El análisis del Proyecto de Presupuesto para el 2025, presentado por el presidente Javier Milei ante el Congreso de la Nación, arroja datos muy preocupantes para mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+. Cuando se hace zoom sobre las partidas presupuestarias de las políticas públicas que buscan la reducción de las brechas de género y la prevención y asistencia frente a la violencia de género, se observa que el proyecto mantiene y amplía reducciones que ponen en riesgo la continuidad de programas e incluso la eliminación completa de partidas presupuestarias que garantizaban herramientas fundamentales.

ELA y ACIJ habíamos analizado la implementación de políticas públicas fundamentales para reducir la desigualdad de género y prevenir y abordar la violencia durante los primeros seis meses del gobierno de Javier Milei. En el informe documentamos que las políticas destinadas a reducir brechas de género, en su conjunto, tuvieron una caída del 80% en la ejecución presupuestaria si se compara con el primer semestre de 2023. Algunas de las políticas más afectadas por este recorte fueron el Programa Acompañar, la Línea 144 y el Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA).

En el caso del Programa Acompañar se observó una caída del 82% en la ejecución interanual y una reducción drástica en su alcance. De las 20.000 altas programadas para el primer trimestre de 2024 sólo se realizaron 434, mientras que en el mismo período de 2023 habían sido 34.023 las personas asistidas. Ello pese a que entre enero y marzo de 2024 se presentaron 2.462 solicitudes y que el 54,4% se encontraba con el máximo nivel de riesgo. Además, se decidió restringir la temporalidad de la prestación y se sumó la existencia de una denuncia como requisito de acceso, un criterio sumamente regresivo y revictimizante.

La Línea 144 –un dispositivo creado a partir del artículo 9° inciso o) de la Ley 26.485, que brinda atención, contención y asesoramiento a personas en situación de violencia por motivos de género a través de un servicio telefónico gratuito, WhatsApp, correo electrónico y por videollamadas– mostró una reducción interanual del 28% al primer semestre. A ello se suma que fueron despedidas el 38% de las personas que trabajaban brindando este servicio, dando como resultado una reducción en la cantidad de intervenciones realizadas.

El Plan ENIA también se encuentra en riesgo. Al primer semestre de 2024 tuvo una reducción interanual del 70%, han sido despedidas 619 personas de los equipos operativos que se desempeñaban en 12 jurisdicciones del país y en lo que va del año sólo se ejecutó el 15% del presupuesto disponible. Ello ha ocasionado falta de insumos médicos en muchas provincias y los efectos de estas medidas en el mediano y largo plazo son desalentadores. 

Vemos que esta tendencia se consolida al analizar el Proyecto de Presupuesto 2025. Allí encontramos una respuesta clara a la pregunta que nos hacíamos semanas atrás: de aprobarse tal como fue presentado, definitivamente, las mujeres, diversidades, niñas y adolescentes estarán libradas a su suerte. 

Se observan reducciones que ponen en riesgo la continuidad de programas fundamentales para prevenir situaciones de abuso sexual en la infancia (como la ESI) y para reducir el ciclo intergeneracional de la pobreza (como el Plan ENIA). También se eliminan por completo partidas presupuestarias que garantizaban herramientas fundamentales para la prevención y asistencia ante la violencia de género (como el Programa Acompañar).

La inversión en el Plan ENIA cae un 78% con relación a 2023, la Línea 144 deja de tener una partida propia y no sabemos cuánto ni si se va a invertir en su fortalecimiento. También se reduce el presupuesto destinado al fortalecimiento edilicio de jardines infantiles siendo un 69% más bajo que el ejecutado en 2023. La inversión en Infraestructura social y del cuidado cae un 83% respecto a lo ejecutado en 2023.

Si bien se proyectan aumentos en políticas alimentarias, AUH y AUE, el Poder Ejecutivo propone eliminar el ajuste automático de estas prestaciones, medida que, de concretarse, dejaría a las familias bajo dos riesgos: la posibilidad de reducciones por decisiones discrecionales y la pérdida de valor debido a la inflación.

La situación de desprotección que el Proyecto de Presupuesto para 2025 intenta consolidar no sólo vulnera compromisos normativos locales e internacionales sino que es contraproducente para el desarrollo económico del país. Se ha evidenciado que es 22 veces mayor el costo de intervenir de manera tardía en los casos de violencia de género que atender a las mujeres frente a las primeras manifestaciones de la violencia. También se encuentra probado que al Estado le cuesta mucho más caro atender embarazos no intencionales que prevenirlos.

Siguiendo los más altos criterios de eficacia, eficiencia y economía que el gobierno nacional proclama defender, al contrario de lo que el Proyecto de Presupuesto 2025 plantea, se deberían promover y reforzar las políticas públicas orientadas a fortalecer las autonomías de las mujeres para que puedan acceder a espacios y a estrategias de ayuda a tiempo. Ello es fundamental para las mujeres pero también lo es para toda la sociedad.

Como contracara de los recortes en políticas de protección de derechos a las poblaciones más vulnerables, vemos que se sostienen privilegios fiscales injustos. Sólo por poner un ejemplo, lo que el Estado dejó de recaudar en 2023 por no cobrar impuesto a las ganancias a jueces nacionales y provinciales equivale a 4,2 veces lo que costó el Programa Acompañar.

Esperamos que el Congreso incorpore modificaciones al Proyecto para que no se consolide el abandono de las mujeres, niñas y adolescentes a su suerte. Hay espacio fiscal para hacerlo y todo el arco político lo sabe: es una cuestión de prioridades.

La autora es directora del área Jurídica de ELA

La atleta ugandesa Rebecca Cheptegei, que participó en el maratón de los pasados Juegos Olímpicos de París, murió en el hospital de Kenia en el que ingresó después de haber sido rociada con gasolina y prendida fuego presuntamente por su novio, según informó este jueves el centro médico.

“Desafortunadamente la perdimos después de que todos sus órganos fallaran la pasada noche”, afirmó Owen Menach, director interino del Hospital Universitario y de Referencia Moi de Eldoret, en el oeste de Kenia.

El brutal episodio de violencia machista ocurrió el pasado domingo en el condado keniano de Trans Nzoia (oeste), desde donde la atleta, de 33 años, fue trasladada de urgencia al citado hospital con quemaduras en el 80% de su cuerpo.

La Federación de Atletismo de Uganda (UAF, en sus siglas en inglés) también confirmó el deceso de la deportista, de 33 años. “Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de nuestra atleta, Rebecca Cheptegei, esta mañana temprano, quien trágicamente fue víctima de violencia doméstica. Como federación, condenamos tales actos y pedimos justicia. Que su alma descanse en paz”, ha señalado la UAF en su cuenta de la red social X.

El agresor la roció con cinco litros de gasolina

Este domingo, el presunto agresor, Dickson Ndiema Marangach, se coló en la casa de Cheptegei con un bidón de cinco litros lleno de gasolina, según la Policía. La atleta había ido a la iglesia con sus hijos y, cuando regresó, el hombre le arrojó el combustible y le prendió fuego.

Los padres de la corredora, Joseph Cheptegei y Agnes Ndiema, indicaron que su hija, residente en Uganda, había comprado un terreno en el condado keniano y había construido una casa donde se alojaba durante sus entrenamientos.

Cheptegei falleció después de que el Gobierno de Kenia anunciara este miércoles planes para poder trasladar a la atleta a Nairobi con el fin de que recibiera tratamiento médico especializado dado su estado crítico.

“Se están haciendo esfuerzos para garantizar que la atleta ingresada en Eldoret sea trasladada en avión a Nairobi para recibir tratamiento especializado tras el desafortunado incidente”, aseguró el secretario de Estado de Deporte de Kenia, Peter Tum.

Cheptegei, que disputaba carreras desde 2010, participó en la prueba femenina de maratón en los pasados Juegos Olímpicos de París, donde acabó en la cuadragésimo cuarta posición. 

Su agresor, Dickson Ndiema Marangach, también sufrió quemaduras en el 30% de su cuerpo y se encuentra ingresado en el mismo hospital de Eldoret.

Cheptegei vivió varios años en España

Rebecca Cheptegei llevaba más de una década formando parte de la selección ugandesa de fondo. Desde su debut en el campeonato mundial de cross de 2010 en categoría sub-20 la corredora pasó de correr distancias de mediofondo a especializarse en la ruta.

Cheptegei, afincada en España durante varios años, participó numerosas veces en competiciones nacionales, por ejemplo cuando fue segunda en el medio maratón de Madrid de 2011 o cuando ganó la Jean Bouin de Barcelona en 2013. Su mejora en la prueba de maratón llevó a Cheptegei a volver a la selección ugandesa en 2023 con un 14º puesto en el campeonato mundial de ese año y un puesto 44º en los Juegos de este año en París, su debut en una competición olímpica.

El Estado provincial de San Juan ejerció violencia pública política contra las mujeres. Así lo dice una sentencia judicial de diciembre pasado, la primera de estas características en el país. La resolución es parte –no el cierre aún- de un caso de criminalización desde los poderes Ejecutivo y Judicial sanjuaninos hacia activistas feministas y de Derechos Humanos, luego de la marcha del 8 de marzo de 2022. 

Fueron dos años de causas en espejo: por un lado, una causa penal en la que cuatro activistas fueron criminalizadas y en la que una de ellas todavía está imputada. Por otro lado, la denuncia por violencia pública política iniciada por estas mujeres y una veintena más contra un Estado que violentó procesos y pruebas, usó todo el poder del que dispone y sumó el de medios de comunicación para disciplinar la protesta. 

La marcha de las pintadas

En San Juan la marcha del Día de la mujer de 2022 reunió a alrededor de 25.000 personas, la más numerosa que se recuerde. La encabezó la asamblea Ni Unx Menos San Juan y se sumaron organizaciones sociales, académicas, políticas y sindicales. El recorrido, como en todas las marchas, se acordó y se comunicó a la provincia. Como siempre, en algún momento las columnas ocupan todo el ancho de la Avenida Libertador San Martín para desembocar frente a la Legislatura provincial. En el trayecto hay edificios de organismos y empresas que están custodiadas. Ese año no había policías frente al edificio de la Escuela Normal Superior Sarmiento, monumento histórico; la construcción ofrece sobre la avenida Libertador un extenso muro de una cuadra que desde hace décadas es pizarra pública de activismos políticos, deportivos, feministas, sindicales; de declaraciones de amor y odio, de ideas, de luchas antimineras, de frases célebres y no tanto. Algunas de las participantes de la marcha del 8M 2022 sumaron esa tarde nuevas consignas.

Dos días después de la marcha el Director de Patrimonio Cultural de la provincia, arquitecto Jorge Martín, formuló una denuncia penal “por el delito de Daño Agravado contra quienes resulten responsables de las pintadas”.  La prensa local, que ya había hablado –sin citar fuentes– de la “indignación de la comunidad escolar”, dio amplia difusión a la denuncia e hizo públicos todos sus términos, aún antes de que fuera presentada. Semanas después, el Fiscal de Estado constituyó a la Provincia de San Juan en parte querellante.  

Caza de brujas

La denuncia dice que “se ha atentado contra un Monumento Histórico Nacional y Provincial estampando escrituras de contenido sexista, feminista, con frases apologéticas del delito de homicidio, y alegóricas a la pretensa lucha contra la figura masculina que enarbola cierto grupo social tal y como se aprecia en las publicaciones de los matutinos que son de público y notorio conocimiento”. No hay en el escrito ninguna descripción sobre el daño material ocasionado específicamente en esta oportunidad, aunque es claro que las pintadas que denuncian el funcionario y el Estado provincial son solo las de contenido feminista.

La jueza a cargo del Segundo Juzgado de Instrucción Penal de San Juan, Mabel Moya, con la colaboración de organismos policiales, inició a través de la fiscalía correspondiente, una investigación. Las cámaras de seguridad del Estado provincial habían registrado distintos momentos de la marcha, pero los investigadores no lograron determinar la identidad de quienes pintaron. Entonces desde el Poder Judicial solicitaron a la Policía que “a través de redes sociales tales como instagram, facebook y similares, identifique a las personas que se encuentran en los registros fílmicos obrantes en la causa”. 

El trabajo realizado no tiene nada que envidiar al que se hacía en plena dictadura militar, con la ventaja actual que ofrecen las tecnologías digitales. Las participantes de la marcha que los investigadores habían señalado con un círculo en las fotos capturadas de los videos de seguridad como “cabecillas” fueron buscadas e investigadas en publicaciones y redes de las organizaciones a las que pertenecen. Las acciones de “inteligencia” fueron más allá y escarbaron sus vidas privadas, su actividad social e incluso su producción académica. 

“Inteligencia” para criminalizar

El hallazgo de publicaciones que mostraran la militancia feminista de las mujeres fotografiadas fue motivo suficiente para considerarlas posibles autoras de los grafitis descriptos como “escrituras feministas”. Así de simple. Un claro ejemplo es el de una integrante de la organización Las Hilarias, docente e investigadora en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, que fue señalada como sospechosa por el contenido de sus investigaciones y de los artículos académicos publicados, relacionados estudios sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo en San Juan. 

A partir de esta información, aunque sin expresar motivos, la jueza a cargo del Segundo Juzgado de Instrucción Penal citó a indagatoria y luego procesó a cuatro participantes de la marcha del 8 M 2022 en San Juan. Pertenecen a las organizaciones Ni Unx Menos y Las Hilarias, Socorristas en Red.

Para Virginia Cantoni, una de las cuatro procesadas, “es interesante analizar contra quiénes armaron esta causa. No pertenecemos a organizaciones que respondan a partidos políticos, pero sí somos organizaciones convocantes dentro de los feminismos sanjuaninos, no solo para la presencia en las calles, también para todo tipo de acompañamiento ante violencias de género”.

No obstante la arbitrariedad en la citación, las cuatro se presentaron puntualmente a la indagatoria penal y solicitaron su sobreseimiento. Nueve largos meses tardó la jueza penal para dar respuesta.

