Una zambullida rompe la calma del agua, es el chapoteo de un cuerpo pesado que sube y baja con destreza gracias a unas patas palmeadas y a bigotes gruesos capaces de detectar la mínima vibración de un pez en el agua. Luego se escucha un resoplido fuerte, casi una tos, que anuncia que algo enorme acaba de asomar la cabeza. Cuando el lobo gargantilla se yergue sobre el agua, apoyado en su cola, medio cuerpo afuera, como hace cuando algo llama su atención, muestra su mancha blanca e irregular en el pecho, única en cada individuo.

Después de treinta años sin registros de avistamiento y por ello ser considerada una especie regionalmente extinta en Argentina, el lobo gargantilla (Pteronura brasiliensis) vuelve a nadar en este país. Esta especie que alguna vez habitó las cuencas frescas de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay de la mesopotamia argentina, llegó a internarse en regiones boscosas del impenetrable chaqueño al viajar a través de ríos como el Bermejo.

Conocida también con el nombre de nutria gigante, esta especie es la mayor representante de la familia de los mustélidos (mamíferos carnívoros que también incluye comadrejas, tejones y hurones), y el más grande de todos ellos: un macho adulto puede superar 1.8 metros de largo y pesar más de 30 kilogramos. Su pelaje denso, oscuro y brillante la llevó a la ruina pues la convirtió en un blanco fácil para cazadores furtivos. Viviendo de forma cotidiana en grupos familiares numerosos de hasta diez o más individuos, la nutria gigante se caracteriza por ser ruidosa. Emite gritos constantes durante la pesca y las disputas entre miembros del grupo, según describe Alejandro Valenzuela, investigador del Centro Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Hoy en los Esteros del Iberá, la ecorregión de humedales que cubre casi cuatro millones de hectáreas al norte de la provincia argentina de Corrientes, las nutrias gigantes dejaron de ser un recuerdo. En el corazón de un laberinto de lagunas y bañados, en la isla de San Alonso, funciona hace siete años el único proyecto en el mundo de reintroducción de la especie. Liderada por la Fundación Rewilding Argentina, la iniciativa ya cuenta con más de 30 ejemplares, una primera familia de cuatro individuos liberada en junio de 2025, y otros 13 individuos en espera de completar el camino de vuelta a los ríos argentinos.

Volver a empezar en San Alonso

La nutria gigante supo nadar una gran porción del país. Según describe el biólogo Guillermo Gil, delegado del Nordeste Argentino de la Administración de Parques Nacionales, la especie ocupó en el pasado un territorio mucho más amplio que los Esteros del Iberá: incluía el río Paraná y sus afluentes en Misiones, el Iguazú, el Urugua-í, el Yabebirí, el río Uruguay y su afluente Iraí, el Paraguay y hasta los ríos San Francisco y Bermejo, en el extremo norte del país. Un mapa que se fue vaciando un río a la vez.

Aunque los expertos aclaran que Argentina “carece de estudios sobre el uso del hábitat de la especie”, los causantes de la desaparición de la nutria gigante son múltiples. En el Urugua-í (afluente misionero del río Paraná), una represa hidroeléctrica construida en 1990 inundó los 85 kilómetros cuadrados que incluían la zona donde se dieron los últimos registros de grupos familiares reproductores en la cuenca: el último avistamiento en la zona databa de 1985, cinco años antes. En el propio río Paraná, la represa de Yacyretá inundó 1200 km² entre 1989 y 1994, y en el Uruguay, la de Salto Grande anegó 783 km² en 1979.

A esa fragmentación del hábitat se sumaron la caza, legal entre 1941 y 1960, además de un comercio ilegal que continuó después, y la sobrepesca de las especies de peces de las que se alimentaba, como el el surubí (Pseudoplatystoma corruscans) y el sábalo (Prochilodus lineatus) que alcanzaron un récord de 35 000 toneladas exportadas en 2004, según datos de Parques Nacionales. Con diversas presiones combinadas, la especie fue retrocediendo río arriba hasta que dejó de haber señales de su presencia: los últimos ejemplares confirmados en el país se observaron en el alto río Iguazú, en 1986 y 1988.

Argentina pasó, en cuestión de décadas, de tener una de las especies más ruidosas y sociables de sus ríos, a desaparecerla.

La historia de la nutria gigante en el país es a su vez la historia de la región. En 2021, la especie fue catalogada En Peligro de extinción en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), y en marzo de este año los países miembro de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias (CMS) la incluyeron en sus Apéndices I y II, las dos categorías más altas de protección según el tratado, durante una reunión en Campo Grande, Brasil. Según un informe presentado en esa reunión, la población global cayó un 50 % en los últimos 25 años y podría caer otro 50 % en el mismo plazo si no se toman medidas.

Consultada por Mongabay Latam, la bióloga brasileña, coordinadora del Grupo de Especialistas en Nutrias de la UICN y fundadora del Giant Otter Project (Projeto Ariranhas), Caroline Leuchtenberger, explica que la caza por su piel y la degradación de su hábitat le hicieron perder a la especie alrededor del 40 % de su área de distribución histórica en toda la región. Parte de esa degradación, señala, se dio mayoritariamente en las cuencas de los ríos Uruguay y Paraná, las mismas en las que alguna vez nadaron las nutrias gigantes argentinas.

Revertir esa ausencia significa construir un lugar donde la historia de la nutria gigante pueda empezar de nuevo.

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Magalí Longo, coordinadora de conservación del proyecto Rewilding, cuenta que “el proyecto de la fundación inició en 2019 con la construcción de los corrales en lo que es la isla San Alonso, el corazón de los Esteros de Iberá”, con una etapa previa de planificación junto a especialistas en la especie que asesoraron sobre dónde construir los recintos y cómo encarar el trabajo ex situ. Un corral de presuelta (preliberación), explica Gustavo Solís, veterinario y coordinador de incorporación de individuos a los proyectos de reintroducción de Rewilding Argentina, funciona como un territorio de práctica antes de la libertad total, un punto intermedio entre la vida en cautiverio y el estero abierto.

A diferencia de una “suelta dura”, donde un animal se traslada y se libera de una sola vez, sin ningún período de transición, el equipo trabaja con lo que llaman “suelta blanda”: el ejemplar permanece en el recinto el tiempo necesario para adaptarse, sin fecha fija de salida. “El animal va conociendo ese corral que es como su territorio, tiene sus olores, tiene la comida, tiene refugio y se siente seguro”, cuenta Solis, quien lleva más de dos décadas trabajando en conservación.

En el caso de la nutria gigante, el recinto combina una parte de tierra firme y otra de agua conectada directamente a la laguna, para que el mamífero acuático pueda moverse entre ambos ambientes tal como lo haría en libertad. “Nuestros corrales están en pleno estero de Iberá, tenemos corrales muy grandes con una parte sobre la tierra firme y una parte en agua”.

Meses después de comenzar el proyecto llegó Alondra a la Argentina, la primera hembra incorporada al proyecto, donada por el Zoológico de Budapest. Antes de llegar al corral, pasó por una cuarentena en la que, según comenta Solís, cada ejemplar recibe un transmisor de telemetría implantado quirúrgicamente en la cavidad abdominal que le permite al equipo seguir a cada animal a distancia una vez liberado.

A fines de 2019, tras el mismo proceso, se sumó Coco, un macho del Zoológico de Givskud, en Dinamarca. Ambos compartieron el corral de presuelta en la laguna Paraná, dentro de la isla San Alonso, alimentados a diario con peces vivos de la zona para que practicaran la pesca, comenta Longo. En 2021 el proyecto sumó un segundo macho, Nanay, traído desde Suecia, y en 2022 una hembra proveniente de Francia.

Pero la familia recién formada no tardó en conocer la pérdida. En 2022, en medio de incendios catastróficos que obligaron a evacuar la isla, Alondra comenzó a mostrar signos de debilidad. Una bacteria instalada en sus pulmones, sumada a su edad de 11 años (una edad avanzada para una especie que suele vivir entre 8 y 13 años), terminó por vencerla. De Alondra quedan sus crías nacidas en mayo de 2022: Yvera, Ipegua y Chiru, el primer grupo familiar de la especie en Argentina desde la década del 80.

Custodias de los ríos

El regreso del lobo gargantilla no es solo la reivindicación de una especie perdida en Argentina, es también la restauración de un custodio de sus aguas. Depredador alfa, la nutria gigante se encuentra en la cima de la cadena alimentaria acuática. “Son depredadores tope, necesitan una buena cantidad de peces, porque esa es su presa principal. Si el agua tiene contaminantes, ellos nos lo muestran”, comenta Leuchtenberger en cuanto al rol de “custodios del agua” que suele atribuirse a esta especie.

“Necesitan agua sana y bosques ribereños sanos. Todo el ecosistema acuático y su entorno tienen que ser muy estables para que puedan persistir”. Un estudio de 2026 sobre vigilancia de patógenos en nutrias gigantes de tres ecorregiones de Brasil, del que Leuchtenberger es coautora, documentó un riesgo sanitario asociado a la contaminación del agua, con patógenos que provienen sobre todo de animales domésticos, una amenaza nueva cuyo impacto real sobre la población todavía se desconoce. Según Leuchtenberger, la dieta de la nutria gigante se superpone además con la de las comunidades que viven en las riberas de esos mismos ríos. “Si el río no es saludable para las nutrias gigantes, tampoco lo es para la gente”, resume.

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La otra razón por la que funciona como bioindicador tiene que ver con lo exigente que es la especie. No alcanza con que haya agua y pescado, la nutria gigante necesita un territorio estable durante todo el año, con cobertura vegetal en las orillas para construir sus madrigueras, y un entorno sin perturbaciones constantes. “Cuanto más grande es el grupo, más sano o más equilibrado está el ambiente”, afirmó la experta. Además, agrega que un grupo familiar arranca con una pareja que se reproduce, y que las crías permanecen con sus padres durante años, lo que hace crecer a la familia, siempre que el entorno lo permita. En cambio, allí donde hay tráfico de embarcaciones u otra actividad humana intensa, “nunca se ven grupos más grandes, solo parejas o tríos”.

Para Leuchtenberger, la sola presencia o ausencia del animal es un dato revelador: “Aunque haya peces, si en el hábitat hay conflicto humano, caza furtiva y cualquier tipo de disturbio, químico y físico, nunca vas a tener nutrias gigantes ahí”.

Pasaporte, cuarentena, y un stud book

Curiosamente, el primer obstáculo de la reintroducción de la nutria en Argentina no fue biológico, sino logístico. “Cuando empezamos con el proyecto de nutrias gigantes, el gran desafío era que no teníamos [nutrias] en Argentina, no había nutrias gigantes. Se extinguió para todo el país y en cuativerio no había ninguna. En la historia de los zoológicos argentinos nunca hubo nutria gigante”, comenta Solis.

Conseguir los primeros ejemplares implicó mirar hacia afuera y negociar con instituciones de conservación en la región, además de adquirir permisos bajo la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies amenazadas (CITES) y protocolos sanitarios acordados entre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). También requirió un recurso indispensable: tiempo.

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La primera presentación formal del proyecto de reintroducción en Argentina se dio en 2017, durante el primer Taller Internacional de Nutria Gigante realizado en Cali, Colombia, donde el equipo argentino presentó su idea ante especialistas de toda la región, entre ellos, Caroline Leuchtenberger. “Generar la confianza necesaria para que instituciones extranjeras cedieran ejemplares de una especie tan escasa en cautiverio no fue nada fácil”, recuerda Solís sobre los primeros contactos en Brasil, donde en ese momento había apenas nueve ejemplares bajo cuidado humano en todo el país. “Cada zoológico que pudo tener estas nutrias es muy receloso de ellas, es imposible que las cedan a ningún proyecto. Nosotros teníamos que demostrar que este era un proyecto que iba a funcionar, el primer proyecto de reintroducción”.

Con tan pocos ejemplares disponibles en Sudamérica, la búsqueda tuvo que cruzar el Atlántico y el proyecto de reintroducción en Argentina se presentó a la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA), que gestiona un programa de cría en cautiverio coordinado a nivel mundial para la especie a través de un registro genealógico centralizado, llamado stud book, desde el cual un comité técnico decide qué ejemplares se aparean y hacia dónde se derivan.

Según el propio documento del proyecto presentado por Rewilding en 2018, ese programa reunía entonces 62 ejemplares en 18 instituciones europeas y ya operaba en su capacidad de carga, es decir que no tenía espacio físico para seguir criando individuos sin destino dentro de Europa, lo que lo volvía capaz de ceder ejemplares al proyecto de la fundación. “En este proyecto [a diferencia de otros]”, aclara Solis, “anduvo todo muy bien. Las nutrias se conocieron, se enamoraron y hubo reproducción bastante rápido”.

En total, entre ocho y diez nutrias llegaron desde Hungría, Suecia, España, Alemania y Dinamarca y Estados Unidos. El traslado, dice Solís, fue un proceso lento y cuidadoso, pensado para minimizar el estrés de los animales: en origen, las instituciones zoológicas coordinaban entre sí para asistir a cada ejemplar durante las cuarentenas en origen, los transbordos aéreos, viajando en cajas de transporte con acceso a agua y comida. Al llegar a Ezeiza (ciudad donde se encuentra el aeropuerto internacional Ministro Pistarini en Argentina), un equipo de la fundación esperaba en la zona de carga desde primera hora de la mañana para atenderlas y completar los trámites migratorios. Ya en destino, los animales pasaban por una segunda cuarentena, donde se realizaban los primeros chequeos sanitarios antes de trasladarlos a los corrales de la fase de presuelta. Según Solís, “gestionar la importación de un solo ejemplar nos demoraba entre ocho meses hasta un año”.

Una cuestión de tiempo para ser libres

Argentina es, según cuenta Leuchtenberger, el primer caso de reintroducción de nutria gigante en el mundo con el que otros países pueden comparar sus propios planes, incluido uno que Brasil intenta reactivar en la cuenca del Paraná, después de que su primera versión, planteada en 2010, se suspendiera por falta de fondos.

“Para mí, el éxito del programa es tener animales libres, reproduciéndose y comportándose como nutrias gigantes salvajes”, explica la científica. Eso significa que son capaces de establecer su propio territorio, defenderlo, pescar, encontrar sus propios recursos y desplegar el repertorio social completo de la especie: marcación con arena, vocalizaciones complejas, interacción dentro del grupo y defensa del territorio frente a otros grupos. “Si toda esa interacción compleja está sucediendo, eso va a significar que el proyecto realmente es un éxito”.

Ese también es el criterio que usa el propio equipo de Rewilding para trazar sus etapas de trabajo en otros proyectos de la región. Solís lo compara con lo que ya ocurrió en Iberá con otras especies del programa de reintroducción de Rewilding: el oso hormiguero, el yaguareté o el venado de las pampas que hoy están en una “segunda etapa”, la de dispersión natural. En esta fase los animales se alejan del sitio de liberación original y se establecen, por su cuenta, a veces a decenas o cientos de kilómetros.

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A un año de la liberación de la familia de nutrias gigantes, San Alonso empieza a dar señales de esa segunda etapa. Según confirmó Longo, el grupo ya se dispersó hacia otras zonas del parque, y en el camino construyó sus propias madrigueras. Ya no dependen exclusivamente de las que tenían en el corral, aunque siguen moviéndose dentro de un radio cercano a él, sin haberse alejado del todo. En la lectura del propio equipo, esta es la primera señal concreta de que el proyecto empieza a moverse hacia la definición de éxito que persigue: no solo que la especie sobreviva, sino que deje de necesitar, cada vez más, la ayuda del corral.

Longo describe también cómo es el trabajo cotidiano con el grupo de nutrias liberado en junio de 2025: salen a pescar durante el día, descansan al sol y, hacia la noche, se resguardan en madrigueras construidas por ellos mismos en el monte que rodea el corral, con un monitoreo constante y una suplementación de alimento que se reduce a medida que registran eventos de pesca exitosos por cuenta propia.

La parte reproductiva, explica, tiene sus propios tiempos y sus propios riesgos: “hay una primera etapa en donde la pareja misma pierde camadas debido a que son inexpertos, porque no los saben criar o no los cuidan como corresponde. Una vez que son exitosos en eso, empiezan a reproducirse muy bien”. El período de gestación es de entre 65 y 75 días, y si una pareja pierde a sus cachorros, la hembra puede volver a quedar preñada apenas diez días después. Un grupo, dice Longo, recién se considera consolidado “cuando los juveniles tienen también la capacidad de poder cuidar los cachorros que está teniendo la familia”, recién ahí empieza la independización de los más grandes, que se van para formar sus propios núcleos familiares.

Según el informe anual de Rewilding, correspondiente al ejercicio cerrado en marzo de 2025, dos de las tres parejas del proyecto formadas en ese año tuvieron crías, llevando a 13 la cantidad de ejemplares en fase de liberación en el Gran Parque Iberá.

Hoy el proyecto supera los 30 ejemplares y ya empezó a replicarse dentro del propio país. Una segunda familia, formada en el Ecoparque de la provincia de Buenos Aires a partir de una pareja donada por instituciones europeas, tuvo tres camadas consecutivas y hoy espera su liberación en el Parque Nacional El Impenetrable, en la provincia de Chaco. Este es el segundo sitio, además de Iberá, habilitado para reintroducir la especie. “Es muy loco porque, fíjate, dos ejemplares que vienen de Europa, las crías nacen, son porteñas, y después toda la familia se traslada al Impenetrable”, dice Solís. Para el equipo, esta es la prueba de que el modelo no depende de un único sitio y que, si el protocolo funcionó una vez para formar un núcleo familiar viable, puede repetirse en otro punto del país con condiciones similares. “Es solo una cuestión de tiempo para que el proyecto sea exitoso en otras partes de Argentina”, concluye Solis.

El artículo original fue publicado por Ana Victoria Domínguez Britos en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Los efectos del evento El Niño ya se están sintiendo en varios países de la región. En los últimos días, intensas precipitaciones cayeron en el noroccidente de Ecuador, principalmente en la provincia de Esmeraldas, así como lluvias de mediana intensidad ocurrieron en la costa norte de Perú, principalmente en Tumbes. Sin embargo, en la sierra y Amazonía ecuatoriana se registran altas temperaturas, al igual que en Perú, donde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informa sobre el incremento de la temperatura durante el día en la costa y sierra del país. Ambos países también están enfrentando incendios forestales.

El último comunicado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), del 28 de septiembre, confirma que estamos ante un evento de magnitud extraordinaria en la zona más cercana a las costas de Ecuador y Perú, mientras que en el Pacífico central la magnitud continúa siendo muy fuerte.

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En Lima, Perú, también se están presentando lluvias por el fenómeno El Niño. Foto: cortesía Agencia Andina/Daniel Bracamonte“Lo que ya estamos viendo es un evento intenso. No sabemos aún si será uno de los más intensos históricamente, aunque hay una probabilidad de que sí lo sea, al menos del periodo que tenemos registro, más o menos desde 1950 a la actualidad”, comenta Alejandro Jaramillo, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Jaramillo nombra a los eventos más fuertes de los que se tiene registro. “El Niño 1982-83 ha sido uno de los más intensos», comenta el experto. También menciona El Niño ocurrido en 1997-98 y el de 2015-16. A estos le sigue el de 1991-92, ”en particular porque en Sudamérica fue bastante fuerte, aunque no está entre los más intensos en esta lista“, aclara el experto. ”Tuvo mayores impactos en Sudamérica, en particular en Colombia, donde hubo problemas con la generación de energía“, asegura Jaramillo. En cambio, ”el de 1997-98, por ejemplo, fue muy fuerte en términos de efectos para México“, agrega.

“Necesitamos ver toda su evolución, pero es probable que pueda ser el más intenso en esta lista, puede ser que ocupe el primer o segundo lugar en el periodo de 1950 a la actualidad”, afirma el experto sobre el evento que ha empezado a tomar fuerza y cuyos efectos más críticos se esperan en diciembre de 2026.

¿Cómo se define El Niño?

Para que se declare un evento de El Niño se debe tener en cuenta el aumento de la temperatura del mar, pero también los cambios en la atmósfera, explica Jaramillo. Frente a dos cuadros Jaramillo muestra cómo se va definiendo este evento climático y atmosférico.

En uno muestra cómo va aumentando la temperatura del mar en el océano Pacífico, principalmente en la zona central y hacia las costas de Perú y Ecuador. Al mismo tiempo, en el otro cuadro se puede ver cómo va variando la circulación de la atmósfera y las lluvias se van moviendo en el planeta hacia las mismas zonas en el Pacífico. “Cuando se mueven a la par, es decir, se van moviendo juntas, hay un evento de El Niño”, explica Jaramillo.

Si bien estas son las dos condiciones más importantes para que se defina un evento climático de este tipo, también es imprescindible que “se mantengan por un periodo de al menos cinco meses”. Cuando eso ocurre, “se dice que está ocurriendo El Niño”, agrega el experto de la UNAM.

“Tenemos el desarrollo de un gran evento que está abarcando no solamente la costa peruana, sino el Pacífico central”, agrega Kobi Mosquera, investigador del Instituto Geofísico del Perú (IGP), para explicar las dos zonas del océano donde el aumento de la temperatura del mar son relevantes para un evento de El Niño.

Mosquera explica que hay dos regiones importantes de monitoreo en el océano. La zona colindante con la costa de Perú y Ecuador, conocida como 1+ 2, que también se identifica como El Niño Costero, y la zona central del Pacífico, conocida como 3.4, también identificada como El Niño Global porque sus efectos ocurren en todo el planeta.

Mosquera también recuerda que hay dos eventos extremos que se han medido, el de 1982-83 y el de 1997-98. “Posiblemente el actual, 2026-27, entre a este grupo de los tres eventos extremos”, comenta.

Los impactos a nivel regional

“Perú ya ha estado sufriendo efectos con una mayor intensidad de lluvias, mientras que Colombia, país inmediatamente al norte en la frontera con Perú, tiene efectos de menos precipitaciones”, afirma Jaramillo. “Hay que destacar que los efectos de El Niño son muy diferentes entre una región y otra e incluso en regiones que están cerca”, aclara sobre los que sucede en estos dos países fronterizos.

En México, por ejemplo, dice Jaramillo, la actividad de los ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico ha sido muy tranquila, es decir, no han habido muchos y los que se han formado no han sido muy intensos. Sin embargo, en la parte central del Pacífico ha habido mucha actividad.

Jaramillo también señala que se espera que en diciembre de 2026 el evento de El Niño llegue a su punto máximo, por tanto, los efectos seguirán ocurriendo hasta el próximo año.

“Al ser un evento muy intenso, impacta en la pesca, porque las temperaturas altas no solamente están en la superficie [del mar], sino que llegan hasta más o menos 100 metros de profundidad, y en algunos momentos, cuando pasa una onda Kelvin, también puede afectar hasta los 500 metros”. Las ondas Kelvin son abultamientos de agua que elevan el nivel del mar a medida que avanzan por la costa. También aumentan la temperatura del océano y llevan aguas frías y ricas en nutrientes a mayor profundidad bajo la superficie.

Mosquera recuerda que en Perú la pesca ya se vio afectada, ya que se suspendió la primera temporada de pesca. En abril pasado, el Ministerio de la Producción de Perú, responsable de regular las políticas de pesca, suspendió de manera temporal las actividades extractivas de anchoveta en amplias zonas del litoral norte-centro del país por un periodo de diez días. Esta medida se adopta para “garantizar el desove, evitar la captura de ejemplares en tallas menores a las permitidas, así como preservar y proteger el desarrollo de la biomasa y la sostenibilidad del recurso hidrobiológico”, señala el decreto que anuncia la suspensión.

Mosquera también menciona los impactos que se pueden producir en la agricultura. La Oficina de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advierte que “El Niño suele estar asociado con sequías extremas en algunas áreas, que afectan la disponibilidad de agua para la agricultura y el consumo humano, y con lluvias intensas e inundaciones en otras, que destruyen cultivos, infraestructuras y generan pérdidas económicas sustanciales”. En ese sentido, el organismo internacional señala que estas alteraciones climáticas provocan una reducción en la productividad agrícola, disminuyen la disponibilidad de alimentos y elevan los precios.

El economista ambiental Stasiek Czaplicki, de Bolivia, señala que en el altiplano occidental y sur se está presentando “un déficit de lluvia bastante sensible y, por tanto, una menor disponibilidad hídrica, mayores temperaturas”. Mientras, en los valles interandinos, ocurren “lluvias irregulares con períodos secos prolongados, estrés agrícola térmico”, agrega.

“Los impactos son un poco heterogéneos. En el Chaco, el calor extremo o déficit hídrico ya es una realidad y podría, potencialmente, en la medida que continúe hasta diciembre, ser más problemático”. En cuanto a la Amazonía, dice Czaplicki, en Bolivia el efecto es bastante heterogéneo, pero en Brasil ya se tiene pronósticos de grandes sequías.

A inicios de septiembre Mongabay Latam informó sobre los incendios forestales que ocurren en la región y su relación con el fenómeno de El Niño. Otro informe del 1° de octubre da cuenta de la pérdida de alimentos y la reducción de especies marinas que pone en riesgo la seguridad alimentaria de muchas comunidades. Ahora las lluvias empiezan a ser más intensas en Ecuador y Perú, lo que podría derivar en pérdida de infraestructura. Los expertos ya anunciaron un fenómeno extraordinario y advirtieron que corresponde a los gobiernos minimizar los impactos.

*Imagen principal: inundaciones por lluvias en Esmeraldas, Ecuador. Foto: cortesía Secretaría Nacional de Riesgos de Ecuador

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En la Reserva Natural Cabo Vírgenes, ubicada en la provincia de Santa Cruz, al sur de Argentina, habitan cerca de 120 000 parejas de pingüinos de Magallanes (Spheniscus magellanicus). Fue allí donde un grupo de científicos analizó el comportamiento alimenticio de estas aves marinas y el recorrido migratorio que realizan: descubrieron que no todos los individuos migran pero los que lo hacen realizan trayectos de hasta 3500 kilómetros que pueden durar seis meses.

Durante ese lapso de tiempo los pingüinos permanecen en el mar y no tocan tierra. Además, a través de la investigación se determinaron áreas importantes en el mar donde los pingüinos se alimentan, además de las zonas donde descansan durante su estación reproductiva, sobre todo durante la cría de pichones, entre diciembre y enero.

La investigación fue realizada durante la temporada reproductiva de 2025 por el Consejo Agrario Provincial (CAP) de Santa Cruz, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), la Fundación Por el Mar y WCS Argentina para conocer la migración de pingüinos. Los científicos colocaron dispositivos GPS a ocho individuos: los primeros resultados, publicados a inicio de septiembre, permitieron conocer sus recorridos de alimentación y detectar el uso de sectores por fuera de los límites de la reserva.

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Esteban Frere, investigador de la UNPA, asociado a WCS Argentina y quien dirigió el equipo de científicos, explicó a Mongabay Latam que en 2017 iniciaron un trabajo de estudio en distintas colonias de pingüinos en Cabo Vírgenes. Para 2019, empezaron a estudiar la migración con aparatos geolocalizadores. El objetivo era conocer los sitios donde van a alimentarse estas aves para dar mejor atención al cuidado de esas áreas marinas.

“El caso específico de Cabo Vírgenes es muy interesante porque es la primera vez que nosotros documentamos”, afirmó Frere. “Pensábamos que todos los pingüinos eran migratorios, pero hay una buena proporción de animales que no migran, que se quedan en la zona sur. Evidentemente, aguantan, soportan la temperatura baja del mar, pero tienen suficiente comida como para no hacer el recorrido postreproductivo de enormes distancias que pueden ser 3500 kilómetros o 3000 kilómetros al norte”, detalló Frere.

La Reserva Cabo Vírgenes es un área protegida ubicada en la Patagonia argentina que alberga alrededor de 240 000 pingüinos de Magallanes, según el último censo realizado en 2025. Esta reserva constituye la colonia continental más austral del mundo de esta especie y la tercera en cuanto al número de individuos.

Una especie que bucea en busca de sardinas

El pingüino de Magallanes habita las costas de Argentina y Chile. A lo largo de los años, su comportamiento, migraciones y adaptaciones fueron objeto de estudio. Frere, biólogo argentino que también es investigador principal de Conicet y especialista en ecología de aves marinas, afirmó que uno de los focos del trabajo está puesto en entender a dónde van los pingüinos a buscar alimento durante la cría de pichones. 

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“Luego de la reproducción, llegan hasta el río de la Plata, en Uruguay, o llegan a Península Valdés, en la provincia de Chubut, o sea, recorren 2500 a 3500 kilómetros de distancia; y otros se quedan todo el otoño-invierno más o menos entre 300 y 350 kilómetros alrededor de la colonia. Es decir, no migran. Es un comportamiento que se desconocía”, resaltó Frere.

En 2025, según el biólogo, los pingüinos de Magallanes adultos recorrieron distancias mayores de lo que se presumía. La diferencia, además de la distancia, fue el tiempo. “Sabíamos que sus viajes tardaban menos de 24 horas y ese año fue distinto, invirtieron más tiempo en buscar alimento. Sus viajes duraron un día y medio”, destacó el experto, quien añadió que un pingüino puede recorrer hasta 350 kilómetros buceando en busca de bancos de sardinas cercanos a sus colonias.

Frere afirmó que el año pasado los pingüinos demoraron 12 horas más en buscar alimentos debido a que hay zonas donde los bancos de sardinas u otros alimentos no están disponibles como en años anteriores. Sin embargo, aclaró que hubo casos en los que las aves recorrieron la ruta solo durante un día.

