open RAN, donde participan compañías estadounidenses. Pronto comenzará una mesa de diálogo entre el Gobierno y las cooperativas y las pymes que proveen Internet en pequeñas localidades para sumarlas al 5G.

“Las operadoras no querían la licitación, especulaban con la que la hiciera el próximo gobierno, se pelearon todo el tiempo con nosotros y entre ellas, pero entraron”, comentan en los despachos oficiales. “Clarín jugó a fondo en la campaña con (Patricia) Bullrich, hasta le hizo guiños a Milei, a diferencia de La Nación, pero ahora se dan cuenta de que necesitar estar en un país medianamente estable”, explican. “La presión de Estados Unidos tampoco funcionó porque acá Clarín y Claro usan Huawei”, agregan.

“El avance de esta nueva tecnología implicará potenciar la continuidad del despliegue de 4G y la llegada de Movistar Fibra a los hogares, para que todos los clientes se vean beneficiados de igual manera”, informó Telefónica. “Hay que recordar que Movistar ya es 5G hace más de un año, cuando desarrolló el primer laboratorio 5G, con autorización del Enacom, para que el ecosistema emprendedor, entre otros actores, pudiera desafiar sus proyectos bajo esta tecnología; permitiéndoles realizar los ajustes necesarios y así lograr escalabilidad en el menor tiempo posible. De esta manera, una vez más, como desde hace 33 años, la compañía apuesta al crecimiento del país impulsando la evolución tecnológica y desarrollando productos y servicios que aceleren la digitalización de ámbitos públicos, el sector privado y de la sociedad en general”, completa la operadora española, que llegó a la Argentina cuando se privatizó el servicio.

“Celebramos que se haya concretado un paso muy importante para la evolución de la industria TIC (tecnologías de la información y la comunicación) en la Argentina, con el compromiso desde Telecom de seguir invirtiendo en servicios innovadores para nuestros clientes y para el país”, informó la empresa de los dueños de Clarín. “5G ya es una realidad en nuestras redes de Personal porque nos veníamos preparando para este momento. Con la asignación se irá extendiendo el encendido progresivamente”, agregó la firma.

AR/DTC

El Ente Nacional de Comunicaciones anunció que espera recaudar US$1.050 millones en la subasta de frecuencias de espectro radioeléctrico para dar servicios de 5G, que se realizará el 24 de octubre en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

La confirmación de la fecha de la subasta y de los recursos que generará para el Estado nacional ocurre a horas de la apertura del mercado financiero después de una jornada de alta tensión cambiaria.

“El próximo martes 24 de octubre, el Gobierno nacional, a través del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), concretará en el Centro Cultural Kirchner (CCK) la subasta de las bandas de frecuencias para el despliegue, desarrollo y prestación del servicio de quinta generación (5G), a partir de la cual se esperan recaudar alrededor de 1.050 millones de dólares”, difundió este miércoles el organismo.

Las tres empresas de servicios de comunicaciones móviles con red propia (Claro, Movistar y Telecom) participarán de la subasta después de haber presentado las garantías de ofertas y ya fueron precalificadas como oferentes.

El procedimiento licitatorio y “el valor base” de los lotes de frecuencia a subastar “se encuentran alineados con experiencias internacionales de licitaciones de espectro que han resultado exitosas para los Estados nacionales y guardan relación con procedimientos anteriores establecidos en el país para adjudicaciones de espectro radioeléctrico”, indicaron desde el Enacom.

El proceso licitatorio fija la atribución de la banda de frecuencias comprendida entre 3.300 y 3.600 MHz al servicio móvil terrestre con categoría primaria, que se utilizarán para comunicaciones con tecnología 5G.

En este llamado, se someterán al procedimiento de subasta un total de 300 MHz, en tres lotes de 100 MHz cada uno, precisaron desde el Enacom.

El despliegue de 5G constituye una política de Estado de mediano y largo plazo que “requiere la colaboración virtuosa entre el sector público y el sector privado, entre inversiones para la renovación de la infraestructura de redes que realizarán las empresas y el Gobierno para permitir su comercialización con una competencia justa y precios accesibles para las y los usuarios”, indicó el organismo.