Un proceso abierto

Muchos medios dieron los nombres y datos de las activistas indagadas. “Nos posicionaron en un lugar de enemigas públicas, en el que por ejemplo yo tuve y sigo teniendo problemas para conseguir un trabajo estable”, asegura Virginia. Fueron tiempos de tejer redes, conseguir abogados y hasta apoyo para costear el proceso. El apoyo de organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fueron herramientas fundamentales para sostener el debate. A la CIDH se sumaron el Consejo Provincial de Protección de la Mujer; la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; el Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan; diputados nacionales y provinciales; organizaciones gremiales, colegios profesionales y personalidades de distintos ámbitos que exhortaron a la Provincia de San Juan a cesar en la criminalización .

De las cuatro indagadas, tres fueron sobreseídas y una quedó procesada. Los sobreseimientos están fundados en algo que el juzgado ya sabía desde un comienzo: las personas a las que criminalizó no pintaron las paredes del edifico escolar y su militancia feminista no era razón para acusarlas. 

Una de las activistas indagadas quedó procesada. Es Yanina Opaso, quien apeló su procesamiento ante la Cámara Penal. La Cámara anuló el procesamiento y apartó del caso a la jueza de instrucción. Entre otras cosas, los camaristas dicen que “en ningún momento se relata el hecho atribuido a la imputada”. De paso le recuerdan a la jueza separada: “Sabido es que los jueces deben fundar sus resoluciones”.

Yanina Opaso pintó con aerosol verde la inscripción “Desampa antifa” en la parte baja de la muy pintada pared de la Escuela Normal Sarmiento. Son dos grafitis que hacen referencia a “Desamparados Antifascista”, una organización social deportiva que promueve la diversidad y la inclusión en el club de futbol sanjuanino “Sportivo Desamparados”. Está acusada de “daño agravado”, un delito que tiene una pena de hasta cuatro años de prisión. Su pintada ocupa el 0.00001 por ciento del extenso y muy escrito muro norte del edificio escolar y está realizada en la parte baja de una pared que periódicamente es cubierta con pintura beige. 

Desde agosto de 2023 otro juzgado tiene a cargo su causa. Hasta hoy no se ha expedido. “No solo queda Yanina Opaso, quedamos todas; pero no solo todas nosotras, toda una sociedad queda sometida a este poder que criminaliza la protesta social”, dice Jani Godoy aunque ella ya está sobreseída.

Hasta aquí el trayecto penal, todavía con final incierto.

Denunciar la persecución

En agosto de 2022, las personas ilegalmente indagadas en esta causa, junto a una veintena de activistas feministas y transfeministas, presentaron una denuncia por violencia pública política por razones de género contra la Provincia de San Juan - el Estado y sus agentes- por usar “indebidamente el derecho penal sin fundamento y con el objeto de criminalizar la labor de defensoras de los derechos humanos y deslegitimar las causas que persiguen”. 

Entre los numerosos argumentos, las ahora denunciantes señalaron que las cuatro indagadas fueron identificadas y citadas solo por su relación personal o profesional con el feminismo y sus reclamos, lo cual es evidente cuando lo que tiene centralidad en la denuncia es lo que dicen algunas pintadas, su contenido, más que el deterioro que los responsables del monumento no pueden describir. Esto, por el estado en que estaba la pared desde hace mucho tiempo, ya toda cubierta de inscripciones y pegatinas que no se sabe quiénes ni cuándo ocasionaron y que no motivaron antes ninguna preocupación ni denuncia.

“Entendimos –explica Conrado Suárez Jofré, abogado de las denunciantes, junto a María Alejandra Rojo Sanz - que lo que le pasaba a ese ofendido Estado provincial era que le resultaba muy difícil perseguir lo que realmente era el motivo de agravio, que era el discurso, lo que se decía. El Estado provincial evidentemente no pudo decir que iba a perseguir a estas mujeres porque estaban diciendo cosas que a mucha gente no le gustan y que lo cuestionaban ferozmente o estaban poniendo en la escena una realidad incómoda”.

Es desde ese punto de vista que la presentación hace hincapié en el ejercicio del derecho a la protesta pública y su relación con el ejercicio amplio de la libertad de expresión, tal como lo establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y es entonces cuando hablan de desproporción: “A la luz de este parámetro general se vuelve por demás dificultoso llegar a entender bajo qué criterio particular se destinan recursos jurisdiccionales a perseguir penalmente a quienes en el contexto de una protesta pública y frente a una alarmante situación de vulnerabilidad de un sector social escribió una leyenda atinente a ese reclamo en una pared tradicionalmente usada para toda suerte de inscripciones”. 

Para las denuncianes, el accionar del Estado local también alentó discursos estigmatizantes contra el colectivo feminista y obstaculizó actividades de sus organizaciones como el acompañamiento a víctimas de violencia de género. 

Un antecedente para todo el país

En diciembre de 2023 la Jueza Adriana Tettamanti, titular del Juzgado Contencioso Administrativo de San Juan, declaró que la denuncia formulada con motivo de la marcha del 8 de marzo de 2022 por el presunto delito de daño agravado constituye violencia política en la modalidad violencia pública-política contra las mujeres, en los términos de la Ley 26.485. En su decisión, la magistrada utilizó por primera vez la conceptualización de violencia política en su modalidad de violencia pública política, incorporada en 2019 a la Ley de Protección Integral a las Mujeres. Es la primera sentencia de este tipo contra un Estado. 

La sentencia de la jueza sanjuanina evidencia que, a pesar de que las paredes donde se estamparon las pintadas del 8M de 2022 tienen capas y capas de grafitis, pintura beige que los tapa y más grafitis, jamás una repartición pública local había intervenido respecto del cuidado de los muros de la Escuela Normal Sarmiento de San Juan, ni siquiera cuando se afectó la fachada del monumento para colocar aparatos de aire acondicionado. Es decir que no se la protegió antes de la marcha –de lo contrario no luciría como luce- ni se la protegió durante la marcha. Tampoco se la restauró después. La jueza dice, entonces, que la denuncia se hizo “sin acreditar en lo más mínimo el daño patrimonial invocado”. La jueza Tettamanti también hace notar que nunca antes la Provincia se había constituido en querellante para investigar penalmente quién estampó tal o cual grafiti. 

Sobre las investigaciones en torno de los “perfiles” de las mujeres procesadas, afirma que “constituye un comportamiento estatal contrario al mandato legal establecido para tutelar la actividad política de las mujeres, libre de todo tipo de violencia”. De esa manera, la sentencia muestra conocimiento y cita el amplio marco internacional en derechos humanos, en documentos firmados por la Argentina en los que este país se compromete a prevenir, sancionar y erradicar la violencia y discriminación contra las mujeres. La jueza no se limita a aplicar la perspectiva de género, también reflexiona sobre la necesidad de que el Poder Judicial lo haga. Dice la sentencia que la perspectiva de género resulta “un mandato ineludible para los operadores estatales, que se define como categoría analítica que debe orientar las políticas públicas y en las decisiones judiciales”. 

Finalmente, con relación a la intervención de la Fiscalía de Estado como parte querellante en la causa penal, “aparece cuanto menos desproporcionada”, dice Tettamanti. Agrega: “Fue claramente una decisión de política institucional que puso en marcha el aparato estatal para reprimir y, en todo caso, procurar un resultado aleccionador y disciplinador para quienes estuvieron sometidas a investigación e imputación penal que se proyecta con efectos expansivos a todas las integrantes de las organizaciones y movimientos feministas, desalentando su actividad pública política”. 

“Este caso significó un antes y un después para nosotras –dice Yanina Opaso– por cómo nos afectó esa exposición en nuestra cotidianeidad y también en lo que nos potenció”. Jani Godoy coincide: “aprendimos herramientas que no teníamos, nos fortalecimos”. Las denunciantes reconocieron “la enorme valentía” de la jueza Adriana Tettamanti.

Qué esperar

Dos organismos del Poder Judicial de San Juan tienen la palabra: la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo, a la que recurrió el Estado provincial ante la sentencia por violencia pública política. Paralelamente, el Tercer Juzgado Penal, que tiene en sus manos la situación de la única activista que quedó imputada. Es prácticamente imposible pensar separadamente ambas instancias, como lo expresa el defensor Conrado Suárez Jofré: “Lo más importante en este momento es que se dicte el sobreseimiento de Yanina Opaso en el cargo de daño agravado”. Agregó: “Lo que aspiramos es que la sentencia de la Jueza Tettamanti –que es importante en su faz declarativa– impacte en algo que opera en el principio de coherencia del ordenamiento jurídico: no sería coherente que teniendo una sentencia que diga que acá hay violencia en su modalidad público política, un tribunal entienda que hay motivos para procesar a alguien en relación a eso”.

La jueza Tettamanti suma: “Como integrante del Poder Judicial aspiro a que esa sentencia sea confirmada por la Cámara de Apelaciones. Estoy absolutamente convencida que esa sería la expresión más elevada y sensible del sentido de la justicia”.  Consultada sobre por qué no ordenó medidas y su resolución se limitó a lo declarativo, explicó: “La sentencia hace lo que está dentro de los límites de mis atribuciones, no puedo ir más allá porque podría incursionar en arbitrariedad”. Coincide, de todas formas, con otros letrados en que una disculpa pública de parte del Estado sería una medida en parte reparadora.

Las ideas que están en las paredes

 “Creo que el daño fue haber obligado al gobierno provincial a leer en términos políticos lo que les queríamos decir en las paredes, que es hacia dónde queremos llevar las discusiones”, analiza Yanina Opaso. En su opinión “hablan de pintadas sexistas porque en esas paredes se denuncian a violadores y femicidas”. “Yo hice una pintada de un movimiento antifascista, de un espacio que se gestó en las tribunas de un club que entiende al fútbol como espacio de construcción de ciudadanía, de reconocimiento de la  igualdad, y por lo que leemos en la apelación, no lo entendieron todavía”.

 “Las ideas no se matan” escribió justamente Domingo Faustino Sarmiento; en ese sentido, el alegato de las denunciantes por violencia de género dice que “sería justo y ejemplar que se reconozca que los muros externos no enrejados de la Escuela Normal Sarmiento son por su centralidad urbana parte de la vida, de la actualidad de la ciudad. Son muros vivos que construyen su historia”, la de las luchas de la comunidad sanjuanina. Sugieren que periódicamente (y siempre antes que colocar pintura común beige) la Provincia  y la Universidad Nacional de San Juan conformen un equipo que documente las pintadas, produzca fotometrías y otros registros “que inscriban estos muros en el espacio de disputa y expresión social al que pertenecen”. 

“Esperamos que nuestras luchas sirvan como antecedente y garantía de las nuevas generaciones”, dice Yanina. “Seguimos en la calle, somos necesarias ahora más que nunca, sobre todo para que algún día otras caminen sin miedo”, agrega Jani, que insiste en que “Ahora tenemos una compañera en el sistema penal y eso es lo que nos da fuerza para seguir poniendo el cuerpo cada día. Y si no estamos nosotras, vendrán otras; eso lo sabemos”.

CY/MA

El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para visibilizar la violencia contra las mujeres y niñas a nivel mundial y trabajar para su prevención y erradicación.

Se pretende implicar a todos los países del mundo para que desarrollen políticas para la erradicación de la violencia de género, así como, paralelamente, ofrecer apoyo y generar conciencia sobre la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas.

Ya se conoce la campaña 2023 en el Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer

¡No hay excusa! es el grito de la ONU para eliminar la violencia contra las mujeres. La campaña del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en 2023 se dirige a los poderes públicos, a los gobiernos, para que pongan los medios necesarios para erradicar la lacra de la violencia de género.

El lema completo lo dice todo: ¡ÚNETE! Invierte para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas. #No hay excusa

Si se quiere avanzar, se debe invertir en prevención. Sin embargo, es alarmante la escasa cantidad de recursos económicos que los países están destinando a este objetivo. Tan solo un 5% de la ayuda gubernamental mundial va destinada a la violencia de género y se invierte menos del 0,2% en su prevención.

16 días de activismo contra la violencia de género

Paralelamente, la Organización de las Naciones Unidas conmemora los 16 días de activismo contra la violencia de género, desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre.

En estos días, piden a todas las personas que se solidaricen con las defensoras de los derechos de las mujeres y que apoyen a los movimientos feministas del mundo para conseguir un mundo libre de violencia de género.

Han publicado una serie de imagenes para redes sociales que puedes compartir para apoyar la campaña. Accede al kit de herramientas en varios idiomas.

El origen de este Día Internacional: las hermanas Mirabal

En el año 2000 la Asamblea General de la ONU designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y ONG’s a involucrarse y coordinar acciones que eleven la conciencia pública para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres.

Como principal antecedente de esta efeméride, desde 1981 militantes y activistas en favor del derecho de la mujer observaban el 25 de noviembre como día de protesta y conmemoración contra la violencia de género.

La fecha de este Día Internacional de la Violencia contra la Mujer fue elegida para honrar la memoria de las hermanas Mirabal, tres activistas políticas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas en 1960, por orden del dictador dominicano Rafael Trujillo.

Formas de violencia contra las mujeres

La violencia contra las mujeres y niñas se manifiesta de forma física, sexual y psicológica, y suele adoptar una de las siguientes situaciones:

La población femenina es altamente vulnerable de sufrir violencia de género, especialmente las niñas y las mujeres de la tercera edad, mujeres pertenecientes a la comunidad LGBT (lesbianas, bisexuales, transgénero o intersex), las migrantes y refugiadas, las pertenecientes a pueblos indígenas o minorías étnicas, mujeres y niñas con VIH-Sida, discapacitadas y aquellas que habitan en países con crisis humanitarias.

¿Qué puedes hacer ante la violencia de género?

Puede ser alguien muy cercano a ti. Si sospechas que alguien puede estar en peligro, podés preguntarle si está afrontando alguna dificultad con alguna persona de su entorno que involucre actos de violencia. Además:

Qué es la Iniciativa Spotlight

La Iniciativa Spotlight es una campaña conjunta de la Unión Europea y las Naciones Unidas, orientada a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.

