El 15 de diciembre de 2020, una mujer de nacionalidad rusa entró a la Dirección Nacional de Migraciones en el centro de Mar del Plata. Con muchas dificultades para comunicarse explicó que quería iniciar el trámite para que le otorgaran la residencia. El funcionario que le tomaba los datos ingresó su nombre y el sistema informático alertó que la mujer poseía una orden de detención internacional emitida por Interpol Rusia. El motivo porque el que la buscaban decía: “Financiación del terrorismo”. El funcionario miró dos veces a la mujer que cubría su cabeza con un lienzo azul, volvió a chequear y le dijo que espere porque había problemas con el ingreso de datos. A los pocos minutos, un grupo especial de la Federal entraba por la puerta y detenía a Iuliia Raisovna Gilfanova, de entonces 33 años, que estaba sola con tres hijos, uno de ellos, un bebé de casi dos años, al que llevaba colgado en el pecho. 

La historia de Gilfanova en la Argentina comienza un año antes de su detención, cuando en 2019 llegó a Ezeiza desde Kazán, la capital de Tartaria, donde nació en enero de 1987. A los pocos meses de llegar tramitó su documento y el de los chicos y también un pedido de asilo ante la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), que aún no se expidió sobre su solicitud. En su argumentación esgrimió una persecución por motivos religiosos, ya que ella es de origen musulmán, y dijo que tuvo que dejar su país porque su vida corría peligro. También pidió ese estatus para sus tres hijos, una adolescente de 15, otro de ocho y un bebé de menos de dos años, nacido en Argentina. Los trámites prosperaron, Gilfanova consiguió la documentación, dejó el conurbano y viajó a la costa. 

Según el informe del Ministerio del Interior, el pedido de captura está sustentado en una investigación contra la mujer por movimientos financieros vinculados a grupos del ISIS, el grupo yihadista de origen sunita, la rama del Islam más difundida en Tartaria. Para responder a la requisitoria desde la Federación Rusa, y que la mujer pueda ser juzgada en su país, se llevó adelante un proceso por extradición en Mar del Plata. Allí se conocieron los detalles de la imputación.   

Se la acusa de dos hechos, el primero habría sido el 22 de octubre de 2014, cuando supuestamente Gilfanova habría transferido 59.700 rublos rusos a seguidores ultraislámicos rusos “con el fin de financiar actividades terroristas”. La cuenta de destino sería de un miembro del ISIS, que habría recaudado fondos entre mayo y diciembre de ese año por casi 5 millones de rublos (cerca de 170 mil dólares). Luego habría transferido 31.744 rublos a quien se señala como líder de un grupo que organizó, desde Egipto, la recaudación de fondos entre seguidores del ISIS en Rusia.

“Como Argentina tiene un tratado de extradición con Rusia, al cotejar el pedido de captura se hace la comunicación al Estado ruso para que haga el pedido formal de extradición, que finalmente se hizo en enero de 2021. Después se le preguntó a la mujer para saber si quería ir a defenderse a su país o se oponía a la extradición. Luego de que ella manifestara su decisión de quedarse aquí, se le corrió vista al Ministerio Público Fiscal y a la defensa sobre las pruebas que se iban a debatir. Se incorporaron las pruebas, se citó a las audiencias de juicio y se resolvió que la extradición era procedente, que estaban dadas las garantías para otorgarla”, explicó una fuente judicial que participó de la instrucción del caso. 

La fiscalía entendió que no se había acreditado “un riesgo concreto respecto de que la requerida fuera a ser perseguida en razón de sus convicciones religiosas”, como así “tampoco sometida a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes o que no se respetaran sus debidas garantías judiciales”. Ante esos cuestionamientos de la defensa de la mujer, la fiscala Laura Mazzaferri destacó las garantías ofrecidas por la Federación de Rusia, entre ellas, el ofrecimiento para que funcionarios argentinos en Rusia pudieran seguir el proceso y la situación de detención de Gilfanova, en caso de que sea extraditada extraditada. Por otro lado, hizo referencia a la solicitud de asilo y entendió que resulta independiente del proceso de extradición, que deberá ser resuelto por el Poder Ejecutivo argentino. 

“Debe tenerse en cuenta que el proceso de extradición no es un juicio sobre la culpabilidad de la persona requerida, sino de las formas de los pedidos de extradición y que en él no caben otras discusiones que las referentes a la identidad del requerido y a la observancia de los requisitos exigidos por las leyes y los tratados aplicables”, sostuvo el juez federal  Santiago Inchausti en su resolución, a lo que agregó: “En estas condiciones el planteo de una posible persecución se presenta como meramente conjetural en tanto que, por otro lado, el país requirente, como ha dicho la fiscalía en sus alegatos, ha dado garantías de que no sería sometida a tratos crueles y que se le respetaría el derecho de defensa”. Luego de la resolución de Inchausti, el defensor oficial apeló su fallo y por medio de un recurso ordinario -los pedidos de extradición no pasan por la Cámara y por Casación- le pide ahora a la Corte Suprema que resuelva. 

AM