La Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó que Lucas Gonzalez, el joven de 17 años acribilldado cuando salía de entrenar con sus amigos en el club Barracas Central, fue asesinado por “odio racial”, tal como había determinado la justicia en primera instancia. Por esa razón, los jueces confirmaron la condena a prisión perpetura de los tres agentes que integraban una brigada de la Policía de la Ciudad.

El tribunal, en cambio, decidió absolver y liberar a otros dos de los policías que habían sido condenados por el crimen.

El 11 de julio de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 25 que condenó a los acusado habia considerado el causal de agravante de “odio racial” ya que los policías que persiguieron y dispararon a Lucas y sus amigos cuando salían de entrenar lo hicieron sin motivo. La única razón, según los jueces, fue por su aspecto físico. El caso dejó al descubierto la violencia institucional dentro de la fuerza.

Los condenados fueron Gabriel Isassi, Fabián López y Juan José Nievas. Todos habían recibido una pena a prisión perpetua por el homicidio quíntuplemente agravado en perjuicio de Lucas y la tentativa de homicidio agravada contra tres de sus amigos.

Los tres habían sido defendidos por el abogado Martín Luis Sarubbi, conocido por defender a policías involucrados en casos de gatillo fácil. Sarubbi representó al policía acusado de disparar contra Santiago Moreno Charpentier, “Chano”, y también a Sabrina Basile, integrante de Revolución Federal y Ximena de Tezanos Pinto, la vecina del piso de arriba de Cristina Kirchner, ambas investigadas en la causa por el atentado contra la expresidenta.

La Cámara también confirmó la condena de Roberto Orlando Inca, Fabián Alberto Du Santos, Rodolfo Alejandro Ozán y Héctor Claudio Cuevas por encubrimiento y el intento de homicidio de los otros jóvenes que iban con Lucas.

Entre los agravantes que se consideraron en primera instancia figuran, además del odio racial, el uso de arma de fuego, alevosía, la intervención premeditada de varias personas y el abuso funcional como miembros de una brigada de la Policía de la Ciudad.

Según el fallo que ahora fue ratificado por la Cámara, “es claro que [los tres intervinientes] obraron en base a un designio común, que todos pretendían lograr el mismo objetivo, esto es matar a los jóvenes, que todos estuvieron de acuerdo en la manera de desarrollar ese ‘iter criminis’ y que lo hicieron ejecutando acciones típicas y necesarias para lograr el resultado, valiéndose de sus armas reglamentarias, alevosamente, con el concurso premeditado de dos o más personas, por odio racial y mediante abuso funcional -de lo cual además pretendieron valerse para lograr su impunidad”.

Sin embargo, la decisión de la Cámara da marcha atrás sobre la situación de dos de los condenados en primera instancia. Se trata de Juan Horacio Romero y Sebastián Jorge Baidón quienes habían recibido una pena de a 6 y 8 años de prisión respectivamente. Para la Cámara, la condena a Romero no describió de forma clara ni fundamentada las acciones específicas que se le atribuían.

Sobre la situación de Baidón, los jueces Pablo Jantus, Alberto Huarte Petite y Gustavo Bruzzone detallaron que existían dudas razonables sobre la validez del reconocimiento realizado por la víctima.

El asesinato de Lucas González ocurrió a fines de 2021 cuando el adolescente y tres amigos salieron del predio del club Barracas Central luego de entrenar.

En medio del trayecto “fueron interceptados por un auto modelo Nissan que no tenía ninguna identificación policial ni tampoco contaba con la patente trasera. De allí descendieron tres hombres que les apuntaron. Ante esto, y de acuerdo a lo relatado por los jóvenes en el juicio, intentaron esquivar la situación al considerar que se trataba de un robo”, destaca el escrito del Ministerio Público Fiscal.

En ese momento, los tres integrantes de la brigada dispararon contra el auto: uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Lucas, que debido a las heridas falleció en el hospital “El Cruce” de Florencio Varela al día siguiente, mientras que sus amigos quedaron detenidos.

Para Gregorio Dalbón, abogado de la familia de Lucas, la decisión de la Cámara es un “fallo histórico que marca un antes y después para los casos de violencia policial”. En su cuenta de X, el abogado señaló: “¿Por qué este fallo marca un precedente? Porque gracias a la lucha que llevamos adelante junto a la familia de Lucas, logramos que se condene el racismo estructural en las fuerzas de seguridad y poner de relieve que el Poder Judicial no debe ser cómplice de la impunidad policial”.

Según opinó Manuel Tufró del CELS, el “fallo de Casación confirma que la policía actuó de manera racista y será clave para discutir cómo los agentes intervienen en los barrios populares, como cuando las brigadas de las comisarías se mueven sin ninguna identificación”.

Hace unos días se conocieron los fundamentos de la sentencia que condenó a los policías porteños que asesinaron a Lucas González en 2021, cuando salía de entrenar, sin otro motivo que la portación de rostro. Como adelanté en otra de mis columnas, la condena era destacable, por cuanto aplicaba el causal de agravante de “odio racial”, algo que la justicia argentina venía eludiendo en homicidios parecidos, en los que estaba claro que el racismo era un componente central. Los fundamentos confirman que se trata de un fallo extraordinario, que marca un antes y un después en nuestra jurisprudencia.

Para empezar, los jueces afirman que se trata de la primera vez que se aplica ese agravante, lo que de por sí ya marca un hito histórico. Recordemos que la figura del “odio racial” está presente en nuestro Código Penal desde 1963 y que había llegado allí por vía de la Convención sobre Genocidio aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, motivada a su vez, sobre todo, por el horror del Holocausto. Si los jueces están en lo correcto, vegetó en nuestra legislación sin ser aplicada durante sesenta años.

La omisión es notable, porque los casos como el de Lucas son muy numerosos. La CORREPI lleva contabilizados 8701 muertos injustificables a manos de las fuerzas de seguridad desde el regreso de la democracia en 1983 hasta 2022. Buena parte de esas víctimas tenía características físicas y sociales similares a las de Lucas. Que la “portación de rostro” expone a los varones jóvenes a la violencia estatal y privada es algo que cualquier persona de clase baja sabe. En 2006, Carlos La Mona Jiménez incluso le dedicó al asunto una canción, titulada justamente “Por portación de rostro”, en la que explica que ser “humilde” y tener “piel oscura” te convierte en blanco fácil de la policía. En fin, nadie podría decir que el agravante del “odio racial” no se aplicó en todo este tiempo por falta de víctimas o por falta de registro de que hay discriminación. Si no se utilizó es sencillamente porque la justicia argentina tiene un sesgo racial y de clase muy evidente: para comprobarlo, alcanza con comparar cómo lucen de las víctimas y qué aspecto tienen los jueces. 

Fue el fiscal de instrucción de la causa, Leonel Gómez Barbella, quien solicitó originalmente el agravante de odio racial que luego los jueces aceptaron en su fallo. Las 451 fojas demuestran que Lucas y sus amigos fueron seleccionados en virtud de estereotipos discriminadores, por su color de piel, por su vestimenta, por la zona de la que procedían. En la interacción con ellos los policías usaron términos como “villeritos”, “negros de mierda”, “villero de mierda” y otros, junto con la descalificación por ser de Florencio Varela.

Los considerandos del fallo explican largamente que en nuestro país corresponde no restringir el racismo a un “concepto biológico”, como el que estaba subyacente en los casos de la Alemania nazi o la Sudáfrica del Apartheid.

El fallo sorprende por la amplitud con la que interpretó el término “odio racial” y por el esfuerzo por entender su especificidad en el marco del racismo argentino. En efecto, los considerandos explican largamente que en nuestro país corresponde no restringir el racismo a un “concepto biológico”, como el que estaba subyacente en los casos de la Alemania nazi o la Sudáfrica del Apartheid. Tampoco podría en la Argentina restringirse el “odio racial” a aquél que se manifiesta contra “las características étnicas de un grupo de personas unidas por el origen y el linaje”. En nuestro país el racismo tiene una dimensión “biológica-antropológica”, pero también hace foco en otra, que es “una construcción social y cultural”. Vale la pena citar directo de la argumentación del fallo:

“El odio racial indudablemente existe y se manifiesta en la Argentina mediante discriminación contra aquellas personas esencialmente no blancas, entendido ello, no en el sentido de color de piel, sino en un sentido peyorativo. El ‘negro’ en la argentina -desde la perspectiva racista-, supone una categoría de persona limitada intelectualmente, a quien se lo descalifica, desprecia, que tiene otras costumbres, gustos y cultura que se desmerecen, que suelen encontrarse en situaciones de vulnerabilidad y pueden provenir del interior del país o de países limítrofes y suelen asentarse en el peor de los casos en barrios de emergencia. En definitiva, tiene una posición socioeconómica baja y, si a ello se suma que su piel puede ser morocha, oscura o marrón, la discriminación y el odio racial, cobran mayor énfasis” (p. 388).

Para decirlo en otras palabras, lo que el fallo argumenta es que raza y clase, en el contexto argentino, se entrelazan. La piel morena que tiene una parte de nuestras clases populares se desborda sobre los cuerpos de todos los pobres, incluyendo los de pieles más claras. El racismo contra lo que se denomina “los negros” puede o no hacer foco en personas de tez oscura. Todos son “los negros”. Como indica la frase habitual entre los racistas argentinos, se puede ser blanco y ser de todos modos un “negro de alma”. Y se sabe que un pobre es “del los negros” sin necesidad de ver la tonalidad de su piel. En el caso de Lucas, la tez morena se sumaba a la pertenencia a la clase baja. Pero otro joven de piel blanca también podría haber sido objeto de odio racial por ser “un negro”. La amplitud de la interpretación que propone el fallo abre la puerta para utilizar la figura del “odio racial” de manera adecuada al contexto argentino. Porque el odio a un pobre por ser “un negro” queda aceptado como odio racial, sin importar cómo sea exactamente el cuerpo sobre el que cae. Ya no habrá excusas para no invocar ese agravante cuando el caso lo amerite.

Un último ingrediente del fallo merece ser destacado, y es el hecho de que se nutra de los aportes del movimiento antirracista y de la academia locales. En efecto, los considerandos retoman argumentos que el colectivo Identidad Marrón presentó en un libro reciente, en referencia a la violencia policial que padecen los cuerpos marrones. No cabe duda de que los debates públicos en torno del racismo que Identidad Marrón colaboró a instalar en los últimos años están detrás de la decisión del fiscal y de los jueces de introducir el agravante de marras. El propio término “marrón”, que ese colectivo instaló, aparece utilizado por los magistrados. Consultado para esta columna, Alejandro Mamani, abogado especialista en Derechos Humanos y referente de Identidad Marrón, destacó la importancia del fallo y su relación con el activismo antirracista: “El fallo es el fruto de una militancia, pero no solo de Identidad Marrón, es la muestra de un movimiento sociohistórico avanzando en términos de debate social, es la muestra de un debate en ascenso en América Latina”. En ese sentido, trazó una vinculación entre este caso y la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2020 contra el estado argentino por la muerte del activista afro José Delfín Acosta Martínez a consecuencia de las lesiones que recibió en un arresto policial indebido. Según Mamani, esa fue también la primera sentencia de la Corte que aludió explícitamente al “racismo”, lo que habla de un cambio de época.

El fallo por Lucas también cita ampliamente un trabajo de Mario Margulis, un sociólogo argentino que fue pionero, desde fines de la década de 1990, en el estudio de las especificidades del racismo en nuestro país. Ese trabajo, de hecho, es el que ayudó a los magistrados a encontrar el marco amplio adecuado para la aplicación del “odio racial” en nuestro contexto.

Hoy que la barbarie derechista se cierne sobre ambos, valga destacar todo esto a modo de recordatorio de la importancia que tiene el activismo a la hora de abrir debates que ayuden a garantizar y reforzar nuestros derechos y garantías elementales. Y de la que tiene la investigación en ciencias sociales a la hora de proporcionar perspectivas de análisis que puedan traducirse, como en este caso, en cambios concretos y trascendentales en el modo en que organizamos la vida en sociedad.

EA

Un fiscal pidió que vaya a juicio oral el oficial de la Policía de la Ciudad acusado de proporcionar el arma que se “plantó” en la escena del crimen del adolescente Lucas González para simular un enfrentamiento. Se trata del efectivo Facundo Agustín Matías Torres, que al momento del asesinato en noviembre de 2021, se desempeñaba como oficial de la Comisaría Vecinal 4D.

Según detalló la Procuración General de la Nación en su página web, el fiscal Leonel Gómez Barbella y la auxiliar María Victoria Fiore solicitaron a la jueza Nacional en lo Criminal y Correccional 7, Vanesa Peluffo, que Torres sea juzgado como “coautor” de “falses ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas”.

Las pruebas para imputar a este nuevo oficial surgieron del juicio oral que terminó el pasado 11 de julio con las condenas a prisión perpetua para Gabriel Alejandro Issasi, el oficial mayor Fabián Andrés López y el oficial Juan José Nieva. Los tres fueron sentenciados por el delito de “homicidio quíntuplemente agravado por haber sido cometido con arma de fuego, alevosía, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser integrantes de una fuerza de seguridad”.

En el marco de ese mismo juicio, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25 porteño, otros seis policías recibieron penas de entre 4 y 10 años de cárcel. Se trata de Sebastián Jorge Baidón, Roberto Orlando Inca, Juan Romero, Rodolfo Ozán, Fabián Di Santos y Héctor Cuevas. Fue precisamente este último quien acusó a Torres. En el juicio, declaró que este le dio a Issasi el arma para colocar en el auto que conducían Lucas y sus amigos al momento de ser tiroteados por los oficiales.

“La prueba recolectada conduce a afirmar con convicción que el imputado estaba en cabal conocimiento de lo acaecido con los damnificados y participó activamente del plan armado posteriormente para justificar el accionar de los miembros de la Brigada”, explicó la fiscalía.

