Luego de que Bolivia fuera incluida por Estados Unidos en el bloque de países en los que el presidente Donald Trump busca explorar tierras raras y minerales críticos para la transición energética y tecnologías avanzadas, la decisión despertó alertas por los posibles impactos ambientales que implicaría la explotación de estos elementos, pero también por la afectación a pueblos indígenas que habitan zonas donde se extendería la minería.

El país sudamericano posee 31 de los 38 minerales críticos identificados para la transición energética, pero no hay planes claros para su explotación sostenible, aseguran expertos consultados.

Estados Unidos busca unir a 50 países en torno a los minerales críticos y tierras raras con la intención de contrarrestar la potencia china en este ámbito. En Bolivia, la Chiquitania, en el oriente del país, es la zona donde se presumen más tierras raras y minerales críticos, pero a la vez es donde los pueblos indígenas se pusieron en alerta frente a un posible avance sobre sus territorios.

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Los minerales críticos son elementos naturales, como metales y minerales, esenciales para la fabricación de tecnologías modernas, pero cuyo suministro es escaso debido a su concentración geográfica en pocos países y la elevada demanda global. Los potenciales de Bolivia se encuentran alrededor de tres zonas: Santa Cruz, Cochabamba y Potosí.

Las tierras raras son 17 elementos químicos: escandio, itrio y los 15 elementos del grupo de los lantánidos (lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio). Se incluyen el escandio y el itrio porque aparecen frecuentemente mezclados con los lantánidos en los mismos yacimientos.

Los proyectos que ya se activaron

En Bolivia ya hay tres proyectos que ponen en alerta a pueblos indígenas y defensores ambientales en el departamento de Santa Cruz. El primero es el La Cruz Pico Suto, que está en la provincia Ñuflo de Chávez, donde los pueblos indígenas guarayo, chiquitano y ayoreo no fueron consultados, contraviniendo normativas de derechos indígenas. Además, existe preocupación por la supuesta contaminación y afectación a los bosques y recursos hídricos en la zona de influencia.

El segundo proyecto es el del Cerro Manomó, con 12 000 hectáreas para explotar. El tercer proyecto es el Rincón del Tigre. Entre los elementos que se han encontrado en estas áreas están el lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, terbio y gadolinio, entre otros.

Mongabay Latam envió una solicitud de información al Ministerio de Minería y Metalurgia para conocer los cuidados ambientales que se realizan en estos proyectos, pero hasta el cierre de esta nota no se recibió una respuesta.

Sin embargo, José Córdova, presidente ejecutivo de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), empresa pública encargada de administrar la cadena productiva de la minería estatal en el país, afirmó a este medio que el Gobierno boliviano estuvo presente en marzo en la Convención Anual de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), donde existió -dijo- interés de al menos 20 empresas para explorar y explotar minerales críticos y tierras raras. El país también estuvo en Washington, en febrero pasado, en la reunión ministerial de minerales críticos impulsada por el gobierno de Donald Trump.

“Obviamente se verá todo el tema ambiental, se verá el cuidado del medioambiente en todos estos proyectos. Este tipo de nueva minería puede atraer muchos recursos para el país y la idea es generar esos recursos sin dañar el ambiente”, afirmó Córdova.

 *FOTO MANOMO* El cerro Manomó está ubicado en la Chiquitania boliviana. Allí proyectan explorar minerales críticos y tierras raras. Foto: cortesía Revista Nómadas

El funcionario dijo respecto al caso de Cerro Manomó que “se trata de un proyecto asociado a una formación de tipo carbonatítico, es decir, a un tipo de roca ígnea que constituye una de las principales fuentes mundiales de tierras raras ligeras, y también de niobio”. Además, del proyecto Rincón del Tigre, detalló que está “enfocado en minerales del grupo del platino, [y que] también está en fase de prospección”.

Córdova añadió que, en el caso del Rincón del Tigre, Comibol presenta un proyecto con trabajos de muestreo, perforación y análisis geoquímicos con control de calidad, “lo que muestra un proceso técnico de evaluación más allá de una identificación preliminar del área”.

En Bolivia, varios de estos metales ya son explotados por algunos actores productivos que operan en el país, algunos tienen proyectos de explotación y sobre otros no se tienen cuantificadas las reservas. Henry Oporto, director de la Fundación Milenio, afirmó a Mongabay Latam que se necesita una nueva ley minera que integre a todos los actores del sector, promueva tecnologías limpias y garantice seguridad jurídica para los inversionistas. Pero que también proteja el medioambiente.

“La transición hacia una minería sostenible y competitiva es crucial para que Bolivia pueda aprovechar su potencial mineral y contribuir a la transición energética global. Esto requiere un compromiso político firme, inversiones en infraestructura, tecnología y una estrategia nacional que priorice el desarrollo sostenible y el bienestar de las comunidades afectadas”, dijo Oporto.

Según un reporte publicado en septiembre de 2025 por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), varios países latinoamericanos ocupan un sitial en el ranking mundial de reservas probadas globales de minerales críticos. Por ejemplo, Bolivia ocupa el primer lugar en litio (21.6 %) y Chile en cobre (9 %). Argentina tiene las segundas mayores reservas de litio (20.6 %), Perú la tercera mayor de cobre (3.9 %), Brasil tiene la tercera de níquel (15.7 %) y Cuba la tercera mayor de cobalto.

Críticas de expertos y líderes indígenas

Héctor Córdova, especialista en minería de la Fundación Jubileo, indicó que Bolivia no cumple los requisitos para grandes explotación de minerales críticos y tierras raras, a pesar de que desde hace muchos años se los explotan, como el cobre, el antimonio, bismuto, wólfram, pero a escala muy pequeña en fundiciones.

“El Estado no tiene la posibilidad de hacer inversiones grandes ahora, las cooperativas tampoco y solo queda el sector privado, pero para que este se anime a invertir, tiene que venir capital de afuera. Y para que venga ese capital tiene que haber condiciones, porque si invierten y después las cooperativas [mineras, muchas de ellas irregulares] avasallan la mina, ¿quién va a venir así?”, cuestionó Córdova.

Cirila Tapendaba, presidenta de la Central de Organización de Pueblos Nativos Guarayos (Copnag), afirmó a Mongabay Latam que en los territorios guarayos no se realizaron un proceso de consulta previa y que tampoco tienen información sobre los proyectos de minerales críticos y tierras raras. La dirigente pidió al Gobierno no realizar trabajos mineros en zonas indígenas.

“Nosotros, como Copbag, no tenemos información sobre los proyectos mineros que tiene el Gobierno en este tema [minerales críticos y tierras raras]. No queremos zonas afectadas como en el norte de La Paz, donde los hermanos indígenas denuncian que sus territorios están contaminados por la minería”, destacó Tapendaba.

Según Miguel Vargas, director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), más de la mitad de los proyectos extractivos de minerales críticos en América Latina y el Caribe afecta de manera directa o indirecta a territorios indígenas titulados.

Además del impacto ambiental -como la pérdida de bosques y el aumento del estrés hídrico-, Vargas afirmó que la explotación de estos recursos genera riesgos sociales y culturales, entre ellos, desplazamiento forzado, fragmentación territorial, migración y debilitamiento de los sistemas de autoridad y toma de decisiones comunitarias.

Vargas explicó a Mongabay Latam que en Bolivia el área de la Chiquitania es la zona de transición a la Amazonía y que toda actividad extractiva en comunidades chiquitanas tendrá efectos en los pueblos amazónicos, que abarcan los departamentos de Beni, Pando y el norte de La Paz.

“La transición energética no puede construirse a costa de la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas ni mediante la devastación de sus territorios y el medioambiente. La situación que enfrentan las comunidades indígenas de las regiones de la Chiquitanía y el Pantanal evidencia que, lejos de representar una salida al modelo extractivista, la llegada de proyectos de prospección y explotación de tierras raras y minerales críticos tiende a profundizarlo. Esto genera mayores presiones sobre los territorios y nuevas violaciones a los derechos indígenas”, afirmó Vargas.

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La Reserva Natural de Fauna Silvestre Los Andes tiene una extensión de 14 450 kilómetros cuadrados en el noroeste de Argentina, más que países como Jamaica, Líbano o Montenegro. Pero apenas cuenta con un único guardaparque, sin vehículo, para cuidar sus salares y salinas de alta montaña, sus vicuñas y sus sitios arqueológicos y ceremoniales.

Los Andes es un gran desierto lleno de vida, hogar de flamencos y lagartos en peligro donde confluyen las ecorregiones de la Puna y el Altoandino. La reserva es tan importante para la provincia de Salta que representa el 80 % de toda la superficie que el gobierno provincial ha declarado como área protegida. Desde su creación en 1980 necesita un plan de manejo pero las autoridades no consiguen implementarlo.

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Mientras tanto, las empresas mineras avanzan sobre ella, en busca del mineral estrella de la transición energética: el litio.

Dentro de los salares del área protegida que se declaró hace casi medio siglo, el gobierno provincial de Salta ha concesionado 22 proyectos mineros para explorar y extraer litio. El mineral es usado para fabricar las baterías que ponen a andar a los vehículos eléctricos, esenciales para alejarnos de los combustibles fósiles que todavía mueven gran parte del transporte mundial.

El litio también se usa cada vez más en baterías que permiten almacenar a gran escala la energía producida por fuentes renovables como la solar y la eólica, de modo que esa electricidad no esté disponible únicamente cuando está soleado o sople el viento. Precisamente hoy el transporte y la generación de energía eléctrica a base de derivados del petróleo o carbón son los sectores que más emisiones de gases de efecto invernadero producen en el planeta.

La minería es permitida dentro de ciertas zonas de la reserva natural provincial, que lleva el nombre de la cordillera que lo alberga, justamente porque se estableció desde un inicio que sería un área de usos múltiples: se pueden realizar actividades productivas pero controladas y en ciertas áreas preestablecidas, siempre y cuando no generen impactos en los ecosistemas.

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Esa contradicción entre estar protegida pero que no se aplique su instrumento de manejo, a la par de que sus puertas se han abierto a la minería, ha llevado a especialistas y funcionarios consultados a coincidir en que hay un interés político y económico por mantener a Los Andes como una “reserva de papel”.

Este equipo periodístico se comunicó en reiteradas oportunidades con el gobierno provincial de Salta pero las autoridades consultadas nunca respondieron las preguntas enviadas, ni quisieron confirmar en qué medida se está aplicando el plan de manejo aprobado en 2018. El 2 de febrero se envió al secretario de ambiente y desarrollo sustentable de Salta, ingeniero Alejandro Aldazábal, a pedido de su secretaria privada, un cuestionario de siete preguntas. Tras semanas de esperas, su secretaria dejó de responder los mensajes y llamadas y nunca envió las respuestas.

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Estos son los hallazgos de una investigación periodística realizada por Mongabay Latam y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) como parte del proyecto Litio en Conflicto, que coordinó el CLIP y reunió a diez medios de la región para entender algunos de los problemas que rodean a la industria del litio en América Latina.

El plan que existe pero no se aplica

Entre 2016 y 2018, un grupo de científicos y funcionarios se reunieron para dar vuelta la historia de Los Andes y elaborar un plan de manejo que, por primera vez, estableciera en qué zonas de la reserva la minería no podría avanzar. El resultado fue un documento de 108 páginas en el que plasmaron la misión de la reserva: conservar la vicuña, los abundantes recursos naturales de la Puna y zonas altoandinas y el patrimonio cultural e histórico. Y sobre todo resguardar los salares y el agua “como recurso estratégico para la vida dentro de la reserva”, dice el documento público que analizó Mongabay Latam.

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Sin embargo, es allí, en los salares altoandinos que busca proteger, donde se están instalando las mineras de litio, a pesar de que la zonificación aprobada por las autoridades en agosto de 2018 establece explícitamente que estos cuerpos de sal deben ser protegidos y recibir, en sus palabras, un “cuidado especial”.

Los salares de Rincón, Pozuelos, Arizaro, Pocitos e Incahuasi fueron catalogados en un mapa de zonificación como “subzonas de gestión especial”. Allí no debería estar permitida la minería, según el documento.

El plan de manejo también buscaba mantener la viabilidad de las poblaciones de especies bandera para la Puna, como la vicuña (Vicugna vicugna), el guanaco (Lama guanicoe), la rana puneña (Telmatobius atacamensis) y los flamencos (Phoenicoparrus andinus); y poner en valor y resguardar el Qhapaq Ñan, el antiguo camino de los incas hoy declarado Patrimonio de la Humanidad, y otros posibles sitios arqueológicos, que podrían ser atractivos para el futuro turístico de la provincia.

A pesar del largo trabajo, de la inversión de fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del esfuerzo de 49 personas directamente involucradas en la producción de un programa formulado para implementarse durante cinco años, el Gobierno de Salta nunca puso a funcionar el plan de manejo como fue aprobado. En Argentina, los estados provinciales tienen potestad constitucional sobre los recursos minerales e hidrocarburíferos, por lo que pueden abrir licitaciones y concesionar áreas dentro de sus territorios.

La búsqueda del codiciado litio para la transición energética desplazó por completo cualquier interés de las autoridades salteñas por proteger esta reserva. Esta alianza periodística publica aquí el plan de manejo abandonado por considerarlo de interés público.

Entre tanto, Los Andes cuenta con un único guardaparque, quien no tiene vestimenta adecuada ni vehículo para movilizarse, según confirmó Mongabay Latam con fuentes oficiales que conocen el territorio. ¿Cómo puede entonces proteger la fauna y flora endémicas del lugar? “Camina o hace dedo”, respondieron a este medio, en referencia a la modalidad de los viajeros que piden aventones por las rutas.

Tierra de sal: una reserva habitada por salares y lagunas

En la reserva, se formaron extensos salares por evaporación. Existen 12 cuencas, aunque las precipitaciones son extremadamente escasas durante todo el año. Es una zona de estrés hídrico y alta amplitud térmica, con temperaturas estivales que pueden alcanzar los 40 °C y mínimas invernales nocturnas de hasta -40 °C. El índice de radiación solar es uno de los más elevados del mundo, de acuerdo con la investigación realizada para el plan de manejo del área protegida.

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Aquí reinaban las vicuñas. También los guanacos, los suris (Rhea pennata), guaipos o queús (Rhynchotus maculicollis) y predadores como el zorro colorado (Lycalopex culpaeus), el puma (Puma concolor), aguiluchos (Geranoaetus poecilochrous) y matamicos (Phalcoboenus megalopterus). Todavía habitan el lugar junto a mamíferos como la vizcacha de la sierra (Lagidium viscacia), el cavícola tojo o tocotuco puneño (Ctenomys opimus). Abundan las aves, como las camineras, banduritas, canasteros, dormilonas, yales y jilgueros. Y los reptiles: una especie de culebra, el sapito puneño, lagartijas del género Liolaemus y la amenazada rana acuática puneña (Telmaobius atacamensis), considerada En Peligro Crítico.

También se encuentran en Los Andes las tres especies de flamencos del cono sur, todos en la Lista Roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza: el flamenco austral (Phoenicopterus chilensis), el flamenco andino (Phoenicoparrus andinus) y el flamenco puna o de james (Phoenicoparrus jamesi). Además, los dos últimos anidan en los salares de la reserva.

Las extremas condiciones de vida en la reserva de Los Andes hacen que las especies de flora y fauna que habitan esta área protegida sean “particularmente frágiles ante alteraciones e interferencias agudas como las provocadas por las actividades humanas irruptivas”, resaltaron los expertos y funcionarios en el plan de manejo que las autoridades no pusieron en práctica. Por eso, en Los Andes habitan “altas proporciones de especies categorizadas bajo alguna condición de amenaza”. Esas actividades incluirían la minería y el turismo realizados sin los cuidados específicos que reclamaron los especialistas.

Aquí no solo habitan especies carismáticas o bandera. En estos salares también viven comunidades de organismos muy extraños y particularmente adaptados a condiciones extremas: son llamados extremófilos, representantes de formas muy antiguas que iniciaron la vida en el planeta. Algunas de ellas son las arqueobacterias, como los estromatolitos, capaces de fijar carbono de calcio. Habitan en los humedales de Laguna Socompa y los Ojos de Mar de Tolar Grande, dentro de la reserva. Existen numerosos estudios en curso que defienden la protección de los estromatolitos y de sus aplicaciones biotecnológicas.

El plan de manejo y la zonificación ubicaron sitios clave dentro de Los Andes con presencia de extremófilos dentro de los salares de los Pocitos y Rincón. Los expertos dejaron por escrito en el documento público que debían ser especialmente protegidos. Sin embargo, en ambos salares, las autoridades de Salta concesionaron proyectos de litio.

Litio y salares

En estas tierras, el mineral crítico no se encuentra en roca, como en otros lugares del mundo, sino en la salmuera, lagos subterráneos que se ubican debajo de las costras salinas de los salares. Estos humedales centrales para sostener la vida en el desierto son clave para las comunidades indígenas que habitan dentro de la reserva, ya que son fuente de agua para sus animales y ganado. También son importantes para la fauna y la flora, ya que sostienen ríos subterráneos y se transforman en extensos espejos de agua durante los veranos.

La Reserva Los Andes se encuentra dentro del Departamento de Los Andes, donde habitan 7182 personas, según el último censo de 2022. Su capital es San Antonio de los Cobres y el pueblo de Tolar Grande, de unos 200 habitantes, donde vive el único guardaparque que protege estas tierras, se encuentra dentro de la reserva.

Entre la población, quienes no viven de la minería, se dedican a la producción de ganado menor —llamas, ovejas, cabras—, en gran medida bajo condiciones de subsistencia. Por ello necesitan las vegas de los salares para dar agua a sus animales. El turismo también es central: por aquí pasa el célebre Tren de las Nubes, por encima de los 4000 metros sobre el nivel del mar.

Para hacer aún más complejas las cosas, dentro de esta vasta reserva se encuentran otras dos áreas protegidas creadas en 2011: los refugios provinciales de vida silvestre Laguna Socompa y Ojos de Mar de Tolar Grande.

Además, la tenencia de la tierra en el Departamento de Los Andes es foco de conflicto con las autoridades, ya que los pueblos originarios de la zona reclaman posesión comunitaria. En 2018, cuando se terminó de elaborar el plan de manejo, había nueve comunidades indígenas de los pueblos kolla y atacama dentro del área reconocidas oficialmente.

Por eso era importante que, por primera vez en más de cuatro décadas, Los Andes contara con un plan de manejo. Este es un documento de política pública que establece cómo proteger los ecosistemas y las especies que habitan la reserva, al tiempo que zonifica o delimita las áreas donde se podrían realizar ciertos tipos de actividades productivas, como el turismo, la ganadería y la minería.

La minería “conlleva posibles impactos no deseados tanto en las comunidades como para el ambiente”, reconocieron los expertos en el plan de manejo.

El abandono de Los Andes es de larga data. Hasta octubre de 2000, cuando se sancionó una ley de áreas protegidas en la provincia, las reservas de flora y fauna se creaban por decreto pero quedaban en los papeles. A partir de 2001, comenzaron a implementarse algunas políticas de conservación en el territorio y recién en 2010 el Gobierno provincial contrató guardaparques en la provincia, según explicó un exfuncionario que prefiere no ser citado con nombre propio para evitar represalias. La razón es que en Salta, como en otras provincias litíferas del norte argentino cuyas economías dependen en gran medida del mineral, criticar en voz alta las políticas pro-minería puede traer consecuencias laborales. El Gobierno salteño estimaba en 2024 que el sector aportaba casi 6000 empleos directos y 20 000 indirectos.

A la reserva de Los Andes recién le fue asignado un guardaparque en 2016. Es decir, 36 años después de su fundación. “Esto se da en un contexto en el que el sistema de áreas protegidas de Salta, en general, está totalmente desarticulado por las últimas gestiones. Salta vacía [ignora] la cuestión ambiental”, asegura un funcionario nacional que también pidió reserva de identidad. De hecho, la Secretaría de Ambiente de Salta actualmente depende del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable de la provincia.

Bombear salares: una provincia donde prima la minería sobre lo ambiental

La Reserva Los Andes tiene un salar principal, llamado Arizaro, cuya mitad norte está dentro del área protegida. En el plan de manejo que no ha sido implementado, es mencionado como uno de los depósitos salinos fundamentales de la región. También es uno de los salares con mayor proyección para la extracción de litio en Argentina, de acuerdo con la revista minera especializada Salta Mining.

Ese atractivo se ve reflejado en las transacciones recientes. En diciembre de 2025, la minera canadiense Lithium Chile Inc. firmó un acuerdo para vender su participación en el proyecto de litio que desarrolla en este salar con la empresa argentina LitiAr S.A. Lo vendió al grupo chino China Union Holding Ltd. por 175 millones de dólares, según la empresa que desarrolla el proyecto.

Este es uno de siete proyectos en Arizaro. Además de éste, hay otros impulsados por las mineras Lítica Resources y Alpha Lithium Argentina, que pertenecen a las petroleras multinacionales argentinas Pluspetrol y Tecpetrol (parte del grupo Techint) respectivamente. Otros son de la chino-canadiense Tibet Summit Resources; de la china Hanaq; de la canadiense NOA Lithium Brines; de la francesa Eramet; y de la australiana Power Minerals.

Esa misma tensión entre conservación y minería se observa en muchos de los otros salares dentro de la reserva Los Andes. Existen al menos 14 proyectos de litio que se desarrollan en salares enteramente ubicados dentro de Los Andes, según un levantamiento de datos de proyectos y empresas hecho por el CLIP con apoyo de Columbia Journalism Investigations (CJI), que será publicado próximamente. Hay cuatro en el de Pocitos, tres en Rincón, dos en Incahuasi, uno en Pular y tres en Pozuelos-Pastos Grandes, además de uno que contempla trabajar en los cuatro primeros salares. Adicionalmente, hay un proyecto en el salar de Llullaillaco, cuya punta norte también está en el área protegida.

