La Procuración del Tesoro Nacional está bajo revisión interna. En medio del revés judicial que sufrió el Estado argentino por la expropiación de YPF, el gobierno de Javier Milei ordenó una investigación por presuntas “filtraciones” de información reservada y prepara una reestructuración de su jefatura de abogados, según confirmaron a elDiarioAR fuentes del organismo. Si bien se descarta de plano una remoción del procurador Santiago Castro Videla, voces oficiales confirmaron que el Ejecutivo avanzará con más de 60 desvinculaciones y una drástica reducción de áreas técnicas.

La medida será formalizada en las próximas horas a través del Boletín Oficial. A través de un comunicado oficial difundido este miércoles, el Gobierno detalla que la Procuración del Tesoro “pone en marcha inmediata una profunda reestructuración institucional para eficientizar su funcionamiento operativo y contribuir a la reducción del gasto público”, en línea con los criterios establecidos por la Ley Bases. El recorte, señalan, es parte del proceso de “transformación y racionalización del Estado” impulsado por la administración libertaria.

Designado por impulso directo de Santiago Caputo en febrero, tras la sorpresiva salida de Rodolfo Barra, Castro Videla comanda ahora tanto la reestructuración administrativa como la investigación por filtraciones. Pese a su cercanía con el Presidente, debió excusarse de intervenir en la causa YPF por haber integrado el estudio jurídico de Alberto Bianchi, quien colaboró con el fondo Burford Capital en el armado de la demanda. Su salida dejó al Estado sin abogado principal en uno de los juicios más sensibles del siglo.

El comunicado oficial sostiene que el organismo “ya ha reducido su personal en más de un 20% desde el ingreso de las nuevas autoridades” y que pasará de seis a cuatro Direcciones Nacionales. También se disolverá la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, cuya tarea de capacitación quedará restringida al fortalecimiento de la abogacía pública y la doctrina jurídica de la PTN. Esa función será asumida por un nuevo centro “que contará con menos de un tercio del personal con el que contaba la Escuela y que sostenía la vieja administración”.

La denuncia de filtraciones se produjo en el momento de mayor tensión legal para el Estado desde que se reactivó el juicio por la estatización de YPF. Hace dos semanas, la jueza federal de Nueva York Loretta Preska ordenó que la Argentina transfiera el 51% de las acciones de la petrolera a los fondos Burford y Eton Park, que compraron a la familia Eskenazi el derecho a litigar. La decisión fue apelada y, mientras tanto, se obtuvo una suspensión administrativa de la entrega de las acciones. Fuentes oficiales deslizaron que “parte de la estrategia legal del fondo se nutrió de información reservada del Estado argentino”.

En la Procuración creen que esa información —que incluía detalles internos sobre la línea jurídica que el Estado planeaba seguir ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito— salió de sus despachos durante los últimos meses. “No hay forma de saber para quién se filtró, pero es razonable pensar que fue para Burford”, apuntó una fuente. La revelación de esos datos habría fortalecido la posición de los litigantes en el tribunal neoyorquino, donde se discute un fallo con impacto potencial de US$16.100 millones.

Desde el Gobierno remarcan que la reestructuración “busca fortalecer la eficiencia operativa del organismo, garantizar un uso responsable de los recursos y adecuar su estructura a los principios de austeridad, profesionalismo y resultados concretos”. También se avanza con la “reducción de unidades jerárquicas innecesarias, la reorganización de funciones superpuestas y la reasignación de competencias estratégicas”. Según se informó, se eliminaron comitivas y gastos en viajes oficiales, y se reasignaron tareas que antes estaban tercerizadas.

“El objetivo es colaborar con el equilibrio fiscal”, concluye el texto oficial, “y acompañar el proceso de transformación nacional con una gestión técnica, transparente y centrada en el servicio a los ciudadanos”. La intención, según se desliza desde el Gobierno, es reconfigurar su estructura interna y profesionalizar su planta, en línea con los criterios que La Libertad Avanza impulsa en otras áreas clave del Estado.

Gesto de Trump

Sin embargo, en ese marco de incertidumbre judicial, Milei recibió un inesperado respaldo político y diplomático: el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, se presentará como amicus curiae ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York para apoyar la postura argentina. El objetivo es lograr que se mantenga la suspensión del fallo que ordenó al Estado entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park.