El nombre de la campaña proviene de la palabra inglesa “foco”. Precisamente se trata de dar luz a los actos de violencia contra la mujer, que en la mayoría de los casos se producen en la oscuridad porque se niegan y se ocultan, debido a la vergüenza y estigmatización de las víctimas.

El primer paso para terminar con todas las formas de violencia contra las mujeres es sacarla a la luz, convertirla en el centro de atención para tomar conciencia y eliminarla.

La campaña también pone de relieve la importancia de invertir de manera específica en las mujeres y las niñas, condición indispensable para alcanzar el desarrollo sostenible de acuerdo con la Agenda 2030.

NB

La muerte de Silvina Luna mostró el extremo más crudo de la violencia estética. Los medios, que crearon y legitimaron discursos negativos en torno a su físico durante años, buscaron convertir en rating su pelea por recuperar la salud arrebatada. Pero ella se elevó por sobre la hipocresía. Durante meses difíciles, transmitió sus procesos de cambio, sus reflexiones y su reconstrucción de autoestima, cuestionando a la industria de la estética y la medicina irresponsable, asesina. 

Frente a los mensajes insidiosos que recibía en las redes sociales –incluso durante los momentos más críticos– subrayó la importancia de no opinar sobre los cuerpos ajenos. “¿Qué me pasó en la cara? Tengo 42 años. Quizás se quedaron con la imagen de la chica de 22 y me pasó la vida”. Silvina advertía que ya no buscaba su valía en el exterior. Y capturaba un hecho fundamental: las agujas del reloj son un arma en manos de esteticistas y farmacéuticas. Que “la vida no pase”, que las mujeres no vivan (o que vivan en silencio, sin que se les note) es un negocio. La muerte es un negocio.

Mi cuerpo, ¿mi decisión?

Para muchas, el miedo a envejecer empieza a una edad imposible. La proyección de longevidad –indicador histórico del progreso social– parece representar una carga antes que un alivio. No es nuevo. Cuando Gloria Steinem, una de las personalidades más destacadas de la segunda ola feminista, cumplió su cuarta década, se enfrentó a múltiples acotaciones sobre su apariencia juvenil.  “Así es como se ven los cuarenta. Hemos estado mintiendo durante tanto tiempo, ¿quién lo sabría?”, respondió.

Diez años atrás, había protagonizado una lucha pionera que derivó en la conquista del aborto en Estados Unidos por cincuenta años. Aunque, en paralelo, debió asistir a un frente de batalla, secundario y desgastante, contra los eternos comentaristas de su aspecto. Su principal preocupación fue siempre el cuerpo concreto y en acción de las personas gestantes (su posibilidad de elegir, de desear, de intervenir en la arena pública); el foco de sus detractores se centraba en el cuerpo femenino como proyección de valores y terreno de dominación.  

Durante aquella década –los conmocionados setenta–, la filósofa, escritora y directora Susan Sontag escribió “El doble estándar del envejecimiento”. El artículo resistió el paso del tiempo porque los prejuicios que denunciaba siguen latentes, como cimientos podridos.  

La autora decretaba: “Después de los 35, cualquiera mención a la edad de una conlleva el recordatorio de que uno está más cerca del final de la vida que del principio”. Para ella, la internalización de esta crisis de subjetividad emergía cada vez que una mujer mentía con respecto a su edad. Ya sea a un empleador, a un prospecto amoroso o a un extraño.

Los esfuerzos para contrarrestar el paso de los años se relacionaban, según Sontag, con el hecho de que las mujeres conforman “un tipo de ser humano más estrechamente definido”. Nada demostraría más claramente su vulnerabilidad que el especial dolor, la confusión y la mala fe con que se vive el envejecimiento. 

“Ser mujer es ser una actriz”, cuyo valor –indican las publicidades, el mercado de trabajo y del deseo– radica en cómo se disfraza para ocultar lo que es. Los orígenes de estos preceptos se encontrarían en un hito de la Modernidad occidental, la caza de brujas. “Que las mujeres viejas resulten repulsivas es uno de los sentimientos más estéticos y eróticos de nuestra cultura”.

Sontag opinaba que los prejuicios que aumentan contra las mujeres a medida que pasan los años son una parte importante del privilegio masculino, que cercena su libertad y las condena a ser adultas de segunda clase. “Cada vez que una mujer miente sobre su edad, se convierte en cómplice de su propio subdesarrollo como ser humano. (...) Las mujeres deberían permitir que sus rostros muestren la vida que han vivido. Las mujeres deberían decir la verdad”, concluía. 

De una premisa válida, se desplegaba un juicio demasiado tajante. Si el problema es estructural, ¿la salida puede ser individual?  

Muñecas bravas

La llegada a los cines de Barbie constituye uno de los mayores fenómenos contemporáneos del mainstream que acapararon el ojo femenino. Muchas cosas se pueden decir sobre la película y, a más de un mes desde su estreno, la mayoría ya fueron dichas. Los debates más interesantes son aquellos que remiten al mundo real, fuera de la pantalla. Y en esa interacción hay un punto que quedó prácticamente inexplorado: la edad de Barbie.

En la película se intuye que los personajes no cumplen años. Como ocurre en su versión de juguete, se los ve intemporales. Margot Robbie, la protagonista, tenía 32 años a la hora de grabar. También ese dato es difícil de adivinar sin Google (y esto es válido para casi cualquier actriz o actor que desea permanecer en Hollywood). Solo en un mundo de fantasía (y de múltiples recursos para ser gastados obligadamente en procedimientos estéticos) la gente puede despistar tanto acerca de sus años.

La genial Nora Ephron –escritora, directora, productora y guionista de películas como Cuando Harry conoció a Sally y Tienes un e-mail– hizo de sus conflictos con la edad el motivo de algunos de sus textos más recordados. Con un tono cómico, opuesto al de Sontag, desnudaba los mismos conflictos estructurales. 

En el clásico ensayo “No me gusta mi cuello” rechazaba todos los libros que vanagloriaban el envejecimiento y afirmaba: “Por supuesto que es cierto que ahora que soy mayor, soy más sabia y apacible. Y también es cierto que, honestamente, entiendo lo que importa en la vida. Pero ¿adivinen qué? Es mi cuello”.

En otro texto, se quejaba del mantenimiento por el que pasaba a diario, al que definía como “lo que tenés que hacer para poder salir por la puerta sabiendo que, si vas al mercado y te topás con un tipo que una vez te rechazó, no tendrás que esconderte detrás de una pila de comida enlatada”.

En “Lo que me hubiera gustado saber” continuaba riéndose de sus demonios: “Todo lo que pensás que está mal con tu cuerpo a los 35, te va a generar nostalgia cuando tengas 45”. No dudaba en confesar el tiempo, la plata y los pensamientos que le dedicaba a su apariencia. Con una sinceridad desprovista de culpas, las líneas de Ephron expresan estados tan válidos como la indignación. Ella se consideraba una feminista convencida, pero hacía literatura y humor a partir los choques que se generaban al momento de traducir su teoría a la práctica personal.

De vuelta a la ficción. Cuando Lisa Simpson decidió crear a la antítesis de la “Stacy Malibú” (la Barbie estereotípica del universo amarillo), partió de una premisa: que tuviera “la sabiduría de Sor Juana Inés de la Cruz, la agudeza de Simone de Beauvoir, la inteligencia de Isabel I y el cuerpo de Michelle Pfeiffer”. Su muñeca tenía pensamiento propio, independencia y un “corazón de león” (o sea, la capacidad de sentir, de amar). 

Había algo fundamental con lo que no rompía: la imagen esperada, la única que podía vender. Su derrota frente a la marca más fuerte, entonces, no se debió solo a que Stacy Malibú tuviera un relanzamiento marketinero con un nuevo sombrero, sino a que la versión ideada repetía las características físicas hegemónicas de su antecesora como único modelo a seguir. 

Esa trampa –la del empoderamiento mezclado con el deseo de encajar y el libre albedrío para elegir mandatos– es familiar. Se trasluce en las críticas de Susan Sontag, en los lamentos jocosos de Nora Ephron, en la respuesta cansada de Gloria Steinem, en el aprendizaje relatado por Silvina Luna, en los dilemas cotidianos de millones. No es culpa de ninguna mujer en particular, ni en solitario. Citando a la pequeña Lisa, se trata de que “todo el maldito sistema está mal” (y de que hay muchas personas, con múltiples contradicciones, que pelean para cambiarlo).

JB/DTC

La “sextorsión” y la “pornovenganza” son algunos de los fenómenos de violencia digital que el avance de la tecnología digital trajo a la vida contemporánea a través de la manipulación y difusión de material íntimo no consentido.

Se trata de acciones ominosas que mancillan la dignidad de personas, especialmente mujeres, y dejan a su paso traumas y huellas psíquicas que en muchos casos no pueden desmontarse jamás.

El estigma moralizante que pesa sobre esas mujeres es doble cuando las víctimas, indefensas, no encuentran respuesta favorable en la Justicia, que se escuda en dudosos argumentos sobre la libertad de expresión. .

La Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara baja, presidida por la diputada nacional Mónica Macha (Frente de Todos), logró dar un paso adelante este martes al emitir dictamen favorable sobre un proyecto denominado “Ley Olimpia” que busca cambiar el paradigma del tratamiento de la Justicia de estos flagelos, de manera tal que considere a las víctimas como tales.

El dictamen avalado por unanimidad fue el fruto de la unificación de dos proyectos: uno de Macha y otro de la diputada de Evolución Radical (Juntos por el Cambio) Danya Tavela.

Ahora el proyecto, que modifica el Código Penal y la ley de Protección Integral contra la Violencia de Género 26.485 para tipificar como delito la figura de la violencia digital a través de la extorsión y difusión no consentido de material digital sexual, deberá tratarse en la comisión de Comunicaciones e Informática que preside el también oficialista Pablo Carro.

Este cuerpo no logró reunir quórum este martes para sumarse al plenario que tenía como cabecera la comisión de Mujeres, y por eso el tratamiento queda pendiente para una próxima instancia.

La iniciativa había sido presentada en julio pasado con la presencia de la ex ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta y está inspirada en la “Ley Olimpia” que se sancionó en México en 2021 en homenaje a una joven mexicana que fue víctima de “porno extorsión” y “porno venganza” por parte de una ex pareja que divulgó una video sexual de ella sin su consentimiento.

La ley Olimpia mexicana es considerada una norma modelo en materia de legislación contra la violencia digital de género, abordando los delitos que violan la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, sancionando la difusión sin consentimiento de cualquier contenido íntimo.

Al inicio de la reunión de comisión, Macha explicó que el proyecto en debate “se complementa con la Ley Belén” que abreva en sanciones penales a la violencia digital de género.

La diputada del FdT afirmó que la violencia en redes sociales “tiene más efectos en las vidas reales”, y al respecto señaló que “las redes sociales se han convertido en territorio de exposición”.

“La violencia por motivos de género es una pandemia porque que se viralice contenido íntimo genera padecimientos psíquicos, ataques de pánico y aislamiento y necesita acompañamiento, pero es una forma más de violencia por motivos de género”, explicó.

Por su parte, Tavela destacó que la norma sobre la que se está trabajando “forma parte de las leyes de la época” y explicó que ese es el motivo por el cual se logró un consenso interpartidario tan amplio.

La opositora pidió “tener en cuenta el daño que genera la revictimización permanente de quienes sufren violencia digital”, y en ese sentido advirtió que se produce una “restricción a la libertad” de esas mujeres.

La vicepresidenta de la comisión, Silvia Lospennato (PRO) reconoció que “esto es un paso, pero nos queda trabajar sobre el Código Penal para que la Justicia pueda avanzar sobre el castigo en quienes ejerzan este tipo de violencias”.

“La violencia tiene dos objetivos, el castigo y el disciplinamiento, y busca el repliegue de las mujeres a sus vidas privadas”, indicó, y agregó que con esta ley se apunta a proteger “el derecho a la intimidad”.

Por su parte, la diputada nacional Ana Clara Romero (PRO) ponderó el trabajo de la comisión, al que calificó como “un gran avance para dejar de naturalizar cuestiones que padecen las mujeres en la calle, en sus trabajos o en la universidad”.

“Se las discrimina y se las hace cargo de situaciones de las que son víctimas y me parece muy importante que hayamos podido poner luz sobre esta situación”, acotó la chubutense.

La diputada nacional Florencia Lampreabe (Frente de Todos) trajo a colación el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Kirchner ocurrido el 1 de septiembre del 2022, y recordó que ese hecho aberrante fue la coronación de discursos de odio de género que circularon con intensidad en redes sociales, alimentados por los medios de comunicación.

 “Estos discursos de odio están cada vez más naturalizados y hay una relación directa entre los discursos de los medios de comunicación y las réplicas de las redes sociales donde hay estrategias para generar hostigamiento”, añadió la legisladora camporista.

Para la diputada María Rosa Martínez (Frente de Todos), “no es casual que los discursos de odio se hayan efectuado previo al intento de magnicidio y luego hayan desaparecido”, en tanto que mencionó el acoso en redes que padeció Florencia Kirchner, la hija de la vicepresidenta.

Con información de NA.

IG

En 2022, la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recibió 10.231 denuncias de violencia doméstica, lo que representa un incremento del 17% respecto del 2021.

En el último año, la OVD atendió a 17.686 personas. De todas ellas, 13.835 fueron afectadas por hechos de violencia doméstica. En respuesta, la Justicia Civil ordenó 35.134 medidas preventivas urgentes, como por ejemplo la prohibición de contacto o de acercamiento al denunciante. Otorgó también 3.335 botones antipánico.

El promedio de denuncias diarias fue de 28, con jornadas donde se llegó a picos de 52. Las personas afectadas por los hechos de violencia doméstica fueron principalmente de sexo femenino, alcanzando el 76% del total. Dentro de este porcentaje, el grupo más afectado fue el de mujeres adultas de entre 18 y 59 años, ya que representaron un 52%. Las niñas, niños y adolescentes representaron el 34% del total de afectados, y las personas mayores el 7%. 