“Esos recorridos cortos son durante la cría de pichones. Ellos están en el nido con los pichones y van y vienen todos los días, puede ser cada dos días o día por medio y regresan para dar comida a los pichones, pero mucho depende del lugar, ya que pueden ser recorridos cortos o poco cortos”, detalló el especialista.

Sin embargo, Frere explicó que el recorrido entre Cabo Vírgenes y el sur de la provincia de Buenos Aires, como por ejemplo, la ciudad balnearia de Mar del Plata, puede durar unos seis meses en el caso de los pingüinos que realizan recorridos largos. Lo asombroso, según el biólogo, es que en ese largo lapso de tiempo están en el mar y no regresan a tierra.

“Ellos suben al norte buscando comida. Están todo el tiempo en el mar, son animales marinos y solo necesitan ir de septiembre a marzo a tierra porque necesitan criar sus pichones, caso contrario estarían todo el tiempo en el mar. En un día podrían hacer 300 a 400 kilómetros fácilmente, pero no necesariamente lo hacen, y no son kilómetros lineales, ya que pueden subir y bajar o dar vueltas”, destacó el experto.

En tierra, mientras tanto, la dinámica es otra. El cuidado de los pichones se reparte desde el inicio. Frere explicó que tanto machos como hembras van en procura del alimento y lo llevan a sus pichones. “Cuando los pichones son pequeños, uno de los dos se queda en el nido”, dijo. Con el crecimiento, la dinámica cambia. “Cuando el pichón tiene casi un mes de vida, salen los dos padres a buscar el alimento”, remarcó el experto.

Frere añadió que las hembras son aquellas que mayoritariamente no migran y que los machos son los individuos que recorren largas distancias. “Y ese es el dato más curioso y más interesante que encontramos en la colonia de Cabo Vírgenes respecto de la migración o la dispersión post-reproductiva”, dijo.

El biólogo detalló que las hembras son más costeras y los machos son los que ingresan más en la plataforma continental, ya que se alejan de la costa y van de sur a norte. “La mayoría llega más o menos al Golfo San Matías, pero hay individuos que llegan hasta el sur de Uruguay y el río de la Plata, en la provincia de Buenos Aires”, resaltó.

El estudio evaluó ocho viajes de alimentación de ocho ejemplares y el área núcleo conjunta utilizada alcanzó 5543 kilómetros cuadrados, más del doble de la superficie estimada en estudios anteriores. Los investigadores advierten que se trata de resultados preliminares y que las condiciones del mar pueden modificar los recorridos de una temporada a otra. 

Durante los días de trabajo de campo, el equipo se organizó en grupos y aplicó una metodología basada en transectas, que es la toma sistemática de datos a lo largo de recorridos previamente definidos. Este enfoque permite estimar la densidad de nidos y obtener una referencia más precisa sobre la evolución de la población.

Mariano Bertinat, ingeniero en recursos naturales renovables y coordinador de la Fundación Por el Mar, explicó a Mongabay Latam que por la zona de Cabo Vírgenes pasa el tráfico internacional de buques, existe movimiento turístico, de pesca y de logística y hay actividad hidrocarburífera de plataformas petroleras. Esas presiones fueron la razón para conocer cuál es el estado de salud de la colonia de pingüinos de Magallanes.

“Lo que descubrimos es que tenemos una colonia [de pingüinos] muy saludable, un buen número de pingüinos, una colonia que tiene un alto éxito reproductivo y es muy pujante. Una colonia que tiene claramente un mar que la rodea en muy buen estado de salud, que puede abastecer una colonia de pingüinos realmente importante”, destacó Bertinat.

Sin embargo, el experto añadió que existen colonias de pingüinos en la región, sobre todo en el lado de Chile, que están perdiendo el número de individuos. “Primero descubrimos que nuestra colonia está muy bien pero es una colonia muy sensible. Entonces, por eso la necesidad de profundizar en el conocimiento, no solamente de la dinámica ecológica de estos pingüinos, sino también de si se alimentan, hasta dónde viajan, hasta dónde van a buscar la sardina fueguina, que es su alimento principal, cuánto tiempo tardan en ir a buscarla y si las poblaciones de sardina también tienen algún vínculo con la salud de esta colonia”, dijo.

El recorrido de los que se quedan y los que se van

Bertinat remarcó que la investigación revela que toda el área marina alrededor del Cabo Vírgenes tiene una alta relevancia en la alimentación de los pingüinos.

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El estudio detectó viajes de hasta 70 kilómetros de distancia al punto de nidificación. Esto significa que los pingüinos viajan y regresan al menos unos 130 kilómetros en un día y medio aproximadamente. “Ese es el rango de alimentación que hemos encontrado como máximo alrededor de la colonia. Y después, en la migración invernal, cuando ya termina la temporada de reproducción, los pingüinos se distribuyen en diferentes lugares en la costa atlántica”, dijo Bertinat.

Otra parte del estudio comprobó que durante la temporada de migración otro grupo de pingüinos van hacia el norte. Los adultos reproductivos llegan hasta Uruguay o incluso el sur de Brasil, mientras que los jóvenes y los que no se reproducen llegan hasta Península Valdés, en la provincia patagónica de Chubut.

En la actualidad, la población de pingüinos de Magallanes en Argentina continental se estima en casi 2 400 000 individuos, con alrededor de un millón más en Chile, según la Fundación Rewilding Argentina.

De acuerdo a la página oficial del gobierno de la provincia de Santa Cruz, el presidente del Consejo Agrario Provincial (CAP) de Santa Cruz, Hugo Garay, destacó que la investigación “permite conocer mejor cómo se mueve la especie, y con esa información, tomar mejores decisiones para protegerla, trabajando para que la conservación tenga información concreta y sirva para planificar el territorio de Santa Cruz”.

Bertinat explicó que el siguiente paso del estudio es repetir las metodologías que se realizaron el año pasado y que en octubre se realizará un nuevo censo de la colonia en Cabo Vírgenes para confirmar la población de pingüinos de 120 000 parejas.

“En diciembre vamos a volver a instalar dispositivos GPS para ampliar el conocimiento del rango de alimentación de los pingüinos y estamos trabajando con el gobierno provincial [de Santa Cruz] en estudiar cuál es el área marina contigua a la actual reserva terrestre que podría ingresar como un proyecto de conservación, ya pensando en un área marina protegida que pueda asegurar a futuro el éxito de esta colonia”, detalló Bertinat.

*Imagen principal: una colonia de pingüinos en la reserva Cabo Vírgenes. Foto: cortesía Gobierno Provincial de Santa Cruz

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La pérdida de alimentos, la reducción de pescado y mariscos así como el incremento de sus precios son riesgos reales para Latinoamérica, que ya enfrenta los impactos por el fenómeno meteorológico de El Niño con sequías, incendios, inundaciones y cambios en los patrones del océano que se reflejan en tu mesa.

Estos impactos no afectan a todas las personas por igual. Especialistas consultados por Mongabay Latam explican que las alteraciones provocadas por este fenómeno aumentan las desigualdades sociales y económicas en la región.

En Colombia, por ejemplo, un análisis hecho por la Red por la Defensa de la Reforma Agraria advierte que los cultivos que representan entre el 30 % de toda la producción nacional de alimentos —incluyendo a varios de la canasta básica— están en riesgo de perderse por los efectos de El Niño.

La pesca en México, una actividad de la cual dependen miles de personas, también se verá afectada por la disminución de especies comerciales causada por el calentamiento anómalo en el Pacífico.

Mientras que en el norte de Argentina, las comunidades indígenas ya resienten los efectos de las lluvias e inundaciones en sus cultivos, así como la crianza de animales que utilizan para alimentarse y subsistir.

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El Niño le puede costar un tercio de la comida a Colombia

Papa, cebolla, maíz, arroz, banano y yuca son algunos de los principales alimentos que se producen y consumen en Colombia. El aumento de las temperaturas y la alteración en las lluvias provocadas por El Niño puede costarle al país la pérdida de 8 460 000 toneladas de comida, lo que representa entre el 30 % de toda la producción nacional, de acuerdo con un análisis hecho por la Red por la Defensa de la Reforma Agraria.

De acuerdo con el mapeo —el cual se basó en pronósticos oficiales de lluvias, evaluaciones agropecuarias municipales y calendarios de siembra de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA)— el impacto más fuerte no llegará este año, cuando más falta el agua, sino entre febrero y mayo de 2027 cuando se recolectan las cosechas.

Por esta razón, el mapeo identifica dos riesgos distintos en la siembra y la cosecha de alimentos.

Por un lado se considera el impacto en las semillas que no germinan o cuya siembra se aplaza por que el suelo está seco. Este riesgo se enfoca entre septiembre de 2026 y febrero de 2027. Mientras que el riesgo para la planta que germinó es distinto pues rendirá menos por el agua faltante durante el proceso y podrá ocurrir desde octubre de 2026 hasta agosto de 2027, con picos entre febrero y mayo.

Cristian López, integrante de la Red por la Defensa de la Reforma Agraria y uno de los autores del análisis, explica que la ausencia de lluvias en esos meses clave repercutirá después en alimentos básicos para la población.

“Hemos identificado que las cadenas alimentarias más afectadas van a ser el maíz, el plátano, la papa, el arroz, la yuca, el frijol, el aguacate. Esos cultivos alimentarios van a ser profundamente afectados y tendrán un impacto muy profundo en el hambre, en la pobreza y en las brechas de desigualdad en Colombia”, expone el investigador a Mongabay Latam.

El análisis advierte los puntos de sequía más críticos en diferentes momentos, acorde a la región y cultivo. Por ejemplo, se espera que la lluvia en La Guajira, al norte de Colombia, se reduzca más del 95 % en diciembre, así como un 85 % en el Caribe. Mientras que para el eje cafetero y el alto Magdalena el punto crítico es ahora, en septiembre, con una reducción de la lluvias del 74.6 % en Quindío; 68.2 % en Tolima; y 67.8 % en Huila, departamentos que incluso han enfrentado incendios forestales en las últimas semanas.

La red publicó también esta herramienta para que los campesinos y productores puedan conocer el nivel de riesgo por municipio y cultivo en este periodo, así como saber qué mes exactamente puede ser el más crítico en sus regiones.

La Red precisa que este esfuerzo es parte de un llamado para que el Gobierno de Colombia, encabezado desde agosto por Abelardo de la Espriella, destine una partida presupuestal para atender el tema y revierta el recorte previsto al sector agropecuario, pues los impactos no solo pueden encarecer los alimentos sino también dejar sin ingresos al sector campesino.

López explica que la gran mayoría de las medidas de prevención y atención parten de activar el presupuesto para, por ejemplo, compras públicas anticipadas, gestión de reservas, créditos para los productores y acceso a seguros para quienes arriesgan sus cultivos.

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Incertidumbre para la pesca en México

Originado por el calentamiento de la superficie del océano Pacífico, El Niño también se refleja en el cambio de la distribución de organismos marinos y, por lo tanto, en la ausencia de peces y especies comerciales. Esto representa un gran riesgo para la pesca en México, que concentra la mayoría de su actividad en el Pacífico y de la cual dependen directamente más de 333 630 personas.

Uno de los efectos principales que causa el fenómeno climático es el cambio en la distribución de los organismos. Las surgencias costeras —zonas de ascenso de aguas profundas y ricas en nutrientes— se ven alteradas, por lo que muchas especies que se alimentan en ellas migran a aguas más profundas y frías.

Esto dificulta más la actividad pesquera de muchas especies. Antar Pérez Botello, especialista en ciencias marinas de la organización Oceana, explica que los impactos se reflejan tanto en peces que “pueden ir a zonas más frescas, donde encuentran alimento”, como en especies que no migran, como moluscos y ostras.

También precisa que con las altas temperaturas de El Niño habrá mayor blanqueamiento de corales e incluso una menor productividad, por ejemplo, del ostión de roca, debido al mayor estrés.

Otro ejemplo ocurre en las costas de Oaxaca, donde la pesca del huachinango o pargo rojo (Lutjanus peru), una especie comercial clave, es cada vez menor debido al incremento de la temperatura del agua.

Pero un clima mucho más adverso no solo cambia la distribución de las especies. Pérez agrega que pescar puede volverse una actividad de riesgo ante cambios abruptos en el Pacífico, como recientemente ocurrió con el huracán Polo, que escaló de tormenta tropical a huracán categoría 5 en tiempo récord frente a las costas de Guerrero.

Estas circunstancias, explica Pérez, ponen en mayor incertidumbre a las personas que se dedican a la pesca ribereña en el Pacífico, especialmente en la captura de camarón, de túnidos, huachinangos y toda la escama marina.

Para el especialista en ciencias marinas, los efectos de El Niño en la pesca no solo se quedan en la costa, pues afirma que son más de dos millones de personas las que están involucradas en toda la cadena de valor, sin considerar los consumidores finales.

“Nos va a afectar de manera integral a toda la población”, afirma.

Actualmente, Oceana trabaja con comunidades costeras en planes de manejo pesquero que les permitan adaptarse a un clima cambiante y dinámico. “Vamos a poder responder de una manera mucho más informada, con la mejor ciencia disponible y entendiendo que estos patrones son el clima que nos toca enfrentar”.

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Comunidades indígenas de Argentina, con mayores retos para obtener comida

A diferencia de otras regiones de Latinoamérica, en el norte de Argentina El Niño potencia la estación de fuertes lluvias e inundaciones. Para las comunidades del pueblo vilela, estos efectos ya se sienten dentro de la provincia de Santiago del Estero.

Deolinda Carrizo, integrante del pueblo vilela y de la Coordinación Nacional del Movimiento Nacional Campesino Indígena en Argentina (Mocase), cuenta que estas condiciones ya representan un riesgo alimentario para las comunidades que dependen de la agricultura familiar, la cría de animales y el monte nativo.

“Estamos en alerta máxima con el fenómeno de El Niño y nos están desmontando el monte. Lo están desmontando para el monocultivo. Ahí es donde también se rompe una barrera de contención para que estas cosas se paren”, explica la dirigente a Mongabay Latam.

Cuenta que por las fuertes lluvias y granizo han dejado de recolectar frutos como el algarrobo, que les brinda alimento tanto a ellas como a sus animales. Incluso estos efectos han mantenido inundada la zona de bañados, un conjunto de lagunas naturales, donde han perdido a algunos de sus animales de crianza.

“Normalmente las familias en invierno viven en la zona alta y en verano vuelven al bañado, pero en estos últimos meses prácticamente las familias no han podido volver porque sigue habiendo agua y las crecidas repentinas les han matado cabras, vacas, ovejas, yeguarizo que son la economía de las familias”, comenta Carrizo.

En años anteriores, dice Carrizo, las comunidades tenían acceso a un fondo de emergencia climática que les permitía paliar un poco los impactos del fenómeno climático. Sin embargo, hoy ya no es posible por lo que son las propias comunidades vilelas las que han sostenido entre ellas.

“Las familias tenían para plantar de nuevo un vivero. Hoy no hay nada. La Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y de la pesca artesanal ha sido eliminada”, cuenta la dirigente.

“Tratamos de compartirnos desde el huevo de gallina hasta un puñado de semillas, porque en muchos casos se han perdido por la inundación los cultivos por la sequía. Otra forma es el intercambio de reproductores”, expone Carrizo.

“En esta etapa tenemos no solo para compartir saberes y prácticas, sino que también queremos que se nos incluya en las soluciones que podemos aportar para que no nos afecte más”, sostiene.

*Imagen principal: los impactos de El Niño en Colombia ponen en riesgo al 30 % de la producción nacional de alimentos. Foto: cortesía Alcaldía de Medellín

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El doctor en ciencias marinas Christian Daniel Ortega Ortiz y estudiantes de ciencias marinas de la Universidad de Colima llevaban todo el día monitoreando ballenas jorobadas frente a la costa sur de Jalisco, en México, cuando escucharon a pescadores decir que habían visto a un grupo de orcas (Orcinus orca) acechando delfines. Tomaron la radio, preguntaron por la ubicación exacta y se dirigieron hacia el sitio, a unos 18.2 kilómetros de la bahía de Barra de Navidad. Al llegar encontraron dos machos adultos, cuatro hembras, dos juveniles y dos crías alrededor de un delfín tornillo (Stenella longirostris).

El cetáceo nadaba en círculos muy cerrados porque las orcas lo mantenían completamente acorralado. Lo que los investigadores vieron después forma parte de su documentación para proponer la existencia de un nuevo ecotipo de orca que habita desde el Golfo de California hasta las Islas Galápagos. La han denominado orca Pacífico Oriental Tropical (POT) porque tiene características diferentes a los otros grupos registrados en el Pacífico nororiental.

“Los pescadores se fueron, nos dejaron solos y vimos cómo lo acechaban [al delfín], lo cansaron. Después, con la cámara GoPro metida en el agua, vimos que lo estaban desmembrando y cada quien se llevaba una parte. Las crías de las orcas salían con restos de órganos. En algún momento dijimos: ‘Eso parece un riñón, eso parece una parte del intestino’”, cuenta Ortega Ortiz, profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad de Colima en entrevista para Mongabay Latam.

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Después de dejar atrás los restos del delfín, las orcas siguieron hacia el oeste. En el camino encontraron a una tortuga prieta (Chelonia mydas agassizii) y una de las hembras del grupo la sujetó por las aletas traseras y la sumergió a la fuerza. Unos metros más abajo la soltó y le dio una mordida que le provocó heridas fatales. Esa tarde repitieron la técnica tres veces más para cazar la misma especie de tortuga.

El par de escenas confirmaron que el grupo de orcas que habían visto era generalista, es decir, que no se alimentaba de una sola especie, sino de varias. Esa característica es clave dentro de la descripción que los investigadores han hecho del ecotipo POT, ya que los otros tres ecotipos de orca registrados en el Pacífico nororiental tienen hábitos especializados: las residentes se alimentan casi exclusivamente de peces, en especial de salmón; las transeúntes comen mamíferos marinos como delfines, ballenas y pinípedos; y las presas de las oceánicas son elasmobranquios, principalmente tiburones.

“A diferencia de otras orcas que son especialistas en su alimentación, las de aquí arrasan con lo que se les atraviesa. Comen peces, tortugas, ballenas y han comido tiburón ballena”, describe Myriam Llamas González, doctora en ecología marina por la Universidad de Guadalajara y una de las investigadoras que analiza este ecotipo.

La descripción de esta población de orcas es una de las principales líneas de estudio del Grupo Universitario de Investigación de Mamíferos Marinos, una agrupación de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad de Colima, integrada por estudiantes de la licenciatura en Oceanología y Sustentabilidad Marina.

Las diferencias que dieron pie a un nuevo ecotipo

Un ecotipo se define como un grupo de individuos de la misma especie que presenta caracteres y adaptaciones ecológicas diferentes a otros grupos, tales como la morfología, la alimentación y la distribución. Describir estas variantes es fundamental porque cada grupo opera bajo limitantes distintas, lo que impide aplicar planes de manejo generalizados para conservarlas.

Para ilustrarlo con un ejemplo, el ecotipo residente de orcas se alimenta casi exclusivamente de salmón, cuenta con un rango de distribución pequeño y enfrenta problemas muy focalizados por la escasez de comida, lo que requiere medidas normativas especiales. En contraste, un ecotipo con una dieta generalista y un rango amplio de movimiento tendrá necesidades y retos de conservación completamente diferentes.

“Cada ecotipo está bajo ciertos limitantes muy diferentes a los demás y por lo tanto su plan de conservación, su plan de manejo, debe ser diferente. No podemos generalizar a todas las orcas. Es mejor manejar piezas pequeñas que una gran pieza. Si no conocemos las piezas pequeñas, no podemos tener este manejo grande y adecuado”, comenta Ortega Ortiz.

Desde 2010, los miembros del Grupo Universitario de Investigación de Mamíferos Marinos (Guimm) de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad de Colima recorren el mar en una pequeña embarcación, cerca de las costas de Colima y Jalisco, para estudiar los mamíferos marinos de la región. En 16 años de trabajo coordinado por Ortega Ortiz, han registrado 20 especies, entre ballenas, delfines y pinípedos, mediante técnicas como la fotoidentificación, las grabaciones acústicas y el registro de varamientos en playas.

El doctor en ciencias marinas cuenta que desde las primeras salidas de campo de la agrupación, en 2010, vieron orcas y cuando acumularon fotografías de diferentes individuos comenzaron a notar que eran diferentes a otras descritas con anterioridad. No solo porque su alimentación era diferente, sino porque tenían un patrón morfológico muy particular.

“Notamos que la silla de montar [una zona de pigmentación situada justo detrás de la aleta dorsal] tenía un color muy tenue; en algunas hasta parecía transparente y no se podía diferenciar. No era solo un individuo, sino que todos los individuos la tenían así. Entonces, esa es una característica morfológica importante”, explica el investigador.

Ortega Ortiz y los estudiantes de oceanología comenzaron a pedirle a pescadores deportivos que cuando vieran orcas les tomaran fotos y les avisaran. “Así empezamos a jalar datos e información de donde pudimos y, al final, armamos un trabajo de licenciatura que estaba muy bien. El resultado era prometedor. Nos aventuramos a decir lo del nuevo ecotipo y logramos publicar en una revista importante de mamíferos marinos”, comenta el científico.

Los resultados de la investigación fueron publicados en el artículo Ecological aspects of killer whales from the Mexican Central Pacific coast: Revealing a new ecotype in the Eastern Tropical Pacific el 31 de agosto de 2020 en Marine Mammal Science. En el texto se propone por primera vez el ecotipo POT y los autores describen otras características morfológicas particulares. Por ejemplo, tanto los juveniles como los adultos presentan una aleta dorsal redondeada, pero con una pequeña punta orientada hacia atrás. Además, el parche ocular tiene forma de “gancho y bulto”, se orienta de forma paralela al cuerpo y está alineado con el orificio nasal.

El estudio también describe que estas orcas se mantienen cerca de la costa. Fueron vistas sobre la plataforma continental, a unos 12.6 kilómetros de la costa y a una profundidad promedio de 594 metros. Además, suelen desplazarse en grupos pequeños, de alrededor de cinco individuos, aunque algunos fueron observados solos y otros en grupos de hasta ocho. Esto las diferencia de los demás ecotipos del Pacífico Norte Oriental: las orcas residentes suelen formar grupos mucho más grandes y seguir la disponibilidad de peces; las transeúntes se desplazan en grupos pequeños para cazar mamíferos marinos y las de alta mar lo hacen principalmente lejos de la costa.

Otro rasgo que les llamó la atención a los investigadores es que varias de las orcas tipo POT tienen grandes balanos, crustáceos que viven pegados a las rocas u otros animales, adheridos a sus aletas dorsal y caudal. Estos pequeños animales marinos suelen desprenderse cuando las orcas permanecen en aguas frías. Por ello, su presencia puede ser una señal de que estos animales pasan buena parte de su tiempo en aguas cálidas. En contraste, los otros ecotipos descritos habitan principalmente en regiones de aguas frías y templadas (desde Alaska hasta la costa de California).

Los investigadores también buscaron otras evidencias sobre lo que comía este ecotipo más allá de las observaciones. Para hacerlo, tomaron nueve pequeñas muestras de piel de las orcas con la ayuda de una ballesta y las analizaron a través de isótopos estables de carbono y nitrógeno.

“Las nueve muestras nos decían que lo más probable era que estas orcas se habían alimentado de peces grandes como dorados, atunes y también de tortugas. Con eso corroboramos lo indicado por las observaciones en campo: que comían lo que fuese que encontraran”, dice Ortega Ortiz.

“Al estar en zonas cálidas la diversidad de potenciales presas es más alta, pero la abundancia es más baja. Entonces, al tener una diversidad de cosas que comer pero en poca cantidad, comen lo que sea que encuentren”, explica el investigador. “En zonas más frías, en cambio, la diversidad es más baja en general, pero la abundancia es más alta, entonces agarran una presa y sólo comen de esa especie. Esa es la teoría ecológica en cuanto a las latitudes. La variabilidad ambiental sin duda afecta a los recursos marinos, a las presas y por ende a los depredadores”, agrega.

Después de la primera publicación, el grupo de investigación pudo ver más orcas que cumplían con las características del ecotipo alimentándose de otras especies como tiburones ballena, ballenas, delfines, tortugas marinas, tiburones, rayas, diversos tipos de peces. Esas observaciones las publicaron en un segundo artículo, en septiembre de 2023, en la revista Examines in Marine Biology & Oceanography (EIMBO).

¿Por dónde se mueven estas orcas?

La idea de encontrar poblaciones de orcas con características particulares en zonas cálidas no es completamente nueva. En 2014, el investigador venezolano Jaime Bolaños Jiménez y sus colaboradores publicaron un estudio fundamental sobre la distribución, dieta y morfología de las orcas en el mar Caribe. El trabajo reportó ejemplares de menor tamaño, con una dieta generalista y patrones morfológicos notablemente distintos a los de las poblaciones del Atlántico templado. Estos hallazgos constituyen un antecedente clave para los equipos de investigación en el Pacífico tropical.

Como parte de su tesis de maestría, la investigadora Camila Lazcano Pacheco dio continuidad a las investigaciones sobre el ecotipo POT: construyó un catálogo de fotoidentificación de orcas que será publicado este año, junto con sus conclusiones, en una revista científica. Para ello, reunió fotografías de distintas fuentes: utilizó los registros previos del grupo de investigación y recibió imágenes de investigadores que trabajan en Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, además de registros de El Salvador, Costa Rica y las islas Galápagos. También buscó fotografías publicadas en Instagram y Facebook y contactó a personas que habían fotografiado orcas, entre ellas operadores de ecoturismo.

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“Tenemos amigos, conocidos, muchos capitanes de la región o prestadores de servicios turísticos que vieron orcas y nos compartieron videos. Seleccionamos las imágenes de mejor calidad y metimos esas fotos al catálogo. Ha sido exprimir, buscar lo más que se pueda para llegar a conformar este gran catálogo”, comenta Ortega Ortiz, quien asesoró la investigación.

De acuerdo con la tesis, Lazcano Pacheco revisó más de 13 000 fotografías y seleccionó las imágenes que permitían reconocer mejor a cada orca. A partir de este proceso, construyó un catálogo con 592 orcas. Después, revisó las características físicas de cada una para determinar si correspondían al tipo de orca que el grupo de investigadores propone como un nuevo ecotipo. De este total, 531 orcas (el 90 %) presentaron las características del ecotipo, mientras que el resto mostró una morfología diferente o indefinida.

El catálogo permitió conectar fotografías de las mismas orcas tomadas en distintos sitios y años, lo que facilitó trazar sus recorridos. Gracias a estas coincidencias se identificaron lapsos prolongados entre el primer y el último registro de ciertos individuos, lo que demuestra que un mismo animal que cumple con el ecotipo ha sido observado durante décadas. Entre estos destaca una orca registrada tanto en el Golfo de California como en Perú. Este desplazamiento de miles de kilómetros fue publicado antes por la doctora en ciencias marinas Mercedes Guerrero.

A esto se suma el caso de Phantom, un macho del ecotipo POT reconocido por su característico parche ocular en forma de fantasma. Este ejemplar cuenta con más de 20 registros acumulados a lo largo de 30 años, los cuales evidencian sus trayectos entre Perú, Centroamérica, el sur de México y el norte del litoral del Pacífico mexicano.

“Vimos que orcas que fueron vistas en un sitio luego aparecen en otro. Por ejemplo, las que fueron vistas en Los Cabos luego fueron vistas en Mazatlán, las de Jalisco luego fueron vistas en Oaxaca, las de Colima luego fueron vistas en Mazatlán y unas de Los Cabos luego aparecieron en Galápagos; entonces, ahí está el rango de movimiento”, comenta Ortega Ortiz.

Para comprender mejor los sitios donde se concentran estas orcas, la autora de la tesis desarrolló un modelo ecológico. Consiste en un algoritmo matemático que combina variables oceanográficas con los registros de avistamientos para determinar dónde existe una mayor probabilidad de encontrarlas. El modelo identificó tres grandes zonas clave de alta concentración de orcas que cumplen este ecotipo: el Golfo de Tehuantepec, Bahía de Banderas y el Golfo de California.

Las piezas que faltan

La propuesta de este ecotipo de orca aún no está completamente cerrada. Los investigadores consideran que la descripción es como un rompecabezas al que todavía le faltan piezas. Ya cuentan con evidencia sobre morfología, alimentación y distribución, pero necesitan fortalecer la parte sobre la acústica y la genética. Ya existen grabaciones de sus vocalizaciones y muestras para análisis genéticos, pero aún faltan más muestras y todavía deben compararse con las de otros ecotipos para determinar si existen diferencias consistentes.

En particular, los investigadores buscan aumentar el número de muestras genéticas para realizar análisis filogenéticos que permitan saber de dónde provienen estas orcas y cuánto tiempo llevan diferenciándose de otros grupos.

“Para que el ecotipo sea aceptado, se necesitan más elementos y que el comité internacional de taxonomía de mamíferos marinos lo acepte y lo publique. Lo interesante es que [el artículo donde se propuso el ecotipo] ya ha sido citado y ya se han propuesto otros ecotipos en otros lugares. Eso es lo que nos ha motivado a continuar para tener más elementos y fortalecer la propuesta”, asegura el investigador Ortega Ortiz.