El respaldo de Washington no es menor. Aunque por ahora no se extiende a la apelación de fondo ni alcanza el fallo de US$16.100 millones dictado contra la Argentina, la jugada apunta a reforzar la posición del país en el punto más sensible: evitar el traspaso inmediato de las acciones de la petrolera, un hecho que el Gobierno considera de altísima gravedad institucional.

“El amicus implica el apoyo explícito de una parte independiente a una persona, entidad o país dentro de un caso, y le agrega argumentos favorables para que los jueces sean persuadidos y fallen a su favor”, explicó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, en diálogo con Noticias Argentinas. Según detalló, el gobierno estadounidense considera que forzar la entrega de las acciones viola las normas de inmunidad soberana y podría sentar un precedente indeseable en su sistema jurídico.

El respaldo no es nuevo: bajo la administración de Joe Biden, el Departamento de Justicia ya había solicitado a la jueza Preska que rechazara la solicitud de Burford de hacerse con activos clave de la petrolera argentina. En aquel momento, la magistrada desestimó el planteo de la Casa Blanca y falló en contra del país. Pero ahora, con una nueva administración republicana, el Gobierno argentino vuelve a depositar esperanzas en que el respaldo internacional contribuya a frenar los efectos inmediatos de la sentencia.

Actualmente, la cesión de acciones se encuentra suspendida de manera temporal, mientras las partes presentan sus argumentos ante la Cámara de Apelaciones. El amicus que presentará la administración Trump busca que esa suspensión se extienda durante todo el proceso de apelación, lo que le permitiría al Gobierno ganar tiempo político y jurídico en medio de la reestructuración interna de su defensa legal.

Fuentes oficiales admiten que el juicio por YPF se ha transformado en un problema político de primer orden. La causa no solo amenaza con comprometer el patrimonio estatal, sino que deja en evidencia las fisuras dentro del esquema de defensa del país ante los tribunales internacionales. Mientras la Procuración del Tesoro intenta blindarse frente a posibles fugas de información, el Gobierno busca apoyo externo para evitar un desenlace que podría marcar a fuego su gestión. Todo en medio de una pulseada que, más allá de los fallos, pone a prueba la capacidad del Estado argentino para defender su soberanía jurídica y económica en los foros más hostiles del planeta.

PL

El exjuez Ricardo Manuel Rojas rechazó el ofrecimiento del gobierno de Javier Milei para encabezar la Procuración del Tesoro tras la salida anticipada de Rodolfo Barra, y este martes, el vocero Manuel Adorni anunció que el reemplazante de Rodolfo Barra será Santiago Castro Videla.

Castro Videla tiene 43 años y es abogado y magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Austral que se desempeña en el estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla Abogados. “Es un discípulo de Rojas”, destacó la fuente consultada horas atrás por elDiarioAR al admitir que era otro de los que se tenía en la mira para el puesto, antes del rechazo de Rojas y de su rápida designación anunciada por el portavoz este martes. 

“En primer lugar, contarles que el Presidente de la Nación ha decidido designar como procurador del Tesoro a Santiago María Castro Videla. Es un abogado especializado en Derecho Administrativo y diplomado en Derecho Constitucional y Derecho Procesal y es profesor invitado desde hace 15 años en la Universidad Austral”, detalló Adorni sobre el nuevo procurador.

A través de su cuenta de X, el abogado y autor de varios libros aclaró: “Estoy profundamente agradecido al presidente Javier Milei por el ofrecimiento para ocupar el cargo de Procurador del Tesoro”.

“Es un gran honor. Si bien he declinado por los motivos que le expliqué a él y a Santiago Caputo, estaré siempre dispuesto a colaborar del modo que sea mejor”, completó.

El mensaje tuvo lugar a horas de su visita a Casa Rosada, donde se reunió con el asesor presidencial del mandatario, y expuso los motivos por los que no asumirá en reemplazo de Barra que presentó la renuncia por pedidos del Presidente.

En las últimas horas por los pasillos de Balcarce 50 revelaron que había más de un candidato al cargo, y si bien el libertario tiene admiración por Rojas, “no era el que mejor se ajustaba al perfil”.

Castro Videla, el reemplazante de Barra

De acuerdo a la información de la Univerisidad Austral, donde se desempeña como docente, Santiago Castro Videla “ejerce la profesión de manera liberal en el estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla Abogados. Es profesor en la Diplomatura de Derecho Constitucional Profundizado de la Universidad Austral y profesor adjunto del Claustro Docente de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación”.

