En Argentina, la actual gestión de gobierno no tiene precedentes en lo ideológico y transita un camino difícil de describir. Y más difícil aún de avizorar en el futuro inmediato. Su política declarada de desmantelar el Estado (no sólo achicarlo) tiene consecuencias complejas para valorar en su total dimensión, en un escenario siempre cambiante y dinámico. Cada una de las medidas sigue sorprendiendo negativamente, en un contexto social desarticulado y con pocas capacidades de respuesta, a lo que se le suma la legitimidad importante que detenta el Presidente, fruto de los resultados electorales de noviembre de 2023.

Para explicar y comprender la emergencia de un presidente autoadjetivado como anarcocapitalista, debemos entender también la historia reciente argentina, signada por una grieta omnipresente entre los diferentes partidos políticos. Y en los últimos cuatro años, por una captación del Estado por supuestas fuerzas progresistas, que finalmente mostraron su peor cara en la presidencia de Alberto Fernández, caracterizada (más allá de la pandemia y otras desgracias que siempre se mencionan) por el inmovilismo y la ineficiencia.

Como muestra, basta mencionar que, a partir de las internas de la propia alianza de gobierno, Fernández no pudo nombrar un nuevo procurador general del Estado (el pliego del juez Daniel Rafecas, especializado en Derechos Humanos, nunca sumó el aval de Cristina Kirchner) ni cubrir la vacante para Juez de la Corte Suprema de Justicia que se había liberado en 2021. Tampoco pudo designar un Defensor del Pueblo que lleva años sin ser nombrado. Ante este panorama de ausencia de acuerdos, el progresismo mucho menos pudo construir un marco de protección y políticas específicas para los pueblos indígenas.

Medidas contra los derechos indígenas

En el contexto actual, con otro signo político y otro sesgo ideológico, formular políticas públicas que garanticen los derechos de los pueblos indígenas se convierte en un albur. Algunas de las medidas ya han formado parte del decreto de necesidad y urgencia 70/23 (cuya inconstitucionalidad es flagrante, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia se resiste a expedirse) que modifica o deroga unas 300 leyes vigentes: la derogación de la Ley de Tierras que impacta sobre las comunidades indígenas, el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) o la anunciada disolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Si bien los contrapesos republicanos han puesto algunos límites a estas medidas, el cierre del INADI y el INAI no podrían efectivizarse porque ambos institutos fueron creados por ley, todo apunta a pensar en un futuro muy complicado para los pueblos indígenas. En efecto, al momento de escribir esta nota, la última medida que se conoce es el cambio de nombre del Salón de Pueblos Originarios de la Casa Rosada (como se denomina a la casa de gobierno). Lo que podría parecer una cuestión menor, en el fondo tiene un valor simbólico no desdeñable: exactamente lo mismo había sucedido con el nombre del Salón de las Mujeres el mismo 8 de marzo.

Medidas contra los derechos indígenas

En el contexto actual, con otro signo político y otro sesgo ideológico, formular políticas públicas que garanticen los derechos de los pueblos indígenas se convierte en un albur. Algunas de las medidas ya han formado parte del decreto de necesidad y urgencia 70/23 (cuya inconstitucionalidad es flagrante, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia se resiste a expedirse) que modifica o deroga unas 300 leyes vigentes: la derogación de la Ley de Tierras que impacta sobre las comunidades indígenas, el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) o la anunciada disolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Si bien los contrapesos republicanos han puesto algunos límites a estas medidas, el cierre del INADI y el INAI no podrían efectivizarse porque ambos institutos fueron creados por ley, todo apunta a pensar en un futuro muy complicado para los pueblos indígenas. En efecto, al momento de escribir esta nota, la última medida que se conoce es el cambio de nombre del Salón de Pueblos Originarios de la Casa Rosada (como se denomina a la casa de gobierno). Lo que podría parecer una cuestión menor, en el fondo tiene un valor simbólico no desdeñable: exactamente lo mismo había sucedido con el nombre del Salón de las Mujeres el mismo 8 de marzo.

Es posible inferir que el respeto a la propiedad comunitaria indígena, contemplada constitucionalmente, será una mera abstracción durante la presente gestión de gobierno

En todos sus discursos, el presidente Javier Milei demuestra una aversión a lo colectivo y denosta cualquier mirada del mundo que sea diferente a la que sostiene. De esa manera, la idea de diversidad cultural parece no tener lugar. Sólo basta apuntar como dato de color que el gobierno declaró el año 2024 como el “Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad” y, en consecuencia, cualquier documento del Estado se encabeza con esa frase. Como la leyenda se refiere a la propiedad privada, es posible inferir que el respeto a la propiedad comunitaria indígena, contemplada constitucionalmente, será una mera abstracción durante la presente gestión de gobierno.

