Cada 14 de julio, conservacionistas y científicos del mundo invitan a detenerse un momento para pensar en unos animales que rara vez inspiran ternura, pero que sostienen el equilibrio de los océanos desde hace más de 400 millones de años. Es el Día Mundial de los Tiburones, una fecha creada para recordar algo que la ciencia repite desde hace décadas: sin depredadores tope, los ecosistemas marinos se desmoronan. Y sin embargo, más de un tercio de las especies de tiburones y rayas del planeta están amenazadas de extinción, según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). La mayoría es víctimas de la pesca —dirigida o incidental—, que no da tregua.

En América Latina, son numerosos los ejemplos donde la ciencia ha emprendido una carrera contra el tiempo para intentar comprender y proteger a estos animales antes de que sea demasiado tarde. En Galápagos, Ecuador, un estudio le pone precio a la industria del turismo de tiburones para desafiar a la presión pesquera que desde hace años intenta legalizar un método de pesca que pondría en riesgo a los tiburones. En el Golfo de California, México, un corredor migratorio empieza a mapearse de la mano de los propios pescadores para convertirse en área protegida. Y en Argentina, transmisores satelitales están revelando los movimientos de un primitivo tiburón.

Mongabay Latam conversó con los científicos detrás de estas tres historias. Esto es lo que están descubriendo.

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Ecuador: el avistamiento de tiburones en Galápagos gana puntos contra la pesca ilegal

Desde hace años el sector pesquero artesanal de la Reserva Marina de Galápagos presiona para legalizar el palangre, una línea con cientos de anzuelos prohibida en el área desde el año 2000. El argumento de ciertos pescadores es que el uso del palangre les permitiría acceder a especies de alto valor destinadas a la exportación. Para científicos y conservacionistas, en cambio, el palangre representa una grave amenaza: engancha todo lo encuentra en su camino, incluyendo a los tiburones amenazados de extinción que, justamente, son parte de la razón de ser del área protegida. La discusión ha vuelto una y otra vez, pero los científicos de la Fundación Charles Darwin están inclinando la balanza a favor de la conservación. Sus datos demuestran que el avistamiento de tiburones deja ganancias en el archipiélago que sobrepasan con creces las que pudiera dejar la pesca ilegal con palangre.

Un equipo de científicos liderados por Gabriel Vianna, coinvestigador principal del Programa de Ecología y Conservación de Tiburones de la Fundación Charles Darwin, calculó que el turismo de avistamiento de tiburones generó, en 2023, un impacto económico de 76 millones de dólares en Galápagos —cerca del 15 % de toda la economía del archipiélago— y sostuvo directamente unos 1900 empleos.

El tiburón martillo común (Sphyrna lewini), la estrella de esa industria, aportó 14.6 millones de dólares, 30 veces más de lo que llegó a generar la captura de esta especie a nivel nacional, antes de que su comercialización se prohibiera en 2020. El tiburón ballena sumó otros 5.1 millones en apenas seis meses de temporada. Son los primeros datos que ponen a Galápagos entre las industrias de buceo con tiburones más grandes del mundo.

Según la investigación, la pesca dirigida a los tiburones en las décadas de los 90 y 2000 dio lugar a capturas anuales estimadas entre 63 000 y 405 000 tiburones solo dentro de la reserva, creada en 1998. “Esas capturas generaron ingresos netos anuales en Galápagos de entre 0.6 y 9.4 millones de dólares entre 2000 y 2005”, indica el estudio. Considerando la inflación, los científicos calculan que la pesca ilegal de tiburones en Galápagos, de haber continuado a esa misma escala, habría generado aproximadamente 7.5 millones de dólares en 2023. Esa cantidad representa solo el 15 % de los ingresos generados por el turismo de observación de tiburones en el mismo año.

El porcentaje real, sin embargo, sería mucho menor, dado que los niveles actuales de pesca ilegal de tiburones son mínimos en comparación con las décadas anteriores. Y es que no hay que olvidar que “a principios de la década de 2010, la caída de los precios de las aletas en el mercado negro, junto con las mejoras en la vigilancia y la aplicación de la ley, provocó un importante descenso de la pesca artesanal ilegal de tiburones dentro de la Reserva Marina de Galápagos”, señala el estudio.

En todo caso, estas cifras calculadas por los científicos de la Fundación Charles Darwin son la pieza que le faltaba a la discusión sobre el palangre. Otra investigación liderada por Vianna y publicada en la revista Marine Policy concluye que el uso sostenible de los recursos marinos es esencial para mantener los medios de vida en Galápagos, incluyendo los de los pescadores. Y es que el turismo consume el 70 % de la producción pesquera artesanal local, “así que los mismos pescadores terminan beneficiándose de que los tiburones sigan vivos”, dice Vianna.

Abrir una pesquería artesanal de palangre para exportación, en cambio, tendría costos sociales, económicos y ambientales mucho mayores que sus beneficios, costos que terminarían pagando otras industrias, el Gobierno y las comunidades locales.

“No se trata de ponerle precio a la vida de un animal”, señala Vianna a Mongabay Latam. “Deberíamos conservar porque los animales tienen su derecho de existir”, agrega. El problema, indica, es que “la conservación en base a ese argumento perdió”. De hecho, “las poblaciones de tiburones están entre 30 % y 40 % —tal vez entre 20 % y 40 %— de lo que eran hace 50 años. Tenemos que tener argumentos más efectivos”, explica.

México: pescadores y científicos buscan proteger un corredor marino clave para los tiburones

Entre Loreto y Los Cabos, en el suroeste del Golfo de California, hay una autopista submarina que nadie ve desde la superficie. Es un corredor migratorio que conecta islas y montañas submarinas, por el que se mueven numerosas especies marinas, entre ellas tiburones. James Ketchum, cofundador de la organización Pelagios Kakunja, lleva más de una década documentando esos movimientos.

La especie emblema es el tiburón martillo común, Sphyrna lewini, famoso por formar los grandes cardúmenes que en los años 90 era posible ver en el Golfo de California. “Lo que estamos haciendo es tratar de recuperar esos grandes cardúmenes que vimos en su tiempo y que básicamente desaparecieron”, dice Ketchum.

El corredor cumple varias funciones para la especie: es zona de alimentación, de reproducción, de descanso y de limpieza. Además, al estar conectado con las zonas costeras de crianza, el corredor es un espacio de tránsito para las hembras que van a parir cerca de la costa.

Lo que distingue a este proyecto es quiénes lo están construyendo. Desde el inicio, casi todo el trabajo de Pelagios Kakunja se ha hecho de la mano de pescadores artesanales locales, comunidades con más de 100 años pescando en estos mismos bajos con piola y anzuelo. Son ellos quienes conocen cada roca submarina y quienes han llevado a los investigadores a los sitios exactos donde han podido capturar y marcar a los animales. Muchos de esos pescadores fueron tiburoneros hasta hace pocos años; dejaron de serlo ante la escasez de animales y la caída del precio de la aleta a un tercio de lo que valía. Hoy se dedican a la pesca de escama —como pargos o cabrillas — en las mismas montañas submarinas donde antes buscaban tiburones.

Con algunos de ellos Ketchum y su equipo ya probaron que la transición hacia otras actividades productivas funciona. En el Parque Nacional Archipiélago Espíritu Santo, que es parte del corredor migratorio, Pelagios Kajunja financió hace unos años una embarcación para que un grupo de pescadores extiburoneros hiciera vigilancia en el área marina protegida, particularmente en el Bajo de Espíritu Santo donde está prohibido pescar con redes y otras artes de pesca consideradas de impacto. Este año, esos mismos pescadores comenzarán a ofrecer turismo de avistamiento de tiburones y fauna marina. El problema es que la protección que existe en Espíritu Santo se detiene en la frontera invisible del parque nacional.

Por ejemplo, a solo 20 millas al norte, en un islote llamado Las Ánimas, no existe ninguna protección ni regulación, excepto la veda de tiburones y rayas que dura tres meses. “Las Ánimas es un área abierta a la pesca”, indica Ketchum. El problema es que los tiburones martillos que nadan protegidos en Espíritu Santo se mueven hacia allí, donde barcos industriales que utilizan redes de cerco se aproximan a pescar, explica el científico. “Tiran sus grandes redes y sacan de todo, incluido los tiburones. Están básicamente acabando con lo que queda”, señala Ketchum.

El corredor marino que se quiere proteger —y que es al mismo tiempo una de las Áreas Importantes para Tiburones y Rayas (ISRA) reconocidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza— cubre justamente esos vacíos. La iniciativa, sin embargo, deberá nacer de los pescadores para que pueda ver la luz. “Para que este corredor marino se pueda conservar y proteger, se tiene que involucrar a los pescadores desde un inicio y sean ellos quienes busquen las mejores herramientas para su conservación y manejo”, dice Ketchum.

Científicos empiezan a desentrañar los misterios del tiburón gatopardo en Argentina

Durante décadas, lo que se sabía sobre el tiburón gatopardo —Notorynchus cepedianus, uno de los depredadores más grandes del mar argentino— era un rompecabezas armado con piezas sueltas: reportes de pesca deportiva, desembarcos ocasionales, observadores a bordo de barcos industriales. Nadie tenía un mapa real de por dónde se movían. Ahora, gracias a transmisores satelitales ese mapa empieza a dibujarse.

El gatopardo tiene una anatomía que delata su antigüedad evolutiva: una sola aleta dorsal, siete hendiduras branquiales en lugar de las cinco habituales y una mandíbula de articulación primitiva. Es uno de los tiburones de mayor tamaño que se pueden encontrar en en la Patagonia argentina —las hembras llegan a medir hasta 2.68 metros— y lo que es más sorprendente: este tiburón podría ser, incluso, un depredador tope más relevante que la propia orca (Orcinus orca).

Nelson Bovcon, investigador del Instituto Multidisciplinario para la Investigación y el Desarrollo Productivo y Social de la Cuenca Golfo San Jorge (IIDEPyS-GSJ) y del Instituto de Hidrobiología de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, forma parte del equipo que este año, en colaboración con la Universidad Provincial del Sudoeste y Rewilding Argentina, colocó ocho transmisores satelitales en ejemplares capturados en Caleta Malaspina, Chubut, y en Cabo San Antonio, provincia de Buenos Aires.

La técnica de marcado es artesanal. Dado que estos animales nadan muy cerca de la costa, los pescan con caña apenas unos pocos metros desde la playa, meten al animal en escasos centímetros de agua para inmovilizarlo sobre una camilla y en menos de dos minutos lo miden, lo sexan y lo liberan. “Nadan tan cerca de la costa que a veces los agarramos de la cola y los sacamos hacia fuera. De noche escuchas los coletazos; con la linterna ves el brillo de los ojos. Es increíble la cantidad que suele haber”.

Los datos que empezaron a llegar confirmaron los movimientos de estos animales para entender cómo ocupan el territorio marítimo. Todos los ejemplares monitoreados se movieron hacia el norte y al menos una hembra recorrió, casi en línea recta, la distancia completa entre Chubut y la provincia de Buenos Aires. Otro ejemplar nadó 300 kilómetros de ida y vuelta entre Caleta Malaspina y el Golfo Nuevo en un mismo verano. Los hallazgos también están apuntando hacia la posibilidad de que estos animales no nadan siempre pegados al lecho marino como se pensaba, sino que ocupan toda la columna de agua, aunque esto sigue siendo una hipótesis.

El gatopardo está clasificado como Vulnerable por la UICN, aunque Bovcon aclara que esa categoría es, sobre todo, precautoria: es una de las pocas especies cuyo esqueleto no se calcifica, así que no hay forma de determinar con certeza la edad de un ejemplar ni, por lo tanto, cuántas camadas puede llegar a tener en su vida. Lo que sí hay son testimonios de pescadores que documentan una reducción de la población en las últimas tres generaciones. Además, “se conocen matanzas importantes en la década de los 80 y 90. Iban pescando y mataban de a 15, 20 ejemplares. Era algo anecdótico”, cuenta Bovcon.

La amenaza hoy no es tanto la pesca dirigida —nadie sale a buscar gatopardos— sino la incidental. De hecho, aparecen con frecuencia en las redes agalleras costeras de Buenos Aires que los pescadores instalan para capturar otras especies.

La función del gatopardo en el ecosistema, así como la de todos los tiburones, es indelegable. Al ser depredadores topes, regulan las poblaciones de otras especies marinas y garantizan el equilibrio de la cadena alimenticia. Aunque son numerosas las preguntas que aún permanecen sin respuesta para entender a esta enigmática especie, conocer sus movimientos es el primer paso para protegerla.

El artículo original fue publicado por Michelle Carrere en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Los incendios forestales no solo destruyen bosques y fauna. También alteran la calidad del agua de ríos y arroyos. Un estudio analizó el impacto de las quemas ocurridas en 2021 en la región de Chubut, en el sur de Argentina, y detectó cambios en nutrientes, turbidez y composición química en arroyos de montaña. La investigación se centró en cuatro arroyos, donde se identificaron concentraciones de fósforo que llegaron a ser 17 veces superiores respecto de arroyos no afectados por los incendios.

La investigación fue realizada por un equipo de investigación del Centro de Investigación Esquel de Montaña y Estepa Patagónica (Ciemep) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), en colaboración con investigadoras del laboratorio de Química de la empresa INVAP. El estudio incluyó el análisis de la dinámica de nutrientes de arroyos de cuencas quemadas durante 28 meses posteriores al incendio de 2021.

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Esta investigación destaca la importancia de comprender los efectos del fuego sobre ríos y arroyos de cabecera. Para evaluar los efectos del fuego, el equipo comparó cuatro arroyos afectados por las quemas con otros cuatro cursos de agua de características similares que no habían sido alcanzados por las llamas.

Yanina Assef, bioquímica, farmacéutica y doctora en el área de Ciencias Fisiológicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) es una de las autoras del estudio. La experta, en contacto con Mongabay Latam, afirmó que el incendio forestal de 2021 se originó cerca de las localidades de Las Golondrinas y El Hoyo, en la provincia del Chubut, y afectó más de 13 000 hectáreas de bosque de la Patagonia. Assef dijo que estas quemas provocaron importantes pérdidas ambientales, incluyendo extensas áreas boscosas y fauna silvestre, pero también afectó los cuerpos de agua cercanos.

“Todos los efectos [post incendios] pueden tener consecuencias sobre los ecosistemas acuáticos tanto inmediatas como a largo plazo. Por ejemplo, la intensa escorrentía de sedimentos puede tener graves consecuencias para la biota fluvial, incluyendo peces, macroinvertebrados y perifiton [una compleja comunidad de microorganismos]”, detalló Assef. La experta añadió que los aumentos de temperatura que pueden observarse como consecuencia de la reducción de la sombra por las riberas quemadas también pueden tener efectos negativos sobre estas comunidades acuáticas.

“Y el aumento de nutrientes, como fósforo y nitrógeno, puede favorecer un crecimiento excesivo de algas y bacterias, alterando el equilibrio del ecosistema y pudiendo afectar toda la cadena trófica”, dijo Assef.

La investigadora detalló que, durante este período inicial, las concentraciones de fósforo en los arroyos estudiados llegaron a ser hasta 17 veces más altas que las de los cauces donde no hubo afectaciones por los incendios. “Posteriormente, a medida que los niveles de fósforo comenzaron a disminuir, observamos un aumento sostenido y muy importante de los compuestos nitrogenados, especialmente de los nitratos, una tendencia que se mantuvo hasta el final del estudio”, resaltó Assef.

Según el estudio, el crecimiento de nitratos tras un incendio implica una alteración severa del ciclo del nitrógeno en el suelo. Se manifiesta a corto y mediano plazo debido a la rápida descomposición de restos orgánicos, la muerte de microbios y la acción de bacterias nitrificantes sobre el amonio liberado por el fuego. Los nitratos son altamente solubles. Tras las lluvias, son arrastrados fácilmente hacia ríos o acuíferos.

Hallazgo de metales pesados

El estudio también detectó un incremento inicial de algunos metales pesados, incluso en zonas no alcanzadas directamente por el fuego. Los investigadores explicaron que esto podría estar relacionado con el transporte de partículas generadas por la combustión a través del viento.

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“Además del fósforo, que aumenta inmediatamente después del incendio junto con los sedimentos transportados por la corriente de agua, se notan aumentos muy importantes en el nitrógeno -amonio y nitratos y nitritos-. Estos compuestos nitrogenados aumentan luego de uno o dos años de ocurrido el incendio, no inmediatamente”, resaltó a Mongabay Latam Cecilia Brand, bióloga, doctora en Ciencias Naturales, docente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y miembro del Centro de Investigación Esquel de Montaña y Estepa Patagónica (Ciemep) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

La experta, que también es una de las autoras del estudio, dijo que detectaron también alteraciones de las condiciones fisicoquímicas -sólidos transportados, conductividad, deposición de sedimentos y concentración de nutrientes- y, luego, que estos cambios alteran los organismos vivos del ecosistema, principalmente microorganismos e invertebrados.

La bióloga detalló que estos cambios pueden generar consecuencias a largo plazo sobre los ecosistemas acuáticos, al modificar las cadenas alimentarias y afectar potencialmente la calidad del agua destinada al consumo humano. Además, remarcó que el monitoreo permanente de ríos y arroyos resulta fundamental para detectar impactos ambientales y desarrollar estrategias de conservación frente al avance de los incendios forestales.

“Las poblaciones que viven en zonas que han sufrido incendios forestales, en general ven comprometidas sus fuentes de agua. Suelen ser zonas rurales que tienen tomas de agua superficial en arroyos. En estos casos, es importante tomar conocimiento de lo que atraviesa el arroyo hasta el punto de la toma de agua”, dijo Brand. La bióloga añadió que los efectos pueden ser inmediatos, como sedimentación o colmatación de filtros, que son muy evidentes, pero otros como el aumento de nutrientes, que resulta en crecimiento de bacterias y algas, son menos evidentes y requieren análisis específicos.