*Imagen principal: los investigadores analizaron muestras de piel de las orcas, lo que reveló que se alimentan de peces grandes como atunes y dorados, además de tortugas. Foto: cortesía Grupo Universitario de Investigación de Mamíferos Marinos (GUIMM) de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad de Colima

El artículo original fue publicado por Mariana Recamier en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Cuando era niña, la lideresa indígena wichí Norma Rodríguez se apoyaba en las palabras de su abuela para saber si venía la lluvia o la sequía. Su pronóstico, recuerda, no fallaba. Viendo el cielo o a partir de la dirección del viento podía anticipar lo inminente. “Ahora eso no es posible, cambió mucho el clima”, dice desde la localidad Lote 8, ubicada en la provincia de Formosa, al noreste de Argentina.

La variabilidad climática tiene amenazas concretas en su tierra, próxima a la frontera con Paraguay. Entre las más duras están las crecidas de los ríos Pilcomayo y Bermejo por el aumento de las lluvias, que devienen en desbordes que afectan viviendas, animales y cultivos de muchas familias del Gran Chaco, la segunda región boscosa más grande de América.

Para adaptarse a estos cambios, las mujeres han aprendido a observar y vigilar su territorio con nuevas herramientas: celulares, mapas, pluviómetros —instrumentos para medir las precipitaciones— y grupos de WhatsApp les permiten monitorear estos cambios en directo y alertar a las comunidades cercanas.

Este paso se logró gracias a la conectividad a Internet y al programa Nanum Mujeres Conectadas que, desde 2020, promueve el uso de herramientas digitales en las mujeres del bosque chaqueño de tres países: Argentina, Paraguay y Bolivia. En total, el programa ha instalado 46 centros de conexión que abarcan 129 comunidades. Es decir, más de 100 000 personas de parajes aislados del Gran Chaco acceden actualmente a Internet gracias a estos centros.

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“Identificamos que el cambio climático afectaba de forma diferencial a hombres y mujeres en esta ecorregión. Así surge Nanum Mujeres Conectadas para darles acceso a las TICs [Tecnologías de la Información y la Comunicación] y mejorar su resiliencia climática”, afirma Silvina Sampastú, directora ejecutiva de la Fundación Gran Chaco (FGCH), una institución que promueve la sostenibilidad de organizaciones locales en la región y que lidera en Argentina este programa de inclusión digital creado por la Fundación Avina.

En Argentina más de 3000 productoras y artesanas indígenas forman parte de la iniciativa. En cada capacitación aprenden a leer mapas, chequear indicadores de niveles de agua, comparar cuadros meteorológicos y comprender la información que resulta del monitoreo. “La tecnología hoy nos permite mirar todo el tiempo cómo crece y baja el río”, dice la lideresa Rodríguez.

Esas nuevas tecnologías fueron implementadas en lugares físicos que las comunidades ya usaban como puntos de encuentro. El 80 % de los centros instalados, por ejemplo, se acondicionaron en locales de mujeres productoras y artesanas, quienes eran las coordinadoras territoriales de sus comunidades. Actualmente el trabajo en Argentina está concentrado en las provincias de Formosa, Chaco, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, impactando en los pueblos originarios wichí, qom y pilagá.

Como asegura la lideresa wichí Norma Rodríguez, el acceso también les ha traído beneficios sociales y económicos. “Nos ayuda mucho para poder comercializar nuestros productos, para organizar nuestros cultivos, comunicarnos con más personas y comunidades”.

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Nodos tecnológicos

El programa para conectar mujeres tiene un antecedente importante. Entre 2013 y 2019, se desarrolló un proyecto similar llamado Nanum Village, apoyado por Samsung, en el que se instalaron los primeros centros de conexión comunitaria equipados con computadoras, tablets y otros dispositivos de acceso a Internet.

La dirigente qom Olga Aparicio recuerda cuando, en 2015, se abrió uno de estos centros en la localidad formoseña Vaca Perdida. “Para la comunidad fue una explosión”, dice.

Hasta ese momento, para tener señal y comunicarse con ONGs o técnicos que visitaban la zona, Aparicio debía trasladarse a Ingeniero Juárez, una pequeña ciudad ubicada a 60 kilómetros por un camino de tierra. Para coordinar reuniones con otras integrantes de la Cooperativa de Mujeres Artesanas del Gran Chaco (COMAR) enviaba notas hechas a mano. “La mandaba en bicicleta y la mujer, desde otra comunidad vecina, leía la misiva y enviaba su respuesta. Así nos organizábamos”, recuerda.

En 2019 se realizó una encuesta a 122 personas de la zona y el 92 % respondió haber accedido por primera vez a Internet a través de un Centro Nanum.

Conforme se abrían más centros, la comunicación iba fluyendo entre las mujeres de las localidades aisladas del Gran Chaco. Cada dos semanas, en estos espacios se organizaban encuentros de alfabetización digital.

“Se diseñó un programa de formación por competencias, en donde no se enseña desde la herramienta, sino desde el saber hacer”, refiere Sampastú. En términos sencillos, el proceso no se centró en aprender Word, Excel o a tomar fotos, sino, por ejemplo, en hacer censos para identificar las organizaciones que había en la zona, mapear las comunidades para precisar las distancias y usar las redes sociales para comercializar las artesanías que producían, entre otras funciones.

Junto con profesionales del área de Género, Sociedad y Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales para América Latina (FLACSO), las comunidades vincularon las posibilidades tecnológicas con lo que sucedía en sus territorios.

“Aprendimos a usar la tecnología para que fuera útil para la comunidad”, dice Aparicio.

En las conversaciones entre pobladores y técnicos se buscó que el acceso y uso de esta tecnología atendiera también las dificultades vinculadas al cambio climático que enfrentan las comunidades. Sequías, inundaciones y vientos fuertes fueron identificadas como las principales preocupaciones.

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Prevención climática

El lado occidental de Formosa es el corazón del Chaco seco: una zona semiárida marcada por largas sequías fuera de la temporada de lluvias. La falta de infraestructura sanitaria complica el panorama. Según un estudio de la Fundación Plurales, el 41 % de los hogares en las provincias que integran la región del Gran Chaco no tiene agua.

La escasez hídrica obliga a caminar grandes distancias para recolectarla. Y esa labor recae muchas veces en las mujeres, quienes además asumen las tareas de cuidado familiar y el mantenimiento de las huertas.

El río Pilcomayo es uno de los pocos cursos de agua en el Chaco semiárido. Sin él, esta región sería casi un desierto inviable para la producción y vida comunitaria. Pero, a su vez, es una de las principales amenazas para las comunidades aledañas.

Nace en lo alto de la Cordillera de los Andes, en Bolivia, y baja hasta la llanura chaqueña funcionando como una frontera natural entre Argentina y Paraguay. Sus cauces son muy variables, ya que depende en un 95 % de las lluvias en la cuenca alta. Esto hace que alterne temporadas muy secas con picos altos de caudal.

En épocas de sequía, el río pierde fuerza para mover la gran cantidad de arena y piedras que carga, pues transporta más de 120 millones de toneladas de sedimentos al año. Este material se acumula en el fondo. Cuando llegan las lluvias y crecientes repentinas, el río ya no tiene profundidad en sus cuencas bajas y se desborda afectando a las comunidades vecinas. Las inundaciones provocan cortes de rutas y caminos, pérdida de animales de granja, ganado y cultivos.

De ahí que, desde hace décadas, los habitantes de la zona hayan impulsado esfuerzos para monitorearlo. A inicios de los años 2000, ante la lentitud del gobierno nacional y las autoridades locales para responder a esta problemática, los pobladores, junto con el investigador Luis María de la Cruz y técnicos locales del Chaco salteño y formoseño próximos al Pilcomayo, empezaron a monitorear de modo artesanal su flujo.

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“Al principio la comunicación fue a través de las radios comunitarias o por el sistema de salud. Alguien avisaba al enfermero que el río venía crecido, muy cargado o alguna característica anómala y él lo transmitía por radio a otros lugares”, describe el antropólogo Agustín Noriega, director territorial de la Fundación Gran Chaco, quien trabaja en la zona desde esa época. A ese esfuerzo lo llamaron Sistema de Alerta Pilcomayo.

Pero el método fallaba cuando la crecida sucedía de noche. Los avisos llegaban tarde, ya que las radios estaban apagadas a esa hora.

Otra dificultad era que no había mapas de las zonas de riesgo con precisión cartográfica. Por eso, desde 2015, la iniciativa trinacional Gran Chaco ProAdapt, coordinada en Argentina por la Fundación Gran Chaco, adoptó y tecnificó este esfuerzo comunitario y autogestionado.

Junto a geólogos, ingenieros y geógrafos, se estudió la dinámica del terreno, se desarrollaron mapas de riesgo hidrológico, se utilizaron imágenes satelitales para anticipar el movimiento del lodo y el agua y se distribuyeron nuevos pluviómetros a lo largo del curso del río.

Luego, gracias a la conectividad que llegó con los centros Nanum, la información climática se podía socializar en tiempo real a un mayor número de personas. “Todas las comunidades que están sobre el Pilcomayo ya tienen un sistema de alerta temprana, siendo las mujeres quienes tienen un rol protagónico en su promoción”, afirma Noriega.

Esfuerzo comunitario y transnacional

Al arrancar el día, Norma Rodríguez revisa su celular para ver los últimos reportes enviados en el grupo de WhatsApp Alertas Pilcomayo. Cada día, cientos de mujeres indígenas y campesinas de las comunidades aledañas al río y técnicos locales comparten fotos, videos y mapas del estado de las aguas.

“Hay gente de Bolivia, Paraguay y Argentina en el grupo. Entonces, si desde Bolivia avisan que el río está creciendo, la gente de nuestras comunidades se prepara”, cuenta la lideresa wichí desde el Lote 8, en pleno chaco formoseño.

El agua, afirma, tarda entre 48 y 72 horas en descender a las cuencas formoseñas. Por eso, tras una alerta, las mujeres movilizan a los vecinos para alejar a los animales de la ribera antes de que el caudal del río suba unos metros.

Ante un fuerte aumento de caudal, las poblaciones saben cómo actuar. En las comunidades más expuestas a los desbordes, el equipo técnico de Nanum ha impulsado planes de evacuación y relocalización. “Además del monitoreo diario, el programa tiene también una mirada climática de largo plazo”, señala Noriega.

De hecho, el Sistema de Alerta Pilcomayo tuvo su prueba más dura en febrero de 2018, cuando el río alcanzó su pico máximo de crecida y llegó a tener hasta 7.28 metros de profundidad en la entrada al Chaco salteño. En una temporada de lluvias normal, la profundidad puede llegar hasta 4.5 metros.

Ese verano en todo el curso del río se evacuaron a más de 10 000 personas. Si bien los desbordes produjeron daños materiales, las alertas evitaron pérdidas humanas.

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Las comunidades del Gran Chaco también cuentan con AdApp, una aplicación móvil —desarrollada por especialistas de la Asociación Cultural para el Desarrollo Integral (ACDI), aliada al proyecto— que comparte datos meteorológicos, anticipa eventos climáticos extremos y funciona de manera colaborativa. Varias mujeres cargan en la aplicación los registros de lluvia y disponibilidad de agua de su localidad tras revisar los pluviómetros instalados. De este modo, la información se retroalimenta continuamente.

Esta aplicación también ofrece recomendaciones climáticas para la actividad apícola, caprina y ganadera, como avisos de la llegada de heladas para proteger a los animales.

Este flujo y carga de información complementa la de los grupos comunitarios de mensajería (como WhatsApp y Telegram). Para fortalecer el alcance y la inmediatez, allí también se comparten los avisos del Servicio Meteorológico sobre la intensidad de los vientos y olas de calor.

Tecnología que potencia saber local

Para las mujeres wichí la artesanía es una salida económica y una práctica cultural milenaria. El insumo principal para sus productos es el chaguar (Bromelia serra), una fibra nativa que crece en esta ecorregión, pero ya no como antes. Las altas temperaturas han reducido los espacios donde esta planta crecía de forma natural. “El calor extremo la afecta. Hay días que superamos los 50 grados”, anota Rodríguez.

La pérdida de chaguar afecta también su independencia económica. Por eso, las mujeres indígenas y campesinas han buscado revertir esta vulnerabilidad mediante estrategias colectivas que se han fortalecido en los últimos años por el acceso a la tecnología.

Norma Rodríguez explica que la búsqueda de chaguarales —lugares donde crece el chaguar— se simplificó gracias al uso de mapas aprendidos en el programa Nanum Mujeres Conectadas. “Los mapeos nos ayudan a saber dónde hay algarrobos, dónde están las plantas para tintes o dónde encontraremos mayor cantidad de chaguares”, refiere.

En cada recorrido, las mujeres marcan con Sistemas de Información Geográfica las ubicaciones o coordenadas donde encuentran estas especies. Esas referencias les permiten hacer más eficientes y rápidas sus futuras búsquedas.

Asimismo, el saber con precisión cuándo lloverá les ayuda a decidir cuándo repoblar los chaguarales o sembrar sus alimentos. “Si vemos en las aplicaciones que habrá lluvia, sabemos que la plantación funcionará”, precisa la lideresa wichí.

A mediados de julio, por ejemplo, en el grupo de WhatsApp se reportaba un bajo caudal del río debido a las escasas lluvias. Por ello, Olga Aparicio y otros pobladores de Vaca Perdida decidieron sembrar sus productos para autoconsumo en los humedales.

“No crecía tanto el río y nos fuimos al humedal. Metimos rastras para ablandar el suelo y eliminar malezas, lo cercamos y sembramos las semillas. Pudimos cosechar bastante sandía, zapallo, choclo”, cuenta Aparicio.

El programa Nanum también les ha traído nuevos beneficios a las mujeres artesanas del Gran Chaco. Las herramientas digitales se han convertido en una gran ventana para dar a conocer su trabajo ancestral.

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Aprendieron, por ejemplo, a sacar fotos y grabar videos del proceso completo para extraer los tejidos que utilizan de los chaguares. Cada paso de la confección de las prendas es registrado. Desde la separación de fibras, hasta el lavado, hilado y teñido. Ese material se sube en sus redes sociales para promocionar las creaciones de la cooperativa COMAR. El registro también lo hacen con sus tejidos a partir de lana de oveja.

“Conforme íbamos publicando, iban surgiendo más pedidos de distintas partes del país”, cuenta Aparicio. De hecho, el pico de conexión causado por el confinamiento durante la pandemia del Covid-19 intensificó el flujo de ventas de las artesanas de la cooperativa. “Tuvimos muchos encargos, reuniones virtuales, fue ahí donde incorporamos mejor la tecnología”, explica la artesana qom.

Actualmente son las mismas productoras quienes enseñan el uso de herramientas digitales en los centros Nanum al resto de la comunidad y afrontan los desafíos climáticos y económicos. Para Agustín Noriega, de la Fundación Gran Chaco, la resiliencia climática se concreta cuando las posibilidades tecnológicas son apropiadas por las comunidades. Y son ellas quienes las vinculan a sus actividades económicas y sus territorios.

“A fin de cuentas el manejo de todas estas herramientas facilita la gobernanza de las comunidades. Les facilita entender cómo están las cosas y también controlar el territorio”, sostiene.

El artículo original fue publicado por Oscar Bermeo Ocaña en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Un proyecto petrolero a solo 220 kilómetros de las Islas Malvinas, al sur de Argentina, amenaza con alterar uno de los ecosistemas marinos más ricos y vulnerables del Atlántico Sur. Se trata del proyecto Sea Lion, una iniciativa operada por dos empresas –una británica y otra israelí-, que reavivó el conflicto por la soberanía de las islas del Atlántico sur entre los gobiernos de Argentina y Reino Unido. Según expertos argentinos, Sea Lion no tiene una evaluación de impacto ambiental aprobada en Argentina -ya que Reino Unido y el Gobierno de las islas no reconocen su soberanía- y existe el riesgo de un derrame en agua ultrafrías. Además, la Justicia argentina dictó una medida cautelar ordenando paralizar el programa petrolero.

La exploración offshore o costa afuera, el proceso de búsqueda de yacimientos de petróleo y gas natural en el lecho marino mediante tecnologías geofísicas y perforaciones en alta mar, con capacidad para procesar aproximadamente 120 000 barriles diarios de petróleo y 140 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, de acuerdo a la demanda presentada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas La Plata (CECIM).

En medio de la escalada del conflicto geopolítico, que tuvo su mayor pico de tensión durante la guerra de 1982, la Justicia federal argentina ordenó suspender las operaciones debido a la falta de una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) validada a nivel nacional.

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Esta medida, dictada por la jueza federal Mariel Borruto, está basada en los principios de prevención y precaución de la legislación ambiental argentina. Según el dictamen, el proyecto avanza de forma ilegal en la plataforma continental argentina, careciendo de las autorizaciones oficiales que garanticen que la actividad no desencadenará un impacto ecológico en la región.

Rafael Colombo, coordinador de Clima y Energía y asesor legal de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, explicó a Mongabay Latam que entre los principales riesgos ambientales del proyecto petrolero se encuentran las perforaciones, movimientos del lecho, circulación de embarcaciones, contaminación acústica submarina y utilización de químicos y derrames petroleros.

“Estos riesgos forman parte del ADN de la industria hidrocarburífera offshore a lo largo del mundo, integrado de un extenso historial de desastres debido a explosiones, derrames, incendios, filtraciones y escapes, que han generado pasivos ambientales de enorme magnitud y daños difíciles o imposibles de revertir”, afirmó Colombo.

El experto añadió que, debido a las corrientes marinas en esa zona, todos estos impactos, pueden incluso expandirse sobre áreas de alimentación, reproducción y migración de especies marinas entre el Mar Argentino, las Islas del Atlántico Sur y la Antártida.

“La ecorregión del Mar Argentino comprende las aguas de la plataforma continental y sostiene una enorme productividad biológica, pues allí viven, se reproducen o se alimentan alrededor de 300 especies de peces, además de ballenas francas australes, lobos y elefantes marinos, pingüinos de Magallanes, albatros, petreles, cormoranes, orcas, delfines, tiburones y rayas”, detalló Colombo.

Flavio Quintana, biólogo del Centro Nacional Patagónico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Cenpat-Conicet), dirigió un estudio que investigó la conducta de distintas especies marinas y aves de la región, informó Conicet en 2022. Llegó a la conclusión de que las aguas adyacentes a las islas Malvinas conforman un único ecosistema marino junto al resto del mar patagónico argentino. 

El trabajo científico se centró en estudiar a los animales cuando se encontraban mar adentro, volando o buceando en aguas profundas lejos de la costa. Se realizó desde 1997, colocando registradores electrónicos de localización y comportamiento en distintas especies de cormoranes, pingüinos y petreles gigantes. Los datos obtenidos permitieron conocer las áreas marinas de importancia para estas y otras especies, los tiempos de permanencia en dichas áreas y el potencial de interacción entre los animales y las actividades del hombre en el mar.

Además, el estudio muestra que las especies investigadas se reproducen y transitan tanto en la plataforma continental argentina como en las Islas Malvinas, conectando todo el mar patagónico en una sola unidad ecológica.

Afectación a la fauna marina

Colombo puso como ejemplo al león marino, que se encuentran sobre la plataforma continental argentina, aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. El hábitat de estos ejemplares, según Colombo, se encuentra cercano a los bloques petroleros identificados por las empresas de Sea Lion como PL032 y PL004B.

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“El proyecto contempla dos primeras fases con 23 pozos submarinos: 16 productores, seis de inyección de agua y uno de gas, incluyendo cañerías, equipos sobre el lecho marino y una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga”, explicó Colombo. El plazo de duración se estima en 30 años a partir de 2028. “La escala, dificultades logísticas, complejidad para operar y la proyección temporal del proyecto, junto a los riesgos propios del offshore ya reseñados, colocan en situación de vulnerabilidad al ecosistema marino”, agregó.

Esta iniciativa es operada por la empresa israelí Navitas Petroleum, que posee el 65 % del proyecto, mientras que la británica Rockhopper Exploration tiene el 35 % restante. Mongabay Latam escribió peticiones de información a los correos corporativos de ambas empresas para conocer su posición ante las críticas, pero no tuvo respuesta.

El avance del proyecto Sea Lion generó una respuesta del gobierno argentino. El presidente Javier Milei afirmó que la explotación de hidrocarburos en esa zona requiere autorización nacional y, por eso, el Ejecutivo argentino impulsa en el Congreso de ese país el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca ampliar el alcance de las sanciones aplicables a empresas y actores vinculados con actividades de explotación de recursos naturales sin autorización argentina.

Milei anunció el 3 de septiembre que buscará aumentar las sanciones en su país a petroleras con actividades en las islas Malvinas. El mandatario también afirmó que creará una base naval en la zona de Tierra del Fuego. “Procederemos a inhabilitar de operar en territorio argentino a las empresas involucradas directa o indirectamente en proyectos en las islas Malvinas sin autorización argentina”, dijo el presidente argentino en un discurso por cadena nacional. El mensaje de Milei se dio días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara que está dispuesto a revisar la posición de Estados Unidos sobre la soberanía de las islas.

El gobierno de las Islas Malvinas, con respaldo del Reino Unido, extendió por cinco años las licencias petroleras offshore en medio de la escalada de tensión diplomática y judicial con Argentina. Esta prórroga, con una cláusula para sumar dos años más si se cumplen metas de trabajo, da estabilidad al proyecto Sea Lion.

En este contexto, la demanda contra el proyecto Sea Lion fue presentada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas (CECIM) de La Plata. Esa acción judicial fue entregada en septiembre con el fin de frenar el proyecto petrolero Sea Lion en la plataforma continental argentina. 

Zona con extremo frío

La principal preocupación de la comunidad científica y las organizaciones ecológicas argentinas radica en las condiciones extremas de la zona elegida para las perforaciones. A diferencia de las explotaciones en mares templados, el Atlántico Sur presenta temperaturas extremadamente bajas.

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Hernán Pérez Orsi, marino e investigador de Océanos y Energía, advirtió que, ante un eventual derrame de hidrocarburos, el frío ralentizaría drásticamente la descomposición y limpieza natural del crudo, provocando que la contaminación permanezca en el agua durante décadas.

Además, el investigador explicó, en contacto con Mongabay Latam, que las emisiones de dióxido de carbono (CO2) por la quema del petróleo producidas por Sea Lion también será uno de los impactos de mayor preocupación. En su demanda ante la Justicia argentina, Abogados Ambientalistas sostuvo que la emisión del proyecto sería de 9 millones de toneladas de CO2 durante el desarrollo y más de 100 toneladas por la quema de petróleo extraído, mientras Pérez Orsi comparó esas emisiones con las de Argentina, que emitió 171 millones de toneladas de CO₂ en 2024.

“La exploración petrolera en el mar intrínsecamente conlleva riesgos ambientales más altos y sus daños potenciales resultan más difíciles de controlar y cuantificar. Todo el ecosistema está sujeto a impactos. Las tareas de exploración que ya se llevaron a cabo incluyeron exploración sísmica, que consiste en la emisión de sonidos muy fuertes que viajan por la columna de agua hasta el lecho marino y allí provocan un pequeño sismo”, remarcó Pérez Orsi.

El experto añadió que el ruido submarino es una forma de contaminación que puede afectar negativamente a la fauna marina, desde el zooplancton hasta las grandes ballenas. “El ruido puede modificar el comportamiento habitual de los animales, enmascarar su comunicación, dificultar la percepción del entorno, desplazar de hábitats relevantes, provocar reacciones de estrés, interferir con sus funciones vitales, reducir la disponibilidad de presas y en casos extremos de exposición al ruido puede causar lesiones directas e incluso la muerte”, dijo.

Pérez Orsi afirmó que luego de la exploración vienen las perforaciones, ya sea exploratorias, de catas, diseño o de extracción, “que traen la amenaza de grandes derrames y la certeza de impactos directos por contaminación química y acústica, intrínsecos de la operación”.

“El petróleo crudo derramado puede dañar a los seres vivos debido a la toxicidad de sus componentes químicos. Esto afecta a los organismos tanto por exposición interna al petróleo, ya sea por ingestión o inhalación, como por exposición externa, a través de la irritación de la piel y los ojos. El petróleo también puede asfixiar a algunas especies pequeñas de peces o invertebrados, y cubrir sus plumas y pelaje, reduciendo la capacidad de las aves y los mamíferos para mantener su temperatura corporal”, detalló Pérez Orsi.

*Imagen principal: imagen de referencia. Plataforma petrolera offshore. Foto: Gobierno de Argentina.

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Mientras en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile avanza un proyecto de ley que busca establecer medidas para capturar y controlar a perros asilvestrados y eximir de responsabilidad penal a quien actúe en defensa ante un ataque de estos animales, científicos cuestionan la categoría sobre la que se construye el proyecto y las soluciones propuestas.

“No sé si es el mejor enfoque porque la evidencia muestra que los perros que ocasionan mayor daño no son asilvestrados”, dice Darío Moreira, académico del departamento de Gestión Agraria de la Universidad de Santiago de Chile e investigador asociado del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB).

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Los perros asilvestrados o ferales, aclara Moreira, conforman una categoría distinta a la del perro socializados, aunque se trata de la misma especie. Detalla que una de las mayores diferencias es que no tienen contacto con los humanos. “Hasta donde yo tengo entendido, no hay evidencia de poblaciones en Chile de perros que sean completamente ferales”, agrega.

Para Eduardo Silva, profesor e investigador de la Universidad Austral de Chile, “el problema de fondo es que en casi todos los casos hay un responsable humano detrás”. Es decir, en gran medida, canes que tuvieron o tienen tutor son los que atacan al ganado o a la fauna silvestre y no los llamados ferales o asilvestrados.

Por eso, a su parecer, la problemática podría solucionarse hasta “en un 80 % o 90%” al exigir tenencia responsable. Esto incluye la obligatoriedad de chips de identificación para perros, la prohibición de que los animales estén en las calles y la implementación de la “fiscalización estricta”.

A los especialistas les preocupa principalmente el impacto que estos animales tienen en especies nativas y amenazadas, que va más allá de los ataques. También se ha registrado desplazamiento de especies amenazadas y transmisión de enfermedades.

Además, entre 2011 y 2019, los perros fueron responsables del 68.3 % de las muertes por eventos de depredación de ganado registrados en Chile, de acuerdo con un estudio publicado a inicios de 2026 en la revista Ambio. Los pumas (Puma concolor), depredadores nativos, quedaron detrás con el 27 %.

Esta investigación, en la que participó Moreira, también halló que las regiones más afectadas son Magallanes, Los Lagos, Los Ríos, Aysén, La Araucanía y Biobío. Las ovejas fueron la especie más afectada, seguida por las cabras y las vacas.

Grises entre lo doméstico y lo silvestre

El perro es una de las especies de carnívoros más abundantes del planeta, por lo que el problema no es nuevo, explica Elke Schüttler, académica de la Universidad de Magallanes e investigadora asociada al Centro Internacional Cabo de Hornos.

Científicos empezaron a documentar las interacciones con vida silvestre hace unos 20 años y, más recientemente, usuarios de redes sociales han contribuido a visibilizarlas a través de la publicación de imágenes y videos. La situación se repite en otros países de Sudamérica y también de África y Asia, “donde la cultura es dejar a los perros en libertad de movimiento”, precisa la experta.

Schüttler ha trabajado en la isla Navarino, en el archipiélago de Tierra del Fuego, desde hace 15 años. Allí, donde no hay depredadores naturales y las especies no desarrollaron estrategias de defensa, los perros se convirtieron en el depredador tope, dice la científica. La isla es parte de la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos.

A pesar de que el pueblo indígena yagán ha vivido miles de años en el territorio, junto a los llamados “perros fueguinos”, llegaron muchas más mascotas cuando se instaló la base naval en 1953. “El alto flujo de personas y el libre movimiento de sus perros hizo que estos se acerquen al bosque”, cuenta la científica.

Así como sus colegas, no puede poner una línea clara entre los perros asilvestrados y los socializados. Tras realizar varios estudios, concluye que “hay un continuo” entre estas categorías. Pone el siguiente ejemplo: un perro de casa puede desaparecer semanas en el bosque, comportarse como perro silvestre obteniendo sus propios alimentos, pero después vuelve a casa con sus tutores.

También encontró casos en los que perros abandonados se alejan de la zona urbana, cazan especies nativas del bosque, forman manadas y tienen crías, pero después esas crías son adoptadas por campesinos que quieren evitar que ya de adultos ataquen al ganado.

En otro proyecto todavía en desarrollo, la científica y su equipo identificaron con cámaras trampa una serie de perros que se movían en el bosque. También levantaron una base de datos de mascotas de Puerto Williams, ya sean perros con tutores o callejeros. Contrastaron ambas bases de datos y, por descarte, encontraron los que consideran son perros asilvestrados.

Después indagaron sobre qué hábitat prefieren y encontraron que buscan la cercanía a poblados y estancias. Los expertos creen que esto se debe al mayor acceso a ganado, desechos y basura.

En el mismo proyecto hicieron análisis genéticos entre individuos asilvestrados y perros del pueblo. Encontraron que “la población asilvestrada no constituye un linaje genéticamente aislado, sino que forma parte de un sistema demográfico conectado en el que persiste flujo génico entre los distintos grupos de perros”, de acuerdo con el informe al que accedió Mongabay Latam.

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Otro estudio les permitió corroborar, al analizar fecas, que el 64 % de la dieta de estos animales correspondía a vacas o caballo, el 14 % a castores (Castor canadensis) –una especie de Norteamérica introducida en Navarino– y el 10 % a aves.

Por estos grises en la categorización, las políticas chilenas orientadas a atacar a los perros asilvestrados “han fracasado”, opina Schüttler.