Los detalles del comunicado de ENACOM

Con información de agencias.

IG

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) lanzó la subasta para el otorgamiento de la banda más lucrativa del espectro 5G, uno de los objetivos centrales para el año fijados por Sergio Massa, pero incluyó en el pliego una posibilidad reclamada por las empresas líderes del sector. El pago podrá ser efectuado en pesos; es decir, no acumulará dólares a las reservas, de acuerdo con la resolución publicada en el boletín oficial el martes.

Tras una discusión extenuante con los principales actores de las telecomunicaciones —Telecom, Movistar, Claro y Telecentro— y entre diferentes áreas del Ejecutivo, ENACOM anunció el lanzamiento de la subasta de 300 MHz en la banda comprendida entre 3.300 MHz y 3.600 MHz, en tres lotes de 100 MHz cada uno. El precio base para cada lote fue establecido en US$350 millones, por lo que la suma de los tres redundaría en US$1.050 millones.

La citada es la banda más apetecible en función del alcance técnico y la población objetivo, indicó una fuente al tanto de las negociaciones. Otras bandas brindan posibilidades de máxima precisión, pero menor mercado potencial, y a la inversa.

5G es una tecnología que permite altas prestaciones para determinadas industrias, ya sea para el manejo a distancia de instrumentos sofisticados en tiempo real, con una reducción al mínimo de la “latencia” —por ejemplo, una intervención quirúrgica— o para la transmisión masiva de datos —por ejemplo, de medidores de consumo de gas—, indicó a elDiarioAR el consultor en telecomunicaciones Enrique Carrier.

La Argentina llega tarde al negocio de 5G. Estados Unidos, Europa, China, Corea del Sur, Brasil, Chile y, recientemente, Uruguay ya tienen la tecnología en funcionamiento

Industrias como la minería, Vaca Muerta y el agronegocio podrías valerse de la tecnología y expandir sus fronteras. En cuanto al público masivo, los usuarios podrían constatar los beneficios del 5G en lugares de alta concentración, como recitales, espectáculos deportivos y artísticos, o centros comerciales. Hoy, las muchedumbres tornan insuficientes las antenas de 4G, mientras que la nueva escala solucionaría el colapso, indicó Carrier.

El 10 de diciembre a la vista

La Argentina llega tarde al negocio de 5G. Estados Unidos, Europa, China, Corea del Sur, Brasil, Chile y, recientemente, Uruguay ya tienen la tecnología en funcionamiento.

Massa, con incidencia directa en ENACOM a través del presidente del organismo, su allegado Claudio Ambrosini, aceleró la subasta pese a las turbulencias financieras y la incertidumbre política y económica que genera el proceso electoral. La coincidencia en la industria y en las oficinas del Gobierno involucradas era que ya no quedaba margen para postergaciones si el objetivo era conceder el espectro por 20 años antes del 10 de diciembre.

Con el antecedente de la licitación del espectro 4G en 2014, que le valió al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner la recaudación de US$2.200 millones y resultó en una sustancial mejora en la calidad de las comunicaciones móviles, el Ejecutivo de Alberto Fernández aspiraba a un resultado similar, de menor monto y otro tipo de prestaciones.

Uno de los núcleos del debate fue que Telecom Argentina, empresa hermana del Grupo Clarín, y Movistar Argentina, subsidiaria de la multinacional homónima, manifestaron no estar dispuestas a entregar dólares a cambio del espectro. En ese punto, Claro, tercer gran actor de las telecomunicaciones en Argentina, propiedad del mexicano Carlos Slim, se mostró más permeable a ingresar moneda dura al país, en el marco de una política comercial que en la industria consideran agresiva y ante la posibilidad de ganar espacio en TV paga y banda ancha, expresó una fuente al tanto de las negociaciones.  