Todos están en fase de prospección o exploración, y todos fueron concesionados por el Gobierno provincial. Varias de las beneficiadas son mineras de peso global: Ganfeng es una de las mayores productoras de litio y Rio Tinto es el segundo mayor conglomerado minero, que entró de lleno en el negocio del litio al comprar en 2025 a la junior canadiense Arcadium Lithium.

Esta alianza periodística revisó los documentos de los 22 proyectos en la zona de Los Andes (los siete proyectos en Arizaro, otros 14 en el resto de los salares enteramente ubicados en la reserva y un proyecto en el salar de Llullaillaco que está parcialmente dentro de la reserva) así como los de sus empresas operadoras, incluyendo páginas web, presentaciones corporativas e informes técnicos. En solamente dos encontró menciones a la existencia de la reserva Los Andes y al traslape de sus iniciativas con éste. En la mayoría de los casos, los mapas que incluyen las mineras son esquemáticos y omiten el polígono de la reserva natural.

Una de las excepciones es el gigante británico Rio Tinto, que impulsa un proyecto en el salar de Rincón, que describe como su “primera operación de litio a escala comercial”. Su presidente, Jakob Stausholm, encuadró al proyecto en su informe anual de directivo de 2024 como parte de la estrategia de “alinear” su cartera “con las materias primas cuya demanda está experimentando un mayor crecimiento”. La empresa prevé iniciar la producción hacia 2028, tener dos plantas de producción de carbonato de litio y una vida útil de 40 años.

En el resumen ejecutivo de su estudio de impacto ambiental (EIA), disponible en su página web, Rio Tinto reconoce explícitamente que “el proyecto se encuentra en la Reserva de Los Andes”. El estudio cita el plan de manejo que finalmente no fue adoptado, incluyendo menciones a sus sitios de usos restringidos y la necesidad de llevar a cabo estudios de los extremófilos. Además subraya que la empresa está aplicando “las medidas de manejo y restricciones incluidas en el Plan de Manejo de la reserva”.

En el informe técnico de su proyecto en Arizaro fechado en julio de 2024, Lithium Chile menciona que hay varias áreas protegidas cerca, incluyendo la Reserva Los Andes, que “se superpone con la parte norte del área de concesión”. No menciona si su iniciativa minera tendría algún impacto en el área protegida ni el plan de manejo, aunque subraya que uno de los objetivos de la reserva es “estudiar y aplicar técnicas de desarrollo y uso racional de los recursos naturales para mantener el buen funcionamiento de los ecosistemas clave”, como salares y humedales altoandinos.

Mongabay Latam y CLIP contactaron a las 15 empresas mineras que operan en salares de la reserva, preguntándoles qué medidas están tomando para operar dentro de un área protegida y habitada por comunidades indígenas. Al cierre de esta investigación solo había respondido Alpha Lithium, de Tecpetrol.

Esa minera, propiedad de la familia Rocca, una de las más ricas de Argentina, respondió que su proyecto en el Salar de Arizaro se encuentra en etapa de exploración inicial, “con tareas geofísicas que no afectarán en forma relevante a la fauna del entorno, debido a que son actividades puntuales y de corta duración”. La compañía sostiene que el impacto “será irrelevante”, pero que aun así elaboró un plan de gestión con medidas preventivas.

“El plan de manejo era una cosa muy grande”

La minería de litio —que se ha extendido por los salares en las provincias argentinas de Jujuy, Salta y Catamarca— ya se vislumbraba en la reserva cuando se realizó el plan de manejo de 2018. “Finalmente, el plan de manejo no sirvió para ponerle obstáculos al avance del litio en la reserva”, explica uno de los científicos que participó del proceso de elaboración del documento oficial.

“Existía un acuerdo con el área de minería para trabajar en conjunto y generar un comité interdisciplinario. Nosotros estábamos contentos porque era algo innovador. Era una cosa muy grande”, recuerda Flavio Moschione, biólogo de la Administración de Parques Nacionales, especializado en aves acuáticas y uno de los expertos que participó en el plan de manejo. Lo cuenta en diálogo con Mongabay Latam, ocho años después de aquel esfuerzo conjunto.

Cuando el plan de manejo de Los Andes quedó en la nada, Moschione y otros expertos que habían participado pidieron explicaciones a las autoridades de Salta. El biólogo incluso presentó un reclamo formal desde la Administración de Parques Nacionales. Nunca les contestaron, asegura.

Esa tensión entre el boom económico que está trayendo el litio a Salta y la conservación de sus ecosistemas de alta montaña es justo el tipo de escenario que menciona la investigadora estadounidense Thea Riofrancos en su recién publicado libro Extraction: the Frontiers of Green Capitalism sobre el boom mundial del litio. “En los lugares donde se están abriendo minas para obtener materias primas para la transición energética, la acción climática global termina entrando en conflicto con la protección ambiental local”, escribió la profesora de ciencias políticas de Providence College.

Mongabay Latam, con la colaboración del equipo de Ruido, envió en 2025 una solicitud de información pública al Ejecutivo salteño para obtener información sobre las concesiones mineras que se superponen con la reserva, pero la administración del gobernador Gustavo Sáenz nunca respondió.

“La minería es prioridad y nuestros informes no son vinculantes”, afirmó a Mongabay Latam un funcionario de una provincia litífera que pidió reserva de su identidad. Como aquellos informes, el plan de manejo que ayudaría a proteger la reserva Los Andes quedó en el olvido, y sus salares y la vida de una tierra inmensa seguirán siendo postergados.

El artículo original fue publicado por Andrés Bermúdez Liévano (CLIP), Daniela Quintero Díaz y Emilia Delfino en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

*Con la colaboración de Ruido.

Litio en Conflicto es un proyecto liderado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en alianza con Consenso (Paraguay), La Región (Bolivia), Quinto Elemento Lab (México), Repórter Brasil (Brasil), Ruido (Argentina), Climate Tracker América Latina, Dialogue Earth, Mongabay Latamy Columbia Journalism Investigations (CJI) sobre cómo está funcionando la industria del litio en América Latina. Con el apoyo del equipo legal El Veinte.

Los glaciares de Argentina están en el centro de las discusiones ambientales y políticas del país. El gobierno de Javier Milei quiere modificar la emblemática Ley de Glaciares para favorecer la minería pero organizaciones ambientalistas, ciudadanos y científicos han alzado la voz para tratar de evitar que el Congreso cambie las reglas que protegen actualmente a los glaciares de hielo y glaciares de roca.

El proyecto para modificar la ley ya tiene media sanción del Senado. La semana pasada, durante dos días, se celebraron las audiencias públicas ante la Cámara de Diputados, atravesadas por tensión, gritos, críticas y hasta pedidos de medidas cautelares en la Justicia ante la decisión de recortar a 200 expositores cuando había más de 100 000 inscriptos para exponer.

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El argentino Lucas Ruiz es investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y doctor en Ciencias Geológicas de la Universidad de Buenos Aires. Se especializada en glaciares y permafrost de montaña. Actualmente, trabaja como glaciólogo en Geoestudios Ltda, una de las consultoras en glaciología más importantes de Sudamérica.

En diálogo con Mongabay Latam explicó qué está en juego con la modificación de la ley y por qué la comunidad científica está en alerta. “Creo que la ciudadanía argentina no está en contra del desarrollo minero. Lo que sí creo es que no estamos a favor de cualquier desarrollo. Sabemos que contaminar los ríos y dañar los glaciares genera un alto costo ambiental y creo que la ciudadanía, por suerte, ha madurado y no está dispuesta a afrontar ese alto costo”, aseguró Ruiz.

—¿Qué es el ambiente periglaciar que está en medio de la discusión sobre la Ley de Glaciares en Argentina?

—El ambiente periglaciar no es lo que está alrededor de los glaciares. El ambiente periglaciar es aquellas zonas donde hace tanto frío o el clima es tan frío que pueden existir suelos congelados permanentes. El concepto que vamos a escuchar bastante es el permafrost [capa de suelo, roca o sedimentos que permanece congelada todo el año]. La Ley de Glaciares protege aquellos lugares donde, dentro del ambiente periglaciar, hay reservas de agua, es decir que hay una gran cantidad de hielo.

También protege aquellas zonas dentro del ambiente periglaciar que puedan regular el recurso hídrico. Y ahí es donde uno entra en un gris, que en este caso no se está analizando. La reforma que se está planteando no es una modificación, no es una aclaración de la ley. Lo que se está intentando hacer es generar todavía más discrecionalidad a la hora de definir lo que se protege, al habilitar que las provincias o las autoridades provinciales digan: “Esto lo quiero producir [con minería], entonces no será protegido”.

—¿Cuál es la conexión entre lo periglaciar y lo glaciar?

—Pueden estar cerca o no. Hay lugares, como por ejemplo, en la Patagonia, donde el ambiente periglaciar se desarrolla más hacia los cordones que están hacia el este de la Cordillera de los Andes, mientras que los glaciares se desarrollan hacia el oeste, ya que en el oeste la precipitación es más abundante. Sin embargo, en la Alta Cordillera de Mendoza y de San Juan, tenemos la posibilidad de que se desarrollen glaciares y ambiente periglaciar o suelos congelados permanentes.

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Las nacientes de los glaciares en la Alta Cordillera de Mendoza están en zonas que están por debajo de la temperatura media anual. Hablamos de -2 °C, -3 °C. Son temperaturas en las que están dadas las condiciones para que exista permafrost, mientras que los glaciares en Patagonia están en zonas que están cerca de los 0 °C porque la precipitación es mucho más abundante en forma de nieve.

—La discusión en torno a la Ley de Glaciares gira alrededor de la posibilidad de que si se toca la ley actual se altere la protección a las fuentes de agua de 7 millones de personas que viven en la zona de la Cordillera. ¿Por qué?

—En las nacientes de los principales ríos del oeste de Argentina hay glaciares. Entonces, si bien no podemos decir que el glaciar es el que produce toda esa agua [del río], sí podemos decir que en todas esas cabeceras de esas cuencas, hay glaciares. Al afectar esas zonas podrían estar afectando el agua de todas esas personas. Pero lo importante es saber que las fuentes principales del agua que generan los ríos del oeste de Argentina son la nieve y la lluvia. En algunos ríos, por ejemplo, los glaciares son una contribución menor a la de la nieve. A veces puede ser menor y a veces puede llegar a ser mucho más importante. Y ahí está el rol regulador de los glaciares.

—¿Cómo es ese rol regulador?

—En años de abundancia de precipitación, de mucha nieve en la Cordillera, los glaciares, en vez de entregar agua en forma de deshielo, lo que van a hacer es acumularla, se la van a guardar. Van a crecer los glaciares por la abundancia de precipitaciones. Sin embargo, en los años de sequía, cuando la nieve escasea, los glaciares se achican. Eso quiere decir que se derriten aún más y entonces entregan mayor cantidad de agua a los ríos o lagos. Los glaciares funcionan como diques perfectos, diques naturales o cajas de ahorro de agua y, cuando realmente la necesitamos, nos la entregan.

—¿Cuál es la conexión entre la provisión de agua y el ambiente periglaciar que está en riesgo si se modifica la ley?

—Ahí está el tema. El glaciar es casi como un individuo. Un área bastante acotada o fácil de acotar, porque nosotros podemos claramente delimitar cuál es el área en superficie que está representada por hielo y cuál no. El Inventario Nacional de Glaciares [a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia), con la coordinación de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación] identifica glaciares y glaciares de escombros. En general, estas reservas de agua son los glaciares de escombro, que son los lugares dentro del ambiente periglaciar donde hay altas concentraciones de hielo.

Cuando lo vemos en superficie están compuestos por los mismos fragmentos de roca que el resto de las laderas, pero estas se mueven, fluyen pendiente abajo lentamente y eso le da la característica de glaciares de roca. Las reservas de agua van a estar acotadas a donde en general se desarrollan estos glaciares de roca y es por eso que el Inventario Nacional de Glaciares de Argentina incluye a los glaciares y los glaciares de escombro.

—¿Siempre que hay un glaciar de escombro es un ambiente periglaciar?

—Exacto, estamos dentro del ambiente periglaciar y un ambiente rico en hielo. Tiene hielo en su interior. Cuando estudiamos en detalle a los glaciares de escombro, tienen una capacidad de reserva similar a los glaciares, aunque menor. Un glaciar de escombro tiene menos hielo de lo que tiene un glaciar normal, porque uno está hecho 100 % de hielo y el otro puede tener 30, 40, 60, 80 % de hielo. No más que eso. Si no, ya pasaríamos a tener un glaciar. Y por otro lado, tienen tasas de derretimiento de hielo más bajas. Entonces, la cantidad de agua que entregan siempre es más baja que la de los glaciares.

Eso no los hace tan relevante hídricamente hoy, pero sí los pone como las reservas de agua del futuro, porque tiene lo que no se derrite, va a ser hielo que se puede derretir más adelante, cuando la temperatura del planeta sea más elevada.

—¿Qué tipo de minería buscan hacer en esos glaciares de escombros?

—No es tanto qué minerales hay en el ambiente periglaciar. El problema es que hay zonas mineralizadas en la Cordillera que están en ese régimen climático donde se desarrollan los glaciares, en donde se desarrolla el ambiente periglaciar.

Durante las protestas en el Congreso, ambientalistas, sentados en inodoros, exhibieron un explícito mensaje dirigido a los senadores. En el Senado se votó finalmente a favor de la modificación de la ley. Ahora el destino de la norma está en manos de los diputados. Foto: cortesía Greenpeace Argentina.

—Por ejemplo, en zonas como la provincia de San Juan...

—En San Juan [en la frontera con Chile] es donde justamente hay grandes proyectos [mineros]. Y cuando digo grandes digo no solo en extensión, sino en la cantidad de mineral, la concentración de mineral, y por el valor económico que tienen. Y están en zonas donde hay ambiente periglaciar y hay glaciares. Entonces entramos en un conflicto de intereses y lo que ponen de manifiesto los que están a favor de la modificación de la ley es que dicen que la Ley de Glaciares, como está escrita, restringe las posibilidades de desarrollar la minería en ese lugar porque no pueden afectar los glaciares. Y lo que sostienen es que los glaciares que están en esa zona no son importantes.

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Ahí es donde entra esto de la “relevancia hídrica”, que es un concepto nuevo, introducido en esta reforma. Es decir, quieren solo proteger los glaciares que tienen “relevancia hídrica” y al resto no, pero la relevancia hídrica no es un concepto como la definición de glaciar, que nosotros podemos ir a buscar a los libros, sino que tiene que ser definida ad hoc, como decimos, definida a propósito para un objetivo. No sabemos cómo van a definir la relevancia hídrica.

—¿En qué estado de conservación están los glaciares actualmente?

—Los glaciares en el pasado eran más grandes de lo que son ahora. La pérdida de un glaciar es muy visual, como cuando se quema un bosque. No tenemos que ver una fotografía de principios de siglo: una fotografía de hace 20 o 25 años ya nos muestra que los glaciares estaban gordos. Eran grandes, espesos, blancos. Se los veía sanos y ahora miramos ese mismo glaciar y lo vamos a ver mucho más delgado, con menor espesor, con mayor cobertura de detritos [residuos sólidos, orgánicos o inorgánicos, resultantes de la descomposición, desgaste o erosión de materiales], ya no está tan blanco. Se los ve como enfermos.

Si hoy en día mágicamente podríamos detener el calentamiento global y mantener el clima tal cual está, igual los glaciares continuarían achicándose porque no están en equilibrio con el clima actual. Eso es casi para el general de todos los glaciares que hay en el planeta.

Hemos podido mejorar como comunidad científica muchísimo en la precisión de las proyecciones hacia el futuro y nos muestran unos resultados muy dramáticos. Si seguimos tal cual estamos, a fin de siglo, Europa se quedará sin glaciares.

Estamos hablando de que países como Suiza, que tienen sus glaciares como parte de su identidad, no los va a tener más. Países de las zonas tropicales, como Perú, tampoco.

Si bien Argentina y Chile parece que no van a ser tan afectados donde están los grandes campos de hielo en Patagonia. Esas grandes masas de hielo son tan extensas que a fin de siglo igual todavía van a tener mucho hielo. Lo mismo para la Antártida o Groenlandia. Sin embargo, en lugares como la provincia de Mendoza, San Juan o como el norte de la Patagonia, la zona de Bariloche o el norte de la provincia de Chubut, es muy probable que para fines de este siglo no existan más las áreas o queden reducidos a pequeños glaciares en las partes más altas de lamontaña.

Estamos tratando de manifestar lo urgente de la situación, lo drástico de lo que va a suceder. Y no hay que perder de vista el rol hídrico que tienen los glaciares, de entregar agua justamente en los momentos de sequía.

Entonces, si a eso le sumamos que en el contexto de cambio climático, las sequías para el futuro van a ser incluso más severas, no contar con glaciares significa que vamos a sufrir muchísimo más de lo que estamos sufriendo hoy.

Eso es algo que, si bien la comunidad científica está alertando, no vemos muchas acciones de los tomadores de decisión para tratar de adaptarse o mitigar esa situación. Todo lo contrario. Necesitamos proteger a los glaciares pero nos dicen: “Los glaciares pequeños no nos importan. Queremos extraer minerales a cualquier costo”.

El artículo original fue publicado por Emilia Delfino en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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*Imagen principal: glaciares y ambiente periglaciar en la zona de la provincia de San Juan, en la frontera argentina con Chile. Foto: cortesía Martín Katz/Greenpeace 

Los pastores de yaks de Bután están consternados porque la montaña sagrada Jomolhari ha perdido sus “perlas lustrosas” de nieve y hielo; en Perú, los peregrinos que subían al Colquepunco para recolectar “hielo sagrado”, se limitan ahora a tomar agua del deshielo del glaciar. Los primeros se sienten culpables porque su diosa está “enferma” y los segundos creen que su dios se ha cansado de sus oraciones. Son solo dos ejemplos del impacto que está teniendo el calentamiento global sobre los rituales y creencias de las culturas que consideran a los glaciares lugares sagrados. 

Seis investigadores que trabajan en algunos de estos lugares del planeta publican un análisis conjunto en Nature Climate Change en el que exponen cómo el calentamiento global está forzando una transformación en las creencias y rituales en las comunidades indígenas de montaña. Para muchos de los habitantes de estas zonas del mundo, desde los Andes hasta el Himalaya, está ocurriendo algo muy inquietante: a sus ojos, los glaciares sagrados parecen estar enfermos, se están escondiendo o les están abandonando.

Los dioses que habitan las montañas, que alguna vez parecieron todopoderosos, ahora parecen frágiles y vacilantes

Elizabeth Allison — Investigadora del Instituto de Estudios Integrales de California

“Los dioses que habitan las montañas, que alguna vez parecieron todopoderosos, ahora parecen frágiles y vacilantes”, resume Elizabeth Allison, del Instituto de Estudios Integrales de California. “Se está perdiendo la conexión espiritual con la Tierra, al mismo tiempo que se están perdiendo los glaciares”, explica Iván Lizaga, investigador del IPE-CSIC y coautor del artículo. “Ellos se piensan que uno es la consecuencia de lo otro”.

Desconexión en las Montañas de la Luna 

Lizaga colabora con el investigador local Moses Muhumuza, quien lleva años trabajando en los montes Rwenzori, conocidos históricamente como las “Montañas de la Luna”, entre la frontera de Uganda y la República Democrática del Congo. La cosmología, creencias y prácticas espirituales del pueblo konjo, que vive en esta región, están profundamente arraigadas en los recursos naturales; los konjo reconocen a 21 dioses y diosas asociados a la montaña y en su cosmovisión los glaciares son el esperma semisólido del dios Kithasamba (literalmente, “El que no escala”, porque reside cerca de la cumbre). 

En estas montañas los datos son alarmantes: han perdido alrededor del 90% de sus glaciares desde principios del siglo XX. Esta pérdida física, junto con la prohibición a los habitantes locales de acceder al Parque Nacional, ha obligado a abandonar muchas de las ceremonias tradicionales. La comunidad konjo estableció una relación de causalidad directa entre ambos hechos, explica Lizaga, e interpretaron que el hielo desaparecía no por el calentamiento global, sino porque se les impedía ejecutar sus rituales. Por fortuna, la situación se está revirtiendo, aunque los efectos de este abandono perduran. 

El dios que se esconde 

Otro de los casos que se citan en el artículo es el de la peregrinación del Señor de Qoyllurit’i, en Perú. Históricamente, los devotos subían al glaciar Colquepunco para cortar bloques de “hielo sagrado” y llevarlos a sus comunidades. Según recoge la antropóloga argentina Constanza Ceruti, los peregrinos ahora se abstienen de cortar el hielo y solo recolectan agua de deshielo e interpretan que el glaciar retrocede porque el Señor, cansado de las oraciones de los devotos, está intentando “esconderse” de ellos. “Con casi 30 años de experiencia personal de campo en el estudio antropológico y arqueológico de altas cumbres, puedo ver claramente que el futuro de las montañas está en riesgo y, con él, su patrimonio cultural”, asegura Ceruti.

En Bolivia, tras la desaparición total del glaciar Chacaltaya en 2009, los habitantes del Valle de Milluni interpretan el sol abrasador como una consecuencia de sus actos. “Es un castigo que hemos creado nosotros mismos”, relata un residente local. En la cosmovisión andina, los picos nevados son “abuelos” o guardianes y la crisis climática ha obligado a modificar tradiciones con siglos de antigüedad. Pero esta relación parece haber cambiado, señala Elizabeth Allison. “Mientras que antes las oraciones para mantener buenas relaciones con las deidades de las montañas parecían producir precipitaciones suficientes y oportunas, estas oraciones y ofrendas ya no son tan efectivas”, asegura.