Agua para consumo humano bajo observación

La principal recomendación que lanza Brand para quienes consumen agua de arroyos que drenan zonas incendiadas es que se pueden observar aumento de bacterias desde los primeros meses posteriores al incendio hasta años después. “Sería importante que se realicen análisis periódicos para detectar la presencia de bacterias y en lo posible tomar precauciones antes de consumirla”, dijo.

“Más allá de eso, es importante preservar los ecosistemas acuáticos hasta su recuperación después de un incendio. En este sentido, recomendamos no intensificar otras actividades que también puedan ocasionar aumentos en nutrientes, por ejemplo, desagües cloacales y pastoreo intensivo, ya que pueden agravar la situación en ríos y arroyos”, resaltó Brand.

Mientras, Assef destaca que, si bien la magnitud y la duración de estos efectos dependerán de las características de cada cuenca, como el tipo de suelo, el clima y la hidrología, es esperable que se observen respuestas similares en otros ecosistemas de la región afectados por incendios.

“Lamentablemente, dos importantes incendios ocurridos en el Parque Nacional Los Alerces durante los veranos de 2024 y 2026, generaron una nueva oportunidad para ampliar este trabajo e incorporar otras cuencas a nuestros estudios”, dijo Assef. La experta agregó que esta investigación se encuentra actualmente en curso y permitirá evaluar si los patrones observados hasta ahora se repiten en distintos ambientes, además de mejorar la comprensión sobre los efectos y la recuperación de los ecosistemas acuáticos después de grandes incendios en Patagonia.

Un problema ambiental poco estudiado

El estudio remarca que, aunque los incendios forestales representan uno de los principales disturbios que afectan a la región de la Patagonia y provocan severas consecuencias sociales, económicas y ambientales, el impacto de estos eventos sobre la calidad del agua sigue siendo un aspecto poco estudiado, tanto en la Patagonia como en Argentina en general.

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“Iniciamos el trabajo de campo en junio de 2021, apenas dos meses después de que el incendio fuera extinguido, y desde entonces hemos mantenido un monitoreo continuo que se extiende hasta la actualidad, aunque el artículo publicado muestra resultados de los primeros tres años”, explicó Assef.

Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina y quien no participó del estudio, explicó a Mongabay Latam que cuando existen incendios se pierde la cobertura vegetal, lo que conlleva al aumento de la erosión del suelo, lo que, a su vez, aporta mayor cantidad de sedimentos a los arroyos, quebradas y ríos. Además, dijo que las quemas provocan aumentos de bacterias y eso perjudica a las comunidades ribereñas.

“Hay una sobrecarga de nutrientes –fósforo, nitrógeno y potasio- que quedan expuestos en el suelo y con las lluvias y el viento pueden llegar a los cuerpos de agua, lo que aumenta la hiperfertilización. Eso genera cambios en la microbiota de las aguas”, dijo Jaramillo.

El director general de la ONG añadió que los efectos de los incendios forestales en los ecosistemas acuáticos de la región patagónica varían según la extensión y la severidad del fuego, las dimensiones del arroyo, la topografía y el tipo de cobertura vegetal. Agregó que los incendios más recientes, como los que ocurrieron en el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, en 2024 y 2026, sugieren la oportunidad de continuar estudios.

Afectación severa

Desde Bolivia, Mónica Guzmán Rojo, hidrogeóloga con doctorado en Ciencias de la Ingeniería por la Vrige Universiteit Brussel. profesora e investigadora de la Universidad Católica Boliviana (UCB), sede Santa Cruz de la Sierra, afirmó a Mongabay Latam que los incendios forestales destruyen la capa vegetal, lo que aumenta la degradación de suelos y provoca inundaciones y erosión de la tierra.

“Al no haber capa vegetal, ésta no actúa como filtro y el agua discurre por las laderas arrastrando material, como cenizas y lodo, producto de las quemas, que acabaron en los ríos amazónicos [en Bolivia]”, detalló Guzmán Rojo, quien no participó del estudio.

La experta aclaró que los incendios provocan desastres en cuerpos de agua visibles, como ríos, arroyos y quebradas, pero también a aguas subterráneas, que no son detectables a simple vista. “Las recargas naturales de agua son producto de los procesos de lluvia y los incendios hacen variar el ciclo de lluvias, cambian los suelos, modifican los procesos de filtración y cambia la transpiración”, dijo Guzmán Rojo, quien añadió que “tenemos un efecto mucho más severo del que se esperaría solamente de las lluvias”. “Tenemos que ponerle mucha atención al agua subterránea, que, aunque no la vemos con el tiempo, será cada vez menos”, añadió.

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Construir un futuro con menos combustibles fósiles para enfrentar la crisis climática, como han prometido los países del mundo en diversas conferencias internacionales, requiere una amplia gama —y cantidad— de minerales. La transición energética, advierte la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, es “fundamentalmente intensiva en minerales”. Paneles solares, turbinas eólicas, vehículos eléctricos y redes para transportar la electricidad dependen de una larga lista de esos elementos que hoy son considerados estratégicos.

Entre esos, el cobre se ha convertido en uno indispensable. Como explica Ana Carolina González, directora para América Latina del Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI) —una ONG que apoya a países del sur global en la gestión transparente y responsable de las industrias extractivas—, “si estamos pensando en una economía descarbonizada, donde los procesos de electrificación van a ser altos, el cobre es un mineral muy importante”. Una sola turbina eólica contiene más de cuatro toneladas de este metal y los vehículos eléctricos utilizan, en promedio, casi cuatro veces más cobre que los automóviles de combustión. Los paneles solares y las baterías de almacenamiento también lo requieren en grandes cantidades.

Sin embargo, mientras la demanda crece, la Agencia Internacional de Energía (IEA) alerta que, para 2035, el mundo podría enfrentar un déficit de cobre cercano al 30 % debido a los “limitados descubrimientos de recursos y los largos plazos de ejecución” de nuevos proyectos. Esto, afirma González, pone a América Latina en un lugar “interesante”: la región concentra cerca del 40 % de las reservas mundiales de este metal, pero el desarrollo de proyectos de exploración y explotación aún sigue siendo bajo. Por eso, añade, no es casualidad que Estados Unidos, China e incluso la Unión Europea estén interesados en este potencial y persigan nuevas alianzas.

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De hecho, en Colombia ya se evidencia un boom para buscar este mineral. Mientras que entre 2001 y 2016 se presentaron, en promedio, alrededor de 10 solicitudes de títulos mineros al año —contratos que otorga el Estado para explorar y explotar minerales en un área determinada—, en la última década la cifra aumentó a casi 60 al año, según el análisis de datos realizado para esta investigación.

Pero esa expansión muestra una de las grandes tensiones de la transición energética: la extracción de los minerales estratégicos también avanza hacia zonas con ecosistemas sensibles, áreas de alto valor ambiental y territorios con alguna figura de protección, que son prioritarios para la conservación y que ayudan a enfrentar la crisis climática por su capacidad para capturar carbono y amortiguar los efectos del calentamiento global.

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Para dimensionar el avance de la minería de cobre en Colombia y Argentina, esta alianza periodística recopiló y geolocalizó, a partir de información oficial de la Agencia Nacional de Minería (ANM) en Colombia y de la Secretaría de Minería de La Nación en Argentina, las iniciativas mineras que buscan extraer este mineral.

El análisis identificó 210 títulos activos y 746 solicitudes vigentes de mediana y gran escala en Colombia que incluyen al cobre entre sus minerales de interés, según el catastro minero de la ANM. En Argentina, se registraron 76 proyectos de cobre aprobados por la Secretaría Minera de la Nación, una cifra que podría incrementar si se tiene en cuenta el descubrimiento reciente de grandes yacimientos.

También se pudo evidenciar que al menos 118 títulos para extraer cobre en Colombia y 21 proyectos en Argentina se encuentran en zonas de importancia ambiental (como áreas protegidas y reservas), y que más de 90 están en tierras comunitarias (resguardos o comunidades indígenas, territorios de comunidades afrodescendientes y zonas de reserva campesina).

Una demanda que acelera nuevos proyectos

Argentina y Colombia no han sido grandes protagonistas en la industria del cobre en la región, pero buscan abrirse paso en el mercado global.

En Colombia, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) ha destacado el potencial geológico del país “gracias a su diversidad de formaciones geológicas con manifestaciones en diferentes tipos de depósitos y regiones”. Sin embargo, actualmente solo hay una mina de cobre en explotación industrial y otra que, recientemente, obtuvo el permiso ambiental para iniciar la construcción del proyecto.

“Solo el 2.5 % del territorio del país tiene títulos mineros. Y, de eso, solo el 0.4 % es de proyectos de cobre”, señaló Lina Franco, presidenta de la Agencia Nacional de Minería en un evento para impulsar la exploración de cobre en 14 áreas definidas por su alto potencial y “bajo riesgo” de conflictos socioambientales, según afirmaron en la ANM.

Para José Cabello, geólogo chileno con más de 50 años de experiencia en el desarrollo minero en la región, el descubrimiento en Argentina de yacimientos como Taca Taca o José María —que podrían ser equivalentes a Chuquicamata, el yacimiento de cobre más grande del mundo ubicado en Antofagasta (Chile)— también son la muestra de que ese país tiene un gran potencial productivo. Sin embargo, hasta ahora la única mina activa en Argentina tiene una producción marginal y, según la Secretaría de Minería, las exportaciones de cobre representan solo el 1.7 % del total nacional.

Para hacerle frente a estos bajos números, Argentina ha impulsado programas como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que promueve la inversión de grandes proyectos a través de exenciones tributarias y fiscales. Un análisis de la consultora financiera Paspartú, publicado en junio de 2026, señala que siete de los 14 proyectos aprobados por el Gobierno Nacional argentino en el RIGI son de minería. De acuerdo con declaraciones de Juan José Carbajales, el titular de la consultora y exsecretario de hidrocarburos de Argentina, muchos de ellos serán proyectos de cobre.

González, del Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI), destaca otro aspecto relevante: el avance de proyectos de cobre está ligado también a la necesidad de encontrar nuevas reservas. “En el mundo hemos explotado el cobre por muchos años y esto significa que los depósitos que existen se están agotando”, sostiene.

Un informe sobre el panorama global de minerales críticos señala que, en promedio, la ley de las minas de cobre —el porcentaje de metal valioso que contiene un depósito, en palabras sencillas— ha disminuido un 40 % desde 1991. “Cada vez necesitas más tierra, más extensión, para lograr la misma calidad que tenías antes”, afirma la experta del NRGI, lo que implica que la expansión de la frontera de extracción termine en zonas ambientalmente sensibles.

El mapa del cobre en Colombia y Argentina

Hasta mayo de 2026, Colombia solo tenía una mina de cobre en operación: El Roble, ubicada en el municipio de El Carmen de Atrato, en el Chocó biogeográfico, una región reconocida por su abundante biodiversidad. Pero eso empezó a cambiar a mediados de ese mes, cuando la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) le entregó al proyecto El Alacrán, al norte del país, el último permiso que necesitaba para iniciar su fase de construcción.

Como estos, cientos de proyectos buscan abrirse camino en la extracción del mineral clave para la transición energética. Según información del catastro minero de la Agencia Nacional de Minería, en Colombia hay por lo menos 210 títulos activos, de mediana y gran escala, que incluyen al cobre entre sus minerales objetivo. De estos, uno se encuentra en etapa de evaluación técnica anticipada (una fase previa a la exploración para evaluar el potencial mineral del área), 89 en etapa de exploración, 17 en construcción y montaje y 103 en explotación.

Sin embargo, como advierte un informe de la UPME, el número de títulos existentes en el país difícilmente refleja la realidad de los proyectos que se encuentran explorando o explotando este mineral, ya que “actualmente las solicitudes y títulos suscritos permiten incluir gran cantidad de minerales, elementos o materiales”. Por ejemplo, de los 210 títulos activos analizados, solo 10 establecieron al cobre como su único mineral objetivo. La mayoría, incluidos los grandes proyectos como El Alacrán y El Roble, incluyen también minerales como oro, plata, platino, plomo, molibdeno, entre otros; aunque no necesariamente extraen todos esos minerales.

“Cuando se solicita un título minero, el catastro está abierto para que el solicitante decida qué minerales van a ser concesibles en ese título [es decir, que podrían ser explotados económicamente mediante un Contrato de Concesión Minera]”, explican desde la Vicepresidencia de Promoción y Fomento de la Agencia Nacional de Minería (ANM) en entrevista. “Entonces, hay títulos que piden muchos minerales distintos y solo cuando avanzan en su Plan de Trabajos y Obras es que queda claro realmente qué mineral van a explotar”, añaden.

En Argentina hay al menos 76 proyectos que buscan extraer cobre que se encuentran registrados ante la Secretaría Minera de la Nación. De estos, 68 —es decir, casi el 90 %— se encuentran en fase exploratoria, siete se encuentran en fases previas a la explotación (como en estudios de prefactibilidad, factibilidad o en construcción) y solo uno se encuentra en explotación.

De acuerdo con los registros de la Secretaría de Minería de la Nación, obtenidos por esta alianza periodística, los proyectos que están más avanzados se ubican en las provincias de San Juan, Catamarca, Mendoza y Salta. Y, de todo el panorama de proyectos argentinos, en al menos seis casos se menciona la relación entre la extracción del mineral y la transición energética. Otros 11 proyectos mencionan temas como eficiencia energética, energías renovables y las metas climáticas globales.

El avance de proyectos mineros sobre ecosistemas sensibles de Colombia

En Colombia, datos de la ANM estiman que el 37 % del potencial de cobre en el país se superpone con Reservas Forestales de Ley Segunda —una categoría de protección que no permite las actividades mineras a menos que el área del título sea “sustraída” temporal o definitivamente, es decir, que se le retire su categoría de reserva—. Otro 22 % se encuentra en áreas donde se prohíbe hacer minería —conocidas, en términos técnicos, como áreas excluibles—.

El análisis geográfico realizado para esta investigación evidenció que, de los 210 títulos de mediana y gran escala que se encuentran activos para buscar cobre en Colombia, hay por lo menos 118 que se superponen con zonas de importancia ambiental como reservas forestales, áreas naturales protegidas, Distritos Regionales de Manejo Integrado, páramos (ecosistemas estratégicos de alta montaña), entre otras. De estos, al menos 24 se encuentran en zonas que actualmente se consideran excluibles (es decir, donde la actividad minera está prohibida), como las Zonas de Protección y Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables de la Sierra Nevada de Santa Marta y del río Magdalena; los Parques Nacionales Naturales Tatama y Paramillo; y los páramos Chiles-Cumbal y Sotará.

Como explica Álvaro Pardo, expresidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y experto en derecho minero-energético, uno de los grandes desafíos al llegar al cargo (en 2022) fue la “depuración” y actualización del catastro minero. “Teníamos una herencia difícil, porque antes se permitía entregar títulos sin mayores restricciones o consideraciones ambientales. Y eso ha sido, históricamente, un problema muy grande en Colombia”.

Cuando asumió la dirección de la ANM, tuvo a cargo la revisión de más de 7000 títulos mineros para, justamente, evitar que avanzaran en áreas con restricciones o prohibiciones. Aunque más de 600 títulos en áreas excluibles fueron archivados, caducaron o fueron devueltos, el problema —insiste— “es que en el pasado se blindó jurídicamente cualquier posibilidad de quitarlos. Cada título que se suprima alegando temas ambientales, se convierte en una posibilidad de una demanda”, señala.

En algunos casos, los títulos mineros se solicitaron cuando las zonas excluibles aún no estaban declaradas como tal. Por ejemplo, los páramos que actualmente tienen títulos mineros vigentes —Chiles-Cumbal (un título) y Sotará (dos títulos)— fueron delimitados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente) en 2018, pero los títulos mineros que se encuentran allí se solicitaron entre 2006 y 2007, y fueron otorgados en 2009, antes de la delimitación. Ese sigue siendo uno de los mayores retos en el ordenamiento minero y ambiental en Colombia.

También hay solicitudes de títulos mineros que se han tramitado en áreas excluibles incluso después de que estas han sido declaradas áreas de conservación. En 2022, por ejemplo, se tramitó ante la ANM una solicitud —actualmente en evaluación— para un título de gran minería (más de 9000 hectáreas) que se superpone con el Parque Nacional Natural Chingaza, un área protegida declarada en 1977 y cuyo páramo terminó su delimitación en 2016. “Cuando un titular minero hace una solicitud sobre esas áreas, no se prohíbe inmediatamente, sino que el titular, a riesgo propio, avanza en los trámites y luego la entidad evalúa su procedencia”, aseguran desde la ANM.

Hay otra parte de los títulos activos en Colombia —94— que se traslapa con zonas ambientales restringidas, es decir, aquellas que también tienen vocación de conservación, pero que, en algunos casos, contemplan la “minería sostenible” o permiten solicitar la sustracción del área protegida para realizar actividades mineras con condiciones, como las Zonas de Reserva Forestal de Ley Segunda. Según el análisis, hay más de 170 000 hectáreas de reservas forestales de Ley Segunda que se traslapan con títulos activos.

Si se tienen en cuenta, además, las solicitudes para nuevos títulos de mediana y gran minería que ingresaron a la ANM (entre 1994 y 2026) y que se encuentran en trámite, al menos 46 se encuentran en zonas excluibles de minería y 308 en áreas con restricciones.