Uno de los núcleos del debate fue que Telecom Argentina, empresa hermana del Grupo Clarín, y Movistar Argentina, subsidiaria de la multinacional homónima, manifestaron no estar dispuestas a entregar dólares a cambio del espectro

Las empresas mencionadas facturan sus servicios a casi la totalidad de la población argentina y enfrentan restricciones parciales para acceder a dólares a la cotización oficial, por lo que Telecom y Movistar consideraban inadmisible la obligación de erogar dólares, tal como había planteado el Gobierno antes y después de la llegada de Massa al Ministerio de Economía, hace 13 meses.

El propio titular del Palacio de Hacienda computó en febrero pasado que ENACOM podría recaudar US$1.500 millones con la subasta en cuestión, y que ello iría a fortalecer reservas. Alberto Fernández también se había manifestado en similar sentido.

En dólares, pero en pesos

La resolución de ENACOM publicada el martes en el boletín oficial establece que la cotización de la oferta debe ser formulada en dólares, pero el inciso 2 del artículo 37 aclara que, “de conformidad con lo establecido en el Código Civil y Comercial”, la erogación podrá ser en “moneda de curso legal” con el “tipo de cambio vendedor” fijado en el Banco Nación “el día hábil inmediato anterior a efectuar el pago”.

Las empresas, que desde la privatización de ENTEL en 1990 demostraron conservar alta rentabilidad tanto en escenarios intervencionistas como de libre mercado, ahora quedan habilitadas para utilizar sus depósitos, bonos y otros instrumentos en pesos, pese a que, por el volumen de su facturación y sus reservas internacionales, también cuentan con acceso a dólares en el exterior. En particular, Movistar podría apelar a un giro de su casa matriz, pero en todo el transcurso de la negociación dejó en claro que no lo haría, indicaron una fuente del Gobierno y otra de la industria.  

La habilitación del pago en pesos atiende una de las principales demandas de los potenciales ofertantes, pero no fue la única decisión que benefició al trío de jugadores en el mercado móvil. Otros aspectos de la convocatoria de ENACOM generan resistencias y llevan a que las Telecom, Movistar y Claro, por ahora, no se hayan expresado en público al respecto.

Un dato elocuente es que los representantes de Juntos por el Cambio en ENACOM, José Corral y Silvana Giudice, votaron en contra del llamado a licitación. Giudice en particular lleva dos décadas de actuación pública con posturas que inexorablemente son coincidentes con las del grupo Telecom/Clarín.

El cuarto en discordia

Durante los meses de discusiones se barajó la posibilidad de que se habilitara a un cuarto operador. Esa hipótesis tenía nombre: Telecentro, la empresa de TV paga y banda ancha del duhaldista expresidente de la Cámara de Diputados, Alberto Pierri. Su eventual presencia en la compulsa generó un forcejeo entre Massa y Alberto Fernández, en la que se impuso el criterio del primero. El Presidente veía con buenos ojos la apertura de un cuarto operador, pero la resolución de ENACOM estableció requisitos de capital y licencias previas que cerraron el círculo en Telecom, Movistar y Claro.

Otras miradas dentro del Ejecutivo pugnaron por una apertura mayor, que sacara la puja de las manos exclusivas de firmas que son largamente cuestionadas tanto por su reparto estanco del mercado como por la calidad del servicio que prestan. Una licitación más segmentada, no integral, que exigiera contraprestaciones para acceder al negocio más lucrativo, habría dado espacio para nuevos jugadores o habría condicionado a los grandes, indicó otra voz al tanto de las idas y vueltas de la subasta.

El Presidente veía con buenos ojos la apertura de un cuarto operador, pero la resolución de ENACOM estableció requisitos de capital y licencias previas que cerraron el círculo en Telecom, Movistar y Claro

De todas formas, ni el uso de pesos para acceder al 5G ni la reserva de mercado para actores conocidos agotan el debate. Las empresas cuestionan el monto base de la oferta (US$350 millones) y el otorgamiento de 100 MHz a la estatal ARSAT, dispuesto también por ENACOM.