Al servicio del diablo

Guillermo Salas Carreño, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, defiende que en los Andes las montañas no han dejado de ser agentes intencionales, aunque lo que está cambiando es su significado. “Yo he trabajado en las comunidades rurales más chiquitas y son muy conscientes de que está cambiando el clima, lo que produce un sentimiento de culpa de que los cerros estén castigándoles por sus fallos morales y el descuido ritual”, explica a elDiario.es. “Hay quien te dice que nuestros pecados huelen tan mal que el Señor [el glaciar] se va durante la peregrinación, porque apestamos mucho”. En su opinión, es especialmente injusto que esta gente que vive en economías de subsistencia se culpe del cambio climático. “Se da la paradoja de que ellos están pagando más caro el cambio y obviamente no tienen la responsabilidad”, subraya.  

Hay quien te dice que nuestros pecados huelen tan mal que el Señor [el glaciar] se va durante la peregrinación, porque apestamos mucho

Guillermo Salas Carreño — Investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú

Un hecho significativo en algunas zonas, explica Salas Carreño, es el notable aumento de la influencia de las iglesias evangélicas y pentecostales. Esto deja fuera a las antiguas deidades y da paso a una interpretación basada en las escrituras. “Estos cambios se ven como castigos divinos o como parte de la teleología de la Segunda Venida y el Juicio Final”, explica el experto. “Como no son Dios, los glaciares y montañas son entonces asociados con el diablo. Y los conversos suelen abstenerse de honrar a los glaciares y montañas”.

La diosa enferma del Himalaya

En el techo del mundo, en Bután, una consecuencia del calentamiento es que la metáfora de la belleza divina se está desmoronando. Los habitantes de estas tierras altas del Himalaya describían anteriormente su montaña sagrada cercana, Jomolhari, como una diosa que vestía “perlas lustrosas”, en alusión a la nueve y hielo visible en las cumbres. Ahora, sin embargo, los pastores de yaks señalan con consternación las “manchas negras” que aparecen en la montaña, a medida que la cubierta de nieve y hielo disminuye, sugiriendo que “parece enferma”. 

Como en los casos anteriores, los habitantes de las tierras altas muestran un sentido de culpabilidad moral, preocupados de haber fallado en seguir su cultura y rituales adecuadamente, causando que la diosa Jomolhari los abandone. Para Elizabeth Allison, lo que está ocurriendo es una pérdida del sentido de integración y conexión que ejercían las religiones. “Las percepciones, prácticas y metáforas religiosas milenarias en las comunidades de alta montaña están cambiando a medida que el paisaje físico cambia hacia un entorno desecado y más oscuro”, argumenta. “Muchos de estos ritos que se están abandonando protegían la biodiversidad y su desaparición contribuye a que no se llegue a frenar esa degradación”, coincide Iván Lizaga. 

La angustia por la pérdida

Álvaro Fernández-Llamazares, especialista en etnobiología del ICTA-UAB, cree que este artículo es muy valioso porque muestra que el cambio climático no solo transforma paisajes físicos, sino también las relaciones espirituales que muchas comunidades mantienen con esos paisajes. “El retroceso de glaciares afecta a sistemas de creencias, rituales y relaciones de reciprocidad que durante siglos han regulado la convivencia entre personas y naturaleza”, señala. En su trabajo con comunidades indígenas, él ha podido observar procesos muy similares, a menudo acompañados de lo que se conoce como solastalgia, un sentimiento de duelo, angustia y desorientación que surge cuando los lugares de arraigo se transforman o desaparecen por el deterioro ambiental. 

El paisaje deja de responder como antes y se quiebra una relación de confianza forjada durante generaciones. En comunidades sámi, este cambio se suele expresar como un duelo silencioso

Álvaro Fernández-Llamazares — Especialista en etnobiología del ICTA-UAB

“Entre los sámi del norte de Fenoscandia, la pérdida de nieve estable y la creciente imprevisibilidad del hielo se viven con una sensación tremenda de pérdida”, relata Fernández-Llamazares. “El paisaje deja de responder como antes y se quiebra una relación de confianza forjada durante generaciones. En comunidades sámi, este cambio se suele expresar como un duelo silencioso por un territorio que ya no sostiene con la misma fuerza la vida cultural y espiritual”.

La necesidad de que las comunidades se impliquen en la conservación de los ecosistemas es lo que ha llevado a la ONU a patrocinar programas como el que se sigue en las montañas del norte de Pakistán, donde se quiere recuperar creencias locales como el “matrimonio entre glaciares machos y hembras” para sembrar nuevos glaciares. Sérgio Henrique Faria y su equipo del Laboratorio de Hielo (IzotzaLab) del Centro Vasco para el Cambio Climático (BC3), que han investigado este proceso, cree que el análisis de estos seis investigadores es una oportunidad para reflexionar sobre el papel de estas creencias. 

“Durante los últimos dos siglos, el pensamiento académico y científico consideraba las religiones basadas en la naturaleza como algo primitivo que había que superar”, apunta Faria. “En su momento, esa actitud fue crucial para combatir los peligros del misticismo, pero también erosionó el valor positivo de las relaciones recíprocas con el entorno que se mencionan en este artículo”. En su opinión, el cambio climático ha puesto de relieve los peligros de este distanciamiento radical con el entorno, a lo que se le suma la reacción por parte de ciertos grupos religiosos, que no aceptan la idea de formar parte de la naturaleza y perder la supuesta superioridad humana otorgada por lo Divino. “Es hora de tener en cuenta estas nuevas amenazas”, concluye. 

Más de la mitad de todas las emisiones mundiales de CO₂ provienen de solo 32 grandes compañías petrolíferas, de carbón y gas. Y la gran mayoría de ellas (17 del top 20) son, además, controladas por gobiernos nacionales que se oponen a atajar el uso de combustibles fósiles en las cumbres internacionales sobre el cambio climático, según el estudio Carbon Majors conocido este miércoles.

La lista está encabezada por Aramco que acumula el 4% de las emisiones globales. Aramco es la empresa de Arabia Saudí, punta de lanza del bloqueo internacional al freno a los combustibles fósiles. El segundo puesto lo ocupa, Coal India, la tercera la compañía estatal china CHN, a la que le sigue National Iranian Compay (propiedad del estado de Irán). El quinto puesto es para la rusa Gazprom (principal beneficiaria del deshielo del Ártico donde perfora para producir gas y petróleo). La lista completa puede consultarse aquí.

Entre las compañías privadas más contaminantes, Carbon Majors señala a Exxon y Chevron. La española Repsol aparece en el puesto 93 de 166 compañías analizadas con datos de 2024.

El estudio avisa de que, a la luz de sus recuentos, queda patente que “la responsabilidad de las emisiones está altamente concentrada en un pequeño número de compañías productoras”. De hecho, si se mira la responsabilidad histórica del cambio climático (debido a la emisión de gases), los expertos del informe aclaran que “más de la mitad del CO₂ desde 1750 puede ser atribuido a solo 81 empresas”.

La tendencia de concentración (muchas emisiones con pocos responsables) se está acuciando: si en el periodo 2005-2013 el grupo que concentraba la mitad de emisiones sumaba 40 compañías, en 2023 ya fueron solo 38 y en 2024 todavía menos: 32 grandes emisores.

Si las empresas privadas fósiles como Chevron, Exxon o BP son enemigos naturales de la reducción en el uso de petróleo, gas y carbón para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, las empresas estatales se muestran “todavía más opuestas a la regulación climática”, recuerda este informe.

Aramco, Gazprom, Coal India, Pemex, CHN, ADNOC (de Abu Dabi), lideran el rechazo y el trabajo de lobby para socavar los esfuerzos internacionales para reducir la dependencia de los fósiles. Una labor que ha quedado evidenciada en las últimas cumbres del clima, las COP, y en los propios planes estatales de producción de petróleo, gas y carbón revelados por los gobiernos de muchos de estos países que prevén un incremento de extracción, no una reducción, para los próximos años.

La concentración de emisiones en un grupo pequeño de compañías tiene consecuencias. “Los grandes productores continúan causando un incremento de emisiones”, concluye el trabajo. “La concentración no es solo provocada por la consolidación empresarial sino también por el continuado crecimiento de la producción”.

En resumen, el estudio revela cómo “un pequeño número de compañías están dando forma a las emisiones totales” y eso, insisten, “hace medible la responsabilidad de esas compañías” lo que, a su vez, permite acciones “legales, políticas y científicas para mitigar el cambio climático”.

“Un pueblo con conocimiento puede elegir su destino”, dijo la directora del documental “La hija del No”, Silvina Hermosa, en su presentación en el Cine Gaumont de la Ciudad de Buenos Aires, el pasado miércoles 7 de mayo. Silvina es la hija de la docente y química Marta Sahores, una de las “madres” del rotundo “No” que se expresó en marzo de 2003 en la ciudad chubutense de Esquel, contra el avance de la megaminería con uso de cianuro. 

Así lo señalan las y los realizadores: “Este film se propone narrar la historia de las docentes de la universidad pública argentina que se dieron el trabajo de investigar y denunciar el impacto ambiental, de desarmar el discurso extractivista mentiroso y generar la movilización por el voto popular en el plebiscito del año 2003 que determinó que la ciudadanía de Esquel expresara un rotundo ‘No a la Minería a cielo abierto’. La asamblea de vecinos de Esquel y su experiencia de resistencia se conoce en todo el mundo y es un ejemplo a seguir en diversos ámbitos”. 

Con un enfoque intimista, la hija de una de las protagonistas recorre esta historia recuperando la mirada de los principales protagonistas de la historia. “Esta película requiere documentar la experiencia, contribuir a generar un ejercicio de memoria y volver a considerar que ‘Lo personal es político’”, señalan los realizadores.

Muchos de los testimonios que recoge el documental, que también incluye valioso material audiovisual de archivo, fueron filmados durante el 20° aniversario del plebiscito del 23 de marzo de 2003, es decir en marzo de 2023. Y entre las participantes de ese aniversario, que contó con decenas de charlas y paneles, estuvo Nora Cortiñas, emblema de las Madres de Plaza de Mayo. La centralidad de “Norita” en “La hija del No” no busca simplemente rendir culto y homenaje (inevitable tras su reciente muerte en 2024), sino que funciona como una intersección entre las profundas diagonales políticas y biográficas sobre las cuales trabaja el documental.

Sahores y su familia tuvieron que exiliarse en Ecuador durante la última dictadura cívico-militar. La cátedra en la que Marta daba clases en la Universidad de Buenos Aires había sido censurada “por marxista”. El retorno a la Argentina, tras la Guerra de Malvinas, fue a Esquel, porque la universidad pública necesitaba profesionales. “Es Quito en miniatura”, le dijo Marta a sus hijos en 1983.

El documental también pone el foco en los vínculos familiares, especialmente la relación madre-hija, cuando son atravesados por la política y por el activismo, en este caso socio-ambiental. Cómo afecta a una familia la persecución durante tiempos de dictadura pero también la persecución y las amenazas en democracia, durante las primeras denuncias junto a la también académica Silvia González, contra el uso de cianuro en los proyectos mineros que se tenían pensados para Esquel en los 2000. Continuidades en los métodos del poder económico para hacer valer sus intereses. La potencia del vínculo materno, atravesado por la política, aparece en la Madre de Plaza de Mayo y en la madre e hija del No a la megaminería. Por eso “lo personal es político”. Y como un plus, la directora no rehúye a la complejidad personal de dicho vínculo. “Tomé mucho y también tuve que desmarcarme”, dice su voz en off durante el documental.

Por último, en un fragmento del documental donde Nora Cortiñas y Marta Sahores están juntas frente a cámara, se invoca la palabra “feminismo”. “Nosotras, las Madres de Plaza de Mayo, éramos feministas sin saberlo”, dice Norita. De hecho, el protagonismo de las mujeres en la lucha política es otro rasgo distintivo que refleja la “La hija del No”. Es Pablo Lada, referente del Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH), quien subraya con su testimonio este rasgo distintivo del heterogéneo movimiento del “No a la Mina” en Chubut. “Las mujeres siempre se han puesto al frente en esta lucha, quizá es porque sienten más el territorio”.

Antes de comenzar la proyección del documental en el Cine Gaumont, Silvina cedió la palabra a Marta Sahores, su madre: “Gracias por seguir este tema que es tan importante, como miembro de la universidad pública y gratuita de este país, me sentí obligada hace 22 años a investigar mucho sobre el tema de la minería y su contaminación. Para difundir, porque me parece importantísimo que la gente conozca. El conocimiento nos hace libres. No fui yo sola, fuimos muchos y seguimos siendo muchos los que estamos defendiendo el ambiente. Hoy el tema es el uranio; en Chubut vienen por el uranio, vienen por todo y tenemos que seguir luchando”.

Luego habló la directora, junto a casi una decena de integrantes del equipo de realización del documental: “Esta historia sale a la luz por una política pública que ahora quieren vapulear, denostar, y también censurar. Me refiero al fomento de la industria audiovisual. Quiero agradecer también a los trabajadores y trabajadoras del Incaa. Hay algunos que todavía están pero hay más de cuatrocientos que ya no trabajan en la institución. Hace un año y medio no se otorga ningún subsidio a ninguna película de cine nacional. Las películas documentales tenían una semana de exhibición en el cine, hoy tenemos una única función”.

Y siguió: “Quiero agradecer también a la universidad pública que cobijó a muchos de nosotros y hoy tenemos que seguirla defendiendo. Hoy hace más de doscientos años fue promulgada la ley de minería en nuestro país, proclamando 'el progreso y el desarrollo'. Nada de eso se ha visto por acá, sino preguntémosle a Jachal, a los vecinos y vecinas de La Alumbrera en Catamarca o a los de Veladero en San Juan. Ya creo que es suficiente, no podemos permitir que nos consideren zona de sacrificio, ahora para una transición energética de unos pocos. A pocos kilómetros de Esquel, en Trevelin, las comunidades originarias no tienen electricidad, ¿de qué transición energética están hablando?”.

“La hija del No” funciona como una prueba ácida para comprender por qué determinados actores del poder político y económico (la megaminería presenta abundantes ejemplos de cómo suelen operar en tándem), tienen como objetivo estratégico el desfinanciamiento y la privatización tanto de la universidad pública como del cine y la industria audiovisual. Justamente, para evitar que vean la luz documentales como éste, que son una conquista, porque uno de los principales rasgos del discurso pro-megaminería es el de presentar a quienes dicen No como fanáticos sin argumentos, sin ciencia, sin anclaje en las comunidades. “Ambientalistas” en abstracto.

Pero como decía el escritor David Viñas, “decir No es empezar a pensar”, y al historizar la lucha y cifrarla en clave de una de las tantas miles de biografías que la componen, el discurso verdaderamente negador de las mineras se diluye. Este documental es un aporte en tiempos donde se profundiza el avance del extractivismo y el saqueo ambiental tras la aprobación del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) en el Congreso Nacional (con el apoyo de la mayoría de los bloques opositores) y en numerosas provincias, incluída Chubut. Allí Milei, casi como un mantra, cifra la expectativa de la generación de “dólares genuinos” en minería y energía. Y las visitas a Argentina de funcionarios norteamericanos como Scott Bessent y Alvin Holsey, tienen como tópico estratégico la extracción de recursos naturales y bienes comunes en el Cono Sur.

Finalmente, la directora dedicó la proyección en el Cine Gaumont a Lautaro Martínez, un joven de poco más de veinte años nacido Rawson, Chubut. “Lautaro se quitó la vida porque no pudo soportar el hostigamiento judicial y mediático del cual fue objeto, así operan los poderosos”, dijo. 

Este hecho sucedió el pasado 22 de abril, a pocas horas de conocerse la condena en una causa que las asambleas denuncian como completamente diseñada a medida del poder económico y político de turno en Chubut, conocida como “los vecinos del Chubutazo”. La causa se refiere al daño de edificios públicos en la ciudad de Rawson, durante la pueblada de diciembre de 2021, tras la aprobación en la legislatura provincial de una ley de “zonificación minera” que impulsaba el gobernador Mariano Arcioni, lo cual implicaba en los hechos la entrada de la megaminería a Chubut de la mano del “Proyecto Navidad”, ubicado en los departamentos de Telsen y Gastre, a explotar por la minera canadiense Panamerican Silver, interesada en la extracción de plata, plomo y cobre.

Un proyecto históricamente resistido en la meseta chubutense, con las comunidades mapuche-tehuelche a la cabeza. Inéditamente, y solo equiparable a lo sucedido en Mendoza en 2019, también en relación a la megaminería, una semana después la ley de “zonificación” tuvo que ser derogada por los mismos legisladores que la habían votado, por la enorme presión de las movilizaciones en las principales ciudades y de un incipiente estado de huelga general en la provincia, conocido como “Chubutazo” o “Chubutaguazo”. Lautaro, a quien se acusaba de “daños agravados, concursados idealmente entre sí, en concurso real con hurto agravado”, finalmente fue absuelto.

MU/MC

Más petróleo, más talas, más pesticidas. Menos lobos, menos ONG ecologistas. Socavar las políticas ambientales está de moda. Tras años de atacar constantemente al movimiento feminista, la derecha y la ultraderecha están tirando ahora a casi todo lo verde que se mueve. Desde la desprotección de tierras para “perforar, baby, perforar” en EE.UU. a la demonización del Acuerdo Verde en España pasando por el ataque a las ONG ambientalistas en la Unión Europea.

La ultraderecha en Europa o EE.UU. “ha enfatizado los impactos negativos desigualmente distribuidos que podrían tener las políticas verdes” y los partidos de la derecha tradicional los han seguido a la caza de esos posibles votos. El resultado es un evidente retroceso en medidas ambientales, según analizan expertos de centros como el Instituto Jacques Delors o el Centro para el Progreso de EEUU.

“Los ataques de la internacional reaccionaria contra el ecologismo no son una mera casualidad”, afirma el ex eurodiputado, Florent Marcellesi. Como ocurre con lo violeta, “lo verde es uno de los principales campos de batalla cultural y política”. Alejado ahora de los partidos, el experto en políticas climáticas y transición justa insiste en que “la ecología es para Trump, Milei y sus socios europeos la antítesis de su modelo de sociedad porque propone más reglas de juego para proteger a las personas y el planeta y ellos buscan exactamente lo contrario: terminar con cualquier marco regulatorio ecosocial que vaya en contra de sus intereses”.

La ecología es para Trump, Milei y sus socios europeos la antítesis de su modelo de sociedad porque propone más reglas para proteger a las personas y el planeta y ellos buscan lo contrario: terminar con cualquier marco regulatorio ecosocial que vaya en contra de sus intereses

Florent Marcellesi — Experto en políticas climáticas y de transición justa

La ola invade casi cualquier parcela. No es solo levantar la salvaguarda a grandes superficies para buscar petróleo o gas en las aguas de EE.UU., es también firmar órdenes para “revigorizar la preciosa industria del carbón limpio” en ese país o decretar un “incremento inmediato de la producción nacional de madera” con autorizaciones más rápidas para que la Ley de Especies Protegidas no retrase proyectos forestales.

Miméticamente, en la Unión Europea, el Partido Popular Europeo propuso una “moratoria” en el desarrollo del Acuerdo Verde para, dijeron, acompasarlo mejor con el crecimiento económico. El presidente francés Emmanuel Macron se apuntó pidiendo un “receso regulatorio” sobre las normas ambientales de la Unión.

Hace un par de semanas, los grupos conservadores y ultraderechistas pusieron su mirada en las ONG ambientalistas a las que quieren retirar o dificultar la financiación europea que llega con el emblemático programa LIFE. Los acusan de hacer lobby a favor del Acuerdo Verde.

Instrumentalización de la agenda verde

El Instituto Jacques Delors ha analizado los desafíos del Acuerdo Verde Europeo a la luz del ascenso de la ultraderecha: “Las políticas energéticas y climáticas están comenzando a tener un impacto más directo en la vida diaria de los ciudadanos, por lo que una consideración insuficiente de los aspectos sociales de esta transición lleva a una instrumentalización sencilla de las políticas verdes por parte de estos partidos para ganar votos”. Esto ha ocurrido -prosigue- en Suecia, Italia o Alemania.

La ultraderecha ha presentado estas políticas como algo “en contra de la clase trabajadora” y los partidos de la derecha tradicional “han imitado” esta visión “como arma política”, según lo explica el investigador del Centro para el Progreso de EEUU, Robert Benson.

En este sentido, Marcellesi añade que “el antiecologismo se ha convertido en una seña de identidad para activar a un electorado resentido por su degradación social y económica”.

El PP, arrastrado por Vox

En España, “Vox ha desarrollado una narrativa medioambiental en la que retrata la vida rural como 'bajo amenaza' por las políticas progresistas”, explica esta investigación publicada en la revista Current History. Y el Partido Popular se acerca a posturas similares, no solo por estrategia electoral como indicaban los expertos, sino porque precisa el apoyo de los ultras, como en el caso de la aprobación de presupuestos en la Comunitat Valenciana.

Aquí, el ambiente antiverde en la Unión Europea sirvió para tumbar el Plan Nacional de Uso Sostenible de los Productos Fitosanitarios, que planeaba reducir el uso de pesticidas, porque la Comisión de Ursula von der Leyen había paralizado una normativa similar. El Green Deal europeo ya es llamado “ecologismo de salón” y se han paralizado programas de reintroducción del lince, convertido en un “peligro” para la producción agrícola.