Asimismo, durante la campaña electoral, la actual vicepresidenta, Victoria Villarruel, denunció una y otra vez las demandas de las comunidades indígenas por sus derechos territoriales. Como estrategia discursiva, la compañera de fórmula de Milei enfatizó en la defensa de la soberanía, planteando que los reclamos indígenas atentan contra la soberanía nacional. Una mirada muy creativa para un gobierno que acaba de recibir con honores a la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, la General Laura Richardson. Entre sus primeras medidas como Presidenta de la Cámara del Senado, Villarruel disolvió la Comisión de Pueblos Indígenas.

El desprecio por los derechos conquistados

Si repasamos las deudas pendientes del Estado argentino con los pueblos indígenas, éstas se van incrementando y acumulando con el correr de las décadas. Sin lugar a dudas, el reconocimiento de sus territorios es la deuda que alcanza mayor trascendencia y gravedad. No sólo por lo que significa para las comunidades indígenas la posibilidad real de seguir sobreviviendo con su propia identidad cultural, sino porque su desconocimiento forma parte de las consecuencias de la conquista y el colonialismo. Los despojos de sus territorios se volvieron un lugar común en las crónicas del pasado, pero en la actualidad adquieren una centralidad precisamente porque las disputas se van acrecentando al calor de los intereses fraguados a su alrededor.

Sólo basta pensar que el ideal libertario, que desprecia indubitablemente la igualdad, sólo tiene en mente el aniquilamiento del Estado y la eliminación de las herramientas con las que contamos para proteger nuestros derechos. Si bien vale la pena reflexionar sobre el rol que ha jugado el Estado frente a los pueblos indígenas, en Argentina existió y existe una línea de continuidad histórica en las políticas definidas para pueblos indígenas, caracterizadas por su insuficiencia o, peor aún, su ausencia. Como las diferentes administraciones fueron refractarias al reconocimiento territorial, incluidos los gobiernos calificados como nacionales y populares, en una primera impresión uno puede decir que no existen razones para confiar en el Estado.

Dicho esto, es insoslayable admitir que las diferentes instancias o mecanismos del Estado, en sus diferentes dimensiones, aún siendo imperfectas tienen un rol irremplazable. Ya sea para formular políticas públicas específicas e interculturales; para garantizar el cumplimiento de los derechos; para distribuir la riqueza; o para combatir el racismo y la discriminación. Si estas herramientas desaparecieran o si las desigualdades no encontraran un lugar en las agendas públicas, poco se podría hacer para redoblar la lucha por los derechos indígenas.

El mejor aliado del extractivismo

El escenario presente y futuro es extremadamente incierto y complejo para los pueblos indígenas. Los derechos siguen vigentes y tienen fuerza normativa, pero si antes de la llegada de Milei ya se vulneraban, hoy existe un aval desde las más altas autoridades del país para incumplirlos. Los interlocutores del Estado para avanzar en la implementación de los derechos prácticamente no existen y las instituciones que tienen como mandato ocuparse de los pueblos indígenas gozan de un estatus dudoso. La reducción del Estado, si bien parece ser coherente con la primera parte de la visión política de este gobierno, “el anarquismo”, adquiere un matiz francamente preocupante con la segunda parte de la calificación, “el capitalismo”.

Al igual que en el resto de la región, en Argentina, el capitalismo ha significado una amenaza permanente de sustracción y un saqueo que se concreta día a día de la mano de las actividades extractivistas. Privilegia las empresas, cualquiera sea su capital, priorizando al sector privado, y genera la falsa ilusión de una libertad de mercado beneficiosa para todos los ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, concentra la riqueza en manos de pocos y sólo protege un sistema de consumo que tiene como eje producir para consumir, en una espiral ascendente que no conoce de costos, daños y sacrificios.