“Desde mi punto de vista, necesitamos los minerales. Y para la transición energética y reindustrializar la economía vamos a necesitar cobre. Pero necesitamos que esos minerales se extraigan con el cumplimiento de todas las normas ambientales que hay y teniendo en cuenta a las comunidades que viven allí”, señala Pardo, quien dejó en 2025 la presidencia de la autoridad minera. “No hacerlo, o flexibilizar esas normativas que llevan tantos años construyéndose, generaría una conflictividad terrible”, insiste.

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Proyectos mineros cerca de glaciares y áreas protegidas en Argentina

En Argentina, el análisis geográfico identificó que al menos 21 proyectos mineros operan en cinco áreas protegidas por acuerdos internacionales y por normativas nacionales y provinciales.

Una de las zonas con mayor cantidad de proyectos es el Parque Nacional San Guillermo, en la provincia de San Juan. Aunque fue declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco, allí operan actualmente cinco proyectos mineros, dos de los cuales forman parte de una de las mayores inversiones mineras de los últimos años: los depósitos José María y Filo del Sol, que en conjunto integran el proyecto Vicuña.

De acuerdo con un Informe de 2023 del proyecto Vicuña, San Guillermo es un área “clasificada como una zona de uso múltiple designada para actividades de desarrollo como la minería, sujeta a requisitos de conservación y uso sustentable de los recursos naturales de manera mutuamente beneficiosa”, algo en lo que también coincide la información oficial y organizaciones ambientalistas consultadas.

También hay 10 proyectos que se superponen o se ubican cerca de geoformas de hielo, en su mayoría en zonas periglaciales: áreas de alta montaña donde el suelo permanece congelado —fenómeno conocido como permafrost— y donde el hielo se esconde mezclado con rocas y tierra.

En conjunto, estas áreas abastecen de agua de manera directa a más de siete millones de personas —el 18 % de la población argentina—, según el Atlas de Glaciares de Argentina, una cifra que equivale a más del doble de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La mayoría de estas geoformas se encuentran en la provincia de San Juan, donde se geolocalizaron 16 proyectos mineros de cobre, entre esos, los proyectos de Los Azules y El Pachón, que figuran entre las iniciativas mineras más avanzadas.

Además, como explica Leandro Gómez, coordinador del Programa Inversiones y Derechos de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina, legislaciones ambientales, como la Ley de Glaciares o la Ley de Bosques, se han flexibilizado para promover el desarrollo de esta industria.

Proyectos mineros y territorios comunitarios

El avance de proyectos para extraer cobre no solo presiona los ecosistemas estratégicos; también se expande en territorios indígenas y comunitarios.

En Colombia, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y los campesinos han sido reconocidos constitucionalmente como poblaciones sujetos de derechos y de especial protección. En sus territorios colectivos (resguardos indígenas y tierras de comunidades afrodescendientes), así como en las Zonas de Reserva Campesina, no está prohibida la minería, pero adelantar actividades de exploración y explotación requiere de instrumentos como la consulta previa y del reconocimiento de las regulaciones o restricciones ambientales de cada territorio.

El análisis geográfico evidenció que en Colombia hay al menos 94 títulos mineros activos de cobre que se superponen con tierras comunitarias: dos están en Zonas de Reserva Campesina, 38 en resguardos indígenas, 28 en Consejos Comunitarios de Comunidades Afrodescendientes y 26 más se superponen tanto con resguardos indígenas como con consejos comunitarios afro.

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En Argentina, las provincias en donde se encuentran los proyectos de cobre son habitadas por más de 110 comunidades pertenecientes a 14 pueblos originarios. Aunque el país reconoció desde 1994 la preexistencia de los pueblos indígenas y la propiedad comunitaria, sus territorios aún no están claramente delimitados: el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) no cuenta con polígonos sobre estos territorios, sino con algunas coordenadas de los puntos donde se instalan las comunidades.

Según Leandro Gómez, de FARN, esto ha puesto en un lugar cada vez más vulnerable a los pueblos indígenas que habitan el país.

El análisis realizado documenta que, de los 76 proyectos mineros inventariados por la Secretaría de Minería, 47 se encuentran a menos de 50 kilómetros de distancia de los territorios indígenas; 17 no superan los 15 kilómetros y hay tres —todos ubicados en la provincia de Salta— que están a menos de cuatro kilómetros. Allí viven comunidades de los pueblos calchaquíes y tastileas, de acuerdo con datos oficiales.

Minerales de Latinoamérica: en la mira de las potencias

El futuro de lo que puede aportar el mapa minero de América Latina al suministro de cobre (y de otros minerales estratégicos) ha hecho que China, Estados Unidos y la Unión Europea busquen intensificar su presencia y establecer nuevas alianzas en la región.

China, por ejemplo, ha impulsado inversiones y numerosas visitas de alto nivel. Solo entre 2013 y 2024, el presidente Xi Jinping visitó seis veces América Latina, más que todas las visitas juntas de los mandatarios estadounidenses Barack Obama, Joe Biden y Donald Trump. El país asiático también ha establecido en su más reciente documento de política sobre América Latina y el Caribe (una especie de declaración oficial sobre la hoja de ruta de prioridades y estrategias conjuntas a largo plazo) que está dispuesto a “ampliar y profundizar la cooperación” en temas de energías limpias y el “aprovechamiento sostenible de recursos minerales”.

El interés por parte de China no es nuevo, señala David Castrillón-Kerrigan, magíster en estudios de Asia y docente investigador de la Universidad Externado de Colombia. “Antes la demanda respondía a otras necesidades, como el desarrollo de infraestructura. Pero ahora la estructura económica china también ha cambiado y produce bienes de otro tipo, con valor agregado”, dice. El caso emblemático es, tal vez, el desarrollo de la industria de vehículos eléctricos y, con ellos, la demanda de minerales críticos.

Pero no son los únicos. La Unión Europea ha dicho que su demanda de cobre podría incrementar en más de un 50 % para 2050 y ha manifestado que América Latina es “estratégicamente más importante que nunca” para garantizar el suministro de materias primas necesarias para la transición. Trump también ha puesto los ojos sobre este y otros minerales: en enero de 2026 le ordenó a sus oficiales concluir acuerdos bilaterales con sus aliados para garantizar el suministro de cobre y otros metales con el objetivo de “no depender de las importaciones de adversarios extranjeros”, como China.

De hecho, su gobierno firmó en 2025 un acuerdo comercial con Argentina para impulsar el comercio de minerales y ofreció 20 000 millones de dólares de apoyo financiero al presidente argentino, Javier Milei.

En palabras de González, de NRGI, América Latina ha avanzado en marcos regulatorios con estándares mínimos en temas sociales, ambientales y de gobernanza, pero en momentos de inestabilidad política, como el actual, esos avances podrían ponerse en riesgo. “Si los países, como bloque, no se ponen de acuerdo en mantener esos estándares mínimos, puede comenzar lo que se ha llamado una ‘carrera hacia el fondo’ que, en palabras sencillas, se traduciría en bajar los estándares, reducir los trámites y flexibilizar normativas para obtener la inversión”, explica. Esa visión, insiste, resulta problemática porque está ganando terreno en la región como una forma de acelerar proyectos extractivos, aun cuando podría profundizar los conflictos socioambientales.

En su opinión, los países deben hacer todo lo contrario: posicionarse con fuerza para defender esos estándares mínimos, pedir a los proyectos que generen valor agregado y que aporten al desarrollo local. “Sabemos —dice— que la demanda [de cobre] tiene su raíz en temas energéticos, pero también tiene que ver con inteligencia artificial, con usos militares, entre otros. Si seguimos demandando minerales a ese nivel, no hay ecosistema ni planeta que aguante”.

* Este artículo fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina y publicado originalmente en Mongabay Latam, puedes leerlo aquí

*Nota metodológica: el análisis de datos realizado para Colombia en este reportaje se hizo con base en títulos mineros activos y solicitudes de títulos vigentes, de mediana y gran escala, que incluyen el cobre como mineral objetivo y que fueron solicitados por empresas, personas jurídicas y/o asociaciones, con corte al 15 de mayo de 2026 (fecha en que se accedió a la información del catastro minero). En Argentina, el análisis se hizo con base en los proyectos mineros de cobre aprobados por la Secretaría Minera de la Nación, con corte al 22 de junio de 2026.

El 14 de abril de 1996 fue un día especial para la provincia de Misiones, en el noreste de Argentina, en la frontera con Paraguay y Brasil. Esa jornada se realizó un plebiscito para consultar a la población si estaba de acuerdo o no con la construcción de una hidroeléctrica. El resultado fue que el 88.63 % de los ciudadanos dijo estar en contra del proyecto. Ahora, tres décadas más tarde, la intención de construir la represa recobró fuerza. El gobierno provincial de Misiones impulsa la consolidación del proyecto junto a autoridades de Paraguay y eso puso en alerta a sectores ambientalistas y científicos.

El proyecto hidroeléctrico fue bautizado con el nombre de Corpus Christi y se trata de una represa binacional entre Argentina y Paraguay sobre el río Paraná, concretamente en la isla Pindo-í, en el municipio de Corpus. Actualmente este proyecto se encuentra en fase de prefactibilidad, es decir, que está en análisis para que las autoridades evalúen si la idea es viable antes de invertir. El objetivo es generar hasta 3500 megavatios (MW) de potencia.

El resultado del plebiscito de 1996 derivó en la sanción de una ley provincial que sigue vigente y que consolidó jurídicamente el veredicto popular. Además, estableció el impedimento para la construcción de la represa de Corpus Christi y de otros posibles proyectos hidroeléctricos de características similares sin la aprobación de la ciudadanía mediante un nuevo proceso de consulta. En otras palabras: ante cualquier proyecto de represa en la provincia de Misiones, el Gobierno provincial debe llamar a votación obligatoria y vinculante, según interpretan los abogados consultados para esta nota.

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Martín Ferroni, activista ambiental y representante legal de la Asociación Civil Orembaé, explicó a Mongabay Latam que el proyecto hidroeléctrico no tiene una Evaluación de Impacto Ambiental y remarcó que la ley provincial que avaló el plebiscito de 1996 está vigente, por lo que considera que no puede ser derogada ni por un decreto ni por otra norma.

“Acá nosotros tenemos un plebiscito con una decisión popular vinculante que no puede ser derogada por una ley ordinaria y mucho menos por un decreto, por más que se consiga una mayoría absoluta en la legislatura, la ley no puede ser derogada por una norma de poder constituido”, resaltó Ferroni.

El abogado detalló que también la Ley General del Ambiente, que rige para toda Argentina, establece el principio de no regresión ambiental. “Esto significa que se alcanzó un nivel de protección, entonces no se puede establecer un nivel de protección menor con otra norma. Nosotros tenemos una ley que prohíbe la construcción de la represa y en ese sentido se estableció el máximo nivel de protección ambiental”, dijo Ferroni.

Además, el jurista añadió que la ley solo puede ser derogada con una declaración de inconstitucionalidad de la norma. “Incluso llamando a un nuevo plebiscito ya se estaría contradiciendo la ley”, sostuvo.

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Por su parte, Raúl Bregagnolo, activista ambiental y representante de la Mesa Provincial No a las Represas, afirmó a Mongabay Latam que existe la intención de una parte de la legislatura de Misiones para aprobar una ley que convoque a un nuevo plebiscito que consulte a la población si está de acuerdo o no con la construcción de la hidroeléctrica Corpus Christi.

La respuesta oficial

La organización Orembaé solicitó en mayo de este año información pública ambiental al Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones. La respuesta llegó a la organización el 29 de ese mes. En el documento se confirma que no existe un estudio de impacto ambiental presentado por los impulsores de la obra, ni dictámenes técnicos de la autoridad ambiental o una Declaración de Impacto Ambiental.

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Mongabay Latam pidió información al Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la provincia de Misiones para conocer en qué etapa se encuentra este proyecto hidroeléctrico y si existen estudios ambientales aprobados. Sin embargo, la entidad pública no respondió los requerimientos.

El delegado argentino en la Comisión Mixta del Río Paraná (Comip), José López, defendió el proyecto hidroeléctrico y aseguró a Mongabay Latam que antes de 2020 se realizaron diferentes estudios ambientales por un consorcio internacional integrado por Harza Engineering (Estados Unidos), IATASA (Argentina) y TECMA (Paraguay).

López afirmó que, entre sus principales conclusiones, los estudios “determinaron la factibilidad ambiental” del proyecto y dijo que se recomendó el emplazamiento Pindo-í como lugar de construcción de la represa “por presentar la menor afectación ambiental entre las alternativas evaluadas”.

“En 2020, la Comip impulsó una actualización de las afectaciones ambientales y sociales del proyecto, revisando información territorial, viviendas potencialmente afectadas, bosques de ribera, áreas protegidas, comunidades originarias y sitios arqueológicos”, detalló López. Dicho trabajo permitió contrastar los resultados de los estudios originales con información más reciente y ratificó la existencia de una base técnica sólida susceptible de actualización y mejora permanente, según el funcionario.

Sin embargo, el también economista aclaró que los estudios actualmente disponibles pertenecen a etapas de prefactibilidad y factibilidad. “Su finalidad es determinar la viabilidad técnica, económica, ambiental y social del aprovechamiento, comparar alternativas y establecer preliminarmente la magnitud de las afectaciones previsibles”, dijo.

“Como ocurre en cualquier proyecto de infraestructura de gran escala, estos estudios no sustituyen la documentación propia de una eventual etapa ejecutiva. Si existiera una decisión institucional de avanzar con el proyecto, deberían actualizarse numerosos relevamientos, profundizarse estudios específicos, incorporar nueva información ambiental y cumplirse integralmente todos los procedimientos previstos por la legislación vigente”, añadió López.

Martín Arjol, diputado provincial de Misiones del Partido Libertario, es uno de los políticos que impulsa un nuevo plebiscito para aprobar la construcción de la hidroeléctrica. El legislador, en contacto con Mongabay Latam, afirmó que la realidad energética de Misiones y de la Argentina cambió completamente y que hace 30 años el contexto era otro. “Hoy la demanda eléctrica crece de manera sostenida, la provincia depende en gran medida de energía generada fuera de su territorio y cada verano vivimos las consecuencias de un sistema cada vez más exigente”, dijo.

Arjol añadió que el proyecto que se estudia “no es simplemente reeditar una discusión del pasado” y confirmó que existe un estudio de prefactibilidad actualizado que identifica al emplazamiento Pindo-í como la alternativa con menores afectaciones socioambientales. Dijo que esta opción reduciría la superficie inundada, las relocalizaciones y otros impactos.

“Nuestro planteo no es construir una represa por decreto. Nuestro planteo es debatir con información actualizada y que la decisión final la tome la ciudadanía”, afirmó Arjol. “Quienes sostienen que el tema no puede volver a discutirse, en realidad están diciendo que los misioneros nunca más pueden opinar sobre una cuestión estratégica para el futuro de la provincia”, afirmó.

Estudios parciales y de 2020

Jonathan von Below, ingeniero forestal de la Universidad Nacional de Misiones y doctor en Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Buenos Aires (UBA), tiene una mirada diferente a la de López. El experto afirmó a Mongabay Latam que la represa, en caso de consolidarse, traerá afectaciones al medioambiente y a la biodiversidad.

Von Below detalló que la iniciativa puede alterar ecosistemas ribereños y generar gases de efecto invernadero al descomponerse la materia orgánica inundada. Dijo que también puede bloquear la migración de peces y alterar el transporte de sedimentos. “Una presa frena el agua. El agua lleva arena y nutrientes. Si el agua se frena, la arena y los nutrientes se quedan atrapados. Esto afecta a los animales del río Paraná aguas abajo”, afirmó.

El especialista resaltó que el estudio de prefactibilidad más actualizado data de 2020 y es el que evalúa el emplazamiento Pindo-í con potencias proyectadas entre 2880 MW y 3456 MW, según explicó. Von Below aseguró que la superficie de inundación permanente sería de 13 838 hectáreas. Al ser un proyecto binacional 6709 hectáreas estarían afectadas en Argentina y 7129 hectáreas en Paraguay.

Además, el experto detalló que nueve áreas protegidas del lado argentino tendrían algún nivel de afectación si se concreta la represa, incluyendo las reservas ícticas (relativas a peces) de Corpus y Caraguatay, que estarían afectadas en su totalidad, y la Isla Caraguatay, que podría verse afectada en un porcentaje alto.

Según von Below, entre agosto y noviembre de 2025 surgieron propuestas de un nuevo plebiscito para materializar el proyecto, pero esta intención –dijo- generó rechazo generalizado de organizaciones ambientalistas y sociales.

Von Below detalló que el proyecto hidroeléctrico está ubicado en la selva paranaense, una zona que es el remanente más importante de la Mata Atlántica en Argentina. La selva misionera alberga el 52 % de la biodiversidad del país: más de 564 especies de aves, 260 de peces, 150 de mamíferos, 116 de reptiles y miles de especies vegetales, según el propio gobierno de Misiones y el Instituto Misiones de Biodiversidad.

“En los últimos 120 años se ha perdido el 95 % de la extensión original de la Mata Atlántica argentina. El 5% restante se concentra mayoritariamente en la provincia de Misiones. El mayor desastre ambiental documentado en esta ecorregión fue precisamente el embalse de Itaipú -ubicada sobre el río Paraná, en la frontera entre Brasil y Paraguay-, que inundó aproximadamente 1200 kilómetros que albergaban cientos de especies vegetales y animales”, destacó von Below.

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Desde los acantilados rocosos de la Región de Valparaíso, en la zona central de Chile, el océano Pacífico se estrella con una fuerza imponente. La panorámica ofrece un mar azul, vibrante y aparentemente inalterado. Sin embargo, bajo esa superficie de oleaje constante, la costa continental e insular chilena ha comenzado a mostrar las huellas de un desequilibrio silencioso. Así lo documentó Mongabay Latam en 2025, cuando dio a conocer que, de acuerdo al Centro de Investigación Marina Quintay (CIMARQ) de la Universidad Andrés Bello, un aumento poblacional de tres especies de erizo negro está transformando drásticamente los ecosistemas marinos.