Impactos en la fauna silvestre

El investigador Eduardo Silva también es coordinador de Snapshot Chile, una iniciativa de monitoreo estandarizado de mamíferos. Cada año, entre octubre y diciembre, voluntarios y el organismo de Parques Nacionales colocan hasta 2000 cámaras trampa en todo el país.

El objetivo, dice Silva, es obtener una “foto anual” de la fauna chilena. Las capturas también revelan la presencia de especies no nativas, entre ellas, el perro. Aunque los canes aparecen a lo largo del país, su presencia es “muy preocupante” en áreas protegidas del norte, precisa.

Para el especialista, estos datos ayudan a corroborar que en espacios biodiversos “no hay menos perros” y que “las políticas [de control] no han sido efectivas”. “Prueba de ello es que en la mayor parte de las áreas que se han evaluado por largo tiempo, no tienen evidencia de que el problema se reduzca en el tiempo”, dice.

Darío Moreira, investigador de la Universidad de Santiago de Chile, está evaluando la presencia de estos animales en áreas protegidas y su impacto en la fauna nativa. De manera preliminar, detalla que se halló que los perros están entre las especies no nativas más frecuentes en el país, solo superadas por las vacas y las liebres, estas últimas ya naturalizadas en Chile.

En otros estudios, Moreira y sus colegas han observado que en presencia de perros de libre deambular, algunas especies de la fauna nativa modifican sus patrones de uso del espacio. El pudú (Pudu puda) –uno de los ciervos más pequeños del mundo–, el zorro chilote (Lycalopex fulvipes) y el zorro chilla (Lycalopex griseus) se excluyen de las zonas de bosque nativo usadas por perros o tratan de ser menos activos durante el día para no coincidir con ellos por sus hábitos diurnos.

El patrón de actividad diurna de los perros también coincide con el de especies como el huemul (Hippocamelus bisulcus) y el guanaco (Lama guanicoe), lo que expone más a estas especies nativas a los ataques, dice Moreira.

“Prácticamente todos los mamíferos de mayor tamaño corporal en el país tienen evidencias de ataques por perros”, añade Silva. Esto incluye al gato colocolo (Leopardus colocolo), la güiña (Leopardus guigna), el pudú, el zorro chilote, el huillín (Lontra provocax) y el chungungo (Lontra felina).

En un proyecto recientemente finalizado, pero todavía no publicado, en el que se colocaron radiocollares a zorros en zonas urbanas y rurales de Valdivia, la mayoría de muertes registradas fueron causadas por perros, relata Silva. En la zona urbana, la totalidad de los casos, con y sin collar, correspondió a ataques de perros. Se documentaron siete casos desde 2024 en el sector Isla Teja en Valdivia.

Algunos de los atacantes fueron identificados en terreno como perros comunitarios. En ninguno de los casos hubo consumo de la presa, un comportamiento común en carnívoros que matan por competencia del espacio y no por alimentarse.

Silva y Moreira también alertan sobre los riesgos sanitarios. En el pasado ya se ha obtenido evidencia de zorros con sarna transmitida por perros. El distemper canino y el parvovirus son otras dos amenazas, pues se mantienen en poblaciones urbanas de perros conectadas con fauna silvestre. Especies como los zorros podrían contagiarse.

Tenencia y turismo responsables

En la isla Navarino, una investigación liderada por Elke Schüttler encontró que la mitad de los 37 perros monitoreados con collares GPS superaron los 500 metros del borde urbano y el 13.5 % realizó excursiones a más de 10 kilómetros del hogar, según la investigadora

La isla alberga el circuito de trekking más austral del mundo, donde turistas han filmado y difundido en redes sociales encuentros con perros. A la científica le preocupa el impacto de una manada de perros sobre especies nativas como el guanaco.

En un estudio publicado en 2022, junto a su equipo determinaron que los turistas actúan como vectores que facilitan el ingreso de perros a la naturaleza. A través de cámaras trampa y cuestionarios confirmaron esta interacción. Después, en una investigación publicada en 2025 encontraron que el estímulo principal que hacía que los perros siguieran a los turistas fue la comida. A partir de estos hallazgos, Schüttler propone diseñar políticas para concientizar a los turistas.

En una investigación mediante collares de posicionamiento satelital y un experimento de apego observaron que los animales con alta conducta exploratoria y bajo interés en la presencia del dueño se alejaban más. Por eso, las políticas deben dirigirse a los tutores, afirma Schüttler. Junto a su equipo encontraron que fortalecer el vínculo ayuda a que los perros sin restricción de movimiento no se alejen tanto de su hogar.

La científica, de origen alemán, identificó además un factor cultural. En Chile, dice, los perros pequeños suelen estar dentro de casa, mientras que los grandes afuera, lo que debilita el vínculo. Para la científica, la estrategia más efectiva es fomentar la tenencia responsable a través de diferentes vías de sensibilización, no solo multas.

En sus estudios, Silva ha observado algo en la misma línea. Atribuye la presencia de perros en zonas rurales, áreas protegidas y zonas urbanas con fauna silvestre a la tenencia irresponsable. En la mayor parte de las áreas protegidas que ha analizado, la mayoría de los animales identificados tienen tutor. Recalca que existen excepciones donde es probable que no tengan propietarios.

Para Silva, el debate sobre el control letal versus la tenencia responsable pierde de vista el punto central: “Ninguna estrategia va a funcionar si las mascotas no permanecen dentro de sus propiedades”. Enfatiza que los países con programas exitosos de manejo poblacional de perros son estrictos respecto al libre deambular.

Moreira coincide e insiste que a esto se suma la exigencia del registro del animal y el uso del chip vinculado a un humano, como herramienta para fiscalizar a los tutores. También son importantes, dice, la obligatoriedad de esterilización, desparasitación y vacunación a las mascotas.

Finalmente, aunque es una postura muy criticada por ciertos sectores, Moreira y Schüttler consideran que en las áreas protegidas y zonas donde habita fauna nativa no debería haber perros, lo que implica tomar medidas para su retiro siempre bajo los estándares de bienestar animal más altos.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Los Andes es una región susceptible de sufrir desastres ocasionados por glaciares, sin embargo, para el glaciólogo argentino Lucas Ruiz, es importante que la comunidad sepa que no todos los colapsos de glaciares van a generar un aluvión del tamaño del que se vio en Nepal el pasado 28 de agosto.

“Que exista el peligro no quiere decir que va a ser un evento de esa magnitud, queremos generar acción y medidas para estudiar estos eventos, pero no que nos paralicemos del miedo”, dijo en conversación con Mongabay Latam.

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La riada que cubrió poblaciones completas e infraestructura crítica en Nepal se originó por el colapso de un glaciar y la roca que estaba en su base. Ahora se sabe, detalla el experto, que el colapso formó un dique natural que represó el río y causó la acumulación de agua por un breve lapso, aumentando la cantidad de agua que después se liberaría.

Ruiz explica que el cambio climático es el “catalizador”. Precisa que las olas de calor, el aumento de las temperaturas y los veranos cada vez más extensos causan el derretimiento de los glaciares. Además, en zonas donde las precipitaciones caían en forma de nieve y alimentaban los glaciares, es cada vez más común que las precipitaciones caigan en forma de lluvia y contribuyan al deshielo.

El agua de lluvia, a su vez, aumenta la presión en la base y favorece el deslizamiento. También acelera el derretimiento o la fusión, en términos científicos, y fractura las rocas que sostienen los grandes bloques de hielo. Este escenario facilita los desprendimientos con impactos de gran magnitud.

“Los fenómenos climáticos de escala global como El Niño Oscilación Sur pueden influir”, agrega Felipe Ugalde Peralta, geólogo especialista en glaciología chileno. Por ejemplo, dice, El Niño podría ocasionar un evento hidrometeorológico intenso con lluvia en altura, en zonas donde solía nevar.

A esto se suma que con El Niño, los veranos suelen ser muy calurosos, lo que provocaría derretimiento a un ritmo más rápido, explica Ruiz.

Para Ugalde Peralta, no hay que dejar de lado el rol de factores locales, como la disposición y tipo de rocas que yacen bajo los glaciares. De hecho, puntualiza que una de las hipótesis sobre el caso de Nepal es que las rocas reunían ciertas características que hacían que en ese sitio hubiera un desprendimiento de esa magnitud.

La amenaza de los volcanes y el calentamiento global

En la región andina, señala Ugalde Peralta, una de las amenazas más grandes son los glaciares ubicados en volcanes. Recuerda la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Aunque no fue de grandes magnitudes, fundió nieve y hielo. Luego se formó un lahar que recorrió más de 100 kilómetros y ocasionó una avalancha que sepultó a la población de Armero.

“Si hay volcanes activos con glaciar en su superficie deben ser analizados desde esta mirada de la interacción glaciovolcánica”, dice el especialista chileno. Esto es transversal a Colombia, Ecuador, Perú y Chile, añade.

Paola Moschella, directora de investigación en glaciares del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM) de Perú, advierte que no todos los glaciares van a generar una situación de riesgo. No obstante, los Andes tropicales son más vulnerables a la fusión, principalmente por el cambio climático, asegura. Esta región va desde Venezuela hasta Bolivia, dejando por fuera a Chile y Argentina.

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Perú tiene la mayor concentración de glaciares tropicales, dice la especialista. Estos se encuentran en montañas de gran elevación, sobre los 5000 metros de altitud. El cambio climático, afirma, ya ha causado el retroceso del 59 % de la superficie glaciar de Perú. “Eso aumenta la susceptibilidad”, agrega. A eso se suma que hay poblaciones e incluso ciudades cerca de los glaciares, aumentando el riesgo.

El desprendimiento de grandes masas de hielo no es el único peligro. Otro fenómeno documentado son los aluviones generados por el vaciamiento repentino de lagos glaciares, conocidos como GLOF por sus siglas en inglés, detalla Ruiz. Varios países andinos podrían ser afectados.

Los GLOF, dice el especialista argentino, son fácilmente cuantificables porque están asociados a la generación y el crecimiento de lagos por el retroceso de los glaciares. Para evaluar las amenazas, se analizan los diques que contienen los lagos y el volumen de agua que se vertería a la cuenca en caso de romperse, explica.

Perú: glaciares y lagunas están en riesgo de colapsar

En Perú ya se han registrado desastres de origen glaciar, de acuerdo con Moschella. En 1970, un terremoto en la costa ocasionó el desprendimiento de un gran bloque de hielo y roca del Huascarán, la montaña más alta de Perú y de toda la región tropical del planeta, aseguró.

El hielo se derritió y generó un aporte intempestivo de gran cantidad de agua. Esto se mezcló con rocas y más material del suelo, generando un aluvión que descendió a lo largo de decenas de kilómetros hasta llegar a zonas pobladas y dejar un saldo de 6000 muertos.

En la actualidad existen dos peligros de origen glaciar que pueden afectar zonas pobladas, dice la experta. El primero son las avalanchas de hielo y roca, que como ya sucedió en el pasado, por su cantidad material y velocidad pueden generar aluviones hacia las partes bajas.

El INAIGEM ha identificado glaciares susceptibles a desprenderse en el pico sur y en el pico norte del Huascarán. En un estudio realizado en 2020 la institución encontró que el desprendimiento de glaciares susceptibles afectaría en su totalidad a la zona urbana de Ranrahirca y parte de Yungay, donde habitan 11 385 personas. Estas mismas dos ciudades fueron devastadas por el aluvión de 1970.

Un desprendimiento en el pico sur, por otro lado, podría generar un aluvión que llegue en menos de 12 minutos a poblados, afectando a más de 9900 personas, de acuerdo con una evaluación publicada en 2025.

El segundo peligro es el desbordamiento de lagunas glaciares. Una evaluación nacional realizada en 2024 identificó 528 lagunas con riesgo de desborde, de las cuales 58 presentan riesgo muy alto, señaló Moschella. “No nos referimos a una situación de peligro inminente, sino a lagunas en las que se reúne una serie de condiciones”, precisó. Por ejemplo, pendientes agudas, zonas de caída de avalanchas de hielo y diques naturales de materiales no consolidados.

Entre los casos de mayor alerta está la laguna Palcacocha, sobre la ciudad de Huaraz, departamento de Ancash, que ya se desbordó en el pasado y sepultó una tercera parte de la ciudad. “Esa misma laguna ha ido creciendo y representa un riesgo incluso mayor”, advirtió. Unas 27 000 personas están expuestas a este peligro, dice.

El INAIGEM mantiene monitoreo en tiempo real en las lagunas Upiscocha, en Cusco; Palcacocha; y Gangrajanca, en Huánuco. De acuerdo con Moschella, están trabajando en ampliar los casos de monitoreo en tiempo real, lo que permite emitir avisos automatizados a los gobiernos locales cuando se superan umbrales de peligro para brindar alerta y dar unos minutos de acción a la población de la parte baja.

La institución sigue levantando información, creando mapas de peligro y ofreciendo asistencia técnica. Sin embargo, dice la directora, “corresponde a las autoridades locales implementar las medidas de mitigación”. Adelantó que el Instituto Geofísico del Perú (IGP) lanzará sistemas de alerta temprana en zonas expuestas a un posible aluvión en Huascarán.

Chile: hay 4000 kilómetros de cordillera por monitorear

Chile enfrenta peligro de desastre de origen glaciar en la zona central del país, explica Ugalde Peralta. En 2025 publicó un estudio que evaluó la susceptibilidad de desastres de glaciares en la cuenca del río Volcán, en el Cajón del Maipo, Región Metropolitana. En la zona hay varios asentamientos, una obra hidroeléctrica, una mina de yeso y termas, lo que la hizo prioritaria para un análisis de gestión de riesgo, dice. La cuenca además está coronada por el volcán activo San José.

El estudio encontró que diez glaciares presentan alta susceptibilidad a avalanchas de hielo, uno a avances súbitos, dos a desprendimientos catastróficos, siete a GLOF y tres a lahares provocados por erupciones volcánicas.

Ahora está ampliando esa investigación a la zona central de Chile, que concentra el 4 % de glaciares del país, pero donde vive cerca de la mitad de la población. Está identificando características que aumentan la posibilidad de desastres. Una de ellas es que el glaciar tenga un frente muy pronunciado sobre una pendiente de 30 grados, por lo general. En el caso de GLOF, explica, el primer factor condicionante es la presencia de un lago de origen glacial o de un glaciar que esté derritiéndose y formando cuerpos de agua.

Algunos sitios que han sido reconocidos de manera preliminar –sin estudios todavía– como altamente susceptibles a generar avalanchas de hielo son el glaciar Juncal Norte, en la cuenca del Aconcagua, que tiene un lago de cinco hectáreas; y otro glaciar en la cuenca del río Juncal, con un lago de dos hectáreas, describe. “Tienen características que sugieren que podrían ser altamente susceptibles, pero son resultados preliminares. Tienen que ser analizados”, dice.

El caso que más preocupación genera, señala, es el del glaciar, laguna y cerro El Morado. Allí existía una cascada de hielo. Luego se derritió y dio origen a un lago. Ahora solo queda un glaciar colgante en lo alto del cerro, donde ya se han generado avalanchas de hielo de distinta magnitud que, hasta ahora, no han impactado el lago. Algunas de esas avalanchas han alcanzado el orden de los 50 000 metros cúbicos, una cifra baja comparada con los cientos de millones registrados en Nepal.

Advirtió que la combinación de un glaciar colgante con un lago de origen glacial inmediatamente debajo representa un riesgo. El colapso del bloque de hielo podría generar una ola que rebalse la represa natural y ocasione un aluvión de gran magnitud.

En cuanto a mitigación, Ugalde Peralta dice que Chile no cuenta con desarrollos como los de Perú. No obstante, destacó los sistemas de alerta temprana en lagos represados por hielo en Campo de Hielo Sur, Campo de Hielo Norte y la Cordillera de Darwin, implementación liderada por Camilo Rada, académico de la Universidad de Magallanes.

“Es un proyecto autogestionado con fondos públicos, pero bastante innovador, muy prometedor, por cuanto ellos mismos están desarrollando los sensores, instalándolos y monitoreando los lagos casi en tiempo real”, relata.

El sistema mide temperatura y precipitación, entre otras variables, y en caso de vaciamiento súbito da un margen de minutos para alertar a la población cercana a los cauces. Ugalde lamenta que, fuera de esas zonas, no existan mayores medidas de mitigación en los 4000 kilómetros de cordillera con glaciares en el país.

Argentina: hace falta inversión para implementar sistemas de alerta temprana

Los peligros de desastres de origen glaciar en Argentina se concentran en la Patagonia y en los Andes centrales, de acuerdo con el glaciólogo Lucas Ruiz. En 2007 se registró el colapso de un glaciar en el sur de Mendoza. El suceso no tuvo mayores impactos y se identificó con imágenes satelitales.

Con respecto a los GLOF, Ruiz señala que la Patagonia es la zona con mayor cantidad de lagos glaciares y donde estos han crecido más. En cambio, en los Andes centrales hay menos lagos de origen glaciar, pero hay mayor población e infraestructura, por lo que un evento “podría generar mayor daño que en Patagonia”, aseguró.

En 2009 se produjo el vaciamiento parcial del lago Ventisquero Negro, en Bariloche, en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Se vertieron 10 000 millones de metros cúbicos de agua, ocasionando la destrucción de un puente y la evacuación de personas en helicóptero. Esta es una zona turística, pero el suceso se dio en días de tormenta con poco turismo, por lo que no hubo víctimas. “Si eso ocurriera en plena temporada turística, el problema sería mayor”, advirtió.

El caso que concentra mayor atención científica por su riesgo cuantificado es el del lago Torre, en el Parque Nacional Los Glaciares, ubicado aguas arriba del pueblo El Chaltén, dice. Explica que el lago se mantuvo estable durante siglos, pero su volumen está aumentando como producto del retroceso del glaciar.

Al mismo tiempo, la pérdida de masa del glaciar genera inestabilidad en la ladera del Cerro Solo, que está sobre el lago. Lo que sucede, dice Ruiz, es que el cerro está formado por una mezcla de sedimentos y piedras, llamada morrena. A medida que el hielo desaparece, las laderas del cerro se mueven. Ahora avanzan entre cuatro y cinco metros por año, afirma.

El riesgo es que el hielo colapse y caiga junto a las piedras y los sedimentos en el lago, produciendo un vaciamiento súbito. Esto podría afectar a toda la cuenca, especialmente a El Chaltén, un pueblo pequeño que recibe mucho turismo.

Expertos ya evaluaron el riesgo del lago Torre y diseñaron un plan de gestión que identifica zonas seguras. Aunque asegura que la sociedad civil, Parques Nacionales, Defensa Civil y la comunidad científica han colaborado en la elaboración del plan, hace falta que las autoridades destinen los fondos necesarios para su implementación.

También es urgente un sistema de alerta temprana que de aviso a tiempo para que la población pueda evacuar si el evento ocurre. Señala que este tipo de sistemas permitió salvar a la población de Blatten, Suiza, antes del colapso de un glaciar en 2025.

Se generó una avalancha de hielo, lodo y rocas que avanzó rápidamente montaña abajo y sepultó al pueblo, pero no hubo víctimas fatales. Por eso concluye: “Después de las imágenes catastróficas de Nepal, esperamos convencer a las autoridades de realizar esta inversión”.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El Súper RIGI es una iniciativa económica del gobierno de Javier Milei que tiene como objetivo atraer inversiones superiores a los 1000 millones de dólares. Este instrumento fue diseñado para captar capitales en nuevas industrias de frontera tecnológica, pero especialistas afirman que el proyecto otorga beneficios extraordinarios por 30 años sin definir con precisión las actividades alcanzadas, sin evaluación oficial de impacto fiscal y sin condiciones ambientales, productivas ni tecnológicas verificables.

Los data centers o centros de datos, megainfraestructuras para el desarrollo de la inteligencia artificial, y granjas de criptomonenas son dos de los proyectos que el Gobierno quiere atraer. Estas construcciones ya han demostrado en países como Estados Unidos sus impactos ambientales: contaminación sonora, emisión de calor, fragmentación del hábitat para la biodiversidad, excesivo uso del agua -que contrae la escasez de agua para las poblaciones cercanas- y el aumento del precio de la energía eléctrica para los habitantes cercanos.

Esta decisión de Milei tiene un antecedente directo. En agosto de 2024 ya se había implementado por decreto una primera iniciativa similar: el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), enfocado en promover la minería y la exploración de gas y petróleo. Esta medida, según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), genera una fuerte “desprotección ambiental” porque no exige estudios de impacto ecológico y limita la capacidad de las provincias para regular el uso de los recursos naturales.

Ariel Slipak, economista, docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y coordinador del área de Investigación de FARN, explicó a Mongabay Latam que el RIGI es más que un incentivo y esquema de exenciones de tipo fiscal, aduaneros o de tipo cambiario, ya que da un blindaje jurídico a grandes inversiones y extractivas.

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“Uno de los primeros artículos de este régimen establece que las normativas de tipo municipal, provincial e incluso nacional no deben ir en contra de los beneficios que adquiere un beneficiario del RIGI. En otras palabras, el tener las exenciones del RIGI se termina imponiendo por sobre la legislación ambiental, laboral u otro tipo de regulaciones”, resaltó Slipak.

A dos años de su implementación, existen 40 proyectos que comprometen más de 138 000 millones de dólares en el RIGI, según el Observatorio del RIGI, una iniciativa colaborativa que reúne a FARN, la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín (EPyG-UNSAM), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Transnational Institute (TNI), el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE) y el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS).

De ellos, 21 corresponden a proyectos mineros (litio, cobre, oro y arena de fractura), 13 al sector de hidrocarburos (petróleo, gas y fertilizantes), tres al sector energético, dos a infraestructura y uno a siderurgia. De los 40 proyectos presentados, 21 ya fueron aprobados. Entre ellos, 12 corresponden a minería, cinco a petróleo y gas y los cuatro restantes a energía, infraestructura y siderurgia. Los otros 18 proyectos continúan en evaluación y uno fue rechazado.

Los 21 proyectos aprobados implican una inversión de 46 626 millones de dólares.

Proyectos extractivos

El petróleo constituye el principal destino de las inversiones comprometidas por el RIGI: con siete proyectos, concentra el 43.3 % del capital anunciado, impulsado por los desarrollos asociados a Vaca Muerta, el mayor yacimiento de hidrocarburos no convencionales del país y uno de los más grandes del mundo.

Le siguen el cobre, que reúne seis proyectos y concentra el 24.6 % de la inversión total, y el gas natural -incluyendo las plantas de GNL y la infraestructura asociada-, que representa el 17.2 % del capital comprometido a través de cinco iniciativas.

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En cuanto al litio, aunque concentra 11 proyectos, es decir, la mayor cantidad de iniciativas presentadas, representa el 10.5 % de la inversión total.

En conjunto, estos cuatro subsectores reúnen el 95.6 % de la inversión comprometida bajo el RIGI, mientras que los restantes siete subsectores explican apenas el 4.4 % del capital anunciado.

El RIGI no solo otorga estabilidad a las inversiones; también puede desplazar los conflictos desde los territorios hacia tribunales arbitrales internacionales, reduciendo el margen de intervención de las comunidades y de la Justicia argentina.

El Súper RIGI tiene el nombre oficial de Ley de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias. Slipak afirma que las exenciones impositivas son aún mayores que con el RIGI y que da más beneficios a industrias extractivas grandes, como la de hidrocarburos y la del litio. Pero hay más: “Lo preocupante del Súper RIGI es que parece estar hecho a la medida de proyectos de centros de datos, minado de criptomodenas o cosas que tienen un gran consumo energético y, además, es generadora de más calor en centros urbanos”, dijo.

Este tipo de industrias incluyen sectores como las energías renovables o actividades que aún no existen en Argentina o se encuentran en etapa experimental, como la biotecnología y la inteligencia artificial, entre otras , dijo el experto.

El proyecto de Súper RIGI -que ya cuenta con media sanción de Diputados- ahora está a la espera del debate en el Senado. Esta iniciativa abrió un debate sobre hasta dónde se debe llegar con los incentivos para competir por inversiones en sectores estratégicos como los centros de datos y qué condiciones debería exigir el país a cambio.

Slipak remarcó que el proyecto no incorpora condiciones ambientales específicas sobre consumo energético, uso del agua, emisiones de carbono ni evaluación de impactos acumulativos. Esta omisión –dijo- resulta preocupante frente a la posibilidad de que el régimen alcance a proyectos de infraestructura digital y centros de datos de gran escala.

“Los centros de datos pueden demandar enormes volúmenes de energía, agua y suelo. Sin reglas claras, su instalación podría tensionar redes eléctricas, profundizar conflictos por el agua y consolidar infraestructura crítica en manos privadas sin control público suficiente”, dijo Slipak.

En los centros de datos que utilizan refrigeración evaporativa, una parte sustancial del agua se pierde localmente por evaporación y deja de estar disponible para otros usos. Como referencia, el centro de datos de Google en Iowa, Estados Unidos, consumió alrededor de 3800 millones de litros de agua 2024, según recogió la organización Global Investigative Journalism Network.

Mongabay Latam buscó la posición del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, pero esa entidad no respondió los requerimientos. Este ministerio es el encargado de elaborar el proyecto del Súper RIGI.

Afectaciones a comunidades indígenas

Silvina Ramírez, doctora en Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), miembro de la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena (AADI) y experta en Derechos Indígenas, afirmó a Mongabay Latam que el Súper RIGI responde a un “modelo económico, una matriz productiva y energética, un modelo de desarrollo” que afectará a comunidades indígenas.

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“Las comunidades indígenas son uno de los principales sujetos afectados. No sólo por el desconocimiento de sus derechos, sino porque prolijamente se fue desarticulando un andamiaje que, aunque precario, permitía austeramente avanzar hacia la titulación colectiva de tierras”, afirmó Ramírez. Tierras que ahora el Gobierno podría entregar a las empresas que realicen estas grandes inversiones.

Además, la experta afirmó que lo alarmante es que ante cualquier nueva ley local de protección ecológica que afecte intereses de las inversiones extractivas, las empresas pueden llevar al Estado a tribunales internacionales de arbitraje. “Las comunidades indígenas están habituadas al hostigamiento judicial, pero ahora esa situación será más complicada”, dijo Ramírez.

Según el proyecto, los eventuales conflictos los resuelve la Justicia internacional: los beneficiarios eligen individualmente dónde llevar adelante los conflictos que puedan generarse, adoptando los reglamentos de la Corte Permanente de Arbitraje, la Cámara de Comercio Internacional, o el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con sedes fuera del territorio argentino.

Esteban Paulón, diputado y miembro del Partido Socialista de Argentina, afirmó a Mongabay Latam que uno de los puntos más controversiales del proyecto son la instalación de los centros de datos, que son infraestructuras de consumo energético y de agua masivos.

“El Súper RIGI no contempla nada vinculado a la protección de pueblos originarios ni de protección ambiental. Presenté un proyecto especifico para incorporar protecciones ambientales, de sustentabilidad y de derechos humanos, porque no están contemplados en el texto original. Este proyecto deja al descubierto a muchos pueblos originarios y también al ambiente”, detalló Paulón.

La iniciativa de Paulón establece que la norma del Súper RIGI debe efectuarse bajo siete protecciones: el derecho a un ambiente sano consagrado; el dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales existentes en su territorio; las leyes nacionales de presupuestos mínimos de protección ambiental; los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional o supralegal; el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú); el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales; y a los principios preventivo, precautorio, de equidad intergeneracional, progresividad y no regresión en materia ambiental.

El Super RIGI sigue por ahora en el Senado, donde el partido oficialista negocia con la oposición ciertos puntos para lograr la aprobación del proyecto.

En las aguas del sur de Chile, una faena de pesca puede terminar cuando los lobos marinos llegan a las embarcaciones. Para los pescadores artesanales, la escena se ha vuelto cada vez más frecuente y costosa. Ellos narran que los animales se acercan, persiguen las líneas y comen los peces capturados. En ocasiones incluso dañan los aparejos. Para científicos especializados en mamíferos marinos, en cambio, la pregunta es otra: ¿reducir la población de lobos marinos realmente resolvería este conflicto?

La discusión ha cobrado fuerza después de que el gobierno chileno planteara levantar la veda que protege al lobo marino común (Otaria flavescens) y analizar la eventual fijación de una cuota o la realización de una caza selectiva.

El debate tuvo uno de sus principales episodios el 21 de julio, cuando la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile convocó al subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia; al director ejecutivo del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), Luis Parot; y a dirigentes de la pesca artesanal para abordar el aumento de las interacciones entre lobos marinos y la pesca de merluza austral. Se trata de una pesquería de importancia económica y social especialmente para comunidades costeras de las regiones de Los Lagos y Aysén.

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“El mensaje que quiero enviar con esto es que los pescadores están primero, que los seres humanos están primero, salvo que haya razones fundadas —y yo no veo que las haya (...)— para ver de manera distinta al lobo marino, como cualquier otro recurso”, dijo Urrutia durante la sesión. Pero antes, agregó, se requiere un proyecto que determine aspectos como el número de animales a extraer, las condiciones de captura, su procesamiento y eventual destino comercial.

También señaló que esos antecedentes serían necesarios para evaluar las implicaciones comerciales de la medida y conversar con autoridades de Estados Unidos. La dimensión comercial es relevante porque Estados Unidos aplica, mediante la Marine Mammal Protection Act, requisitos relacionados con la protección de mamíferos marinos para las pesquerías extranjeras que exportan a ese mercado.