Según especificaron en el requerimiento de elevación a juicio, inmediatamente después del presunto “enfrentamiento armado”, el acusado fue con Issasi a la dependencia policial donde prestaba funciones para recoger el arma de utilería que luego pondrían en el vehículo de las víctimas.

Esta hipótesis se ve reforzada por evidencia previamente recopilada como la conversación que Cuevas mantuvo al día siguiente. “Lo que hicieron los polis no tiene nombre” “unos dementes” y “encima le ponen una pistola de juguete” son algunas de más destacadas de esa comunicación.

Qué sucedió la noche del crimen de Lucas González

Lucas y sus amigos fueron atacados a balazos por oficiales el 17 de noviembre de 2021 cuando regresaban de entrenar en el club Barracas Central en un Volkswagen Suran. En el cruce de las avenidas Iriarte y Vélez Sárfield, fueron interceptados por un móvil policial de la Brigada 6 de la Comuna 4.

Como no contaban con identificación policial, los jóvenes pensaron que se trataba de ladrones e intentaron escapar, lo que impulsó a los efectivos a iniciar una balacera contra el vehículo. Dos disparos impactaron en la cabeza de Lucas, lo que le provocó la muerte. Sus tres amigos, en tanto, fueron detenidos y trasladados al instituto de menores Inchausti, donde fueron liberados al día siguiente.

Luego del crimen, los efectivos involucrados montaron un operativo para encubrir lo sucedido y fingir un escenario de tiroteo con delincuentes. Fue en este contexto que implantaron el arma de Torres en el auto.

Con información de agencias.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 25 acaba de emitir un fallo en el juicio por el asesinato de Lucas González a manos de la Policía porteña en 2021. Lucas tenía entonces 17 años y salía de entrenar con sus amigos, cuando, sin motivo alguno, por simple portación de rostro, policías que no se identificaron como tales persiguieron el auto en el que iban. Una de las balas que les dispararon impactó en el cuerpo de Lucas. 

El fallo es una muestra más de que la policía que creó Macri en la ciudad de Buenos Aires, la misma que Horacio Rodríguez Larreta considera “un orgullo para la Argentina”, está fuera de control. Y fuera de la ley. No es solo el hecho de que tres oficiales hayan asesinado sin motivos a un pibe: la investigación dejó también probado que otros tres comisarios, un subcomisario y dos oficiales participaron luego del encubrimiento del crimen y que se aplicaron torturas a los chicos que acompañaban a Lucas. No es una manzana podrida: es la institución entera. 

El fallo es importante porque, además, aplica por fin el causal de agravante de “odio racial” que la justicia argentina sistemáticamente elude en este tipo de crímenes. Recordemos que en el caso del asesinato de Fernando Báez Sosa a manos de un grupo de rugbiers, el fiscal se había negado a aplicar esa figura, incluso si el homicida le gritaba “villero” y “negro de mierda” a la víctima mientras la ultimaba. En el caso de Lucas, los jueces tuvieron en consideración la dimensión del odio racial que se evidenció en el ataque policial. Si los policías persiguieron a esos chicos y les dispararon sin motivo, fue por su aspecto físico. Lo que además dejaron en claro cuando les gritaron “negros de mierda” apenas los detuvieron, segundos después de haber matado a Lucas y poco antes de aplicarles torturas. Si sus cuerpos fueron objeto de esa violencia absurda, fue porque no eran lo suficientemente blancos. La madre de Lucas lo tiene bien claro: “me lo mataron por el color de piel”.

El caso debería funcionar como un llamado de atención para los medios de comunicación, que reportan lo que la policía les dice, sin chequear la información. Las portadas de los diarios del día siguiente al homicidio son vergonzosas: presentan el caso como un tema de “inseguridad” e informan que “un ladrón fue baleado en la cabeza”.

Pero, sobre todo, debería convocar a la reflexión a quienes, sorprendentemente, siguen negando que exista el racismo en la Argentina o, peor, apañando y justificando a quienes agreden a otros por su color de piel. Nuestros representantes políticos tienen la responsabilidad de esclarecer y alertar sobre este tema. Pero, lamentablemente, no todos están a la altura.

En 2019 una referente del PRO generó un brevísimo escándalo en redes sociales con su afirmación de que “el racismo no es un issue en Argentina” (“issue” significa “tema” o “cuestión” en inglés). Lo decía en referencia a las agresiones que acababa de recibir Brian Gallo, otro joven a quien se había tildado de “chorro” por su mero color de piel. Justamente, la misma presunción que causó la muerte de Lucas. Su notoria falta de contacto con la realidad nacional no fue obstáculo para que resultase electa Diputada de la nación poco después.

En estos días comprobamos que, en la Argentina, ser racista no parece ser impedimento para aspirar a cargos electivos. El PRO postuló a Franco Rinaldi como primer candidato a Legislador porteño. Sus antecedentes de agresiones homofóbicas, misóginas y racistas eran bien conocidos: entre otras linduras, había llamado a “matar a los morochos”, entre otros insultos contra “los negros”. Cuando, como era de esperar, se hicieron cuestionamientos públicos, el PRO no solo lo sostuvo, sino que salió a justificarlo con uñas y dientes. Había dicho esas cosas en su “vida anterior” como youtuber. Como si la “vida anterior” de un político no nos dijese mucho sobre quién es. Y como si no lo hubiesen postulado, justamente, por la notoriedad que se ganó en esa “vida anterior” (que por otro lado duró hasta el minuto anterior a que se conociese su candidatura).

La diputada que había negado que el racismo existiese escribió una nota vergonzosa en su apoyo, en la que lo transforma de victimario en víctima. Rinaldi sería una víctima más de la “cultura de la cancelación” que amenaza nuestra libertad de expresión. En su texto, la diputada convoca a toda una serie de autores académicos prestigiosos como marco teórico de su argumento (los que, sin embargo, no la salvaron de atribuir a Voltaire una frase que se sabe que nunca dijo y de ubicar al filósofo en “el siglo XVII”). 

La polémica ya iba quedando en el olvido cuando Rinaldi finalmente debió bajarse de la candidatura. La DAIA denunció que también había tenido frases de antisemitismo abierto. Rinaldi no fue “cancelado”. Su espacio político finalmente lo bajó porque le restaba votos. Porque –vean qué pretensión la nuestra– preferimos no votar gente racista. Jorge Macri lo despidió con lágrimas, como si viese partir a un patriota.

Invocar la “cultura de la cancelación” en casos como este resulta francamente perverso. Sería legítimo discutir si existen imperativos de “corrección política” que hoy coartan y cercenan el debate público (yo creo que sí). Pero el eslogan “cultura de la cancelación” va más allá y es él mismo un instrumento para censurar y limitar las opiniones de los demás. Porque, quitando las personas a quienes se cuestionó por delitos penales que dieron lugar a condenas judiciales ¿Cuántos casos hubo de personas efectivamente “canceladas” por esas críticas? ¿Cuántas de ellas perdieron realmente sus trabajos o dejaron de tener voz en los medios de comunicación? Los casos son contadísimos. En particular en nuestro país, se puede decir cualquier barbaridad y continuar con el micrófono abierto. Lo contrario es más habitual: quienes se quejan de haber sido “cancelados” continúan con sus carreras o incluso progresan en ellas (como la propia Diputada, que fue premiada con una candidatura y resultó electa a pesar de la “cancelación” que dice haber sufrido antes, por haber reclamado que la Argentina reconozca las Malvinas como territorio legítimo del Reino Unido). El único Diputado que recuerdo que fuese eyectado de su cargo sin mediar delitos fue el kirchnerista que, en 2020, besó el pecho de su pareja sin saber que tenía la cámara encendida. Allí no hubo gritos por la “cultura de la cancelación” y la cosa fue bastante sumaria. Lo que dice mucho de la jerarquía de nuestros valores morales: besar un pecho pensando que nadie lo ve es indigno de un representante, pero llamar abiertamente a matar negros, bueno, no lo es tanto.

Quien grita “cultura de la cancelación” suele ser el que, desde posiciones de poder o reforzando nociones complicadas del sentido común –machismo, clasismo antipobre, homofobia, xenofobia, islamofobia, racismo–, desea continuar con su prédica de odio sin que nadie lo moleste ni le exija que rinda cuentas. Como dice Natalí Incaminato, hoy se llama “cancelación” a cualquier tipo de reacción pública contra algo o alguien. La denuncia de una “cultura de la cancelación” tiene el efecto perverso de cancelar el debate público en nombre de una libertad de expresión que sin embargo cercena. Se puede decir “hay que matar a los morochos”, como Rinaldi. Pero no se puede decir “Rinaldi no debería ser electo legislador porque es racista”. Eso sería “cancelación”.  

Volvamos a poner las cosas al derecho. Tenemos derecho, como sociedad, a ejercer la libertad de expresión. Siempre. Mucho más, a pedir que rindan cuentas por sus palabras y por sus actos quienes aspiran a representarnos. Y no puede escudarse en el derecho a la libre expresión quien incita al odio racial. Porque decir “negros de mierda” en redes sociales es parte del entramado del racismo que hizo que un policía percibiera el cuerpo de Lucas como un cuerpo sin valor y le metiera, por las dudas, una bala en la cabeza. Las palabras pronunciadas tienen consecuencias. Deberían saberlo todos, pero más que nadie quienes ocupan cargos públicos. 

EA

La Cámara del Crimen confirmó el procesamiento con prisión preventiva para el policía de la Ciudad Facundo Agustín Matías Torres, el último detenido por el encubrimiento del homicidio del joven futbolista de Barracas Central Lucas González.

Torres está sospechado de haber sido quien aportó el arma de juguete que fue “plantada” en el automóvil en el que viajaba Lucas González y sus tres acompañantes para fingir un enfrentamiento que jamás existió.

El tribunal, integrado por los jueces Ignacio Rodríguez Varela y Hernán Martín López, dio “por acreditado que Torres, a los pocos minutos del tiroteo, se dirigió junto a uno de sus protagonistas hasta la seccional policial, donde ingresó rápidamente para tomar la réplica (del arma) y entregársela a su acompañante, a quien después trasladó hasta donde se hallaba la Volkswagen Suran en cuyo interior fue aquella colocada”.

“La prueba recabada conduce a afirmar con convicción que el imputado estaba en cabal conocimiento de lo realmente ocurrido con los damnificados y participó activamente del plan urdido posteriormente para justificar el accionar de los miembros de la brigada”, coincidieron los camaristas.

Según la resolución, “la actuación de Torres, a la par, contribuyó a sostener la existencia de un supuesto ataque hacia los efectivos preventores, hipótesis en torno a la cual se promovió la consulta judicial, que derivó en la prolongada privación ilegal de la libertad de los menores” sobrevivientes.

La situación de Torres quedó expuesta durante el juicio oral en el que tres policías de la Ciudad fueron condenados a prisión perpetua por el homicidio de Lucas González y otros recibieron penas menores por encubrimiento, privación ilegal de la libertad y torturas.

El oficial Héctor Claudio Cuevas, quien fue condenado a cuatro años de prisión en el juicio oral, se quebró y contó la secuencia en la cual Torres y uno de los condenados a perpetua, el policía Gabriel Isassi, fueron hasta una comisaría a buscar la réplica del arma para plantarla en la escena del crimen.

“Los detalles del ilegítimo accionar desplegado ese 17 de noviembre de 2021, se condicen el resultado de los informes de geolocalización remitidos por la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad sobre los movimientos de Torres a bordo de la motocicleta tuvo asignada ese día”, acreditó el tribunal.

“Se logró captar, a través de las cámaras de seguridad, el desplazamiento de Torres al mando del motovehículo y de Gabriel Alejandro Isassi como su acompañante (tal como fuera referido por Cuevas)”, sostuvieron los camaristas.

La descripción agrega además que el subcomisario Roberto Inca, a cargo del operativo, “efectuó la demorada consulta judicial recién cuando Isassi se retiró con Torres del lugar donde se había materializado la detención de los damnificados; es decir, una vez que la réplica del arma de fuego había sido ya plantada en el vehículo”.

Torres está procesado por “encubrimiento agravado por su condición de funcionario público y ser el delito precedente especialmente grave, en concurso ideal con privación ilegal de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público que obró con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por ley”.

Sus bienes fueron embargados hasta cubrir la suma de 1,2 millones de pesos.

NB con información de NA.

Gregorio Dalbón, el abogado de la familia de Lucas González, sostuvo que la Justicia emitió “el fallo más importante desde el regreso de la democracia” tras conocer las penas contra los 14 efectivos de la Policía de la Ciudad y se mostró conforme por el veredicto.

“Es el fallo más importante desde que la democracia ha vuelto al país. Es el fallo más importante en relación a lo que es que el Estado mate y por el color de la piel. Esto va a ayudar a que nunca más maten por el color de la piel. Se condenó a la mafia. No olviden que los chicos fueron presos y ellos se fueron a tomar champagne esa noche”, sostuvo.

Luego de que los jueces Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero y Ana Dieta de Herrero sentenciaran a prisión perpetua a Gabriel Alejandro Isassi, Fabián Andrés López y Juan José Nieva por el crimen del adolescente de 17 años, el letrado sostuvo que se trató de “una sentencia histórica”.

A pesar de que el Tribunal absolvió a cinco de los 11 imputados en el caso, el defensor remarcó: “Son 9 condenas sobre 14 y me quiero dedicar a eso. Después estudiaré y evaluaré cuál de las absoluciones vale recurrir”.

“Le dieron perpetua a los tres y les metieron cinco agravantes, entre ellos el placer y el odio por racismo. Nombraron a las víctimas como víctimas de violencia institucional. Es una sentencia histórica en la Argentina, para que no haya más un Lucas González y para que nunca más la Policía nos mate”, opinó Dalbón.