“Los varones denunciados superan en número y proporción a las mujeres en casi todos los grupos de edad”, advierte el informe estadístico de la OVD. El grupo con más personas denunciadas es el de varones de entre 22 y 49 años, con un 58%.

Tipos de violencia

La violencia psicológica estuvo presente en casi la totalidad de las denuncias con el 97%, mientras también se detectó violencia simbólica (51%), física (49%), ambiental (32%), económica y patrimonial (28%), social (12%) y sexual (10%). La gran mayoría de los hechos denunciados tuvo una frecuencia diaria o semanal.

El 95% de las personas afectadas padeció más de un episodio de violencia, y solo el 5% denunció en su primera ocasión. 7 de cada 10 personas mujeres de entre 18 y 59 años, denunciaron a sus parejas o exparejas. 

Los equipos interdisciplinarios evaluaron el riesgo de las personas afectadas como alto y altísimo por un 33%, medio y moderado en un 56% y bajo de 11%. El Servicio Médico de la OVD constató lesiones en 2009 personas, de las cuales un 38% fueron en el rostro y 85% fueron atribuidas a personas de sexo femenino.

La mayoría de las denuncias recibidas fueron derivadas a la Justicia Nacional en lo Civil (99,6%), otras a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional (17%), al fuero Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires (68%) y al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (39%). Se derivaron 727 casos al Programa Proteger porteño y 31 casos a la Justicia de Menores.

Otros datos de interés

Acerca de la Oficina de Violencia Doméstica

Desde su creación, la Oficina de Violencia Doméstica garantiza la atención durante las 24 horas, los 365 días del año. Las denuncias pueden ser presentadas por la propia persona afectada o por cualquier otra que tenga conocimiento del hecho de violencia. Las presentaciones se realiza en la sede de la oficina, ubicada en Lavalle 1250, planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Más información en este link. Para consultas: ovd@csjn.gov.ar.

LC

Un tribunal condenó este martes a Marcelo Villalba a prisión perpetua. Estaba acusado por el femicidio de Anahí Benítez, incriminado por un celular y un ADN. Se anunció la absolución para Marcos Bazán, el otro imputado que había sido condenado en un primer juicio que luego fue anulado.

La adolescente de 16 años fue hallada asesinada y violada en 2017 en la reserva Santa Catalina de la localidad bonaerense de Lavallol.

El fallo del segundo debate por el caso fue dado a conocer esta tarde por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de Lomas de Zamora, integrado por los jueces Daniel Mazzini, Santiago Márquez y Gustavo Ramilo.

La Justicia encontró culpable a Villalba de los delitos de robo y abuso sexual agravado por acceso carnal en carácter de actor, por privación ilegal de la libertad agravada y homicidio criminis causa agravado por alevosía por mediar violencia de género, en carácter de co-autor.

En cuanto a Bazán, el Tribunal determinó que es inocente de la “privación ilegal de la libertad agravada, homicidio agravado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género” en carácter de coautor y como partícipe necesario del “abuso sexual agravado por acceso carnal”.

La lectura de la sentencia estaba prevista para el mediodía, pero comenzó pasadas las 13:30 ya que se había caído el sistema virtual, por lo que los tres jueces debieron firmar todas las hojas del fallo manualmente.

Este juicio se llevó a cabo luego de que el primero haya sido anulado por el TOC 7, en un fallo donde los jueces Roberto Lugones, Elisa López Moyano y Roberto Corti habían condenado a ambos hombre a prisión perpetua. El Tribunal de Casación bonaerense ordenó un nuevo juicio al considerar que los magistrados habían sido parciales en su resolución.

Fue la Sala I de Casación bonaerense que falló en contra y en 2021 ordenó realizar un nuevo juicio con una nueva integración. Fue así que Bazán llegó a la resolución en libertad, mientras que Villalba ingresó a la sala como imputado principal del femicidio.

Manuel Garrido, abogado de Marcos Bazán, sostuvo que durante el nuevo juicio “quedó comprobado que Marcos Bazán es totalmente inocente”. “Lo apuntaron porque era un hippie que vivía en la reserva y por eso a la policía le pareció sospechoso”, añadió el letrado del hombre que acababa de ser absuelto.

Garrido indicó que su defendido “quedó comprobado que no tenía nada que ver ni con Villalba, ni con ahí ni con el resto de los sospechosos”. “A Marcos le quedó un trauma por todos estos años detenido”, agregó a la prensa.

El femicidio de Anahí Benítez

El cuerpo de la joven de 16 años fue hallado el 4 de agosto de 2017 en la reserva Santa Catalina de Llavallol, tras seis días desaparecida. Se confirmó que la víctima fue secuestrada, drogada, violada y estrangulada. Anahí fue vista por última vez el 29 de julio de 2017 cuando salió de su casa de Parque Barón, en Lomas de Zamora, para dar un paseo.

Desde ese momento, comenzó una búsqueda a contrarreloj que finalizó casi una semana después cuando fue encontrada enterrada con el cuerpo desnudo, lesiones cortantes y golpes en la cabeza. La autopsia determinó que fue estrangulada, que le habían suministrado drogas y que, en esas condiciones, había sido abusada.

A pesar de que en el juicio hay dos imputados como coautores del femicidio, la madre de Anahí sostiene que en el caso actuaron más personas: “Estoy segura que seis días de secuestro, violación y torturas no fueron hechas solo por dos personas, que digan los nombres de todos los que participaron”.

LC con información de agencias

Una ola de violencia extrema contra niñas y mujeres ha sacudido en las últimas semanas Perú, un país ya acostumbrado a altas cifras de violencia sexual, pero también con una amplia tolerancia social a los ataques machistas y unas autoridades que parecen olvidarse de las víctimas.

Una lamentable lista de sucesos se desencadenó en apenas días, en los que dos mujeres fueron quemadas vivas por sus parejas o exparejas; un “influencer” confesó una violación grupal entre risas de sus amigos; una niña fue violada y brutalmente agredida, y una enfermera fue violada por sus compañeros de trabajo en un hospital.

“En cada caso, vamos viendo que las fallas están en una institución, en otra, en un actor, en otro, pero en el fondo cada caso da cuenta de un sistema que no está funcionando”, afirma a EFE la defensora del pueblo, Eliana Revollar.

En 2021 hubo 136 feminicidios en Perú; en 2022, 137, y en los primeros tres meses de 2023, 40. Solo en marzo, una mujer fue asesinada cada 3 días.

“Hay un grave problema en el que todavía los prejuicios y estereotipos contra la mujer siguen afectando al trabajo de policías, fiscales y jueces”, afirmó a EFE Melissa Guillén, vocera de la organización feminista Manuela Ramos.

Guillén y Revollar coinciden en que Perú tiene leyes, mecanismos y protocolos, pero que lo que realmente hace falta es voluntad y conciencia, tanto en la sociedad como en la cadena de personas que atiende a una mujer que denuncia o es agredida.

“Se pueden incrementar penas, hacer que la flagrancia tenga cinco días, pero si nadie tiene la voluntad, la conciencia y el entrenamiento para poder hacer eso como un trabajo que le obliga hacerlo, obviamente no lo va a hacer”, coincidió Revollar.

INACCIÓN DEL GOBIERNO

“Sin embargo, a nosotros nos llama la atención que frente a lo gravoso que significan estos hechos de los últimos días, todavía no haya habido una respuesta diferente y más enérgica desde el Ejecutivo, porque hay varias tareas que están pendientes en el Perú”, indica la defensora.

Para revertir esta situación piden prevención, educación sexual y trabajo de base que incide en el respeto a las mujeres y la búsqueda del diálogo y acuerdos en las relaciones interpersonales sin violencia.

Además, piden un sistema especializado de justicia que atienda con perspectiva de género y conocimiento del marco legal, puesto que de los 34 distritos judiciales del país, solo ocho lo tienen.

“Una buena medida y factible por parte del Estado, es la implementación a nivel nacional de un sistema de justicia especializado”, explica Guillén.

Revollar también expresa la necesidad de “reestructurar” y reforzar el programa Aurora, que tiene a cargo los centros de emergencia de mujer y la línea 100, para dar respuestas inmediatas a las denuncias.

“Estamos en serios retrocesos, por parte del Congreso no tenemos ningún tipo de apoyo y, como hemos visto, del Ejecutivo tampoco (...) Lo poco que se ha ganado en derechos para nosotras se está retrocediendo”, señala Guillén.

La abogada se refiere a proyectos de ley de movimientos conservadores del Legislativo que buscan vetar el lenguaje inclusivo, cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer por el de Familia y limitar el aborto terapéutico, el único legal en Perú.

ANESTESIA SOCIAL

“Las cifras muestran que hay una tolerancia social hacia la violencia contra la mujer”, afirma Guillén, quien cita una encuesta del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) que recoge que un 30 % de los encuestados cree que si la mujer le falta el respeto a su pareja, ella merece “alguna forma de castigo”, y considera que la mujer siempre debe estar dispuesta a tener relaciones sexuales cuando su pareja lo desea.

La polémica estalló especialmente tras las declaraciones de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Nancy Tolentino, sobre la joven quemada viva en Lima, porque, tras transmitir sus condolencias, afirmó que quisiera “que las jóvenes elijan bien con quiénes están”.

Dina Boluarte, primera mujer presidenta de Perú, todavía no censuró a su ministra.

La abogada explica que estas palabras culpabilizan a la víctima, algo que no solo está en la cabeza de la ministra, sino que es una reproducción de cómo está la sociedad.

La polémica también tuvo ecos cuando un influencer reveló haber cometido una violación grupal a una menor y que la Defensoría pidió investigar no solo por el hecho en sí, sino por la apología a este delito.

“La mujer que ha hecho mil esfuerzos por salvar la vergüenza, el temor la situación propia que está viviendo, sale y va al sistema de Justicia, puede denunciar y no tiene justicia, es una violencia que ya no solamente se le tiene que atribuir a su agresor directo, sino que es un estado indolente que no se preocupa por su situación y la abandona”, concluye Revollar.

Por Paula Bayarte, para la agencia EFE.

IG

El Ministerio de Educación iraní anunció este lunes que los centros educativos podrán dejar de ofrecer servicios a las estudiantes que no cumplan las leyes que imponen el uso del velo, en medio de fuertes tensiones por el uso de esta prenda obligatoria en el país islámico.

“Todas las universidades y centros de alta educación dependientes de este Ministerio de Educación están exentas de proporcionar servicios educativos y sociales a las pocas estudiantes que no cumplen las normas y regulaciones de las universidades”, indicó el ministerio en un comunicado citado por la agencia Fars.

El departamento indicó que “el velo y la castidad son una obligación” de las estudiantes, quienes deben acatar las leyes del país.

Por su parte, el Ministerio de Salud afirmó que las universidades bajo su supervisión no atenderán a las estudiantes que no se cubran con un velo.

El anuncio coincide con el reinicio del curso escolar tras las dos semanas de vacaciones del año nuevo persa, Noruz.

Muchas mujeres iraníes han dejado de usar el obligatorio velo islámico como forma de protesta y desobediencia civil desde la muerte en septiembre de Mahsa Amini tras ser detenida precisamente por llevar mal puesto el hijab.

La muerte de Amini provocó fuertes protestas en todo el país en las que se pedía el fin de la República Islámica, en las que las universidades, institutos e inclusos colegios jugaron un importante papel.

En los últimos días se han intensificado las tensiones por la falta de uso de esta prenda, obligatoria en el país desde 1983, con llamadas de clérigos y conservadores a imponer el hijab.

El viernes se hizo viral un vídeo en el que un hombre echa yogur por la cabeza a dos mujeres por no llevar el velo.

La Justicia iraní ordenó el arresto de las dos mujeres por ir sin velo y el del agresor por “alterar el orden público”.

Además, las autoridades están cerrando tiendas y comercios que atienden a mujeres sin velo, en una medida destinada a imponer de nuevo esta prenda.

La represión estatal causó la muerte de unas 500 personas en las protestas por la muerte de Amini, la detención de miles y cuatro manifestantes fueron ahorcados, uno de ellos en público.

EFE.

IG

Son las 14:25 de un martes y suena el teléfono: “Están de camino, deben estar a punto de llegar”. Era el aviso de que un enviado de Meccti, la empresa que organizó el proceso de selección de azafatas en Madrid para Kuwait Airways en el que varias mujeres tuvieron que desnudarse, estaba a punto de llegar a la casa de un familiar de una de las candidatas para ofrecerle un trato. Así es como elDiario.es tuvo conocimiento de que Meccti había enviado a España a una persona de confianza para ofrecer dinero a candidatas a cambio de su silencio. Los hechos sucedieron poco después de que este medio publicara en exclusiva que una empresa de selección de tripulantes de cabina había exigido a las candidatas quedarse en ropa interior en una jornada que tuvo lugar el 5 de noviembre en el hotel Meliá Barajas de Madrid.

elDiario.es tuvo conocimiento directo de una negociación en la que un hombre, que se identificó como enviado de Meccti, ofreció 5.000 euros a una de las chicas y un empleo para su padre como pago para evitar que siguieran hablando con la prensa y frenar su participación en las investigaciones que tanto la Fiscalía como la Inspección de Trabajo había abierto.

El hombre –que no trabaja para Meccti pero sí está ligado personalmente a miembros de la empresa– llegó a España procedente del extranjero para ofrecer a una de las mujeres cuyo testimonio recogió elDiario.es un acuerdo: el pago de unos miles de euros para frenar su participación tanto en los medios de comunicación como en las investigaciones que iban a ponerse en marcha.

La chica, que mostró su miedo a no volver a encontrar trabajo en el mundo de la aviación, aceptó el acuerdo. El padre había expresado incluso su preocupación por que su hija pudiera estar siendo amenazada con la idea de que, si seguía colaborando con la prensa y participaba en las investigaciones, fuera a ser vetada en los procesos de selección de otras aerolíneas.

El enviado de Meccti llegó a ofrecer también un empleo a su padre, que se encontraba en paro, con tal de tener el beneplácito de la familia de la joven y que se frenasen las denuncias públicas.