Tras un monitoreo submarino que combinó buceo con herramientas de inteligencia artificial, el equipo científico de CIMARQ arrojó un diagnóstico inquietante: los erizos negros están devorando sin tregua los bosques de algas, dejando a su paso “fondos blanqueados” desprovistos de alimento, refugio y oxígeno. El peligro es mayúsculo, ya que al desaparecer estas algas —que funcionan como verdaderos “árboles” submarinos—, peces, moluscos y mariscos, de los que depende la pesca artesanal, se quedan sin hogar.

Sin embargo, la ciencia también encuentra matices esenciales para entender el problema. Y es que el erizo no es una especie invasora ni el “malo” de la película, dice Francisco Contreras-Drey, director de ciencia y monitoreo de la Fundación Capital Azul, sino que es un actor nativo e histórico de los fondos rocosos chilenos que hoy simplemente presenta un crecimiento desmedido.

El experto explica que el verdadero origen de la crisis no es el erizo en sí, sino la severa alteración de la cadena trófica: al desaparecer los depredadores naturales de esta especie, debido a la sobrepesca histórica y a las alteraciones del agua por el calentamiento global, “el erizo se quedó sin frenos biológicos que contuvieran su crecimiento”.

Es precisamente esa comprensión la que explica el asombroso éxito de una estrategia comunitaria implementada frente a este escenario de degradación.

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En la región de Valparaíso, específicamente en las caletas de Ventanas y Zapallar, los pescadores artesanales, en alianza con la Fundación Capital Azul, decidieron no combatir al erizo, sino devolverle al ecosistema su equilibrio original a través de los refugios marinos: áreas acotadas de protección estricta y exclusión total de pesca implementadas de manera voluntaria.

Estas zonas de resguardo se ubican al interior de las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB), espacios en el mar regidos por una política pública que entrega derechos exclusivos de uso a organizaciones de pescadores artesanales para administrar de forma sustentable los recursos del fondo marino. Al destinar una pequeña porción de sus AMERB a la no extracción absoluta, los pescadores actúan como diseñadores de su propia restauración ecológica.

Al retirar la presión humana en estos perímetros, la naturaleza respondió con una velocidad inesperada. Los depredadores nativos regresaron a ocupar su rol, el pastoreo de los erizos negros comenzó a bajar de forma natural y, libres de esa presión, los bosques de algas volvieron a colonizar la roca viva, demostrando el poder de las soluciones basadas en la naturaleza.

El retroceso del erizo negro

Para comprender la magnitud de la recuperación de los ecosistemas en estas dos caletas de pescadores es necesario sumergirse en las bitácoras y series de tiempo oficiales que el equipo científico de Capital Azul ha levantado año tras año en el terreno.

El refugio marino de Ventanas, creado en 2016 y formalizado mediante un convenio en 2017, abarca una superficie exacta de 11.7 hectáreas alrededor de Punta Los Lunes, una saliente rocosa cuyas paredes caen de forma pronunciada hasta superar los 20 metros de profundidad.

Esta caleta de 45 socios (44 hombres y una mujer) se ubica en una zona históricamente golpeada por la degradación industrial de la bahía de Quintero. Pese a este entorno complejo, los monitoreos biológicos arrojaron una cifra espectacular. Desde 2019, “la presencia del erizo negro disminuyó en un 96 %”, asegura Contreras-Drey, pasando de registrar 2172 individuos a solo 77 en los últimos censos.

Esta caída masiva de la densidad del erizo negro coincidió con el resurgimiento de la cadena trófica.

A partir de 2020, la abundancia de la estrella común (Stichaster striatus) se multiplicó por tres y la población del sol de mar (Heliaster helianthus) se duplicó. Ambos, al ser depredadores del erizo, regulan el ecosistema.

El bosque submarino, al liberarse de la presión del pastoreo que realizaba el erizo, volvió a brotar. Los ejemplares del alga huiro palo (Lessonia trabeculata) se triplicaron, pasando de 55 a 180 individuos. A su vez, ello abrió espacio para que la actinia naranja (Phymactis papillosa) aumentara ocho veces su presencia, creando un microhábitat que permitió el registro exclusivo de la jaiba mora (Homalaspis plana).

Cuando disminuye el erizo negro, explica Contreras-Drey, “la cadena trófica completa se ve beneficiada, atrayendo incluso a mamíferos como el chungungo (Lontra felina), la nutria llamada el gato marino, y diversificando los peces de roca”. Sin embargo “en la literatura científica internacional, la recuperación biológica en áreas restringidas a la extracción tiende a llevar entre 10 y hasta 15 años”, precisa el experto. “Ver estos cambios positivos en sólo cinco o seis años en Ventanas y Zapallar nos llamó bastante la atención”, agrega.

A solo unos kilómetros al norte, el refugio marino de Zapallar —inaugurado oficialmente en 2021 con 12.4 hectáreas alrededor de la emblemática Isla Seca— consolida esta tendencia ecológica de manera impecable. Los datos oficiales de la fundación detallan que en Zapallar el erizo negro se redujo a la tercera parte (un 66 % menos que en 2021), mientras que el huiro palo experimentó una explosión biológica de seis veces, pasando de 20 a 120 ejemplares en los cuadrantes de muestreo.

El blindaje ecológico del refugio marino es evidente cuando se compara con el área del AMERB que es explotada, pues la presencia de la estrella común al interior del refugio es casi el triple que en las zonas vecinas abiertas a la pesca.

Los números en Zapallar muestran que la riqueza de macroinvertebrados móviles, como los caracoles marinos, lapas y pequeños crustáceos se duplicó entre 2021 y 2025 (pasando de 11 a 15 especies), mientras que peces de roca como el bilagay (Cheilodactylus variegatus), la jerguilla (Aplodactylus punctatus) y el rollizo (Pinguipes chilensis) duplicaron su abundancia, registrándose además por primera vez 10 ejemplares de blanquillo (Prolatilus jugularis).

La nueva abundancia de Zapallar

“Al principio fue una idea muy loca, porque nosotros somos una caleta de buzos mariscadores”, relata con honestidad Sergio Veas, presidente del Sindicato de Pescadores de Caleta Zapallar, quien lleva 10 años liderando la organización.

Veas recuerda con profunda emoción a Benjamín Lagos, fallecido científico de Capital Azul, quien llegó a la caleta proponiendo cerrar voluntariamente una porción de mar. “Complicado para nosotros al principio, le dije: ‘Tú estás loco’. Luego le conté a las personas de la caleta y me mandaron a la punta del cerro”, confiesa el dirigente.

El escepticismo inicial se debía al gran valor comercial de la zona elegida. “Dejamos uno de los mejores lugares de pesca, una zona sumamente rentable de donde solíamos sacar 10 000 locos (Concholepas concholepas)”, explica Veas. Sin embargo, el trabajo constante de conversación rindió frutos en un espacio donde el avance del erizo negro ya amenazaba con mermar los recursos. “Cuando tuvimos la votación final, todos levantaron la mano”, cuenta el dirigente.

La resistencia inicial ante un concepto tan contraintuitivo como “conservar para explotar más” se disipó cuando los pescadores comenzaron a evidenciar el “efecto desborde”. Al retroceder el erizo negro por la acción de los depredadores nativos, el refugio comenzó a llenarse de piure (Pyura chilensis), el alimento predilecto del loco, y los moluscos crecieron sin intervención. Hoy, el lugar donde los erizos negros mantuvieron por mucho tiempo la roca desnuda está lleno de peces y familias de locos que se salen del refugio marino colonizando las áreas donde sí pueden ser aprovechados por los pescadores.

“Ellos ponen los botes justo en la orilla del refugio y sacan locos gigantes que valen mucho más en el mercado”, cuenta Veas con orgullo, agregando que el refugio redujo los tiempos de navegación y generó un ahorro sustancial en combustible.

La abundancia es tal que traspasa las mediciones científicas ordinarias y se convierte en anécdota local. Veas relata que durante un trágico operativo de búsqueda de una persona extranjera que cayó al mar cerca de la caleta, los buzos tácticos de la Armada de Chile ingresaron a rastrear las profundidades de la Isla Seca. Al salir a la superficie, los marinos estaban impactados. “Nos contaban que en ningún lado de la costa chilena habían visto tanta vida, tantos pescados y tantos locos juntos”, recuerda el dirigente.

La vida regresó con tanta fuerza que los monitoreos grabaron en video el retorno del pejeperro (Semicossyphus darwini), un emblemático pez de roca que cambia de sexo y color al crecer, y del cual ya se observan parejas reproduciéndose e individuos juveniles nadando entre las algas. “Para nosotros como pescadores, el pejeperro era una especie que ya considerábamos prácticamente extinta en la zona debido a la pesca indiscriminada y a la contaminación. Este refugio marino sirvió para verlo regresar”, dice Veas.

Sin embargo, mantener este oasis no es una tarea exenta de riesgos.

“Si alguien entra a depredar o a extraer a los depredadores que controlan al erizo negro puede echar a perder años de trabajo en una hora”, explica Rodrigo Sánchez, director ejecutivo de Capital Azul.

Para mitigar esta amenaza de pescadores furtivos y buceo deportivo descontrolado, el sindicato de pescadores de Zapallar y Capital Azul implementaron un sistema de monitoreo remoto de alta tecnología: dos cámaras con visión nocturna, infrarrojo y sistemas de disuasión automática instaladas en Isla Seca, complementadas con un proyecto piloto de hidrófonos submarinos conectados a internet en tiempo real, que captan desde el ruido de motores de lanchas sospechosas hasta el canto de las ballenas.

“Pero las mejores cámaras son los vecinos de Zapallar, ellos mismos avisan si anda un bote extraño”, destaca Veas.

La conservación transformó además la economía de la caleta a través de la “plata circular”. La creación del refugio marino dio paso a una escuela de buceo recreativo que lleva a turistas a conocer el área, paseos en bote con tablillas educativas bilingües y un flujo constante de clientes para los locales de empanadas y los dos restaurantes del sindicato. “Perdimos por un lado, pero ganamos por otro. Hoy el sindicato está feliz”, asegura el líder comunitario, quien durante la última Fiesta de San Pedro acordó junto a la fundación Capital Azul renovar el convenio de protección por 10 años. “Cuando se cumplan, quiero firmar uno por 100 años para la conservación”, dice.

Escalando el freno biológico del erizo negro

Para la Fundación Capital Azul, el impacto social y ecológico acumulado en esta década en la Región de Valparaíso demostró que la conservación costera no debe ser una actividad exclusiva de grandes ONG internacionales o de la academia.

Según explican desde la organización, el modelo logró romper el muro que históricamente marginó a los pescadores artesanales de las decisiones científicas y del financiamiento ambiental.

“Un hito histórico se consolidó en 2024 con la promulgación de la Ley Bentónica, que reconoció legalmente la figura de los refugios marinos como zonas voluntarias de protección dentro de las áreas de manejo de Chile”, destaca Sánchez. Según explica el director ejecutivo de Capital Azul, este avance permite que “las comunidades locales accedan formalmente a incentivos y retribuciones por servicios ecosistémicos”, como la recuperación de depredadores que controlan por sí mismos el sobrepastoreo del erizo.

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“Cuando los refugios marinos pasan a ser política pública, surge la necesidad de escalar y llevar este modelo a otras regiones del país”, detalla Sánchez. Con el apoyo de la organización internacional The Nature Conservancy (TNC), Capital Azul cruzó las fronteras de la zona central para implementar el primer refugio fuera de Valparaíso: la localidad de Guadei, en la Región de Los Ríos. Se trata de un área administrada por una asociación indígena que busca resguardar la salud de sus pesquerías. Aquí, el biólogo marino y director del área de ciencia y monitoreo de Capital Azul, Francisco Contreras-Drey, ya se encuentra levantando la línea de base científica para monitorear el estado de salud de los fondos rocosos, antes de que se repitan los desequilibrios tróficos vistos en el norte y centro del país.

Para asegurar la sostenibilidad económica y operativa del modelo, Capital Azul diseñó la “escuela de refugios marinos”. Este programa busca transferir las metodologías científicas y los aprendizajes comunitarios acumulados directamente a municipios, consultoras y sindicatos locales, otorgándoles autonomía. La posta también ya fue tomada en la Región de Los Lagos, específicamente en la comuna de Ancud, Chiloé, donde el Sindicato Mar Adentro de Chepu impulsa de forma virtuosa su propio refugio con el acompañamiento de la ONG local CECPAN y bajo el paraguas del proyecto GEF de Incentivos Económicos para la Conservación de la Biodiversidad.

La relevancia de esta red colaborativa quedó demostrada cuando Capital Azul invitó a Sergio Veas a viajar al sur de Chile para exponer su experiencia ante nuevas comunidades de pescadores que anhelan replicar el éxito de la Isla Seca. Veas, que nunca había salido de su región para hablar de conservación, personifica el cambio de paradigma de la costa chilena: el tránsito de pescadores que pasaron de considerarse “depredadores” a convertirse en guardianes de sus propios bosques sumergidos.

El artículo original fue publicado por Barinia Montoya en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La bióloga argentina Nadia Boscarol navegó el río Bermejo en kayak en 2017, 2018 y 2024, bajó por el río Paraná desde Formosa hasta Buenos Aires remando durante un mes y recorrió el río Santa Cruz. Esa cercanía con el agua atraviesa también su carrera, que pasó por un laboratorio de neurofarmacología del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), el Zoológico de Buenos Aires y casi 20 años en la Secretaría de Ambiente de la Nación, la mayoría trabajando con humedales. Boscarol además es una de las más de 60 activistas y kayakistas que remaron 350 kilómetros por el Delta del Paraná en agosto de 2021 para llevar al Congreso argentino una petición firmada por más de 300 organizaciones exigiendo una Ley Nacional de Humedales.

Formado por sedimentos que arrastra el río Paraná, el Delta se extiende entre las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, y Buenos Aires, en el centro-este del país, creando un entramado de islas, lagunas y arroyos que integran uno de los humedales más importantes de Argentina y una ecorregión de 5.6 millones de hectáreas. Además de su biodiversidad, sus humedales ayudan a regular inundaciones, filtrar contaminantes y abastecer de agua a las localidades linderas. La protección de este sistema ha sido objeto de un extenso debate legislativo: desde 2013 se han presentado sucesivos proyectos de Ley de Humedales para su protección, que nunca han llegado a aprobarse. Bajo el gobierno de Javier Milei, la iniciativa no forma parte de la agenda legislativa nacional y ha perdido centralidad en el debate político.

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Boscarol, con 64 años, coordina el programa Corredor Azul de la Fundación Wetlands International y advierte que ese ecosistema. que cubre de 14 000 kilómetros cuadrados, está bajo una presión múltiple y creciente. “Los humedales son como los riñones del planeta”, dijo en conversación con Mongabay Latam. “Nadie les presta atención hasta que empiezan a fallar”.

A esa presión se suman, en los últimos años, el endicamiento (represamiento de un cuerpo de agua) para ganadería y el relleno artificial para la construcción de viviendas privadas que están transformando el humedal. Además, en noviembre de 2024, el gobierno de Javier Milei abrió una licitación internacional para concesionar por 25 años la hidrovía Paraná-Paraguay, el corredor fluvial por donde circula el 80 % de las exportaciones argentinas y cuyo tramo inferior atraviesa el Delta del Paraná. Este primer proceso quedó sin efecto en febrero de 2025, tras denuncias de supuestas irregularidades.

Diez meses después, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) convocó a un nuevo proceso de licitación que culminó el 18 de junio con la adjudicación al consorcio Jan De Nul N.V.. Según el Pliego de Especificaciones Técnicas, la segunda etapa de obras de dragado sobre la hidrovía, profundizará el lecho del río a 40 pies (12.19 metros) en el tramo Timbúes-Paraná de las Palmas. Desde el Canal Emilio Mitre, que atraviesa el Delta del Paraná, la profundidad prevista es de 39 pies (11.89 metros). Todo esto, advierte Boscarol, sin estudios de impacto ambiental actualizados ni información pública sobre cómo se realizaría la modificación del lecho del río. Las Bases y Condiciones del pliego sólo exigen los permisos ambientales si el concesionario decide profundizar aún más, hasta 42 o 44 pies (12.81 y 13.41 metros), en el tramo hacia el Canal Emilio Mitre.

Además, el “Informe de Gestión y Evaluación Ambiental de la Vía Navegable Troncal” sometido a audiencia pública en noviembre de 2025, aclara explícitamente no ser una Evaluación de Impacto Ambiental y se apoya en planes de gestión ambiental que datan de 2007 y 2011 para el dragado a 36 pies.

El 15 de mayo de 2026, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó un dictamen ante la Fiscalía Federal N°9 en el que advirtió que la licitación avanzó sin Evaluación de Impacto Ambiental y en incumplimiento del Acuerdo de Escazú (tratado regional que garantiza el acceso a la información ambiental y la participación ciudadana, al cual Argentina adhirió en 2021), tras recibir presentaciones de organizaciones ambientales y consorcios portuarios. Con ese dictamen como respaldo, organizaciones presentaron una medida cautelar ante el Juzgado Federal N°7 para suspender el proceso de licitación. Sin embargo, el fiscal Guillermo Marijuan rechazó la cautelar y el proceso siguió su curso.

Boscarol habló con Mongabay Latam sobre los riesgos que enfrenta el Delta del Paraná frente al dragado de la hidrovía Paraná-Paraguay, recién adjudicada por el gobierno argentino.

—¿Qué hace al Delta especial?