Sobre cómo tomaron la condena la madre y el padre de la víctima, Dalbón destacó: “Estaban muy emocionados porque lo que buscábamos era la perpetua y el agravante de racismo. Hemos conseguido que los llamen como víctima de la violencia institucional”.

“Esto es el principio porque lo que viene ahora es ir a los jefes. Acaban de decir que se extraigan testimonios para tratar de investigar al jefe de la Policía”, sentenció Dalbón. También hizo hincapié en el dictamen del Tribunal sobre la familia: “El reconocimiento como víctimas de violencia institucional está diciendo que las mató al Estado”.

En cuanto a los condenados, indicó que “se van a morir en la cárcel porque mataron a un futbolista, no a alguien que compraba droga”, indicó.  El letrado también manifestó que esta condena es ejemplar y que permitirá que “jamás le arrebaten el sueño a otro chico”.

Héctor González, parde de Lucas, expresó entre lágrimas a la salida del tribunal porteño: “Estoy feliz, se hizo justicia”. “Le pido a Lucas que me de fuerzas para seguir adelante. Le agradezco a la gente y a mi familia”, dijo. Por último, remarcó que no siente bronca ni enojo con los policías de la Ciudad.

Las cámaras de televisión captaron el momento en el que González se abrazó con el abogado Dalbón.

LC con información de agencia NA

El tribunal que condenó a prisión perpetua a tres policías por el asesinato de Lucas González y por tentativa de homicidio de sus tres amigos, pidió este martes que además se extraigan los testimonios que brindaron el jefe y el subjefe de la Policía de la Ciudad,para investigar su actividad en el marco del caso.

“Se ordena extraer testimonios del jefe y subjefe de la Policía de la Ciudad a raíz de los hechos denunciados por (el imputado) Ángel Darío Arévalos en sus últimas palabras y remitirlos al juzgado en lo Criminal y Correccional número 7, donde quedó radicada la denuncia de la doctora Natalia Paola Arévalos durante los alegatos”, señaló el Tribunal Oral en lo Criminal 25 en uno de los puntos del veredicto leído este mediodía.

El 26 de junio pasado, la abogada Natalia Arévalo, codefensora y hermana del imputado por el encubrimiento Ángel Darío Arévalo, declaró en su alegato contra la cúpula de la policía porteña, el comisario general Gabriel Berard y el subjefe Oscar Cejas.

“La madre de Lucas merece saber la verdad, quienes son los verdaderos encubridores de esto, no son los de menor jerarquía, sino que viene de más arriba”, dijo la letrada visiblemente conmocionada durante su alegato. Recordó también que tras el arresto de su hermano intentó muchas veces contactarse con las autoridades de la Policía de la Ciudad, cosa que pudo concretar el 23 de febrero de 2022, a más de dos meses de la detención.

“Pensábamos que nos iban a dar una respuesta y la verdad que nos encontramos con lo peor que le pueden decir a una familia en ese momento, ya que el jefe de policía y el subjefe nos dijeron algo que no puedo olvidar, que no puedo sacar de mi mente: 'Nosotros sabemos que sus familiares son inocentes, pero no podemos hacer nada porque esto es un tema político y no queremos que llegue a nosotros'”, detalló.

Arévalo agregó: “Le respondí: 'si ustedes me afirman que mi hermano es inocente es porque saben quién es responsable', a lo que se miraron y no dijeron nada. Yo ahí entendí que no teníamos en quién confiar”.

“Es muy difícil para mí alegar porque se trata de mi hermano y este es un caso aberrante. Lo tenía que contar porque la verdad se tiene que saber”, finalizó la abogada para y darle paso a su socio Ramón Salto, quien solicitó que Arévalos sea absuelto ya que consideró que “nunca encubrió” y que solo recibió la orden de Cuevas de perimetrar la zona.

LC con información de agencia Télam

Cintia López, la mamá de Lucas González, el adolescente asesinado por policías en el barrio de Barracas en noviembre de 2021, dijo este martres que no va a perdonar a los efectivos de la Policía de la Ciudad que mataron a su hijo, y que espera que los asesinos “no salgan nunca de la cárcel”, así como su hijo “no va a salir más del cementerio”; mientras que el padre de la víctima, Héctor “Peca” González, adelantó que pedirá una audiencia con el jefe de Gobierno porteño, para que el 17 de noviembre, día del crimen de su hijo, no sea más el día de la policía porteña.

“Si hasta el momento no hubo arrepentimiento, creo que hoy no va a haber. De mi parte, no los voy a perdonar, que los perdone Dios”, expresó entre lágrimas Cintia a la prensa en la puerta de los tribunales de Comodoro Py 2002, donde el Tribunal Oral en lo Criminal 25 dará a conocer durante esta jornada el veredicto en el juicio a los tres policías acusados del homicidio de Lucas y a otros 11 imputados por el encubrimiento del hecho.

La mujer dijo que llega “destrozada” a este día en el que no sólo se conocerá el veredicto del juicio sino que también es su cumpleaños.

“Yo no tendría que estar acá hoy. Yo tendría que estar en mi casa con mi hijo festejando mi cumpleaños. Me la destrozó, estoy muerta en vida, no tengo vida, no tengo rumbo”, agregó.

Cintia espera que los jueces le den a los asesinos de su hijo “la misma condena” que hoy cumple su hijo asesinado.

“Cuando yo saque a mi hijo del cementerio quiero que ellos salgan de la cárcel, o sea, nunca. Yo a mi hijo no lo voy a sacar nunca del cementerio, quiero que ellos no salgan nunca de la cárcel”, explicó.

Por su parte, el papá de la víctima, “Peca” González, dijo que espera la prisión “perpetua” para los asesinos de su hijo y las penas que pidió su abogado, Gregorio Dalbón, para los otros 11 policías juzgado por el encubrimiento.

“Ojalá que Lucas ponga en manos del tribunal que se haga justicia y que le dé el mejor regalo a su madre en el día de su cumpleaños”, afirmó.

El papá de Lucas comentó que está convencido que en este caso hubo un componente de “odio racial” y “discriminación”, por el solo hecho de que su hijo y sus amigos eran “morochitos”.

“Estigmatizaron, lo discriminaron, los vieron dos veces porque eran morochos. Salen de una villa, de la 21-24 de un barrio carenciado como es el de Barracas, salieron de entrenar. Lo vieron, lo eligieron, lo esperaron, me lo acribillaron, me lo torturaron y me lo quemaron con cigarrillo”, dijo González.

A su vez, anunció que le pedirá una audiencia con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para que cambie el día de la Policía de la Ciudad.

“Ese día, 17 de noviembre, se cumplía el aniversario de la Policía de la Ciudad y ese día fue la peor noticia y la tragedia más grande que nos tocó vivir en nuestra vida y estamos padeciendo. Le voy a pedir con todo respeto que el 17 de noviembre no sea más el día de la Policía de la Ciudad, que elija otro día porque ese día nos arruinó la vida a nosotros, que cambien esa fecha porque la Policía de la Ciudad se merece ser conmemorada, pero los buenos policías”, explicó.

También pidió que a los policías “no les den ningún beneficio” y “cumplan lo que tengan que cumplir” porque a Lucas “no le dieron oportunidad de vivir, no se pudo defender”.

“Nos quitaron un hijo, es la tortura misma, día a día”, concluyó.

Con información de agencias.

IG

Los jueces Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°25 porteño, condenaron a a los policías acusados de matar a Lucas González, el adolescente de 17 años que fue asesinado el 17 de noviembre de 2021, en la entrada de la villa Zavaleta en Barracas.

Los principales acusados son el inspector Gabriel Alejandro Isassi (42), el oficial mayor Juan José López (48) y el oficial Fabián Andrés Nieva (38), miembros de la División Brigadas y Sumarios 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad.

Así, Isassi recibió la pena de prisión perpetua, según determinó el tribunal. López y Nieva también recibieron la misma pena.

Los tres no solo fueron condenados por el crimen de Lucas. También se los acusó de intentar matar a los tres amigos del joven que lo acompañaban en el auto al momento del hecho. La causa fue instruida por el fiscal Leonel Gómez Barbella. También se los acusó de privación ilegítima de la libertad y falsedad ideológica.

Por otra parte, otros 12 policías fueron acusados en la causa por encubrir el hecho, con imputaciones como privación ilegítima, torturas y falsedad, agravada por su condiciones de policías. Otros dos fueron acusados de falso testimonio.

Héctor Cuevas fue condenado a 4 años de prisión por ayudar a Isassi a alterar las pruebas del delito, un hecho agravado por su condición de policía. Juan Horacio Romero recibió 6 años por encubrimiento, particularmente por ayudar a Isassi.

La sentencia se leyó en el auditorio AMIA de los tribunales de Comodoro Py, con su planta baja y primer piso colmados, junto a una fuerte manifestación de familiares, amigos y organizaciones sociales en la calle. El proceso, que se inició el 16 de marzo, incluyó más de 50 testigos, entre ellos el ex ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, que complicó con su relato a los policías acusados.

Antes los imputados hicieron uso de su derecho a expresar sus últimas palabras.

La fecha coincide con el cumpleaños de Cintia López, madre de Lucas, contó a Télam Héctor 'Peca' González, padre del adolescente asesinado, quien convocó a quienes se quieran acercar a la puerta de los tribunales “con una camiseta de fútbol o una bandera de Argentina”, porque “el fútbol era lo que más amaba Lucas”.

Durante las 18 audiencias en las que se extendió el debate oral, se juzgó las actuaciones del inspector Gabriel Alejandro Isassi (42), el oficial mayor Juan José López (48) y del oficial Fabián Andrés Nieva (38), miembros de la División Brigadas y Sumarios 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad, imputados por el crimen de Lucas (17) y la tentativa de homicidio de sus tres amigos, Joaquín Zúñiga (19), Julián Salas (19) y Niven Huanca (19).

Además, se debatió sobre la participación de otros 11 efectivos porteños de distintos rangos en el encubrimiento de hecho y las posteriores torturas para los tres sobrevivientes.

En su alegato, el fiscal general Guillermo Pérez de la Fuente solicitó que los tres miembros de la Brigada 6 de la Comuna 4 sean condenados como coautores del delito de “homicidio agravado por haber sido cometido con arma de fuego, alevosía, por odio racial y por placer, en concurso premeditado de dos o más personas y por ser integrantes de una fuerza de seguridad, y falsedad ideológica y privación ilegítima de la libertad” en perjuicio de Lucas, y por la “tentativa de homicidio” de sus tres amigos.

El representante del Ministerio Público Fiscal dijo que los tres policías porteños “actuaron como cazadores que esperan a una presa”, ya que los “emboscaron y les tendieron una trampa”, al tiempo que afirmó que “no les dieron a las víctimas ni la mínima capacidad de defensa”.

El pedido fue apoyado por el abogado de la querella, Gregorio Dalbón, quien en su alegato describió a Isassi, López y Nieva como “tres mafiosos asesinos”, que “vieron bajar a Lucas con una gorrita blanca” y que, en ese momento, “lo eligen por el color de piel”, para luego seguirlos hasta interceptarlos y dispararles “de frente, oblicuo y de atrás, a zonas vitales”.

“El agravante por el odio racial debe ser incluido al momento de dar sentencia. Los imputados fueron a la caza y posterior extermino de uno de ellos”, sostuvo.

En tanto, el fiscal Pérez de la Fuente solicitó penas de prisión de entre los 4 y 17 años de prisión para los policías imputados por el encubrimiento del hecho, la privación ilegal de la libertad de los adolescentes y el abuso de sus funciones como funcionarios públicos.

“Tengo acreditado que los comisarios Daniel Alberto Santana (53), Rodolfo Alejando Ozán (54), Fabián Alberto Du Santos (52), Juan Horacio Romero (51); el subcomisario Ramón Jesús Chocobar (49), Roberto Orlando Inca (47); y el principal Héctor Claudio Cuevas (51) privaron ilegítimamente de su libertad a Lucas, Joaquín, Julián y Niven abusando de sus funciones, actuando de manera arbitraria”, aseguró el fiscal.

Para ellos, los imputados de más altos rangos, solicitó la pena de 11 años de prisión y 10 de inhabilitación para ejercer cargos públicos, excepto de Cuevas, de quien pidió cuatro años al considerar que en su testimonio durante el debate oral sirvió para determinar que los comisarios y subcomisarios sabían que no se trató de un enfrentamiento armado con delincuentes, como lo habían modulado los policías de la Brigada.

En tanto, para los oficiales Jonathan Alexis Martínez (35) y Ángel Darío Arévalos (34) pidió 6 años, para Daniel Rubén Espinosa (33) 5 años y para Sebastián Jorge Baidón (28) 17 años de prisión, ya que lo consideró autor de las torturas que padecieron las víctimas.

Por otro lado, Dalbón solicitó que todos los comisarios, subcomisarios y los oficiales Martínez, Arévalos y Espinosa sean condenados a 20 años de prisión al considerar que, además de ser coautores de los delitos de encubrimiento, privación ilegal de la libertad y el abuso de sus funciones, omitieron las torturas que sufrieron los menores de edad.

Dalbón, en tanto, solicitó la pena de 30 años de cárcel efectiva para Baidón, ya que afirmó que fue él uno de los que torturó a los menores, luego de que Zúñiga lo señaló en una de las primeras audiencias como quien lo esposó, lo puso boca abajo y le dijo “¿Así que sos de Varela, pedazo de villero? Mirá cómo mataste a tu amigo”.

Por último, el abogado de la familia de Lucas solicitó al TOC 25 la condena a tres años y medio para Cuevas, de quien no acusó por la comisión de torturas a los menores.

El testimonio de Cuevas durante el debate oral derivó el pasado el 3 de junio en la detención del oficial Facundo Matías Torres, a quien acusó de haber sido quien en su moto fue a buscar a la comisaría y trajo junto al policía Isassi el arma de juguete plantada en el auto de las víctimas con el fin de simular un enfrentamiento con supuestos delincuentes.