Esta mujer iba a aportar nueva información para ser publicada, y también había declarado su intención de presentar una denuncia formal contra la empresa. Sin embargo, una vez llegó a España el enviado de la empresa, la mujer cambió de idea y pidió que la nueva información no fuera revelada. Su padre tampoco ha querido seguir colaborando.

La investigación

Durante el proceso de selección en Madrid, las mujeres aspirantes a tripulantes de cabina para Kuwait Airways tuvieron que mostrar sus cuerpos y fueron instadas, también, a abrir la boca para que una reclutadora comprobara sus dentaduras. Durante la jornada, el seleccionador hizo comentarios vejatorios sobre su cuerpo y su aspecto. Algunas candidatas fueron eliminadas con frases como “no nos gusta tu sonrisa” o “¿adelgazarías unos kilos de aquí a enero?”. Además, una de las aspirantes que sí fue seleccionada recibió un mensaje de Whatsapp días después en el que una reclutadora le decía: “Lo siento, pero Kuwait Airways no contratará a personal de piel oscura”.

Tras la publicación de elDiario.es, la Inspección de Trabajo anunció que se encontraba investigando de oficio los hechos, y el sindicato CCOO presentó ante la Fiscalía un escrito en el que, ante los indicios de delito, pedía la apertura de una investigación. Finalmente, el 20 de enero la Fiscalía de Madrid abría diligencias para investigar si los procesos de selección y las entrevistas constituían un delito contra la integridad moral de las candidatas.

elDiario.es ha recopilado el testimonio de ocho mujeres que relatan la misma historia. Además, las candidatas que superaron la selección tuvieron después que recopilar y enviar a la empresa documentación y fotografías. Y también pagar si querían llegar a la fase final de la selección en Kuwait: elDiario.es ha accedido a correos electrónicos y facturas que demuestran que Meccti les pide 1.900 dólares para sufragar los gastos de un test psicotécnico imprescindible para ser contratadas. Se trata de una práctica irregular, según varias fuentes consultadas.

Limpiar la imagen

Para entonces, el despacho Molins Defensa Penal, que actuó como portavoz de Meccti en España, había emitido un comunicado en el que anunciaba una investigación interna para esclarecer lo sucedido. Descargaba, eso sí, cualquier posible responsabilidad en una subcontrata, Meiservices Sarl, con base en Marruecos, ya que aseguraba que el proceso de selección le fue encargado a ella. Ese mismo día, Meiservices Sarl envió un escueto comunicado para asegurar que su personal actúa conforme a la legalidad pero que asumiría cualquier posible consecuencia por lo sucedido en sus procesos de selección. Poco después, Meccti cancelaba todos los procesos de selección convocados en España.

Sin embargo, en el primer comunicado que envió a los medios, Molins Defensa Penal negaba la veracidad de los testimonios publicados por elDiario.es y ponía a disposición de los medios de comunicación azafatas que, aseguraban, podían contar cómo habían sido sus procesos de selección con Meccti. Desde entonces, la empresa publica periódicamente en su perfil de Instagram vídeos de mujeres de distintos lugares del mundo que elogian a Meccti.

Aunque la empresa insiste en que fue la subcontrata la encargada del proceso de selección en Madrid, la documentación a la que ha accedido elDiario.es muestra cómo los correos electrónicos que recibieron las candidatas para confirmar que habían sido admitidas en el proceso de selección de Madrid están remitidos por una dirección de correo de RecruitCabinCrew.com, una página web que está vinculada con Meccti, y terminan con la firma 'Meccti Morocco'. Es justo la dirección de correo desde la que se emitió el comunicado de Meiservices Sarl.

El chat

Diecisiete mujeres pasaron el proceso de selección en Madrid. El paso siguiente, según les comunicaron, era preparar la documentación y las fotos para, después, pasar el examen psicotécnico y una entrevista final en Kuwait. Para ello, reciben instrucciones de un reclutador a través de un grupo de Whatsapp al que ha podido acceder elDiario.es.

En ese chat, una de las seleccionadas pregunta por el 'reporte' final que le hizo el reclutador en Madrid: “En el día del proceso me dijeron que tenía que perder algunos kilos para poder ir a la entrevista final en Kuwait. Perder esos kilos me llevará un tiempo, no quiero perderlos corriendo y poner en peligro mi salud. Me gustaría hacerlo adecuadamente. Por eso tengo algunas preguntas. ¿Es posible enviar los documentos para la visa una vez que consiga el peso deseable, ya que no puedo ir hasta entonces?”, escribe en el grupo. El reclutador le contesta que, una vez obtienen la visa, las candidatas van a Kuwait una o dos semanas después y que, una vez allí, “Kuwait Airways programará una entrevista” con ella. “Después de la entrevista personal, te darán un poco de tiempo para que pierdas peso y también la formación llevará algo de tiempo. Así que estoy seguro de que para entonces ya habrás perdido un par de kilos”, prosigue el reclutador.

En otro momento distinto de la conversación, otra de las mujeres pide más información sobre cómo debe ser exactamente la fotografía de cuerpo entero que les han pedido. “¿Tiene que mostrar los dientes o no importa?”, pregunta. El reclutador responde: “Necesitamos una sonrisa grande y bonita”. Sin embargo, no fue este reclutador el que puso en marcha el grupo de Whatsapp sino otra persona que después, por motivos que no se aclaran en el chat, deja de estar a cargo. Esa persona también pidió en la conversación a varias de las azafatas “información sobre su peso” y los datos de altura y peso actual de otra de las mujeres seleccionadas.

El Juzgado de lo Penal de Soria ha condenado al hombre que dio una bofetada a su esposa mientras ella realizaba una emisión en directo en TikTok a un año de cárcel por un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia contra la mujer, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia a través de un comunicado.

El Juzgado también ha impuesto al condenado tres años de prohibición de acercarse a menos de 300 metros de la víctima, su domicilio y lugar de trabajo y de comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento, directo o indirecto; y otros tres años de privación del derecho de tenencia de armas.

La magistrada considera que el acusado, de una manera “pública y notoria”, y ante miles de personas, agredió a su esposa, “con intención de menoscabar su integridad física y de humillarla en público” aunque no le causó lesiones. “Se produjo un maltrato evidente y real”, ha apuntado la jueza en la sentencia, contra la que cabe recurso.

En la sentencia, la magistrada ha recordado que en los delitos de violencia de género no es necesaria la denuncia de la víctima y ha señalado que se debe castigar una vez que se tiene conocimiento de su comisión“. ”Basta con el simple hecho de la retransmisión en directo de la bofetada para que los poderes públicos desplieguen el ámbito de protección de la víctima, con independencia de que ella se reconozca como tal“, ha recordado.

La jueza descarta que fuera un “montaje”

La defensa defendía que todo se trataba de un “montaje” para adquirir “notoriedad pública”, un argumento que ha descartado la jueza: “En el vídeo se aprecia la sorpresa no fingida de la víctima cuando recibe la bofetada. Inmediatamente se aprecia en el rostro de la víctima que brotan lágrimas, lo que acredita la violencia del impacto de la bofetada, así como que la misma no es fingida. La víctima reconoce que ha sido agredida, pero que lo ”merecía“. Si se tratase de un montaje, esta justificación no sería necesaria”, zanja la magistrada

Los agentes de la Policía Nacional han declarado que la víctima justifica a su marido diciendo que ella ha actuado “en deshonra” de su marido, lo que para la jueza “acredita la situación de sometimiento, de sumisión hacia el varón, la relación asimétrica de desigualdad existente en la pareja”.

Del mismo modo, ha señalado que no porque la víctima “consienta y justifique” la bofetada no debe ser castigada ni justificada esta agresión. “En los delitos de violencia contra la mujer, como en todos los delitos de lesiones graves, el consentimiento de la persona agredida es irrelevante y procede el castigo en todos los casos”, ha explicado. 

Pretendía agredirla, “humillarla y menospreciarla”

La pena es de un año de cárcel porque la magistrada ha tenido en cuenta que el condenado golpeó a la víctima en público, ante “miles de personas”, para “causarle un maltrato físico, humillarla y menospreciarla ante sus amigos y conocidos”. “Impuso su dominación sobre su esposa ante las redes sociales, sin que el hecho de que estuviera en directo le hiciera detener su agresión; y se sintió ofendido por lo que le habían dicho a su esposa y reaccionó agrediéndola en público”, ha afirmado. 

“Esta conducta merece el mayor reproche penal que permite la ley, merece que se imponga la pena en su grado máximo, ya que el acusado no es capaz de respetar a su esposa, ni siquiera en público”, reprueba la magistrada, que apunta a que estas agresiones ya se han repetido en otras ocasiones puesto que la víctima reconoce haber sufrido “dos palizas” antes de esta bofetada.

La Fiscal pedía un año de cárcel para el acusado por un delito de maltrato y la privación del permiso para portar armas durante tres años, además de la prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima durante el mismo periodo de tiempo.

El hombre acusado de retener y abusar de su esposa, quien fue liberada ayer domingo en un operativo policial en Costa Esmeralda, al norte de la localidad balnearia de Pinamar, quedó detenido e imputado por cuatro delitos, mientras que la víctima contó en su denuncia las amenazas de su marido: le iba a “meter cinco tiros” y la iba a “atar a un ancla” para arrojarla al río Paraná, según informaron fuentes judiciales.

El imputado, identificado por sus iniciales J.C.A., tiene 52 años y es dueño de una gomería en el partido de Tigre. Llegó esta madrugada desde la Subdelegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI) del Partido de la Costa, a la DDI de San Isidro y de allí fue llevado esta mañana a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Violencia de Género de San Fernando Oeste para su indagatoria.

De acuerdo con las fuentes, J.C.A. pidió postergar su indagatoria por 24 horas ante el fiscal a cargo de la causa, Matías López Vidal, debido a que quería ser asistido por su abogado particular, y no por uno oficial, por lo que la diligencia se hará mañana martes.

El propio fiscal López Vidal confirmó este mediodía ante la prensa en la puerta de la UFI que la jueza de Garantías 3 de San Isidro, Andrea Rodríguez Mentasty, convirtió la aprehensión del imputado en una detención formal, quedando preso por cuatro delitos.

La imputación contra el comerciante de neumáticos incluye la “privación ilegal de la libertad agravada por la relación de pareja, abuso sexual con acceso carnal, amenazas agravadas por el uso de armas y tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil y de guerra”, todo en un contexto de violencia de género.

El acusado tenía algunas armas declaradas, pero no todas y además tenía vencidas algunas de sus credenciales, según aclaró el fiscal en referencia a las siete que poseía -seis de fuego y una de aire comprimido-, las cuales ayer fueron secuestradas en su domicilio en una isla del delta de San Fernando.

En tanto, fuentes judiciales revelaron que la víctima de 42 años, cuya identidad se mantiene en reserva para resguardarla, en un mensaje de voz más de ocho minutos que logró hacer llegar a una hermana quien inició la investigación, contó parte de las amenazas y el calvario que denunció haber padecido.

“La mujer está muy angustiada y aún en estado de shock, pero logró contar que hacía seis meses que se quería separar, que él no lo aceptaba y que en una oportunidad, en su casa de las islas de San Fernando, el hombre le dijo 'te voy a atar a un ancla y te tiro al Paraná'”, declaró uno de los investigadores judiciales. En el mismo audio, la mujer contó que en una oportunidad, el hombre la llevó al muelle de la casa que tienen en el delta de San Fernando, le apuntó con un arma y le dijo: “Te voy a meter cinco tiros”.

La víctima comentó que hacía seis meses que ella se quería separar, y que el 29 de enero fue el día en el que su marido la obligó a ir a Costa Esmeralda, donde la tenía retenida y aislada.

López Vidal ratificó que la denuncia se originó el sábado por la noche cuando “una familiar” se presentó en la Comisaría de la Mujer de San Fernando, y que la clave del rescate fue ese mensaje de audio que la víctima le hizo llegar gracias a que una tía, logró alcanzarle un celular a su sobrina donde era retenida, en un descuido del acusado.

“Ella logra contactarse con una familiar en la costa y en un momento de descuido del imputado, esta familiar le logra dar un teléfono porque a ella le habían sacado el suyo para aislarla”, explicó el fiscal. “Y a partir de este teléfono, ella puede mandar un audio a su familiar a Buenos Aires y con ese audio hace la denuncia”, agregó.

Consultado sobre si la víctima estaba encerrada en la casa de Costa Esmeralda, López Vidal respondió: “La privación ilegal de la libertad en este contexto de género es diferente a lo que nosotros conocemos como una privación ilegal de la libertad clásica. Porque se da en otro contexto, donde hay otro tipo de presión, es otro tipo de poder, del hombre sobre la mujer”.

En ese sentido, el representante del Ministerio Público Fiscal comentó que en este caso había una “dependencia económica”, que la pareja vivía “en una isla alejada del continente” donde a ella se le dificultaba “la posibilidad de pedir algún tipo de ayuda” y que los tres hijos del matrimonio eran otro “elemento de presión”. “Hubo unas amenazas para que ella no se vaya, hacia ella y hacia los chicos. Es materia de investigación ver si no había algún tipo de violencia contra los chicos”, añadió López Vidal.

El fiscal indicó que la mujer ya está con su familia en Buenos Aires, que ya puso a su disposición el “equipo interdisciplinario” de asistencia a la víctima que trabaja para la UFI y que, cuando sea el momento adecuado, la citará para ampliar la denuncia.

La mujer fue liberada ayer domingo por la mañana, en un operativo realizado por detectives de la DDI San Isidro y de la DDI y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) del Partido de la Costa, en una propiedad del lote 64 del Barrio Golf I de Costa Esmeralda. Los efectivos detuvieron al denunciado, rescataron a la mujer y también pusieron a resguardo a los tres hijos de la pareja, de 5, 8 y 10 años, dos varones y una niña.

El procedimiento fue realizado en el marco de una causa por violencia de género, cuya denuncia original se hizo el sábado pasado en la Comisaría de la Mujer de San Fernando, ya que la víctima y el imputado tienen su domicilio en una casa en el Canal de la Serna de las islas del delta de San Fernando. La misma también fue allanada y del procedimiento resultaron secuestradas siete armas: dos revólveres, dos rifles, dos escopetas, una carabina, un aire comprimido y mil cartuchos de distintos calibres.