—El Delta del Paraná es lo que se llama un humedal fluvial, asociado a un río de llanura que serpentea con muy poca pendiente y que periódicamente se desborda. Cuando eso pasa, el agua queda retenida en lo que se llama el valle de inundación y forma los humedales. Es un sistema vivo y en permanente movimiento. El río Bermejo arrastra desde las montañas de Bolivia una cantidad increíble de sedimentos que llegan al [río] Paraguay y de ahí al Paraná, y eso hace que haya islas que se forman y otras que desaparecen. Yo lo navegué en kayak varias veces y nunca es igual de un año al otro.

Cuando el río desborda, las lagunas que quedan en los humedales funcionan como criaderos naturales, el sábalo (Prochilodus lineatus) desova ahí, las larvas se crían protegidas y al año siguiente vuelven al río como peces adultos. De esas lagunas viven miles de familias de pescadores artesanales en toda la zona de Victoria [en Entre Ríos], Rosario [en Santa Fe] y el Delta de la provincia de Buenos Aires, que salen con su bote, ponen el espinel y venden lo que sacan. Además, el humedal funciona como una esponja que regula las inundaciones y como purificador natural del agua, a través de bacterias y vegetación que filtran contaminantes antes de que lleguen a las plantas potabilizadoras.

—Según un informe del Instituto Nacional del Agua, la bajante extraordinaria del Paraná que comenzó en 2020 generó impactos críticos en el Bajo Delta, incluyendo la inaccesibilidad de cursos de agua y dificultades de abastecimiento en comunidades. Desde el programa Corredor Azul, ¿cuál es su diagnóstico?

—Lo que nosotros seguimos de cerca son los endicamientos. Cada cinco años hacemos un mapeo satelital de cómo avanzan en el Delta y lo que vemos es preocupante. Según nuestra última actualización de 2025, el 14 % de la superficie del Delta ya se encuentra endicada, casi dos millones de hectáreas encerradas por terraplenes. Cuando alguien construye un dique para sembrar soja o para tener ganado todo el año, o rellena un humedal para hacer un barrio privado, esa esponja desaparece, pero el agua no desaparece, va a otro lado, siempre al lugar más bajo, donde vive la gente más vulnerable.

—¿Entonces los endicamientos son la principal causa de la crisis?

—No hay una sola causa y es difícil decir “esto sucede acá por este motivo”. El cambio climático está ahí, pero el sistema también es muy plástico y elástico. Lo que sí podemos decir es que estamos acumulando estresores más rápido de lo que el sistema puede adaptarse, y a eso le sumas que seguimos interviniendo en el sistema. Si yo aumento la profundidad del canal de navegación, el agua se va más rápido y no llega a alimentar a los humedales. Y nosotros necesitamos que esa agua permanezca.

—Con la concesión de la hidrovía ya adjudicada, ¿qué encontró al revisar el pliego definitivo respecto a los estudios de impacto ambiental?

—Lo que encontramos con la hidrovía es que las audiencias públicas y los estudios de impacto ambiental han perdido su sentido originario. El pliego técnico tiene casi 1200 páginas, lo que lo hace muy difícil de analizar. Hubo un pedido de amparo para detener la licitación justamente por la falta de estudios de impacto ambiental y el juez subrogante a cargo lo rechazó en su último día en el cargo. Lo único que el pliego exige en materia ambiental es un estudio técnico, legal y ambiental si en el futuro se quiere profundizar más allá de los 40 pies que se van a dragar ahora, hacia los 42 o 44 pies. Es decir, la concesión no draga directo a esa profundidad mayor, pero queda obligada a estudiar si es viable. Para los 40 pies que arrancan de inmediato, no se exige ningún estudio nuevo.

—¿Existen antecedentes en Argentina de dragados de esta escala?

—En 2023, en el puerto de Diamante una empresa dragadora tiró el sedimento que sacaba del lecho directamente sobre la costa y tapó un río entero [se trata de una obra de dragado portuario provincial, distinta a la licitación nacional de la hidrovía Paraná-Paraguay].

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—¿Qué riesgos concretos implican esos dragados para el ecosistema?

—Habrá afectación a la pesca porque si el agua se va más rápido por un canal más profundo no llega a alimentar las lagunas donde se crían los peces. También, aumento de la erosión en las costas, que ya está destruyendo casas y nadie lo considera en ningún estudio; y alteración de toda la hidrología natural del Delta. Yo nunca pude acceder a información pública sobre qué volúmenes se van a extraer ni dónde se van a depositar los sedimentos. Paraguay ya construyó un barco que se llama Don Tocho, diseñado especialmente para navegar con poca profundidad. En Shanghái, que tiene el mayor comercio fluvial del mundo, los barcos entran unos 200 kilómetros (124 millas) y del resto para arriba trabajan con barcazas. Entonces yo me pregunto ¿por qué adaptar el río a los barcos y no los barcos a los ríos?

—¿Qué queda por hacer frente a este escenario?

—Creo que hay que estar alerta y seguir el proceso, porque también estamos viendo qué pasa con otras situaciones de amenaza ambiental y quizás la situación de la hidrovía cambie. Desde las organizaciones, hay que seguir alzando la voz para que se hagan los estudios ambientales antes de avanzar con las profundizacion a 40 pies previstos para el corto plazo.

El artículo original fue publicado por Ana Victoria Domínguez Britos en Mongabay Latam. Puedes leerlo aquí .

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Claudio Angelo hace una pausa durante la London Climate Action Week, el principal evento sobre políticas climáticas de Europa, en medio de un calor extremo. Hace apenas dos semanas se encontraba en otra ciudad europea: Bonn, Alemania. Allí delegados de todo el mundo se reunieron para sentar las bases de las decisiones que se tomarán en la COP31, la próxima cumbre climática global de las Naciones Unidas.

Angelo regresó con poco entusiasmo de Alemania, donde también fue observador de la sociedad civil. Escribió junto a su colega Stela Herschmann un artículo sobre el escaso avance de los debates entre los países del mundo, los desencuentros entre países desarrollados y en desarrollo sobre quién debe pagar la mitigación y la adaptación al cambio climático y los intentos por bloquear a los científicos en sus conclusiones sobre el calentamiento de la tierra y las medidas urgentes a tomar.

Aún así -dice que no quiere ser optimista- muestra entusiasmo cuando habla del avance de la electrificación en ciertos países y de las energías renovables, que, advierte, se están volviendo cada vez más accesibles incluso en países no tan ricos como el suyo, Brasil. Pero, agrega, el proceso está yendo a un ritmo demasiado lento con respecto al calentamiento de la Tierra. De fondo, el objetivo debe ser limitarlo a muy por debajo de 2 °C, y preferiblemente a 1.5 °C, en comparación con los niveles preindustriales. Para eso, los países deben reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.

En noviembre próximo, Turquía recibirá a los países de la ONU en la ciudad de Antalya para la COP31. Bonn debía implicar avances en las negociaciones en temas de adaptación, mitigación, transición justa y buscar acelerar la transformación de los acuerdos en acciones concretas que beneficien a la población. Angelo explica en esta entrevista con Mongabay Latam que la reunión produjo pocos de esos avances y terminó fracasando, dejando al Acuerdo de París en crisis.

—Escribió que el Acuerdo de París está en crisis y que los países ni siquiera parecen saber qué implica la etapa en la que estamos: la implementación del acuerdo. ¿Cómo deberían avanzar efectivamente los países?

—Lo primero que los países deben comprender es qué significa la implementación. Desde 2022, en la Conferencia del Clima de Sharm el-Sheikh [Egipto, la COP27] se ha dicho que es el momento de la implementación. “Esta es la COP de la implementación”. Después vino Dubái, en 2023. También fue “la COP de la implementación”. Parece que ahora sí hemos llegado al momento de la implementación porque ya se han negociado todos los puntos que debían negociarse dentro del acuerdo. Obviamente, podemos hacer todo lo posible para implementar las decisiones, para implementar el acuerdo. Pero lo cierto es que la implementación, incluso si va bien, será insuficiente. Creo que ese es un punto importante. Es casi como si hablar de implementación fuera una forma de evadir la insuficiencia de la ambición. Es una impresión que tengo escuchando a los países, hablando, escuchando los debates aquí en Londres, en Bonn.

La otra cosa es que esta nueva fase de implementación, incluso con la insuficiencia de la ambición, tiene una belleza, digamos, que es que finalmente te libras de la necesidad de consenso. La implementación es nacional, la decide cada país. Ya no necesitas negociar. Pero los negociadores climáticos lo único que saben hacer es negociar. Por eso me parecieron un poco... desconcertados. Parecían muy confundidos en Bonn.

—¿Por qué?

—Porque siguen trabajando con la vieja lógica y es un poco como si la implementación del Acuerdo de París les estuviera quitando el trabajo. Se vuelven un poco inútiles y se pierden. A mí me parecieron perdidos. El contexto ha cambiado, pero la gente involucrada sigue haciendo las cosas de la misma manera, como si nada hubiera cambiado. Y me temo que la COP31 caerá en el mismo patrón. Pero eso no sería nada grave, ya que no hay muchas decisiones importantes que abordar en la COP 31.

Ahora estamos entrando en la fase de implementación, los resultados negociados perderán importancia cada año que pase y al mundo le importará menos si la COP fracasa o no.

—Los principales desacuerdos, según contó en dicho artículo después de Bonn, giran en torno a quién financiará la implementación del acuerdo, la mitigación del cambio climático, las medidas a tomar para evitar el calentamiento progresivo del planeta. ¿Cuál es el panorama en torno a la financiación de la crisis climática?

—Es muy malo porque tenemos un problema que es, primero, la retirada de Estados Unidos. Se está haciendo más evidente con cada sesión de negociación que la retirada de Estados Unidos tuvo un impacto. La financiación climática es necesaria y nunca pagaron lo que debían. Había una cuestión de cuán importante era Estados Unidos para el comportamiento de otros actores dentro de los países desarrollados. La Unión Europea, principalmente, pero no solo la UE. Entonces sí, sin Estados Unidos y con todo el contexto geopolítico que estamos viendo ahora, con inversiones europeas que necesitan salir de Europa, que necesitan correr déficits públicos para aumentar la inversión en defensa, sí, la perspectiva de financiación pública a los países en desarrollo es muy remota.

De hecho, en Bonn intentaron de nuevo evitar la financiación. Y eso es lo que estancó todo en la adaptación. Esto llevó a que el punto más polémico del orden del día se suspendiera.

—¿Qué implicó suspender la orden del día?

—Cuando las negociaciones fracasan y todo el trabajo se desecha y debe reanudarse en la siguiente sesión. Pero no fue solo eso. En Belém se acordó que habría un programa de trabajo sobre financiación para la aplicación del artículo 9.1, que habla de financiación pública, que es la demanda de los países en desarrollo. Los países desarrollados intentaron reinterpretarlo. Por eso decimos que incluso el pasado es incierto porque intentaron reinterpretar la decisión de Belém. Lo que los países en desarrollo obviamente no aceptaron. Esto llevó a una maniobra del presidente de la COP30 al final de la primera semana para hacer una solicitud a la secretaría para que este tema del financiamiento se incluyera en el orden del día.

Entonces, la financiación no se realizará. Dado el estado actual del mundo, dada la ausencia de Estados Unidos y el retroceso del liderazgo de la Unión Europea, la perspectiva de contar con financiación pública es muy baja. Y esto, evidentemente, es un factor de estrés adicional porque si la financiación no avanza, nada más avanza. Ahora bien, existe este problema en lo que respecta a la implementación de los objetivos del Acuerdo de París, pero al mismo tiempo muchos países están tomando decisiones como electrificar sus redes de transporte. Porque eso les conviene. Les resulta más barato.

Obviamente, tendremos un problema con los países menos desarrollados, con muchos países africanos, donde el costo es muy alto y el costo del capital es muy alto. Estos son países que ya están muy endeudados, así que es difícil. Será difícil para estos países dar este salto sin apoyo, sin respaldo financiero.

—Pero ve una luz en el tema de la electrificación…

—La energía renovable se ha vuelto tan barata que si tomamos, por ejemplo, el caso de Brasil, tenemos un país con costos de capital muy elevados para este tipo de inversión, del orden del 10 % al 12% del valor del proyecto. Si solo se considera el costo del capital, se podría suponer que Brasil es un país que no instalará mucha energía renovable debido a su alto costo.

Pero, en realidad, en Brasil contamos con tanta energía solar en nuestro sistema que necesitamos invertir menos. Brasil tiene un excedente de energía solar. Dado que instalar energías renovables en Brasil se ha vuelto tan económico, el costo del capital deja de ser una barrera. Creo que la disminución del costo de la tecnología, el hecho de que China esté inundando el mundo con paneles solares y otras tecnologías, baterías y autos eléctricos está reduciendo las barreras para algunos países del Sur Global, ya que les resulta económicamente viable y más rentable instalar energías renovables y electrificar su economía.

Vimos, por ejemplo, cómo Etiopía prohibió importar los autos con motor de combustión y lo hizo porque los coches eléctricos son más baratos. Los chinos también, por plazos. Londres acaba de reemplazar toda su flota de autobuses con autobuses eléctricos.

No quiero sonar optimista, porque la realidad es que estamos en plena transformación. Dentro de tres o cuatro años, el mundo superará el umbral de 1.5 °C de calentamiento global y la transición hacia las energías renovables aún está lejos de producirse a la velocidad necesaria. Pero creo que este cambio tecnológico está cambiando de ritmo, está cambiando de velocidad. Por supuesto, esto aún puede sorprendernos. Creo que ese será un tema que se tratará más allá de la COP31.

—Cuando regresó de la Conferencia de Bonn, sostuvo que la reunión fracasó, en parte, debido a las posturas extremas. ¿Podría explicar en qué consistían estas formas de extremismo que observó en Bonn?

—En primer lugar, creo que lo primero que la gente debe entender es que no es una reunión política. Es una reunión técnica. Y los negociadores, los diplomáticos, a nivel técnico, tienen poca autonomía para superar los bloqueos. Así que, la mayoría de las veces, acuden y repiten las posiciones habituales de los países. Hay poca movilización de la opinión pública en torno a Bonn. Así que el coste político de ser extremista, de bloquear, de no avanzar, es bajo porque “en la COP a finales de año, veremos e intentaremos resolverlo”. Así que noté que los países estaban yendo un poco demasiado lejos. Y a juzgar por los discursos, en la sesión plenaria final, también se dieron cuenta de que habían ido demasiado lejos.

Mi impresión es que se agravó muy rápidamente hasta un punto al que nadie quería llegar, porque eso significó dos semanas de trabajo perdidas en la mayoría de las vías de negociación. La financiación ni siquiera llegó a una conversación formal.

—¿Se avanzó en algo?

—Curiosamente, lo que ocurrió en Bonn fueron las conversaciones sobre combustibles fósiles paralelas a la negociación, por ejemplo, los acontecimientos en torno a la presidencia brasileña y las conversaciones en el seno de la sociedad civil fueron interesantes. Todo resultó muy convincente. Existía una genuina voluntad entre muchas personas de debatir sobre combustibles fósiles. Pero todo esto tuvo lugar fuera de las salas de negociación.

—Sabemos que la ciencia es central en las políticas que toman los países contra el cambio climático. ¿Cuál es el panorama para el próximo informe del IPCC, la evaluación científica elaborada por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas ?

—No puedo darle esa respuesta porque el estancamiento sigue siendo evidente. India y China, los países africanos también, dicen que no hay tiempo suficiente para publicar el informe a tiempo. Ante esto, algunos países han tenido que convocar a una red de prensa para decir que necesitamos defender la ciencia. Y la reacción de los países que atacan al IPCC fue muy mala. Llamaron hipócritas a los países que quieren una alineación. Así que fue una forma de intentar desviar el foco de la conversación, en mi opinión.

—¿Cómo actuaron los países latinoamericanos?

—Ya no hay unidad entre los países latinoamericanos. No hay coordinación en algunos temas. Por ejemplo, la transición. América Latina y el Caribe bloquearon todo el debate sobre mitigación y creo que fue innecesario. La causa era justa. La CELAC quiere que los combustibles fósiles se aborden dentro del programa de trabajo de mitigación. Pero la insistencia en que esto sucediera, que fue lo mismo que hizo Colombia al final de la COP30 en Belém, llevó al bloqueo total del debate sobre mitigación. Si este problema no se resuelve a tiempo, nos quedaremos sin un espacio formal para debatir la mitigación dentro de la conferencia, dentro del Acuerdo de París.

—Entonces, ¿América Latina llega debilitada a la COP31?

—No lo creo. Porque el estado general de la negociación en este momento es tan caótico que no hay países fuertes. Todavía hay mucha fuerza dentro del grupo de países en desarrollo, que fueron muy fuertes en Belém.

El artículo original fue publicado por Emilia Delfino en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La naturaleza ha sido su laboratorio, las abuelas sus maestras, las plantas medicinales sus instrumentos y la flora y fauna de su entorno su objeto de estudio. Cuando eran niñas no sabían lo que era vestir una bata blanca o manipular un microscopio, pero observar a las aves, bañarse en el río y escuchar los relatos de sus pueblos las preparó para llegar a la universidad y convertirse en las primeras científicas de su familia y, en muchos casos, de sus comunidades.

“Siempre tuve una pregunta para todo lo que mis abuelos me decían. ¿Por qué el río crece? ¿Por qué el pez respira dentro del agua? ¿Por qué las aves vuelan? Quería encontrar las respuestas y por eso quise ser bióloga”, cuenta Avita Taricuarima, científica del pueblo indígena kukama, de Perú.

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Esa niña que caminaba más de 10 kilómetros diarios a través de la selva amazónica para ir a la escuela jamás imaginó que a sus 32 años ya habría publicado un artículo científico, estaría por graduarse de la carrera de biología y sería parte de la lista de The Explorers Club, que reconoce a los 50 mejores investigadores del planeta.