Un problema que se ha agravado para los pescadores

La posibilidad de modificar la protección del lobo marino ha sido recibida con expectativa por organizaciones de pescadores artesanales que han denunciado por años pérdidas económicas y dificultades para desarrollar sus faenas. En contraste, una declaración pública firmada y publicada en agosto por investigadoras e investigadores de distintas instituciones, sostiene que la evidencia científica no respalda el control poblacional como solución a estas interacciones y advierte sobre los impactos ecológicos y comerciales de una eventual cuota de caza para el lobo marino.

Desde la pesca artesanal, estas interacciones son descritas como una afectación cada vez más frecuente durante las faenas. Jorge Bustos Nilsson, presidente del Consejo Regional de Pescadores Artesanales de Los Lagos (COREPA), dijo en entrevista con Mongabay Latam que los reclamos de los pescadores de la región se remontan a unos 15 años y que, según su experiencia, las interacciones con los lobos marinos comenzaron a hacerse más frecuentes a partir de 2016.

Bustos Nilsson vincula ese cambio con la crisis sanitaria de la salmonicultura de ese año —provocada por el virus ISA (Anemia Infecciosa del Salmón)— y el desplazamiento de parte de esa industria hacia la Región de Aysén. Según explica, los centros salmoneros constituían una fuente de alimento accesible para los lobos y, después de su traslado, los animales permanecieron en las aguas interiores donde operan los pescadores artesanales.

“Nosotros nos quedamos con la herencia de los lobos”, afirma Bustos Nilsson. “Desde aquel año no hemos podido encontrar una solución a este tema y cada vez los ataques son más frecuentes”.

Desde su perspectiva, ni el Estado ni la academia han logrado cuantificar la población de lobos marinos. La información presentada por el IFOP situó la población del lobo marino común en aproximadamente 130 000 ejemplares, mientras que el subsecretario de Pesca citó estimaciones de un censo realizado en 2018 que ubican entre 112 000 y 150 000 individuos.

“Como pescador y conocedor del litoral, prácticamente de todo Chile, puedo decir que tenemos más o menos 600 000 mil lobos”, dice Bustos Nilsson. Los censos efectuados mediante drones o fotografías aéreas, explica el dirigente, no permiten contabilizar a los individuos que permanecen en cavernas, áreas con vegetación o sectores alejados de la costa.

Las pérdidas para los pescadores artesanales, afirma, en ocasiones representan el total de una captura. También describe daños a los aparejos y riesgos para los trabajadores, especialmente durante el virado manual de las líneas de pesca. Cuando un lobo toma un pez enganchado, explica, tira del aparejo y puede provocar que los anzuelos terminen clavándose en los pescadores.

“Eso es pan de cada día”, afirma al describir los accidentes. Para reducir el conflicto, asegura que los pescadores han probado distintas medidas para evitar las interacciones: dispositivos acústicos y electromagnéticos, cambios en la velocidad de las operaciones y otros sistemas disuasivos. Según su experiencia, ninguna de estas alternativas ha solucionado el problema de manera permanente, pues los lobos aprenden rápidamente a reconocer las estrategias utilizadas para alejarlos.

Para Bustos, la respuesta debe dirigirse especialmente a los ejemplares que se han habituado a aprovechar las capturas de las embarcaciones. No plantea, dice, eliminar la población de la especie, sino controlar las poblaciones de aquellos animales que generan el conflicto.

“Tampoco me interesa ser parte de una matanza; eso nosotros tampoco lo vamos a permitir. Pero sí controlarlo y regularlo como corresponde. Con todas las de la ley”, dice Bustos Nilsson.

Hernán Cortés Bernal, presidente del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP), estima que las interacciones generan pérdidas para la pesca artesanal por distintos conceptos: capturas que se pierden, daños en los aparejos, mayores gastos de combustible y jornadas de pesca suspendidas por reparaciones.

Según sus cálculos, elaborados a partir de los reportes de los propios gremios, el impacto alcanzaría 1770 millones de pesos chilenos (unos 1.8 millones de dólares) al año a nivel nacional. Cortés, sin embargo, advierte que se trata de una estimación y que actualmente no existe una investigación que cuantifique de manera sistemática estos daños.

“No hay ningún registro, ningún estudio que cuantifique el impacto de los lobos en la pesca artesanal”, insiste Cortés Bernal. “Falta mucha voluntad política para financiar proyectos de investigación relacionados con las pesquerías en Chile y en específico las que afectan a la pesca artesanal. No hay una cuantificación seria que pueda dar respaldo a lo que nosotros estamos diciendo”.

Bustos Nilsson agrega que están dispuestos a conversar con el gobierno, científicos, organizaciones ambientales y otros actores para buscar una solución. Pero insiste en que el conocimiento acumulado por los pescadores debe incorporarse a las decisiones. “No tenemos ningún problema en sentarnos a conversar con la organizaciones, con los ambientalistas, con el gobierno, con la academia, con la universidad… con quien tengamos que sentarnos a conversar”, afirma.

El debate científico

Los científicos también cuestionan que exista una sobrepoblación de lobos marinos. En su comunicado, señalan que, aunque algunas poblaciones de lobo marino común se recuperaron tras la explotación comercial del siglo pasado y décadas de protección, los censos muestran que las poblaciones se han mantenido estables durante las últimas tres décadas. Para los investigadores, esa recuperación no implica por sí misma que exista una abundancia excesiva.

Desde esta perspectiva, el aumento de las interacciones con la pesca no estaría explicado por un crecimiento de la población, sino por una combinación de factores. Entre ellos, el comunicado menciona la disminución de los recursos pesqueros asociada a la sobrepesca y los cambios ambientales, como el fenómeno de El Niño, que pueden aumentar el contacto entre pescadores y fauna marina. Los investigadores también apuntan a la habituación de algunos lobos a la presencia humana, favorecida por la alimentación intencional en caletas y por el acceso a residuos pesqueros y urbanos.

“Los lobos marinos son lo que se denomina especies centinelas, es decir, hablan de la calidad de un ecosistema”, explica Maritza Sepúlveda, doctora en Ecología y Biología Molecular y académica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valparaíso, en entrevista con Mongabay Latam.

“¿Cómo vamos a permitir la caza de un animal que nos está diciendo cómo está el ambiente? Por este y todos los demás argumentos, la autorización de caza es insostenible”, asevera Sepúlveda, una de las investigadoras firmantes del comunicado y quien se ha dedicado a estudiar este fenómeno.

Trabajar en conjunto con pescadores, Estado y científicos es la clave, señala Sepúlveda. “Hemos tenido buenos resultados en algunos casos particulares al hacer trabajo conjunto con los pescadores para buscar soluciones. Todo el mundo tiene que abrirse”, explica la científica. “Después de varias reuniones y conversaciones, ellos entienden la importancia de los lobos marinos. Como ellos mismos me han dicho: ‘Es tan víctima como nosotros de la sobreexplotación pesquera’”.

Rodrigo Hucke, especialista en conservación marina y presidente del Centro Ballena Azul, también suscribió la declaración. Para él, remover parte de la población de lobos marinos para resolver un problema pesquero es especialmente cuestionable en un escenario de cambio climático.

“Estamos hablando de una especie que ha vivido mucho más que los humanos en esta zona”, sostiene el científico. “Lo que más me llama la atención es que no se toma en consideración el rol ecológico que tiene esta especie que vive desde Ecuador hasta Argentina, como un depredador de mayor orden. Me parece sumamente simplista considerar que matarlo va a resolver un problema”.

Según la evidencia internacional citada en el comunicado de los científicos, sería necesario remover hasta alrededor del 50 % de la población para conseguir una disminución significativa de las interacciones y mantener esa extracción en el tiempo. Para los firmantes, ese escenario “sería biológica, ética y legalmente inviable”.

El comportamiento aprendido

Los especialistas plantean que parte de las interacciones puede estar relacionada con el comportamiento aprendido de los animales. Hucke señala que los descartes y residuos de pescado pueden convertirse en una fuente de alimento fácil. Los lobos, animales inteligentes y con capacidad de aprendizaje, pueden asociar la presencia de embarcaciones con comida disponible.

Por eso, una de las recomendaciones es eliminar prácticas que faciliten ese acceso, además de modificar las operaciones pesqueras en aquellos sitios donde las interacciones sean particularmente intensas. El comunicado propone probar mejoras en las artes de pesca, cambios en las operaciones, manejo de residuos y descartes, prevención de la alimentación intencional de fauna y estrategias específicas para cada pesquería.

Hucke agrega otra posibilidad: aprovechar el interés que despiertan estos animales para desarrollar actividades de observación y turismo, siempre que se realicen bajo condiciones que no alteren las colonias reproductivas ni generen nuevos conflictos.

“Son muy interesantes, a mí me parecen sumamente atractivas en términos de las capacidades que tienen para escalar, nadar maravillosamente y bucear”, describe el especialista. “Las colonias reproductivas son maravillosas: se puede ver a las crías tomando leche, a las mamás gritándoles para ver dónde están y poder encontrarlas dentro de la colonia. Con torres de observación y binoculares, se podría darle la vuelta a hacer algo más novedoso, entretenido y seguro”.

Un problema sin solución acordada

El gobierno chileno aún no ha anunciado una decisión sobre una eventual modificación de la veda, que sigue vigente hasta 2031. Mongabay Latam consultó a la Subsecretaría de Pesca sobre el diagnóstico actual de las interacciones, sus impactos para la pesca artesanal, el estado de la veda, las alternativas de mitigación y los antecedentes científicos y técnicos que se considerarían antes de adoptar nuevas medidas. Al cierre de esta nota, la institución no había respondido a la solicitud de entrevista.

Para los investigadores, proteger a los lobos marinos y sostener la pesca artesanal no son objetivos incompatibles. Para los pescadores, la conservación no puede ignorar las condiciones concretas en las que desarrollan su trabajo.

“La coexistencia entre lobos marinos y el humano sí es posible”, concluye Maritza Sepúlveda. “Pero necesitamos tener una mirada amplia, ecosistémica y de trabajo conjunto entre Estado, pesca y ciencia; esta triada virtuosa con la que podríamos encaminarnos para buscar medidas en conjunto que traten, al menos, de mitigar y lograr una convivencia”.

El artículo original fue publicado por Astrid Arellano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El 24 de agosto se celebra el Día Internacional de los Parques Nacionales. La fecha recuerda la importancia de mantener intactas áreas que albergan paisajes únicos, biodiversidad asombrosa y servicios ecosistémicos de los que dependen la provisión de agua limpia, el aire fresco, la polinización de alimentos y la captura de gases de efecto invernadero.

Aunque en Latinoamérica los parques nacionales son una de las categorías más altas de protección dentro de los sistemas de áreas protegidas nacionales, enfrentan todo tipo de amenazas. El avance de la deforestación, la minería ilegal e informal y la expansión de la industria petrolera son tres de ellas.

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En el Parque Nacional Natural La Paya, en Putumayo, el extremo sur de Colombia, la ganadería ilegal, cultivos de coca y la presencia de grupos armados ilegales han provocado la pérdida de bosques en una zona clave para la conectividad entre el Escudo Guayanés, la Amazonía y Los Andes.

En el Parque Nacional Islote Lobos, en Río Negro, el noreste de la Patagonia argentina, la construcción de un oleoducto y una terminal de exportación petrolera preocupa por los antecedentes de derrames de petróleo que ha habido en el país. Un vertimiento podría llegar en menos de un día a sitios de anidación y de reproducción de fauna marina.

En el Parque Nacional Bahuaja Sonene, entre Puno y Madre de Dios, en el sur de Perú, la minería ilegal e informal acecha al parque. Aunque se logró detener la actividad al interior del área protegida, la actividad se expande en la zona de amortiguamiento y los ríos que la rodean.

Mongabay Latam habló con especialistas y conocedores de las tres áreas para entender mejor qué está en juego y las soluciones que plantean.

Colombia: la deforestación pone en riesgo la conectividad del Parque Nacional La Paya

El Parque Nacional Natural La Paya está en el extremo sur de Colombia, en la triple frontera con Ecuador y Perú. La zona es tan biodiversa que los otros dos países también tienen áreas protegidas en sus límites. Sin embargo, este es considerado por muchas autoridades y expertos el punto fronterizo más conflictivo de la cuenca amazónica. La expansión de la ganadería ilegal, los cultivos de coca y las carreteras ilegales están destruyendo los bosques de La Paya, de acuerdo con Julia Miranda, quien dirigió Parques Nacionales de Colombia entre 2004 y 2020.

Entre 2013 y 2023, el parque perdió 8759 hectáreas de bosque, según el más reciente informe de la iniciativa Parques Cómo Vamos. Esta pérdida convirtió a La Paya en la quinta área protegida más deforestada del país.

La deforestación continuó en 2024, año en el que se perdieron 459 hectáreas adicionales de bosque, según datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) de Colombia, enviados a Mongabay Latam por Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS). En 2025, 433 hectáreas más fueron deforestadas. Es decir, 892 hectáreas en esos dos años.

“Se perdieron zonas que habían sido restauradas durante las últimas dos décadas, que son críticas en la recuperación de la conectividad del parque”, señala Botero.

La exdirectora detalla que detrás de la tala no solo hay campesinos que amplían sus asentamientos y potreros. Asegura que también hay grupos armados ilegales que controlan buena parte de esos territorios. Botero añade que el parque “ha sido epicentro de la disputa entre las facciones disidentes de los Comandos de la Frontera y el Estado Mayor Central, con graves implicaciones sobre las poblaciones locales”.

Para el director de FCDS, el mayor impacto de la deforestación es la pérdida de conectividad, “la principal función de La Paya”. Explica que es un paisaje que conecta al noreste con el Parque Nacional Serranía de Chiribiquete, mientras que al sur conecta con el Parque Nacional Güeppí-Sekime, en Perú, y la Reserva de Producción de Fauna de Cuyabeno, en Ecuador.

“La gran biodiversidad que se mueve entre Los Andes, el Escudo Guayanés y la depresión del Napo está siendo seriamente afectada por este proceso de deforestación”, dice Botero.

La pérdida de bosque también amenaza la gobernabilidad, tanto de Parques Nacionales como de los gobiernos indígenas, de acuerdo con Miranda. “Los grupos ilegales imponen sus actividades ilícitas y afectan la vida tranquila de las comunidades indígenas”, se lamenta. Las comunidades siona, que dependen del bosque para obtener alimentos y medicina ancestral, han rechazado las economías ilícitas, asegura la exdirectora y hasta hace poco congresista.

Para la exfuncionaria, revertir la tendencia depende de una decisión política de hacer control territorial. Frente al mal recuerdo que quedó en La Paya tras la operación militar Artemisa de 2019 contra la deforestación, por su nivel de violencia, Miranda recomienda que se establezcan mesas de diálogo encaminadas a que se cumpla el Acuerdo de Paz, que estableció rutas de reubicación para las familias asentadas en parques antes de 2016.

Argentina: una terminal de exportación petrolera amenaza al Parque Nacional Islote Lobos

Al Parque Nacional Islote Lobos y a Punta Colorada, donde se tiene planificado construir la terminal de exportación petrolera Vaca Muerta Oil, los separan cerca de 10 kilómetros. Un derrame de petróleo podría alcanzar la zona, en la costa oeste del Golfo San Matías, provincia de Río Negro, Argentina, en un plazo de entre seis y 12 horas bajo ciertos escenarios de viento, según un modelado de Wildlife Conservation Society (WCS) Argentina.

“Diez kilómetros pareciera ser una distancia razonable en tierra, pero ecológicamente eso no sirve de nada, porque cualquier derrame de petróleo se va a desplazar sobre el agua siguiendo las corrientes, las mareas y los vientos”, explica Raquel Perier, bióloga marina e integrante de la Multisectorial de Defensa del Golfo.

El área protegida es un pequeño archipiélago costero. Alberga una importante diversidad de aves marinas y costeras, incluyendo migratorias. También acoge un importante apostadero de lobos marinos (Otaria flavescens) y la colonia de pingüinos de Magallanes (Spheniscus magellanicus) más septentrional del mundo, de acuerdo con la información oficial del parque.

“Esta colonia se comenzó a formar en la década de 1990 y actualmente reúne a miles de parejas de pingüinos”, cuenta la especialista. Los islotes y las zonas intermareales funcionan como área de nidificación, descanso y alimentación, añade. La colonia de pingüinos se concentra entre septiembre y enero.

La forma del Golfo San Matías agrava los impactos de un posible vertimiento, de acuerdo con la especialista. “Es como una olla, con profundidades centrales mayores que su plataforma adyacente”, señala. Esa configuración hace que el agua recircule dentro del golfo durante meses en lugar de dispersarse hacia el mar abierto, explica.

De suceder un vertimiento, el petróleo podría alterar el aislamiento térmico del plumaje de estas aves, que además podrían ingerirlo cuando se acicalan, indica Perier. Otro impacto sería el que ocasionarían los hidrocarburos al adherirse a los sedimentos intermareales, prolongando su presencia más allá de las manchas visibles en la superficie del agua.

Desde 1990, la ley provincial 3308 prohibía toda actividad hidrocarburífera y de infraestructura portuaria en el Golfo San Matías. En 2022, la legislatura de Río Negro modificó la norma y habilitó el transporte y la construcción portuaria para exportación de petróleo y gas.

La construcción del proyecto Vaca Muerta Oil Sur ya arrancó. Consiste en un oleoducto que comienza en Vaca Muerta, provincia de Neuquén, y llega hasta Punta Colorada. Perier, como parte de la Multisectorial de Defensa del Golfo, denuncia que las audiencias públicas del proyecto no garantizaron participación ciudadana real.

Aunque las autoridades dicen que tienen planes de contingencia, la bióloga marina se muestra desconfiada. “A unos kilómetros de nosotros, en Catriel, un pequeño derrame lo pararon con una pileta de plástico”, relata.

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Perier también cuestiona la ausencia de un análisis de impactos acumulativos sobre el conjunto del golfo, que incluye proyectos de exportación de gas natural en Bahía San Antonio y Caleta de los Loros, otras dos áreas naturales protegidas de la misma costa.

“Cada vez más gente se nos está acercando y viendo la posibilidad de quedarnos sin un golfo azul por siempre”, dice. Y concluye: “No está dicho nada hasta la última palabra y mientras tanto seguimos resistiendo”.

Perú: la minería ilegal presiona la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene

La minería ilegal e informal ha afectado 5680 hectáreas del Parque Nacional Bahuaja Sonene y su zona de amortiguamiento hasta el segundo trimestre de 2026, según datos de Amazon Mining Watch. Un guardaparques que prefiere proteger su identidad por seguridad envió un mapa oficial a Mongabay Latam y explicó que la información de Amazon Mining Watch incluye la zona de amortiguamiento, donde se realiza gran parte de la actividad ilegal. Asegura que la extracción se logró detener dentro del parque en 2023.

El ambientalista Pedro Solano no descarta que el área protegida sufra bastante presión a medida que se incrementa el precio internacional del oro. “Se está convirtiendo en una suerte de zona de guerra”, afirma. El Bahuaja Sonene, ubicado entre las regiones de Madre de Dios y Puno, colinda con la Reserva Nacional Tambopata, que acumula casi 29 000 hectáreas afectadas, según Amazon Mining Watch. Esta, a su vez, colinda con el corredor minero de Madre de Dios, departamento que suma 163 000 hectáreas de superficie minada, según la misma herramienta.

Entre 2021 y 2023, funcionarios del parque registraron más de 50 puntos de minería ilegal al interior del área protegida. Los focos estaban en las quebradas Palma Real Grande y Patuyaku, en el sector de Vigilancia y Control Heath, detalla el guardaparques. “No contábamos con puesto de vigilancia ahí, entonces el personal no llegaba a hacer los patrullajes”, contextualiza.

Intervenciones conjuntas de la Fiscalía Especializada en Ambiente, la Marina de Guerra y la Policía Nacional frenaron la extracción ilegal, asegura el guardaparques. Hoy, el parque ya tiene un puesto de vigilancia permanente en el área.

El Proyecto Mapeo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés) de Amazon Conservation identificó que, entre 2021 y 2023, 2439 hectáreas fueron deforestadas para la minería en las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas del sur de Perú. Las más afectadas fueron la Reserva Nacional Tambopata, Bahuaja Sonene y la Reserva Comunal Amarakaeri, tres áreas contiguas. En el sector de Bahuaja Sonene hay minería ilegal y en menor medida, en proceso de formalización, de acuerdo con el guardaparques.

Para agosto de 2025, MAAP encontró que parte de la deforestación por minería de oro se mantenía en la zona de amortiguamiento del Bahuaja Sonene, aunque no ofreció cifras. El proyecto también identificó al río Inambari como uno de los afectados. En esa cuenca, relata el guardaparques, los mineros llevan a cabo operaciones con maquinaria pesada, embarcaciones artesanales y campamentos móviles.

Además, el parque sufre impactos indirectos de la minería realizada en otras zonas. El río Tambopata ya llega con alta sedimentación y con contaminación por mercurio, combustibles y aceites. Esto ha provocado que la nutria gigante (Pteronura brasiliensis) se aísle, asegura la fuente en el territorio. Las taricayas (Podocnemis unifilis), por otro lado, han perdido las playas donde anidaban y los peces son cada vez más vulnerables. Los pobladores de la zona que dependen de la pesca también sufren las consecuencias.

Según Solano, las interdicciones, que implican destruir maquinaria, generan violencia en la región. A eso se suma la violencia que ejercen los mineros contra los defensores ambientales. Por eso, cree que se necesita aplicar una política integral que atienda la pobreza rural y que ofrezca oportunidades económicas.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El gobierno de Javier Milei impulsa un proyecto de ley que amenaza la permanencia de comunidades indígenas en tierras rurales, de acuerdo con expertos y legisladores de la oposición consultados por Mongabay Latam. El texto que comenzará a debatirse en la Cámara de Diputados en los próximos días ya tiene media sanción del Senado, aunque con varias modificaciones introducidas durante el debate parlamentario. Aún así, contempla, entre otros aspectos, acelerar los procesos de desalojo y obstaculizar las expropiaciones estatales.

El proyecto, titulado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, podría tratarse en la Cámara de Diputados a finales de mes, afirmó a Mongabay Latam Esteban Paulón, diputado del Partido Socialista de Argentina, quien además explicó que la oposición debe estar alerta ante el debate de este proyecto y poner el foco en dos aspectos: las facilidades para las expropiaciones y para los desalojos rápidos en áreas rurales donde habitan pueblos indígenas que reclaman la titularidad de tierras que consideran ancestrales.

“Esta norma facilita desalojos de comunidades originarias donde se encuentran pueblos asentados y que la Constitución garantiza como espacios ancestrales. Seguro estos temas animarán el debate en la Cámara de Diputados, que, se estima, será a finales de este mes”, afirmó Paulón.

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Durante el debate en el Senado, el proyecto del Gobierno sufrió varios reveses. Entre ellos, uno clave: el Ejecutivo pretendía modificar la Ley de Tierras actual y modificar el porcentaje del tope de extranjerización permitido actualmente en tierras rurales de 15 % máximo a 25 % máximo. Tras protestas y oposiciones de otros sectores políticos, el bloque que responde a Milei desistió de ese punto para poder avanzar en el debate y que se apruebe el proyecto.

Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), explicó a Mongabay Latam que al retirar el Gobierno capítulo del proyecto sobre compra de tierras a favor de extranjeros, los riesgos ambientales se achican. Sin embargo, todavía hay preocupación por la situación de comunidades indígenas ante la aceleración de los procesos de desalojo que sí quedarían habilitados para realizarse con mayores facilidades y rapidez en caso de que el proyecto se apruebe en Diputados tal cual llegó desde el Senado.

El experto afirmó que esta disposición violenta los tratados internacionales firmados por Argentina en materia de derecho indígena y también la Constitución Nacional, que establece la preexistencia y el derecho a la tierra de los pueblos indígenas. Por lo tanto, es una norma –dijo- que entra en flagrante contradicción con esas normas.

“En línea a los proyectos que este Gobierno quiso aprobar, [este] tiene un sesgo totalmente individualista, es decir: la temática de la propiedad es solo una temática de carácter individual. No toman en cuenta las cuestiones de carácter colectivo, la propiedad comunitaria de la tierra y los reclamos que hacen las comunidades indígenas desde hace mucho tiempo”, afirmó Napoli.

Silvina Ramírez, doctora en Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), miembro de la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena (AADI) y experta en Derechos Indígenas, coincide con Nápoli y Paulón. En diálogo con Mongabay Latam dijo que a pesar del rechazo generalizado que obligó al oficialismo a resignar el capítulo sobre extranjerización de la tierra y las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, existen los riesgos en dos temas centrales: modificaciones al régimen de expropiaciones y de desalojos.

En el primer caso, aseguró, habrá más restricciones para declarar la utilidad pública de un bien inmueble y luego expropiarlo para, por ejemplo, entregar la titularidad de esas tierras a las comunidades que las reclaman como ancestrales. La Ley 21.499, vigente desde 1977, establece que se debe satisfacer el principio de “utilidad pública” para que tenga lugar una expropiación, explicó el medio especializado Chequeado>, que analizó el proyecto de ley. “La propuesta del Gobierno establece una definición más restrictiva de ese principio: su declaración ‘deberá identificar en forma específica y concreta el fin perseguido, y la expropiación del bien deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo’”.

En el segundo aspecto resaltado por Ramírez, la abogada explicó que se flexibiliza el procedimiento para los desalojos y se agilizan las vías para facilitarlos. Por ejemplo, busca facilitar la ejecución anticipada antes de la sentencia y reducir las posibilidades de defensa del ocupante. Chequeado explicó que “el cambio más estructural es la conversión del proceso al trámite sumarísimo -el más breve del Código Procesal- y la eliminación de la caución real (garantía, generalmente económica) como requisito para obtener la desocupación inmediata, reemplazándola por una simple declaración jurada del propietario sin respaldo patrimonial”.

Piden un escudo para las comunidades indígenas

“Es probable que la discusión en Diputados llegue con sorpresas y otras negociaciones. De la lectura de lo aprobado, y específicamente alrededor de los desalojos, pueden extraerse consecuencias e impactos para las comunidades indígenas, siempre amenazadas, que hoy carecen de lo que es tan valioso y ponderado para el sector empresarial, pero totalmente ignorado para el mundo indígena: la seguridad jurídica”, dijo Ramírez.

En este caso, detalló que se permite que cualquier persona que invoque un derecho o interés legítimo puede presentar la acción de desalojo contra comunidades que ya viven en las tierras rurales. “En territorios en donde los títulos siempre son oscuros, en donde la manipulación, la corrupción y el favorecimiento para unos pocos están a la orden del día, la posibilidad de que, prácticamente, cualquier individuo pueda iniciar una causa judicial complejiza mucho más el escenario”, afirmó la experta.

En Argentina, explica Ramírez, no existe una estadística oficial de cuántas hectáreas o porcentaje del territorio nacional está habitado por pueblos indígenas debido a no se concluyó el relevamiento técnico jurídico catastral que ordenaba la Ley 26.60 de emergencia territorial, la cual, además fue derogada en diciembre de 2024.

Ramírez añadió que las comunidades indígenas están habituadas al “hostigamiento judicial”. “Este proyecto de ley, que hoy tiene media sanción, facilita la persecución judicial a través del litigio, restándole mecanismos de defensa a quienes defienden sus territorios, invocando los derechos territoriales reconocidos por la legislación vigente”, resaltó.

En esa línea, la especialista acotó que las modificaciones a la expropiación y al desalojo “son también una llamada de alerta y una pieza más para el montaje de una maquinaria que sólo pretende generar recursos económicos a costa del sufrimiento de enormes sectores de la población. Dentro de ellos, y como siempre, se encuentran las comunidades indígenas”.

Antecedentes en el Senado

Dos cuestiones clave quedaron fuera del proyecto durante el debate en el Senado. La Ley 26.737 de Tierras Rurales, sancionada en diciembre de 2011, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, establece límites a la propiedad extranjera sobre tierras rurales: las personas y empresas extranjeras no pueden poseer más del 15 % del total de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. Además, determina que ninguna nacionalidad extranjera puede superar el 30 % de ese 15 % permitido, y que un mismo titular extranjero no puede tener más de 1000 hectáreas.

Durante la votación en el Senado también se retiró el capítulo que modificaba la Ley de Manejo del Fuego, que reducía protecciones tras incendios (especialmente fuera de bosques nativos) y cambiaba reglas sobre uso del suelo, informó Chequeado tras el análisis del proyecto votado.

Antes del debate del proyecto de ley en el Senado, distintos sectores sociales y ambientales salieron a las calles para protestar contra las modificaciones que pretendía el oficialismo.

La Libertad Avanza, el partido de Milei, no logró reunir los votos y retiró ambos capítulos. La posibilidad de que empresas extranjeras compren tierras rurales en Argentina fue el capítulo más polémico de este proyecto. El argumento que presentó el oficialismo para derribar los límites existentes a la compra de tierras por parte de extranjeros es que estos son un freno a la inversión privada.

Patricia Bullrich, jefa de la bancada oficialista en el Senado, decidió finalmente retirar ese capítulo del proyecto. “[Esa decisión] fue adoptada por unanimidad entre los integrantes del espacio con el objetivo de continuar trabajando sobre ese capítulo y alcanzar un mayor nivel de consenso”, afirmó Bullrich en un comunicado, según medios locales. Mongabay Latam intentó comunicarse con la senadora a través de su equipo de prensa, pero no tuvo respuesta.