A su vez, se secuestraron otros elementos que podrían estar relacionados a los abusos sexuales también denunciados por la víctima. Según la denuncia, tras un conflicto de pareja y que la mujer manifestara sus deseos por separarse, el hombre la amenazó de muerte con armas de fuego y la llevó contra su voluntad a una casa que la pareja tiene en el mencionado barrio.

Según las fuentes, el hombre la amenazó con dichas armas, le dijo que no lo podía dejar, que iban a “ser una familia perfecta” y, contra su propia voluntad, la subió a la camioneta y la llevó junto a los hijos a Costa Esmeralda, donde la aisló y le quitó el celular.

(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463).

LC con información de agencia Télam

En cada letra del abecedario se esconde el nombre de una mujer, una adolescente, una joven víctima de femicidio. En los ocho años que lleva el Registro oficial de la Corte Suprema de Justicia suman más de dos mil mujeres en todo el país. La mayoría de ellas conocía al agresor porque había sido su pareja o era integrante de su familia. Una parte de estas mujeres no recibió protección adecuada de la justicia, de las fuerzas de seguridad ni de los servicios de acompañamiento en las áreas de gobierno, aún cuando había solicitado esa asistencia.

Reflexionar sobre el acceso a la justicia frente a la violencia de género más allá del enfoque punitivo es una de las demandas construidas desde un sector de la sociedad civil y los feminismos. Al mismo tiempo, es una de las grandes deudas de nuestras democracias.

Mientras América Latina avanza de manera indiscutible en la sanción de leyes para la protección de los derechos de las mujeres y el abordaje de las violencias al mismo tiempo sigue siendo la región más desigual del planeta. La evidencia muestra que persiste un importante grado de impunidad en la investigación y sanción de las responsabilidades penales por los femicidios. Corresponde indagar en las razones para esta frustrada intervención de las políticas públicas: dónde están las fallas, qué ajustes hay que hacer.

En Argentina podemos decir que efectivamente hubo iniciativas y avances. El Poder Legislativo respondió con reformas normativas reforzando los deberes de protección. El sistema de administración de justicia respondió con el fortalecimiento de los procesos y la generación de espacios especializados y guías de actuación para la investigación y sanción de las violencias procurando identificar y eliminar la aplicación de estereotipos de género (¿“Qué había hecho la mujer? ¿Dónde estaba? ¿Por qué reaccionó (o no) de tal manera?” son prejuicios que todavía actúan en el imaginario de quienes tienen la obligación de garantizar protección). El Poder Ejecutivo respondió con políticas públicas organizadas en un Plan Nacional de Acción contra las violencias que busca poner en marcha las promesas de las leyes.

Sin embargo, si analizamos las experiencias de las mujeres que atraviesan estas violencias y analizamos su camino sinuoso por las distintas instituciones dedicadas a brindarles auxilio, encontramos que los obstáculos para la protección efectiva de sus derechos no han cambiado tanto. Con poca información que les permita comprender las implicancias de los procesos que inician con una denuncia y sus derivaciones, con enormes dificultades para lograr patrocinio jurídico, no siempre cuentan con las condiciones indispensables para fortalecerse en su autonomía, lograr medios de subsistencia, organizar una nueva dinámica familiar con sus responsabilidades de cuidado a cuestas, todo eso a medida que enfrentan los procesos judiciales. Se encuentran con que, al final del día, después de iniciar un proceso de denuncia su situación no mejora y el acompañamiento que necesitan lo obtienen, la mayoría de las veces, de parte de otras mujeres.

Si analizamos las experiencias de las mujeres que atraviesan estas violencias y su camino sinuoso por las distintas instituciones dedicadas a brindarles auxilio, encontramos que los obstáculos para la protección efectiva no han cambiado tanto

Cuando analizamos las experiencias de operadores de justicia y de responsables en la implementación de políticas públicas en los distintos niveles de gobierno encontramos en muchas de estas personas un compromiso genuino por resolver los conflictos que llegan a sus despachos. Buscan dar respuestas con estrategias individuales (contactos, redes y recursos individuales) pero que no llegan a constituirse como respuestas institucionales. La respuesta depende de la persona que está al frente en ese momento en la oficina pública, la justicia, la comisaría. Una respuesta demasiado frágil para un sistema que necesita fortalecer su institucionalidad.

¿Cómo trascender las respuestas que se dan por la suma de los esfuerzos individuales para convertirlos en respuestas institucionales? Hay una serie de políticas que son la arquitectura de esa institucionalidad que se viene construyendo desde hace años y que necesita fortalecerse. Entre ellas, el sistema integrado de casos de violencia que impulsa el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a nivel federal y que permite a las instituciones gestionar la información compartida de los casos para lograr respuestas integrales y contextualizadas en función de los territorios, los recursos y las necesidades concretas de cada persona. Parte de esas respuestas se sostienen en los programas de acompañamiento y sostén económico, jurídico y social de las mujeres, que llegan a esa situación en contextos de vulnerabilidad complejas.

Con un año electoral por delante la tentación de las propuestas de campaña puede ser barajar y dar de nuevo. Pero el punto de política pública debe ser el fortalecimiento sobre lo ya construido. Por un lado, garantizar la producción de información pública, de calidad, sistematizada, con análisis interseccional, que permita una mejor formulación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas. Por otro lado, establecer mecanismos transparentes de rendición de cuentas respecto del trabajo de todos los organismos públicos, con posibilidades de participación ciudadana y de responsabilización frente a los incumplimientos de obligaciones. Este proceso facilita las garantías de no repetición, ese anhelo sostenido de tantas víctimas que reiteradamente piden “que lo que me pasó no vuelva a suceder, que sirva para cambiar algo”. 

En un momento en que toman volumen las voces que cuestionan la igualdad de género como estrategia central para el desarrollo, que niegan la relevancia y urgencia de esta agenda, que proponen responder a la crisis financiera con recortes que impactan en la institucionalidad de género y en las políticas dedicadas a promover la igualdad, es momento de analizar críticamente los avances para fortalecer los logros y pensar para el futuro. Porque no hay democracia sin vidas libres de violencia.

(*) Abogada, docente universitaria y Directora Ejecutiva de ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género

El 25 de noviembre es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, designado en el año 2000 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En esta fecha, se invita a los gobiernos del mundo, organizaciones internacionales y ONGs a involucrarse, coordinando acciones que difundan sobre todas las formas de violencia que sufren las mujeres todos los días.

Desde el año 1981 que militantes y activistas a favor de los derechos de la mujer aprovechan el 25 de noviembre como día de protesta y conmemoración contra la violencia de género. Es para honrar a la memoria de las hermanas Mirabal, tres activistas políticas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas en 1960 por orden del dictador Rafael Trujillo.

Día Mundial contra la Violencia hacia la Mujer: objetivos

El día internacional tiene como objetivo principal visibilizar y concientizar sobre la violencia que se ejerce contra las mujeres y niñas todos los días y en todas partes del mundo. Además, se pretende fomentar la ejecución de políticas públicas por parte de los gobiernos del mundo para erradicar la violencia de género, así como para brindar apoyo a las víctimas, quienes suelen ser estigmatizadas.

Cabe destacar que las cifras de la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo preocupante: una de cada tres mujeres se ve afectada por algún tipo de violencia de género y cada 11 minutos una mujer o niña muere asesinada por un familiar.

Formas de violencia contra las mujeres

La violencia contra mujeres y niñas es de las más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo, que se nutre de la impunidad de los perpetradores así como el silencio, la estigmatización y la vergüenza de sus víctimas. La ONU la define como “todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.

Estas violaciones a los Derechos Humanos se manifiestan de varias maneras:

Campaña 2022: ¡ÚNETE! Activismo para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas

La campaña del 2022, cuyo lema es ¡ÚNETE! Activismo para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, pretende movilizar a todos los miembros de la sociedad para que se solidaricen con las defensoras de los derechos de las mujeres y apoyen a los movimientos feministas del planeta. Esto es especialmente importante luego del incremento de los movimientos antiderechos, compuestos por grupos antifeministas, lo que ha provocado una reducción de los espacios reivindicativos.

En Argentina, ¿cómo denuncio?

Cualquier persona que sea víctima o conozca alguna situación de violencia familiar o sexual, puede comunicarse las 24 horas, los 365 días del año, desde todo el país y de manera gratuita a la línea 137 o enviando un mensaje de Whatsapp al 11-3133-1000.

Esto vale para cualquier persona que sea víctima de violencia familiar y/o sexual, para vecinos y vecinas que escuchen o presencien violencias en otro domicilio, instituciones, familiares de víctimas y a cualquier otra persona que necesite orientación en violencia familiar y/o sexual. Solo se necesita un dispositivo: teléfono, móvil, tablet o PC.

Más información en este link.

LC

Las violencias machistas son procesos que duran meses. “El hombre no avisa de que va a controlar a su pareja o va a pegarle”, explica José Antonio García Serrano, psicólogo y coordinador de programas del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). Es “un ciclo complejo que va a aumentando su intensidad” y que “va generando baja autoestima e inseguridad, entre otras consecuencias”. Elizabeth, nombre ficticio, pasó por ahí. Después de huir de su país, tuvo que huir de su agresor y ahora vive en otra provincia distinta a la que había llegado, en un piso tutelado, uno de los recursos de la Junta para mujeres víctimas. Ella es una superviviente y este ha sido su recorrido hasta salvarse.

Aunque se pretenda, reconoce el coordinador, no siempre una institución pública es la puerta de entrada a sentirse protegida, pero el objetivo es “evitar que las mujeres deambulen por los recursos de la administración a los que tiene derecho”. ¿Dónde acudir? La policía, el juzgado, los teléfonos de emergencia... Manidas palabras como transversalidad son las deseadas y no siempre las que se cumplen cuando la sociedad se pregunta, ya demasiado tarde a veces, qué ha podido fallar en nuestro sistema cuando asesinan a una mujer que había denunciado, en la expresión última de la violencia de género ejercida por los hombres. El coordinador confirma las sospechas: “Es esencial el intercambio de información”.

Pero a esas mujeres 'usuarias' de ese sistema, y al sistema mismo, hay que ponerle cara. Elisabeth es un caso de éxito. “Si yo hubiera sabido que la justicia, la policía y el sistema trabajaba así en conjunto, apenas hubiera durado ni dos meses con mi pareja”, sentencia. El testimonio de haber pasado por los entresijos y mecanismos que tienen habiltadas las administraciones públicas para proteger a las víctimas de violencias machistas puede animar a conocerlo de manera previa y, paralelamente, a perder el miedo a participar de él. Ya bastante “sobrada de miedo” estaba Elisabeth. Ella dio el paso. No podía soportarlo más. “El silencio que guardamos nos hace enterrarnos cada vez más. Vi que las cosas iban empeorando y que todo aquello iba a más”, explica.

“Aterrada y perdida”

En una de aquellas discusiones “por cualquier cosa”, los vecinos alertaron de lo que pasaba en el domicilio de ella y su ahora expareja. Él se fue detenido y ella se dijo definitivamente: “Yo mañana me voy de esta casa”. Relata a elDiario.es Andalucía que estaba “aterrada y perdida”. “Él, que quería verme presa y que me quitaran a mi hijo”, recuerda. Uno de los agentes que me atendió me habló de la posibilidad de acudir a un centro de emergencia. No tenía a nadie en España, “no creía en nada ni en nadie”, recuerda ella.

“La Policía Nacional llama al IAM para gestionar el acogimiento si es necesario”, explica el coordinador. También sucede con los números de emergencia -112, 061- o los específicos 900200999 ó 016. “Sí hay respuesta, sí hay opciones, sí hay soluciones”, enfatiza Elisabeth. “Se le ofrecen a las mujeres los recursos más ajustados, entre por la puerta que entre”, afirma el coordinador.

Su historia es parecida a la de otras muchas mujeres. “No todas las víctimas necesitan las mismas cosas ni están en la misma fase, y los recursos se adaptan a las circunstancias”, dice García. A veces son procesos traumáticos, de especial vulnerabilidad. El momento de la denuncia formal es importante, comenta el coordinador del IAM, y “hay que prepararse para ello, con la intención de que luego no haya una marcha atrás”. El organismo dispone de multitud de programas, tanto genéricos como específicos, de atención psicológica y para cada tipo de víctima. Elisabeth, por ejemplo, al margen de necesitar un lugar donde quedarse con urgencia, había sufrido principalmente “violencia psicológica”. “Me prometió el sol, la luna y las estrellas”, señala.

Juguetes y comida en la basura, falsas acusaciones de engaño. Llegó un punto en que “no podía recoger a mi niño del colegio”. “La situación te va llevando a pensar cosas muy feas. Volvía a mi lucidez al pensar en mi hijo. No podía dejarle solo, porque su padre ya murió”. Un vistazo atrás para degustar la felicidad actual. Ahora vive en un piso tutelado, con su hijo. “Ahora todo perfecto. Llevo una vida normal y corriente”. Aunque tuvo que cambiar de provincia, nada dejaba atrás y empezó su nueva vida, trabajando en un restaurante. Psicólogos, trabajadores sociales, juristas van recorriendo el itinerario de la víctima según el momento. “Pese a los nervios del principio y que todo es un misterio, son personas que te hacen sentir muy bien y tratan de ayudarte en todo momento. Me decían siempre que tenía que transitar los pasos. Su trabajo es un sobresalto constante. Tiene mucho mérito el trabajo que hacen”.

Elisabeth empezó a recorrer un nuevo camino. “Yo no vine a España para vivir lo que estaba viviendo, pero no quería volver”, asegura. La mayoría de las mujetes que acuden al IAM son de nacionalidad española pero, en su caso, la reunificación familiar con su pareja fue el principio del fin de su estancia en nuestro país. Primero estuvo en un centro de emergencia, para “atajar el momento de crisis”, indica el coordinador para ese tipo de situaciones, “fundamental en las primeras 48 horas después de que tengamos conocimiento de un caso de violencia”. Una semana después, en tren a otra provincia, donde fue bien recibida y donde lleva año y medio ya.