Finalmente, las defensas de los 14 policías porteños imputados en la causa solicitaron las absoluciones de todos al considerar, en el caso de los acusados del encubrimiento, que no participaron en dichas maniobras, mientras que los señalados como autores del homicidio aludieron que “obraron en cumplimiento del deber, en legítima defensa y sin ningún dolo previo”.

Durante el debate en curso se inició una investigación contra el jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard, al considerar, tras el testimonio de Cuevas y de dos de los abogados defensores en sus alegatos, que la máxima autoridad policial porteña estaba al tanto de lo ocurrido durante la jornada donde fue asesinado Lucas.

Lucas y sus amigos fueron atacados a balazos el 17 de noviembre de 2021 cuando salieron de entrenar del club Barracas Central y regresaban a sus casas a bordo de un Volkswagen Suran y fueron interceptados por un Nissan Tiida en el que circulaban tres policías de la Brigada 6 de la Comuna 4 a la altura del cruce de las avenidas Iriarte y Vélez Sarsfield.

Como no tenían identificación policial, los chicos pensaron que podían ser ladrones e intentaron escapar, momento en que los efectivos les dispararon y dos balazos impactaron en la cabeza de Lucas, quien murió al día siguiente en el hospital El Cruce de Florencio Varela.

Los menores, en tanto, fueron esposados y trasladados en calidad de detenidos al instituto de menores Inchausti, donde fueron liberados al día siguiente tras determinar que no se trataban de delincuentes sino de adolescentes que habían salido de un entrenamiento de fútbol.

Con información de Télam.

IG

Lucas González quedó tendido en el asiento del acompañante del auto modelo Suran en el que había salido de la cancha Cacho, en el predio del Club Barracas Central lindero al barrio 21 - 24. Quien le disparó al menos dos veces lo hizo de frente. Fue el 17 de noviembre de 2021 y por el crimen están siendo juzgados quince policías de la Ciudad. Tres de ellos formaban parte de la Brigada 6 y esa mañana patrullaban la zona.

El inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial Juan José Nievas abrieron fuego contra el auto en el que iba Lucas junto a tres amigos. Los esperaron para emboscarlos y luego, indica la prueba, modificaron la escena. Dijeron que los adolescentes eran ladrones y que ellos habían actuado para “evitar un robo”. Otros doce policías están imputados por abusos y privación ilegítima de la libertad. A todos les imputan el delito de encubrimiento. El veredicto se conocerá a mediados del mes próximo.

“Ellos eligieron a los chicos porque eran morochos que usaban viseritas. 'Cuatro pendejitos que salían de la villa' como les dijeron, aunque ellos insistían en que eran jugadores de fútbol. Es un crimen cometido por odio racial por ser negritos. Iriarte y Luna, donde empezó todo, es una peatonal, un mundo de gente. Los vieron, lo esperaron y los cazaron”, dice Héctor González, el padre de Lucas. El juicio contra los quince policías, todos integrantes de la fuerza de seguridad porteña, arrancó en marzo. Hay prueba de sobra contra los tres agentes que dispararon contra el auto de los chicos: mensajes y audios que los comprometen, imágenes de las cámaras de seguridad y declaraciones de testigos.

Isassi, López y Nievas patrullaban esa zona de Barracas a bordo de un Nissan sin patente ni identificación policial (el auto no estaba ploteado ni llevaba balizas) y los agentes vestían de civil. Su coartada fue que pensaron que eran ladrones y actuaron en legítima defensa. Desde el principio, el fiscal de instrucción sospechó de esa versión. La prueba que colectó para elevar la causa a juicio determinó que los policías modificaron la escena: hicieron pasar a la víctima y los sobrevivientes por ladrones cuando que las imágenes de las cámaras de seguridad confirman que los eligieron. Plantaron, incluso, un arma en el auto de los chicos. Hace unos días, uno de los imputados se quebró y dijo quien había puesto un arma de juguete en la parte de atrás del auto.

A Lucas le habían disparado en la cabeza, pero estaba con vida cuando la ambulancia llegó al lugar. La médica que lo atendió declaró que uno de los policías gritaba a sus subordinados: “Nadie graba, nadie filma”. El adolescente murió al día siguiente en el hospital El Cruce, de Florencio Varela. El forense apuntó en el informe que, entre el pulgar y el índice, el chico tenía una marca compatible con la de un cigarrillo, un indicio de haber sido torturado. Un perito, que levantó pruebas en el lugar del hecho, observó que dentro del auto de los chicos había un equipo de mate en uso. A los jueces, les dijo: “Si salís a robar no vas tomando mates”. Isassi, López y Nievas están imputados por homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer y odio racial y por ser miembros de la fuerza policial. El resto, por abuso y encubrimiento, entre otros delitos. El asesinato alcanza a la cúpula de la Policía de la Ciudad.

“Quizás gracias a él Lucas pueda descansar en paz”

Héctor Cuevas, uno de los policías imputados, pidió -de manera sorpresiva- ampliar su declaración indagatoria. Confesó al Tribunal que él sabía que habían plantado un arma y dijo el nombre de quién lo hizo. Dijo que Facundo Torres, alias Cachorro, había llevado en la moto a Isassi a la comisaría, que él había tomado la réplica y que, a la vuelta, la había tirado atrás del auto en el que viajaban los adolescentes. Las cámaras de seguridad registraron el viaje de ida y de vuelta,

“Nosotros anhelábamos que uno de ellos llegara a quebrarse y eso pasó. Tardó un año y medio, pero pasó. Cuevas se acercó a darme la mano. En su declaración dijo que lo soñó a Lucas y que no quería ser parte del encubrimiento. Que eso lo llevó a decir la verdad. Nosotros pedimos que consideren esto en la sentencia. Se puso en lugar de padre y por eso estoy muy agradecido. Quizás gracias a él Lucas pueda descansar en paz”, dijo Héctor.

-Gregorio Dalbón, el abogado que te representa a vos y a los amigos de Lucas, habla de “mafia policial”. ¿Por qué?

-Es que hay tanta gente involucrada, hay tanto que está saliendo a la luz... Estamos hablando de un modus operandi, un sistema que ya tenían implementado. Porque no creo que lo hayan inventado esa mañana, no creo que hayan dicho “vamos a hacer esto” y que cada uno haya cumplido su función. ¿Por qué hay tantos rangos? ¿Por qué Cuevas (N. de la R.: el policía que se quebró) y pidió protección? Creo que “mafia” no le queda mal a esto. ¿Tantos iban a exponer su jerarquía, su prestigio, su trabajo como funcionarios públicos para defender a estos tres asesinos que se cruzaron por la vida de Lucas? Me pregunto cuántas veces lo hicieron, cuántas veces hicieron lo que le hicieron a Lucas y nunca salió a la luz.

-¿Cómo sigue la vida después de esto, Héctor?

Cada día es más difícil. Dicen que el tiempo cura todo pero perder a un hijo es muy doloroso. Es difícil vivir sin él decir, es insoportable. Nosotros giramos a su alrededor. Él nació y mamó fútbol. A los tres, cuatro años ya estaba pateando una pelota. A los seis ya estaban Racing. A los 13, en Defensa y Justicia. A los 16, en Barracas. Y nosotros amamos lo que él amaba. A las 5 de la mañana salíamos de casa. Él salía a cumplir un sueño y yo a traer el pan a la mesa. Y esas cosas me rompen el alma porque hoy salgo solo. Desde que él murió yo no trabajo, pero ya cuando termine todo esto tengo que volver a la vida. Y me pregunto cómo se hace, cómo se sigue. Hoy tengo fuerza porque tengo una lucha, pero después no sé cómo volver a la vida.

VDM/MF

El juicio por el asesinato de Lucas González entra en su etapa final. El fiscal pidió perpetua para los tres policías de la Ciudad que abrieron fuego contra el auto en el que viajaba el futbolista de Barracas Central y sus tres amigos en la mañana del 17 de noviembre de 2021, y penas de entre 17 y 4 años para los otros doce agentes que están siendo juzgados por abuso de poder, privación ilegal de la libertad y encubrimiento. Hoy, y a pedido de la fiscalía y la querella, el Tribunal ordenó que investiguen la actuación que tuvo en el caso el jefe de la fuerza, Gabriel Berard. Sucede que las defensas de dos de los policías plantearon en su alegato que la cúpula policial estaba al tanto de las maniobras desplegadas para encubrir a los asesinos de Lucas.

Augusto Nino Arena es el abogado defensor de Héctor Cuevas, el policía que llegó al juicio acusado de encubrimiento y terminó aportando información fundamental: que plantaron un arma en el auto en el que viajaban los chicos y el nombre de quién lo hizo. En su exposición, el abogado Nino Arena pidió la absolución de Cuevas y consideró que Berard tenía conocimiento de que no se había tratado de un enfrentamiento armado entre agentes porteños y delincuentes, como intentaron hacer creer los policías.

“Cuando declaró (el exministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo) D'Alessandro dijo que el jefe de Policía le contó que hubo un enfrentamiento armado. ¿Vamos a creer que el jefe de Policía de la Ciudad no sabía nada? Cuevas le tiene pánico a esta gente, pánico por su vida, la de sus hijas y esposa. ¿Realmente ustedes creen que el jefe de Policía no sabía?”, preguntó Arena a los jueces del TOC 25, a cargo del debate.

Más tarde, Natalia Arévalo, la codefensora y hermana del detenido por encubrimiento Ángel Darío Arévalo, también apuntó a la cúpula de la policía porteña: “La madre de Lucas merece saber la verdad, quienes son los verdaderos encubridores de esto, (los culpables) no son los de menor jerarquía, sino que viene de más arriba”. La abogada recordó que tras el arresto de su hermano intentó muchas veces contactarse con las autoridades de la Policía de la Ciudad, lo que pudo concretar el 23 de febrero de 2022, a más de dos meses de la detención. “Pensábamos que nos iban a dar una respuesta y la verdad que nos encontramos con lo peor que le pueden decir a una familia en ese momento, ya que el jefe de policía y el subjefe nos dijeron algo que no puedo olvidar, que no puedo sacar de mi mente: 'Nosotros sabemos que sus familiares son inocentes, pero no podemos hacer nada porque esto es un tema político y no queremos que llegue a nosotros'”, relató.

Tras la finalización de los primeros seis alegatos, los jueces dictaron un cuarto intermedio hasta el próximo jueves a las 9, cuando sea el turno de las exposiciones de las defensas del comisario inspector Daniel Alberto Santana (43), y de los comisarios Fabián Alberto Du Santos (52) y Juan Horacio Romero (51), y el subcomisario Roberto Orlando Inca (47), también juzgados por el encubrimiento del hecho y las torturas de los sobrevivientes.

Más cerca de la sentencia

Para el martes 4 de julio será el tuno del alegato de los abogados Fernando Soto y Martín Sarubbi, codefensores del inspector Gabriel Alejandro Isassi (42), el oficial mayor Fabián Andrés López (48) y del oficial Juan José Nieva (38), acusados del homicidio del adolescente. Finalmente, el jueves 6 se espera el alegato del oficial Sebastián Jorge Baidón (28), otro de los 11 agentes imputados por el encubrimiento. Fuentes judiciales confirmaron a Télam que el tribunal espera dar a conocer el veredicto entre el 11 y 13 de julio.

La fiscalía y la querella pidieron perpetua para Gabriel Isassi, Fabián López y Juan Jose Nievas, los tres policías que iban en el auto Nissan que esperó y emboscó a Lucas y sus amigos en la esquina de Perdriel e Iriarte. Eran de la Brigada 6 de la Policía de la Ciudad y el vehículo en el que se movían no tenía patente ni baliza policial, ni ningún tipo de ploteo que los identifique como policías. En la etapa de prueba del juicio, quedó claro que desde el primer momento modificaron la escena para hacer pasar el fusilamiento como una maniobra de prevención de un intento de robo. Las escuchas telefónicas, los mensajes que se enviaron, las imágenes de las cámaras de seguridad y la declaración de varios testigos los comprometen.

AS/

El fiscal que interviene en el juicio por el crimen de Lucas González, el adolescente de 17 años asesinado de un balazo en el barrio porteño de Barracas en noviembre de 2021, solicitó hoy la pena de prisión perpetua para tres policías de la Ciudad por haber disparado contra el joven y sus tres amigos “por placer y odio racial”.

Al alegar ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25, el fiscal Guillermo Pérez de la Fuente pidió la máxima pena para los tres integrantes de la Brigada 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad Gabriel Alejandro Isassi (42), Fabián Andrés López (48) y Juan José Nieva (38) como coautores del delito de “homicidio agravado por haber sido cometido con arma de fuego, alevosía, por odio racial y por placer, en concurso premeditado de dos o más personas y por ser integrantes de una fuerza de seguridad, y falsedad ideológica” en perjuicio de Lucas, y la “tentativa de homicidio y privación ilegal de la libertad” de sus amigos, Joaquín Zúñiga, Julián Salas y Niven Huanca.

Para el representante del Ministerio Público esos tres policías actuaron “como cazadores que esperan a una presa”, ya que “emboscaron y les tendieron una trampa” a los adolescentes cuando regresaban en auto a sus casas tras finalizar su entrenamiento en el club Barracas Central.

“Los quisieron matar porque podían, porque querían, porque pensaban que iban a salir impunes y porque actuaban con prejuicios sociales, de clases. El joven que murió de 17 años, y que no tenía que morir ese día, es Santiago Lucas González”, expresó Guillermo Pérez de la Fuente en referencia a los tres acusados, sobre quienes dijo que “apuntaron con sus armas de fuego” al interior del vehículo donde viajaban los cuatro adolescentes.