El pasado 21 de marzo, el PP consiguió, con gran estruendo mediático, que se reinstaurara la caza de lobos mediante una enmienda en la ley contra el desperdicio alimentario. Pero, al mismo tiempo, tanto PP como Vox intentaron 'colar' una moción extra en la misma norma para ralentizar o entorpecer el desmantelamiento de azudes y barreras obsoletas en los ríos. Se trataba de una enmienda hija de la fake news expandida por los ultras sobre la (falsa) destrucción de presas y su (incierta) relación con la sequía llevada al Congreso. Se rechazó por solo cuatro votos.

“Aunque el Partido Popular no abraza completamente las posiciones de Vox, ambos partidos se han aliado para obstaculizar una transición verde sustantiva”, concluye este trabajo sobre la crisis del centro político y el negacionismo climático en España de los investigadores Camil Ungureanu, Marc Santjaume-Calvet y Balsa Lubarda. El análisis, publicado en el Consorcio Europeo de Investigación Política, explica que “el caso español muestra que el obstruccionismo climático no se circunscribe a la ultraderecha. Aunque no pueda aplicarse universalmente, los partidos de centro-derecha, desde EEUU a Austria, Reino Unido o India, están causando consecuencias terribles a las políticas climáticas”.

Florent Marcellesi remata que “el Green New Deal o la Agenda 2030 son chivos expiatorios perfectos para explicar los males de este mundo y desviar la atención de los problemas reales, como pueden ser la desigualdad o el cambio climático. Presentar la ecología como enemigo número uno forma parte de una estrategia consciente y coordinada y es uno de los motores claves de la agenda reaccionaria a nivel mundial, europeo y español”.

YPF anunció el inicio de la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur, un proyecto atravesado por un fuerte reclamo de las comunidades costeras de Río Negro y Chubut. Tiene una extensión de 437 kilómetros que busca transportar crudo desde el yacimiento a la costa pagónica. La polémica principal es que el puerto de Punta Colorada está sobre las costas del Golfo San Matías, ubicado a apenas unos 30 kilómetros de la Península Valdés, Patrimonio de la Unesco y una zona protegida de la provincia. 

La petrolera estatal –ahora bajo la gestión libertaria– se unió en lo formal a la empresa Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS), un consorcio de compañías que incluye a Vista Energy Argentina, Pampa Energía y Pan American Sur. La intención es comenzar la construcción del oleoducto de manera inmediata para que esté operativo en julio de 2027. 

El proyecto quedó en medio de una polémica en su momento porque el Golfo San Matías, destino final del oleoducto que nace en la Cuenca Neuquina, fue un área protegida por ley hasta septiembre de 2022, cuando las autoridades cambiaron la legislación para poder hacer posible este proyecto. En agosto pasado hasta la Iglesia se metió en la discusión, con una carta enviada por el Roberto Álvarez, obispo de Rawson, al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, haciéndose eco de las inquietudes de ciudadanos y ambientalistas.

Para poder comenzar con la obra, las autoridades ambientales de Neuquén debían aprobar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del primer tramo. Según publicó elDiarioAR en su momento, YPF aseguró que tendría todos los permisos ambientales aprobados.

Ahora la compañía dio un paso concreto para llevar adelante el proyecto: informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la reunión de directorio de VMOS celebrada el viernes pasado, donde se aprobó por unanimidad la construcción del oleoducto. La sede de YPF fue el epicentro del encuentro que reunió a los ejecutivos más importantes de las compañías participantes, como Horacio Marín, presidente y CEO de YPF; Miguel Galuccio, presidente de Vista; Germán Burmeister, presidente de Shell Argentina, Chile y Uruguay; Marcelo Mindlin, presidente de Pampa; Daniel Ciaffone, vicepresidente de PAE; Adrián Vila, gerente general de Pluspetrol Argentina; y Gerald Free, gerente de Planificación y Finanzas para América Latina de Chevron, según consignó el diario Clarín.

La creación formal de Vaca Muerta Sur está atada a la gestión de Javier Milei, ya que el proyecto fue el primero en plegarse al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Se anotó el 15 de noviembre. Según el anuncio oficial, significa una inversión de US$ 3.000 millones.

El proyecto incluye una terminal de carga y descarga con monoboyas interconectadas y una playa de tanques y almacenamiento. Se prevé una capacidad inicial de transporte de 550.000 barriles por día, con potencial para alcanzar los 700.000 barriles diarios. La estatal YPF tendrá una capacidad de transporte comprometida de 120.000 barriles por día.

El conflicto ambiental

A mitad de este año, el obispo Álvarez de Rawson se hizo eco del reclamo de diversas ONGs, ambientalistas y vecinos de Chubut y le envió una carta directamente al gobernador donde le preguntaba si la mega obra que impulsa YPF “no perjudicaría algunos ecosistemas propios de nuestro mar territorial y si no incidirá en la Península Valdés que es considerada Patrimonio de la Humanidad”.

“Ni el agua, ni la contaminación respetan fronteras, y prueba de ello es que el Gobierno nacional acaba de adherirse a la custodia de la biodiversidad más allá de los límites soberanos, firmando el acuerdo para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina. Si nos estamos resguardando más allá de la milla 200, ¿no deberíamos garantizar ese cuidado en nuestra jurisdicción?”, cuestionaba Álvarez en su misiva del 31 de julio.

Una semana más tarde, el 7 de agosto, el gobernador chubutense respondió también por carta a la Diócesis de Rawson que existe un “marco de legalidad y juridicidad para la aprobación y la ejecución” de los proyectos de Vaca Muerta y que está “en estudio la posibilidad de celebrar un convenio interprovincial con Río Negro para el desarrollo de un plan de manejo ambiental conjunto de los ecosistemas conformados por el Golfo San Matías y el Golfo San José a los fines de monitorear los proyectos que sean aprobados”.

La funcionaria que estuvo a cargo de todo el proceso de control de los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) de la obra en Río Negro hasta comienzos de este año era Dina Migani, cuya familia tiene una empresa junto a los Macri que provee químicos a las petroleras de Vaca Muerta, entre ellas, a YPF. En el Golfo San Matías, el puerto de destino del oleoducto estará rodeada por cuatro áreas naturales protegidas —entre ellas Península Valdés— y ubicado en la costa atlántica de Río Negro, donde el transporte de petróleo y gas estaba prohibido por ley hasta septiembre de 2022. 

MC

En la naturaleza todo tiene un límite. Ningún ser vivo puede subsistir sin dormir, sin comer, sin respirar. Tampoco se puede vivir sin morir, el límite de límites. En un plano ideal, todo organismo vivo mantiene un balance entre indicadores para tener una vida saludable: relación de peso con la altura, de la presión con la edad, del colesterol con la actividad física. Si alguno falla o se descontrola el sistema se agrieta, presenta desperfectos y fallas. Cada vez que nos hacemos un estudio de sangre, buscamos (o deseamos) estar en esos límites sanos. De igual forma, la salud del hábitat terrestre depende de un complejo balance entre procesos ambientales que tienen sus propios límites. (Confiemos en esta analogía, pero no nos enamoremos de ella, porque las analogías también tienen sus límites). 

En condiciones normales, la Tierra oscila a su propio ritmo, siguiendo una coreografía a tempo. El éxito de la sincronicidad terrestre radica en la armonización de nueve elementos. Nueve procesos que se encuentran en marcha en nuestro planeta hace cientos de años y que influyen en las condiciones del clima y la vida humana. Nueve mínimos comunes denominadores que mantienen la estabilidad y la resiliencia del sistema terrestre en su conjunto. Así, “los nueve” representan todos componentes del sistema terrestre afectados críticamente por actividades humanas: reducción de la capa de ozono, acidificación de los océanos, cantidad de aerosoles en la atmósfera, cambio climático, integridad de la biodiversidad, cambios en el uso del suelo, introducción de sustancias artificiales, consumo de recursos de agua dulce y alteración de los nutrientes en el sistema terrestre. Cada uno de esos procesos tiene sus propias unidades de medida y somos capaces de verificar su evolución en el tiempo.

Desde septiembre de 2023, hemos superado seis de los nueve límites planetarios: hay un exceso de energía en el planeta, una masiva extinción de especies, bosques deforestados y suelos maltrechos, uso excesivo de productos químicos sintéticos, falta de agua dulce y nutrientes. Todos estos aspectos superan límites seguros para el sistema terrestre. Alerta para la Tierra, o para los terrícolas. Si estuviéramos hablando del cuerpo humano, no dudaríamos en hablar de “enfermedad”, y recomendaríamos la puesta en marcha de algún tipo de tratamiento para bajar esos indicadores a niveles razonables. Por lo menos, si la intención de la persona fuera sobrevivir.  

Pero la Tierra no está enferma por igual: el síntoma más alarmante es la crisis de la biosfera, que constituye a todos los ecosistemas y seres vivos. De forma silenciosa, el planeta está experimentando la sexta extinción masiva, la primera causada enteramente por humanos. La biodiversidad, responsable de que nuestro mundo sea tan fascinante, hermoso y funcional, está desapareciendo a un ritmo que supera ampliamente las cifras históricas. Es cierto: la extinción de especies es inherente a la evolución de la vida en nuestro planeta, pero nunca antes se dio con esta velocidad. Y nunca antes una especie fue la causante del daño y la extinción de otras de manera tan deliberada. 

Veamos cómo se está dando esta extinción masiva yendo de mayor a menor en el sistema de clasificación biológica.  Los organismos eucariontes —uno de los tres dominios de la naturaleza junto con las bacterias y las arqueas— tienen una estructura multicelular compleja que permite formas de vida avanzadas y funciones ecológicas clave para la vida en la Tierra. De los aproximadamente 8 millones de especies de eucariotas, cerca de 1 millón se encuentran actualmente en riesgo de extinción. Además, durante los últimos 150 años se perdió más del 10% de la diversidad genética en plantas y animales. Entre los grupos más afectados por las tendencias aceleradas de extinción se encuentran especies de mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. En 2016 un pequeño roedor conocido como el ratón de Bramble Cay se declaró extinto después de que su hábitat, una isla en la Gran Barrera de Coral, quedara inundado y la vegetación que le servía de alimento desapareciera. En este caso, el aumento del nivel del mar causado por el cambio climático ya está afectando a la biodiversidad. Aún más, las islas que concentran el 20% de la biodiversidad mundial, están entre las más vulnerables a estos cambios. Lo mismo ocurre con la pérdida de playas para anidar que afecta a las tortugas marinas.

Y no hablamos sólo de la extinción nominal de las especies: no se trata solo de contar individuos y registrar su falta. No es este un elogio de la melancolía por lo que ya no está. El funcionamiento planetario de la biosfera también descansa en su diversidad genética, heredada de la selección natural durante su dinámica historia de evolución. La diversidad garantiza la capacidad de las especies y los ecosistemas para adaptarse a cambios y desafíos en el entorno, como enfermedades, variaciones climáticas o alteraciones en el hábitat. Esta variabilidad genética actúa como un “seguro” natural y permite que las poblaciones tengan individuos con características que puedan ser ventajosas en condiciones adversas, asegurando así su supervivencia a largo plazo. Mientras menos variedad y diversidad tenga la Tierra, hay más riesgo para las especies que todavía la habitan.

Ahora bien, ¿es la mirada ambiental la única que debe tener lugar para tratar de revertir esta crisis planetaria? No, por supuesto que no. Es una mirada que tiene sus límites, por eso es necesario sacar al ambiente de su insularidad. Nuestra especie ha tenido una relación privilegiada con la naturaleza, al punto de entenderla en términos de los bienes y servicios que le provee a la humanidad. Esta es una mirada económica útil para entender qué estamos perdiendo si seguimos ignorando estas evidencias. Una tendencia de estos tiempos es parametrizar el valor de los servicios que la naturaleza provee. La mirada económica de los ambientes naturales, el precio de la fotosíntesis y el costo del aire que respiramos. En este sentido, la pérdida de biodiversidad es un problema porque los servicios ecosistémicos se degradan. La naturaleza ya no puede darnos lo que nos ha dado por siglos, entonces hay que generar incentivos económicos para cuidar lo que todavía puede darnos.  

Pero la mirada imperante de los humanos hacia la naturaleza en el presente, que es mayormente económica, es la que coopera con su extinción. Porque la naturaleza es más que un servicio. Los servicios son antropocéntricos, pero la naturaleza no. Si queremos cuidar los límites planetarios, no sólo tiene que importar el servicio que la naturaleza nos da a los humanos, sino el que le da a la vida en la tierra toda. Los humanos somos la única especie capaz de manipular la Tierra a gran escala, y los que ocurrimos la crisis actual. Queremos sus ventajas a una tasa más alta que la permitida, superando límites. También es necesario sacar a la economía de su insularidad: el diálogo entre ambiente y economía es clave para que la acción humana se imponga sus propios límites. 

Por último, y retomando nuestra analogía inicial, ¿qué significa realmente que la Tierra no esté sana y estamos sobrepasando sus “límites”? ¿Sana de acuerdo con quién?. La Tierra está enferma, enferma en buena parte por la acción del ser humano, pero la Tierra no va a morir. La Tierra no va a dejar de existir, por más que la ataquemos con todo lo que se nos ocurra: en cambio, lo que sí estamos haciendo es convirtiéndonos en la primera especie que trabaja día a día por su autoextinción. Elegimos matar los aspectos del sistema terrestre que alojan nuestra forma de vida y otras formas de vida tan importantes como la nuestra. El planeta tiene sus límites muy claros, es el ser humano quien debe encontrar los suyos.

*la autora es científica de Datos de Fundar.

Se acaban de cumplir 30 años desde que el derecho al ambiente sano fuera reconocido en la Constitución Nacional, un acontecimiento que marcó el ingreso de la cuestión ambiental como asunto exigible y de competencia estatal. La reforma de 1994 también implicó un nuevo reparto de poderes entre la Nación y las provincias: si los recursos naturales son dominio originario de estas últimas, es a la Nación a la que le corresponde dictar leyes de presupuestos mínimos que conceden una tutela ambiental uniforme para todo el territorio nacional. 

Por muchos años esta nueva institucionalidad fue letra muerta, y ya entrado el nuevo milenio fueron las movilizaciones ciudadanas en contra de la expansión de las fronteras de extracción y diversos conflictos como el de las plantas de celulosa en el río Uruguay las que dieron visibilidad la cuestión ambiental en Argentina. 

Pero, sin duda, el aspecto más relevante que hizo entrar la cuestión ambiental en la agenda institucional fue la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Beatriz Mendoza”, la causa del Riachuelo. 

La cuenca Matanza Riachuelo es mucho más que un cauce contaminado, es la expresión visible de las fallas y las promesas incumplidas del modelo de desarrollo argentino. Como primer destino de los inmigrantes en el siglo XIX, como espacio portuario-industrial a mediados del siglo XX y desde siempre, como sitio de descarga de actividades contaminantes y lugar de localización de asentamientos populares, el Riachuelo forma parte de un imaginario urbano que —con cierto fatalismo— evoca la contaminación y la degradación ambiental.

La sentencia de la Corte, en julio de 2008, marcó un punto de inflexión porque estableció una política de largo plazo para la recomposición ambiental en un territorio que abarca 14 municipios bonaerenses y el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

La novedad que introdujo la causa fue la exigencia a los tres Estados con competencia en la cuenca de realizar un plan de recomposición ambiental de carácter integrado con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, recomponer el ambiente en todos sus componentes (agua, aire y suelos) y prevenir futuros daños con suficiente y razonable grado de predicción. Esto llevó a la creación de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) a través de la Ley 26.168, un organismo sin precedentes en Argentina que, pese a sus limitaciones políticas y financieras, concentró en los últimos años el grueso de la atención de la cartera ambiental y permitió sentar bases para una política ambiental en los municipios metropolitanos.

Es preciso decir que estamos muy lejos de haber resuelto el problema. Recordemos que fueron los habitantes de Villa Inflamable y trabajadores de la salud quienes presentaron la demanda ante la Corte exponiendo sus dolencias derivadas de altas concentraciones de plomo en sangre. 

A la fecha, muchos de estos demandantes no han podido acceder a una vivienda digna que les permita mejorar sus condiciones de salud y tampoco han recibido la atención médica que merecen. Esto constituye una forma de violencia que naturaliza el hecho de que ciertos grupos sociales deban quedar irremediablemente asociados al peligro tóxico, la contaminación y la enfermedad que de allí proviene. 

Restituir justicia ambiental a los habitantes de la cuenca requiere alterar el balance de poder ir contra el status quo que permite que los grupos más desaventajados de la sociedad tengan que sufrir la carga mayor del daño ambiental. 

La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de dar por terminada la supervisión del cumplimiento de la sentencia dictada en julio de 2008 y ordenar que se archiven los legajos que componen la causa es a todas luces un retroceso institucional. La Corte no puede asumir que el daño ambiental ha cesado pues el denominado Plan Integral de Saneamiento Ambiental aún no se ha ejecutado en su totalidad y precisamente se basa en pilares que el mismo tribunal estableció: información pública; cesación de la contaminación de origen industrial; saneamiento de basurales; limpieza de los márgenes del río; expansión de la red de agua potable; extensión del sistema de desagües pluviales, saneamiento cloacal y plan sanitario de emergencia.

La salida de la Corte implica desentenderse de un proceso impulsado por el Poder Judicial, que buscó dar legitimidad a la cuestión ambiental como asunto de Estado y que generó enormes expectativas sociales. La Acumar atraviesa uno de sus peores momentos dado que tiene diezmada su estructura organizativa y enfrenta (como el resto de los organismos estatales) el congelamiento presupuestario que impacta seriamente en la interrupción de las obras de saneamiento. En los últimos meses hubo despidos en el organismo, lo que implicó el desmantelamiento de las acciones territoriales de asistencia en salud en los barrios populares. Sin el sostenimiento de las acciones desde el Poder Judicial es posible que muchas de las políticas que se consolidaron en los últimos años vuelvan a fojas cero. 

La causa del Riachuelo muestra que las políticas públicas también pueden ser el resultado de los conflictos o, para decirlo en clave sociológica, de una determinada productividad social. Si esta causa permitió que se abriera una discusión política relevante sobre los criterios que ordenan la distribución y el merecimiento en la Región Metropolitana de Buenos Aires, si esto nos sirvió para entender que no podemos ignorar a quienes viven del otro lado del río, entonces no es momento de voltear la mirada. 

La crisis que atraviesa la sociedad argentina por el impacto de medidas brutales de ajuste y el colapso ecológico en ciernes requieren del mismo coraje institucional que dio lugar a la sentencia del Riachuelo. Señores jueces: los que viven en los sitios más contaminados de la cuenca son nuestros iguales, son ciudadanos con derechos, merecen la ciudad tanto como el resto de sus habitantes y no habrá justicia para el Riachuelo mientras no se alteren las condiciones que producen el sufrimiento ambiental. 

*Socióloga, profesora en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), Investigadora Principal del Conicet.

ED/JJD

–¿En serio [me estás preguntando] cuánta plata está invirtiendo ahora Patagonia Gold? Todavía no empieza a trabajar, tiene nueve empleados. Cortá, cortá, cortá. Perdoname, pero me estás haciendo preguntas que no sé responder. Si querés hablar, flaca, yo laburé mucho tiempo en periodismo, 28 años, y a veces sé cómo son las “preguntas” que uno quiere hacer. 

Así respondía el intendente de la localidad rionegrina Ingeniero Jacobacci, José Mellado, ante la consulta de elDiarioAR sobre el dinero invertido y el reparto de regalías en torno a un debatido proyecto de megaminería metalífera, que propone cambiar la matriz productiva de la zona. Fue poco después de la audiencia pública realizada el 30 de agosto, en el gimnasio municipal, donde las escasas voces disidentes fueron abucheadas por asistentes y miembros de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) que se encontraban afuera, con el aval silencioso de autoridades y moderadores.

El “Proyecto Calcatreu”, ubicado a unos 60 kilómetros de la ciudad, persigue la explotación de oro y plata a cielo abierto (17% y 83%, respectivamente), en un área de 16.921 hectáreas. Estará a cargo Minera Aquiline Argentina SAU, subsidiaria de Patagonia Gold S.A., empresa argentina que cotiza en la bolsa de Toronto.

Según el cronograma establecido en el texto presentado por la firma, la ejecución constaría de tres instancias: seis meses de construcción, cinco años de operación y doce años de cierre de la mina. Se estima la generación de un total de 463 de puestos de trabajo (entre empleados propios y “contratistas en servicios varios”), distribuidos a lo largo de las tres etapas. 

La iniciativa –propiedad de diferentes empresas mineras hasta su adquisición total por Patagonia Gold S.A. en 2018)– encontró apoyos y resistencias desde el comienzo. Se realizaron exploraciones, análisis, escritos. Casi tres décadas más tarde, el fuerte aval de los gobiernos nacional, provincial y local le dio un impulso fundamental a la actividad.

Los funcionarios que respaldan el plan –el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; el intendente Mellado, la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Judith Jiménez y la secretaria de Energía y Ambiente en Río Negro, Andrea Confini– aseguran que implicaría un impulso para la región. Hablan de “un nueva oportunidad”, que permitiría compatibilizar los rubros minero, turístico, ganadero y comercial, “con sustentabilidad ambiental”. El presidente de la cámara minera utilizó la palabra “revancha”. Expertos, ambientalistas, vecinos y miembros de las comunidades originarias plantean serias dudas.

El debate se circunscribe solo en apariencia a Jacobacci. Ya hay decenas de iniciativas de explotación de distintos metales, hidrógeno verde, uranio y litio a lo largo de todo el territorio, capaces de reconfigurar biomas, economías y formas de vida. Si bien el punto de partida es local, el corazón del debate lo ocupa la soberanía sobre los recursos naturales de la Nación, así como las nociones y los “costos” del desarrollo.

Un dato curioso: el expediente del Proyecto Calcatreu incluye un reporte técnico de 233 páginas, escrito enteramente en inglés, preparado para Patagonia Gold S.A. por la consultora australiana Cube Consulting Pty Ltd.  