La aparición de ARSAT como “cuarto operador” por ahora es meramente formal. La empresa estatal no tiene infraestructura ni capacidad de financiarse para desarrollarla. Los 100 MHz que le asignó ENACOM, además, no están “limpios”, es decir, hay operaciones piloto o puntuales en ese segmento que deberían ser reasignadas.

El papel de ARSAT genera aprehensión en las grandes porque entienden que podría ser una vía para que entre un competidor que alquile el espectro de la firma estatal o que se asocie a ella sin haber pagado el equivalente en pesos a US$350 millones, indicó una fuente de la industria citada por la agencia de noticias estadounidense REDD Intelligence. Los nombres que sobrevuelan la aprehensión de los grandes son el citado Pierri y el grupo Vila-Manzano, que participó de la licitación del 4G, pero abandonó el intento.

Red “neutral”

El precio base de US5350 millones también genera quejas en la industria. “Aunque sean al cambio oficial, son muchos pesos y hay que tenerlos”, dijo la fuente de la industria.

Carrier coincide en que el precio es alto en relación a las experiencias ya consumadas en Brasil y Chile.

En el Gobierno responden que se establecieron requisitos más bajos para el denominado “despliegue” en infraestructura. Un precio de licitación más bajo y exigencias más altas en tiempos y montos de inversión habrían sido un factor desalentador para un negocio que requiere insumos importados, es decir, bienes a ser pagados en dólares, indicó una fuente citada por REDD.

A la presencia de ARSAT y el precio base, Carrier suma otro aspecto que podría generar reticencia en las tres grandes de las telecomunicaciones: la tarifa social. Si bien restan aspectos por definir, el pliego exige prestaciones a precios bajos que podrían llegar a beneficiar a un tercio de la población.

El negocio de las telecomunicaciones encuentra múltiples aristas, que se entienden a la luz del volumen de facturación y la incidencia en la vida cotidiana de la población.

Otra de las aristas que quedó resuelta en la resolución de ENACOM es la “neutralidad” de la red. Ello quiere decir que el regulador no exige un tipo particular de tecnología, sino que habilita a cada prestador a contratar proveedores según su criterio. Ese mercado encuentra actores como Nokia, Ericsson, Cisco, Samsung, pero una firma sobresale por participación de mercado, la china Huawei, que facturó US$96.000 millones en 2022.

Ese mercado de tecnología 5G encuentra actores como Nokia, Ericsson, Cisco, Samsung, pero uno sobresale por participación global de mercado, la china Huawei, que facturó US$ 96.000 millones en 2022

Estados Unidos puso toda su capacidad de lobby en contra de Huawei, pero el Gobierno argentino se ancló en la “neutralidad”. Esa decisión no fue objetada por Telecom, que ya contrató a la firma china para el desarrollo piloto de la red 5G.

Otro punto que estuvo presente durante los dos años de negociación fue el decreto 690 de 2020, que definió a la industria de las telecomunicaciones como servicio público esencial en competencia. Esa decisión de Alberto Fernández otorgó al Estado una amplia potestad regulatoria sobre tarifas y prestaciones de la TV paga, la banda ancha y las comunicaciones móviles. Toda la industria reaccionó en contra y las grandes del sector obtuvieron cautelares que, tres años más tarde, siguen vigentes, ante la inacción de la Corte Suprema.

Así las cosas, no habría que descartar que los tribunales federales se presten a otorgar nuevas cautelares si es que alguien busca postergar la licitación hasta más allá del 10 de diciembre. 

JJD

Movistar es la empresa de telecomunicaciones con mejor desempeño en materia de protección de la información de sus usuarios. Así lo indica la tercera edición del informe “¿Quién defiende tus datos? Argentina” de la Asociación por los Derechos Civiles, que evalúa la manera en que 7 grandes compañías de este rubro ─Personal, Telecentro, Movistar, Arlink, DirecTV, IPLAN y Claro─ protegen la privacidad y datos personales de sus clientes.