En mayo pasado, cuando se presentó la iniciativa a empresarios agropecuarios, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dijo que “la Ley de Tierras es a las economías regionales lo que la Ley de Glaciares fue a la minería”. El funcionario aseguró que “en su estado actual es una ley que prohíbe la inversión extranjera directa en tierras, en el agro, en puertos y en la industria forestal”. Derogar esa ley podría traer inversiones cercanas a los 15 000 millones de dólares, sostuvo.

Las estadísticas oficiales sostienen que a pesar de que el techo actual para la extranjerización de la tierra es del 15 %, solo el 5 % de las tierras rurales del territorio nacional está en manos de extranjeros. Pero hay otro contexto: el análisis regional muestra una alta concentración local en algunas provincias, donde la extranjerización de las tierras supera el 15 % establecido a nivel nacional.

Investigadores de Conicet del Instituto de Estudios Sociales y Humanos y de la Universidad de Buenos Aires presentaron a fines de 2025 un mapa interactivo de la extranjerización de la tierra en Argentina. De acuerdo con el estudio, más de 13 millones de hectáreas -casi el 5% del territorio nacional, una superficie similar a Inglaterra- pertenecen a firmas o Estados extranjeros.

En 36 distritos ya exceden el límite legal del 15 %, como en Lacar (provincia de Neuquén), General Lamadrid (provincia de La Rioja), Molinos y San Carlos (provincia de Salta), donde la extranjerización supera el 50 %. También hay altos porcentajes en zonas estratégicas del río Paraná, sostuvieron los investigadores.

El diputado Paulón explicó que uno de los argumentos de la oposición para frenar la modificación de la Ley de Tierras fue que aumentar la compra de tierras con recursos naturales por parte de corporaciones extractivas del exterior podía presionar a las autoridades para modificar las leyes ambientales vigentes, como sucedió recientemente con la Ley de Glaciares. “Estas compras y ventas incluían zonas de frontera, acuíferos, humedales, zonas de recursos naturales, cuencas de agua”, destacó Paulón.

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El fenómeno climático de El Niño se origina por el calentamiento del océano Pacífico por encima de las temperaturas promedio en el mar. Sus consecuencias son previsibles pero también intensas. En muchas zonas del continente traerá fuertes lluvias e inundaciones. En otras, disminución de las precipitaciones y sequías. Mongabay Latam consultó a expertos en este fenómeno del clima que viene siendo registrado desde finales del siglo XIX y que en 2006 y principios de 2027 podría ser más intenso que en el pasado.

“El Niño es un evento recurrente y es parte de la dinámica del planeta”, afirma Ana Sabogal, directora del Instituto de la Naturaleza, Tierra y Energía (Inte) de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). A continuación, los especialistas explican qué países y zonas pueden esperar las grandes lluvias.

René Garreaud, investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), explica que El Niño es un evento que “impacta el clima en todo el mundo”, pero “no en todas partes con la misma intensidad”. Afecta muy “intensamente en Sudamérica”. También impacta en Indonesia, norte de Australia, muchas partes del sudeste asiático, así como en Norteamérica y algunas zonas de África, entre otros lugares.

Durante la entrevista, Garreaud muestra un mapa de Sudamérica en el que se puede ver cómo impacta El Niño en cada zona de la región. Tormentas y lluvias intensas en parte de Chile, las costas de Perú y Ecuador, así como en el norte de Argentina, el sur de Brasil y Uruguay, que tendrán mayor cantidad de lluvias durante octubre, noviembre y diciembre. “Lo que usualmente hace El Niño es potenciar la estación lluviosa” en estas zonas.

En contraste, hay otras zonas que sufrirán sequías: otros sectores de Chile y al otro lado de la cordillera de Los Andes, afectando con menores precipitaciones de lo normal a Colombia y Bolivia, así como partes de Ecuador y Perú. En la Amazonía, las condiciones climáticas también se ven más secas. “El altiplano sudamericano, es decir, parte de Perú, parte de Bolivia y parte del norte de Chile experimentan condiciones más secas y más cálidas”, explica el experto.

“Son impactos globales de precipitación y temperatura, pero después se traducen, por ejemplo, en problemas de seguridad alimentaria o sanitarios. Más agua, más lluvia, más temperatura puede ir de la mano con brotes de cólera y enfermedades infecciosas”, comenta Garreaud, quien también es académico del departamento de Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.

La posibilidad, cada vez más creciente, de que en esta oportunidad nos enfrentemos a un Niño más intenso ha despertado el recuerdo de aquellos eventos que dejaron ciudades bajo el agua, economías fragmentadas y cientos de personas damnificadas.

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Mientras tanto, el Centro de Predicción Climática de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) del gobierno de Estados Unidos también ha informado que “el Niño se está fortaleciendo, con una probabilidad mayor del 90 % de un evento muy fuerte para el otoño e invierno del hemisferio norte 2026-27”. La alerta publicada el 13 de agosto por este organismo señala que se podría tratar de una evento histórico que superaría la intensidad de los eventos El Niño registrados desde 1950.

Las tormentas en Chile

“Chile central y el norte de Chile han tenido tormentas muy intensas, eso es característico de los años de El Niño y ocurre, más bien, en invierno”, comenta Garreaud sobre las tormentas que ya están cayendo en ese país y que están dejando miles de damnificados y más de una decena de fallecidos.

Garreaud explica que en el caso de Chile e incluso al otro lado de la cordillera, en la parte sur de Brasil, norte de Argentina y Uruguay, ya se experimentan condiciones más lluviosas. En Chile sucede desde el invierno, en junio, julio y agosto; mientras que el sur de Brasil y Uruguay experimentarán una primavera muy lluviosa, en los meses de octubre, noviembre y diciembre, explica el experto.

El 10 de agosto el gobierno chileno decretó la “emergencia preventiva” por seis días en el norte de Chile, en las regiones de Arica, Parinacota y Coquimbo, ante el anuncio de fuertes lluvias durante esos días.

Las tormentas ocurridas en Chile durante el mes de julio obligó al gobierno de José Antonio Kast a declarar “estado de catástrofe” en el norte del país, en las regiones de Atacama y Coquimbo, por un período de 30 días a partir del 21 de julio. Las lluvias torrenciales han dejado por lo menos diez personas fallecidas en Atacama y Araucanía, unas 16 personas heridas, cuatro desaparecidos y más de 2400 damnificados. Las tormentas ocasionaron desbordes de ríos y canales, anegamientos, cortes de servicios básicos y restricciones en las carreteras.

“Efectivamente han ocurrido tormentas muy intensas, tanto de lluvia como de nieve”, agrega Garreaud. “Todo el Pacífico se calienta y eso afecta a Perú y a lugares como Antofagasta, Iquique, en el norte de Chile, que están con temperaturas por encima del promedio”.

El experto habla de los impactos económicos y sociales en Chile como consecuencia de la presencia de El Niño. “Se estima que el costo, por ahora, va del orden de los 1200 millones de dólares, por cortes de camino producto de aluviones, cortes de infraestructura vial e inundaciones en la zona centro y sur”.

Por otro lado, Garreaud menciona que los pasos fronterizos entre Chile y Argentina estuvieron cerrados, lo que produjo problemas en el transporte terrestre y de importación y exportación de artículos. “La gente lo está pasando muy mal porque cada vez que hay una tormenta grande se cierra la escuela, se corta el agua potable, se cortan los suministros básicos”.

Sin embargo, Garreaud también menciona algunos beneficios que traen las lluvias de El Niño. “En Chile tenemos una generación eléctrica que involucra centrales hidráulicas y este año les ha ido muy bien. Afortunadamente se han llenado nuestros embalses. Hasta junio estábamos en una condición muy crítica de escasez hídrica en Chile que se ha revertido”. Las intensas lluvias que han ocurrido en Chile han significado un superávit pluviométrico del 30 % sobre lo que se esperaba para esta época, comenta Garreaud.

“La temperatura actual, en la zona a la que denominamos Niño 3.4 [corresponde a la zona central del Pacífico ecuatorial] está mucho más cálida que todos los eventos anteriores. Está en el orden de 2.5 °C por encima de las condiciones normales. Nunca habíamos visto una anomalía tan grande en esta época del año”, asegura el experto chileno y recuerda que en marzo y abril de 2026 las condiciones climatológicas estaban por debajo del promedio de esa temporada, pero sucedió un cambio acelerado y repentino hasta llegar a la situación actual.

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Los efectos en Perú

“Ahora estamos sintiendo los efectos que se van a intensificar hacia octubre y noviembre de este año, fundamentalmente, el aumento de la temperatura en general y el aumento de lluvias”, explica Ana Sabogal, del Instituto de la Naturaleza, Tierra y Energía (Inte) de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). .

Sabogal explica que las lluvias durante El Niño se concentran en la zona norte de Perú, por tanto, disminuyen en el sur. “En general, a nivel global, existe una cantidad definida de agua, entonces, esa agua se reparte, y si llueve en el norte, esa humedad no llega al sur, por eso es una característica recurrente que cuando aumentan las lluvias en el norte, disminuyen las lluvias en el sur. Por tanto, tenemos lluvias extremas en el norte y sequías en el sur”.

“Las zonas que más van a sufrir con el aumento de lluvias son Tumbes, Piura, quizás Chiclayo y Trujillo”, comenta Sabogal. “Se espera un aumento muy grande de lluvias en la zona norte de Perú y tendrá efecto hasta la mitad del país, inclusive Lima”.

Estas lluvias, dice Sabogal, tendrán efecto sobre las ciudades, los cultivos. Además, el aumento de la temperatura y de las lluvias producen el incremento de insectos. “Tenemos que prevenir el dengue y la chikungunya. Es una cadena de diferentes cosas que van sucediendo. Estamos hablando de una población de alrededor de 9 millones de personas que tendrán efectos directos por El Niño”.

El último comunicado oficial de la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) de Perú, publicada el 14 de agosto, prevé que en la región denominada 1+2, es decir cerca a las costa de Perú y Ecuador, la magnitud del evento será entre “fuerte y extraordinaria hasta el verano” de 2027, para que, posteriormente, “ocurra una transición gradual hacia la condición neutra a partir de mayo de 2027”.

El comunicado también informa que “para el trimestre agosto–octubre se prevé la continuidad de temperaturas del aire muy por encima de lo normal en toda la costa y que en los ríos de la región hidrográfica del Pacífico se registrarán, predominantemente, caudales dentro de sus valores normales. El reporte también informa sobre el repliegue de la anchoveta frente a la costa central de Perú y la presencia de especies como pez sierra, samasa, perico, barrilete y atún aleta amarilla.

“Hay impactos que han sido notorios. El más evidente es el de la anchoveta. Se dio una cuota menor que las cuotas habituales y se ha pescado un poco más del 25 %” de lo normal, señala Juan Carlos Sueiro, director de Pesca de la organización Oceana.

Sueiro señala que también se están dando impactos negativos en la pesca artesanal. “El impacto principal es la presencia de lo que los pescadores llaman la jaiba morada (Euphylax dovii), un tipo de cangrejo que no tiene valor comercial, que sus tenazas son muy fuertes y rompen las redes”. La presencia de esta especie ha sido reportada en Tumbes, Chimbote y Chancay. “En varios lugares del litoral han advertido la presencia de este cangrejo”.

La presencia de este cangrejo está estrechamente vinculada a condiciones oceanográficas cálidas y ya se ha reportado su presencia en Perú y en Ecuador. Según un análisis realizado por el Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca de Ecuador, “la proliferación del molusco está asociada a temperaturas superficiales del mar entre 26° C y 27 °C, la alta disponibilidad de nutrientes y condiciones ambientales favorables”.

Otro impacto en la pesca, señala Sueiro, ocurre con el pejerrey, que se espera tenga una reducción significativa, al igual que la merluza que “tiene reducciones significativas cuando hay un evento El Niño”. Esto se debe al aumento de la temperatura del mar. “También sucede con la concha de abanico que tiene efectos diferentes, dependiendo del lugar, pues en la Bahía Independencia, en Pisco, se espera un incremento; mientras que en la Bahía de Sechura, en Piura, se espera mortandad grande”, explicó.

Sueiro dice que “si bien hay generalidades que se cumplen, no hay un fenómeno del El Niño exactamente igual a otro”. Pone como ejemplo que durante El Niño 1982-83 ingresó a lo largo de la franja costera abundante langostino y percebes, que son propios de Paita, Piura, y el efecto llegó hasta Cerro Azul, al sur de Lima. “Por dos a tres meses en varias ciudades de la costa hubo abundante oferta de langostinos, pero en El Niño 1997-98 no hubo. La gente estaba preparándose de nuevo para el langostino, pero no hubo langostino”.

Sueiro también explica que la ausencia de especies como la anchoveta afecta a otros animales que se alimentan de ellos, como los pelícanos. Por eso las aves marinas, como los pingüinos, y los lobos marinos “están teniendo una mortandad grande” y se estima que es por la falta de alimento. “Esta mortandad se está reportando en múltiples sitios y se seguirán viendo animales muertos, desnutridos, nidos abandonados”.

El problema, dice Sueiro, es que las poblaciones de aves vienen de una mortalidad por gripe aviar que ocurrió hace dos a tres años. “Esa población debilitada está enfrentando a El Niño de esta magnitud, donde la perturbación del ecosistema es bastante grande”.

En julio de 2026 Mongabay Latam informó que en Perú se registraron muertes inusuales de lobos marinos en dos áreas naturales protegidas de la región Ica, así como aves marinas muertas, debilitadas y nidos abandonados debido a la reducción de alimento provocada por el fenómeno de El Niño.

Hace unos días, el gobierno peruano anunció la creación de la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño, presidida por el ministro de Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, para implementar acciones efectivas ante las emergencias por El Niño.

“Esta comisión lo que busca es tomar decisiones de manera rápida y convocar a todas las autoridades competentes. Acá lo importante es trabajar con velocidad, con eficiencia y estar preparados”, dijo la presidenta Keiko Fujimori durante su viaje a Lambayeque, en el norte del país, una de las zonas que podrían resultar más afectadas durante un evento El Niño.

El último domingo 16 de agosto, Vinelli informó que de los 1900 puntos críticos identificados en el país se priorizará la atención de 600 para mitigar los efectos de El Niño. Indicó que esos puntos críticos están ubicados en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima y Arequipa, y que los trabajos se ejecutarán hasta diciembre. “Nuestro mayor esfuerzo será evitar que el impacto sea grande”, dijo en una entrevista ofrecida al canal de televisión Latina.

El lunes 17 de agosto, la presidenta Kaiko Fujimori anunció que declarará en emergencia los distritos del sur de Lima, luego de que intensas lluvias afectaran varios de estos distritos. También se declarará en emergencia las regiones que estén afectadas por las intensas lluvias.

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Frío intenso en el sur de Argentina

“El Niño ya está activo, bastante intenso, y se espera que a medida que avance el año el fenómeno se siga intensificando”, comenta Cindy Fernández, de Meteored Argentina. “Lo que venimos observando este invierno, que es característico de El Niño es, en primer lugar, un frío extremo en la Patagonia Argentina”.

Fernández comenta que este invierno, “sobre todo julio y lo que llevamos de agosto, el extremo sur de Argentina ha sido extremadamente frío, alcanzando valores de temperatura récord, olas de frío extensas como ha ocurrido en la provincia de Santa Cruz. Y también hemos tenido valores de temperatura inferiores a los 20 grados bajo cero en zonas bajas”.

Otra característica que menciona Fernández es que durante un evento de El Niño “se hacen más frecuentes los ríos atmosféricos que llegan a la franja central de Argentina y de Chile”. Se trata de grandes cantidades de vapor de agua que avanza desde zonas tropicales e impacta sobre la cordillera central de los Andes y forma precipitaciones principalmente en forma de nieve durante el invierno.

“Sectores de Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja tienen acumulados más de tres a cinco metros de nieve, complicando los pasos internacionales hacia Chile. Y hay poblados que están completamente aislados. El paso Cristo Redentor, que es el paso más importante que tenemos hacia Chile, lleva prácticamente un mes cerrado”, cuenta Fernández. “Esto trae pérdidas millonarias tanto a Argentina como a Chile, porque hay dos países que quedan incomunicados en su principal paso”.

Fernández agrega que otra consecuencia de El Niño, que se extiende hasta la primavera y el verano, es un aumento en las precipitaciones. “Tenemos tormentas intensas, mucho más frecuentes. Esto no solamente afecta a Argentina, sino a Uruguay, Brasil y Paraguay. En estas últimas dos semanas hemos tenido cuatro o cinco temporales bastante intensas con tormentas severas, con granizo de gran tamaño y, en los últimos 10 días, hemos tenido cuatro tornados registrados entre Brasil y Argentina”. Junto con las intensas lluvias llegan las inundaciones que conlleva a miles de personas a desplazarse por las crecidas de los ríos.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan fuertes precipitaciones en el norte del litoral, La Pampa, Sudoeste de Buenos Aires, oeste de Cuyo y el este de la Patagonia. El gobierno argentino ha iniciado el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026-2027, destinado a fortalecer la preparación ante posibles inundaciones y tormentas severas.

El último 3 de agosto, la secretaría general de la Presidencia, Karina Milei –hermana del presidente Javier Milei– lideró un encuentro de coordinación con las provincias “para anticipar y responder de manera coordinada ante inundaciones y otros eventos asociados al fenómeno El Niño”, dice el comunicado de la Secretaría General de Argentina. El plan contempla acciones de planificación preventiva, monitoreo permanente y coordinación operativa entre diferentes organismos del Estado.

“Para nosotros El Niño enciende muchas alarmas porque genera graves pérdidas económicas y miles de desplazados. Para tener un ejemplo, el último El Niño intenso que tuvimos, en 2015-16 en Argentina, el sur de Brasil, Paraguay y Uruguay hubo más de 150 000 desplazados. Este El Niño podría ser más intenso y afectar a la región de una manera similar”.

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Los impactos en Ecuador

“Las temperaturas están entre 2 y 3 °C sobre lo normal en el aire y 2 °C en la temperatura del mar. Este cambio altera dos cosas: las pesquerías y los ecosistemas”, dice María del Pilar Cornejo, docente e investigadora de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, de Ecuador.

Cornejo explica que en los ecosistemas se ha visto la mortandad de aves a lo largo de la costa, porque al estar el agua más caliente, sus alimentos, que son peces, se hunden más, buscando agua fría y las aves no pueden bucear. “Entonces, se mueren de hambre”. Y un segundo efecto ha sido la aparición de la jaiba mora o morada –al igual que en Perú– que daña las redes. “Ha sido como una plaga, pero es un indicador biológico de que las temperaturas han estado altas”.

Cornejo señala que en sector pesca aún no se reportan impactos importantes, pero que deben empezar a verse pronto porque “las anomalías de temperatura están como en 3 a 4 °C sobre el normal”. “Eso sí tiene un efecto en la pesca semiindustrial e industrial”.

El aumento del nivel del mar es otro efecto del que habla Cornejo, aunque aún no se han presentado reportes, si han habido “casos de erosión en algunas playas o incremento de la cantidad de arena”, comenta Cornejo, ex secretaria de Gestión de Riesgos de Ecuador.

Cornejo también menciona que dependiendo de la magnitud de las precipitaciones que empiecen en enero en la costa de Ecuador, van a tener una época de lluvias muy fuerte que afectará toda la cadena logística en la producción de diferentes sectores. “Lo que estamos revisando es cuánto del producto interno bruto (PIB) podría afectar. Cuando tuvimos el Niño de 1997-98, la afectación fue entre el 14 % y el 17 % del PIB [5000 millones de dólares], pero los impactos no dependen del tamaño de la amenaza, también depende de cómo está la vulnerabilidad en el país”, comenta.

En ese sentido, Cornejo dice que las tasas de empleo, desempleo, nutrición de la población, el acceso a servicios básicos y servicios básicos como alcantarillado y agua potable pueden afectarse durante un evento de El Niño. “Lo que uno tendría que trabajar son escenarios similares a lo que pasaba en eventos extremos como el de 1997-98 y ver cómo está la vulnerabilidad en el país”.

Las zonas que más se ven afectadas por El Niño en Ecuador, dice Cornejo, son la Cuenca del Guayas, que alberga un poco más de 4 millones de habitantes, casi el 25 % de la población total del país y donde se generan los tres productos más importantes de exportación: camarones, banano o plátano y la pesca de atún. “Estos tres rubros importantes de exportación podrían verse afectados por el evento, por el tema de las precipitaciones”.

En el caso del banano, explica, si no son haciendas muy tecnificadas, los drenajes no pueden evacuar la cantidad de agua que llega con las fuertes lluvias. En el caso del camarón, al llover tanto la salinidad baja y esto puede afectar la calidad del camarón que se produce. En el caso de la pesca, normalmente durante un año de El Niño, el atún migra. “Estos impactos afectarían mucho la economía del país”.

El 21 de julio, la actual secretaria nacional de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, anunció el inicio de alerta naranja para 17 provincias y 143 municipios, y confirmó que se había aprobado el Plan de Acción Nacional ante el Evento El Niño 2026-2027.

“Lo ideal es que el evento de El Niño sea parte de cualquier planificación. El clima tiene que estar incluido en cualquier planificación y no esperar a tener planes de contingencia. Es un cambio de mentalidad que debe permear en todos los niveles de gobierno, tanto en el sector público como en el sector privado”, puntualiza Cornejo.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Los países de Latinoamérica enfrentan un escenario complejo en la degradación de la tierra. Por un lado, la conversión de los suelos para monocultivos o ganadería extensiva está provocando desertificación. Por otro lado, la crisis climática y fenómenos climáticos como El Niño intensifican los efectos por la degradación de los suelos. Los resultados ya se ven directamente en la vida diaria: menor acceso al agua y menos producción de alimentos, más riesgos de incendios y con ello el desplazamiento de personas y comunidades.

En medio de este escenario, la región tendrá la oportunidad de abordar estas realidades en la sesión 17 de la Conferencia de las Partes (COP17) de la Convención de las Naciones Unidas de la Lucha contra la Desertificación (UNCCD) que se realiza en Ulán Bator, Mongolia, a partir de este lunes y hasta el 28 de agosto, con el objetivo de encontrar caminos para restaurar de los suelos. Mongabay Latam estará informando desde el centro de reuniones durante los próximos días.

Se trata del único tratado internacional que obliga a los 197 países que son parte a comprometerse en la gestión sostenible de la tierra para proveer alimentación, agua y oportunidades económicas para todas las personas. Además es una de las tres Convenciones de Río —junto con la biodiversidad y el cambio climático—, los grandes acuerdos internacionales firmados en la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro, Brasil, las cuales también sesionarán a finales de 2026.

Este año, los países también pondrán sobre la mesa las alternativas y posibles soluciones a la degradación de la tierra. Los pastizales tendrán un rol protagónico al ser considerados ecosistemas aliados y estratégicos para gestionar de forma sostenible los suelos de regiones impactadas por la desertificación.

Especialistas consultadas por Mongabay Latam explican los acuerdos y mecanismos clave a seguir en esta COP17, los escenarios que enfrentan los países más vulnerables de Latinoamérica a la desertificación, así como las alternativas que ya se construyen en nuestra región.

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Perder alimentos por la desertificación

La degradación de la tierra y la desertificación tienen uno de sus impactos más visibles en la alimentación, pues se traducen en la pérdida de cultivos e inseguridad alimentaria para quienes dependen de la agricultura.

Esto es importante para América Latina y el Caribe, donde la agricultura familiar representa cerca del 50 % de la superficie destinada a productos como hortalizas, frutas, cereales y raíces y tubérculos, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Yasna Palmeiro Silva, investigadora y consultora en cambio climático y salud, explica que en la región la amenaza se exacerba por la combinación de procesos de degradación del suelo con fenómenos naturales y climáticos como El Niño, que históricamente se ha traducido en menores lluvias y aumento de las temperaturas en ciertas regiones del continente.

“Se combinan las vulnerabilidades sociales que tenemos en Latinoamérica, donde uno de los principales sectores económicos es la agricultura. En el Corredor Seco en Centroamérica desde hace bastante tenemos afecciones a la seguridad alimentaria y al agua. Hay poblaciones que se han tenido que desplazar dejando su casa debido a esta escasez”, explica la especialista a Mongabay Latam.

Palmeiro agrega que esta combinación de agravantes del suelo ya se dan también en otras regiones de Latinoamérica, como la de Cerrado -en la sabana brasileña-, la Amazonía, la región del Chaco sudamericano o Coquimbo, al norte de Chile.

“En estas zonas en particular, las personas han tenido que estar dependiendo de camiones aljibe que llevan agua para consumo porque ya no llueve, no tienen agua en las capas subterráneas y eso genera una inseguridad hídrica importante”, dice la investigadora y agrega que hay un desplazamiento de comunidades ante la sobreexplotación de los suelos.

La agricultura y las actividades económicas, sostiene, “se han ido desplazando y la gente ha tenido que cambiar completamente de actividad económica, porque la agricultura en particular no sirve ni para comer ni para generar ingresos”.

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El Niño: un detonador de riesgos en Latinoamérica

Las sequías, los aumentos de temperatura y los incendios que muestran el avance de la desertificación se están combinando con la variabilidad del clima y con las consecuencias de las actividades humanas, como la transformación de los suelos.

Especialistas explican que aunque siempre hemos interactuado con los efectos de El Niño, al combinarse con otros factores sus impactos crecen y representan mayores riesgos. Para 2026, por ejemplo, se estima un aumento de incendios severos en ciertas zonas asociados a este fenómeno, de acuerdo con un análisis de la red de científicos World Weather Attribution.

Los vínculos de El Niño con las inundaciones y sequías en Latinoamérica están históricamente identificados por científicos e investigadores. Por ejemplo, suelen implicar mayores temperaturas y lluvias intensas en el norte de México, Perú, Ecuador y en algunas zonas de Chile y Uruguay, mientras que las sequías tienden más a impactar Centroamérica, el norte de Brasil, Colombia y Venezuela.

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“Además de esos procesos climáticos y meteorológicos de variabilidad natural que están ocurriendo estamos cambiando un suelo debido al uso que le damos. Estas tres cosas confluyen para un desastre perfecto”, sostiene Palmeiro, quien agrega que donde se viven más los efectos de la crisis climática, se intensifican los fenómenos naturales.

Belén Valenzuela, oficial del programa de Bosques y Pastizales de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) América del Sur, coincide en que estos fenómenos impactan en conjunto en las zonas más vulnerables con sequías más intensas y temperaturas que afecta las productividad de la vegetación. Esto expone a estas regiones a incendios.

“Es importante entender que estos factores no actúan de manera aislada, sino que se refuerzan entre sí. Se produce un círculo bastante preocupante”, explica la especialista. “Tienes un ecosistema degradado que responde peor a una sequía o a una crisis climática extrema y que puede acelerar aún más su degradación”, explica.

Palmeiro agrega que esta combinación de efectos ya está teniendo un impacto en la salud y el bienestar de las personas. De acuerdo con un comentario científico elaborado por la investigadora, durante el fenómeno de El Niño 2023-2024, Latinoamérica registró su peor temporada de dengue de la historia, con un aumento del 600 % en los casos de países andinos y del Cono Sur, especialmente en Brasil y Paraguay. También se reportaron cerca de 8436 muertes más de las esperadas, asociadas a olas de calor.

“Las lesiones y las muertes las vamos a ver de inmediato, pero hay un cierto rezago de otro tipo de enfermedades que empiezan a aumentar a las semanas o inclusive meses después del evento”, dice la investigadora a Mongabay Latam.

También menciona que los sistemas de los países de la región no están preparados para estos efectos acumulados. “Son sistemas que se hicieron bajo un clima que no existe más. Estamos ante un escenario completamente nuevo, lo vamos a seguir estando dependiendo de las decisiones que tomemos”, puntualiza.

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Instrumentos clave para la COP17

Uno de los esquemas clave que Naciones Unidas ha implementado contra la desertificación es el concepto de neutralidad en la degradación de la tierra (LDN, por sus siglas en inglés) y busca impedir la erosión de los suelos y revertir el impacto que ya existe en el 70 % de todas las tierras libres de hielo para 2030, de acuerdo con el organismo internacional.

Para ello, la mayoría de los países firmantes se han comprometido a diferentes medidas que forman parte de este esquema, como restaurar 1000 millones de hectáreas para 2030.

Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), destaca que uno de los temas pendientes a seguir será el recién instaurado Fondo de Inversión para la Resiliencia a la Sequía, que busca respaldar la agricultura sostenible, mejora el acceso al agua y promover soluciones basadas en la naturaleza.

“Veremos algún primer reporte en la agenda cuando aborden sequías, si ya han podido acceder a fondos, en qué estado está toda la la cuestión operativa, si efectivamente ya están implementando o todavía están en el proceso de definir proyectos o firmar contratos, todo lo burocrático que suele estar asociado a ello”, advierte la abogada ambientalista.

Di Pangracio explica que a nivel político también está pendiente definir un instrumento vinculante que permita atender mejor el tema de las sequías y que no pudo traducirse en un acuerdo político desde la COP de Desertificación pasada, en 2024, en Arabia Saudita.

“Se listaron una serie de instrumentos que van desde una simple declaración hasta un protocolo. Desgraciadamente no se dio el acuerdo político para definir qué instrumento. Veremos si prospera en esta COP17, va a estar más difícil por toda la situación geopolítica, por lo polarizado que está todo”, dice la especialista a Mongabay Latam.

Por otro lado, Valenzuela, de UICN América del Sur, sostiene que esta COP17 será importante para la participación de pueblos indígenas y comunidades locales porque se buscará avanzar en la creación del Caucus, espacios donde líderes indígenas eligen a representantes que expresan inquietudes y necesidades en los altos espacios de negociación política.

