Una industria proveedora de plásticos a fabricantes de envases de polietileno, bolsas de arranque y de consorcio aumentó 25% sus listas de precios desde esta semana, a raíz del incremento de las materias primas por el conflicto de Medio Oriente.

La región es un importante proveedor de petroquímicos, fertilizantes y metales como el aluminio, todos los cuales están profundamente integrados en las redes de producción globales.

Los efectos secundarios que amenazan estas cadenas de suministro globales, los flujos comerciales y la producción industrial derivan del papel central de Medio Oriente no solo en el petróleo, sino en insumos industriales clave vinculados a la manufactura global, según Morgan Stanley.

El banco norteamericano estima que miles de millones de dólares en flujos comerciales están en riesgo, particularmente en aluminio y plásticos, que sirven como insumos iniciales para una amplia gama de productos manufacturados.

Según posteó el economista Damián Di Pace, esta medida del sector plástico afecta la formación de precios del packaging y envases (alimentos, bebidas, delivery y supermercados), de la construcción (caños, perfiles, aislantes y materiales); PVC automotriz, en piezas livianas, interiores; componentes plásticos de la industria alimentaria y restaurantes; y en descartables, filmes y tarrinas farmacéuticas y cosméticas, como frascos, blísteres y envases protectores.

Pero, en gran medida, afectaría a los silos bolsa y, dentro de la cadena industrial que culmina en las góndolas, un simple paquete de arroz va a ser mucho más costoso: sube el plástico del empacado y envasado, el fertilizante, el combustible para el transporte.

Fertilizantes

Las cadenas de suministro de fertilizantes también son vulnerables, especialmente para productos a base de nitrógeno que dependen en gran medida del gas natural, lo que podría afectar la producción agrícola a nivel mundial.

Precisamente con el petróleo oscilando en torno de los 100 dólares el barril, el gas lo sigue y traslada el mayor costo al amoniaco, la urea y el nitrato de amonio que alimentan los campos del mundo.

Y como los fertilizantes nitrogenados —los más utilizados en la agricultura mundial— se producen a partir del gas natural, desde el comienzo de la guerra, los insumos básicos para la producción de muchos de ellos experimentan alzas de 15 a 30%.

El comunicado oficial de la firma que anuncia el segundo ajuste del 25% en una semana (16 y 23 de marzo) señaló, asimismo, que desde el 1 de abril debería aplicarse en la lista de precios vigente el 2,9% por la variación del índice de precios al consumidor (IPC) publicado el jueves pasado, de acuerdo con el esquema de actualización en curso.

Aunque aclaró que, en el actual escenario, se “evaluará hacia fin de mes la conveniencia o no de reflejar la dinámica inflacionaria que afecta los costos de producción”.

En las redes contrastaron la argumentación con valores internacionales, según los cuales, el politileno aumentó de un 25% a un 35% y, a futuro, del 28 al 30% en Contratos por Diferencia (CFD), derivados financieros que permiten especular sobre el movimiento de precios de activos (acciones, divisas, materias primas) sin poseerlos físicamente. 

En línea con la corriente remarcadora justificada en el conflicto en Medio Oriente, días atrás, la multinacional BASF anunciaba con efecto inmediato los precios de todos sus productos de las líneas de Cuidado del Hogar, Limpieza Industrial e Institucional y Formuladores Industriales en Europa, con un incremento que puede alcanzar o superar el 30% para varios productos, según informó el grupo alemán.

Con información de NA.

El bisfenol A es una molécula orgánica relativamente común en diversos tipos de plásticos y resinas que se emplean en la fabricación de envases y utensilios para alimentos. De ahí que pequeñas cantidades de esta sustancia pueden migrar de estos objetos a la comida o a las bebidas. El debate sobre sus potenciales riesgos para la salud generó una intensa y duradera discusión científica, que la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) agitó con su última advertencia, el pasado 19 de abril.

La EFSA se encarga, entre otras tareas, de evaluar científicamente y de forma periódica la seguridad de determinadas sustancias que pueden estar presentes en los alimentos. Sus nuevas conclusiones sobre el peligro que supone la presencia de bisfenol A en la comida suponen un cambio drástico sobre las anteriores y probablemente tengan consecuencias sobre su regulación.