Yarina Tapuy tampoco habría pensado que a esa misma edad ya habría descrito 14 especies nuevas de insectos ni Alejandra Nohora Quiguantar que llegaría a integrar el Panel Científico por la Amazonía. Si a la pequeña Marisel Mamani le hubiesen dicho que en su adultez viajaría a Suecia para realizar un doctorado, a Paola Moreno-Roman que estudiaría en la Universidad de Stanford o a Rosa Marina Flores Cruz que lograría utilizar la ciencia para luchar contra las amenazas a su pueblo, no lo habrían creído.

Todas ellas son científicas de diferentes pueblos y nacionalidades indígenas de Bolivia, Colombia, Ecuador, México y Perú que, gracias a sus hallazgos, no solo han aportado a la biología, sino que han logrado demostrar que los conocimientos ancestrales pueden ser una parte esencial de la ciencia.

Pero uno de sus principales retos ha sido abrirse paso en un campo históricamente ocupado por los hombres. Según datos de la Unesco, solo una de cada tres científicos en el mundo es mujer. “Partamos de que ya existe una baja representación de mujeres en la investigación científica a nivel mundial, pero cuando uno va a buscar la participación de mujeres indígenas en ciencias, no existe un mapeo de esa situación, no hay cifras”, explica Janeth Bonilla, vicepresidenta de la fundación Kichwa Institute of Sciences, Technology and Humanities (Kisth), la cual apoya y visibiliza el trabajo de las científicas de pueblos y nacionalidades indígenas de Ecuador.

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Lo que explica Bonilla es otro de los desafíos que están enfrentando estas investigadoras: son invisibles en las estadísticas. A esto se suman la falta de recursos económicos, los prejuicios y la discriminación dentro de la academia y la necesidad de visibilizar no solo su trabajo, sino que la ciencia también se construye en los territorios.

En este informe especial, Mongabay Latam presenta las historias de estas seis científicas indígenas de Latinoamérica que buscan que sus investigaciones contribuyan a la conservación y defensa de sus comunidades.

Ciencia desde y para las comunidades

Sus visitas diarias a la chagra en su infancia, sin saberlo, fueron los primeros pasos de Nohora Alejandra Quiguantar en la biología. En su comunidad Mellamués, ubicada en las montañas de Nariño, entre el Pacífico y la Amazonía colombiana, las plantas medicinales de la huerta tenían un rol fundamental. Con ellas, su abuela curaba enfermedades, asistía los partos y protegía su legado ancestral. Y, gracias a esas mismas plantas, Quiguantar obtuvo su título de bióloga.

Su tesis de grado se enfocó en la identificación de 90 especies y sus usos, pero, al inicio, sus resultados fueron invalidados por no apegarse de forma estricta al método científico. Ante eso, implementó una metodología comunitaria para contar la historia de su pueblo a través de las plantas y, a pesar de la resistencia a sus métodos, se graduó como bióloga.

“Mi trabajo de investigación no lo estaba haciendo para la universidad, sino para la gente”, explica a Mongabay Latam sobre este proceso en el que colaboraron las madres, lideresas, parteras, docentes y taitas de su comunidad.

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Romper esa brecha que existe entre los saberes ancestrales y la ciencia occidental es uno de los objetivos de Quiguantar y sus colegas. Un estudio publicado en Science Direct demuestra que el “enfoque estructurado y sistemático para comprender el mundo natural”, refiriéndose al método científico tradicional, “parece erosionar la sabiduría y legitimidad del conocimiento indígena”.

El artículo, por otro lado, resalta las oportunidades de articular las prácticas científicas con los saberes ancestrales, ya que esto conduce a estrategias de conservación más completas y eficaces, además de reconocer y valorar los aportes que han tenido estos pueblos durante siglos de observación y convivencia con la naturaleza.

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Para Yarina Tapuy, científica kichwa de la provincia de Napo, ubicada en la Amazonía ecuatoriana, los conocimientos que le heredaron sus antepasados y las experiencias que vivió en su comunidad, Capirona, han sido esenciales para estudiar insectos. Por ejemplo, desde que era niña, sabía que la picadura de la hormiga conga era una de las más fuertes o que hay abejas que pican y otras que no tienen aguijón.

“En el caso de los bichos, hay muchas cosas que ya sabía y después la ciencia me sirvió para entender qué hay detrás. Prácticamente es lo mismo, pero con diferente explicación”, dice a Mongabay Latam Tapuy, quien ha descrito 14 especies nuevas de escarabajos.

Pero, más allá de que sus aportes a la ciencia estén publicados en revistas indexadas, su sueño es que la comunidad los pueda usar para su protección. Uno de sus objetivos es crear una fundación en la Amazonía que se enfoque en promover el desarrollo comunitario para fomentar la participación activa de los pueblos indígenas en las investigaciones y que no sean tratados solo como objeto de estudio.

“La ciencia no solo debe recolectar datos, sino compartirlos”, dice Taricuarima, quien coincide con Tapuy en que la información que se extrae debe regresar a los territorios. Un artículo realizado por investigadores de la Universidad Estatal de Colorado muestra que el 87 % de los estudios enfocados en cambio climático han seguido un modelo extractivo. Esto quiere decir que investigadores ajenos a las comunidades han utilizado los conocimientos de los pueblos indígenas sin su participación en la toma de decisiones.

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Además, los resultados no han sido socializados ni utilizados para beneficiar a los lugares de donde se extrajeron los datos. Este es un aspecto que muchas veces se critica a la ciencia occidental y que estas mujeres buscan cambiar.

Taricuarima, por ejemplo, se ha enfocado en el estudio de los peces, ya que son la principal fuente de alimento de su pueblo, los kukama, conocidos como gente de río. La idea de su primer artículo como coautora, publicado en la revista Zoonotic Parasite, surgió mientras tomaba una sopa de pescado. En las escamas, recuerda, encontró unos gusanos de color blanco y, tras analizarlos en el laboratorio, descubrió que eran dañinos para la salud.

Con la intención de proteger a las comunidades amazónicas, continuó analizando otros parásitos con potencial zoonótico presentes en los peces. “No les digo que dejen de comer, sino que les recomiendo buenas prácticas para alimentarse sin perder riqueza cultural o nuestra identidad”, explica la bióloga.

Ahora, su tesis está enfocada en analizar bacterias de aguas calientes o termófilas para degradar diferentes tipos de microplásticos, lo cuál ayudaría a proteger sus ríos. “Cada logro, lo comparto con mi comunidad. Al ser la primera en todo esto, ellos aprenden de lo que yo aprendo”, dice Taricuarima.

Una herramienta contra las amenazas

Además del contacto con la naturaleza, las amenazas que afectan su territorio también han incentivado a estas mujeres a estudiar ciencias. “La preocupación que tengo por estos peces, porque hay minería ilegal [que contamina las aguas con mercurio] y pesca, es lo que me ha motivado. Quiero proteger mis recursos y rescatar lo que aún tenemos haciendo llegar mi voz a más lugares”, explica la bióloga kukama sobre sus esfuerzos para conservar lo que aún queda para su “gente del río”.

Rosa Marina Flores Cruz conoce de cerca lo que es enfrentar los impactos negativos de actividades que ponen en riesgo a la “gente de las nubes” o Binnizá, que es el nombre con el que el pueblo zapoteco se reconoce.

La historia de la experta afrozapoteca se relaciona con la expansión de la energía eólica en Oaxaca, sobre todo, en el Istmo de Tehuantepec, que entre 2007 y 2012 vivió el crecimiento más acelerado de la energía eólica en México. Allí se ubica su natal Juchitán que, poco a poco, se fue transformando por los aerogeneradores.

“Al final, mi decisión de estudiar Ciencias Ambientales tuvo que ver con todo eso”, dice Flores Cruz. En 2007, salió de su comunidad para cursar esta carrera en Michoacán, en un campus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y después una maestría enfocada en conflictos territoriales, capitalismo verde y resistencias comunitarias en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

A través de sus investigaciones, Flores Cruz también ha analizado los impactos del terremoto de septiembre de 2017 en el Istmo de Tehuantepec. Su estudio se centra en un proyecto de reconstrucción de cocinas liderado por mujeres, el cual no solo buscó reparar daños físicos, sino reactivar la economía local.

En el caso de Marisel Mamani, su respuesta ha sido contra otra amenaza: el uso desmedido de pesticidas. Según datos del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, la importación y el uso de plaguicidas en Bolivia se incrementó en un 400 % entre 2005 y 2016.

Durante su maestría en Ciencias Biológicas y Biomédicas, esta científica aymara logró demostrar que era posible destruir la pared celular de hongos dañinos para el mango y eliminar las larvas de la mosca de la fruta en el suelo sin uso de pesticidas. Siguiendo su línea de estudio, publicó un artículo sobre la diversidad de Trichoderma en la Amazonía boliviana y su potencial para el control de enfermedades del café sin utilizar químicos.

Para Mamani, más allá de los hallazgos, lo más importante de estas investigaciones ha sido la incorporación de los saberes locales en el proceso. “Ellos me hablan de los rituales y yo los respeto. La ciencia no puede estar separada de la parte ancestral”, dice la científica sobre su trabajo con los productores de café en las Yungas de La Paz, que son quienes aportaron con su conocimiento y, al mismo tiempo, se han beneficiado de sus hallazgos.

Rompiendo estereotipos

“Yo quería ser una Jane Goodall de Perú en la selva amazónica. Era el único ejemplo de científica que tuve por muchísimos años”, dice Paola Moreno-Roman. Esta bióloga quechua se refiere a un problema que también experimentaron sus colegas: la falta de referentes mujeres indígenas en ciencias ambientales que demostraran que este camino era posible.

Con el fin de cambiar esta realidad, Moreno-Roman es parte del proyecto Foldscope, ideado por investigadores de la Universidad de Stanford, que consiste en llevar un microscopio de papel sintético a las comunidades para fomentar el uso de estas herramientas a las cuales ni ella ni otras tantas científicas indígenas tuvieron acceso durante su infancia.

“La educación me ha abierto las puertas y es mi rol contribuir de diferentes formas, no solo con el microscopio, sino también para apoyar a las personas a que puedan usarlo y perseguir los sueños que ellos tengan”, dice la científica que estudió en Yale y en Stanford. Moreno-Roman también usa sus redes sociales, a través del perfil Yachaq Warmi (Mujeres en STEM), para difundir la ciencia y mostrar el trabajo de otras científicas de toda la región.

Por otro lado, Taricuarima espera que su incorporación a la lista The Explorers Club 50, en la que se reconoce a las personas que están aportando a la ciencia, la conservación y la exploración, motive a otras niñas a seguir su ejemplo. “Este no solo es un paso para mí, sino para las que vienen detrás. Para hacerlas sentir que son escuchadas y valoradas y que podemos hacer muchas cosas”, dice.

Quiguantar, Tapuy y Mamani no solo han sido las primeras de sus familias en obtener una licenciatura, sino también de sus comunidades, donde han demostrado que hay otras opciones para las mujeres. “A nosotras justamente nos han enmarcado en unos roles de reproducción y cuidado. Cuando iba a empezar la carrera, los comentarios eran que era una pérdida de tiempo, que ya tenía edad para casarme o mantener un marido”, cuenta Quiguantar.

 Ahora, es parte del Panel Científico por la Amazonía y ha llevado su mensaje de inclusión y conservación a eventos internacionales como las Conferencias de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP). También publicó junto a otros investigadores un artículo sobre la necesidad de reconocer el rol de los sabedores tradicionales y proteger sus conocimientos.

Flores Cruz ha roto otro estereotipo: el de la científica de bata blanca. Tras culminar su maestría, decidió tomarse un respiro de la producción de artículos y enfocarse más en el trabajo comunitario y territorial para encontrar otras formas de investigar fuera del espacio académico.

Ahora está estudiando una licenciatura en Comunicación y forma parte del colectivo Red Futuros Indígenas, que agrupa a mujeres indígenas con formación en ciencia, humanidades, psicología y ciencias biológicas para reflexionar sobre metodologías que se impulsen desde los territorios.

El camino recorrido por estas investigadoras demuestra que la ciencia no se limita a las paredes de un laboratorio ni se valida únicamente con una publicación indexada. Al proteger los ríos, conservar la selva y defender sus recursos, están inspirando a las próximas generaciones de niñas indígenas a entender que sus entornos y las enseñanzas de sus abuelas también son parte de la ciencia.

Sus historias están transformando el panorama de la investigación en América Latina, dejando claro que el rigor académico y la identidad cultural no son caminos excluyentes. Como dice Mamani: “Hacer ciencia no es olvidar tus raíces”.

Ilustración de portada: Juan Pablo Dellacha

El artículo original fue publicado por Isabel Alarcón en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En Malargüe, una ciudad argentina a los pies de la Cordillera de Los Andes, los pasos del gato andino (Leopardus jacobita) volvieron a dejar rastros de conservación. Este es uno de los felinos más difíciles de ver y es el más amenazado del continente americano. Por tercer año consecutivo se logró registrar entre las rocas, a través de cámaras trampa, su presencia cerca del área protegida La Payunia. En diálogo con Mongabay Latam expertos destacan los planes de conservación en una zona.

El gato andino es el único en la categoría “En Peligro de Extinción” en el continente americano, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Sus poblaciones se caracterizan por tener baja densidad y estar fragmentadas, dos factores que lo hacen particularmente vulnerable. Hasta hace poco tiempo, era conocido solo en altitudes superiores a los 3600 metros sobre el nivel del mar en Argentina, Bolivia, Chile y Perú.

Su cola es larga, gruesa, cilíndrica y de aspecto felpudo. En esta extremidad, además, cuenta con entre seis y nueve anillos anchos de color que oscila entre café oscuro a negro. Tiene nariz negra, a diferencia del gato del pajonal (Leopardus colocolo), que tiene la nariz rosada. Ambos felinos comparten hábitat. Las estimaciones internacionales indican que quedan menos de 2200 gatos andinos distribuidos en sectores montañosos de Argentina, Bolivia, Chile y Perú.

El gato andino es ligeramente más grande que un gato doméstico. Pesa en promedio cuatro kilogramos y mide alrededor de 60 centímetros de longitud. El hábitat de un macho puede llegar a tener el tamaño de más de 5000 canchas de fútbol. Es una especie con densidades poblacionales muy bajas y comparte espacios con el gato de pajonal.

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Según WCS Argentina, en 2005 fue registrado en el noroeste de la Patagonia, a 1800 metros sobre el nivel del mar, y recientemente se lo registró nuevamente a 650 metros sobre el nivel del mar. De acuerdo a la misma organización, luego de realizar estudios genéticos se descubrió que la población patagónica y la del Altiplano están diferenciadas genéticamente por el escaso intercambio desde hace más de 200 000 años, por lo que deben ser consideradas como dos unidades evolutivas separadas.

“Cada hallazgo es una gran noticia y nos confirma que el gato andino continúa en el área y que los esfuerzos de conservación generan resultados concretos. [Malargüe] es una zona donde no lo habíamos registrado antes, pero lo estábamos monitoreando desde hace años a partir del testimonio de un productor que describió con notable precisión un encuentro con un ejemplar”, relató a Mongabay Latam María José Bolgeri, doctora en biología y gerente de manejo regenerativo de WCS Argentina.

“Junto al trabajo científico, el avistaje de pobladores y productores ganaderos de la zona es esencial para completar el conocimiento de la distribución de esta especie y las amenazas que enfrenta”, agregó la experta.

Registros de conservación

En los registros de las cámaras trampa se observa al gato andino moviéndose entre formaciones rocosas, prácticamente camuflado con el paisaje árido y volcánico que caracteriza a esa zona del sur de la provincia de Mendoza, en la frontera con Chile. El área protegida La Payunia es una de las reservas más grandes de Argentina, con más de 665 000 hectáreas.

Ese paisaje natural se caracteriza por la presencia de más de 800 conos volcánicos y coloridas planicies. Allí habitan una diversidad de especies vegetales y animales, como el cóndor andino (Vultur gryphus), el puma (Puma concolor), el zorro colorado (Lycalopex culpaeus), el choique o ñandú petiso (Rhea pennata), la mara o liebre patagónica (Dolichotis patagonum) y especies que solo pueden encontrarse en este lugar, como el lagarto de las rocas (Phymaturus patagonicus) de la Payunia. Además, es el escenario de la mayor migración de guanacos (Lama guanicoe) que existe, un proceso natural amenazado a escala global.

El gato andino enfrenta múltiples riesgos: caza por ganaderos para evitar pérdidas de ganado, atropellamientos en carreteras y caminos, reducción de presas como el chinchillón o vizcacha de montaña (Lagidium viscacia), degradación del hábitat por actividades extractivas e impactos del cambio climático.

WCS Argentina estudia la distribución del gato andino en el norte de la Patagonia desde 2005, encontrando que el 50 % de los registros eran de animales cazados por productores ganaderos con el fin de evitar pérdidas de ganado por parte de estos depredadores silvestres.

“El trabajo sostenido desde hace más de dos décadas permitió a WCS Argentina identificar áreas prioritarias para implementar medidas de conservación para la especie, generando desde entonces el 75 % de los registros confirmados hasta el momento, y la necesidad de sostener y expandir las medidas de coexistencia entre las actividades ganaderas y la fauna nativa”, afirmó Bolgeri.

Los recientes registros en Mendoza y la provincia vecina de Neuquén refuerzan el valor estratégico de la reserva de La Payunia. Desde el ámbito científico y de conservación se remarca que estas imágenes aportan datos valiosos para fortalecer estrategias de protección de la especie y del ecosistema en el que vive. Además, el registro en esta zona argentina refuerza la importancia de las áreas protegidas y del monitoreo sostenido con tecnología, como las cámaras trampa.