El fiscal detalló que el vehículo Volkswagen Suran en el que viajaban los adolescentes “fue observado dos veces” por los tres policías imputados, quienes se trasladaban a bordo de un Nissan Tiida de la Brigada, “sin patente, sin identificación y sin sirenas”.

“Dos veces pudieron advertirlos. Los vieron de frente y de costado y de atrás y de costado, y los siguieron”, indicó el fiscal tras reproducir un video en el que se ve la secuencia de los tres adolescentes al retirarse del entrenamiento en el club Barracas Central y el recorrido que hicieron hasta que fueron interceptados y atacados a tiros.

La transmisión del video fue seguida por los padres de Lucas, de Julián y de Joaquín, quienes están presentes en la sala de audiencias.

“Qué hijos de puta”, se escuchó decir a Javier Salas, padre de Julián, al ver cuando el Nissan Tiida interceptó el vehículo de los adolescentes y los policías les disparan.

En ese momento, el fiscal Pérez de la Fuente afirmó que Isassi, Nieva y López, “eran cazadores” y “sabían cómo iban a actuar”, y que en la mañana del 17 de noviembre de 2021 “pretendieron matar a Julián, Joaquín, a Niven y a Lucas”.

“Esa mañana esas cuatro víctimas dejaron de ser personas a quienes detener para pasar a ser presas a quienes matar. Presas a quienes emboscaron y les tendieron una trampa. Los aguardaron como cazadores que esperan a una presa”, prosiguió en su alegato.

Previo a la reproducción del video, se escuchó la modulación que realizó Isassi por la radio policial en la que advierte sobre “un enfrentamiento armado” en donde “el acompañante tenía un arma de fuego”.

Pasado el mediodía el TOC 25 pasó a un cuarto intermedio, tras el cual el fiscal continuará su alegato sobre los restantes 11 efectivos sometidos a juicio, pero por el encubrimiento del crimen y las torturas a las que fueron sometidos dos de los amigos de Lucas.

Para las próximas audiencias, en tanto, están estipulados los alegatos de las defensas.

Lucas y sus amigos fueron atacados a balazos el 17 de noviembre de 2021 cuando salieron de entrenar del club Barracas Central y regresaban a sus casas a bordo de un Volkswagen Suran.

En Iriarte y Vélez Sarsfield, los jóvenes fueron interceptados por un Nissan Tiida en el que circulaban tres policías de la Brigada 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad que les hicieron señas para detenerse.

Como no tenían identificación policial, los chicos pensaron que podían ser ladrones e intentaron escapar, momento en que los efectivos les dispararon y un balazo impactó en la cabeza de Lucas, quien murió al día siguiente en el hospital El Cruce de Florencio Varela.

CRM con información de la agencia Télam

El padre de Lucas González, el adolescente de 17 años asesinado a balazos en noviembre de 2021 por una brigada de la Policía de la Ciudad del barrio porteño de Barracas, aseguró hoy que para él “hay más gente implicada” en el crimen de su hijo luego de la detención de otro agente porteño que fue señalado como quien plantó el arma de juguete que se encontró en el automóvil donde viajaba la víctima junto a tres amigos.

En tanto, el martes continuará el juicio oral con la posibilidad de que si alguno de los policías imputados desea declarar pueda brindar su testimonio previo al inicio de la etapa de alegatos.

“Sin duda creo que hay más gente implicada que no fue imputada. Ésta persona fue tan participe y tan culpable como el resto. Para mí hoy son 15 imputados”, sostuvo Héctor “Peca” González, padre de Lucas, en referencia al oficial Facundo Matías Torres, detenido este sábado en su domicilio de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora.

De acuerdo a la declaración del principal Héctor Claudio Cuevas (50) en el juicio oral por el crimen del futbolista, Torres arribó a la escena del crimen en una moto y colaboró con el oficial Gabriel Alejandro Issasi (47) en la maniobra de encubrimiento.

Ante la declaración de Cuevas, tanto el abogado de la familia de Lucas, Gregorio Dalbón, como los fiscales Guillermo De la Fuente y Gómez Barbella plantearon que se solicite a la Oficina de Transparencia de la Policía de la Ciudad informes sobre la geolocalización de la moto del efectivo Torres y de su celular para chequear los datos aportados por el principal arrepentido.

El informe comprobó que Torres se desplazó por la zona en donde se produjo el crimen y también se dirigió ida y vuelta a la Comisaría Vecinal 4D.

Asimismo, una cámara de seguridad registró el paso de una moto de la Policía de la Ciudad, la cual sería conducido por Torres, y cuyo acompañante es Isassi, lo que puede corroborarse mediante la vestimenta que presentaba el día del hecho.

Por tal razón, el fiscal Lionel Gómez Barbella solicitó la detención, la cual se concretó este sábado, y ahora será indagado mañana lunes desde las 10 por la jueza Vanesa Peluffo, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional 7.

Durante la etapa de instrucción de la causa, Gómez Barbella había solicitado las detenciones de otras cinco personas por encubrimientos, entre ellas dos abogadas de la Policía de la Ciudad y del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño y de un comisario mayor y dos oficiales de la fuerza de la Ciudad.

La Sala IV de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional les dictó la falta de mérito al igual que a las agentes Lorena Miño y Micaela Fariña, quienes fueron las primeras en arribar al lugar del hecho y que había sido imputadas en un primer momento.

González reconoció que siempre dudó de que uno de los 14 policías imputados por el homicidio y encubrimiento del homicidio de su hijo pudiera quebrarse durante el juicio, pero que “gracias a Dios, esta persona (por Cuevas) se puso en el papel de papá y de ser humano” cuando mencionó en su declaración del pasado jueves ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25 porteño que Torres fue quien trajo la réplica de arma de fuego hallada en la Volkswagen Suran donde viajaba Lucas junto a Julián Salas (19), Joaquín Zuñiga(19) y Niven Huanca(19).

“Gracias a Dios se puso en papel de papá y de ser humano y Lucas lo tocó, porque él mismo dijo que lo soñaba, que sentía su respirar, que no le quedó otra que hablar y decir otra cosa porque el remordimiento lo estaba volviendo loco”, recordó “Peca”.

Es que en su ampliación de indagatoria, Cuevas aseguró que vio a Issasi vestido de civil cuando “tira el arma” en la parte trasera del vehículo, luego de que otro de los policías enjuiciados, el subcomisario Roberto Orlando Inca (47), le indicó “anda a poner eso”.

El padre de Lucas dijo que fue “una mezcla de sentimientos” escuchar desde su casa –ya que el tribunal estableció que las partes siguen las audiencias vía plataforma virtual-, que cada palabra que Cuevas mencionaba, lo que le provocó “una sensación de alegría, impotencia, bronca”.

“Escuchar lo que hizo Issasi es sentir que es un monstruo por lo que hizo, siendo papá y que tiene familia. No tuvo consideración de nada, es una persona que va a vivir en la oscuridad siempre”, afirmó.

Antes de finalizar su testimonio, Cuevas se dirigió a Dalbón y le pidió perdón a la familia de Lucas, a lo que el letrado le respondió que “solo Dios perdona”.

“No lo voy perdonar porque a mi hijo no lo perdonaron. Cuando el otro día, en el cumpleaños le llevamos margaritas al cementerio en vez de disfrutar una familia, tuve que cantarle el feliz cumpleaños en la lápida junto a mi otro hijo. Él aplaudía con sus manitos mientras le cantaba, así que sea Dios y los jueces quienes lo juzguen”, remarcó el padre de Lucas.

Por último, dijo que estará presente el martes en los tribunales de la calle Paraguay 1536 en donde espera que haya otros testimonios “contundentes” que “destapen muchas ollas”.

“Todo esto va a tener su justicia, el último partido lo vamos a jugar el 13 de julio y ahí vamos a convocar a todos porque queremos que estén todos gritando por justicia por Lucas. Mis hijos extrañan a su hermano, mi mujer se quiso matar cuatro veces. Ellos (los imputados) se ven con sus hijos y yo tengo que irme del otro lado para si Dios quiere volver a verlo”, concluyó.

El crimen del jugador de las divisiones inferiores del club Barracas Central fue cometido el 17 de noviembre de 2021 cuando iba junto a sus amigos a bordo de un Volkswagen Suran que fue interceptado por un Nissan Tiida en el que circulaban tres policías de la Brigada 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad que les hicieron señas para detenerse.

Como no tenían identificación policial, los chicos pensaron que podían ser ladrones e intentaron escapar, momento en que los efectivos les dispararon y un balazo impactó en la cabeza de Lucas, quien murió al día siguiente en el hospital El Cruce de Florencio Varela.

De acuerdo con la investigación, tras disparar contra los jóvenes, los policías intentaron simular que se había tratado de un enfrentamiento con delincuentes, maniobra a la que se habrían sumado otros efectivos, que “plantaron” un arma en el auto de las víctimas.

Además de Issasi, llegaron imputados del homicidio el oficial mayor Fabián Andrés López (48) y el oficial Juan José Nieva (37), a quienes la Justicia les adjudica la coautoría del delito de “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial”.

Además, enfrentan cargos por las “tentativa de homicidio agravado, falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley”, en el caso de los amigos de Lucas.

En tanto, otros 11 policías de la Ciudad, también detenidos, están siendo juzgados por el encubrimiento del crimen de Lucas y las torturas a las que fueron sometidos los otros chicos.

CRM con información de la agencia Télam

El oficial de la Policía de la Ciudad señalado el jueves por un principal de la fuerza porteña como quien ayudó a plantar el arma que se secuestró en el automóvil en el que iba Lucas González, el adolescente de 17 años atacado a tiros junto a tres amigos en 2021 en el barrio de Barracas, fue detenido hoy en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, informaron fuentes judiciales.

Se trata de Facundo Matías Torres quien, de acuerdo a la declaración del inspector de Policía Héctor Claudio Cuevas en el juicio oral por el crimen del futbolista, arribó a la escena del crimen en una moto y colaboró con el oficial Gabriel Alejandro Issasi en la maniobra de encubrimiento.

Fuentes judiciales informaron que el pedido de detención del oficial Torres fue solicitado ayer por el fiscal Leonel Gómez Barbella y por el abogado Gregorio Dalbón, que representa como particular damnificado a la familia del adolescente asesinado.

La captura de Torres, que seguía en funciones en la Policía de la Ciudad, se concretó hoy tras un procedimiento realizado en su domicilio de Lomas de Zamora por la Policía Federal Argentina (PFA).

Además, fue secuestrado su teléfono celular, informaron fuentes judiciales.

Torres quedó apuntado el jueves luego de la declaración que brindó el principal de la Comuna 4D Cuevas ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25, en una nueva jornada del juicio oral por el homicidio de Lucas.

Cuevas aseguró que vio al oficial Gabriel Alejandro Issasi (41) vestido de civil cuando “tira el arma” en la parte trasera del vehículo, luego de que otro de los policías enjuiciados, el subcomisario Roberto Orlando Inca (47), le indicó “anda a poner eso”.

El principal contó que él estaba en la escena del crimen cuando vio llegar a Inca primero e impartir indicaciones a los otros efectivos allí presentes, tras lo cual, arribó un oficial de apellido “Torres” en una moto, junto a un hombre vestido de civil y con “gorrita blanca”.

Según el declarante, esta persona va a hablar con Inca, que estaba cerca de él y escuchó cuando el subcomisario le dijo “andá a poner eso”.

Luego, la misma persona se acercó hasta la parte trasera del Volkswagen Suran -en el que iban Lucas, Julián Salas (19), Joaquín Zuñiga (19), y Niven Huanca (19)-, que estaba abierto y “tira el arma”.

Ante la declaración de Cuevas, tanto Dalbón como los fiscales Guillermo De la Fuente y Gómez Barbella plantearon que se solicite a la Oficina de Transparencia de la Policía de la Ciudad informes sobre la geolocalización de la moto del efectivo Torres y de su celular para chequear los datos aportados por el principal arrepentido.

El informe comprobó que Torres se desplazó por la zona en donde se produjo el crimen y también se dirigió ida y vuelta a la Comisaría Vecinal 4D.

Asimismo, una cámara de seguridad registró el paso de una moto de la Policía de la Ciudad, la cual sería conducido por Torres, y cuyo acompañante es Isassi, lo que puede corroborarse mediante la vestimenta que presentaba el día del hecho.

Tras ser detenido, Torres quedó alojado en una dependencia policial y será indagado el próximo lunes a las 10 por la jueza Vanesa Peluffo, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional 7.

El juicio continuará el próximo 6 de junio, cuando se espera que, tal como lo adelantaron varios defensores, declaren otros policías acusados a raíz de lo que contó Cuevas.

Además de Issasi, a este juicio llegaron imputados del homicidio el oficial mayor Fabián Andrés López (48) y el oficial Juan José Nieva (37).

El crimen del jugador de las divisiones inferiores del club Barracas Central fue cometido el 17 de noviembre de 2021 cuando iba junto a sus amigos a bordo de un Volkswagen Suran que fue interceptado por un Nissan Tiida en el que circulaban tres policías de la Brigada 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad que les hicieron señas para detenerse.

Como no tenían identificación policial, los chicos pensaron que podían ser ladrones e intentaron escapar, momento en que los efectivos les dispararon y un balazo impactó en la cabeza de Lucas, quien murió al día siguiente en el hospital El Cruce de Florencio Varela.

De acuerdo con la investigación, tras disparar contra los jóvenes, los policías intentaron simular que se había tratado de un enfrentamiento con delincuentes, maniobra a la que se habrían sumado otros efectivos, que “plantaron” un arma en el auto de las víctimas.

A los tres miembros de la Brigada la Justicia les adjudica la coautoría del delito de “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial”.

Además, enfrentan cargos por las “tentativa de homicidio agravado, falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley”, en el caso de los amigos de Lucas.