Las obligaciones legales de estas empresas respecto del tratamiento de la información de sus usuarios están determinadas, entre otras normativas, por la Ley Nacional de Datos Personales. Esta regulación data del año 2000 y, con el avance de la big data y las telecomunicaciones en las últimas décadas, ha quedado desactualizada ante nuevos parámetros internacionales. En septiembre de 2022, la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) promovió la discusión de un anteproyecto que enfatiza el deber de las compañías en la recolección y tratamiento de estos datos. Hasta su aprobación, continuará existiendo cierta laxitud y opacidad respecto a las obligaciones de las empresas.

De conformidad con el artículo 6 de la ley actual, las 7 compañías estudiadas informan al usuario sobre la finalidad para la que son recolectados sus datos. Sólo 4 empresas, sin embargo, especifican de forma detallada y clara para el titular de la información los fines de su recopilación y se comprometen a no exceder dichos usos: Movistar, DirecTV, IPLAN y Claro. Personal y Telecentro, las dos compañías con mayor participación en la provisión de internet fijo en el primer semestre de 2021, según la Cámara Argentina de Internet (CABASE), proveen esta información de manera más vaga y ambigua. Arlink, que concentra el 1.67% de este servicio, los explica de manera detallada, pero no se compromete de forma explícita a limitarse a dichos fines.

“Como se masificó mucho el uso de datos, eso debería haber venido de la mano de informar la finalidad de la recolección de manera más precisa, informar los cambios en la política de manera más precisa y salir un poco de lo que la ley te obliga a hacer, es decir, tomar la ley como piso mínimo, pero mejorar a partir de ahí”, explicó Victoria Penas, autora del informe y abogada especialista en Derecho Internacional Público y Penal, a elDiarioAR.

El aumento del volumen de datos recolectados y utilizados surge, en parte, de la ampliación de la conectividad en el país. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), durante el cuarto trimestre de 2022, los accesos a internet fijos ascendieron a 7.946.140, mientras que los móviles alcanzaron 36.616.187. Esto representó un incremento interanual de 1.3% y 6.8%, respectivamente. En este contexto, como destaca la especialista, las empresas podrían haber avanzado más allá de los requerimientos mínimos de la ley para ajustarse a las nuevas circunstancias.

Las compañías, sin embargo, continúan aprovechando la laxitud de la norma y suelen atenerse únicamente a los parámetros establecidos a principios de siglo. Esto se da, por ejemplo, en lo referente a la calidad de los datos. Si bien todas las empresas relevadas tienen su base de datos inscripta en la AAIP, Arlink, DirecTV y Claro no presentan otra expresión clara de compromiso con la veracidad y precisión de los datos recolectados. En estos casos, garantizar la calidad de los datos ─deber establecido en el artículo 4 de la Ley Nacional de Protección de Datos Personales─ es responsabilidad exclusiva de los usuarios. Las empresas podrían solicitar periódicamente una actualización de la información para compartir con su clientela el deber en cuestión y evitar que el titular de los datos tenga que solicitar, por su cuenta, la rectificación correspondiente ante cambios de domicilio, correo electrónico u otro dato personal.

En cuanto a la seguridad de los datos, sucede algo similar. Aunque las 7 empresas estudiadas se comprometen a adoptar las medidas necesarias para cumplir con este deber, contemplado en el artículo 9 de la ley, sólo Movistar aclara qué tipo de sistema utiliza para proteger los datos y evitar su uso desautorizado, lo que brinda mayor transparencia a su clientela. Las compañías restantes no explicitan qué herramientas concretas usan o, en el caso de DirecTV e IPLAN, exhiben un compromiso muy laxo que deja margen para un manejo poco cuidadoso de los datos.

Para cumplir con su deber de proteger la información de sus usuarios, las compañías de telecomunicaciones, además, están obligadas por ley a mantener la confidencialidad. El Estado es el único agente que puede solicitarles datos, metadatos o intervenciones de comunicaciones a las empresas para llevar adelante investigaciones penales.

En virtud del artículo 10 de la ley, las empresas deben entregar esta información a las autoridades gubernamentales cuando haya una orden judicial de por medio y/o cuando medien razones fundadas relativas a la seguridad pública, defensa nacional y salud pública. “Lo que debería ser habilitante de una solicitud de datos, en principio, debería ser una orden judicial. Puede haber un caso concreto de datos no tan identificables que no comprometan tanto al sujeto que puedan ir por la vía administrativa”, detalló Penas a elDiarioAR.