“Para cuidar La Payunia y la vida silvestre que la habita, trabajamos en colaboración con los gobiernos locales, comunidades, productores ganaderos, el sector privado, organizaciones de conservación y de investigación. Este es un claro ejemplo de la función clave que cumple un área natural protegida que impacta positivamente más allá de su límite”, explicó Fernando Miñarro, gerente de áreas protegidas terrestres de WCS Argentina.

El experto añadió que el gato andino necesita ser protegido dentro y fuera de un área natural protegida. “Trabajar en la elaboración e implementación de planes de manejo que derraman buenas prácticas productivas hacia el exterior, como la ganadería regenerativa o el turismo de naturaleza, asegura el éxito de la conservación y la coexistencia”, dijo Miñarro.

Según el experto, la ganadería regenerativa es clave para proteger al gato andino. Esta actividad, también llamada sostenible, silvopastoril o rotacional intensiva, consiste en combinar árboles, arbustos y pastos de calidad para mejorar la eficiencia ganadera, mitigar la sequía y aumentar la biodiversidad de la zona.

Miñarro explicó que apuntan a evitar el pastoreo excesivo en áreas de roqueríos (espacio físico caracterizado por una gran acumulación o abundancia de rocas y peñascos) y bofedales para conservar el hábitat de sus presas. Además, dijo que la ganadería regenerativa promueve la coexistencia pacífica al implementar métodos no letales para proteger rebaños, evitando así que los productores cacen al felino.

Además, el turismo de naturaleza es clave para conservar al gato andino porque transforma a esta especie en un activo económico valioso para las comunidades locales. Este tipo de turismo fomenta el orgullo local, desalienta la caza tradicional, promueve la creación de áreas protegidas y permite financiar programas de monitoreo en ecosistemas altoandinos.

Un paisaje espectacular 

Según el Gobierno de Mendoza, La Payunia es uno de los principales atractivos naturales de esa región. En esa zona hay un promedio de 10.6 volcanes cada 100 kilómetros cuadrados y tiene una vida silvestre impresionante, ya que los animales viven en condiciones extremas por la altura y las temperaturas bajas. Ahí está el gato andino, caminando solitario.

En Bolivia y Perú, la Fundación Teko Kavi impulsa la conservación de este felino dentro del proyecto Conservación del Gato Andino. Josef Rechberger, biólogo y director de esa organización, explicó a Mongabay Latam que la supervivencia de esta especie enfrenta serias amenazas, como la minería.

“Aunque no afecta de manera directa al felino, contamina los cuerpos de agua de los cuales depende toda la fauna silvestre. A esto se suman la ganadería extensiva de llamas y alpacas, que altera el equilibrio ecológico, y la presencia de perros y gatos domésticos sin control, que compiten por alimento e incluso transmiten enfermedades”, detalló Rechberger.

En Bolivia, acotó el también especialista en mastozoología, se instalaron 40 cámaras trampas en 2023 en el área protegida de Apolobamba, en el departamento de La Paz. Tras la implementación de ese método se pudo catalogar a dicha reserva como una zona clave para la conservación del gato andino, que en Bolivia tiene una clasificación de “En Peligro crítico”, según el Libro Rojo de Vertebrados.

“Este es un trabajo en equipo. Acá se debe trabajar con el Estado, con las comunidades, con organizaciones, todo para evitar la desaparición de esta especie tan asombrosa”, destacó Rechberger.

Una alianza transnacional por el gato andino

Argentina, Bolivia, Chile y Perú son los únicos países en el mundo habitados por esta especie, y existe un proyecto que promueve su conservación: la Alianza Gato Andino. Esta iniciativa, que reúne a profesionales, la mayoría de ellos biólogos, se creó en 1999 y desde entonces generó información científica de esta especie, además de una serie de campañas de difusión para sensibilizar a la audiencia y resaltar la importancia de su conservación.

Entre los logros de AGA, está el haber conseguido que el gobierno chileno nombre a este animal como embajador del Día de la Fauna Nativa, que se celebra cada 5 de noviembre en Chile. Rocío Palacios, doctora en Biología y directora de AGA, explicó a Mongabay Latam que sus programas tienen una “misión global”, pero con un “enfoque local”.

“Nosotros creamos una serie de intervenciones, que después mostramos a cada comunidad con la que trabajamos y ellos deciden qué implementar para tener más resultados en la conservación del gato andino. No solo se trata de proteger al gato andino, sino también a todo el paisaje donde habita”, resaltó Palacios.

Según la experta, las comunidades locales son actores fundamentales para la conservación del gato andino. Al ser los habitantes directos de su hábitat en las altas montañas, su rol es vital para frenar amenazas como la caza y la minería, promoviendo el cuidado del medioambiente a través de acciones de vigilancia y educación.

Por ejemplo, en las culturas aymara y quechua locales, este felino es considerado un animal sagrado, símbolo de fertilidad y vinculado a los espíritus protectores de las montañas.

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Para la mayoría de los pueblos indígenas de la Amazonía boliviana, el bosque es mucho más que un conjunto de árboles. Es la “casa grande” donde conviven la comunidad, los ríos, los animales, los seres espirituales y la memoria de sus antepasados. Para ellos, conservar los bosques es conservar la vida. Sin embargo, los datos analizados por Amazonía Traficada —un proyecto periodístico apoyado por el Pulitzer Center, en alianza con RAI Bolivia, Mongabay Latam y Asuntos Centrales— muestran que ahora esa “casa grande” está bajo asedio.

En apenas dos décadas (2003-2023) se deforestaron más de 186 500 hectáreas de bosque en los 48 territorios indígenas de la cuenca amazónica boliviana, una superficie casi tres veces mayor que la ciudad de Madrid. De esa cantidad, solo el 10% contó con la autorización de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), el 90 % restante —168 670 hectáreas— ocurrió al margen de la ley.

Para Rivelino Segundo, capitán grande de Isoso —el territorio indígena con la mayor superficie de desmonte ilegal, más de 43 000 hectáreas—, la deforestación que avanza sobre los territorios ancestrales está directamente relacionada con los avasallamientos y la expansión de la frontera agrícola. A su juicio, quienes ocupan ilegalmente estas tierras buscan convertir el bosque en áreas de producción. “No somos nosotros los que desmontamos. Son los avasalladores. [En Isoso], lo hacen para sembrar soja a gran escala. Nosotros, como pueblo guaraní, convivimos con la naturaleza”.

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Este y otros hallazgos son el resultado de un año de investigación en el que la alianza periodística, apoyada por geógrafos, analizó miles de datos filtrados desde la ABT y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que fueron corroborados, más información proveniente de MapBiomas, el producto satelital mensual de Área Quemada Global de la NASA (MODIS MCD64A1) y la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN). El cruce de toda esta información, combinada con análisis geoespacial e imágenes satelitales, organizada en ocho bases de datos, más una reportería de campo en la que se levantaron al menos 30 entrevistas a líderes indígenas permitió reconstruir, con un nivel de detalle sin precedentes, las transformaciones que han experimentado los 48 territorios indígenas titulados de la cuenca amazónica boliviana en las últimas décadas.

De esa investigación nace VISTA, una plataforma que reúne y pone a disposición pública la información analizada por Amazonía Traficada.

La herramienta permite explorar, uno a uno, los 48 territorios indígenas y conocer qué está ocurriendo en su interior y en sus alrededores en cuanto a deforestación, quemas, expansión de la soja, autorizaciones de desmonte y asentamientos de terceros.

La frontera de lo ilegal

Entre 1986 y 2024, según los registros de GeoFAN, portal geoespacial de datos desarrollado por la FAN, los 48 territorios indígenas titulados de la cuenca amazónica acumularon la pérdida de aproximadamente 257 000 hectáreas de bosque. La cifra equivale al 3.4 % de toda la superficie deforestada en Bolivia durante ese periodo, estimada en 7.6 millones de hectáreas.

Para comprender cuánto de esa transformación ocurrió dentro del marco legal, Amazonía Traficada accedió, a través de una filtración de la ABT, a una base de datos inédita sobre autorizaciones de desmonte emitidas entre 2003 y 2023. Los registros muestran que, durante esas dos décadas, la institución otorgó alrededor de 9 400 resoluciones administrativas con las que autorizó el desmonte de casi 80 000 hectáreas de bosque en 41 territorios indígenas.

Sin embargo, solo una fracción de esa superficie autorizada para desmonte perdió bosque. Al cruzar la información de la filtración de la ABT con datos satelitales de deforestación, la investigación identificó que de las 80 000 hectáreas autorizadas, alrededor de 17 900 hectáreas de bosque fueron efectivamente taladas.

La diferencia entre lo permitido y lo que realmente ocurrió en el territorio revela una realidad más compleja. Que solo se haya desmontado una fracción de la superficie autorizada no significa que la deforestación haya sido menor. Por el contrario, la mayor parte de la pérdida de bosque sucedió fuera de las áreas autorizadas. Entre 2003 y 2023, la pérdida de bosque registrada en áreas sin permiso alcanzó las 168 670 hectáreas.

En otras palabras, por cada hectárea de bosque talado dentro de áreas autorizadas, se desmontaron más de nueve hectáreas fuera de ellas. El 90 % de la pérdida de bosque en los territorios indígenas amazónicos ocurrió al margen de los mecanismos de control estatal.

Amazonía Traficada solicitó información y una entrevista a la Dirección Nacional de la ABT para conocer su evaluación sobre estos hallazgos. Al cierre de esta investigación, la institución informó que el requerimiento continuaba en “revisión y coordinación administrativa interna”, por lo que no emitió una respuesta dentro del plazo previsto.

La presión que enfrentan los territorios indígenas amazónicos forma parte de una tendencia más amplia. El informe del World Resources Institute muestra que Bolivia, en 2025, volvió a ocupar el segundo lugar mundial en pérdida de bosque primario, solo por detrás de Brasil.

La pérdida de bosque en la Amazonía indígena no solo ocurre como resultado de los desmontes. El fuego también ha dejado una huella profunda sobre estos territorios. Datos analizados para esta investigación muestran que, entre 2001 y 2024, las quemas e incendios forestales afectaron 23.8 millones de hectáreas en Bolivia. De esa superficie, 4.1 millones de hectáreas —el 17 % del total nacional— se localizaron dentro de territorios indígenas titulados de la cuenca amazónica boliviana.

¿Cómo se llegó a esta situación?

Para comprenderlo es necesario retroceder varias décadas y revisar la historia de las demandas de los pueblos indígenas amazónicos por el reconocimiento y la defensa de sus territorios ancestrales.

La última década del siglo pasado fue clave en la conquista del reconocimiento de los territorios indígenas. Los años 1990 y 1996 marcaron hitos decisivos de ese proceso. En esos dos años los pueblos indígenas dejaron atrás los bosques, ríos y sabanas que conforman su hogar amazónico para recorrer cientos de kilómetros hasta la sede del Gobierno, en La Paz.

En ambas oportunidades —las primeras, aunque no las únicas— caminaron durante más de 30 días para hacer visible una demanda histórica. No pedían nuevas tierras; exigían que el Estado boliviano reconociera los territorios que ellos habitaban desde antes de la constitución de la República en 1825.

La presión de la marcha de 1996 contribuyó a la aprobación de la Ley INRA, que sentó las bases para el saneamiento y la titulación de los territorios indígenas. Sin embargo, tres décadas después de ese hito histórico, el reconocimiento territorial quedó lejos de completarse. Así lo demuestran investigaciones del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) y del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA).

Los 48 territorios indígenas de la cuenca amazónica, en conjunto, pidieron el reconocimiento legal de alrededor de 22.7 millones de hectáreas, pero el INRA tituló 11.7 millones de hectáreas, apenas el 52 % de la superficie solicitada. Más de 11 millones de hectáreas quedaron fuera de la titulación.

Mientras gran parte de esta demanda seguía sin resolverse, el Estado continuó adjudicando tierras a terceros en áreas colindantes a los territorios indígenas. Se trataba de privados y comunidades de colonizadores, como se conoce en Bolivia a los campesinos, generalmente de zonas andinas, que migraron al oriente boliviano para dedicarse a la agricultura y expandir la frontera agrícola. El equipo de Amazonía Traficada tuvo acceso, a través de una filtración del INRA, a resoluciones de asentamientos (inicio del proceso de dotación de tierras) emitidas durante una década por esta institución.

El análisis de esa información revela que, entre 2009 y 2019, el INRA adjudicó aproximadamente 318 500 hectáreas para el establecimiento de 236 comunidades en áreas adyacentes a 19 territorios indígenas titulados. Las principales beneficiarias fueron la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), afines al partido político que estuvo en el poder entre 2006 y 2025.

De acuerdo con la legislación boliviana, las comunidades beneficiarias de una resolución de asentamiento deben demostrar, en un plazo de dos años, el cumplimiento de la Función Social de la tierra para avanzar hacia la titulación definitiva, es decir, deben ocupar efectivamente el predio, residir en él y desarrollar actividades productivas. Si no lo hacen, pueden exponerse a procesos de reversión o a la pérdida de derechos sobre esas tierras. Consultado sobre la situación actual de estos asentamientos, el INRA no respondió a las reiteradas solicitudes de información realizadas para esta investigación.

Asimismo, se solicitó una entrevista —vía telefónica— con los máximos dirigentes de la CSCIB y de la CSUTCB, Juan Cáceres y Víctor Hugo Roca Leyte, respectivamente. Sin embargo, no fue posible establecer contacto con ninguno de ellos.

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El tráfico de tierras

Además de la presión que ejercen las comunidades de terceros asentadas —con la autorización del INRA— alrededor de los territorios indígenas titulados, estos pueblos ancestrales se enfrentan al avasallamiento de sus espacios legalmente reconocidos por el Estado, es decir que cuentan con un título de propiedad colectiva.

Amazonía Traficada entrevistó a líderes de 30 de los 48 territorios indígenas titulados de la cuenca amazónica. Veintiocho reportaron haber registrado avasallamientos durante las últimas dos décadas y, en 22 casos, los conflictos continúan sin resolverse.

¿Quiénes están detrás de estas ocupaciones y qué buscan? Según los testimonios recogidos, la mayoría de las presiones sobre el territorio comienzan con la toma ilegal de la tierra. Cuando los ocupantes pertenecen a una organización social (como la CSUTCB o la CSCIB, entre otras)— ejecutan el asentamiento en grupo. Esto sucede en 78 % de los casos reportados en las entrevistas.

Si se les pregunta por qué ocupan estos territorios, la respuesta suele ser la misma, relatan los líderes indígenas consultados. Sin presentar pruebas, aseguran que se trata de tierras fiscales disponibles y que ya han iniciado trámites de dotación ante el INRA. Acto seguido, dividen el área ocupada en parcelas, levantan viviendas precarias y comienzan a desmontar el bosque. Mientras las comunidades indígenas denuncian el avasallamiento y las instituciones estatales tardan meses —e incluso años— en actuar, los árboles siguen cayendo y se activa un mercado ilegal de tierras dentro de los territorios indígenas.

No obstante, los avasallamientos no siempre son impulsados por organizaciones sociales. Cuando los ocupantes son actores privados, el mecanismo suele ser diferente. Quienes ingresan afirman haber comprado los predios y, según los testimonios recogidos, detrás de estas operaciones suele existir una compleja red de intermediarios, traficantes de tierras y otros actores que alimentan el mercado ilegal de tierras indígenas.

En ambos casos, el objetivo final es el mismo: habilitar tierras para actividades agropecuarias a distinta escala.

A las ocupaciones y disputas por la tierra se suma otra presión: la expansión de la soja. Datos de MapBiomas analizados para esta investigación muestran que, entre 2021 y 2024, este cultivo estuvo presente en 15 de los 48 territorios indígenas amazónicos, es decir, en casi un tercio del total.

Los habitantes indígenas de la Amazonía boliviana siguen intentando defender su “casa grande” cada vez más presionada Lo que ocurra en ella tendrá consecuencias más allá de sus fronteras.

* Este reportaje es parte de Amazonía Traficada, un proyecto producido en colaboración con el Centro Pulitzer y en alianza con RAI Bolivia, Mongabay Latam y Asuntos Centrales. Puede leer el artículo original aquí

Colaboración reportería: Cristian Ascencio, Erika Bayá, Yaquelin Fernández, Yolanda Mamani

Análisis de datos: Lizeth Vargas Guzmán

Infografía: José Arias, Lily Soruco

Fotografía y video: Edy Yobany Velasco

El viento del altiplano ruge con una fuerza implacable por las faldas del Tata Poquis, un cerro sagrado que supera los 4500 metros sobre el nivel del mar, en la Región de Antofagasta, en el norte de Chile. En esta cumbre árida donde el oxígeno escasea, nacen las vertientes subterráneas que sostienen la existencia de la comunidad indígena lickanantay de Toconao.

Para ellos, esa agua pura que brota y se encauza de forma natural por los pliegues de la cordillera hasta transformarse en el río Jere es una arteria hídrica vital que no solo los abastece a ellos, sino que hace posible la ganadería de altura y un oasis frutícola único en medio del desierto más seco del mundo.

El 20 marzo de 2026 la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) —el órgano central encargado de administrar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) — decidió dar luz verde al proyecto “Prospecciones Aida” de Minera Plata Carina SpA. La decisión contradice la postura de la Comisión de Evaluación Ambiental de Antofagasta, que lo había rechazado originalmente en enero de 2025.

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Con una inversión estimada de 1.1 millones de dólares, el proyecto consiste en la ejecución de ocho sondajes mineros de perforación diamantina para recolectar muestras de roca y evaluar el potencial de minerales de plata de alta ley o alta calidad en la zona. El expediente oficial del proyecto fue ingresado al SEIA en 2023 bajo una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), un trámite simplificado donde la propia empresa declara que no generará daños graves. De acuerdo con ese documento, las faenas proyectan una duración de ocho meses y contemplan la apertura de caminos de acceso, un campamento temporal y piscinas de decantación.