La violencia avanza “poco a poco”

Desde el IAM trabajan los aspectos emocionales, con intervenciones y acompañamientos, que en los juzgados desarrolla el SAVA. “Hay que saber cómo abordar y enfrentar cada situación, y nuestros protocolos están muy bien definidos”, apunta el coordinador. En el instituto, que cuenta con ocho delegaciones provinciales en Andalucía y 180 centros de información para mujeres, amén de su estructura telemática, evalúan las situaciones y atienden a las mujeres según las necesidades. El piso tutelado en el que vive Elisabeth, por ejemplo, es “el último paso” antes de salir del sistema de protección. “A veces, en otra provincia diferente, porque el agresor puede ir a buscarla, ellas se encuentran nuevas personas aliadas y amigas”, dice el coordinador. En el caso de Elisabeth, que tenía una orden de alejamiento por dos años y conocía a la familia de su expareja, empezaron las “frustraciones” a las semanas de convivencia. “Esa red familiar suele romperse por efecto del agresor”, apunta García.

“Cuando llegan a alguno de nuestros recursos no se consideran víctimas. Después de la labor psicológica que hacemos con ellas, al final son ellas mismas las que se identifican como víctimas”, comenta el coordinador. “La violencia avanza poco a poco y se va aceptando, aumentando en intensidad, y la víctima se va acostumbrando. Es la escalera de la violencia, que va subiendo escalones”, añade. “Hay una normalización brutal de la violencia. Es un tema que ha polarizado a la gente, y los hemos despersonalizado. Cuando le pones rostro, como hacemos en el IAM, la gente empatiza porque se desvirtualiza”, señala García, que alerta del aumento de agresiones machistas entre los más jóvenes.

Elisabeth disfruta de una vida normal. No son la luna y las estrellas que le prometieron, porque la realidad era mucho menos poética. Alejada ya de todo aquello, en un lugar diferente al que la acogió, mira al futuro pero de otra manera. “Tenía mil planes, pero yo no vine aquí a eso. Una mujer no se puede quedar callada ante esas cosas”. Ella vive ahora su normalidad como si fueran lunas y estrellas.

Es medianoche, el frío anticipa la llegada del invierno y un grupo de mujeres camina por la Avenida Corrientes, en la Ciudad de Buenos Aires. Cargan baldes con pegamento, brochas y afiches. Horas después, muy temprano en la mañana, otras se acercan a las estaciones de trenes de Once, Constitución y Retiro. En sus carteras llevan volantes que reparten entre las pasajeras.Un grupo diferente redacta invitaciones y gacetillas que despachará en la oficina del correo para convocar en todo el país al Primer Encuentro Nacional de Mujeres (ENM) el 23, 24 y 25 de mayo de 1986 en el Centro Cultural San Martín de la Capital Federal. 

Alrededor de 1000 mujeres participaron de ese hecho primigenio. Debatieron sobre las problemáticas de la época: la ausencia de la patria potestad compartida, la necesidad de implementar la ley de jardines zonales y el divorcio vincular. Hoy, más de tres décadas después, son alrededor de 100.000 las inscriptas para participar en el 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Intersexuales, Bisexuales y No Binaries en Territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel. Se reunirán este fin de semana en la provincia de San Luis. El encuentro fundacional, organizado por 45 mujeres poco después de recuperada la democracia en Argentina, no solo se sostuvo a lo largo del tiempo de manera autónoma, democrática, autogestionada y horizontal, sino que también se multiplicó en las nuevas generaciones. Sin embargo, este año, por primera vez en la historia, habrá dos encuentros después de diferencias sobre el nombre. El segundo se hará el 19, 20 y 21 de noviembre en la misma provincia y llevará el nombre original: Encuentro Nacional de Mujeres.

Ese viernes de mayo de 1986 fue un día complicado para llegar al ENM: paro de taxis y dos actos políticos. Uno del presidente radical Raúl Alfonsín y otro del Partido Justicialista. Las mujeres también se movilizaron: amas de casa, sindicalistas, militantes políticas, feministas, independientes y activistas por los derechos humanos se acercaron hasta el encuentro. “Aparece en un contexto de pura ebullición democrática, se gesta en 1985, mientras está en proceso el Juicio a las Juntas Militares, y termina concretándose en 1986. Muchas feministas argentinas eran de los movimientos que habían vuelto con la recuperación democrática, después del exilio. Es el momento en el que Argentina se reagrupa políticamente. Había algunas de los partidos políticos, de Derechos Humanos y muchas feministas autónomas”, explica Amanda Alma, coautora junto a Paula Lorenzo del libro “Mujeres que se encuentran, una recuperación histórica de los Encuentros Nacionales de Mujeres en Argentina (1986-2005)’. 

En diciembre de 1985 comenzaron las primeras reuniones. Muchas de las organizadoras habían participado en la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Nairobi, Kenia, que fue la clausura de la Década de la Mujer anunciada por la ONU en 1975. Otras, llevaron ideas del Tercer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, en Bertioga, Brasil. “Se da en un momento donde Naciones Unidas se enfoca fuertemente en la mujer. Hay muchas discusiones en torno a las desigualdades de género en el mundo y Argentina, con la recuperación democrática y el alfonsinismo, empieza a dialogar fuertemente en ese contexto”, agrega Alma. Es por eso que entre las organizadoras, además de las militantes feministas, estuvieron referentes de los Derechos Humanos como Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.

La comisión organizadora era muy diversa: había militantes feministas, independientes, peronistas, radicales, socialistas y comunistas, entre otras. Cada una aportó lo que pudo, hicieron peñas, vendieron empanadas y tortas, las sindicalistas buscaron hospedaje en sus gremios y otras ofrecieron sus casas como hospedaje. “Tenemos obligaciones con el tiempo en que vivimos, con las circunstancias que nos tocan, con nuestra propia ideología, pero tenemos una mayor responsabilidad histórica. La lucha por la igualdad de oportunidades es una lucha sin desmayos y sin descansos”, dijo la periodista Nelly Casas en el acto de apertura. 

“El encuentro del 86 fue como una iluminación, como un deslumbramiento. Logró reunir una masa crítica extraordinaria que tenía distintas prioridades, experiencias políticas, personales y de clases. Todo eso conformaba un núcleo de ideas extraordinario que permitía vasos comunicantes hacia dentro y fuera de los partidos ”, dice Juliana Marino, exdiputada y embajadora peronista. En esos años dirigía la Secretaría de la Mujer del Partido Justicialista de la Capital Federal y participó del ENM como invitada. “Yo no había militado en una organización feminista ni tenía contacto con las feministas. Veníamos de las organizaciones armadas  o formaciones especiales de la década del 70, muchas habíamos estado presas y otras habían vuelto del exilio. Eso implicó que algunas de nosotras, que no teníamos desarrollo conceptual y teórico feminista, empezaramos llevar al interior de nuestros partidos esas consignas para ampliar el debate interno. Esa ampliación generaba movilización que después la volcábamos en los encuentros nacionales año a año. Fue extraordinario”, agrega. 

Marino cuenta que dedicarse a la política partidaria y ser feminista estaba mal visto en esos años. “Yo decía que tenía dos identidades: peronista y feminista. Eso había sido una travesía interior muy importante porque decir que eras feministas implicaba una posición personal que no era fácil. A las políticas, los periodistas nos preguntaban si éramos feministas como un escrache, parecía un disvalor. Muchas compañeras tardaron en definirse y decían: ‘No, feminista no. Soy femenina”, recuerda. Algunas dirigentes llevaron la lógica de la asamblea horizontal a sus partidos y comenzaron también debates teóricos a partir de los estudios que surgieron en esos años. “Hay mucha articulación. Los principios de autoorganización, autonomía e independencia siempre son lo que sostienen la organización horizontal. Cada persona que va representa a sí misma, se gana por mayoría, se levanta la mano, se aplaude. No es un voto nominal sino por mayoría”, explica Alma.

2003: la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito,

Durante los 35 años (suspendido dos por la pandemia), hubo encuentros que se convirtieron en hitos. Uno de ellos fue el del 2003, realizado en Rosario, provincia de Santa Fe, donde se gestó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito, bandera que implosionó en los últimos años con la “marea verde” en la calles; un movimiento que presionó al Congreso Nacional incansablemente hasta diciembre de 2020, cuando se sancionó la ley. La psicoanalista, médica e integrante originaria de la Campaña, Martha Rosenberg, engloba esa decisión en un contexto regional. “Allí se originó la idea de crear una campaña nacional, el tema del aborto no nació en ese encuentro. Tenía un largo desarrollo, una historia larga”, le dice a elDiarioAR.

“Venía del 90, nació como movimiento en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en San Bernardo, en Buenos Aires, en el que se resolvió instituir el 28 de septiembre como el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto. De ahí surgió la campaña, pero ya había grupos que luchaban. La forma de organización en campañas regionales y nacionales surge de encuentros colectivos. Es un movimiento que lleva décadas, lo que ocurre en Rosario es que el desarrollo del fue permanentemente creciendo”, agrega. 

En este recorrido histórico, Alma tambien incluye el ENM de 2010 en Paraná, provincia de Entre Ríos, en el que aparece el Manual por el derecho al aborto y la visibilidad lesbica toma potencia;  y el de 1992, en Neuquén, donde se debatió la colonización en el marco de los 500 años del descubrimiento de América. “Hubo una discusión muy profunda sobre el rol indigenista y el fortalecimiento de los pueblos”, explica. “Es un movimiento único en el mundo, no hay nada que haya durado tanto tiempo con tanta vigorosidad que no sea institucional. No hay ningún movimiento autónomo, autogestivo, con esa capacidad de multiplicación de personas que se haya sostenido a lo largo de la historia”, agrega la periodista que también relató la historia en el podcast “Territorio Liberado”. 

La discusión por las identidades

Este año, en San Luis los debates se reactualizan. Algunos persisten desde el primer encuentro como el de la deuda externa y otros, que cobraron mayor fuerza en el último tiempo, tienen que ver con las identidades. Es por eso que habrá dos eventos en la misma provincia: uno en octubre y otro en noviembre. El primero, que será masivo y espera a más de 100.000 personas, se llama Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Intersexuales, Bisexuales y No Binaries y el segundo mantiene el nombre original: Encuentro Nacional de Mujeres y tiene entre sus organizadoras a algunas de las fundadoras que integran el Partido Comunista Revolucionario. 

La activista transfeminista y vocera del encuentro de octubre, Zayra Rojas, da cuenta de este quiebre. “Es plurinacionalidad y una de las grandes reformas es mostrar visibilidad de los distintos géneros que se hacen presentes hoy. Que tengamos talleres diversos es un gran cambio y un gran avance. Nunca se tuvo en cuenta las cuerpas trans, travestis, que somos las más vulneradas en la historia. Somos un colectivo con poca expectativa de vida y, aún así, que hemos contestado derechos, porque no dejamos de ser participativas en los distintos encuentros. Invisibilizadas, pero estuvimos”, le comenta a elDiarioAR.

Por su parte, desde la comisión organizadora del encuentro de noviembre señalaron que el cambio de nombre no se hizo de manera consensuada. “Propusimos una posibilidad excepcional de que se pudiera generar un espacio para que todas y todes podamos definir si realmente queremos este cambio de nombre. Sin embargo, lo decidió la otra comisión y es el problema más grande: fue arbitrario. Se puede llegar a cambiar el nombre, pero se debe consensuar”, explicó Belén Dávila Belzunce, una de las organizadoras en declaraciones radiales. Tampoco hubo acuerdo con las fechas: “El fin de semana de noviembre se eligió porque tuvimos un pedido de pueblos originarios para que no la hagamos en octubre ya que esos días ellos organizan un encuentro por los 530 años de invasión a nuestras tierras”, agregó.

Los ejes del encuentro de octubre

El Encuentro que se realizará entre el 8, 9 y 10 de octubre próximos tendrá 105 talleres que se realizarán en 24 sedes, la mayoría escuelas. Recorrerán 15 ejes de trabajo que incluyen tareas del cuidado, identidades, violencia, trata, sexualidad, coyuntura política, territorio, activismo e identidades, entre otros. “Habrá talleres vinculados a la sexualidad, a la visibilidad y activismo lésbico, bisexualidad, pansexualidad, polisexualidad, mujeres trans, travestis, transexuales. Todo ese bloque se fue desglosando para que cadad identidad tenga su propio espacio”, explicó Manuela Maquey, otra de las integrantes de la Comisión Organizadora a este diario.

“Habrá muchos vinculados a la defensa de la vida, en contra del modelo extractivista y el rol de las mujeres y las disidencias en la lucha contra la megaminería, el fracking, la defensa de los humedales. También se sumaron espacios para los pueblos fumigados”, agregó. El encuentro estará atravesado por el reclamo de la aparición con vida de Guadalupe Lucero, la niña desaparecida el 14 de junio de 2021 en esa provincia, y por el reclamo de justicia por el femicidio de Florencia Magalí Morales en la Comisaría de Santa Rosa de Conlara, durante el aislamiento por la pandemia en 2020

.

CDB/MG

El futbolista Tirone, de 34 años, se encuentra detenido por haber golpeado a la referí Dalma Magalí Cortaldi, de 30 años, durante un encuentro el pasado fin de semana de una liga regional de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Fue “expulsado de por vida” de los espectáculos deportivos, por lo que no podrá volver a jugar ni asistir a una cancha como espectador, según confirmó la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (APreVide) este miércoles.

La Justicia está definiendo la situación procesal del jugador, quien se encuentra acusado de “lesiones triplemente agravadas, por alevosía, por la condición de mujer de la víctima y por haberse cometido durante la realización de un espectáculo deportivo en concurso ideal”. El fiscal de Tres Arroyos Gabriel Lopazzo solicitó el martes al Juzgado de Garantías la conversión en detención del arresto que cumple Tirone.