Además, “fue profesor ayudante de Derecho de la Integración y asistente de profesores full time de Derecho Constitucional en su carácter de becario de la Universidad Austral; fue profesor invitado en la Maestría en Derecho Administrativo y en la Maestría en Derecho LL.M. de la Universidad Austral; y profesor de Conflictos, litigio y empresa en la Maestría en Derecho Empresarial de Universidad Argentina de la Empresa”.

También ocupa el puesto de secretario de redacción de la Revista de Derecho Administrativo Abeledo Perrot y Revisor independiente de la RADEHM (Revista Argentina de Derecho de la Energía, Hidrocarburos y Minería).

“Es coautor, con Santiago Maqueda Fourcade, de ”La delegación legislativa y el Estado regulatorio“ (Ábaco, 2018), ”Tratado de la regulación para el abastecimiento“ (Ábaco, 2015), y ”Estudio constitucional sobre los controles de precios y la producción“ (Ábaco, Buenos Aires 2015). Asimismo, es autor y coautor de numerosos capítulos de libros colectivos y artículos académicos”.

Es miembro asociado de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y de la Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional.

Obtuvo el premio al Mejor Trabajo de Investigación durante su carrera de grado y el Diploma en Reconocimiento a los Valores Humanos, ambos otorgados por la Universidad Austral.

Con información de agencias.

IG

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró hoy que el ex procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, tuvo “diferencias” con el Gobierno y por eso tomó la decisión de “dar un paso al costado”.

“Es una persona mayor que cumplió roles en distintos gobiernos. Venía cumpliendo funciones muy importantes durante el gobierno de Menem como procurador, ministro de Justicia y de la Corte”, sostuvo Francos en declaraciones radiales.

En esa línea, el ministro coordinador expresó: “Aquí fue convocado a cumplir el rol de procurador del Tesoro. A lo mejor él está en otra etapa de su vida y hubo algunas diferencias en algún tema y prefirió dar un paso al costado y presentó su renuncia”.

Francos se refirió también acerca del paro de trenes convocado por el gremio ferroviario La Fraternidad para el próximo martes 28 de enero y adelantó que van a “tratar de llegar a un acuerdo” con Omar Maturano, líder del sindicato.

“Vamos a tratar de llegar a un acuerdo con el líder del sindicato de ferrocarriles. Esperemos que esta situación no le genere un trastorno a los trabajadores”, señaló el funcionario del gobierno del presidente Javier Milei.

La huelga anunciada por los ferroviarios será por reclamos salariales y se llevará a cabo desde las 9 hasta las 17, “afectando el servicio a nivel nacional”, indicó el gremio en un comunicado.

DM con información de agencia NA

“Resulta pertinente que el presente recurso sea resuelto por el Alto Tribunal con una integración diferente de la que tuvo al emitir el fallo aquí impugnado”. En una línea de uno de los dos largos escritos que presentó el Estado nacional este martes ante la Corte Suprema, se sintetiza la disputa política con el máximo tribunal: el gobierno reclama, por considerar que el fallo es gravoso y hay animadversión de los cortesanos, que “otra” corte revise el fallo emitido hace una semana y que obliga a aumentar en 183 mil millones de pesos anuales los fondos que se giran al gobierno porteño.

Aunque hay un texto específico que recusa a los cuatro integrantes de la Corte, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, en la presentación de revocatoria del fallo insiste con la idea de que deben ser otros jueces los que analicen el fallo del 21 de diciembre. Los dos escritos están firmados por Carlos Zannini, en su condición de Procurador del Tesoro Nacional, uno de los actores que figuran en el expediente de la causa CABA. El otro es el Ministerio de Economía.

En una presentación de 49 páginas, Zannini plantea la revocatoria “in extremis” pero, además, plantea que hasta tanto se desactive la medida cautelar que hizo lugar a parte de la demanda que hizo Horacio Rodríguez Larreta, se suspenda el pago -o la transferencia- de esos fondos extras. El lunes, como contó elDiarioAR, el Gobierno buscó un atajo: dijo que era obligatorio cumplir con las medidas judiciales pero utilizó un formato de “pago”, a través de un bono con vencimiento en el 2031, que no tiene mercado secundario y que cotiza al 51%, lo que fue rechazado por Larreta.