El trabajo y la esperanza

“Tenemos que apoyar a todos los proyectos mineros, no solo en Calcatreu y en la Provincia de Río Negro. Cuando hablamos de energía renovable y de transición energética, estamos hablando de apoyarnos en minerales”, plantea Confini, a cargo de la cartera de Energía y Ambiente provincial. 

“Sufrimos diez años de sequías y la explosión de los volcanes chilenos, aunque ocurrió en 2011, sigue afectando de manera muy seria a la región. La recuperación del stock ovino es muy difícil de sostener. La gente joven se ve obligada a emigrar, muchas veces a los cordones urbanos de las ciudades más grandes de la provincia. La minería, con respeto a la tierra, a la ciudadanía, al agua y a las comunidades originarias, con mucho compromiso y control del Estado, es posible y puede ser una solución posible a este problema”, asegura.

Sin embargo, los números provistos por la empresa no parecen muy prometedores para transformar la configuración laboral. Aun si se aceptan las proyecciones de Confini, quien refiere a “300 puestos directos” en un “primer anillo” –directamente afectado por la explotación de la mina– y “450 puestos indirectos”.

De acuerdo con el censo de 2022, Ingeniero Jacobacci contaba con 8.112 habitantes. La ministra menciona 12.000. Para ella, se debe tener en cuenta que cada trabajador ganaría “el doble” respecto de los salarios actuales (es decir, pasaría a cobrar un promedio de $600.000) y podría así “formar una familia”, por lo cual se beneficiaría “un 10% de la población”. El cálculo resulta forzado. Especialmente, considerando la corta duración del proyecto, la habilitación a contratar mano de obra calificada proveniente de afuera y la cantidad de personas que llevan la ilusión de ser contratados por la minera.

Luciana es empleada de casas particulares y hace changas para mantener a sus tres hijos. Es madre soltera, trabaja por hora y se las arregla –aclara– para pasar el día a día. “Estaría bueno tener un trabajo fijo, aunque sea por unos años”, dice. ¿En qué le gustaría desempeñarse? “Lo que más hago es cocina y, después, limpieza”. Se movilizó para apoyar a la mina con una bandera de la UOCRA.  

Hace un año, el sindicato de la construcción se hizo presente en la audiencia de Sierra Grande a favor del puerto petrolero de Vaca Muerta Sur, impidiendo el ingreso de los opositores. Esta vez también llevó sus estandartes. No hubo violencia física, aunque sonaron bombos durante las pocas disquisiciones discrepantes de la audiencia. 

Mario Pichiman es el referente de UOCRA en Jacobacci. Luego de expresarse públicamente, comentó a elDiarioAR: “Las medidas que tomó el gobierno de Milei hizo que los pueblos de toda la provincia, especialmente en la Región Sur de Río Negro, nos quedemos sin trabajo, porque dependemos de la obra pública. Esto no es Bariloche, acá no hay obra privada. Por eso apoyamos el Proyecto Calcatreu”. 

Sabe que la contaminación es una posibilidad. “La gente eligió autoridades a través del voto popular y nosotros tenemos que apostar a que ellos sean los responsables de la seguridad, de la educación pública, y, en este caso, del control de una mina, no el trabajador que tiene que ir a ganarse el pan”. Ha tenido conversaciones con la empresa y con el gobierno, donde le aseguraron cien puestos de trabajo, durante un año o un año y medio, lo cual sirve “para sobrellevar la situación”. De todas formas, no piensa en la minería como una solución: Pichiman señala que el Estado tiene que generar además otras obras, otros empleos.

La Asociación de Obreros Mineros (AOMA) congregó a trabajadores de distintas localidades para dar el “sí” afuera del gimnasio. Entre ellos, Carlos García, de Cipolletti, obrero de corazón, familia y pueblo minero. “Queremos que florezca bienestar, salud”. Es consciente de las contradicciones subyacentes. Su mamá era mapuche, también sus abuelos y los abuelos de sus abuelos. “No conozco bien la región o qué necesidades tiene cada población, por ahí falta agua, no hay buena vegetación, ni energía”, reflexiona. Considera que debería haber un diálogo entre la empresa y los pueblos que rechazan la actividad, para “beneficiarse mutuamente”.

La ilusión de Carlos se refleja en muchos habitantes de Jacobacci –desocupados, con o sin estudios, jóvenes o adultos mayores, laburantes pobres–, que genuinamente ponen sus esperanzas en el oro y en la plata. Algunos, desinteresadamente, se expresaron en una audiencia que, igualmente, dejó cierto halo de montaje. 

No casualmente, días atrás, el obispo de General Roca, monseñor Alejandro Pablo Benna, pidió un “diálogo transparente”, renegando de los eventos que funcionan como “obras de teatro en el que todos los actores están pagos”. En ese sentido, remató: “Le pedimos a Dios que estos proyectos como Calcatreu, estos proyectos mineros, no hipotequen el agua y la tierra”.

Un territorio con historia

Anticipando el repudio que genera el proyecto en un sector de la sociedad, el gobernador Weretilneck reivindicó por Twitter la presencia de policía montada, unidades antiexplosivos y vallas en la antesala de la audiencia pública. Los controles vehiculares también se multiplicaron. En total, había al menos 200 uniformados.

Aquellos que defienden el agua y los recursos naturales contra la explotación minera, realizaron reuniones pacíficas. El frente “No a Calcatreu” nucleó a una larga lista de agrupaciones y activistas: la Asamblea Wawel Niyeo de Ingeniero Jacobacci, que actúa desde el terreno como parte de las Asambleas de Curru Leufu; el Parlamento Mapuche; secciones de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, de ATE y la CTA-A; la Pastoral Social; Comarca Marítima; la Asamblea por la Tierra y el Agua; Participación Vecinal; comunidades costeras organizadas; la Asamblea Antimegaminería de Bariloche; y la Coordinadora de Jubilados y Jubilados de Río Negro son solo algunas firmas, sin contar a los autoconvocados, ONGs y especialistas.

“Otra vez se persigue un supuesto progreso, construido sobre las ruinas de los pueblos originarios. ¿Ha terminado la Conquista al Desierto? ¿O está hoy la colonización más presente que nunca?”, se pregunta Orlando Carriqueo, werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche en la Provincia de Río Negro. En vez de acudir a la audiencia, con apoyo de la militancia, la Coordinadora realizó un acto propio, en una plaza. Un cuerpo de la policía montada dio vueltas por el lugar.

“Estamos en una jornada de reclamo, de protesta, rechazando un proyecto extractivo que se quiere poner en marcha en un terreno comunitario indígena. Denunciamos el proceso de militarización de estos días, que busca atemorizar, para defender un proyecto que no tiene consenso ni licencia social y, lo que es peor, que se ha hecho sin la consulta libre, previa e informada, que es un derecho que tenemos los pueblos indígenas en Argentina, Latinoamérica y en el mundo, según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”, reforzó el werken. 

Junto a sus compañeros, están en contacto con Francisco Calí Tzay, el relator de Naciones Unidas. Ya enviaron cartas al Gobierno y a la empresa para hacer cumplir la legislación que los respalda. “Ñuke Mapu no los perdones, ellos saben lo que hacen”, se leía en uno de los carteles. En otro, “no es tierra fiscal, es territorio ancestral mapuche”. El emprendimiento minero afecta a cuatro comunidades que habitan la reserva Lipetren (creada en el 1900) y otras colindantes, aunque el gobierno solo mantiene intercambios con Peñi Mapu, la única que apoya el proyecto. 

La explotación minera de metales está inscrita en los orígenes de la colonización y el genocidio de los pueblos originarios de Sudamérica. La pancarta “La ‘plata’ de hoy es hambre para mañana”, tiene una significancia histórica.

“Nosotros trabajamos los proyectos, sean mineros o de cualquier otro tipo, con la comunidad que está afectada directamente con el emplazamiento del proyecto. Hoy esa comunidad está acá, compartiendo con nosotros, a favor del proyecto. Con ellos hemos hablado, ellos han participado tanto de la consulta libre, previa e informada. Entendemos su necesidad de trabajar”, respondieron desde Energía y Ambiente.

Sed de agua, sed de oro

“El agua vale más que el oro” es una consigna que los ambientalistas han levantado por décadas. Los voceros de Patagonia Gold, al igual que investigadores –geólogos, ingenieros–, funcionarios y legisladores prominería aprovecharon la audiencia para explicar que los ríos no se verían afectados.

“El sistema contempla un mecanismo de agua en circuito cerrado, donde el agua del proceso y la mina es reciclada, sin vuelco de efluentes al medio. También existe pérdida de agua por evaporación, por lo que se requiere agua agregada, proveniente principalmente del desagüe de las obras en mina y pozos existentes habilitados para uso industrial”, indica el informe de la empresa. Y concluye: “Considerando una vida útil de cinco años del proyecto, y teniendo en cuenta los consumos de agua, estos representan 31% de la recarga estimada para la Microcuenca alta, por lo que, con esa tasa de extracción, no se generaría sobreexplotación del recurso hídrico”.

Pese a que el propio texto apunta a que el “transporte, manipulación y almacenamiento de sustancias peligrosas”, el “retiro de suelo y capa vegetal”, los “derrames accidentales”, “el aumento de sólidos que origina el desmonte”, la “disminución de cobertura vegetal” y la “pérdida de hábitat de las comunidades vegetales” son peligros potenciales, minimiza el asunto, por la corta duración de cada etapa del plan y la falta de lo que denominan “impactos críticos”. Esto no fue explicitado en la audiencia.

Tampoco se mencionaron las consecuencias sobre el variado ecosistema, consistente de pastizales, arbustos, mallines y premallines, donde viven reptiles, anfibios, aves y mamíferos característicos, como el choique (o “ñandú patagónico”), el guanaco y chinchillón. Las huellas antropológicas y arqueológicas fueron otro tema silenciado.

De local, sin visitantes

El evento del viernes pasado no fue vinculante, ni resolutivo, pero reflejó el tratamiento que el gobierno busca dar a los proyectos de megaminería, más allá de aquel día: sugirió un nuevo plan de ruta, en forma y contenido. 

Luego de palabras oficiales, la empresa abrió el juego con ochenta minutos pautados, que se extendieron sin peros. Luego vinieron una seguidilla de discursos (casi trescientos) que se autoafirmaban a través de aplausos a los propios y escraches a quienes atinaban a la crítica, acaso moderada.  

El momento más tenso ocurrió cuando le tocó exponer a Maristella Svampa, doctorada en Sociología e investigadora superior del CONICET, reconocida autora y rionegrina. 

Luego de agradecer la posibilidad de participar (turno 113), compartió los resultados de décadas de estudio multidisciplinario y comparativo sobre la minería. “Estamos ante un modelo de ocupación territorial que utiliza sustancias químicas contaminantes y, de la mano de grandes empresas, suele violentar procesos de decisión ciudadana”, comenzó.

A la vez, explicó que científicos de distintas áreas han demostrado que la megaminería no resuelve el desempleo. “La impresión que tengo es que hay una fuerte manipulación de la esperanza, de las expectativas de gente humilde que realmente quiere trabajo; y, por otro lado, de gente que efectivamente busca promover un modelo a gran escala que tiene enormes cuestionamientos a nivel ambiental y muy escasos resultados económicos”, pronunció la experta. Inmediatamente, comenzaron a sonar los redoblantes de militantes de UOCRA, que seguían el discurso desde afuera, a través de altoparlantes.

“La minería metalífera a cielo abierto no representa trabajo intensivo, sino capital intensivo. A nivel mundial, solo emplea al 1% de la población económicamente activa. En Argentina, en 2024, emplea solo a 12 mil personas”, continuó Svampa, ante un público cada vez más irritado. 

Cuando se adentró en la pobreza característica de provincias mineras como San Juan y Catamarca, la percusión fue acompañada de gritos desaforados, frente al mutismo de la organización. Desde la primera fila, comenzaron los gestos. Para cuando la especialista se refirió a la falta de pruebas de los circuitos cerrados (como el propuesto por Patagonia Gold S.A.) y mencionó la crisis climática, costaba escucharla. Sin más, procedieron a cortarle el micrófono. 

Una moderadora hizo mención del reglamento: la realidad es que la mayoría de los oradores se excedieron de los cinco minutos previstos sin problemas. El incidente no fue el único momento desconcertante de la noche. Un minero que habló hacia el final de la jornada, aseguró que, con 70 años, era la prueba viviente de que “el cianuro no mata”. El intendente aplaudió.

La audiencia cerró con abrazos de los funcionarios. Sobre el escenario, veinte minutos tras haberse apagado los micrófonos, continuaban las fotos oficiales, selfies, palmadas en la espalda, aplausos. Hacia la noche, con el mismo cielo oscuro con el que arrancó la jornada, la policía comenzó a desconcentrar lentamente. Las vallas –decoración desentonada para las tranquilas calles de Ingeniero Jacobacci– fueron desmanteladas. En la ciudad, en apariencia desierta y dormida, las autoridades y empresarios anticipaban un nuevo ciclo; también las comunidades originarias, los activistas, los productores y pobladores opositores al proyecto. La explotación minera se asoma como realidad pronta, pero la última palabra no está dicha. Los vientos patagónicos, vigorosos, persistentes, inevitables, anuncian silenciosamente su llegada.

El viaje a Río Negro para realizar esta nota fue financiado por la ONG Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y organizado íntegramente y de manera independiente por elDiarioAR.

Nota: este artículo se corrigió el 4 de septiembre a las 21:19 para modificar una referencia errónea al curriculum de Svampa.

JB/DTC

La moda circular está en expansión en Argentina. Por cuestiones económicas o por el cuidado al medio ambiente, la venta de ropa de segunda mano y fabricada con materiales recuperados o reciclados está creciendo, y no solo en los sectores de bajos ingresos, también existe un circuito de consumo premium en el que se venden marcas nacionales reconocidas e importadas. Un relevamiento en la Ciudad de Buenos Aires determinó que existen 70 emprendimientos, a los que se suman los puestos informales en las ferias de barrio. 

Los datos del INDEC muestran que en los últimos tres años hubo un desequilibrio entre el aumento del costo de la ropa y los salarios. Entre marzo de 2020 y marzo de 2023 el precio promedio de la ropa y el calzado se multiplicó por siete, mientras que los salarios por cuatro. El dato explica una parte del auge de las tiendas de venta de ropa de segunda mano.  Según el informe del observatorio Jungla Urbana publicado este mes, se pueden conseguir prendas por valores que van entre un 40% y un 70% menos que en un negocio de ropa nueva. Ante la crisis económica, el circuito de moda circular se convirtió en una salida para compradores y vendedores. 

En la ciudad de Buenos Aires se notó un fuerte crecimiento a partir de la pandemia, sobre todo con la venta online y a través de redes sociales. Según el informe, que desarrolló el equipo del diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, el 73% de las personas encuestadas consumieron ropa usada al menos una vez. Sin embargo, solo un 56% del total de los encuestados sabe o recuerda dónde comprarla.

María De Piero es la dueña de Vintage Reciclado, un emprendimiento que Instagram tiene más de 20.000 seguidores y seguidoras. Ella “rescata” ropa, la convocan de distintas casas para que revise los placares y compre las prendas, que muchas veces son de personas fallecidas. También recorre el circuito de Caritas en busca de prendas especiales para después venderlas. “La moda circular viene creciendo porque  hay una noción del desecho con la importancia de no seguir fabricando. También tiene que ver con la economía, con lo cara que está la ropa. Además, la calidad de las prendas de ahora no son como las de antes, no están hechas para durar. La calidad es impecable, son productos hechos para durar”, le cuenta a elDiarioAR.

Cada sábado, María hace transmisiones en vivo donde muestra la ropa que “rescató” a sus clientas, una comunidad virtual de la recirculación. “Tuve un crecimiento terrible en la pandemia. La gente estaba más en las redes y eso tuvo llegada. Hay un factor económico, otro ecológico y también porque hay ropa muy linda. La gente busca diferenciarse del otro, vos salís con una camisa vintage y es muy poco probable que encuentres la misma tela en otra camisa. Hay una cosa de sentirse identificada con las prendas, no sentirse uniformadas. Hay algo lúdico: jugar con la ropa, los estampados, mezclar”, agrega.

Casi todos los emprendimientos se nuclean alrededor de la zona céntrica de la Ciudad, mayoritariamente en Palermo, Recoleta, Almagro y San Telmo. Incluso, algunos se convirtieron en cadenas como Urban Luxury, que tiene diversas sucursales, o El Galpón de Ropa, que incluso abrió un local en pleno Recoleta. Buceando en las webs y en los lacales se encuentran prendas de Rapsodia, Vitamina, Jazmín Chebar, H&M, Zara, Adidas, Nike y por momentos carteras Jackie Smith o Michel Kors. Incluso se puede pagar en cuotas.

Pero también se da en espacios más informales, el fenómeno ropa de segunda está en todos los sectores sociales. Norma Vázquez es de Lomas de Zamora, tiene 58 años, es trabajadora de casas particulares y no está en el circuito formal. Desde hace cinco años empezó a vender ropa usada en la Feria de Guernica, a 20 kilómetros de su casa.  Recupera ropa que le dan sus empleadores, las lava, las arregla y las vende. “Las personas de 50 o 60 ya no servimos para el trabajo, no te toman y  yo tengo necesidad, no tengo jubilación. Me hago un re viaje porque hay muchas ferias pero no hay lugares, no tenés donde trabajar, tenés que ir peleando por los lugares. Lo que uno saca es solo para la comida”, dice.

La periodista y conductora de radio Cynthia García es consumidora de este tipo de moda, desde hace años compra ropa de segunda mano a través de las páginas web como la de El Galpón de Ropa o  en lugares más informales. “A veces, porque valoro el género y la mando a arreglar. Hace poco le compré una camisa de Elsa Serrano con unas mangas principescas que era una preciosura. Solo había que arreglarla y me quedó una camisa vintage por $5.000”.  Cuenta que siempre compró en ferias por una cuestión ideológica: “Se volvió una militancia, la idea de que la ropa circule y genere recursos. Cuando hago circular mi perchero, lo regalo. Tengo un principio y es que mi ropa circula sin intercambio de dinero. A veces el universo es desalineado y después recibo mucho más de lo  que di. Cosas mágicas que  pasan alrededor de la economía circular.”.

Pero este año también lo hace por una cuestión económica, Cynthia García cuenta que en lo que va del año no compró ropa nueva, excepto a una vecina de Balvanera que vende ropa propia y otra que consigue en ferias para llegar a fin de mes. “Es gente que sabe donde dan ropa y la recicla para sobrevivir, que fue de clase media y ahora quiere jubilarse y tiene problemas para alimentarse más de una vez al día. Eso es lo que compré este año, para ayudarla a ella y también como una manera de yo poder acceder a ropa este año. Desde que ganó Milei solo le compré ropa a mi vecina del primer piso”, explica.

Del otro lado de la cadena están las personas que ponen a la venta su ropa. Luciana Cedro es madre de dos niños y cuando la ropa ya les queda chica se acerca a alguno de los comercios y las vende. En algunos les ofrecen dinero en efectivo y en otros vales para comprar otras prendas en el local. “La condición es que tienen que estar en muy buen estado, las revisan con luz detallada, miran las costuras y que no tengan manchas. En general, me llevo ropa deportiva que está súper bien, muy en precio, tres veces menos que algo nuevo. Un valor con dignidad, no regalado”, explica.

Aunque tiene una queja: la falta de talles diversos. “Para mí, que soy una persona XL o XXL, directamente no hay  disponibilidad de prendas, salvo algún vestido. No hay opciones para personas con talles más grandes en negocios de ropa circular. Quizás la gente no lleva esa ropa”, plantea Luciana.

Pero la razón económica no es la única, el impacto sobre el ambiente también es un impulso para la recirculación. Producir un jean requiere $7.500 litros de agua y la fabricación de ropa y calzado representa el 8% de los gases de efecto invernadero emitidos a nivel mundial. Además se entierra o quema una cantidad de textiles equivalente a un camión de basura por segundo. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se trata de una industria que utiliza 93.000 millones de metros cúbicos de agua dulce al año, un volumen  suficiente para satisfacer las necesidades de cinco millones de personas. 

Es en ese contexto en el que se presentó el primer mapa interactivo “Panorama actual de la Moda Circular en la Ciudad de Buenos Aires” para facilitar el acceso a este tipo de consumo. Además, el diputado Ferraro presentó un proyecto de ley para la gestión ambiental de residuos de T.L.C. (textiles, lencería y calzado), que entre otras cosas propone una alícuota reducida del IVA (10,5%) a las prendas de indumentaria y calzado de segunda mano.

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Desde 1977, cada 2 de febrero se conmemora el Día Mundial de los Humedales. Esta fecha, impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), busca crear conciencia sobre la importancia de estos ecosistemas para el planeta y así lograr su conservación. Este año, la celebración está dedicada a resaltar cómo estos espacios naturales son vitales para el bienestar humano.

Los humedales son ecosistemas en los que el agua es el principal factor que controla el entorno y la vida que ahí se desarrolla. En esta definición entran desde los lagos, los ríos, los acuíferos subterráneos, los pantanos, marismas, pastizales húmedos, turberas, oasis, estuarios, manglares y otras zonas.

Pese a la gran diversidad biológica de estos ecosistemas y a su contribución en la regulación del ciclo del agua, están seriamente amenazados. El vertimiento de aguas residuales, la ganadería, la agricultura, las invasiones, los rellenos ilegales, los cambios de uso de suelo, las urbanizaciones, entre otras, son algunas de las presiones que enfrentan.

¿Qué se está haciendo para mitigar estos impactos? Mongabay Latam, a través de elDiariAR presenta tres historias que documentan los esfuerzos de ambientalistas, comunidades locales y científicos para proteger y restaurar estos ecosistemas en Costa Rica, Colombia y Mexico.