De conformidad con la norma, la política de Telecentro contempla la entrega de datos al Estado ante estas circunstancias, pero no especifica qué implican todas aquellas situaciones en las que no es necesaria una orden judicial. Movistar presenta una política igualmente ambigua: pide resolución judicial, pero no aclara los requisitos para aquellos pedidos que se hacen por vía administrativa ni con qué frecuencia se entrega información sin autorización legal previa. Arlink, DirecTV e IPLAN, a su vez, no mencionan una orden judicial o resolución equiparable como requisito para la cesión de datos al gobierno. América Móvil, empresa dueña de Claro, expone la necesidad de presentar una orden judicial en su página web, pero no figura en el sitio local de la sucursal argentina.

La evaluación de las solicitudes de datos para determinar si son pertinentes, a pesar de constituir un aspecto central para preservar el derecho a la privacidad de los usuarios, es poco común entre las empresas estudiadas: sólo los departamentos legales de IPLAN y Claro examinan el pedido gubernamental. Esta falta de rigurosidad a la hora de responder a los pedidos gubernamentales deja amplio margen de discrecionalidad al accionar del Estado y, tal como establece la especialista, es central que las empresas comiencen a fijar requisitos claros. “Cuanto más alto se le pone la vara al Estado, más transparente se vuelve el ejercicio de sus funciones”, señaló.

Tal como explicó a elDiarioAR la autora del informe, las empresas de telecomunicaciones podrían adoptar medidas que excedan los deberes mínimos estipulados en la Ley Nacional de Protección de Datos Personales vigente actualmente. En relación a las solicitudes gubernamentales de información, las compañías podrían notificar a los titulares antes pedidos de información y publicar estadísticas sobre estos pedidos en informes de transparencia en sus páginas web. Se trata de documentos periódicos en las que debería figurar la cantidad de solicitudes recibidas por parte de fuerzas de seguridad y organismos estatales, cuántas se aceptan o rechazan y quiénes son los agentes solicitantes en cada caso.

Del total de empresas analizadas, sólo 3 empresas comunican a sus usuarios sobre este tipo de pedidos: Movistar lo hace a través del Informe anual de Transparencia de las Telecomunicaciones que publica en su página web, Claro mediante un apartado en los Informes de sustentabilidad de América Móvil, mientras que IPLAN las publica por fuera de estos documentos. “Los informes le permiten a la gente saber, primero, que las empresas reciben solicitudes de datos, que es algo que no toda persona usuaria conoce, y, segundo, el volumen de solicitudes, qué tipos de datos se requieren, si son intervenciones de comunicaciones, datos de tráfico de internet, etc”, detalló Penas a este medio.

Movistar e IPLAN también han avanzado con la adopción de políticas para responder ante violaciones de los derechos de su clientela. Ambas compañías crearon canales de denuncia específicos para casos de vulneración de la privacidad. Estos canales deben ser de rápido acceso para los clientes para que sean eficientes. “Estamos hablando de temas por los que, en general, la gente no reclama y si, además, el canal de denuncia tenés que encontrarlo en el último rincón de la página, probablemente las personas menos lo hagan”, agregó la autora en comunicación con elDiarioAR.

ACM

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) autorizó este lunes un alza de la tarifa de telefonía, Internet y TV paga del 9,5% el mes próximo y de otro 9,5% en julio, lo que significa un 19% acumulado. Se suma al 9,8% que había autorizado para las pymes, incluidas las cooperativas, con menos de 100.000 abonados en enero, por lo que ellas totalizarán a julio un 31,6%. Pero las grandes empresas del sector, amparadas por fallos judiciales, desconocen la facultad del Estado de regular las tarifas, que había sido establecida por un decreto de necesidad y urgencia (DNU) en 2020, y por eso remarcan según sus propios criterios.