“Esto es significativo justamente porque permite pasar de una lógica en la que los pueblos indígenas y los comunidades locales participan a través de eventos o consultas a tener un espacio institucional propio, articular posiciones, influir en las negociaciones y dar seguimiento a la implementación”, explica Valenzuela a Mongabay Latam.

Aunque estos mecanismos no toman decisiones directas en las negociaciones, la especialista advierte que pueden convertirse en una especie de plataforma para que las prioridades latinoamericanas sobre derechos territoriales, restauración, gobernanza, conocimiento tradicional y financiamiento tengan mayor peso dentro de la COP.

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Pastizales y sabanas, aliados estratégicos y poco vistos

Mientras los bosques han concentrado buena parte de la atención de las políticas de conservación y cambio climático, los pastizales y sabanas siguen siendo ecosistemas subestimados pese a sus beneficios en los suelos y en la producción de alimentos. Así lo considera Gabriel Quijandría, director regional de UICN para América del Sur, región que puede encontrar un aliado en estos ecosistemas.

“El hecho de que en América Latina cerca del 33 % de todos los biomas que hay son pastizales y sabanas, te das cuenta de este del rol enorme que deberían tener en términos de captación de carbono, de todas estas posibilidades de apoyar al esfuerzo de conservación o de recuperación de la naturaleza”, dice a Mongabay Latam.

Los pastizales son fundamentales, explica Valenzuela, porque sostienen funciones ecológicas, productivas y sociales que no suelen verse a simple vista. “Protegen y forman suelos, almacenan carbono, regulan el agua, reducen la erosión y sostienen también una gran diversidad de especies”, expone.

Los especialistas de UICN precisan que además cumplen un rol clave para la seguridad alimentaria y la economía de cerca de 30 millones de personas.

“Los pastizales y las sabanas muchas veces son la base de sistemas ganaderos y pastoriles y sostienen los medios de vida de millones de personas. No son tierras vacías y tampoco son tierras degradadas por definición, son ecosistemas naturales que tienen una enorme capacidad de contribuir a la biodiversidad, al clima, al agua y a la producción”, insiste.

Como parte de un esfuerzo de articulación con gobiernos, sociedad civil y organizaciones, UICN elaboró un documento regional que identifica tres grandes riesgos a la salud de estos ecosistemas: la expansión agropecuaria y el cambio de uso de suelo; manejo de ganado inadecuado y sobrepastoreo; y la crisis climática.

“La amenaza más estructural es la conversión. Hay pastizales y sabanas naturales que están siendo transformados en cultivos. Hay presiones fuertes que están enfrentando paisajes como las Pampas, el Cerrado y el Gran Chaco y cuando ocurren este tipo de transformación, no perdemos solamente vegetación, sino tenemos fragmentación de hábitat, degradación del suelo, pérdida de funciones que estos ecosistemas prestan para el agua, la biodiversidad o la producción”, detalla Valenzuela.

Por esta razón, los representantes de UICN consideran que la COP17 es una buena oportunidad no solo para posicionar el tema pastizales y sabanas, sino para también posicionar a América Latina como un liderazgo en adaptación y soluciones.

“Poner este tema sobre la mesa le abre a América Latina esta potencialidad precisamente porque tenemos estas extensiones tan grandes, pero tan importantes también en términos económicos, vinculados a la cultura”, señala Quijandría.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño Lopez en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El dron avanzaba hacia el nido cuando, de pronto, una rapaz salió del bosque. El ornitólogo Tomás Rivas Fuenzalida, quien estaba al mando del aparato, no había visto al ave. Tampoco la persona que lo acompañaba. Era un vuelo corto hacia un nido que ya no estaba ocupado por el polluelo: ahora, el águila tirana (Spizaetus tyrannus) juvenil había comenzado a volar, aunque todavía regresaba ocasionalmente al árbol para alimentarse. El ave apareció de improviso, se lanzó sobre el aparato y lo derribó.

“Vi cómo el dron empezó a dar vueltas y, cada vez que apuntaba hacia el cielo, estaba el águila encima, mirándolo mientras caía”, describe a Mongabay Latam el director de investigación de la Fundación Ñankulafkén, en Chile. El dron, que era de un tamaño muy pequeño, terminó en el suelo del bosque. El ave, en cambio, no sufrió heridas.

Rivas Fuenzalida explica que las rapaces juveniles suelen acercarse a objetos nuevos por curiosidad y juego. En este caso, el equipo pudo capturar al ejemplar tiempo después y comprobar que no tenía lesiones en las patas. El incidente, sin embargo, dejó una tarea menos sencilla: recuperar el dron en el territorio.

El episodio resume uno de los dilemas que durante años han enfrentado los investigadores de aves rapaces en Latinoamérica: los drones pueden hacer posible observar nidos que de otra manera serían casi inaccesibles, pero también pueden alterar la conducta de las aves y provocar respuestas potencialmente riesgosas cuando se utilizan sin las precauciones necesarias.

Un estudio publicado en Scientific Reports reunió una década de observaciones de investigadores de ocho países de América Central y del Sur para intentar entender mejor qué ocurre cuando esos dos mundos se encuentran. El trabajo, liderado por la bióloga brasileña Francisca Helena Aguiar-Silva, analizó 227 vuelos realizados entre 2014 y 2024 sobre 119 nidos activos de 27 especies de rapaces neotropicales.

“Cuando se va a iniciar una investigación con drones para volar cerca de un nido, debemos tener en cuenta una pregunta que justifique el vuelo y no tener como único objetivo tomar fotografías o recopilar datos de comportamiento: ¿cuál es la justificación para realizar este vuelo, considerando el riesgo de generar estrés en las aves?”, dice Aguiar-Silva.

La pregunta no es menor. “Tenemos información y evidencias de que las rapaces responden de forma activa a la presencia de estos drones”, explica. “Entonces, los próximos proyectos tienen que justificar muy bien por qué volar un dron y no utilizar otra técnica de monitoreo”.

El resultado principal del estudio no es que los drones sean buenos o malos para las aves. Es más preciso: las rapaces responden a su presencia, pero no todas lo hacen de la misma manera.

Según los datos del estudio, el 81 % de las especies estudiadas reaccionó ante la presencia de los drones. La respuesta estuvo fuertemente influida por las características ecológicas de cada especie, la etapa reproductiva y las condiciones del vuelo.

Las conductas defensivas fueron las más frecuentes. Los ataques y los intentos de escape, en cambio, fueron poco comunes y estuvieron asociados sobre todo con aproximaciones cercanas, vuelos prolongados o vuelos por encima de las aves. Las especies más pequeñas y ágiles tendieron a atacar, mientras que las águilas de mayor tamaño generalmente evitaron el enfrentamiento.

Los nidos incluidos en el análisis albergaban adultos, huevos y aves inmaduras en distintas etapas: polluelos, volantones —individuos recién salidos del nido que todavía permanecen en sus inmediaciones— y juveniles de entre ocho y 24 meses.

Entre las especies con más vuelos registrados estuvieron el águila harpía (Harpia harpyja), con 64 vuelos (36 %); el águila poma (Spizaetus isidori), con 34 (19 %); el águila albinegra (Spizaetus melanoleucus), con 32 (18 %); el cóndor andino (Vultur gryphus), con 22 (12 %); el halcón pechinaranja (Falco deiroleucus), con 14 (8 %); y el águila crestada (Morphnus guianensis), con 11 (6 %).

Una herramienta que también puede perturbar

Los investigadores comenzaron a utilizar drones para resolver un problema muy concreto: cómo llegar a nidos que desde el suelo son difíciles o incluso imposibles de observar. Muchos están a decenas de metros de altura, en árboles emergentes, acantilados o zonas de montaña a las que llegar caminando puede tomar horas. Antes de los drones, podían pasar días o incluso una semana intentando confirmar la existencia de un nido.

Mateo Giraldo Amaya, biólogo y director del Proyecto Grandes Rapaces Colombia, recuerda que cuando comenzó a trabajar con drones, alrededor de 2016, todavía había muy poca información sobre cómo utilizarlos con rapaces.

“No había dónde consultar ni a quién preguntarle”, recuerda. El aprendizaje fue, en buena medida, autodidacta: “Con el conocimiento de la biología de las especies, sabiendo qué les puede molestar e ir viendo sus reacciones, fuimos adoptando algunas prácticas”.

Ese aprendizaje disperso entre investigadores de distintos países terminó formando parte del estudio. Los autores reunieron observaciones de sitios de reproducción en Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Perú, Chile y Argentina. El trabajo abarcó los bosques tropicales húmedos del Darién, el Chocó biogeográfico y la Amazonía, así como los páramos y bosques montanos de los Andes y los bosques templados australes.

Los drones han ofrecido una ventaja evidente. En unos pocos minutos pueden revelar si un árbol alberga un nido, si hay un huevo o un polluelo e incluso permiten estimar la edad de una cría, información que desde el suelo podría requerir horas de observación.

“Yo siempre trato de hacerme una pregunta antes de despegar y es para qué voy a despegar el dron, si vale la pena o no. No se va a volar el dron porque sí”, coincide Giraldo Amaya.

En determinadas circunstancias, agrega, el dron puede resultar menos perturbador que los métodos que reemplaza. “Un dron puede ser invasivo, pero si comparas un dron con trepar un árbol, obviamente un dron significa levantar un aparato cinco o diez minutos, pero trepar un árbol es una actividad que te puede llevar dos o tres horas”, explica Giraldo Amaya. “Entonces, sí, los drones son perturbación, pero los estamos usando para evitar perturbaciones mayores”.

El estudio, sin embargo, muestra que incluso una aproximación breve puede provocar respuestas. Durante los vuelos, los investigadores registraron desde cambios en la atención —como seguir el aparato con la mirada— hasta conductas defensivas, vocalizaciones, persecuciones, ataques o abandono del nido. Para los investigadores, por eso, la ausencia de un ataque no significa necesariamente ausencia de reacción.

Fernando Angulo, ornitólogo e investigador principal del Centro de Ornitología y Biodiversidad (CORBIDI), en Perú, quien no participó en el estudio, considera que el balance entre utilidad y perturbación puede ser favorable cuando la tecnología se utiliza de manera responsable y en favor de la conservación. El especialista compara el uso de drones con la captura de aves para anillarlas o colocarles dispositivos de seguimiento, que implican la manipulación de los individuos.

“Hace valer la pena el estrés al que han sido sometidos los animales”, dice. “Mejor aún si la información obtenida puede ser reinvertida en la conservación y en mejorar el conocimiento para aplicarlo para una mejor protección de la especie”.

Sin embargo, Angulo ejemplifica que en Perú no existe actualmente una regulación específica para el uso de drones en el monitoreo de nidos. “Lo que preveo es que en el futuro debería haberla, para evitar que esto se popularice de forma tal que cualquier persona piense que puede volar un dron y obtener esa información”, advierte.

No existe una distancia universal

Durante años, la experiencia de campo permitió a los investigadores desarrollar reglas prácticas. Pero reunir observaciones de especies y ambientes distintos permitió comprobar que no existe una distancia universal a partir de la cual un vuelo sea seguro.

En el estudio, las respuestas comenzaron a distancias que iban desde los dos hasta los 300 metros, dependiendo del contexto. Durante la crianza se observaron algunas de las respuestas a mayor distancia. En cambio, durante la etapa previa a la puesta y la incubación, las respuestas tendieron a producirse a distancias menores.

La trayectoria de los vuelos también importa. Las aproximaciones a los nidos desde arriba provocaron respuestas en el 73 % de los vuelos registrados en esa categoría, frente a porcentajes menores para las aproximaciones diagonales, horizontales y verticales.

Y hay otra variable que puede cambiar por completo la escena: quién está en el nido. Rivas Fuenzalida cuenta que, trabajando con halcones, descubrieron que determinadas aproximaciones podían realizarse durante la incubación cuando solo estaba presente la hembra, siempre que se tomaran precauciones y hubiera otra persona observando el entorno para prevenir la llegada del macho, ya que se trata de una género de aves muy veloz y riesgoso para los drones.

Aguiar-Silva encontró algo parecido al comparar individuos. Algunas rapaces toleraban que el dron se acercara bastante, mientras otras reaccionaban cuando el aparato todavía estaba lejos. Incluso dentro de una misma especie podía existir una gran variación. La experiencia previa del individuo, su estado reproductivo y su historia de vida podrían ayudar a explicar esas diferencias, dice la experta.

Por eso, la recomendación de los investigadores no consiste simplemente en establecer una distancia fija y aplicarla a todas las aves.

“Es importante que previamente se observe el comportamiento de los individuos presentes en estos nidos antes de iniciar el vuelo”, insiste Aguiar-Silva. “La recomendación general es realizar observaciones directas de las aves en los nidos con binoculares, para poder interrumpir el vuelo si se observa que este está generando estrés en el ave”.

Hay una regla que se repite con los investigadores: el piloto no debería estar solo. Mientras una persona opera el dron, otra debería observar al ave, el nido y los alrededores. La pantalla del control muestra lo que registra la cámara, pero no necesariamente permite advertir que un adulto está acercándose desde otro árbol o que un juvenil acaba de aparecer entre el follaje.

El estudio establece precisamente que, si aparece una respuesta activa, el avance del dron debe detenerse. En 11 de los 14 ataques registrados, los investigadores interrumpieron el vuelo antes de que hubiera contacto. En tres casos, sin embargo, los drones resultaron dañados: dos ataques fueron protagonizados por águilas arpías y otro por un águila crestada.

Una anécdota de campo de Giraldo Amaya ilustra el problema. En una ocasión, el equipo pensaba que un nido estaba vacío. Levantaron el dron y descubrieron que había un huevo. La hembra apareció rápidamente y atacó el aparato. El error no fue simplemente acercarse demasiado. Fue no saber qué había en el nido antes de despegar.

“Nos demoramos mucho para mover el dron y alejarlo, porque si hay un huevo la madre está cerca”, describe. “En medio segundo llegó el águila Spizaetus ornatus, lo cogió y lo catapultó al suelo. A la hembra no le pasó nada, siguió volando, pero el dron lo destruyó completamente”.

El resultado que sorprendió a los investigadores

Quizá el hallazgo más inesperado apareció cuando los investigadores analizaron los vuelos repetidos. Una de las hipótesis era que las aves podrían acostumbrarse al dron después de verlo varias veces. Es lo que se conoce como habituación: con exposiciones repetidas a un estímulo que no representa una amenaza real, una respuesta puede disminuir.

Pero ocurrió lo contrario. La probabilidad de que las rapaces reaccionaran aumentó con los vuelos sucesivos. El análisis estadístico encontró un incremento significativo de la probabilidad de respuesta a medida que avanzaba el orden de los vuelos, un patrón compatible con sensibilización, más que con habituación.

Para Aguiar-Silva, una posible explicación es que las aves interpreten el objeto volador como una amenaza persistente, semejante a un depredador o a un competidor. Las rapaces viven en ambientes donde las interacciones con otros depredadores y competidores forman parte de su historia evolutiva.

“No se recomienda repetir vuelos”, agrega la científica. “Lo ideal es tener un intervalo suficiente entre vuelos para reducir la probabilidad de respuestas activas derivadas del estrés en las aves”.

La necesidad de protocolos adecuados

En los nidos estudiados no se observaron impactos reproductivos de mediano o largo plazo. El 71 % de los nidos fue monitoreado durante temporadas reproductivas posteriores y todos permanecieron activos. Los autores, por lo tanto, no concluyen que las respuestas conductuales observadas hayan provocado un daño reproductivo a largo plazo.

Sin embargo, Aguiar-Silva plantea que todavía queda una pregunta más difícil por responder: qué ocurre dentro del organismo cuando un ave se comporta como si estuviera bajo amenaza. El estudio observó la conducta, pero no midió variables fisiológicas como frecuencia cardíaca u hormonas. Tampoco permite saber si respuestas repetidas podrían tener consecuencias acumulativas después de décadas.

Las rapaces grandes pueden vivir muchos años y utilizar los mismos territorios y nidos durante largos períodos. Para conocer los efectos de una perturbación que se repite durante toda una vida, diez años de observación pueden ser apenas el comienzo.

Por eso, la propuesta de los autores es que los futuros protocolos incorporen el comportamiento de cada especie y las condiciones específicas de cada vuelo: etapa reproductiva, distancia, trayectoria, tamaño del dron, duración y presencia de aves alrededor del nido. Y, sobre todo, que antes de despegar exista una pregunta que justifique ética y científicamente hacerlo.

En el fondo, el cambio que propone esta investigación es sencillo: dejar de pensar el dron únicamente como una cámara que vuela y empezar a considerarlo también como un estímulo dentro del mundo de las aves.

Para quienes estudian rapaces, esa diferencia puede determinar si una herramienta extraordinariamente útil sirve para conocer mejor a las especies que se busca conservar o termina convirtiéndose en otra perturbación que ellas deben aprender a enfrentar.

“La investigación no consiste solo en la recopilación de datos”, concluye Aguiar-Silva. “Sino en generar conocimiento que contribuya efectivamente a la conservación de estas especies y de este grupo de aves en la naturaleza”.

REFERENCIA

Aguiar-Silva, F.H., Junqueira, T.G., Rivas-Fuenzalida, T. et al. Behavioural responses of Neotropical raptors to drone approaches to nests. Sci Rep 16, 21841 (2026). https://doi.org/10.1038/s41598-026-47248-5

El artículo original fue publicado por Astrid Arellano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Un grupo de investigadores analizó más de 142 000 documentos oficiales y llegó a una conclusión: la provincia de Chaco, en el noreste de Argentina, auspició el desmonte de más de 500 000 hectáreas de bosque nativo protegido durante 15 años, entre 2009 y 2024. No fue necesario modificar la Ley Nacional de Bosques para alentar la deforestación, ya que se utilizaron decretos y trámites administrativos para perforar la normativa nacional y dar vía libre al desmonte, según detalla el estudio realizado por los científicos.

Este trabajo de investigación fue liderado por investigadores de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Humboldt de Berlín, Alemania. Tiene un contexto internacional: los bosques secos están desapareciendo debido a la expansión agrícola y la extracción de madera, impulsadas por el consumo en el extranjero, determina el estudio.

“El reglamento de deforestación de la Unión Europea (UE), que entrará en vigor a fines de 2026, aborda este problema al exigir que las importaciones a la UE se produzcan cumpliendo con las leyes de protección forestal de sus países de origen”. Sin embargo, en la provincia de Chaco y otras provincias que forman parte de la región chaqueña, como Santiago del Estero, Formosa y Salta, la deforestación avanza para la producción sojera -principalmente para la alimentación de ganado-, ganadería y para extraer productos madereros (madera, carbón y extractos de tanino).

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La investigación identificó seis mecanismos para sortear la Ley Nacional de Bosques y lograr el desmonte en la provincia: recategorización de predios, permisos desvirtuados, sobreexplotación de madera, “blanqueo” de origen irregular, multas mínimas y actualización del mapa provincial para correr los límites.

Esta deforestación tuvo lugar en la zona del bosque conocido como el Impenetrable chaqueño, ubicado en la región del Chaco Sudamericano, la segunda región boscosa más grande de Sudamérica y donde los pueblos indígenas, como los qichí, gom y moqoit, denuncian la destrucción de sus territorios.

Estos seis mecanismos fueron implementados, según el estudio, por actores públicos y privados que “relajaron la ley provincial de Ordenamiento Territorial de Bosques para eludir los estándares mínimos de la ley nacional argentina de protección de bosques”. Así, ampliaron las áreas donde se podría producir madera o productos agrícolas en cumplimiento de las políticas transnacionales contra la deforestación.

Los autores afirman que “para evitar que estas respuestas desadaptativas se propaguen a otras regiones productoras, los países importadores deberían exigir productos que generen cero deforestación bruta”.

Matías Mastrangelo, especializado en ambiente, conservación y sustentabilidad y unos de los autores del estudio, explicó a Mongabay Latam que esta investigación revela que solo la región de bosque llamada el Impenetrable, en la provincia de Chaco, perdió alrededor de 500 000 hectáreas de bosque nativo, el 90 % de toda la deforestación registrada en la provincia durante el periodo analizado, entre 2009 y 2025.

Entre las normas analizadas, Mastrángelo tomó una como ejemplo: el decreto provincial 2157/22 transformó zonas catalogadas en la Ley de Bosques como zonas amarillas (donde está prohibida la deforestación total del área) en zonas verdes, habilitando el desmonte total de esas zonas de bosque nativo.

“Nosotros calculamos que alrededor de 370 000 hectáreas de bosque protegido se perdieron en estos 15 años mediante estos mecanismos. De esa cifra, 270 000 fueron desmontadas de forma ilegal, sin ningún tipo de permiso. A esas 370 000 que ya se perdieron es posible que haya que sumarles las más de 200 000 hectáreas por la actualización del mapa de la provincia y ahí hablamos de más de medio millón de hectáreas que se perderían por estos seis mecanismos”, detalló Mastrángelo.

La actualización del mapa de la provincia de Chaco es el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), sancionado bajo la Ley Provincial número 4005-R. Este mapa redefine las zonas de conservación ambiental (rojo, amarillo y verde) que regulan el uso del suelo y los permisos forestales en el territorio.

El experto añadió que auditaron 15 042 permisos de uso del bosque, 127 632 guías de transporte forestal y múltiples expedientes tramitados entre 2009 y 2024. Además, detalló que una “porción significativa” de la superficie afectada correspondía a categorías de alto (zona roja) y mediano valor de conservación (zona amarilla), donde el cambio de uso del suelo está prohibido o regulado por la ley nacional, respectivamente.

Las maniobras que abrieron el desmonte

La investigación detalla los seis dispositivos administrativos que se utilizaron para avalar el desmonte en supuesta complicidad con la autoridad forestal chaqueña. La primera es la recategorización de predios, que consta en la modificación del mapa de zonificación para pasar de áreas protegidas a categorías que autorizan el desmonte.

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El segundo dispositivo son los permisos silvopastoriles desvirtuados, que son autorizaciones para manejo integrado que terminaron ejecutándose como tala rasa y sustitución total de la cubierta vegetal.

Luego viene la sobreexplotación maderera, que involucra permisos de extracción otorgados por encima de las tasas naturales de regeneración del bosque.

El cuarto mecanismo es el blanqueo de madera, que son los esquemas de regularización e incorporación al circuito comercial de productos forestales extraídos de desmontes ilegales.

Además, detectaron las multas no disuasorias: la aplicación de sanciones económicas cuyos montos resultaron insignificantes frente al beneficio financiero del cambio de uso del suelo.

Por último, están las actualizaciones del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que redujeron de manera sustancial la superficie bajo protección estricta. Esto fue llevado adelante por las autoridades de la provincia de Chaco.

“La intención con la que los propietarios desmontan estos bosques protegidos apelando a este tipo de maniobras es sembrar la soja o maíz, o para sembrar pasturas y criar ganado. Sin embargo, esta zona es muy seca y frágil, ya que tiene suelos que rápidamente pierden su fertilidad cuando se les quita el bosque. No es una zona agrícola o ganadera”, afirmó Mastrángelo.

Mongabay Latam contactó a ex autoridades de la provincia de Chaco que tuvieron a su cargo el área ambiental y de bosques durante los años en que los investigadores señalan la aplicación de estas maniobras, pero no logró respuestas. También se contactó al equipo de comunicación del actual gobierno provincial, pero tampoco emitieron un pronunciamiento sobre este tema.

Mastrángelo afirmó que él también intentó contactarse con la actual gestión del gobierno de Chaco para mostrar los resultados del estudio y emitir algunas recomendaciones. “A pesar de mostrar esta evidencia, ellos siguen con la insistencia de ampliar la frontera agropecuaria y de seguir yendo en contra de sus bosques y de las familias que habitan en estos bosques”, dijo el experto.

Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y quien no participó del estudio, afirmó a Mongabay Latam que el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) es una herramienta fundamental para proteger los ecosistemas forestales de Argentina. Sin embargo, advirtió que las actualizaciones en la provincia de Chaco hacen evidentes inconsistencias legales, técnicas y procedimentales en estos procesos.

Además, el experto detalló que los ajustes en los trámites administrativos violan principios ambientales clave, como los de no regresión -la imposibilidad de dar marcha atrás con una norma de protección ambiental- y progresividad -que implica la modernización y digitalización de trámites-, además de afectar directamente a las comunidades locales, especialmente indígenas, que habitan en estos territorios.

“Estas medidas representan un retroceso ambiental preocupante, ya que buscan habilitar el desmonte indiscriminado en un área clave para la biodiversidad. Con estos mecanismos se institucionaliza un incentivo perverso, promoviendo el negocio de la madera proveniente de desmontes ilegales. Todo esto implica un retroceso enorme para la protección de los bosques nativos chaqueños y consolida un modelo de explotación insostenible”, remarcó Nápoli.

El bosque chaqueño en riesgo

Chaco es una de las provincias argentinas más afectadas por la deforestación. En 2024 se perdieron casi 40 000 hectáreas de bosque nativo a pesar de las restricciones legales vigentes, de acuerdo con el monitoreo de la organización Greenpeace Argentina. Luego vino una baja considerable en las cifras que se debió a que la Justicia Federal de Chaco ordenó suspender los desmontes a mediados de 2024. Aún así, en 2025 se perdieron otras 17 000 hectáreas de bosque nativo en la provincia.

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En el estudio se destaca que las tácticas administrativas observadas en la provincia de Chaco guardan marcadas similitudes con procesos de erosión institucional documentados en la Amazonía brasileña y peruana, así como en el Cerrado, otro ecosistema boscoso clave de Sudamérica. Por ello, el caso chaqueño se posiciona como un modelo de estudio clave para comprender cómo se debilitan las políticas de conservación ambiental aun con marcos regulatorios vigentes, según detalló Mastrángelo.

El experto añadió que estos hallazgos adquieren especial relevancia en la coyuntura actual argentina, en la que se reactivan debates legislativos sobre reformas a la Ley 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental para el manejo sostenible y la conservación de los bosques nativos, y cuando varias provincias revisan sus ordenamientos territoriales para reducir las áreas protegidas de bosque.

“El estudio deja abiertos interrogantes centrales sobre el impacto real en la biodiversidad, la disponibilidad del recurso hídrico, las comunidades locales y la efectividad de los controles e incentivos financieros previstos por el Estado nacional”, dijo Mastrángelo.

Según la investigación, entre el 16 % y el 28 % de los permisos habilitaron la extracción de entre dos y tres veces la cantidad de madera que es posible extraer sosteniblemente. Ese excedente, dijo Mastrángelo, permite incorporar al circuito legal madera proveniente de zonas rojas o de desmontes sin permiso.

También aparecen las “autorizaciones especiales”, que permiten a empresas de carbón y tanino comprar madera de áreas desmontadas ilegalmente. En 2024, el 55 % de la madera extraída en la provincia del Chaco proviene de desmontes ilegales con este tipo de autorizaciones.

Según el estudio, las multas tampoco funcionaron como freno. En 2024, solo con la venta del quebracho colorado, un propietario pudo pagar la sanción y conservar una ganancia inmediata de 126.5 dólares por hectárea.

Ese mismo año, la provincia de Chaco modificó su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN): excluyó de estrictos controles 270 000 hectáreas desmontadas ilegalmente y redujo la protección de otras 220 000. Así, casi medio millón de hectáreas quedaron habilitadas para el desmonte.

REFERENCIAS

Mastrángelo, M.E., Aguiar, S. & Krause, V. Subnational mechanisms undermine transnational anti-deforestation policies. Nat Sustain (2026). https://doi.org/10.1038/s41893-026-01917-5

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Han pasado seis semanas desde que el doble terremoto de 7.2 y 7.5 grados de magnitud devastara Venezuela el 24 de junio. La última cifra oficial presentada el 3 de agosto por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, indica que han muerto 6125 personas, mientras que la cifra oficial de desaparecidos ofrecida por el gobernador de La Guaira –la zona más afectada por el doble sismo– José Alejandro Terán, habla de unas 1400 personas.

En medio del dolor y la destrucción y mientras los sobrevivientes siguen buscando a sus familiares enterrados bajo los escombros de las casas y los edificios colapsados, empiezan a surgir nuevas preguntas sobre los daños a largo plazo que podría dejar esta tragedia. El gobierno venezolano indica que al menos 190 edificios quedaron completamente destruidos. Además, 6433 viviendas fueron clasificadas como de alto riesgo y otras 9866 están bajo la categoría de uso restringido.

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La mayor devastación ocurrió en La Guaira, una ciudad costera ubicada a 30 minutos de Caracas. Aunque en la capital venezolana también colapsaron casas y edificios, los derrumbes en La Guaira destruyeron gran parte de la ciudad. Según un reporte elaborado por las Naciones Unidas a pocos días de ocurridos los sismos, los daños físicos directos en edificaciones e infraestructura alcanzaban aproximadamente 37 000 millones de dólares.

“Se vieron como nubes inmensas de polvo y, en el caso de La Guaira, mucho mayores porque la cantidad de edificaciones que colapsaron fueron muchas más”, dice Alejandro Álvarez, coordinador general de Clima21. “Esa cantidad de polvo puede producir daños a la salud humana y ambiental. No tenemos conocimiento ni referencia de que se esté haciendo alguna evaluación sobre esos daños para que se puedan hacer advertencias a la comunidad, sobre todo a las personas más vulnerables”, agrega Álvarez.

Tras el terremoto, las imágenes de La Guaira mostraban toneladas de cemento, fierros y otros materiales de construcción de los edificios caídos por toda la ciudad. Las fotografías y videos que han circulado tras los terremotos dejan ver una gran destrucción en la ciudad.