1 Humedales en jaque: ganadería, agricultura y canales de drenaje acaban con los cuerpos de agua en Costa Rica

En Costa Rica, cerca del 7% del territorio es humedal. La ganadería, la agricultura y los canales de drenaje están acabando con estos cuerpos de agua en el país. Les explicamos cuál es la situación y qué medidas han implementado las comunidades para hacer frente a este problema. Lee más aquí

2 El oro de los humedales: mujeres indígenas murui-muina reforestan palma de canangucha en zonas degradadas de Colombia

Un grupo de mujeres del pueblo indígena murui-muina crearon un semillero para recuperar y conservar la palma de canangucha, una especie que ha sido fuertemente deforestada en Colombia y que es fundamental para su cultura. “Por eso es una ventaja de nosotras hacer un vivero, investigar y fortalecer a esta palma porque está en los humedales, porque es de ahí, porque mantiene el agua, porque alimenta a los animales y porque muchos ríos o lagos nacen en las canangucheras”, dice la lideresa indígena María Célsida Biguidima. Lee más aquí

3 México: la defensa ciudadana de los últimos humedales de San Cristóbal de las Casas

Desde hace casi una década, organizaciones ciudadanas denuncian la degradación de los humedales La Kisst y María Eugenia, ubicados en San Cristóbal de las Casas, en México. El 1° de abril de 2022, la Semarnat publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo para establecer como Hábitat Crítico para la conservación de la vida silvestre a estos dos humedales. Con el anuncio se deberán establecer medidas especiales de manejo, mitigación de impactos y conservación para recuperar estos ecosistemas.

ED

Subsidios frenados, becas canceladas, despidos, acceso bloqueado a fondos económicos y bibliotecas virtuales, universidades que no llegan a pagar la electricidad y un presidente que niega el cambio climático, denosta a la ciencia y al ambientalismo. Este es el escenario que enfrentan las personas dedicadas a la ciencia y el medio ambiente en Argentina, desde la llegada de Javier Milei al gobierno.

Especialistas en biología y ecología coinciden: la ciencia y el medio ambiente atraviesa una crisis sin precedentes en el país.  

Con la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para la desregulación de la economía, en diciembre de 2023, y el impulso de una ley ómnibus que pretende resetear las bases legales del país, Milei ha intentado avanzar sobre leyes de protección ambiental, como la Ley de Glaciares y del Manejo del Fuego. Sin embargo, existe un riesgo extra para el ambiente: la desmantelación de las líneas de investigación científica que buscan preservarlo.   

“Somos una estructura estatal que está perdiendo cualquier tipo de dirección estatal”, asegura Andrés Breccia, licenciado en Ciencias Biológicas y becario doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet)  desde 2020. Breccia trabaja en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) estudiando las hormonas que regulan la alimentación y reproducción de una especie de pez nativa de Argentina.

El Conicet es la principal institución científica del Estado y una de las mayores  empleadoras de investigadores de la ciencia. Durante la campaña electoral, Milei prometió privatizarla. Sin embargo, tras asumir, optó por un fuerte ajuste presupuestal. El 20 de marzo, su directorio criticó una segunda ola de despedidos y solicitó en un comunicado sus reincorporaciones. El viernes 22, una tercera ola de despidos en el organismo afectó al área administrativa, entre otras.

Además, en diciembre de 2023, Milei nombró como presidente del organismo a Daniel Salamone, médico veterinario, doctor en Filosofía en Biotecnología y Biomedicina, y especialista en clonación, una tecnología a la que el presidente argentino acudió para clonar a su perro Conan hace unos seis años. 

También en diciembre, el Poder Ejecutivo eliminó, entre otros, el ministerio de Ciencia y Tecnología e implementó una estructura gubernamental totalmente distinta. El área fue convertida en una subsecretaría, que depende de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, bajo la estructura de la jefatura de Gabinete, a cargo de Nicolás Posse.

Sin becarios, sin recursos

“Todo lo que tiene que ver con los recursos humanos está en riesgo” en el ámbito científico, explica Haydee Pizarro, doctora en Ciencias Biológicas del Instituto de Ecología Genética y Evolución de Buenos Aires, que depende de Conicet y de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Pizarro dedica su carrera a investigar el impacto de la actividad agrícola y el uso de agrotóxicos en el agua dulce.

El gobierno de Milei recortó de 1.300 a 600 la cantidad de becas académicas que habían sido adjudicadas a los investigadores en 2023, señala Manolo Sueiro, trabajador del Conicet y miembro del consejo directivo del gremio Asociación Trabajadores del Estado (ATE). 

“En el caso del Conicet, los becarios son un insumo básico y clave, porque conforman la base de la pirámide que forman los científicos y científicas. Ya tenemos un problema básico que es el riesgo completo de que esta pirámide reduzca su base”, afirma Pizarro.

Breccia explica que Argentina tenía una política estatal que era el llamado anual a becas de carrera doctoral y postdoctoral y de carrera de investigador. “Todo eso está discontinuado. Hay grupos de trabajo que no podrán tener futuros becarios y no podrán trabajar”.

La falta de recursos y el recorte de becas para dedicarse a la investigación tienen un efecto colateral. “Muchos compañeros empiezan a pensar en otros destinos o en otras formas de sostenerse económicamente”, dice Sueiro.

“Las becas son el sustento de vida de los científicos y científicas. Son, además, de dedicación exclusiva y de ellas dependen tanto los fondos destinados al proyecto como a la economía personal del investigador o investigadora”, explica Magdalena Salas, licenciada en Ciencias Biológicas (UBA) y quien realiza su doctorado como becaria del Conicet, enfocada en ecología. 

Salas trabaja en la Universidad de Jujuy en la conservación de especies de mamíferos grandes y medianos de las Yungas, en el noroeste de la Argentina, donde el bosque andino se entrelaza con la selva de montaña. “Se ve un desinterés claro en desfinanciar la investigación científica en las solicitudes de fondos que son para nuestros proyectos y con los que ya no contamos porque se encuentran frenados”, afirma.

La investigadora tiene planificado un viaje a campo en mayo y las zonas a las que suele trasladarse son de difícil acceso, sin rutas nacionales ni provinciales. Requiere de un vehículo acorde a los caminos complejos, un ayudante de campo, combustible —que desde la asunción de Milei aumentó alrededor del 80 % por la liberación del mercado— y otros insumos.

En el área de las Yungas jujeñas donde Salas trabaja no existen reservas estatales ni áreas protegidas y las tierras están en manos de privados con quienes la investigadora busca preservar los bosques. “Es un trabajo fino y a largo plazo”, explica. Le preocupa también que comience un proceso de extranjerización de la zona, ante el intento del gobierno de Milei de derogar la Ley de Tierras, que limita la posesión extranjera.   

Los recortes llegaron, incluso al funcionamiento cotidiano. “Ya empezamos a traer de nuestras casas elementos básicos como el jabón y el papel higiénico”, afirma Pizarro. “En mi facultad ya comenzaron a recortar servicio de personal de seguridad y limpieza”, asegura Breccia.

La devaluación del peso es otra causa de la crisis en la ciencia. El ministro de Economía, Luis Caputo, ordenó una nueva devaluación de más del 50% del peso argentino en diciembre de 2023, que se acumuló a otra reciente devaluación ordenada por su antecesor, Sergio Massa. “En nuestro laboratorio tenemos muchos insumos dolarizados. Entonces, nuestro presupuesto en pesos pasó a valer la mitad de un día para otro. La compra de insumos en dólares se volvió muy complicada. También se suspendieron las entregas de insumos adquiridos en el exterior necesarios para todos los que hacen investigación experimental”, afirma Breccia.

Reduciendo y reduciendo

El Estado argentino se encuentra funcionando con el presupuesto de 2023, debido a que la Ley de Presupuesto 2024 no fue aprobada por el Congreso y el Poder Ejecutivo prorrogó el Presupuesto 2023 para el año vigente. El problema es que la inflación devora cualquier presupuesto desactualizado. La inflación interanual en febrero de 2024 fue de poco más de 276%. 

Los fondos para la Asistencia Financiera para el Funcionamiento Universitario eran de 69.188 millones de pesos argentinos (unos 81 millones de dólares al valor oficial), de acuerdo con  el sitio Chequeado. Sobre esta cifra, el Ministerio de Capital Humano de la Nación debió anunciar un aumento del 70% a mediados de marzo,  ante la imposibilidad de muchos institutos y universidades de afrontar los gastos mínimos de funcionamiento, como pagar la luz eléctrica.

“Ciencia y universidad van muy de la mano y lo que pasa en un lugar impacta en el otro, porque muchas dependencias del Conicet están arraigadas a varias facultades”, afirma Breccia. 

Algunas universidades están pagando la energía eléctrica de los equipos de investigación científica, ya que las unidades tienen doble dependencia, explicaron los entrevistados.

Todo esto ya está teniendo consecuencias en diversos campos. “Lo que nos va pasando es que muchos investigadores del Conicet no tienen los recursos para responder ante inquietudes que tenemos desde el movimiento socioambiental”, resalta Enrique Viale, integrante de la Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas (AAdAA).

Hay plata, pero no hay plata

La secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología tiene 79.000 millones de pesos argentinos (más de 90 millones de dólares al valor oficial) y una ejecución de apenas el 0,3% en los últimos tres meses y medio, aseguró Valeria Levi, vice decana de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, durante una exposición frente a la comunidad académica el martes 19 de marzo.

La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (ANPIDTI) es otro organismo clave para los científicos: es la financiadora de la mayoría de las investigaciones, incluidas las que se realizan en el Conicet. La agencia tiene un presupuesto en pesos, subejecutado en apenas el 7% en lo que va del año, al cierre de esta edición, según explicó Levi. Pero, además, cuenta con préstamos por 225 millones de dólares de organismos internacionales para los subsidios de investigación, aseguró la vice decana. 

Hay plata, pero no hay nadie que autorice los giros. Recién el viernes 15 de marzo, tres meses después de asumir, el Gobierno nombró a una outsider como presidenta de la agencia: Alicia Caballero, doctora en Economía y exdirectora del Banco de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri.

“Los subsidios están frenados. Son subsidios que en muchos casos estaban ya aprobados (por la gestión anterior) y que están trabados”, explica Pizarro. “El hecho de que los fondos estén frenados hace que ciertos planes temporales se vean frenados y pone en riesgo tareas de muchos años”.

“El desfinanciamiento de las actividades científicas es un puñal en el marco del colapso ecológico climático que estamos viviendo. Necesitamos más ciencia, más Estado para poder enfrentar estos colapsos ecológicos focalizados, como la provincia de Corriente y la región del Litoral inundadas; olas de calor, la epidemia del dengue”, agrega el abogado Viale.

Desafío extra

La investigadora superior del Conicet Maristella Svampa considera que el “terraplanismo climático” de Milei tiene varias consecuencias en términos de políticas ambientales. “Una de ellas es que exacerba aún más el extractivismo y el consenso fósil que vive la Argentina y, además, amenaza con endurecer los contextos represivos en los distintos territorios en donde hay resistencias contra la expansión de la frontera minera, la frontera petrolera, entre otras cuestiones”. 

“Milei expresa muy bien la creencia, la ideología de una extrema derecha que considera a los ambientalismos como el enemigo principal”, concluye Svampa.

“Las líneas de trabajo que se dedican a hacer diagnósticos del impacto de la actividad humana y actividades productivas tienen un desafío extra”, asegura Pizarro. 

La científica explica que “cuando hablamos de monitorear y controlar la biodiversidad estamos hablando de monitorear, analizar y controlar las contribuciones de la naturaleza a las personas. Esas contribuciones permiten regular el clima, purificar el agua con los humedales, regular el clima con los espacio verdes, la producción de alimentos y fibras. Contribuciones que hacen que nuestra vida sea mejor”.

Que el Estado no tenga una presencia en el campo científico —aún con todas sus falencias— abre el camino para algo incluso peligroso, plantea el biólogo Juan Pablo Nievas, integrante de la Fundación Ceferino Namuncurá, en Puerto Madryn, provincia de Chubut: que el sector privado del extractivismo penetre las instituciones científicas y elija qué financiar y qué no, de acuerdo a sus intereses. 

Pizarro coincide: “¿Cómo hacemos para asegurar el financiamiento de nuestras líneas de trabajo cuando la mirada actual es que hay que buscar fuentes de financiamiento privado? ¿Qué va a pasar con ciertas líneas de trabajo como la mía, que se dedican a hacer diagnóstico del impacto de la actividad productiva o extractivista? Lo veo complicado”.

* Este reportaje es una alianza periodística entre Mongabay Latam y elDiarioAR.

ED

Cinco días antes de la segunda vuelta de las elecciones generales celebradas en noviembre, un nutrido grupo de “personas dedicadas a la conservación de la biodiversidad”, entre los que se encontraban “técnicos/as, guardaparques, académicos/as y naturalistas” emitió un comunicado manifestando su predilección por Sergio Massa, candidato oficialista, debido a su “compromiso para enfrentar y buscar acciones concretas para mitigar el efecto del cambio climático y garantizar la protección de la biodiversidad”. A su vez, recordaban que Javier Milei, su contrincante, “niega abiertamente el cambio climático; manifiesta que no sería delito contaminar ríos; propone privatizar el mar; se muestra en contra de la creación de áreas naturales protegidas y declara que la investigación en conservación es un gasto que no corresponde a la situación del país”.

La mirada previa del mundo científico-ambientalista explicaba por sí misma el significado que podía tener en los próximos cuatro años un triunfo opositor en las elecciones. El acceso de Milei a la Presidencia ha confirmado rápidamente lo que se suponía y ha encendido todas las alarmas entre quienes sostienen la imperiosa necesidad de priorizar una agenda ambiental que hasta el momento, según precisan, siempre ocupó un segundo plano para la política, la economía y la sociedad en su conjunto.

Durante su campaña, entre otras afirmaciones, el nuevo mandatario expresó su determinación para eliminar el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, desintegrar la Administración de Parques Nacionales o reducir de manera sensible la plantilla del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), principal centro de estudio e investigación para la gente de ciencia dedicada a los temas de biodiversidad y medio ambiente. La primera de esas medidas ya se concretó. El ministerio ha sido eliminado como tal y pasó a ser una subsecretaría dependiente de la cartera de Interior.

Por otro lado, el Presidente firmó un megadecreto de más de 300 artículos que continuó con la presentación de un proyecto de “ley ómnibus” que en sus 660 artículos pretende modificar todas las áreas y estructuras de gobierno, y desde ya, afecta a varias normas y disposiciones medioambientales.

El primer decreto determina la derogación de la ley de Tierras. El propio Javier Milei explicó que su eliminación es necesaria porque “limita el derecho de propiedad sobre la tierra rural y las inversiones en el sector”. En la práctica, su puesta en funcionamiento habilitaría la adquisición de áreas rurales a los grandes capitales nacionales y extranjeros, sin restricciones de tamaño ni control sobre su uso. Y aunque en algún momento se mencionó la posibilidad de modificar la ley del Manejo del Fuego, que prohíbe la venta de terrenos incendiados de manera intencional durante plazos de entre 30 y 60 años, finalmente este punto no fue incluido. Lo más grave, de todos modos, estaba por llegar.

La subsiguiente “Ley ómnibús”, que actualmente se encuentra en trámite parlamentario, pone el acento en varias cuestiones ambientales. Por ejemplo, modifica la Ley de Bosques, reduciendo de manera significativa su financiación, lo cual desincentivará la conservación de bosques nativos a quienes los posean en tierras; y peor aún, habilita la deforestación de dichos bosques, incluso los que actualmente integran las categorías con el más alto nivel de protección. Una carta redactada por más de un centenar de organizaciones sociales y dirigida a los diputados del Congreso Nacional estima que la aprobación de la medida “implica el más grave retroceso que podría imaginarse en materia de protección de bosques nativos” y dejaría desprotegidos al 80% de los todavía existentes en el país.

En otros artículos, el proyecto gubernamental modifica la Ley de Glaciares, habilitando la actividad productiva en las áreas periglaciares, “un reclamo histórico del sector minero”, según la mencionada carta, que agrega que, de concretarse, constituirá “una clara vulneración al principio de no regresión ambiental contenido en el Acuerdo de Escazú”. 

La propuesta incluye permitir la quema de campos de manera tácita, es decir, sin necesidad de aprobación previa de las autoridades (cabe recordar que en los últimos años, los incendios sin control han devastado cientos de miles de hectáreas en el país); y crea un mercado de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (GEI), cuyo monitoreo discrecional estaría a cargo del propio gobierno. En este sentido, la norma presentada al Congreso no indica de qué manera se llevará a cabo la transición energética ni cuál será la hoja de ruta para cumplir con los compromisos internacionales de reducción de emisiones a 2030 y carbono neutralidad a 2050 en el marco del Acuerdo de París, según las organizaciones ambientalistas.

El proyecto también pretendía abrir la pesca en la Zona Exclusiva Económica del Mar Argentino a los barcos extranjeros, quitando —entre otras muchas cosas— la exigencia de desembarcar las capturas en un puerto del país. La protesta generalizada de los gobernadores de las provincias implicadas ha logrado, en principio, que el Gobierno contemple negociar y discutir estas reformas. 

Al megadecreto presidencial y la “Ley ómnibus” les quedan todavía varias etapas parlamentarias y judiciales que superar para poner en marcha todos los cambios previstos, pero sin duda anticipan que los desafíos ambientales de la Argentina deberán afrontar más dificultades que nunca.

El extractivismo como apuesta y reto

Durante todo 2023, los economistas de cualquier vertiente política se empeñaron en pronosticar un venturoso 2024 para las finanzas del país. “Campo, litio, gas y petróleo” fue la repetida fórmula para certificar que el siempre prometido y nunca cumplido desarrollo está a punto de llegar de la mano de lo que el mercado llama commodities.

“Sabíamos que la agenda productiva iba a profundizarse porque ambos candidatos eran favorables al avance de inversiones y sectores económicos estratégicos con prácticas y formas extractivas de proceder”, señala Pía Marchegiani, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). “La realidad indica que Argentina necesita generar divisas, y lo que tiene más a mano para lograrlo son los recursos naturales”, ratifica Eduardo Crespo, economista argentino de la Universidad de Río de Janeiro especializado en Desarrollo Económico. Los métodos que se elijan para llevar adelante esta apuesta que intentará alcanzar el postergado desarrollo argentino tendrá sin duda un reflejo directo en sus variables ambientales.

“El consumo es el principal motor de la economía y, al mismo tiempo, el principal determinante de los impactos ambientales. Es una matriz que funciona mediante el deterioro de las condiciones materiales que la sustentan y logra éxito a corto plazo: puede generar trabajo y mejorar los ingresos de la gente, pero a costa de destruir el ambiente del cual depende en última instancia”, explica Juan Ignacio Arroyo, economista especializado en energía, ecología y cambio ambiental.

La misma premisa marca la opinión de Pablo Berrozpe, quien fue Director Nacional de Conservación durante los últimos cuatro años: “Pensando en el futuro es necesario dar la discusión cultural respecto a la restauración ecológica e intervenir para ponerle coto al cambio de uso de suelo, recuperar montes y bosques y promover una transformación productiva compatible con el desarrollo ecológico”.

A partir de estas certezas, el reto para las organizaciones ambientalistas es cómo hacer para que su discurso, contrapuesto al oficial, pueda ser atendido. “Hay que pasar de tener una agenda reactiva a otra propositiva para hacer que nuestro mensaje sea masivo”, dice Nicolás Gallardo, referente de Jóvenes por el Clima, quien acepta que “nos está costando enamorar a la gente, hacerle ver que lo ambiental no es una suma de catástrofes. Por eso, antes de las elecciones, lanzamos una plataforma electoral-ambiental con propuestas en diferentes ejes: energía, biodiversidad, adaptación, gestión de residuos y soberanía alimentaria”.

En el mismo sentido, Marchegiani entiende que será imprescindible “mostrar la relación que existe entre el ambiente y una cantidad de otros derechos que hacen al bienestar, como la salud, la vivienda, la cultura o el modo de vida”. Los efectos de los tres años casi sin lluvias que dejó el fenómeno de La Niña es una herramienta que esgrime Gallardo para trasladar un mensaje coincidente: “Hay que vincular muchísimo más la crisis climática a las problemáticas sociales y económicas. Que se vea, por ejemplo, cómo una sequía pone en jaque la producción y las exportaciones, o cómo las olas de calor y las inundaciones afectan la calidad de vida”.

La combinación de crisis económico-financiera (el país arrastra múltiples deudas, entre ellas una multimillonaria con el Fondo Monetario Internacional) con la disponibilidad de materias primas que demanda el mercado internacional —litio, gas, cobre, minerales raros…— añade otra dificultad a la posición ambientalista. “El riesgo de que se erosionen los estándares de participación ciudadana y discusión democrática de los proyectos extractivos es alto. Los procesos se van a apurar y se harán menos transparentes. En ese punto puede preverse que habrá conflictos”, aventura Marchegiani.

El incremento de concesiones para la extracción de litio en los salares del Altiplano conforman, tal vez, la amenaza más evidente de puesta en marcha de proyectos industriales aprobados sin que se cumplan de manera estricta dichas pautas legales de participación de las comunidades locales.

El esfuerzo para que el Parlamento promueva leyes que se consideran imprescindibles, como la de humedales, que volvió a perder carácter parlamentario al no ser tratada durante 2023, completa el reto que tienen ante sí las organizaciones ambientales en la nueva etapa que inaugura el país.