En tanto, otros 11 policías de la Ciudad, también detenidos, están siendo juzgados por el encubrimiento del crimen de Lucas y las torturas a las que fueron sometidos los otros chicos.

Se trata del comisario inspector del Departamento Comunal Vecinal 4 Daniel Alberto Santana (50); el comisario de la Comuna Vecinal 4A, Rodolfo Alejandro Ozán (54); el comisario de la Comisaría Vecinal 4D, Fabián Alberto Du Santos (51); el comisario de la Comuna 4D, Ramón Jesús Chocobar (48) y el comisario Juan Horacio Romero (51) y el subcomisario Inca, ambos de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4.

También son juzgados el principal Cuevas y los oficiales de la Comisaría Vecinal 4D Sebastián Jorge Baidón (28), Jonathan Alexis Martínez (34), Ángel Darío Arévalos (34) y Daniel Rubén Espinosa (33).

CRM con información de la agencia Télam

La madre de Lucas González, el futbolista de 17 años asesinado de un disparo policial cuando se trasladaba en un auto con tres amigos con los que había salido de entrenar en el club Barracas Central en noviembre de 2021, dijo hoy que su hijo “estaba irreconocible” cuando lo vio internado en el hospital Penna, donde “cinco policías lo custodiaban como si fuera un delincuente”, al declarar ante el tribunal que juzga a 14 efectivos de la Policía de la Ciudad scusados del crimen y posterior encubrimiento.

“En el (Hospital) Penna siempre estuvo como delincuente, nunca dejó de tener custodia, ni dentro de la sala ni fuera. Siempre que quería verlo tenía que haber un Policía de la Ciudad”, aseguró Cintia López, madre de Lucas.

En un testimonio de un poco más de 40 minutos ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25, la madre de Lucas, acompañada en todo momento por una psicóloga, recordó el día que mataron a su hijo y puntualmente cuando llegó al hospital Penna, del barrio porteño de Parque Patricios, donde el joven fue internado con un balazo en la cabeza y con custodia policial.

“Cuando llegué no me dejaban verlo. Un policía de la Ciudad nos dijo que no sabía nada. 'Viste que los chicos de ahora, no le dicen nada a los padres y andan en cosas raras', nos dijo otro policía; pero yo sé lo que crié, mi hijo era incapaz, siempre le decía que si le querían robar que acuda a la Policía”, recordó la mujer.

“Me dijeron que mi hijo estaba detenido acusado supuestamente de robo”, recordó López visiblemente conmocionada en uno de los tramos de su exposición, en la que varias veces rompió en llanto.

Frente a unos 15 familiares que la acompañaron y a los 14 efectivos de la Policía de la Ciudad imputados -tres por el crimen de Lucas y 11 por el encubrimiento del hecho-, la mujer continuó: “Tuve que destapar a mi hijo y verle los tatuajes porque estaba irreconocible, le tiraron en la cabeza, le 'volaron el frasco' como dijeron, era su cabecita… me dolió en el alma que hayan dicho eso porque era la cabeza de mi hijo, no era ningún frasco”.

Tras la declaración de Cintia, declaraba Mario “Peca” González, padre de Lucas, uno de los testigos propuestos por la querella y la fiscalía para el debate oral.

Antes del ingreso de Cintia a la sala de audiencias, declaró como imputado el oficial Daniel Rubén Espinosa, uno de los 11 detenidos acusado de encubrimiento, quien aseguró que no vio “ningún tipo de arma” en poder de los jóvenes, ya que solo los vio “a distancia”.

El policía se refirió así al arma que, de acuerdo a la pesquisa, fue “plantada” por efectivos de la fuerza porteña en el auto que iban Lucas y sus amigos con el fin de hacerlos pasar por delincuentes.

También para la audiencia de hoy, se prevé que declaren ante el TOC 25 los tres jóvenes amigos de Lucas que estaban con él cuando el auto Volkswagen Suran en el que se movilizaban luego de salir de entrenar del club Barracas Central fue atacado a tiros por la policías de la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad a las 9.45 del 17 de noviembre de 2021 en el cruce de las avenidas Iriarte y Vélez Sarsfield, de Barracas.

Se trata Julián Salas, Joaquín Zuñiga y Niven Huanca, quienes además de testigos del crimen de Lucas fueron víctimas de torturas policiales en el mismo hecho.

Por el crimen de Lucas se encuentran detenidos y son sometidos a juicio desde el 16 de este mes el inspector Gabriel Alejandro Issasi (41), el oficial mayor Fabián Andrés López (48) y el oficial Juan José Nieva (37), quienes además están acusados de someter a torturas a los otros tres chicos, a quienes amenazaron, les dijeron “villeros” y “negritos” y los mantuvieron esposados y tirados en el piso mientras su amigo agonizaba.

Los acusados afrontan cargos por “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial”.

En la primera jornada del debate, al declarar como imputados, los tres aseguraron que actuaron “en legítima defensa” y “en cumplimientos del deber”, por lo que no cometieron “ningún delito”.

En tanto, otros 11 policías que llegaron a juicio acusados de encubrir el hecho mediante diversas maniobras -entre ellas “plantar” un arma en el auto de las víctimas- están acusados de “falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas”.

Además, en el caso de dos de ellos también por “falso testimonio agravado por haber sido cometido en una causa penal y en perjuicio de los imputados”.

CRM con información de la agencia Télam

El padre de Lucas González, el adolescente de 17 años asesinado por una bala policial en noviembre de 2021 en el barrio porteño de Barracas, dijo que hoy “es un día de verdad y justicia”, al ingresar a los tribunales para declarar como testigo en el juicio que se le sigue a 14 efectivos de la Policía de la Ciudad, tres de ellos acusados del asesinato y los restantes por intentar encubrirlo.

“Hoy venimos con la verdad, es un día de verdad y justicia. Ellos, los señores jueces, tienen la justicia, y nosotros tenemos la verdad. Venimos tranquilos, con la verdad que tengo en la mente desde aquel 17 de noviembre de 2021. Me acuerdo como si fuera ayer, desde el portazo que dio Lucas cuando salió de casa hasta que nos comunicaron de esta terrible tragedia”, dijo Mario “Peca” González.

Al ingresar pasadas las 8.30 a los tribunales federales de Retiro, donde se desarrolla el debate, el hombre recordó el momento en el que vio a su hijo herido en el Hospital Penna, “con custodia policial, todo vendado, en la guardia así nomás, ensangrentado...”

“Nos trataron como padres de un delincuente, no nos daban información. Le pregunté como padre a un Policía de la Ciudad algo de información y cuando sale me dice 'a tu hijo le hicieron luminol y tenía un arma'”, recordó González indignado.

“Mi hijo no sabía parar un colectivo, la llamaba a la mamá para decirle qué colectivo tenía que tomarse para ir a Barracas, para combinar, era una criatura, era nuestro bebé y que vengan estos a decir que era un ladrón...”, agregó.

Sobre la jornada de hoy, González dijo que su esposa, Cintia López, también declarará con apoyo de una psicóloga y que lo harán luego los tres amigos de su hijo, testigos del crimen y también víctimas de torturas policiales en el mismo episodio.

“Es fundamental que los chicos declaren, ellos van a ir con la verdad porque son los testigos principales de esta tragedia, ellos también pudieron no haberla contado, porque las balas fueron para todos. Le tocó a Lucas y no le tendría que haber tocado a ninguno”, expresó.

Finalmente, consultado sobre las declaraciones de los tres policías de la Brigada 4D de la Policía de la Ciudad acusados de matar a su hijo, quienes aseguraron en la primera jornada del juicio haber actuado en cumplimiento del deber y en legítima defensa, el papá de Lucas dijo: “Era lógico que iban a seguir mintiendo, van a querer zafar de algo de lo que no tienen escapatoria, hay video y escuchas. Siguen mintiendo y no van a demostrar ningún arrepentimiento. Esto lo tenían instalado, era moneda común lo que hacían, sino no hay 14 policías implicados y de alto rango”.

Los tres amigos de Lucas que fueron testigos del asesinato del adolescente con el que iban en un auto que fue atacado a tiros por una brigada de la Policía de la Ciudad, en noviembre de 2021 en el barrio porteño de Barracas, también declararán hoy en el juicio.

Fuentes judiciales confirmaron que Julián Salas, Joaquín Zuñiga y Niven Huanca declararán en la segunda audiencia que se desarrollará a partir de las 9 en la sala Auditorium de los tribunales federales de la avenida Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro.

Los jóvenes darán su testimonio tanto en su carácter de testigos del asesinato como de víctimas, ya que los tres fueron sometidos a torturas por parte del personal policial que llegó al lugar tras el hecho.

Los voceros judiciales dijeron que el primero en declarar ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25, Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero, será el papá de Lucas, tras lo cual lo hará su esposa y madre de la víctima.

La mujer estará acompañada por una psicóloga o psiquiatra y declarará en caso de que se encuentre en condiciones de hacerlo.

Luego será el turno de atestiguar de los tres jóvenes amigos de Lucas que estaban con él cuando el auto en el que se movilizaban fue atacado a tiros por la policías, en lo que se intentó hacer pasar como una persecución y tiroteo con delincuentes.

Según la instrucción de la causa, llevada a cabo por el fiscal Leonel Gómez Barbella, los cuatro se encontraban el 17 de noviembre de 2021 a bordo de un Volkswagen Suran cuando fueron interceptados cerca de las 9.45 por un vehículo Nissan Tiida, sin identificación ni balizas, en el que iban tres policías de la Brigada de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad, en el cruce de las avenidas Iriarte y Vélez Sarsfield, en Barracas.

En la escena del hecho, los adolescentes fueron señalados como presuntos delincuentes y, tras ser insultados, maltratados y esposados, fueron trasladados en calidad de detenidos al Instituto de menores Inchausti, desde donde fueron liberados tras comprobarse que, al igual que Lucas, eran jugadores de las inferiores del club Barracas Central.

De las declaraciones de los adolescentes en la etapa de instrucción de la causa surgió que el inspector Gabriel Alejandro Issasi (41), el oficial mayor Fabián Andrés López (48) y el oficial Juan José Nieva (37) -los tres policías acusados de homicidio- los amenazaron, les dijeron “villeros” y “negritos” y los mantuvieron esposados y tirados en el piso mientras Lucas agonizaba en el auto.

Por tal motivo, Issasi, López y Nieva, quienes integraban la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad, llegaron a juicio detenidos y acusados de “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial”.

En la primera jornada del debate oral, los tres efectivos, quienes son defendidos por el abogado Fernando Soto, declararon sin aceptar responder preguntas, y en la misma línea aseguraron que actuaron “en legítima defensa” y “en cumplimientos del deber”, por lo que no cometieron “ningún delito”.

En tanto, otros 11 policías que llegaron a juicio acusados de encubrir el hecho mediante diversas maniobras -entre ellas “plantar” un arma en el auto de las víctimas- y también de someter a torturas a los jóvenes, enfrentan cargos por “falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas”.

Además, en el caso de dos de ellos también por “falso testimonio agravado por haber sido cometido en una causa penal y en perjuicio de los imputados”.

Todos ellos se negaron a declarar en la primera jornada del juicio realizada el 16 de este mes, por lo que sus indagatorias en la instrucción de la causa fueron incorporadas al debate por lectura.

CRM con información de la agencia Télam

“Fue en legítima defensa”. Ese fue el argumento que utilizaron los tres efectivos de la Policía de la Ciudad acusados de asesinar a Lucas González la mañana del 17 de noviembre de 2021cuando el chico de 17 años salía de entrar en las inferiores de Barracas Central.

El inspector Gabriel Alejandro Issasi (41), el oficial mayor Fabián Andrés López (48) y el oficial Juan José Nieva (37) declararon esta mañana ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOCA) 25 donde aseguraron que no habían cometido “ningún delito” y que actuaron “en cumplimiento del deber” . Ninguno aceptó responder preguntas.

Además de los tres policías hay otros once acusados por encubrimiento y torturas. Están acusados de intentar hacer parecer el crimen como un enfrentamiento con delincuentes y por torturar a los amigos de Lucas, quienes viajaban con él en el Volkswagen Suran que fue atacado por los acusados.

Issasi fue el primero en declarar. “Solamente tengo que decir que poseo veinte años de servicio como funcionario público, ejerciéndolo en el ámbito de la policía. Pertenecí a tres fuerzas diferentes, a la Policía de la provincia, a la Policía Metropolitana y de la Ciudad. En todas fui un oficial condecorado y ejercí mi función”. 

“Quiero agregar que en este hecho actué en el cumplimento del deber, que ejercí la legitima defensa y que no cometí ningún delito”, agregó el acusado, mientras en la sala se escuchaban gritos de “asesino” y “vas a morir”.

Nievas declaró en segundo lugar. Señaló que se sumó a la fuerza en 2014,

Luego, declaró, quien dijo que ingresó a la policía en 2014 y, que en este caso, ejerció su “legítima defensa” y no cometió “ningún delito”, a lo que siguieron gritos de “sinvergüenza” entre los familiares de las víctimas.

El último fue López: “En este hecho cumplí con mi deber, ejercí legítima defensa y no cometí ningún delito”, aseguró.

“En 40 años de democracia nunca había visto algo igual”

Por su parte, el abogado Gregorio Dalbón, quien representa a la familia de Lucas aseguró este jueves que “en 40 años de democracia nunca había visto algo igual” y dijo que lo que buscan es “justicia” y “no venganza”.

Además, el letrado dijo que cree que hubo más involucrados en el hecho, que están siendo investigados por el fiscal de instrucción: “Nosotros creemos que los que están son pocos, hay más todavía”.