Dicha agresión ocurrió el pasado domingo durante el partido de tercera división entre el Club Deportivo Garmense e Independencia, en la localidad de Adolfo González Chaves, en el partido bonaerense de Tres Arroyos. Tirone, disconforme con un fallo del juego, le aplicó un golpe de puño y antebrazo desde atrás a la árbitra Cortaldi, sin posibilidad que esta se defienda, por lo que debió ser atendida en un centro asistencial.

Decirle jugador no le cabe a este individuo, lo tomo como un delincuente, que se anima a levantarle la mano a una mujer, no resiste calificativo

Eduardo Aparicio — Responsable de APreVide

A pocas horas del episodio, la dirigencia del Deportivo Garmense adoptó una postura similar al suspender de por vida al jugador en el club. El presidente José del Río lo describió como “un hecho lamentable”, y señaló que “se tomó automáticamente la decisión de sancionarlo, porque lo que hizo no tiene calificativo”. Tirone había comenzado este año en el club. “No tenía antecedentes de esta magnitud, por lo menos no lo vimos así en la institución”, agregó.

Como consecuencia de la agresión, Cortaldi sufrió escoriaciones en la región cervical y en una articulación de rodilla derecha, calificadas por el médico de Policía actuante como de “carácter leve”. Por su parte, fuentes judiciales señalaron que Tirone, alojado en una dependencia policial, pidió “disculpas” durante una audiencia ante el fiscal de Tres Arroyos, y dijo que estaba “avergonzado y arrepentido” de lo sucedido el domingo.

LC con información de agencia Télam

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°10 de la Capital Federal, interinamente a cargo del fiscal Santiago Vismara, y la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de Mariela Labozzetta, solicitaron este martes la elevación a juicio oral de la causa donde el exgobernador José Alperovich, está acusado por hechos de abuso sexual ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Tucumán.

En el dictamen, los representantes del Ministerio Público Fiscal consideraron que el exsenador nacional debe responder por tres hechos de abuso sexual -dos de ellos cometidos en tentativa- y seis sucesos de violencia sexual agravada por haber sido con acceso carnal. “En todos los casos, mediando para su comisión intimidación, abuso de una relación de dependencia, de poder y de autoridad”, indicaron, según publica el sitio Fiscales.gob.ar.

De acuerdo al escrito, “quedó comprobado cómo el imputado utilizando su fuerza física, ejerciendo abuso intimidatorio de poder y violencia de género, reducía bajo su dominio a la víctima, y la ponía como un mero objeto de satisfacción sexual, de cosificación, sometiéndola de forma violenta, ultrajante y degradante, haciéndolo por el transcurso de un poco más de tres meses”. Los primeros abusos ocurrieron a mediados de diciembre de 2017 y persistieron hasta diciembre de 2018, explicó la fiscalía.

Dentro del dictamen, se le dio relevancia a evaluar los distintos factores de la causa con perspectiva de género. En ese sentido, los fiscales recordaron que la Ley 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, define a la violencia contra las mujeres como “toda conducta, acción u omisión que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal”.

En los argumentos, se manifiesta que ninguna investigación judicial de violencia sexual sobre una mujer “puede catalogarse como seria y exhaustiva si no toma en consideración las desigualdades estructurales entre varones y mujeres, propias del sistema patriarcal, y si no se hace cargo de analizar el impacto de esas inequidades en el caso concreto”.

Además, citaron la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), según la cual el Estado argentino se comprometió a trabajar en la erradicación “de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Esto implica la prohibición del uso y la reproducción de estereotipos discriminatorios por parte de aquellas personas que integran los sistemas judiciales”.

Para la fiscalía, “las principales consecuencias de la discriminación de género ejercida por el sistema penal son la falta de exhaustividad en el análisis de la prueba, la tramitación de investigaciones tendenciosas y parcializadas, y una fuerte presencia de estereotipos y prejuicios que conducen a realizar interpretaciones y valoraciones arbitrarias”.

En otros considerandos, adujeron que los “estereotipos influyen en las decisiones del Poder Judicial, muchas veces en perjuicio de las mujeres. Las sentencias de los tribunales suelen emplear conceptos referidos a la moral privada para definir los márgenes de la violencia conyugal y los delitos sexuales. Muchas veces, las decisiones destacan la ausencia de elementos independientes al relato de la víctima que permitan corroborarlo y el análisis que las subyace permite detectar que se construyen sobre estereotipos que atribuyen a las mujeres el rol de ‘mentir’, ‘fantasear’ o ‘fabular’ y utilizar el derecho penal con el fin de ‘perjudicar’ o de ‘mantener una apariencia’”.

Para Vismara y Labozzetta, fueron clave “en este caso en concreto, el estado de cautividad que padecía la víctima y que tenía la particularidad de estar condicionado por la subordinación económica, social, psicológica, legal y política, así como la fuerza física. Esa cautividad lleva a que la víctima esté en continuo contacto con el agresor y que este se convierta en la persona más poderosa dentro de su vida”.

Según precisaron los empleados judiciales, “los métodos para obtener el control de la víctima consisten en infligir el trauma psicológico de forma sistemática y repetitiva. Son técnicas organizadas de debilitamiento y desconexión. Estos métodos están pensados para causar terror e indefensión y destruir el sentido del yo de la víctima en relación con los demás. El efecto de esta técnica es convencer a la víctima de que el abusador es omnipotente, que resistirse es inútil y que su vida depende de que se gane indulgencia a través de la sumisión absoluta”.

“En esta dinámica, utiliza métodos coercitivos como el cariño, la persuasión, la mentira, la manipulación psicológica y las amenazas, la culpabilización y el chantaje. Estas estrategias le permiten, por una parte, la concreción de los abusos y, por otra, la mantención del secreto, generando así el estado de indefensión y desamparo de la persona damnificada”, detallaron.

La fiscalía tuvo en cuenta “la asimetría” que había entre Alperovich y la denunciante; “la relación familiar que tenían; la diferencia de edad; la situación de dependencia laboral; el posicionamiento político y social del acusado, que es un reconocido político, con enorme influencia a nivel provincial y nacional, que gobernó durante años la provincia de Tucumán”.

“En este sentido, no perdemos de vista que los elementos colectados dan cuenta del contexto de permanente control y humillación en el que se desenvolvía esa relación, el constante tono imperativo de él hacia ella y la naturalización del entorno de frases obscenas proferidas por él y dirigidas a ella y a otras personas”, destacaron.

Violencia sexual, acoso y hostigamiento

Los fiscales sostuvieron que, tanto el informe pericial psicológico como las constancias médicas, las declaraciones de los testigos y las constancias de las conversaciones entre Alperovich y la víctima, fortalecieron el relato realizado por la denunciante. En esa línea, consideraron que no se estaba “en presencia de un único y aislado testimonio, sino que existen numerosas pruebas que han podido recabarse y que permiten afirmar, con la certeza requerida en esta etapa, que los hechos denunciados ocurrieron del modo que hemos expuesto, y que su autor ha sido el aquí imputado José Jorge Alperovich”.

Además, agregaron que los sucesos investigados “constituyen distintos tipos de violencia contra una mujer, tales como la sexual, psicológica y simbólica, ejecutadas bajo la modalidad de violencia laboral y profundizada por el lazo familiar que atravesaba esa relación. Las mujeres, por el hecho de ser mujeres, padecen de forma desproporcionada la violencia en el ámbito intrafamiliar, y la padecen con características distintivas, dado que en ese espacio las relaciones entre mujeres y varones atravesadas por el género adquieren mayor intensidad”, explicaron.

“El hostigamiento laboral y el acoso sexual son expresiones de la violencia de género muy extendidas en los espacios de trabajo. Una situación se constituye en violenta cuando se transforma en un fenómeno que se repite. Este tipo de situaciones se amplifican de manera progresiva a menos que una persona exterior intervenga enérgicamente. La gravedad de las consecuencias para la salud es proporcional a la intensidad y duración de la violencia, por lo que los hechos imputados a Alperovich se enmarcan en un contexto de violencia sexual, intrafamiliar y de acoso laboral por razones de género”.

Con información de Fiscales.gob.ar

IG

La joven que denunció a Sebastián Villa ratificó este lunes ante la justicia haber sido abusada sexualmente por el futbolista de Boca Juniors, durante una declaración de más de cinco horas en los Tribunales de Lomas de Zamora, donde presentó nuevas pruebas respecto al hecho ocurrido en julio del año pasado en una casa de un barrio privado de la localidad bonaerense de Canning, informaron fuentes judiciales.

De esta manera, la causa por el presunto abuso sexual y la tentativa de homicidio sigue adelante mientras se aguarda que Boca Juniors tome alguna medida respecto al futbolista, quien a pesar de la acusación en su contra el sábado pasado jugó de titular el partido por la semifinal de la Copa Liga Profesional 2022 frente a Racing.

“Tuvo que contar todo desde cero. Dio algunos detalles que nosotros no habíamos podido volcar en la denuncia. Fueron muchas horas de rememorar y revivir todo lo que ella vivió, que para ella es una pesadilla que la fracturó psíquica y emocionalmente”, dijo el abogado que representa a la joven, Roberto Castillo, en la puerta de los tribunales.

La denunciante -cuya identidad se preserva- se presentó minutos antes de las 10 junto a su abogado en la sede de la Unidad Funcional de Instrucciones (UFI) 3 Especializada en Violencia Familiar y de Género, Abusos Sexuales y Delitos Conexos a la Trata de Personas, del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, ubicada en Güemes 429, en la localidad de Monte Grande, en el partido de Esteban Echeverría, al sudeste del conurbano bonaerense.

Allí, la fiscal Vanesa González, que instruye en la causa, le tomó declaración a la joven durante aproximadamente cinco horas, en las cuales ratificó la denuncia que había presentado el último viernes, en la que relató el hecho ocurrido el 26 de junio del 2021 y acusó al futbolista.

En tanto, en la declaración estuvo presente el abogado defensor de Villa, Martín Apolo, quien también representa al jugador en una causa iniciada en 2020 que lo investiga por violencia de género contra su expareja, Daniela Cortés.

“Es su derecho de defensa, que tiene que ser amplio. Tenemos que esclarecer la situación que ella está denunciando que es extremadamente grave y arribar a una condena luego de que él de su versión de los hechos”, afirmó Castillo.

Además, el representante legal de la denunciante dijo que durante la declaración de hoy la joven “pudo aclarar algunas cuestiones que no se habían manifestado en la denuncia” y que “incluso se logró ampliar la prueba”.

La fiscal tiene previsto citar a declarar desde este martes a los cinco testigos que la víctima menciona en su denuncia.

Si bien no trascendieron los nombres de los testigos, es probable que se presente la amiga de la víctima que la fue a buscar a la casa de Villa tras el presunto abuso, como así también un hombre que realiza los trabajos de “seguridad” para el futbolista, apodado “Vikingo”.

También un amigo personal del futbolista que hace de “secretario”, llamado Félix Benítez, quien presuntamente fue quien la llamaba en forma reiterada a la joven para que no realice la denuncia.

Según el escrito presentado la semana pasada, la joven dijo que debió ser asistida en el Hospital Penna de Buenos Aires y explicó que no realizó la denuncia en el momento, a pesar de la recomendación de los médicos que la atendieron, porque estaba bajo un estado de shock, padecía “miedo” y estaba “paralizaba”.

“La doctora puede dar fue que la atendió y que le dio analgésicos. Tendrá que ser citada para demostrar que ese documento lo suscribió ella”, dijo el abogado.

Castillo agregó que la víctima y Villa se conocieron 2020 y que “tenían una relación de pareja”, en la que “hacían comidas con jugadores del Club boca Juniors, es decir, que es una persona conocida por el entorno íntimo de la persona denunciada”.

“La fiscalía debe encuadrar cuál es el delito y cuál es la conducta que considera que es arrojada en el relato de la víctima. En el abuso mediante las lesiones y el amedrentamiento, ella temió por su vida porque en un momento se quedó sin aire porque fue asfixiada”, concluyó Castillo al describir los padecimientos de su clienta.

El pasado viernes, tras la presentación de la denuncia en sede judicial, la fiscal González le prohibió a Villa salir del país, medida que ya regía en su contra en la causa que tiene abierta desde 2020 por otro episodio de violencia de género.

Además, la fiscal le impuso una prohibición de acercamiento a la víctima y su grupo familiar, añadieron las fuentes.

Para llamar a indagatoria a Villa, la fiscal aguardaba la ratificación de la denuncia y la producción de algunas medidas de prueba solicitadas.

Según la nueva denuncia contra el jugador de Boca, el episodio ocurrió en la casa que el futbolista colombiano posee en el barrio “Venado II” de la localidad de Canning, en la zona sur del conurbano bonaerense, horas después de haber participado de un asado al que asistieron otros jugadores del plantel “xeneize”.

La víctima contó que esa noche del 26 de junio del 2021 Villa había tomado “mucho alcohol y más de una botella de whisky” y que durante el asado le reprochó que “había mirado” a los futbolistas.

Tras mantener una fuerte discusión, ambos se retiraron del lugar y se dirigieron a la casa del futbolista junto a su empleado de seguridad apodado “Vikingo” y un amigo llamado Félix Benítez.

“En ese momento comenzó lo que fue la peor situación de mi vida”, señala la víctima en su denuncia, donde relata que tras ser maltratada y golpeada por Villa, ella se quiso ir y, ante esa situación, el delantero de Boca abusó sexualmente de ella.

Tras ello, la joven llamó a una amiga y se trasladó a su casa en la ciudad de Buenos Aires, donde se bañó, puso su ropa a lavar y se cortó “el pelo bien corto producto del shock”.

La joven contó que tiene grabadas las conversaciones en las que el futbolista colombiano, a través de su amigo Benítez, le ofrece 5.000 dólares para que se olvide “de todo lo que pasó”.

Esta es la segunda denuncia que recibe el futbolista y goleador del club de la Ribera, ya que está a la espera del juicio oral en la causa que lo investiga por violencia de género contra su expareja, Cortés, también colombiana, quien en abril del 2020 lo acusó por lesiones y amenazas.

Con información de agencias.

IG