La situación se vuelve más acuciante aún cuando el gobierno de Javier Milei se presenta como un aliado del extractivismo y promete ser el impulsor de la obtención de las riquezas que se encuentran en los territorios indígenas

Es así que la explotación petrolera y gasífera, la megaminería, la extracción del litio y los negocios inmobiliarios encuentran en la actual gestión de gobierno a su mejor aliado. A pesar de que los territorios indígenas se encuentran en disputa y que las resistencias se dan en el mismo territorio, la lucha también se libra en el campo judicial. Como ejemplo, basta mencionar la sentencia judicial que prohibió continuar la explotación del salar del Hombre Muerto en la provincia de Catamarca y ordenó una evaluación de impacto ambiental, a partir de un amparo ambiental presentado por la comunidad indígena que habita la región.

Sin embargo, la relación de fuerzas es muy dispar. Sin la presencia del Estado como regulador y articulador de los avances privados sobre los bienes comunes de los territorios indígenas, los resultados pueden ser francamente negativos y devastadores para las comunidades. La situación se vuelve más acuciante aún, cuando el gobierno de Javier Milei se presenta como un aliado del extractivismo y promete ser el impulsor de la obtención de las riquezas que se encuentran en los territorios indígenas.

Hacia la vulneración de los derechos indígenas

Es difícil predecir el futuro inmediato o realizar un pronóstico a largo plazo. Del análisis de las últimas medidas del gobierno es posible inferir una profundización de los conflictos territoriales, una mayor desprotección de los derechos indígenas y la prácticamente imposible discusión de una ley de propiedad comunitaria indígena. Esta ley sigue pendiente y fue ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo Lhaka Honhat vs. Argentina, que responsabilizó al Estado argentino por la vulneración de un conjunto de derechos indígenas (entre ellos el derecho a la propiedad comunitaria indígena).

La ley de emergencia de la posesión y propiedad indígena 26160 de 2006 sigue vigente, a partir de su prórroga por un Decreto de Necesidad y Urgencia del anterior gobierno (que no logró el consenso para lograrlo por ley como venía ocurriendo). Sin embargo, dejará de estar vigente el 23 de noviembre de 2025. Vale la pena mencionar que en 2022 diputados del actual partido gobernante (incluido el presidente) presentaron un proyecto de ley para derogarla, por lo cual no sería de extrañar que volvieran a intentarlo. Esto dejaría a las comunidades indígenas sin una de las pocas herramientas para evitar los desalojos.

Si bien en Argentina los instrumentos jurídicos internacionales siguen siendo vinculantes, se vuelven en muchos casos expresiones de deseo frente a una realidad local que les es claramente adversa. A pesar de todo, los pueblos indígenas siguen delineando diferentes estrategias para reclamar, denunciar y avanzar en la consecución de sus derechos. Lo que queda claro en Argentina es que asistimos a un nuevo ciclo de la relación entre Estado y pueblos indígenas que reedita las tensiones presentes y las experiencias más traumáticas. Ante la incertidumbre general, el devenir es incierto.

Esta nota fue publicada originalmente en la revista Debates Indígenas, del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA).

JJD

Comunidades originarias realizarán este lunes un acampe en Plaza de Mayo en reclamo de “derechos y políticas públicas con perspectiva indígena”, para exigir el reconocimiento de sus territorios ancestrales, la ley de Propiedad Comunitaria Indígena de la Tierra y un Estado Plurinacional y Plurilingüe, entre otras demandas.

La protesta comenzará a las 18, informaron las organizaciones en un comunicado.

“Los pueblos originarios somos una cultura viva y presente. Somos Naciones, parte de esta Patria, por la cual también hemos luchado cuando ha sido necesario”, expresaron.

Participarán las comunidades de Salta, 20 Viviendas, Algarrobal, Alto la Sierra, Cañada Larga, Chripa, Chorro, Churguipampa, Cooperativa el Municipal, Itaguasuty, La Curvita, Las Juntas, Las Moras, Lucero del Alba, Mecle y Molinos.

También Nueva Esperanza, Nuevo Amanecer, Los Lapachos, Pérez, Pozo El Tigre, Quebracho, Santa María, Uacop, 9 de Julio y Tuicha Kuña Ikavi, además de los pueblos Wichi, Toba, Mocovi y Guaraní de las provincias de Jujuy, Salta, Chaco y Corrientes.

“A partir del siglo XIX, fuimos despojados de nuestras tierras y recursos, y hemos sido condenados a vivir excluidos, en situaciones de extrema pobreza, sin que sean respetados nuestros derechos”, indicaron, y advirtieron que “el avance del extractivismo, de la megaminería, del petróleo, forestal y los agro-negocios, junto a las obras de infraestructura complementarias, como represas, carreteras y gasoductos, han profundizado las usurpaciones de nuestros territorios, y nos obligan ahora a ser actores protagónicos en la defensa de nuestros derechos y en la propuesta de otro modelo de país”.