El gobierno de Delcy Rodríguez también ha informado que alrededor de 24 000 personas damnificadas permanecen en refugios temporales en Caracas y La Guaira, mientras continúan los trabajos de remoción de escombros y la búsqueda de desaparecidos.

El destino de los escombros

Las primeras semanas de julio empezaron a circular en redes sociales mensajes sobre el destino de la gran cantidad de escombros que había dejado la destrucción de la ciudad. “Desde el principio se vio que había camiones que estaban extrayendo el material de las grandes montañas de escombros y echándose directamente al mar”, comenta Álvarez sobre lo que se denunciaba en ese momento.

“Todos estos escombros que van saliendo, se van depositando en diferentes lugares, afectan la flora y la fauna de los ecosistemas en general. El daño mayor puede ocurrir si son echados al mar. Las grandes cantidades de sedimentos pueden destruir zonas donde hay especies que son importantes en la cadena alimenticia, en los sedimentos, pueden afectar zonas importantes de pesquerías”, comenta Álvarez y agrega que estos desechos pueden contener productos con algún tipo de elemento tóxico.

A la bióloga Mariana Hernández, investigadora doctoral en la Universidad de Manchester, en Inglaterra, le preocupa el destino de los desechos en La Guaira, sobre todo, si estos se depositan en la zona costera, debido a que “la energía de olas puede hacer que los escombros se rompan, se fragmenten y se descompongan rapidísimo”.

Para Hernández, el caso del plástico es grave por la problemática de los microplásticos. “Mientras más oleaje lo golpee, más rápido se va a ir descomponiendo en fragmentos pequeñitos, estamos hablando de mesoplásticos y microplásticos desde 5 milímetros hasta menos de un milímetro que ni siquiera podemos ver, pero que tienen impactos gravísimos”, comenta la experta sobre cómo los escombros que puedan llegar al mar terminan transformándose.

A la bióloga no solo le preocupan los microplásticos, sino también el resto de componentes de los escombros que ha dejado el derrumbe de decenas de casas y edificios. “Tenemos concreto, arena, ladrillos, materiales de construcción muy diversos. Metales; asbesto, que es muy preocupante; tuberías de PVC; pinturas con elementos pesados y, bueno, toda esta mezcla hace que el impacto ambiental sea muy fuerte, justamente porque se colocan en una zona donde las olas hacen que se rompa rápidamente”.

Hernández explica que cuando se arrojan escombros sobre un suelo marino se genera una especie de turbidez y oscuridad. “Cuando está muy turbio, se bloquea la luz y afecta a las especies que tienen branquias y que son filtradoras. Pero además tenemos la contaminación química y, como decía, los metales pesados de las pinturas y el asbesto me preocupa muchísimo”.

Otra preocupación son las pequeñas áreas de arrecifes de coral que hay en la zona de La Guaira, comenta Hernández, con especies de macroalgas, porque ninguna de estas especies “va a poder escapar del enterramiento y de la turbidez”. Los escombros que llegan al mar también afectarán erizos, caracoles, mejillones, bivalvos y todas las especies que forman parte de este ecosistema. “Es gravísimo porque va afectar los huevos y las larvas de los peces en una zona pesquera donde habitan especies de importancia para los pescadores para el país”.

“No es un impacto de hoy, sino es un impacto también para mañana, no es un ecosistema que se va a haber afectado a corto, sino más a largo plazo”, agrega Hernández.

Desde que se informó que los restos de los edificio se estaban depositando en la costa de La Guaira e incluso, arrojándose al mar, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, dijo que “bajo ningún concepto, ni a nosotros ni a los expertos internacionales que convocamos, se nos va a ocurrir lanzar los escombros de las edificaciones colapsadas al mar” y aseguró que las autoridades estudian mecanismos para clasificar y reutilizar más de un millón de toneladas de residuos.

El Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo de Venezuela también se pronunció ante las denuncias y a mediados de julio emitió un comunicado en el advirtió que tendrá “tolerancia cero” ante los vertidos ilícitos de escombros al mar. “Verter desechos sólidos, líquidos o cualquier sustancia contaminante en el mar o en espacios naturales es una actividad ilícita que conlleva sanciones que van desde multas hasta procesos penales, así como la obligación de restaurar los espacios afectados”, indicó en el comunicado.

En una reunión del ministro para el Ecosocialismo, Nelson Rodríguez, con representantes de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y del Equipo de Evaluación de Desastres y Coordinación de las Naciones Unidas (UNDAC) se definieron protocolos para la gestión técnica y segura de los escombros, especialmente en Caracas y La Guaira.

“La movilidad de escombro tiene que hacerse con mucho cuidado”, dice Gustavo Carrasquel, Director General de Azul Ambientalistas, una organización dedicada a la conservación de los océanos. “Se deben clasificar por tipo de material para posteriormente triturarlo, molerlo o transformarlo en otro tipo de materia prima que pueda servir nuevamente para la construcción, para algún tipo de infraestructura”.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (Semarnat), los escombros de los terremotos no se deben depositar en zonas de áreas naturales protegidas, barrancas, marismas, manglares, esteros, pantanos, humedales, estuarios, planicies aluviales, fluviales, recarga de acuíferos ni arqueológicas, y tampoco sobre cavernas, fracturas o fallas geológicas.

Semarnat también sugiere que estos desechos se deben ubicar a una distancia mínima de 500 metros de ríos, arroyos, lagos y lagunas. Además, se deben reciclar y, de ser posible, reutilizar los materiales en otras obras de infraestructura urbana, vial e hidráulica, así como en rellenos sanitarios y en la misma reconstrucción de las zonas de desastre.

Mariana Hernández menciona que si bien el gobierno venezolano ha asegurado que existe tecnología para reutilizar estos escombros, no confía en que esto se concrete. “No hay detalles sobre eso. Sabemos que para cosas mínimas como separación y reciclaje de residuos del día a día no existen los espacios por parte del gobierno, entonces es difícil imaginar que tenemos la tecnología y las condiciones para una emergencia y una situación de esta magnitud”.

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Los efectos del polvo

Una de las preocupaciones sobre los escombros del terremoto es sobre los efectos que pueda tener el polvo en la salud humana. “Estamos viendo familiares que están yendo a colaborar en la zonas de derrumbes con las labores de desescombrar y el polvo y todo lo que se levanta al quitar los escombros afecta, por ejemplo, a los asmáticos y estamos viendo reagudizaciones de asma y personas con problemas de bronco espasmo porque han aspirado el contenido del polvo”, señala Carmen Limiñana, médico de emergencias del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunidad Valenciana, quien viajó a La Guaira dos semanas después de los sismos.

Limiñana también señala que se están presentando “patologías crónicas reagudizadas” porque las personas que han perdido su hogar y sus pertenencias y que padecían alguna enfermedad crónica se quedaron sin tratamientos, sin el control de los sistemas sanitarios que también resultaron deteriorados. “Eso es lo que corresponde a estas etapas [de la emergencia]”, comenta.

A la bióloga Mariana Hernández le preocupa que las sustancias como el asbesto que se pueda encontrar como parte de los materiales de construcción también puedan significar un riesgo para la salud de quienes están en contacto con los escombros.

Sobre este tema, Damián Soriano García, ingeniero de edificación oficial del Servicio contra Incendios del Ayuntamiento de Albacete, en España, y Responsable de la Sección de Intervención en Catástrofes de Bomberos Sin Fronteras España, explica que el asbesto normalmente va asociado a elementos de hormigón que forman parte de productos prefabricados. Elementos usados para proteger las estructuras del fuego también pueden contener amianto o asbesto. “Antiguamente se aplicaba amianto a elementos de impermeabilización de cubiertas, placa de fibrocemento, incluso a tuberías”, explica el experto.

“Durante los trabajos de remoción de los restos de colapso o incluso de en fase de rescate de cuerpos, es necesario llevar un traje encapsulado, es decir, una protección exterior, un traje que podamos tirar y gestionar adecuadamente como residuo. También es importante la protección de manos, de cara, ojos y una máscara facial para no respirar las fibras” respirables de asbesto, aconseja Soriano.

El asbesto es un grupo de minerales en forma de fibras diminutas resistentes al calor y a muchas sustancias químicas. La exposición prolongada a estas fibras puede ocasionar problemas serios en los pulmones y causar cáncer, según la Agencia para el Registro de Sustancias Tóxicas y Enfermedades de Estados Unidos. Actualmente está prohibido en Venezuela pero sigue formando parte de las construcciones antiguas, como las que colapsaron con el terremoto.

“Para que haya asbestosis tiene que darse una exposición prolongada como ha ocurrido con la gente que trabaja en fábricas durante muchos años. En este caso, que es una exposición aguda, por tanto, una patología muy grave del asbesto no se va a producir”, asegura la médico Limiñana.

No obstante, el ingeniero y bombero Soriano advierte que es muy importante que las personas que estén en contacto con la gestión de los escombros de los edificios derrumbados “cuenten con equipo de protección individual para evitar la inhalación de esas fibras”. Sugiere también que el tratamiento de estos residuos se realice en una zona de acopio determinada con una gestión adecuada.

“La manipulación es peligrosa cuando se rompe una placa de fibrocemento con amianto o asbesto, por tanto, todos los equipos de protección personal que hayan estado en contacto con ese tipo de material tienen que ser también gestionados como residuos”, aclara Soriano.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Dos décadas después de que Chile suspendiera la pesca de arrastre de fondo en los montes submarinos del Archipiélago Juan Fernández, los ecosistemas todavía no muestran señales de recuperación. Las zonas arrastradas tienen marcas visibles de los masivos instrumentos de pesca, una pobre cobertura de corales milenarios formadores de hábitat y menor riqueza y diversidad de especies.

Estas son las principales conclusiones del artículo científico Impactos de la pesca de arrastre de fondo en la cordillera de Juan Fernández, publicado en la revista Deep-Sea Research Part I, en junio de 2026. Ignacio Petit lideró el estudio. Es científico de Oceana Chile e investigador asociado al Centro de Ecología y Manejo Sustentable de las Islas Oceánicas (ESMOI, por sus siglas en inglés) de la Universidad Católica del Norte.

“Este estudio nos da evidencia científica robusta de que el impacto es real, a largo plazo y que los ecosistemas destruidos no se recuperan fácilmente”, dice Felipe Paredes, director de políticas marinas de Oceana Chile sobre el trabajo de sus colegas.

La expedición Seamounts of Southeast Pacific, realizada en 2024, permitió recabar 56 horas de video de tres montes de Juan Fernández y compararlos con Solito, un monte submarino donde no existen registros de intervención. Para eso, se usó el vehículo operado remotamente (ROV) SuBastian, del buque de investigación R/V Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute.

“Fue bien contrastante no ver corales del tamaño que veíamos en Solito y ver un sistema más simple en cuanto a su estructura por carecer de las especies formadoras de hábitat”, describe Javier Sellanes, investigador del ESMOI, líder de la expedición científica y coautor del estudio.

En Juan Fernández se analizaron los montes JF1, JF2 y JF6, con datos de ubicación de arrastres históricos proporcionados por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) de Chile.

“Hay que reconocer el liderazgo de los científicos chilenos porque no es fácil sacar un estudio de alta complejidad académica donde intervienen actores institucionales, científicos, ONG, etc”, dice Renato Gozzer Wuest, ingeniero pesquero peruano.

Ecosistemas poco resilientes

Los montes submarinos son ecosistemas profundos, dominados por corales de aguas frías de lento crecimiento y “extremadamente frágiles”, detalla Petit. Se considera que están entre los organismos más antiguos del planeta. De acuerdo con el artículo, los corales negros del género Leiopathes y las esponjas de vidrio pueden vivir hasta por 2800 años y tomar siglos en recuperarse.

En medio del hábitat que conforman, viven estrellas quebradizas, langostinos endémicos y decenas de otras especies. Además de su gran biodiversidad, los montes submarinos se caracterizan por su endemismo, es decir, por tener especies únicas en el mundo. Las elevaciones también favorecen la conectividad en el océano. Especies altamente migratorias, como tiburones y ballenas, desarollan aquí diferentes actividades de su ciclo de vida, como reproducción y alimentación.

Por estas características, estos ecosistemas “son muy poco resilientes ante perturbaciones externas como las que causa la pesca de arrastre”, señala Sellanes.

La pesca de arrastre de fondo estaba dirigida a las pesquerías de orange roughy, también llamado reloj anaranjado, (Hoplostethus atlanticus) y alfonsino (Beryx splendens). Se inició en 1999 y operó durante cinco años, de acuerdo con los autores. Las pesquerías cerraron en 2006 debido a las bajas tasas de captura, luego de más de 500 kilómetros arrastrados en el área.

“Fue tal el nivel de sobreexplotación que cuando volvieron, ya no lo encontraron”, dice Paredes con respecto al orange roughy. La especie es muy demandada y de alto valor, pero se destinó principalmente a mercados internacionales. “Esta pesquería no iba a solucionar los problemas alimentarios de Chile”, resalta.

En 2012, el Congreso chileno prohibió la pesca de arrastre de fondo en 117 montes submarinos conocidos dentro de la Zona Económica Exclusiva. Solito no estaba en ese grupo porque no se conocía formalmente de su existencia. De hecho, su nombre no es oficial. Por eso, los autores recomiendan que se lo incorpore en algún esquema de protección.

Cicatrices en el fondo del mar

Las redes de arrastre son artefactos de fierro que pueden alcanzar varias decenas de metros de longitud, con largas cadenas que permiten llegar al fondo marino. “Esas cadenas, esos fierros, son los que destruyen. Es como un arado en el mar que rompe todo a su paso”, describe Paredes.

De los 277 cuadrantes analizados para el estudio, 47 mostraron evidencia del arrastre. “Las redes raspan la roca y queda con cicatrices”, dice Petit sobre lo que vio en los videos del ROV SuBastian. La profundidad promedio de los cuadrantes arrastrados fue de 544 metros, con registros de hasta 718 metros.

JF2 fue el monte más intensamente arrastrado, con 30 cuadrantes que mostraban afectaciones. Le siguió JF1, con 12 cuadrantes visiblemente afectados y una cobertura de sedimento blando superior al 50 %, bastante mayor que el resto de los sitios.

En Solito, donde no hubo intervención, la cobertura de sedimento blando fue más baja. Además, hubo más coral vivo formador de hábitat y una acumulación considerable de “esqueletos” del coral Madrepora oculata, lo que refleja la mortalidad natural ante la ausencia de daño mecánico.

Contrastes en la biodiversidad

Jan Maximiliano Tapia, coautor y especialista en taxonomía y ecología de la fauna del fondo marino, relata que al estudiar las zonas más profundas de Juan Fernández y del monte Solito observaron hábitats complejos. “Encontramos hábitat rocoso bastante heterogéneo, compuesto por paredes verticales, zonas de grandes corales, esponjas de cristal y todo lo que conlleva especies formadoras de hábitat, bastante críticas en este tipo de ambiente”, describe.

Después evaluaron las cimas de los montes submarinos, donde vieron diferencias importantes porque hasta allí, entre 500 y 700 metros de profundidad, llegaron las redes de pesca de arrastre a Juan Fernández.

En las zonas someras de Solito observaron alta cobertura de coral vivo, mayor complejidad de hábitat y una fauna abundante de corales, esponjas y crustáceos. Además, vieron mayor biomasa de invertebrados, incluyendo crustáceos de interés comercial como el cangrejo dorado (Chaceon chilensis) y la langosta de Juan Fernández (Projasus bahamondei). “Conservar los montes submarinos también contribuye a sostener las pesquerías artesanales de la zona”, asegura Sellanes.

En total, el equipo científico identificó 74 organismos distintos. La abundancia de estos grupos varió entre sitios. Los Cnidarios, que incluyen a los corales de aguas profundas, alcanzaron su mayor densidad en Solito y la más baja en JF1 y JF2.

Los artrópodos y las esponjas también fueron más abundantes en el monte no arrastrado. Donde hubo pesca de arrastre, los artrópodos fueron menos abundantes y las esponjas (Porífera) estuvieron casi ausentes.

Impacto Adverso Significativo

Los equinodermos –filo que agrupa estrellas, pepinos y erizos– mostraron el patrón inverso, con mayor abundancia en JF1 y JF2 y menor abundancia en Solito. Se identificó, principalmente, alta densidad del erizo Dermechinus horridus.

Los investigadores documentaron ejemplares juveniles de D. horridus aparentemente alimentándose de corales bambú (Keratoisididae) cerca de una zona arrastrada en JF2. Por eso, plantean la hipótesis de que la proliferación de este erizo en sustratos alterados podría estar retrasando aún más la recuperación de las colonias coralinas.

“Además de que estos corales son de tasas de crecimiento muy lenta, estos animales podrían estar provocando que la recuperación sea muchísimo más lenta que lo normal y podría darse a una escala temporal humana no visible”, explica Petit.

“[Los hallazgos son reveladores porque] muchas veces se piensa que basta dejar descansar los hábitats de fondo para que regresen las comunidades que vivían antes de la actividad antrópica. Todo lo contrario, un hábitat que está sentido puede ser aprovechado por otra especie”, dice el ingeniero Gozzer Wuest.

Los autores señalan que especies milenarias como los corales negros y las esponjas de vidrio se reproducen cada cinco o 10 años y pueden tardar entre 20 y 40 años en recuperarse. Estas características limitan aún más su capacidad de repoblar zonas degeneradas.

El estudio concluye que los montes de Juan Fernández han sufrido un Impacto Adverso Significativo. Es un criterio establecido en las Directrices Internacionales para la Ordenación de las Pesquerías de Aguas Profundas de la FAO (2008) que se aplica cuando existen daños que superan un tiempo de recuperación de 20 años.

Montes y cordilleras por proteger

Mientras los montes de Juan Fernández están dentro de áreas marinas protegidas, Solito no cuenta con ningún estatus de protección. La elevación está ubicada a unos 600 kilómetros al norte del archipiélago, en la ecorregión Desventuradas.

“Todavía hay montes prístinos alrededor del área, que sigue siendo inexplorada, nos motiva a seguir explorando”, dice Tapia. “Si no hay manejo adecuado en las pesquerías, esto puede repercutir por años, como ocurrió en Juan Fernández”, agrega.

Los autores recomiendan implementar medidas de manejo espacial para proteger a Solito de futuros impactos antropogénicos, incluyendo su eventual incorporación a instrumentos de conservación existentes.

En el caso de los montes de Juan Fernández, recomiendan establecer un programa de monitoreo de largo plazo para evaluar la recuperación y sucesión de especies. “Debemos volver en 15 o 20 años más para ver si hubo recuperación”, sugiere Tapia. Solito podría servir como sitio de referencia para comparar la recuperación de los montes afectados.

Petit resalta que los impactos vistos en los montes submarinos son similares a los que sufren otros ecosistemas chilenos en donde se realiza pesca de arrastre. Por eso, Oceana buscó en el pasado prohibir este tipo de pesca, pero no fue posible. No obstante, ahora buscan que no se expanda a otras zonas.

Además, buscan que se protejan montes submarinos fuera de Chile. “Usamos este ejemplo como proxy para conversar sobre los riesgos de la pesca de arrastre en lugares como las cordilleras submarinas Salas, Gómez y Nazca [en altamar]”, dice el líder de la investigación. Detalla que flotas internacionales pescan en esa zona altamente vulnerable.

Para conseguirlo, Oceana está trabajando junto a la comisión científica de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur (SPRFMO, por sus siglas en inglés) en el levantamiento de información sobre las dorsales para prohibir la pesca de arrastre en el fondo y en la columna de agua de las dorsales, dice Paredes. Además, en el futuro se apunta a declararlas área marina protegida, bajo el Tratado de Altamar.

REFERENCIA

Petit, I., Tapia-Guerra, J. M., Gaymer, C. F., Sellanes, J., Castro-Contreras, M., Gallardo, M.-A., Easton, E. E., Watling, L., & Payá, I. (2026). Impacts of bottom trawl fishing in the Juan Fernández ridge, Chile. Deep-Sea Research Part I, 230, Artículo 104723. https://doi.org/10.1016/j.dsr.2026.104723

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Algunos de los lugares más impresionantes del mundo son custodiados por guardaparques. Con su labor protegen selvas, manglares, páramos, pampas, humedales y paisajes antárticos. Del buen funcionamiento de esos ecosistemas y del mantenimiento de la biodiversidad dependen los servicios ambientales como el aire puro, el agua fresca o la polinización de alimentos. Por eso, desde 1992, el 31 de julio se celebra el Día Internacional de las y los Guardaparques.

Latinoamérica representa solo el 16 % de la superficie global, pero alberga cerca del 40 % de la biodiversidad del planeta, de acuerdo con datos del Grupo del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sin embargo, en varios países se reportan recortes presupuestarios para las áreas protegidas y los guardaparques. También es una región amenazada por el narcotráfico, la extracción legal e ilegal de recursos y la inequidad de género.

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En este contexto trabajan hombres y mujeres que se enamoraron de la naturaleza y se comprometieron con cuidarla a pesar de que el oficio de guardaparques no sea siempre reconocido.

Mongabay Latam habló con tres guardaparques de la región que enfrentan diferentes retos. En el Parque Nacional Natural La Paya, en Colombia, Hernán Chilito insiste en lo fundamental de trabajar con las comunidades locales para fortalecer los objetivos de conservación.

En el Parque Nacional Yasuní, en Ecuador, Tanya Villalba demuestra que una mujer puede liderar el área protegida más grande del territorio continental, la cual también atrae gran atención internacional por su gran diversidad biológica y cultural.

Desde el Parque Nacional El Palmar, en Argentina, Facundo Alcalde apunta a la sostenibilidad financiera del área protegida a través del incremento de las visitas y el turismo sostenible, siempre con base en datos científicos y la precaución.

Colombia: Hernán Chilito busca reconstruir las relaciones con las comunidades

Cuando el guardaparque Hernán Chilito llegó al Parque Nacional Natural La Paya en 2016, la relación entre la institución de Parques Nacionales y las comunidades campesinas “era muy débil”, asegura. En décadas pasadas, se había realizado una negociación para que 68 familias que habitaban dentro del parque salieran a cambio de acuerdos con diferentes instituciones donde se pagaron los cultivos, predios y mejoras. Pero el Estado quedó en deuda con otros acuerdos, como el de vivienda y el de tierras por diferentes complejidades en los procesos.

“Con Parques Nacionales se buscó encontrar alternativas y soluciones”, dice el experto en el uso, ocupación y tenencia con comunidades campesinas en parques naturales. Después de varios procesos infructuosos, consiguieron implementar proyectos productivos sostenibles para la seguridad alimentaria. También les entregaron árboles frutales de la Amazonía colombiana, incluyendo cacao maraco y chontaduro.

Luego, la Asociación Astracam planteó la necesidad de conocer los límites del parque. Se creía que 27 veredas estaban dentro, pero después de hacer reconocimientos, descubrieron que solo 80 familias estaban al interior y otras estaban sobre los bordes.

La Paya es un parque azotado por el narcotráfico. Sin embargo, mientras avanzaban los diálogos de paz, los guardaparques continuaban con sus acciones. Hasta que en 2019 llegó la cuestionada Operación Artemisa. Esta avanzada militar buscaba controlar la deforestación, pero en la zona dejó viviendas quemadas, 27 familias afectadas y siete familias judicializadas. Los grupos armados que operan en la región asociaron el despliegue a Parques Nacionales, convirtiendo a sus guardaparques en objetivo militar.

Los funcionarios no pudieron trabajar con las comunidades hasta 2023, cuando la comunidad El Triunfo quiso retomar el trabajo de precisión de límites. También hubo un acercamiento con comunidades de Mecaya y Sencella, pero los grupos armados no lo permitieron. Con El Triunfo se plantearon acuerdos de trabajo para resarcir las relaciones entre la comunidad y Parques Nacionales, incluyendo acompañamiento psicológico para las familias y acuerdos de convivencia.

El guardaparques destaca los avances en restauración ecológica participativa, construcción de la casa comunal, implementación de seis viveros transitorios e inicio del proceso para la compra de cinco fincas que están dentro del parque. “El otro logro que se obtuvo es el establecimiento de la confianza de la comunidad y la institución y el trabajo articulado entre las dos partes, es muy difícil de lograr, pero lo logramos”, resalta.

“Yo soy parqueano de corazón”, dice y añade que le gusta mucho el trabajo para el que se ha especializado, uno que combina lo social con lo ambiental.

Ecuador: Tanya Villalba alza la voz contra los micromachismos

Para las mujeres guardaparques en Ecuador, no es poco común que sus compañeros las subestimen. Aunque no lo hacen de manera frontal, frases como “mejor quédate cocinando”, dejan claros sus pensamientos. “Esto recae en sentir que como mujer estás solo para cocinar y barrer”, dice Tanya Villalba, guardaparque encargada de la administración del Parque Nacional Yasuní. “Eso repercute porque al final sientes que no tienes las mismas oportunidades”, agrega.

En la campaña “Eso que dices sí importa”, la organización Wildlife Conservation Society recoge 10 frases para identificar y evitar micromachismos en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Los testimonios de las guardaparques revelan que sus compañeros sugieren a través de palabras sutiles que las mujeres no pueden ser brigadistas contra el fuego, que solo son buenas para realizar actividades de oficina o que consiguieron el puesto a través de favores sexuales.

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Funcionarias como Villalba demuestran lo equivocados que están. Antes trabajó en atención al usuario en las ventanillas provinciales del Ministerio de Ambiente y cuando tuvo la oportunidad de convertirse en guardaparque, el cambio fue radical. Su turno de 20 días empezó a finales de año. Mientras en gran parte del planeta las familias se reunían por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, ella y sus colegas estaban incomunicados en medio de la selva.

Extrañaba a su familia, pero decidió quedarse cuando atestiguó escenas que normalmente se ven solo en portadas de libros. Aún recuerda una de las especies que vio por primera vez. En un sendero despejado y bajo los rayos del sol, un árbol caía en diagonal. Al acercarse descubrió que una boa grande y pesada que dormía en el tronco había provocado la inclinación. “Esto es lo que enamora a los turistas”, afirma sobre lo maravilloso de la escena.

Aprendió a planificar sus actividades y equipaje para los 20 días en el campo, vivir en campamentos, hacer control y vigilancia, registrar y muestrear fauna, entre otros. “Ha sido un aprendizaje constante”, admite y cree que ser proactiva le permitió llegar a la administración hace año y medio.

Con más de un millón de hectáreas de superficie, actividad petrolera, al menos dos pueblos indígenas y pueblos en aislamiento voluntario en el interior del parque, su administración es un reto. A eso se suma la falta de recursos y personal. A pesar de eso, y de amenazas relacionadas a la extracción ilegal de recursos madereros y auríferos, Villalba ha liderado proyectos de gobernanza participativa y gestión pesquera para fortalecer la protección del área protegida.

Villalba cree que así como ella, otras directoras de áreas protegidas y las guardaparques demuestran que son capaces de hacer trabajo duro y técnico. Cree que esto tiene el efecto de cambiar las actitudes de los hombres. “Es buscar la equidad de hombres y mujeres, que tengan las mismas oportunidades”, afirma.

Argentina: Facundo Alcalde apuesta al turismo para la conservación

De Iguazú a la Antártida, el guardaparque Facundo Alcalde se ha dejado impresionar por la naturaleza argentina durante los últimos 20 años. Ha caminado en medio de la calurosa selva de Misiones por hasta dos días sin encontrar agua, cóndores han volado a pocos metros de su cabeza en la Patagonia y ha visto hasta la humedad del ambiente convertirse en cristales de hielo al sur del continente. “No lo cuento como algo traumático, sino como experiencia de vida, como algo que me sirvió, como algo enriquecedor”, dice.

Aunque en Argentina los guardaparques se forman en una escuela de dos años y después se van especializando a lo largo de su carrera, asegura que todos deben tener una característica en común: “Estar preparados para adaptarse a los cambios y a las diferentes funciones”.

En el Parque Nacional Nahuel Huapi trabajó en proyectos de reconversión productiva con comunidades mapuches y criollas. Después, pasó por el Parque Nacional Iguazú, el más visitado de Argentina, con hasta 13 000 personas por día en los picos de Semana Santa. En 2022 sumó 14 meses en la base Orcadas, en la Antártida, a cargo de un laboratorio interdisciplinario con 13 proyectos de investigación.

Luego de trabajar un año en la Dirección de Coordinación Operativa en Buenos Aires, asumió la intendencia del Parque Nacional El Palmar. Esta área protegida, donde se protegen 8200 hectáreas de las ecorregiones Espinal y Pampa con humedales de importancia internacional, es la sexta más visitada del país.

Como especialista en turismo sostenible, está impulsando un plan para mejorar la calidad de la infraestructura y los servicios con el objetivo de aumentar la recaudación propia sin afectar el ambiente. Según Alcalde, el parque cubría el 20 % de su presupuesto operativo al inicio de su gestión, en agosto de 2024. El porcentaje subió a 30 % en 2025 y para fines de 2026 se plantea superar el 40 %.

Para el guardaparque, la conservación y el turismo no son incompatibles. Reconoció que los extremos, tanto el turismo desregulado como el conservacionismo estricto, pueden generar impactos negativos, ya sea ambientales o económicos. Por ahora, trabaja con base en la ciencia, ajustando los procesos a medida que aumentan las visitas y buscando que haya cada vez más eficiencia para que el trabajo de sus colegas se concentre en la protección de la naturaleza.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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