Al llegar cerca de las 9.20 a los tribunales federales de Retiro junto al padre de Lucas, Héctor “Peca” González, y los tres amigos de la víctima que sobrevivieron al ataque policial, Dalbón expresó: “Quiero recordarle a toda la sociedad, con mucha tranquilidad, que primero y principal respetamos el principio de inocencia de todos los imputados. Segundo, este hecho fue una causa que se les armó a los chicos, porque decían que hubo un enfrentamiento armado y los chicos terminaron presos, esposados, tirados en el piso, eran menores de edad”

Al respecto, el abogado agregó: “Esa causa la armaron, es decir, pudieron burlar a la Justicia y ellos estuvieron toda la noche en el (Instituto) Inchausti como imputados. Lucas estuvo como imputado con una herida de muerte en el Hospital Penna mientras los policías quedaron en libertad, así empezó esta causa”.

Dalbón aseguró que “se tuvo que deshacer la causa para entender que los chicos eran inocentes, que eran futbolistas, que habían salido de entrenar del club Barracas Central y los policías los vieron comprar un jugo en un kiosco y, a pesar de eso, que está filmado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los esperaron, los persiguieron, los encerraron y les tiraron a matar a todos, porque fueron más de 15 tiros”

“Lo que venimos a buscar acá no es revancha, no es perpetua para todos, no es que queremos hacer algo que tenga que ver con algo que sea político, todo lo contrario, lo que venimos a buscar acá con la verdad, es Justicia para que quede jurisprudencia de lo que es el odio racial, porque la pregunta de por qué mataron a Lucas tiene una sola respuesta: por su cara, por su color de piel, no hay otra respuesta”, agregó.

“Nosotros tenemos la verdad y ellos para Lucas tenían balas”

El padre de Lucas González aseguró que confía en que durante el juicio que se inicia hoy “la verdad salga a la luz”. “Hoy es el principio del fin, hoy venimos con la verdad, nosotros tenemos la verdad y ellos para Lucas tenían balas”, aseguró Héctor “Peca” González. Y agregó: “La verdad siempre sale a la luz y vamos a ganar”.

González dijo estar “muy conforme” con la labor de su abogado, Gregorio Dalbón; del fiscal de instrucción, Leonel Gómez Barbella, y del fiscal del juicio, Guillermo Pérez de la Fuente.

“Me quitaron a mi hijo, lo digo siempre, me quitaron a mi hijo y mi señora por el momento no está conmigo, y se me hace muy difícil luchar sin mi compañera al lado”, dijo en referencia a la madre de Lucas, Cintia López, quien por cuestiones médicas no asiste al juicio.

Sin embargo, el hombre afirmó que tiene que “seguir” porque tiene “dos hijos más que esperan en casa la vuelta de mamá”. Y añadió: “Lucas no va a volver, pero acá nosotros venimos por la Justicia y la Verdad, nada más”.

Por último, elogió a los amigos de Lucas que sobrevivieron al ataque y hoy declararán como testigos al afirmar: “Ellos son unos hombrecitos porque hoy están acá presentes y van a decir su verdad, que es la única”.

Qué pasó

El crimen de Lucas ocurrió en la mañana del 17 de noviembre de 2021 y causó gran conmoción en la sociedad, lo que motivó marchas tanto en la zona de Florencio Varela, donde vivía el adolescente, como frente a Tribunales en reclamo de Justicia, y hasta se lanzó una petición por la plataforma Change.org que cuenta con la adhesión de más de 61 mil personas donde piden que se sancione la llamada “Ley Lucas” en la que exigen que se prohíba a la policía porteña a actuar sin uniforme y móviles oficiales.

El asesinato se produjo cuando el joven y tres amigos salieron de entrenar en Barracas y se subieron al Volkswagen Suran del padre de uno de ellos para volver a la localidad bonaerense de Florencio Varela.

Tras detenerse en un kiosco, los chicos comenzaron a ser perseguidos por un Nissan Tiida en el que circulaban tres policías de la Brigada 6 de la Comisaría Vecinal 4D, quienes realizaban tareas de campo en la intersección de las avenidas Iriarte y Vélez Sarsfield y no estaban uniformados ni llevaban baliza en el rodado.

Por ese motivo, pensaron que podían ser ladrones e intentaron escapar, momento en que los efectivos policiales les dispararon y un balazo impactó en la cabeza de Lucas, quien murió al día siguiente en el Hospital El Cruce de Florencio Varela.

De acuerdo con la investigación, tras disparar contra los jóvenes, los policías informaron al servicio de comunicaciones policiales que perseguían un automóvil con “cuatro masculinos con apariencia de menores, jóvenes”, que “estaban armados”, por lo que les cruzaron el Nissan Tiida para detenerlos.

Con información de Télam.

IG

El juicio por el asesinato del futbolista de las inferiores del club Barracas Central, Lucas González (17), baleado por agentes de la Policía de la Ciudad cuando salía de entrenar con tres amigos en noviembre de 2021, comenzará este jueves con 14 efectivos sentados en el banquillo de los acusados, tres de ellos imputados por homicidio y el resto por intentar encubrir el hecho y cometer torturas contra los chicos que sobrevivieron.

En la previa al juicio, el papá de Lucas, Héctor “Peca” González, dijo que espera un juicio justo y no una venganza y aseguró: “Lo que hicieron con nuestras vidas estas basuras es imperdonable, nos arruinaron por completo. Vamos a buscar justicia, no venganza”.

El inicio del debate está previsto para mañana a las 9 en el salón Auditórium -conocido como Sala Amia- de los tribunales federales situados en Comodoro Py 2002, del barrio porteño de Retiro, sede judicial en la que se resolvió hacerlo por una cuestión de espacio.

El cronograma previsto consta de 11 audiencias, a razón de una por semana, por lo que se estima que se extenderá hasta julio, según informaron fuentes judiciales.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25, integrado por los jueces Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero, será el que conduzca el debate y analice las pruebas para llegar a un veredicto, mientras que la acusación estará a cargo del fiscal será Guillermo Pérez de la Fuente.

Para la jornada inicial, está prevista la lectura de requerimiento de elevación a juicio y las indagatorias de los imputados, quienes podrán declarar en ese momento o en cualquier otro a lo largo del debate.

Tras ello, declararán los tres amigos de Lucas que fueron víctimas de torturas por parte de integrantes de la fuerza porteña, por lo que actúan como querellantes en la causa con representación del abogado Gregorio Dalbón, el mismo que representa a la familia González.

Se trata de Joaquín Zúñiga, Julián Salas y Niven Huanca, quienes estaban con Lucas a bordo del Volkswagen Suran que fue atacado a tiros por la policía, que luego los hizo pasar por delincuentes, a raíz de lo cual estuvieron una noche detenidos en el Instituto de menores Inchausti.

También se espera que mañana brinde su testimonio del padre de Lucas.

Para la primera audiencia se aguarda la presencia de amigos y vecinos del adolescente asesinado, además de autoridades del distintos clubes del fútbol argentino, ya que Lucas era jugador de Barracas Central pero también formó parte de equipos juveniles de Racing Club y Defensa y Justicia, pertenecientes a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Por el crimen están imputados el inspector Gabriel Alejandro Issasi (41), el oficial mayor Fabián Andrés López (48) y el oficial Juan José Nieva (37), quienes integraban la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad y ahora están detenidos.

A los tres se les adjudica la coautoría del delito de “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial”.

Además, los tres enfrentarán cargos por las “tentativa de homicidio agravado, falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley”, en el caso de los amigos de Lucas.

En tanto, otros 11 policías de la Ciudad, también detenidos, serán juzgados por el encubrimiento del crimen de Lucas y las torturas las que fueron sometidos los otros chicos.

Se trata del comisario inspector del Departamento Comunal Vecinal 4 Daniel Alberto Santana (50); el comisario de la Comuna Vecinal 4A, Rodolfo Alejandro Ozán (54); el comisario de la Comisaría Vecinal 4D, Fabián Alberto Du Santos (51); el comisario de la Comuna 4D, Ramón Jesús Chocobar (48) y el comisario Juan Horacio Romero (51) y el subcomisario Roberto Orlando Inca (47), ambos de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4.

También llegan a juicio el principal de la Comuna 4D, Héctor Claudio Cuevas (50); y los oficiales de la Comisaría Vecinal 4D Sebastián Jorge Baidón (28), Jonathan Alexis Martínez (34), Ángel Darío Arévalos (34) y Daniel Rubén Espinosa (33).

Todos están acusados por “falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas” y, en el caso de Cuevas e Inca también por “falso testimonio agravado por haber sido cometido en una causa penal y en perjuicio de los imputados”.

También en la previa al juicio, el abogado de las víctimas, Dalbón, dijo que el crimen de Lucas fue “uno de los hechos más trascendentes de tortura, encubrimiento y muerte de los últimos años”.

“Les armaron una causa a los cuatro niños, todos menores de edad, los torturaron, y montaron una escena en 800 metros cuadrados para urdir un plan siniestro, la impunidad de los asesinos y burlar al sistema judicial”, afirmó el letrado, quien consideró que “las condenas no deben ser ejemplares, sino justas” y que para él “será un fallo que recorrerá el mundo”.

El crimen de Lucas ocurrió en la mañana del 17 de noviembre de 2021 y causó gran conmoción en la sociedad, lo que motivó marchas tanto en la zona de Florencio Varela, donde vivía el adolescente, como frente a Tribunales en reclamo de Justicia, y hasta se lanzó una petición por la plataforma Change.org que cuenta con la adhesión de más de 61 mil personas donde piden que se sancione la llamada “Ley Lucas” en la que exigen que se prohíba a la policía porteña a actuar sin uniforme y móviles oficiales.

El asesinato se produjo cuando el joven y tres amigos salieron de entrenar en Barracas y se subieron al Volkswagen Suran del padre de uno de ellos para volver a la localidad bonaerense de Florencio Varela.

Tras detenerse en un kiosco, los chicos comenzaron a ser perseguidos por un Nissan Tiida en el que circulaban tres policías de la Brigada 6 de la Comisaría Vecinal 4D, quienes realizaban tareas de campo en la intersección de las avenidas Iriarte y Vélez Sarsfield y no estaban uniformados ni llevaban baliza en el rodado.

Por ese motivo, pensaron que podían ser ladrones e intentaron escapar, momento en que los efectivos policiales les dispararon y un balazo impactó en la cabeza de Lucas, quien murió al día siguiente en el Hospital El Cruce de Florencio Varela.

De acuerdo con la investigación, tras disparar contra los jóvenes, los policías informaron al servicio de comunicaciones policiales que perseguían un automóvil con “cuatro masculinos con apariencia de menores, jóvenes”, que “estaban armados”, por lo que les cruzaron el Nissan Tiida para detenerlos.

CRM con información de la agencia Télam

La jueza Paula Verónica González elevó a juicio oral la causa por el crimen de Lucas González, el adolescente de 17 años asesinado de un balazo durante un procedimiento policial irregular en el barrio porteño de Barracas en noviembre de 2021, con 14 miembros de la Policía de la Ciudad imputados por “homicidio agravado” o “encubrimiento”, informaron este viernes fuentes judiciales.

La magistrada, interinamente a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 7, rechazó todos los planteos de oposición que habían presentado las defensas de los policías implicados y avaló así el requerimiento de elevación a juicio presentado en marzo pasado por el fiscal de la causa, Leonel Gómez Barbella.

El abogado Gregorio Dalbón, quien representa a los padres de la víctima como querellantes, aseguró hoy a Télam que “la familia solo espera justicia y rápida” y destacó que se está en condiciones “de iniciar un juicio histórico, por la cantidad de involucrados y la perversidad de los encubridores”.

Los tres principales imputados son el inspector Gabriel Alejandro Issasi (41), el oficial mayor Fabián Andrés López (47) y el oficial Juan José Nieva (36), todos ellos de la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad, quienes irán a juicio como presuntos coautores de los delitos de “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial”.

Además, fueron acusados de “tres tentativas de homicidio agravado por las mismas causales; falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley”.

De los otros 11 imputados, los que ostentaban mayor jerarquía son el comisario inspector del Departamento Comunal Vecinal 4 Daniel Alberto Santana (42); el comisario de la Comuna Vecinal 4A, Rodolfo Alejandro Ozán (53); el comisario de la Comisaría Vecinal 4D, Fabián Alberto Du Santos (51); y el comisario de la Comuna 4D, Ramón Jesús Chocobar (47).

Además, están el comisario Juan Horacio Romero (50) y el subcomisario Roberto Orlando Inca (46), ambos de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4; el principal de la Comuna 4D, Héctor Claudio Cuevas (49); y los oficiales de la Comisaría Vecinal 4D Sebastián Jorge Baidón (27), Jonathan Alexis Martínez (34), Ángel Darío Arévalos (33) y Daniel Rubén Espinosa (32).

Todos ellos como presuntos coautores de los delitos de “falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas”.

Cueva e Inca también fueron acusados como coautores de “falso testimonio agravado por haber sido cometido en una causa penal y en perjuicio de los imputados”.

La jueza González también resolvió mantener delegada la instrucción de la causa en el fiscal Gómez Barbella, para que siga investigando la posible participación de más implicados en el hecho o de aquellos que fueron acusados pero están con falta de mérito o cuyas detenciones fueron rechazadas.

“Más allá de dejar en claro que la Fiscalía podrá continuar en este mismo legajo con la investigación tendiente a dilucidar la intervención de otros eventuales partícipes, corresponde declarar la clausura de la instrucción y elevar la causa digitalmente al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional que resulte sorteado”, indicó González en su resolución.

El crimen ocurrió en la mañana del 17 de noviembre de 2021, cuando Lucas González y tres amigos salieron del entrenamiento en el club de fútbol Barracas Central, y se subieron al Volkswagen Suran del padre de uno de ellos, para volver al barrio San Eduardo, de la localidad bonaerense de Florencio Varela, donde vivían.