La revocatoria, una figura poco usual, es el centro de una de las presentaciones que firma Zannini y que pide, en la misma acción que “el recurso sea formalmente admitido, con efectos suspensivos” y “sea debidamente sustanciado” y “con lo cual corresponderá dejar sin efecto la medida ”cautelar“ adoptada.

“Cuando la medida cautelar se confunde con la cuestión de fondo a resolver, se incurre en un prejuzgamiento –como aconteció en la sentencia aquí impugnada-, pues se concedió una medida precautoria cuyo objeto coincide sustancialmente con la cuestión de fondo”, plantea el texto del Estado nacional.

Este argumento, que está presente en la revocatoria, aparece además en el escrito que recusa a los cuatro integrantes del máximo tribunal. “Al adoptar la medida cautelar que nos ocupa, V.E. adelantó su criterio con relación a varios aspectos de la controversia, que son cruciales para la definición del fondo de la cuestión debatida en autos. Tal circunstancia, como se verá seguidamente, justifica que los señores magistrados de este Excmo. Tribunal que suscriben la sentencia del 21 de diciembre del año en curso se aparten de la causa”, dice en sus fundamentos Zannini en el pedido de recusación a los cuatro integrantes de la Corte, un texto que se extiende durante 18 páginas.

Las presentaciones de Zannini, que siguen las indicaciones del presidente Alberto Fernández, parecen condenadas a estar por un tiempo en una especie de limbo porque la Corte decidió, hasta acá, que no retomará la causa CABA hasta luego de la feria de verano. El acuerdo del 21 de diciembre fue el último del año y no tiene, según fuentes del tribunal, intención de convocar a un acuerdo especial para tratar el tema.

En paralelo, la recusación de los integrantes de la Corte lo resuelve la propia Corte. En la misma acción, donde deciden sobre sí mismos, pueden rechazar la revocatoria que cuestiona el fallo.

Otro de los planteos del Gobierno es que la Corte se extralimitó y, además de anticipar opinión, dispuso un porcentaje de fondos -el 2,95%- sin precisar a qué responde, ni cómo llegó a ese número. “Tal lo que acontece con la fijación de un porcentaje de la masa de fondos coparticipables prevista en el artículo 2° de la Ley N° 23.548, como porcentual que ”cautelarmente“ deberá ser transferido a la CABA (el 2,95%). Más allá de que ese porcentual no aparece justificado en modo alguno en los fundamentos del fallo (allí radica una de las razones de la arbitrariedad en la que incurre), lo cierto es que la adopción de ese método de compensación a la CABA -calculado como porcentual de la coparticipación-, cualquiera hubiera sido el porcentaje adoptado, importa ya de por sí una definición sobre uno de los aspectos centrales debatidos”, puntualiza el texto.

PI

La Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Carlos Zannini, reiteró este miércoles su pedido de citación a declaración indagatoria al expresidente Mauricio Macri por presunta “malversación de caudales públicos”, en la causa que investiga la deuda externa contraída durante la gestión de Cambiemos.

El organismo presentó un escrito ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti, a cargo de la causa, en el que incorporó como prueba los dichos de Macri en una entrevista al canal de cable CNN el 7 de noviembre último y sostuvo que hay “elementos de juicio” que avalan y “justifican” la citación a todos los imputados, según informaron a Télam fuentes judiciales.

“Se encuentran reunidos elementos de juicio que justifican que oportunamente se cite a prestar declaración indagatoria a los imputados”, sostuvo el escrito al reiterar un planteo hecho en la causa el 30 de agosto último.

Para el organismo, que es querellante en la causa en representación del Estado Nacional, “el uso de los fondos prestados por el FMI para satisfacer los requerimientos de inversores especulativos que pretendían reposicionarse en dólares” se corresponde “con lo que el FMI advirtió como desvíos en el uso de los recursos prestados a la República”.

El escrito de diez carillas está firmado por Zannini y el subprocurador Horacio Diez.

La Procuración entregó a la jueza un “pendrive” con la entrevista que Macri dio al canal de cable y advirtió que “más allá de las consideraciones de orden político general que allí formuló el entrevistado, resultan llamativas las expresiones” sobre el uso que se dio al préstamo del FMI.

“La usamos para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se querían ir”, dijo Macri en esta entrevista, según citó el escrito de la Procuración.

La Procuración argumentó ante la jueza que “sus propias manifestaciones denotan que el préstamo del FMI fue utilizado, precisamente, para un destino distinto del que fue previsto por el organismo internacional”.

Con información de agencias.

IG