Esta molécula se lleva usando desde los años 60 para la fabricación de múltiples botellas y otros recipientes. De hecho, durante casi medio siglo la principal fuente de exposición al bisfenol A en adultos y niños fue la ingesta de comida enlatada. En los bebés, en cambio, fueron los biberones de los que bebían leche materna o de fórmula.

Bajo sospecha durante décadas

Ya en los años 30 del siglo pasado se descubrió que el bisfenol tenía la capacidad de unirse a los receptores de estrógenos, aunque con muchísima menor afinidad que las hormonas sexuales como el estradiol. No obstante, la magnitud de su efecto negativo sobre la fertilidad en humanos, como disruptor endocrino, nunca estuvo del todo clara.

Múltiples estudios de exposición a esta molécula en animales habían observado diversos efectos negativos para la salud, sobre todo en los fetos y las crías de corta edad. Sin embargo, la limitada cantidad de estudios en humanos y la baja calidad de la mayoría de ellos impedía conocer la magnitud del impacto negativo del bisfenol A.

En 2010, 30 expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinaron que no existía evidencia científica que respaldara la prohibición del bisfenol A de envases para alimentos. Los científicos argumentaron que dicha molécula no llega a acumularse en el cuerpo humano, ya que se elimina en su mayor parte por la orina. Aunque existieran algunos estudios en aquella fecha que relacionaran niveles bajos de bisfenol A con problemas para la salud, el panel de expertos determinó que sería “prematuro” establecer medidas de Salud Pública sin que estas asociaciones se confirmasen.

Por un principio de precaución especial, desde los años 2010 y 2011 Europa y otras regiones del mundo fueron prohibiendo la fabricación, venta e importación de bisfenol A en biberones. También se prohibió que los recipientes en contacto con los alimentos dirigidos a niños de corta edad liberasen esta molécula. En España está prohibido el uso de bisfenol A para envases desde el año 2023.

En 2015, expertos de la EFSA revisaron la evidencia científica más actual en torno al bisfenol A para determinar la ingesta diaria tolerable (IDT), considerada segura en humanos a lo largo de toda la vida. En aquel entonces lo fijaron en 4 microgramos por kilogramo de peso al día. No obstante, los científicos avisaron entonces que este valor era temporal, por una notable incertidumbre en las pruebas científicas, y que eran necesarios más datos sobre los efectos tóxicos del bisfenol A.

Las nuevas conclusiones

Ahora, ocho años después de la última revisión de la EFSA, la institución cambió drásticamente sus conclusiones ante los nuevos datos que aporta el conjunto de las investigaciones científicas. Tras analizar cuidadosamente (de forma sistemática y transparente) y durante años más de 800 estudios publicados desde enero de 2013, la mayoría de lagunas de conocimiento de 2015 se han podido esclarecer. Esto no solo ha llevado a la EFSA a alertar sobre que “el bisfenol A en la comida es un riesgo para la salud” para los consumidores de todas las edades, sino que también ha reducido en 20.000 veces la IDT respecto a los valores establecidos en 2015: concretamente, a 0,2 nanogramos por kilo de peso al día.

“En los estudios hemos observado un incremento del porcentaje de un tipo de glóbulo blanco, el linfocito T cooperador, en el bazo”, destacó Claude Lambré, director del panel de materiales en contacto con la comida de la EFSA. Estas células “tienen un papel fundamental en nuestros mecanismos celulares inmunitarios, y un aumento de este tipo podría llevar al desarrollo de inflamación alérgica del pulmón y enfermedades autoinmunitarias”, explicó. Además de estos efectos, también se identificaron otros como alteraciones metabólicas, en el desarrollo y en la reproducción. Por otro lado, la EFSA considera improbable o muy improbable que el bisfenol A presente un riesgo genotóxico (alteración del ADN) a través de un mecanismo directo.

Estos nuevos valores de ingesta diaria tolerable de bisfenol A implican que una parte importante de los consumidores de todas las edades estaría expuesta a dosis muy superiores (decenas o centenares de veces) a la TDI fijada por la EFSA, por lo que se enfrentarían a potenciales riesgos para su salud. El porcentaje exacto de personas se desconoce, pues los cálculos de exposición en la población general se realizaron en 2015 y desde entonces se aplicaron ciertas restricciones legales en el uso de bisfenol A, por lo que la exposición actual podría ser menor.