Más áreas protegidas, pero sobre todo mejor conectadas

En los últimos años, y por primera vez en la historia, la creación de áreas protegidas recibió votos en contra en el Congreso Nacional. Quienes dijeron que no fueron los entonces diputados Javier Milei y Victoria Villarruel, hoy flamantes presidente y vicepresidenta de la Nación. Su posición ideológica respecto a este tema se basa en la nula intervención del Estado y la absoluta libertad de los propietarios de las tierras para convertirlas en un bien productivo y rentable.

Partiendo desde esa premisa, todo indica que el objetivo de continuar ampliando las superficies con alguna figura de protección hasta alcanzar el 30% del territorio continental, establecido en las Metas de Aichi -nuevo compromiso global de conservación de la biodiversidad- para 2030, se encontrará con más obstáculos que nunca.

El Sistema Federal de Áreas Protegidas registra en la actualidad 44.974.504 hectáreas que incluyen parques y reservas nacionales, provinciales y municipales, y constituyen el 16,17% del total del territorio continental. “En 2024 podría ampliarse si se aprobara la creación de los parques nacionales de Uspallata, en la provincia de Mendoza; y el de las Sierras de Ambato, en Catamarca”, informa Pablo Berrozpe. El primero es un ecosistema de altas cumbres asociado a un sistema glaciario; en el segundo confluyen ecorregiones de Chaco seco, yungas (selva de montaña), puna y pastizal de altura y es hábitat de la taruca o venado andino (Hippocamelus antisensis), Monumento Natural Nacional que se encuentra en peligro de extinción.

Sin embargo, ambos casos demuestran las dificultades que existen en Argentina para concretar este tipo de procesos, debido a la potestad constitucional que tienen las provincias sobre el manejo de sus territorios y recursos naturales. Como dice Berrozpe: “El temor a quedar mal con la oposición local hace que a veces las provincias sean reticentes a entregar sus tierras a la Nación”. La bióloga Paula Soneira, ex subsecretaria de Ambiente y Diversidad del Chaco, lo traduce en cifras: “Los procesos de creación de áreas protegidas llevan entre 5 y 10 años y, lamentablemente, los de corredores biológicos son incluso más lentos y complejos. Las extinciones de especies a escala local y regional exigirían acelerar ese ritmo de protección de áreas valiosas”.

Justamente, esos corredores que ofrecen conectividad entre parques y reservas son, tal vez, la piedra angular para darle verdadera eficacia al crecimiento que las superficies protegidas tuvieron en el período reciente.

“Crear parques nacionales en lugares remotos y aislados entre sí no tiene mayor impacto en la conservación. Las especies que se quieren proteger necesitan una red bien conectada para sobrevivir, reproducirse, dispersarse y mantener poblaciones viables porque se mueven a través del paisaje. Sobre todo, las más carismáticas como el yaguareté (Panthera onca), el tapir (Tapirus terrestris) o el pecarí quimilero (Catagonus wagneri), que están en peligro de extinción”, opina Matías Mastrángelo, biólogo e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

La Ley de Bosques y el Consejo Federal de Medio Ambiente regulan la implementación de estas vías de conexión, pero los expertos consideran que esto no es suficiente. Soneira ofrece ejemplos al respecto: “Chaco categorizó en amarillo a los corredores en la Ordenación Territorial de Bosques Nativos aprobada en 2022 (que todavía está en discusión), pero avanzó con ‘polígonos especiales’ para uso agrícola que rompen la conectividad del paisaje. Misiones, que fue pionera en la creación de un corredor verde, presentó el ordenamiento territorial de municipios categorizando dichos bosques como sujetos a deforestación. Y Santiago del Estero incluyó un corredor boscoso cuyo diseño no garantiza su efectividad”.

Un objetivo para el año que comienza sería hallarle una solución a esa falta de amparo legal. “Deberíamos tener una ley de presupuestos mínimos que nos permita hacer planes de gestión y manejo de los corredores, con una autoridad de aplicación y un poder fiscalizador por parte del Estado nacional o provincial”, pide Berrozpe.

Otros aspectos a tener en cuenta en este tema serían, por un lado, “detener con urgencia la deforestación ilegal y ampliar la protección de los bosques nativos en el Gran Chaco Argentino”, tal como plantea Soneira. Y por otro, la creación de gradientes o zonas de amortiguación en torno a las áreas protegidas “para que un animal que necesita salir del parque o la reserva para encontrar un pozo de agua o buscar presas no se encuentre con que el bosque termina abruptamente y empieza un cultivo rociado con agroquímicos”, explica Mastrángelo.

La imprescindible y postergada transición energética

“Nos parece urgente un plan de transición energética. Pero un plan de verdad, trazado, anualizado, con metas cuantificable y medibles”, sentencia Nicolás Gordillo, el referente de Jóvenes por el Clima, y su exigencia deja flotando la sensación de que todo lo hecho hasta ahora por Argentina en ese tema ha sido básicamente discursivo. También expone la necesidad de tomarse en serio un interrogante que se repite en todos los idiomas del mundo: ¿Cómo acelerar la descarbonización para reducir el efecto invernadero y frenar el ascenso de temperatura global?

La realidad indica que en Argentina la generación y utilización de energía renovable está creciendo. En 2022 fue un 13,3% del total, y aunque la cifra todavía está muy lejos del 56,3% de la energía producida por los combustibles fósiles, aumentó un 10,9% respecto a 2021 y la tendencia se mantiene. En agosto de 2023 se registró la mayor marca mensual de generación de energía renovable, con 1.909,1 GWh.

Eduardo Crespo, sin embargo, mantiene cierto escepticismo: “Las sociedades con estados fuertes tendrán más posibilidades de hacer transiciones más rápidas hacia nuevas prácticas; los estados débiles no podrán hacerla. Padecerán las consecuencias o dependerán de los demás”, sostiene. A este aspecto estructural, Pablo Lumerman, consultor independiente en el Departamento de Asuntos Políticos de Naciones Unidas y experto en conflictos sociales vinculados al ambiente, le añade otro flanco: “Para lograr una transición energética hay que generar condiciones sociales, políticas y económicas en el modo de habitar y producir. Cualquier proyecto exige juntar mucha gente, masa crítica para empujar hacia una meta; y recursos vinculados a intereses económicos que vean una rentabilidad en el proyecto”.

La situación argentina en estas cuestiones parece caminar siempre por la cornisa de la contradicción. La Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Economía del Hidrógeno lanzada en septiembre pasado por el Gobierno nacional recuerda la enorme potencialidad que los vientos patagónicos y el sol del noroeste del país brindan para convertirse en futuro líder de la producción y exportación de hidrógeno verde, una de las esperanzas que tiene el mundo para obtener energía limpia y barata hacia 2050.

Simultáneamente, sin embargo, todos los sectores de la economía local enfatizan la importancia de apostar por la extracción de gas y petróleo. Berrozpe lo explica de un modo muy simple: “No hay transición posible en la Argentina sin explotar antes sus reservas de hidrocarburos”. De hecho, las prospecciones sísmicas y la primera perforación en busca de petróleo que se vienen realizando sobre el talud continental del Mar Argentino, a 300 kilómetros de las costas de Buenos Aires; el nombramiento de un experto de la petrolera privada Tecpetrol (dueña del pozo más productivo del yacimiento no convencional Vaca Muerta) como nuevo presidente de la compañía estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales, y el proyecto de construcción de un puerto petrolero sobre el golfo San Matías, en la Patagonia norte, son muestras evidentes de que el país no brindará su apoyo a la idea de limitar cada vez más la extracción de hidrocarburos.

En todo caso, Argentina tiene en la transición hacia una energía más saludable uno de sus grandes dilemas futuros. “Quizás haría falta una discusión político-económica profunda que nos diese madurez para encontrar cómo hacerla de la manera más delicada posible”, concluye Lumerman.

Agroecología, el cambio que el campo necesita

El dato que aporta la Bolsa de Comercio de Rosario es concluyente para entender el peso que la agricultura posee en la economía argentina: en 2022 y aun pese a la sequía, tres de cada cinco dólares exportados por el país fueron producidos por las cadenas agroalimentarias. Una trascendencia histórica que se multiplicó hasta la exageración con la llegada de las semillas transgénicas en los años noventa, la irrupción de China en el comercio internacional y el “boom” en los precios de productos como la soja o el maíz.

El cóctel transformó por completo la forma de trabajar el campo y la vida rural en general, aunque fue en materia ambiental donde provocó los mayores desequilibrios. Entre otras cuestiones, la expansión de la frontera productiva, una deforestación que aún no ha terminado, la “invasión” de los agroquímicos contaminantes del agua y el aire, y la degradación de los suelos como resumen de todo lo anterior.

Sólo la propiedad de la tierra mantiene la ancestral y abismal asimetría del pasado. Peor aún, los nuevos métodos ampliaron las diferencias entre grandes y pequeños productores. El Censo Nacional Agropecuario 2018 —último efectuado hasta la fecha— muestra que las explotaciones de menos de 500 hectáreas (un 80% de las existentes), ocupan el 11% de la tierra cultivada; mientras que las de más de 10.000 hectáreas (1% del total) abarcan un 40% del territorio.

La agroecología y su pariente cercana, la agricultura familiar, han sido en los últimos años la respuesta de los campesinos más humildes a la nueva realidad. “La dirigencia política debería ver el campo no solo en función de la exportación y la acumulación de divisas, sino también desde su función primaria, que es la producción de alimentos para la población”, afirma Nahuel Levaggi, coordinador nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) e impulsor de cambios de fondo en el modelo agrario del país.

Los datos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) indican que la superficie cosechada de producción orgánica —es decir, sin agregados químicos— pasó de 12.162 hectáreas en 1995 a 109.987 en 2022. En tanto que la UTT y la Red Nacional de municipios y comunidades que fomentan la agroecología (Renama) reúnen por su parte otras 100.700 hectáreas. Quienes trabajan la tierra en predios medianos y pequeños se han dado su propio sistema de trazabilidad y certificación, reconocido por la FAO; pero además exportan casi el 90% de su producción rumbo a mercados que privilegian los alimentos sanos.

Sin embargo, la conducta dual que suele caracterizar la política argentina también afecta al sector. Al hacerse cargo del ministerio de Economía en agosto de 2022, el derrotado candidato presidencial Sergio Massa degradó la subsecretaría de Agricultura Familiar a Instituto y redujo de manera significativa el presupuesto de la Dirección Nacional de Agroecología. En dirección contraria, en octubre fue promulgada la Ley de Fomento a la Agroecología, que establece un régimen de beneficios fiscales para la actividad durante diez años. La formación de redes de consumidores que establezcan canales directos con los productores, la regulación de un etiquetado que facilite la correcta identificación de los frutos y, fundamentalmente, la aprobación de una Ley de Acceso a la tierra “para apoyar al 75% de campesinos que todavía arriendan sus tierras”, son las tareas pendientes que reclama la UTT.

Los expertos y técnicos sitúan a la agroecología como un factor vital en la recuperación ambiental del planeta. Una mayor expansión a corto plazo en Argentina dependerá en buena medida de la política que adopten al respecto las nuevas autoridades. Su concepción ideológica y sus declaraciones previas no invitan al optimismo, aunque habrá que esperar para sacar conclusiones definitivas. La calidad alimentaria y la salud del aire, el agua, los suelos y de todas las especies —incluida la humana— que habitan los campos del país están en juego.

ED

La Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA) solicitó a la Justicia federal de Bahía Blanca que amplíe la investigación contra la petrolera alemana Oiltanking Ebytem SA debido a un segundo derrame ocurrido este miércoles en el estuario de la Bahía Blanca, también conocido como ría de Bahía Blanca. También solicitó que dicte una medida cautelar para la clausura preventiva de la petrolera, de acuerdo al escrito al que accedió elDiarioAR. 

Se trata del segundo accidente de este tipo en los últimos 22 días que protagoniza la misma empresa y en la misma zona. La UFIMA, a cargo del fiscal Ramiro González, estableció en los últimos días que las denuncias estaban en lo cierto: la petrolera no comunicó a tiempo a las autoridades sobre el primer derrame. Además, sostuvo que en esta segunda ocasión habría ocurrido lo mismo, ya que la compañía demoró casi dos horas en comunicar el incidente a la Prefectura Naval Argentina para activar el protocolo para estos casos y comenzar a tiempo con las tareas de remediación.

La expansión de las manchas afectarían a la Reserva Natural Provincial Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde, un humedal de importancia internacional y área clave en la conservación de la biodiversidad marina, que protege uno de los sistemas de islas, canales de marea, intermareales fangosos y marismas más importantes del litoral argentino.

Los daños llegarían a los Islotes de la Gaviota Cangrejera, el Área Natural Arroyo Pareja, la Isla Cantarelli y los humedales de Villa del Mar. También a otras reservas aledañas, como la Reserva Natural Costera de Bahía Blanca y la reserva costera humedal Cuatreros y humedales de la desembocadura del río Sauce Chico, de acuerdo al último dictamen del fiscal a cargo de la unidad.

El Ministerio de Ambiente de la provincia Buenos Aires ya suspendió preventivamente la operatoria de la petrolera alemana Oiltanking y solicitó de manera urgente que la Secretaría de Energía de Nación, el organismo habilitante de la actividad de la empresa, revise la operatoria para determinar si la compañía está en condiciones de seguir operando, de acuerdo con un comunicado oficial.

La fiscalía también solicitó que se cite a declarar como testigo a Hugo Mallimacci, práctico del buque Cabo Sounión, quien reportó a la Prefectura Naval Argentina el primer derrame del 26 de diciembre último. La comunicación fue a las 19:35, cuando el operario dijo divisar una mancha oleosa de 300 metros por 100 metros. A partir de entonces, las autoridades pudieron ver que la mancha era mayor y se extendía a otras áreas de la ría, un cuerpo de agua semiabierto que se forma cuando las aguas dulces provenientes de cursos de agua dulce continentales hacia el océano se mezclan con el agua salada del mar.

El Observatorio de Sismicidad Inducida, a cargo de los científicos Javier Grosso Heredia y Guillermo Tamburini Beliveau, utilizó datos satelitales para analizar el derrame y detectó que la extensión de la mancha de petróleo alcanzaría al menos 21 kilómetros cuadrados. Esa era la extensión mínima del derrame el 27 de diciembre a las 6:24 de la mañana.

Sin embargo, la empresa activó el protocolo recién a las 15:30 del día siguiente, cuando el gerente general de Oiltanking lo comunicó por teléfono a Prefectura. La zona afectada terminó siendo de al menos 3.000 metros de longitud y dentro del área natural protegida.

La causa

El expediente está a cargo del juez federal número 1 de Bahía Blanca, Walter López Da Silva, pero el fiscal federal de la jurisdicción dictaminó que la causa debe pasar a la justicia provincial. Por ese motivo, la UFIMA dictaminó a favor de que la causa siga tramitando en la Justicia federal de Bahía Blanca.

El fiscal Gonzláez también requirió que se lleve adelante un amplio estudio de impacto ambiental en la zona afectada por los dos derrames, que constate los daños a la fauna marina y a la vegetación marina.

La fiscalía de Medio Ambiente también solicitó al juez federal López Da Silva que ordene un peritaje para corroborar el correcto funcionamiento de las monoboyas y sus instalaciones conexas y de los dos buques que protagonizaron los incidentes, el Cabo Sounión y el San Matías para establecer además si las maniobras de descarga de crudo que terminaron en dos derrames se realizaron de acuerdo al protocolo que establece la ley.

A diferencia del fiscal de la causa, González dictaminó para que continúe interviniendo la Justicia federal, ya que el crudo derramado es considerado un residuo que era transportado desde afuera de la provincia, al estar involucrada más de una jurisdicción estatal y al pretender con la causa perseguir la recomposición y el resarcimiento del daño, como lo estableció la Corte Suprema. 

El fiscal determinó que al tratarse de un Área Natural Protegida y parte integral de una cuenca hídrica, se debe considerar la aplicación del principio in dubio pro natura, que establece que “en caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de decisiones deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales”.

Además, citó el principio In Dubio Pro Aqua, según el cual las controversias ambientales y de agua deberán ser resueltas en los tribunales y las leyes de aplicación deberán ser interpretadas de modo más favorable a la protección y preservación de los recursos de agua y ecosistemas conexos.

Dos derrames 

El 26 de diciembre último por la tarde, la monoboya de Oiltanking denominada “Punta Ancla” produjo un primer derrame en la ría, pero la empresa y las autoridades no actuaron hasta pasadas las 15 horas del día siguiente, lo que agravó las consecuencias y extensión de la mancha de petróleo, de acuerdo a la información reunida por elDiarioAR de fuentes directas del caso.

Entonces, la petrolera sostuvo que durante el amarre del buque Cabo Sounión, sin haber iniciado operaciones (el buque no tenía sus mangueras de bombeo conectadas), detectó una “oleosidad”. “Esto motivó la suspensión del amarre, previo barrido de la línea marítima y posterior inspección de las instalaciones”, dijo Oiltanking.

“Estas contingencias ponen en grave peligro al medio ambiente por el impacto que causan por las alteraciones físicas, biológicas o químicas”, dictaminó el fiscal González. Las penas por este tipo de delitos ambientales pueden ir de un mes a diez años de prisión.

El segundo derrame se produjo durante la madrugada de este miércoles y alrededor de las 5:30 de la mañana la empresa activó el Plan de Contingencias para Derrames de Hidrocarburos en el Agua (Planacon) dando aviso a la Prefectura Naval Argentina (PNA). La compañía aseguró que el derrame se habría logrado contener, ya que esta vez, dio aviso a tiempo a las autoridades a tiempo, a diferencia del derrame ocurrido a finales de diciembre. Sin embargo, la UFIMA investiga lo contrario.

La petrolera informó a las autoridades que durante la operación de descarga del buque tanque San Matías, “un elemento de medición de presión presentó una falla, lo que generó un derrame de hidrocarburo” en la ría, según un comunicado de la compañía. “Percibida la fuga, la que fue observada por personal de Oiltanking a bordo, se dispuso la inmediata interrupción de la operación”, agregó. 

La empresa sostuvo que “se realizaron trabajos de contención y control de la mancha por medio de barreras y booms absorbentes, a cargo de la empresa contratista CINTRA, lo que contuvo todo el derrame registrado”. Además, se dispuso que embarcaciones verifiquen la existencia de pequeños rastros de material eventualmente desprendido de la mancha principal.

ED/JJD

En medio de tantas arbitrariedades constitucionales, hablar de ambiente puede parecer una nimiedad. Pero como el clima y el territorio son los que permiten el desarrollo de la vida, sólo nos estamos refiriendo a nosotros mismos y a los derechos humanos.

Empecemos por la eliminación grosera de la Ley de Bosques Nativos, una verdadera conquista democrática. Visto en perspectiva, no sorprende que se hayan ensañado con ella. El propio ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, fue señalado en 2018 por Greenpeace como deforestador. Su emprendimiento de 500 hectáreas está en el Departamento de Copo, en Santiago del Estero, una zona donde el monte nativo es tan importante, que hay un frondoso parque Nacional que lleva su nombre. Pero no sólo se reventó una biodiversidad única y hermosa con máquinas que escupen vapores de diesel sino que, además, se desalojaron cientos de familias humildes de sus tierras históricas.

En 2020, Greenpeace también denunció como deforestadores seriales nombres que por estos días suenan y resuenan en el poder y que contribuyeron para lograr la presidencia de Javier Milei: Paolo Rocca, Eduardo Elsztain y Eduardo Eurnekian. En la lista, aparecía también Jorge Brito, que murió poco después de la denuncia en un accidente en Salta. En esa misma provincia, la familia tiene un feedlot que se llama Cabaña Juramento, que es un desierto poblado de vacas que no dejan de comer bajo el más implacable sol. Cuando se termina con el bosque tupido del Chaco Seco sólo queda tierra que será productiva unos años. Luego vendrá la salinización o suelos erosionados y estériles.

Con todas sus debilidades, la ley de Bosques fue un triunfo de la sociedad civil que asistió espantada e impotente al avance de esas primitivas topadoras contra una maraña biológica de bosque que se formó durante miles de años en una llanura extensa que comienza al borde de la cordillera. Es la zona más biodiversa de la Argentina, lo que nos tendría que hacer estallar el pecho de orgullo. En cambio, se trastocó la narrativa de su magia por la de la necesidad de desarrollo. Este consiste en echar familias nativas (indígenas o criollas) y reemplazar un conjunto admirable de vida por vacas o soja.

Hay que decirlo: la deforestación no se detuvo nunca, sólo se disminuyó su ritmo. Los poderes provinciales han sido cómplices y corruptos para que esto fuera así. El ensañamiento fue particularmente cruel con el Chaco Seco, donde a pesar de que llueve muy poco, la vida ha tenido su mayor y única expresión. Si el Congreso le da la razón a Milei, desaparecerá lo que queda en zonas prohibidas para el desmonte.

La deforestación es uno de los mayores contribuyentes a la producción de gases de efecto invernadero de la Argentina porque los árboles añosos y de maderas duras del Gran Chaco son una aspiradora de CO2. Cuando los cortás, los gases regresan a la atmósfera. Pero esto no aparece mencionado en otro articulado sorprendente de la ley ómnibus o como quiera que se llame: el de los mercados de carbono.

Estos mercados están en una sección denominada Transición Energética, en la que, paradójicamente, no se mencionan ninguna de las tecnologías para que dicha transición ocurra. De hecho, el DNU 70, eliminó una herramienta de estímulo fiscal para la energía distribuída (que es la más democrática), aunque -de todos modos- estaba desfinanciada.

La redacción de este apartado deja más dudas que certezas, pero antes de ahondar en ellas, hay que decir que viene insertada después de una filípica enorme sobre la ley de hidrocarburos que se puede reducir a una sola palabra: “rentabilidad”. 