Por eso demandan “la creación de un Estado Plurinacional y Plurilingüe, donde todas las Naciones originarias del territorio argentino sean parte de un solo Estado, siendo partícipes de sus decisiones y aspirando al pleno ejercicio de los derechos”.

Con información de agencias.

IG

Con números holgados, ayer se aprobó en el Senado el proyecto de prórroga por cuatro años de la emergencia territorial indígena, que impide los desalojos de las comunidades. Ahora pasará a Diputados donde tiene tiempo hasta el 23 de noviembre, cuando vence la legislación. En medio del conflicto mapuche en Río Negro, la votación en el Congreso se tranforma en decisiva respecto del amparo judicial que tengan esos reclamos por la tierra.  

El primer paso para que se extienda la ley 26.160 fue firme, más allá de las fuertes discusiones entre los bloques. Ahora comenzarán las negociaciones para que corra la misma suerte en la Cámara Baja. Si el proyecto no recibiera los apoyos, en el contexto político provocado por los incendios de comienzos de octubre en El Bolsón y Bariloche, la situación de los pueblos originarios podría volverse incluso más endeble. Al caerse el marco legal ya no tendrían una garantía que impida desalojos de esos espacios de tierra que reclaman como ancestrales. Si bien los derechos indígenas están contemplados en la Constitución Nacional y en los convenios internacionales, la ley de emergencia termina siendo la herramienta que esgrimen las comunidades cuando las justicias provinciales los desconocen o cuando se producen conflictos como los de Río Negro.  

En una sesión en la que la oposición argumentó su postura en contra a partir del accionar de distintos grupos  en la Patagonia, la prórroga se impuso con 43 votos, seis más que los 37 necesarios. Hubo dos votos negativos, de los radicales Ernesto y Julio Martínez y siete abstenciones de los senadores del PRO, Humberto Schiavoni y Laura Rodríguez Machado, de los radicales Oscar Castillo y Pamela Verasay, del salteño Juan Carlos Romero, el sanjuanino Roberto Basualdo y la santafesina Alejandra Vucasovich.

A diferencia de lo que sucedió en la prórroga anterior de 2017, cuando no se asignó ningún presupuesto, esta vez se contempla una suma de 290 millones de pesos para el fondo especial de la ley. Esto podría relanzar el trabajo de registro de las 1.015 comunidades que no fueron relevadas, sobre un total de 1.750, según información del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Cuando la ley fue promulgada en 2006 fue producto de un acuerdo para darle respuesta a la situación de emergencia territorial de las distintas comunidades durante un plazo de cuatro años. En ese momento se ordenó “un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades indígenas y en caso de corresponder, de tierras ocupadas por las mismas de forma actual, tradicional y pública”. Ese año, el Estado asumió el compromiso de relevar en tres años a todas las comunidades que existen en el país, pero aún resta casi el 60% del total.  

El senador del Frente de Todos de Chubut, Alfredo Luenzo, se enfrentó con Ernesto Martínez de Juntos al sostener que “la derecha necesita de un enemigo en un escenario electoral” y reclamó a la alianza opositora dejar de utilizar las palabras “terrorismo y subversivos” para referirse al conflicto en en la Patagonia, según informó la agencia Télam. “El Estado ”se la pasa retrocediendo en la defensa de su integridad territorial, asustado porque un grupo de disfrazados lo saca de la categoría de bienpensante o sensible de las causas bellas“, dijo el senador de la oposición.

Algunos números sirven para graficar la situación en las provincias. En Chaco hay 112 comunidades y a solo 21 se le completó el relevamiento; en Formosa una sola de 160, en Chubut, 41 de 106; en Salta 205 de 509; en Jujuy 163 de 297 y en Buenos Aires, 23 de 52. En el mejor de los casos señalados se acerca al promedio general de relevados, pero en muchas otras prácticamente no hay relevamientos. 

Estos incumplimientos tienen costos en materia de responsabilidades del Estado argentino y son señalados por los organismos internacionales. Por ejemplo, tras más de 20 años de litigio, en abril del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconoció el derecho de la asociación de comunidades indígenas Lhaka Honhat a reclamar por 400 mil hectáreas en el Departamento Rivadavia, en Salta y declaró la responsabilidad internacional del país por la violación de derechos de 132 comunidades indígenas que habitan esa zona. 

AM