La reciente evaluación científica de la EFSA va a tener consecuencias políticas y legales en Europa. La información aportada por este organismo va a ser considerada por los legisladores, que tendrán que tomar las medidas adecuadas para proteger a los consumidores.

En el comunicado que presenta la propia EFSA en su página web, manda un mensaje directo a la Comisión Europea y a los representantes de los Estados miembro que “son responsables de establecer los límites en la cantidad de un producto químico que podría migrar desde el envase alimentario a la comida”. Dada la contundencia de los resultados de la EFSA, es muy probable que en los próximos meses se establezcan medidas legales para restringir aún más la presencia de bisfenol A en los diversos envases alimentarios.

Las empresas reunidas en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) rechazaron este jueves el proyecto de gestión de envases, que obtuvo dictamen de comisión ayer en la Cámara de Diputados, al que consideraron “una propuesta anacrónica, que no soluciona el problema de fondo y genera una mayor carga tributaria al tejido productivo”. La iniciativa, promovida por el oficialismo, contempla la creación de una “tasa ambiental” a ser abonada por los productores responsables de los envases puestos en el mercado.

El proyecto, que fue presentado a fines de octubre por Máximo Kirchner y el Ministro de Ambiente, Juan Cabandié, dispone la creación de un fideicomiso administrado por la banca pública para, entre otros objetivos, fortalecer los sistemas públicos de gestión de envases, promover la inclusión de las y los recicladores y fomentar el desarrollo del ecodiseño. Además, según informó el Ministerio de Ambiente, los productores podrán desarrollar sus propios sistemas de recolección y reutilización.

Frente al avance de la iniciativa en la Cámara Baja, la AmCham difundió un comunicado oficial en el que expresó su “preocupación”. Señaló que los fondos que la ley generaría no tienen una contraprestación clara y afectan el federalismo. Además, anticipó que medidas de este tipo “obstruyen la generación de empleos, limitan las nuevas inversiones, propenden a escaladas de precios y crean un ambiente regulatorio hostil, restrictivo e imprevisible”. Argumentos similares a los esgrimidos frente a otras iniciativas de discusión reciente, como la de etiquetado frontal de alimentos. 

“Hoy más que nunca, es necesario que el Gobierno y, en este caso, el Congreso Nacional desarrolle políticas de acompañamiento al empleo y la inversión, y recree las condiciones para un clima de negocios previsible, en base a las reglas de la libre empresa, siendo este el único camino posible hacia una recuperación sustentable”, detalla el texto. 

Por otro lado, asegura que AmCham “adhiere firmemente a los esquemas de reciclaje inclusivo, pero cuando estos son factibles y lógicos, y sobre todo cuando consideran incentivos y beneficios para aquellas empresas que emplean materiales reciclables en sus envases y/o realizan inversiones en tecnología para mejorar el acopio y la reutilización”. 

Según se detalló, genera “alarma” el hecho de que el proyecto no permita a los sujetos obligados optar con claridad por sistemas locales de gestión implementados y financiados por el sector privado, bajo el control y la supervisión de la autoridad de aplicación. Como “otro de los puntos débiles” del proyecto, señala el cálculo de la tasa ambiental, “cuya fórmula se basa en el precio de venta (hasta el 3%), o bien, en el peso del material, sin tener en consideración el costo asociado al sistema de gestión propiamente dicho, y lo que es peor, cuya administración recae en un fidecomiso administrado por el Estado, sin pautas claras de asignación”. 

Como contrapropuesta “lógica”, sugirieron que la norma establezca la responsabilidad extendida y compartida del productor, fije metas graduales de recupero a nivel nacional, diferenciales por tipo de material y que incentive a los sujetos obligados a organizarse para alcanzar dichas metas un tiempo razonable y progresivo de implementación (3 a 5 años), reservando para el Estado el rol de autorizar y controlar los sistemas implementados y si las metas no se logran o no se cumplen, entonces aplicar multas y sanciones acordes, o forzar su inclusión en el sistema público de gestión a costo razonable y transparente.