Tras detenerse en un kiosco, comenzaron a ser perseguidos por un Nissan Tiida, en el que circulaban Issasi, Nieva y López, de la Brigada 6 de la Comisaría Vecinal 4D, quienes realizaban tareas de campo en la intersección de las avenidas Iriarte y Vélez Sarsfield, en el marco de una investigación de una fiscalía del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con la investigación, los efectivos policiales informaron al servicio de comunicaciones policiales que perseguían un automóvil con “cuatro masculinos con apariencia menores, jóvenes”, refirieron “que estaban armados”, y les cruzaron el Nissan Tiida para detenerlos.

Como el automóvil de la brigada no tenía ninguna identificación ni los policías vestían chalecos ni uniformes policiales, los chicos pensaron que podían ser ladrones y quisieron escapar, pero fue entonces cuando los efectivos policiales dispararon contra el Volkswagen Suran.

El vehículo siguió hasta Perdriel y Alvarado, donde uno de los amigos pidió ayuda a dos oficiales, pero fue detenido por ellas.

En el automóvil permanecieron el conductor y Lucas, quien recibió dos disparos, uno de ellos en la cabeza, que produjo su muerte al día siguiente en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela.

Cuando Gómez Barbella pidió el juicio oral para los 14 policías, sostuvo en su requerimiento que “el homicidio de Lucas González y la tentativa a los tres restantes jóvenes son la consecuencia voluntaria y querida (dolosa) de un plan o pacto previamente elaborado y en el que Issasi, Nieva y López, participaron de manera activa”.

El Ministerio Público señaló que esos acusados “pusieron en movimiento la estructura institucional de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires otorgando datos falsos, a sabiendas de lo que realmente había acontecido” y concluyeron que “jamás hubo 'un enfrentamiento armado', sino más bien un ataque perpetrado por los oficiales a las víctimas, irracional e injustificado, para lo cual emplearon sus armas a fin de cercenarles sus vidas”.

Respecto a los once efectivos acusados de encubrimiento, indicó que “estuvieron participando del procedimiento, cumpliendo distintas tareas y roles en pos de un fin último, esto es, alterar las pruebas en beneficio de los consortes de causa”.

Para Gómez Barbella, los tres amigos de Lucas fueron detenidos en el marco de un procedimiento ilegal montado para ocultar el ataque policial, que incluyó el “plantado” de un arma en el interior del vehículo de los jóvenes.

Con información de agencias.

IG

Lucas Cabello volvía de la panadería a su vivienda en la calle Martín García, barrio de La Boca, el 9 de noviembre de 2015. Se miraron mal con Ricardo Ayala, agente de la entonces Policía Metropolitana (hoy De la Ciudad). Cuando Cabello entró al pasillo del PH en el que vivía para dar por superado el asunto, Ayala le disparó a la cabeza. La víctima quedó cuadripléjica y el victimario fue condenado en 2019 a 16 años de prisión, aunque sigue libre a la espera de la confirmación de la sentencia.               

Varias cámaras de casas particulares y negocios registraron lo ocurrido a las 11.10 del 1 de octubre de 2019 en la calle Acevedo al 900, barrio de Villa Crespo. Claudio Romano, un remisero que una hora antes había dejado pasajeros en un sanatorio, bajó de su auto con las manos ensangrentadas, caminó hasta un patrullero y atacó con un cuchillo corto al conductor. Como respuesta, recibió disparos en sus piernas que lo dejaron tendido en el asfalto. Sin posibilidad de reincorporarse, el remisero hizo ademanes y arrojó el cuchillo a corta distancia. Con Romano inmóvil y desarmado en el piso, los tres policías que lo rodeaban lo mataron con disparos a la zona abdominal y al pecho. Todavía en funciones, los efectivos aguardan el juicio oral, que tendría lugar este año.

Jonathan Leonel Lloveras, un policía del Grupo de Apoyo Departamental Conurbano Norte de la Policía Bonaerense, mató a Leo Galeano con tres disparos; uno de ellos, con ingreso por la espalda. Fue el 13 de junio del año pasado. Lloveras dijo que Galeano, de 15 años, había intentado asaltarlo junto a un presunto cómplice. En esa calle de Villa Diamante, Lanús, no se encontraron más armas que la Bersa de Lloveras. El policía aguarda el juicio oral en libertad.

Primeros minutos del 18 de noviembre de 2021. Efectivos de la Bonaerense acudieron al llamado de un hotel de San Clemente, porque Alejandro Martínez protagonizaba disturbios. Tres horas más tarde, el hombre, un exempleado de una firma de limpieza, murió por asfixia en una celda de la comisaría Tercera de la ciudad de la costa de Buenos Aires. Desapareció la mochila en la que Martínez tendría 350.000 pesos. La autopsia reveló signos de tortura en todo el cuerpo de la víctima. La causa tiene once policías imputados.

Cabello, Romano, Galeano y Martínez son eslabones de una cadena interminable de casos caratulados como gatillo fácil que abarca cuatro décadas de democracia y se extiende de punta a punta del país, pero además comparten otra condición. Pese a que se trata de cuatro ejemplos palmarios en los que la violencia institucional quedó expuesta desde el comienzo, sus ejecutores o encubridores cuentan con abogados pagados por los Estados de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo a documentos y testimonios brindados a elDiarioAR.

Roberto Raúl Alcalde, jefe de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia de CABA, informó a este medio que su oficina se ocupa de la defensa legal de Ayala (caso Cabello), Beatriz Manzanelli, Ramón Pérez, Daniela López (el remisero Romano) y Esteban Ramírez, el efectivo que mediante una patada en el pecho causó la muerte de Jorge Gómez, un hombre obeso que portaba un cuchillo y caminaba tambaleante, por el consumo de drogas, por una calle de Boedo el 20 de agosto de 2019.

Abogados de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) representan a la familia del adolescente Galeano y tienen como contraparte a letrados de la Policía Bonaerense que defienden a Lloveras, informó María del Carmen Verdú, quien dirige la organización.

En tanto, de los once imputados por el supuesto homicidio de Martínez en San Clemente, la Policía ejerce la defensa de tres agentes mujeres, informó una fuente del Gobierno proveedor provincial.

Los casos mencionados son apenas botones de muestra de una práctica generalizada e histórica, de acuerdo a testimonios de funcionarios, abogados penalistas y organizaciones de derechos humanos. Correpi se encontró a letrados de la Policía Federal del otro lado, apenas comenzó a actuar, cuando representó a la familia de Walter Bulacio, en 1991, un hecho emblemático de la impunidad del gatillo fácil. Más adelante, en los expedientes del incendio de Cromañón, en 2004, y el asesinato de Mariano Ferreyra, en 2010, los policías involucrados en los encubrimientos y otros delitos también tuvieron asistencia legal de la Policía, indicó Verdú.

Instituciones

Ciudad y Provincia de Buenos Aires tienen dependencias dedicadas a la defensa legal de policías ante acusaciones de delitos cometidos bajo la vaga definición de “ejercicio de su función”. En el distrito que gobierna Axel Kicillof actúa la Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad y la División de Asuntos Judiciales, que ofrece asistencia jurídica a los policías en todos los fueros. El Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta perfeccionó la estructura en enero de 2019 y creó la Dirección Autónoma de Asuntos Jurídicos, que incluye el Departamento de Asesoría Legal, con el mismo fin de su par bonaerense.  

El mismo esquema funcionó históricamente en cuanto a las fuerzas federales, según coinciden todas las fuentes, aunque Sabina Frederic, primera ministra de Seguridad del gobierno de Alberto Fernández, pisó el freno en ciertos casos. Por ejemplo, en marzo de 2020, primeros días de la pandemia, tres gendarmes “bailaron” a jóvenes que eludieron las restricciones a la circulación en la villa 1-11-14 de CABA. Frederic dispuso la separación de los efectivos y ordenó, vía la Dirección Nacional de Violencia Institucional, que la oficina jurídica de Gendarmería se apartara del caso. No obstante, esa política no se tradujo en una resolución ni llegó a plasmarse en una ley, como apuntaba Frederic, de modo que, por norma, los abogados de las fuerzas siguen actuando siempre que un gendarme, un policía federal, un prefecto o un policía aeroportuario es acusado de un delito. Es una práctica a revisar, dijeron en la cartera que hoy dirige Aníbal Fernández, sin más detalles.

El esquema determina que una burocracia estatal basada en la obediencia al superior jerárquico trabaje en la defensa o la impunidad de eventuales delitos cometidos por sus propios miembros

Se da así una situación absurda. Las familias de las víctimas de gatillo fácil, por lo general, de condición humilde, terminan abonando, mediante el pago de impuestos, parte de la defensa legal de quienes presuntamente asesinaron o dejaron lesionados de por vida a sus seres queridos. Además de la crueldad que supone, el esquema determina que una burocracia estatal basada en la obediencia al superior jerárquico trabaje en la defensa o la impunidad de eventuales delitos cometidos por sus propios miembros. La oficina jurídica, inserta en esa estructura piramidal, tiene a mano buscar testigos, procurar silencios y tender coartadas en beneficio de un imputado al que el Estado, lejos de proteger, podría tener que acusar.

Excepción

El asesinato del joven futbolista Lucas González en Barracas, en noviembre pasado, hecho que tiene tres procesados por homicidio agravado y once por encubrimiento, demostró hasta qué punto el gatillo fácil implica una cadena de complicidades que golpea las puertas de la jefatura del cuerpo. La investigación, de alcance inédito para casos de violencia institucional, deja a las claras cómo la fuerza, en lugar de intentar esclarecer el hecho, puso a comisarios, subcomisarios y agentes de calle a procurar la impunidad de quien efectuó el disparo, mediante la implantación de pruebas falsas, abusos y amedrentamiento de testigos.

Las excepciones a la regla fijada en el lábil criterio “en ejercicio de su función” son escasas. El homicidio de González alcanzó tal repercusión (por el involucramiento del mundo del fútbol, entre otras razones) que logró perforar el paraguas que parece proteger al Gobierno de la Ciudad en los medios de comunicación. A diferencia de tantos otros casos similares, el Ejecutivo de Larreta se vio forzado a deslindar responsabilidades como forma de contener daños.

Un vocero del Ejecutivo de CABA informó que ninguno de los tres imputados por el asesinato del joven de Barracas Central es defendido por un abogado del Ministerio de Seguridad, aunque dijo desconocer si alguno de los acusados de encubrimiento tiene la asistencia de la División de Asuntos Jurídicos. El comisario Rodolfo Ozán, jefe de la Comisaría Vecinal 4A, detenido tras haber quedado su voz registrada con la orden “vaya y busque lo que tenga que buscar para justificar esto”, sería el único que cuenta con la asistencia legal policial, de acuerdo a un abogado involucrado en la causa.

Diversas fuentes señalan que existen atajos cuando la intervención de la dirección de Jurídicos se torna inconveniente, ya sea por la publicidad/gravedad del caso o por la necesidad de un abogado mediático o influyente: las famosas mutuales o contratos pantalla de las fuerzas policiales suplen a veces la espalda financiera para afrontar honorarios caros.    

El combo de la mano dura

Los ministerios de Seguridad de Provincia y Ciudad comparten un abordaje de mano dura de la inseguridad, apuesta que incluye la reacción primaria de ponerse del lado de los victimarios. Cuando estaba a cargo de Seguridad, Diego Santilli consideró en un primero momento que el asesinato de Romano en Villa Crespo o el de Gómez en Boedo no fueron casos de violencia institucional. En 2015, María Eugenia Vidal colaboró con la difusión, que se demostró falsa, de que el policía Ayala había disparado contra Cabello por una cuestión de violencia de género.

Todo el Gobierno de la alianza Pro-UCR-Coalición Cívica, comenzando por el propio Mauricio Macri, abrazó la defensa de Luis Chocobar y encabezó la ofensiva contra dos víctimas de violencia institucional por razones políticas, Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

Cuando era secretario general de la Presidencia, en 2002, Aníbal Fernández es recordado por una primera reacción ante las muertes de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán que apuntó a un plan de “hostilidades” y de “lucha armada” de los piqueteros, aunque luego, cuando aparecieron las fotos de la matanza, cambió de postura.

Horas después del asesinato de Martínez en San Clemente, Sergio Berni puso en duda una primera autopsia que indicaba la hipótesis de las torturas seguidas de muerte. Un segundo peritaje, a cargo del Instituto de Ciencias Forenses de Lomas de Zamora, ratificó y agravó las conclusiones. Semanas más tarde se produjo el asesinato del adolescente Luciano Olivera durante un control policial en Miramar. Esta vez, Berni tomó distancia, aunque ello no fue óbice para que el Ministerio de Seguridad provincial asumiera la defensa de los imputados hasta que los policías optaron por abogados particulares.

Dos caras

El Ejecutivo de Kicillof tiene dos caras ante la violencia institucional. Por un lado, la de Berni. Funcionarios de La Plata matizan que, en realidad, las puestas en escena del ministro quedan en lo mediático —como si ello fuera inofensivo—, y que sus segundas líneas tienen una perspectiva más respetuosa de la ley.

Como contrapeso del abordaje Berni, Kicillof tomó una medida efectiva en favor de las víctimas del gatillo fácil. Con el antecedente de las acusaciones estatales en crímenes de lesa humanidad, el gobernador de Buenos Aires habilitó, mediante un decreto del 26 de julio de 2021, que la Subsecretaría de Derechos Humanos se constituya en querellante en casos de violencia institucional. “La posibilidad de querellar en causas de abusos policiales por las que el Estado debe asumir responsabilidades nacionales e internacionales marca un hito en cuatro décadas de democracia”, señala Ignacio Álvarez, director de Violencia Institucional del Ejecutivo bonaerense.

Se da así la paradoja de que una parte del Gobierno de Kicillof litiga para condenar a policías que cometen violaciones de los derechos humanos, y otra parte del Gobierno de Kicillof pugna para lograr la absolución o, en el peor de los casos, la impunidad. 

SL