La expansión del gas y del petróleo, ya sea por fracking en Vaca Muerta o en el mar, sólo aumentará la huella de carbono en la Argentina, entre otros gases que calientan la atmósfera, y tendrán gran impacto en la sociedad, el ambiente y sus habitantes y, obviamente, el agua, ya sea dulce o la del océano. 

Tengo la enorme sospecha de que la mención de los mercados de carbono está para limpiar la imagen de esta industria y de darle más vida que la que debería tener a través del ejercicio de la simulación. Explico por qué: el Gobierno se propone repartir cuotas entre sectores de la economía que emiten. El que no usa todos su derechos de emisión, puede venderlos en el nuevo mercado. Y el que adquiere estos derechos puede decir que “compensó”.

Fíjense en ésto. La industria de hidrocarburos sabe que tiene que morir. Pero, mientras tanto, hace planes de papel para hacernos creer que hacen algo para disminuir su impacto. Para eso, divide la producción de emisiones en tres etapas o “scopes”: 1, 2 y 3. Las dos primeras, se refieren a sus propios procesos, del pozo, a las operaciones y el transporte. La última, a los consumidores. Ellos se hacen cargo de la 1 y 2. Pero la tercera queda en la cuenta del que quema el combustible.

En un mercado de carbono, las compañías petroleras pueden comprar las compensaciones que quieran y decir que no emitieron nada. Y que fue Magoya el que siguió contaminando la atmósfera. No ellos. Pero hay un problemita. Siempre lo hay: la naturaleza no funciona así. Estamos a punto de vivir en un mundo insufrible por estas patrañas llamadas “greenwashing”, que no cambian la física de la atmósfera, que es lo único que importa. El resto es contabilidad absurda e inconsecuente.

Por eso, negar el cambio climático no es incompatible con la creación de mercados de carbono. Todo lo contrario. Es una forma moderna de seguir haciendo lo mismo, cambiando sólo la imagen. La formulación en el proyecto de ley “no habla de qué manera vamos a transicionar a una matriz energética más limpia”, apunta Camila Mercure, asistente de Política Climática de la Fundación Ambiente y Estudios Naturales (FARN). La experta señala que el proyecto menciona una meta de cumplimiento a 2030, pero no dice nada de cómo se va a reducir. E ignora olímpicamente el compromiso a 2050, que es cuando la Argentina debería alcanzar su objetivo de carbono neutralidad.

Gabriel Blanco, ingeniero de la Universidad Nacional del Centro, ex negociador argentino y autor IPCC, señala un punto no menor: ¿quién va a fiscalizar esto? ¿Serán las propias empresas? Todo esto me genera enormes sospechas, sobre todo, como dice Mercure, no se dice nada sobre el rol que tendrá la sociedad en esto. 

Lo que la ciudadanía tiene que tener bien presente es que las emisiones no se compensan. Se cortan. Y que si este país va a profundizar los proyectos extractivos, lo único que conseguirá será aumentar su huella, no disminuirla. Fíjense que los mismos apellidos desmontadores aparecen ligados a la expansión del fracking en Vaca Muerta y la provincia de Santa Cruz. Esto es realmente de temer.

Lo que nos lleva al último punto: la ley de glaciares. Otra conquista de la sociedad civil. Fue vetada por Cristina Kirchner. Pero Miguel Bonasso y Daniel Filmus se la pusieron al hombro junto a la sociedad civil y finalmente se sancionó. La Corte Suprema la ratificó, muy a pesar de la provincia de San Juan y su principal sponsor, la Barrick Gold. Ahora, Milei quiere volar la ley para hacer minería en ambiente periglaciar (hoy prohibida) y, además, eliminar la ley de tierras para sacar el litio o lo que sea de territorios indígenas. ¿Ven? El ambiente somos nosotros. Son nuestros cuerpos. Y un puñado de empresas se los quieren apropiar. Al menos, que no los dejemos. Vamos a ver quién traiciona y quién gana.

MA/MG

La Argentina está ingresando de modo vertiginoso a un Estado de Excepción, que coloca en manos del presidente la suma del poder público. La reforma que busca imponer Milei abre a un escenario de autocracia mesiánica, que desconoce la división de poderes del Estado y pretende borrar de un plumazo las normativas y regulaciones protectoras en materia social, económica, ambiental y de género, de la mano de un modelo represivo, de criminalización de la protesta social. Para las corporaciones, este momento de desdemocratización a gran escala es también el momento de la “gran piñata”, de la gran repartija de los “dulces” que quedan, ofrecidos gentilmente por un presidente anarco-capitalista, que busca suprimir cualquier regulación estatal, en favor de los privados. Y esto sucede de modo tan obsceno como visible, comparable solo con el menemismo, que encontró a una sociedad exhausta por la hiperinflación (1989-1990); y con la última dictadura cívico-militar, que se propuso una reestructuración social y económica, de la mano del terrorismo de Estado.

En materia socioambiental, el proyecto de Ley Ómnibus enviado recientemente por el presidente Milei al Congreso Nacional es un golpe al corazón de la legislación de protección ambiental argentina, ya que se propone liquidar las dos leyes que mayor esfuerzo ciudadano costaron en los últimos quince años: la Ley de Protección de Bosques (Ley 26.631, de 2007) y la Ley de Glaciares (Ley 23.639, de 2010). Dos leyes de presupuestos mínimos de protección que conllevaron grandes luchas ambientales, involucrando no sólo al conjunto del movimiento socioambiental (asambleas territoriales en las diferentes provincias) y a ONGs ecologistas (Greenpeace, FARN, Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas), sino también a amplios sectores de la sociedad argentina, que apoyaron la defensa de nuestras “fábricas de agua” (los glaciares y su ambiente periglaciar), amenazadas por la expansión de la megaminería; y la defensa de los bosques, arrasados por los desmontes y el avance de la frontera del agronegocio.

Digámoslo una vez más.  Nunca, como en estas dos leyes marco hubo tanto apoyo de la ciudadanía, gracias al debate público y a la conciencia de la realidad palpable de la destrucción y despojo de nuestros ecosistemas. También es cierto que el lobby empresarial jamás cesó de atacarlas y conspirar contra ellas, a fin de flexibilizarlas y torcerlas en su favor, utilizando para ello los bloques parlamentarios afines. Sin embargo, pese a ello, no pudieron lograrlo hasta ahora. Hoy, en el marco de un gobierno libertario-empresarial, primero a través de un DNU que deroga la Ley Nacional de Tierras Rurales (ver abajo) y desregula el sistema energético a ultranza; segundo, con esta propuesta de Ley Ómnibus, que apunta de lleno a la madre de todas las batallas socioambientales, las corporaciones tienen la posibilidad de una formidable revancha social, asestando un golpe de gracia a la totalidad de nuestros bienes comunes naturales. Al parecer la casta para este gobierno, además de los trabajadores y los sectores populares afectados por el ajuste, también son los Glaciares y los Bosques.

En el caso de la Ley de Bosques, en primer lugar la desfinancia casi a cero al sacarle al Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques Nativos el porcentual de las retenciones de exportaciones del agronegocio. Pero, fundamental y con una confusa técnica legislativa, este proyecto de ley pretende autorizar los desmontes en las áreas de protección I (roja, sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse) y II (amarilla, sectores de mediano valor de conservación), esto es las áreas más importantes y vitales, desmontes que actualmente están expresamente prohibidos. Más aún; ése es el núcleo de la Ley de Bosques: si no se protegen las zonas más frágiles y fundamentales para la vida de nuestros ecosistemas ya en peligro, ¿qué sentido tiene entonces una Ley de Bosques? De aprobarse esta propuesta de ley, todos los bosques argentinos podrían ser desmontados, para garantizar el avance de los negocios (soja, cultivos transgénicos, ganadería, monocultivo forestal, entre otros).

Respecto de la Ley de Glaciares, la propuesta de reforma habilitaría la actividad minera en ambiente periglaciar (expresamente prohibida por la ley). Este retroceso ambiental es la exigencia histórica de grandes mineras transnacionales como Barrick Gold que pretenden avanzar sobre estos ecosistemas y, con dicha modificación, podrán hacerlo sin limitaciones, estrechando de manera considerable la zona de protección. Las asambleas de provincias -como San Juan- defienden a rajatabla el ambiente periglaciar, el que es significativamente más reducido en las provincias áridas del centro y norte del país -y por eso más frágil-, que en el sur argentino, más pródigo en hielos.

El proyecto de Ley Ómnibus también tiene otros aspectos abiertamente destructivos, ya que facilita la quema de tierras para “limpiarlas” en favor de cualquier “actividad productiva”. El proyecto de ley reformaría la precedente, Ley 26.562 de control de actividades de quemas, ya que habilita que si al cabo de 30 días, la autoridad competente no se expide en relación al pedido de autorización de quema “se considerará que la quema ha sido autorizada tácitamente”. Con un Estado desguazado, con escasos o nulos controles, esto significa la institucionalización de la quema indiscriminada, tal como hizo Bolsonaro años atrás en Brasil, hecho que impactó severamente en la Amazonía, sus ecosistemas y los pueblos indígenas que la habitan. También habilita y liberaliza la quema de Pastizales, ecosistemas valiosísimos e imprescindibles, bajo el eufemismo de realizar “cortafuegos” y “acciones preventivas”, hoy acciones vedadas o solo permitidas a las autoridades competentes y de forma excepcional. Aquí lo hemos vivido ya en varias provincias, lo más reciente son los incendios en Corrientes (verano de 2023), que afectaron no solo a los Esteros de Iberá, de los cuales arrasaron con más de 100.000 hectáreas, entre esteros, bañados y pastizales. Esta modificación potenciaría los incendios de manera impensada y absolutamente ilimitada.

Otro elemento de la ley ómnibus es que propone adherir al tratado de 1991 de la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (UPOV 91) para privatizar las semillas y criminalizar el intercambio de semillas criollas. 

Por último, la propuesta de Ley Ómnibus dispone ingresar de lleno al capitalismo verde -que es compatible con el negacionismo climático-, que habilita a las corporaciones el derecho a seguir contaminando, a través de la compra de “bonos verdes” en el mercado de carbono. Sobre la transición hacia energías renovables, no hay nada. Solo el afán por insertar a las grandes corporaciones (del tipo que sean, pero fundamentalmente extractivas) en el negocio del carbono, en lo que hemos llamado el “Consenso de la Descarbonización”, un acuerdo capitalista que pretende combatir la crisis climática sin tocar el modelo de negocios actual, exacerbando el proceso de explotación extractivista de los bienes naturales y manteniendo una relación depredatoria con la naturaleza. 

En este vértigo destructivo y desdemocratizador en el que nos sumerge el gobierno libertario-corporativo, el 29 de diciembre entra en vigencia el Decreto de Necesidad y Urgencia del día 20 de diciembre que, por sus impactos, también conlleva una fuerte regresión ambiental. Por ejemplo, dispone la derogación de la Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011. Dicha ley colocó un freno al proceso de extranjerización de tierras que desde los ‘90 venía operándose en el país, acelerado luego por la crisis de 2001-2002. La ley apunta a limitar la extranjerización de las tierras, instalando un más que razonable régimen restrictivo para la compra de tierras rurales por extranjeros, como sucede en la mayoría de los países del mundo.

Un artículo importante de dicha ley es aquel que prohíbe a extranjeros ser propietarios de inmuebles que sean ribereños de cuerpos de agua (ríos, lagos o cuencas) y zonas de seguridad de frontera. Aunque no es retroactiva (Lewis y Benetton, entre otros, hicieron mucho provecho de esta falta de regulación), la derogación de esta ley conlleva directamente la liberación total de la compra o posesión a capitales extranjeros. Corporaciones transnacionales forestales como ARAUCO, que ya tienen cientos de miles de hectáreas en nuestro litoral, estarían también detrás de esta flexibilización. Este proceso de extranjerización se traduce en la pérdida de nuestra soberanía sobre los bienes comunes asociados al suelo y agua (cuencas hídricas, lagos, ríos). A su vez, implica el desplazamiento de poblaciones vulnerables; comunidades campesinas e indígenas podrán ser expulsados por la megaminería metalífera y de litio, la expansión de la frontera sojera-ganadera, foresto-industrial y el corrimiento de la explotación hidrocarburífera. 

Respecto del sector energético, el DNU abre la puerta a la privatización total de las empresas públicas (con su transformación de sociedades mixtas a sociedades anónimas), lo cual anticipa mayor pérdida de soberanía y de control de los bienes comunes. Asimismo, establece la liberalización tarifaria sin salvaguardas, lo cual amenaza el mercado interno y aumenta riesgos ambientales y sociales. A su vez la eliminación del Fondo para el Desarrollo de la Generación Distribuida (FODIS) y afectación de certificados de crédito fiscal representan un retroceso en la implementación de energías renovables de baja escala necesarias para la transición ecosocial. Lo más indignante es la absoluta ausencia de cualquier tipo de regulación o modificación de los grandes subsidios existentes para las grandes petroleras y empresas energéticas. Es decir, mientras se reducen o suprimen los subsidios al consumidor en las tarifas de combustible y energía, se siguen subsidiando a las grandes petroleras multinacionales, no para el consumo interno, sino para la exportación. Un llamado explícito al despojo y el saqueo, que suena como música en los oídos de las corporaciones transnacionales.

A 40 años de recobrada la institucionalidad democrática, más allá de sus deficiencias y errores, asistimos a una vertiginosa embestida en términos de desdemocratización, que pareciera dejar desamparada a la ciudadanía, ante la salvajada de reformas y derogaciones propuestas por el presidente libertario. Frente a ello, cabe preguntarse dónde se encuentran en este país las reservas democráticas que puedan contrarrestar esta arremetida autocrática e inconstitucional, que transfiere nuestros bienes públicos y naturales y deroga nuestros derechos (civiles, sociales, económicos, ambientales, laborales, entre otros), en favor de las corporaciones privadas.

Hoy una parte importante de la ciudadanía se encuentra cada vez más movilizada en diferentes ciudades del país (a través de marchas, paros generales o parciales, cacerolazos), convocados por diferentes organizaciones (sociales, sindicales, territoriales). Sabemos que la movilización social es absolutamente necesaria, pero no suficiente si no va acompañada por la intervención política urgente del Poder Legislativo, rechazando el DNU y las reformas de esta Ley Ómnibus, así como de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, frente a la inconstitucionalidad de tales medidas. Una pregunta atraviesa esta indignación colectiva que gana las calles, cada vez más militarizadas: ¿acaso nuestra institucionalidad es tan frágil que puede venir un nuevo presidente y llevarse puesto en tres semanas las instituciones democráticas y nuestros derechos? Esta es la madre de todas las batallas. Ojalá las fuerzas políticas de la oposición y la Justicia argentina estén a la altura de esta responsabilidad histórica.

ED

Por una iniciativa del Foro Energético Mundial en 2012, cada 21 de octubre es conmemorado el Día Mundial del Ahorro de Energía. Su primera edición fue en el día inaugural del World Energy Forum en Dubai, y se ganó el respaldo de una gran cantidad de países.

El fin de esta efeméride es promover el acceso universal a la energía, visibilizando el impacto de nuestro uso sobre el medio ambiente. Es un llamado a la reflexión sobre nuestro consumo energético en la vida cotidiana, y pretende concientizar sobre la necesidad de trabajar en conjunto en busca de políticas que favorezcan la eficiencia energética y la conservación de los recursos naturales.

Aunque nuestra contribución diaria parezca un grano de arena en una playa, muchos esfuerzos individuales en conjunto tienen un impacto importante en el consumo energético, ya que lo mejor que podemos hacer para un uso racional de los recursos es reducir y multiplicar el ahorro. Con acciones simples podemos ayudar, como por ejemplo:

Además, se destaca la importancia del uso de energías renovables para la preservación del medio ambiente sus recursos, para también frenar el calentamiento global que lleva al cambio climático. Tanto los gobiernos como los ciudadanos tenemos que tomar medidas de responsabilidad ambiental para un futuro sostenible y un acceso equitativo a la energía.

Desde nuestras casas, modificando algunos hábitos de consumo energético, podemos ayudar a ahorrar energía, cuidar nuestro planeta y a sus próximas generaciones.

Este año, al norte y al sur, el hielo polar del planeta siguió fundiéndose a toda velocidad. El Ártico se derritió mucho este verano, sí, pero en el sur, la Antártida acaba de registrar la menor extensión de la historia de océano congelado en su pico invernal: un millón de km2 más pequeño que el anterior récord. “Un dato significativamente bajo”, analizó el Centro del Hielo y la Nieve de EEUU (NSCD) en su lenguaje científicamente moderado.

El 10 de septiembre, el hielo que rodea la Antártida alcanzó su máximo anual de 2023 tras crecer durante todo el invierno austral: 16,9 millones de km2. A partir de ese día, la capa congelada de océano ya comenzó a retirarse. Fue un récord negativo “por un amplio margen”. Solo nueve días después, al otro lado del mundo, el océano Ártico tocó su mínima extensión congelada: en primavera y verano se fundió hasta permanecer helados solo 4,2 millones de km2. Es el sexto registro más escuálido de hielo marino. Las 17 peores mediciones se produjeron durante los últimos 17 años: entre 2007 y 2023, según informa el NSCD.

Como recordó el Panel Internacional Científico sobre Cambio Climático (IPCC), la superficie de hielo marino actual en la Tierra es la más pequeña desde hace 3.000 años. Es uno de los cambios acelerados que indican de “manera inequívoca” cómo está afectando la crisis climática. “El nivel medio del mar continuará aumentando durante siglos a milenios debido al continuo calentamiento de las capas profundas oceánicas y al derretimiento de los mantos de hielo”, explicó el IPCC.

El meteorólogo Juan Jesús González Alemán apuntó en su cuenta de X que este descenso del hielo marino –“Estamos en valores históricamente bajos y lejos respecto a otros años”, dijo– es un aspecto por estudiar de cerca por si estuviera detrás del “gran aumento repentino de las temperaturas globales”. Lo llama todavía “posible mecanismo” que debe confirmarse.

Lo que se observó este año en la Antártida “es un mínimo que pulveriza récords”, según el análisis científico del investigador del NSCD Walt Meier. “Este récord es la continuación de una tendencia hacia la baja en el océano Antártico que comenzó después de 2014”, apostilló la NASA tras revisar las observaciones. Y en el Ártico “el paso del norte está más abierto de lo que solía estar, incluso el hielo está más suelto y delgado en áreas del polo norte que eran bastante compactas”, aseguran en la misma agencia.

El calentamiento global del planeta que causa el efecto invernadero –generado mayoritariamente por los gases lanzados por las actividades humanas– se dejó sentir estos meses en los polos. La región del Ártico atravesó su verano más cálido, de acuerdo con la Agencia Meteorológica de EEUU (NOAA). En mayo, junio, julio, agosto... se constataron olas de calor marinas en los océanos Ártico y Antártico con sus aguas entre tres y cuatro grados por encima del promedio, advirtió el sistema de observación europeo Copernicus.

La pérdida de hielo, además, alimenta un círculo nefasto ya que, a la larga, hace que el mar se recaliente más todavía. La superficie blanca helada blinda el agua de radiaciones y refleja la luz solar. Sin hielo, las aguas oscuras se tragan el calor y lo almacenan. Y no es poco, ya que el océano absorbe el 90% de esa radiación extra. Con hielo, una buena parte rebota (se llama efecto albedo); sin él, queda almacenado cargando de calor y energía el océano.

Y el cambio climático es, básicamente, el desequilibrio energético del planeta: recibe más energía de la que emite –retenida por el efecto invernadero exacerbado–. A partir de ahí, se desencadenan todas las alteraciones que estamos viviendo: sequías más frecuentes –que redundan en incendios forestales más destructores– seguidas de precipitaciones más torrenciales, temporales costeros cargados de energía extra, olas de calor...

Con los datos en la mano, al terminar este septiembre se constató que este fue un curso de fundición polar acusada. Ya en el primer trimestre de 2023 se midieron también extensiones de hielo bajas en ambos océanos. Las aguas alrededor de la Antártida se deshelaron más que nunca. Ese mínimo –marcado en febrero– se quedó en 1,79 millones de km2, que estaba más de un millón de km2 por debajo de la media 1981-2010. Y batió el anterior récord registrado solo un año antes.

Lo que ocurrió es que, tras retroceder –es decir, fundirse– más de lo que nunca fue medido científicamente, la capa helada antártica creció poco durante los meses siguientes hasta quedarse muy atrás de los máximos de superficie que conseguía recongelarse.

El sur absoluto del planeta experimenta un acusado deshielo desde 2016. Una especie de cuesta abajo que los científicos estudian muy de cerca. “Una aguda recesión durante casi todos los meses del año”, la definen. “Se cree que esa persistencia de una baja extensión de hielo cerca de la Antártida desde 2016 está ligada al calentamiento de la capa superior del océano causada por la mezcla con agua más cálida”, apuntan.

Cuando el frío crece en la Antártida, afloja en el norte y viceversa. Por eso, cuando el océano austral del planeta estaba fundiéndose (y marcando un registro histórico negativo), el más septentrional –el Ártico– estaba creando su capa de hielo sobre la superficie marina. Avanzó hasta el 6 de marzo pasado y fue la quinta superficie más pequeña desde que hay registros.

Cada década, ese máximo cayó un 2,6% respecto a la media 1981-2010 lo que marca la decadencia sin freno del océano, supuestamente, helado. Cuando en 1979 el Ártico llegó a su máxima extensión congelada, sumó 16,58 millones de km2, con al menos un 15% de hielo. En 2023 fueron 14,6 millones. Un 12% menos, que se traduce en dos millones de km2. También hace más de 40 años, en 1980, el mismo océano se fundió en verano hasta permanecer congelados 7,5 millones de km2. Este septiembre, al tocar su mínimo, se acreditaron 4,2 millones. Son más de tres millones de km2 menos. Un declive del 44% en cuatro décadas.

LC