Por otro parte, el comunicado señala que proyecto se torna fácilmente atacable por su debilidad constitucional al vulnerar derechos de las provincias porque crea una caja gestionada por un fideicomiso de administración 100% público. “Una alquimia que lamentablemente se ha hecho habitual en la práctica legislativa, y otorga a la Nación potestades discrecionales para distribuir dineros públicos a actores municipales y sociales, pasando por encima de las autoridades provinciales, y alejándose de los parámetros más elementales en materia de ética y transparencia”, apunta.

“El proyecto debe centrarse en cómo mejorar los sistemas de gestión en base a modelos probados y garantizando su eficiencia —suma—. Pero sabemos que el pago de nuevos impuestos es un camino fácil, y nada efectivo, a un desafío que amerita otro tipo de compromiso en torno a la recolección y al reciclado”.

DT

La Cámara de Diputados retoma este martes la actividad parlamentaria tras las elecciones generales legislativas, con una nutrida agenda de comisiones que contempla, entre otras cuestiones, el debate del proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión Integral de Envases y Reciclado Inclusivo, elaborado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que conduce Juan Cabandié y cuyo objeto es “reducir su impacto sobre el medio ambiente” e integrar en el proceso a los trabajadores que se dedican al reciclado.

La iniciativa comenzará a ser tratada a partir de las 14 en la Comisión de Recursos Naturales, que preside Leonardo Grosso (Frente de Todos).

Previamente, a las 13, esa comisión se reunirá junto con la de Justicia, que preside Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), para debatir un proyecto que ya tiene media sanción del Senado, por el cual se establecen los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los neumáticos fuera de uso.

También se trabajará el Régimen de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental en materia de evaluación de impacto ambiental; la modificación de la Ley de Residuos Peligrosos; la transferencia de jurisdicción de la provincia de Entre Ríos al Estado nacional del área protegida Parque nacional Pre-Delta y la modificación en el nombre del Parque nacional Traslasierra en Córdoba y La Rioja por el de Parque Nacional Pinas.

De acuerdo con la agenda parlamentaria, desde las 15, también se reunirá la Comisión de Legislación General, que preside la vicepresidenta del bloque de diputados del Frente de Todos, Cecilia Moreau, para tratar, entre otras cuestiones, un proyecto para crear el Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar.

A las 16, está prevista una reunión informativa de la Comisión de Mercosur, que preside Fernando Iglesias (PRO), para tratar la importancia del Manifiesto de Ventotene -base del federalismo europeo- a 80 años de su publicación.

A las 17, en tanto, en la Comisión de Acción Social que preside Pablo Yedlin (Frente de Todos), se avanzará en el debate del proyecto que establece la creación del Programa nacional “Pancitas Llenas”, cuyo objeto será el financiamiento y abastecimiento de comedores y merenderos del país, entre otras cuestiones.

Por otra parte, a las 19, la Comisión de Agricultura y Ganadería debatirá un proyecto, que tiene sanción del Senado, que establece la creación del marco regulatorio para el desarrollo de la industria del Cannabis medicinal y el cáñamo industrial, así como el Fondo Fiduciario Pública de Crédito para la Agricultura Familiar.

En tanto, según la agenda publicada el viernes pasado, este miércoles se reunirá la Comisión de Presupuesto, que preside Carlos Heller (Frente de Todos), para debatir una serie de proyectos, entre los que se encuentra la iniciativa para la gestión ecológica de los envases, que será debatida un día antes en la comisión de Recursos Naturales.

También, en el temario de la Comisión de Presupuesto, se incluyó el debate de un proyecto que crea el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial y la prórroga de los plazos de la ley de emergencia de tierras indígenas, entre otras cuestiones.

Previamente, a las 14, se reunirá la Comisión de Turismo para tratar diferentes cuestiones entre ellas la que declara Fiesta Nacional a la “Fiesta del Michay y la Diatomea”, que se realiza anualmente en los meses de febrero y marzo en Ingeniero Jacobacci, provincia de Río Negro.

Más allá de estas iniciativas, la Cámara baja tiene pendientes de tratamiento un conjunto de proyectos, entre ellos la iniciativa para implementar los Comités Mixtos de Trabajo en materia de prevención de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos del Trabajo, presentado semanas atrás por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

Con información de agencias.

IG