Por ejemplo, la española Telefónica Movistar aplicó un 16% en febrero y anunció otro 12,6% para mayo, con lo que acumulará un 30,6% en los primeros cinco meses del año, más que el 9,5% aprobado para las grandes o del 20,2% que regirá acumulado para las pymes. Telecom Personal (propiedad de los dueños del Grupo Clarín) aumentó 25% en lo que va del año, mientras que la mexicana Claro apostó por ahora por mantener los precios sin cambios. Pero en 2021, Claro los subió 45%; Personal, 49% y Movistar, 44%, por encima del 21% que el Gobierno había autorizado o del 43% que les había aprobado a las pymes. También Telecentro, de Alberto Pierri, y DirecTV, ahora en manos de los Werthein, remarcaron por encima de lo permitido, amparados también en sentencias.

El DNU 690/2020 reguló el sector, pero fallos de primera y segunda instancia pusieron en tela de juicio la facultad del Gobierno de fijar tarifas. Ahora se espera que la Corte Suprema se expida para determinar quién tiene razón: si las empresas o el Gobierno, en cuyo caso las compañías deberían devolver lo cobrado en exceso a los usuarios. Por ahora, no se ha cristalizado el intento de acordar una solución por fuera de los tribunales. Mientras, las pymes se atienen al DNU en parte porque dependen del Estado para que les subvencione el mejoramiento de su infraestructura y porque rivalizan con las grandes por el precio mayorista que les cobran para usar sus redes.

En el primer trimestre de 2022, el rubro comunicaciones se encareció 12,8%, menos que la inflación (16,1%), según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En 2021, subió 35,8%, por debajo del 50,9% de los precios en general. Los valores son clave para un sector que necesita de inversiones para mantener y mejorar el servicio, pero que a la vez deben ser accesibles para permitir el acceso de la población a la conectividad requerida para el trabajo y la educación en el mundo actual.

AR

Se puede ver como la crisis de los 40 que llega con una decisión de cambio de rumbo. Ese es el motivo que mueve a Esteban, el protagonista de Manual de supervivencia. Lo que sucede a partir de esa elección compone el drama, que con un humor inteligente, atraviesa a la serie argentina que Amazon Prime eligió para estrenar en toda América Latina el 1 de noviembre. 

A partir de ese día, la serie -dirigida por Victoria Galardi- podrá verse completa en toda Latinoamérica en exclusiva por aquellos que estén suscritos al servicio de streaming. Son ocho episodios de media hora que fueron co-producidos por Magma Cine y Movistar y que cuentan la historia de Esteban, un abogado que decide dejar el estudio de su familia donde trabajó durante 15 años, con cuarenta recién cumplidos, recién separado. El elenco que lo acompaña es un acierto. Dolores Fonzi, Violeta Urtizberea, Julieta Zylberberg, Daniel Hendler, Pilar Gamboa, Verónica Llinas, Susana Pampín, Martín Piroyansky, Osmar Nuñez, Paula Marull, Santiago Gobernori y Eugenia Alonso. La prueba de la calidad actoral y narrativa es que es la serie con más nominaciones en los Premios Cóndor Plata. Compite en la categoría de Mejor Miniserie; Dolores con Fonzi, Pilar Gamboa y Verónica Linás compiten en el rubro de Mejor interpretación femenina; y en Mejor interpretación masculina en Miniserie o Teleserie están Esteban Bigliardi. Victoria Galardi está nominada en el rubro de Mejor Creador de Serie.

El acuerdo para verse en Amazon Prime fue cerrado por EO MEDIA, agente exclusivo de Movistar en la región y liderada por su CEO, Ezequiel Olzanski. 

Sobre Manual de Supervivencia:

  Género: Comedia/Drama

Episodios: 8 x 25 min cada uno

País: Argentina

Co producción: Magma Cine - Movistar

Guión: Victoria Galardi, Paula Schiselman

Dirección: Victoria Galardi

Producción Ejecutiva: Nathalia Videla Peña, Juan Pablo Gugliotta, Joanna Lombardi. 

MGF