La aprobación ambiental del SEA desató una batalla legal que escaló rápidamente hasta el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, donde la Asociación Indígena de Regantes y Agricultores de Toconao, junto a dos personas de la misma comunidad, presentaron dos reclamaciones en contra de la Dirección Ejecutiva del SEA. Solicitaron dejar sin efecto la resolución que calificó favorablemente al proyecto.

Para la comunidad de Toconao, la preocupación por el proyecto minero tiene que ver con la supervivencia. “Nosotros no frenamos el desarrollo, de hecho, hemos llegado a complejos acuerdos con entidades del Estado de Chile por la explotación del litio en el Salar de Atacama, pero nuestra línea roja de resistencia era que no nos tocaran las cabeceras de cuenca que utilizamos para vivir”, dice Leticia González, ingeniera agrónoma e integrante de la comunidad de Toconao.

Mongabay Latam se comunicó vía correo electrónico con el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para conocer su versión, pero hasta el cierre de esta nota no recibió respuesta.

La ofensiva legal tuvo un primer triunfo cuando el Tribunal Ambiental de Antofagasta paralizó provisionalmente las faenas en mayo. Sin embargo, el mismo tribunal levantó luego la medida cautelar en una votación dividida. Ante este revés, Toconao interpuso un recurso de reposición para exigir una audiencia pública.

La defensa de las aguas

“Realmente nos parece que hay un desconocimiento grande de las realidades territoriales [por parte] de los organismos que operan desde la capital del país. Ellos no saben cómo se vive y lo que uno elige vivir en estos territorios”, señala González.

Toconao está ubicado a 2400 metros de altitud, pero su existencia depende del sistema hídrico situado a 4500 metros sobre el nivel del mar, en pleno altiplano de la región de Antofagasta. A diferencia de los centros urbanos costeros o de las grandes operaciones mineras del norte chileno, la localidad no posee plantas desaladoras ni pozos de extracción profunda; el suministro proviene del agua que brota de la montaña, transformándose en el río Jere.

Este caudal es el motor de un oasis agrícola en el desierto atacameño, donde la comunidad cultiva variedades de papas, porotos y maíz, además de mantener huertos de olivos, damascos, granadas, membrillos, peras y cítricos que se abastecen exclusivamente de los caudales del río Jere. La eventual alteración de este flujo hídrico afectaría tanto a estos cultivos de subsistencia en la zona media como a la ganadería camélida que las familias practican en las vegas altas, áreas adyacentes al proyecto de exploración.

La microbióloga y experta en salares Cristina Dorador coincide en la fragilidad extrema de este ecosistema y advierte —a través de sus redes sociales— que el Salar de Tara es uno de los pocos que no presenta intervención directa humana, por lo que sus condiciones han permanecido estables en el tiempo. Dorador detalla que en este entorno existen bofedales, ecosistemas donde la tierra se encuentra cubierta de agua dulce de manera permanente o temporal. Hacia el fondo de la cuenca, aquellos bofedales se van salinizando hasta formar la laguna hipersalina y el salar.

Este ecosistema, protegido como Sitio Ramsar y parte de la Reserva Nacional Los Flamencos, es además un área crítica para la nidificación de las tres especies de flamencos que habitan en Chile: el chileno (Phoeniconaias chilensis), el James o parina chica (Phoenicoparrus jamesi) y el andino o parina grande (Phoenicoparrus andinus).

Sin embargo, la ejecución de las plataformas y los ocho sondajes de diamantina —el método de perforación para extraer muestras de roca del subsuelo— se proyecta justamente en las cabeceras de agua de este sistema hidrológico.

Para la comunidad lickanantay, el impacto de estas obras no solo implica la pérdida de caudales, sino también la alteración de un patrimonio medicinal que crece de forma exclusiva en los pisos ecológicos de la puna y el tolar. Especies como la tola, la chachacoma y la chuquicandia —una planta de la familia de las asteráceas utilizada tradicionalmente para afecciones respiratorias— son recolectadas en la zona para ceremonias de pago a la tierra y al agua.

González enfatiza que estas especies dependen estrictamente de las condiciones de presión y suelo de la altura, por lo que su restauración o traslado a laboratorios e invernaderos es inviable si las plataformas mineras intervienen en su hábitat original.

“Es un tesoro patrimonial de la humanidad que tenemos que proteger”, concluye Dorador, sintetizando un diagnóstico donde la memoria comunitaria y la ciencia llegan a la misma conclusión.

Mongabay Latam se comunicó vía correo electrónico con Minera Plata Carina SpA para conocer su postura ante estos impactos señalados por la comunidad, pero hasta el cierre de esta nota no recibió respuesta.

Crónica de una pelea judicial

El conflicto por el proyecto de exploración minera se trasladó a los tribunales, abriendo un proceso legal en el norte de Chile. El pasado 13 de mayo, la comunidad de Toconao obtuvo una primera resolución a su favor cuando el Primer Tribunal Ambiental dictó una medida cautelar y ordenó la paralización del proyecto “Prospecciones Aida”, tras considerar los antecedentes presentados sobre el riesgo hídrico en la cuenca.

Sin embargo, 13 días después la situación jurídica cambió. La Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) —organismo público de carácter técnico encargado de unificar los criterios y administrar el sistema de evaluación de impacto ambiental en Chile—, junto a los representantes de Minera Plata Carina SpA, solicitaron la revisión de la medida. El 26 de mayo, el tribunal levantó la paralización que mantenía frenadas las obras, dejando a la empresa habilitada legalmente para iniciar los sondajes de prospección.

La representación legal de la comunidad lickanantay respondió de forma inmediata para revertir la resolución.

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El 1° de junio, el abogado de la comunidad, César Bravo, interpuso un recurso de reposición con el objetivo de congelar nuevamente las operaciones de exploración y cuestionó los procedimientos judiciales del dictamen.

“Nos tomó por sorpresa el levantamiento de la medida cautelar, la cual consideramos que fue resuelta entre cuatro paredes”, afirma Bravo.

Para el abogado, una resolución de tal impacto técnico y territorial no puede tomarse a puertas cerradas. “Solicitamos de manera urgente que esto se discuta en una audiencia pública donde se escuche a ambas partes”, exige Bravo. Asimismo, advierte que levantar la medida cautelar pasa por alto el principio preventivo: “La esencia de la normativa ambiental es precisamente prevenir daños y afectaciones, y eso es lo que buscamos resguardar a través de esta medida cautelar”.

Leticia González, que también es coautora de una de las reclamaciones judiciales, detalla la preocupación de las familias al enterarse de la noticia por redes sociales. “Para los comuneros, que las decisiones se tomen en un edificio en la capital de Chile demuestra un desentendimiento total de la geografía humana del norte, donde un error técnico a 4500 metros de altura puede sepultar la supervivencia de un pueblo entero”.

En 2019, Minera Plata Carina SpA —filial de la corporación canadiense Endeavour Silver Corp— planificaba la ejecución del proyecto “Cerro Márquez” en la Región de Arica y Parinacota, en el extremo norte de Chile. Este contemplaba 38 sondajes para buscar minerales de alta ley o alta calidad en un cerro considerado sagrado (Mallku) por las comunidades locales.

En septiembre de 2020, la Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por las comunidades aymaras de Timar, Cobija y Ticnamar, y determinó que, en virtud de los principios preventivo y precautorio, la envergadura de las faenas en tierras de ocupación ancestral implicaba un riesgo para los recursos hídricos y las comunidades afectadas.

Por lo mismo, la Corte Suprema ordenó a la empresa ingresar su proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), pero tras el fallo, la empresa desistió del proyecto.

Mientras tanto, en las calles del pueblo de Toconao, los carteles de rechazo al proyecto “Prospecciones Aida” siguen colgados, recordando a los visitantes que los habitantes lickanantay están dispuestos a defender el origen de su agua hasta las últimas consecuencias.

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La desertificación y la sequía no solo se presentan en las regiones áridas del planeta. Territorios en Latinoamérica ya viven sus impactos, desde el Corredor Seco Centroamericano hasta los bosques húmedos de Amazonía y la región boscosa del Gran Chaco, donde la degradación de los suelos, la sobreexplotación del agua y los efectos de la crisis climática están transformando los ecosistemas y afectando la seguridad alimentaria de millones de personas.

Este Día Mundial de Acción Frente a la Desertificación y la Sequía especialistas consultados por Mongabay Latam explican cómo estos fenómenos, cada vez más intensos en la región, están conectados con los incendios forestales, las pérdidas agrícolas y la transformación de los ecosistemas de los cuales dependen comunidades enteras.

También advierten que la degradación de la tierra se ha convertido en un desafío para enfrentar este fenómeno y construir resiliencia en las zonas con mayor afectación pues representan impactos en la economía, la salud y los medios de vida de las personas.

En un par de meses, los países latinoamericanos también tendrán la oportunidad de abordar estos retos y posibles soluciones en la 17° reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (COP17), una cumbre global que este año se realizará en Mongolia.

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Cambios en el clima y más incendios

La Amazonía es una de las regiones más vulnerables a la desertificación y a la sequía ante el aumento de las temperaturas y la deforestación, lo que también ha incrementado los incendios.

Ane Alencar, directora científica del Instituto de Investigación de la Amazonía (IPAM), explica que los cambios de uso de suelo para fomentar la agroindustria y la ganadería con la renovación de pastizales ponen a los ecosistemas húmedos en mayor riesgo porque favorecen el incremento de incendios en bosques que no tienen adaptación al fuego.

“En estos años son mucho más frecuentes los incendios porque los bosques están más inflamables. Los grandes árboles se caen, el dosel se abre más, entra más aire caliente, entonces es como un ciclo vicioso. Es un problema de la sequía, puede poner a los bosques en una condición muy vulnerable a los incendios forestales”, explica la especialista a Mongabay Latam.

Alencar advierte que cada vez existen mayores condiciones para que los incendios se propaguen en la Amazonía. Estos factores, explica, son como un triángulo que ayuda a explicar la expansión del fuego.

“En un vértice de este triángulo tenemos las condiciones de clima, en otro vértice tenemos la cantidad y calidad de los materiales combustibles y en otro vértice tenemos las fuentes de ignición. Para que un fuego se propague, debemos tener estas tres condiciones”, detalla.

La especialista señala que en la Amazonía la gran mayoría de los fuegos son iniciados principalmente por actividades humanas, por lo que una forma de romper con el triángulo que potencia los incendios es reducir o controlar las fuentes de combustible.

“Si un bosque está muy seco por causa de las condiciones climáticas, hay más hojas en el suelo, por tanto un material combustible muy bueno [para propagar un incendio], pero si no tuviéramos quién prenda el fuego, este incendio no va a acontecer. Necesitamos las condiciones del clima, qué quemar y quién comienza el fuego”, sostiene.

Estos cambios en el comportamiento del fuego en la Amazonía están siendo documentados. De acuerdo con un informe técnico de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), entre 2016 y 2021, los incendios en la Amazonía impactaron un promedio de entre 17 y 27 millones de hectáreas, mayor que lo reportado entre 2001 y 2020. Además, el 59 % de los incendios ocurrieron en áreas nuevas, donde no se había registrado el fuego previamente.

De acuerdo con el mismo estudio, Bolivia y Brasil registraron la mayor extensión de los incendios en la Amazonía, donde en 2024 se estimaron cerca de 27 millones de hectáreas afectadas por el fuego. Estos factores, junto con el descenso de las precipitaciones, ponen en riesgo “la resiliencia hídrica y ecológica de la Amazonía”, señala el informe.

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Pérdida de la riqueza de los suelos, un daño silencioso

La degradación del suelo y la pérdida de bosque no es exclusiva de la Amazonía. Otro de los ecosistemas más afectados es el Gran Chaco sudamericano, la segunda región boscosa más grande de la región, que se extiende por el norte de Argentina, Paraguay, una porción del sur de Brasil y de Bolivia. Solo en el norte argentino, se perdieron 210 702 hectáreas de bosque durante 2025, una extensión equivalente a diez veces la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con un informe de la organización Greenpeace. Las causas fueron la deforestación y los incendios.

Para Marlene Quintanilla, consultora en Análisis ambiental y Evaluaciones en Sistemas de Información Geográfica de la firma GEO-NET, lo que conecta a estas regiones de Latinoamérica con la desertificación y las sequías es la pérdida de la materia orgánica que generan los bosques ante la agroindustria.

“Cuando se deforesta se rompe este ciclo de nutrición de los suelos y se ve sobre todo en Argentina y Paraguay. En el caso de Bolivia, Brasil y Perú [que comparte una parte de la Amazonía] ya hay una degradación importante en suelos. Básicamente en los países donde se está intensificando la agroindustria o la producción masiva de productos como soya, sorgo y la ganadería”, comenta la especialista a Mongabay Latam.

Quintanilla destaca también la salinidad del agua como otro impacto silencioso derivado del aumento de la temperatura y del estrés hídrico para cultivos o para la ganadería, los cuales, advierte, no solo generan un cambio químico en las aguas, sino que también rompen las estructuras de los suelos.

“Estamos en una era de cambio climático donde los déficit hídricos de los últimos 20 años son mucho más intensos y esa falta de agua hace que se empiecen a utilizar tecnologías para riego o extracción de agua subterránea. Depende mucho la geología y la química de los suelos que son diferentes en cada región, pero este riego también está provocando problemas de salinización”, señala.

Además de estos procesos de degradación, la especialista advierte que también los incendios están contribuyendo con la compactación del sueño y la pérdida de biomasa.

“Es un impacto que todavía no se visibiliza pero los suelos tienen vida por la microfauna, al impactarse con los incendios también se está viendo una importante compactación. Se genera una permeabilidad y evita un menor almacenaje de agua para las épocas secas”, explica Quintanilla.

La experta advierte que el ciclo del agua se ve afectado de forma subterránea y degrada incluso zonas que no son agrícolas, pero que son impactadas por los incendios. “Al final termina siendo una cadena de impactos que se van interrelacionando queramos o no también con los impactos del cambio climático”, agrega.

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Menos alimento para las poblaciones

Una de las principales consecuencias de la desertificación, la sequía y la degradación del suelo es la falta de producción de alimentos. Esto se ha reflejado en otros territorios de Latinoamérica, como el Corredor Seco Centroamericano, una franja impactada por sequías recurrentes, erosión del suelo y fenómenos climáticos que abarca desde el sur de México hasta Panamá, pero ocupa principalmente territorios de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se estima que 10.5 millones de personas viven en esta región de Centroamérica, de las cuales el 50 % vive en condiciones de pobreza y más de dos millones de familias dependen de la agricultura para sobrevivir.

Mario Salgado, oficial de Conocimiento del Riesgo en la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) de las Américas y el Caribe, considera que el Corredor Seco Centroamericano es de las regiones más vulnerables a la desertificación que ya se traduce en la seguridad alimentaria de millones de personas.

“Empieza a reflejarse en pérdidas en el sector agrícola, en inseguridad alimentaria y algo que quizás sí hace una diferencia notoria entre los efectos de sequía y de desertificación es lo que pasa a nivel de migración en el Corredor Seco de Centroamérica, que no solamente es interna, sino que traspasa las fronteras”, sostiene el especialista.

Salgado explica que la región comienza a vivir nuevos impactos en cadena, como los incendios forestales derivados del aumento de las temperaturas y menor precipitación. Éstos representan un riesgo para la salud de poblaciones por lo que considera clave avanzar en sistemas de alerta temprana.

“No solamente es que las alertas existan, sino que se puedan traducir en acciones. Esto implica políticas de una gestión sostenible del suelo, de una diversificación productiva, de ajustar los calendarios de siembra, la utilización de ciertos tipos de semillas que se sabe que son más resistentes a estas condiciones de sequía y de desertificación”, explica el experto a Mongabay Latam.

Esta correlación entre la desertificación y la sequía con los alimentos también ocurre en zonas donde puede haber o no actividades ganaderas y agrícolas a gran escala, de acuerdo con Quintanilla.

“Va impactando a zonas de bosque donde no hay actividad agrícola ni ganadera pero hay mucha vida silvestre y donde hay territorios donde sus medios de vida dependen de los frutos que pueden sacar del bosque, de los ríos. Esto impacta directamente la economía de estas familias que dependen de la producción y de la venta de productos del bosque”, advierte.

Alencar agrega que estos impactos en la seguridad alimentaria de la población ya se viven también en comunidades amazónicas.

“Cuando hay una sequía muy fuerte con altas temperaturas, los ríos bajan mucho y hay un impacto muy importante en la calidad del agua. Por ejemplo, la acidez. Los pescados se mueren porque están calientes, tienen menos agua”, sostiene la directiva del IPAM y añade los impactos en cadena que se generan contra las comunidades.

Sostiene que las sequías en las comunidades amazónicas rurales provocan una baja en el caudal de los ríos, por lo que no se puede acceder a los centros para la compra de alimentos, ya que se movilizan en embarcaciones.

“Es un impacto muy grande por la pérdida de miles de pescados. La población se queda sin esa importante fuente de proteína. No se puede beber agua, no se pueden bañar. Hay una escasez de agua para la salud humana”, afirma.

COP17 un escenario para plantear alternativas y financiarlas

La COP17 buscará soluciones a los desafíos interconectados de la desertificación, la degradación de la tierra y la sequía. Los especialistas consideran que los países latinoamericanos llegan con retos en la prevención y financiamiento para la resiliencia de las comunidades afectadas.

Para el caso de la Amazonía y el Chaco, Quintanilla considera que los países involucrados deben mirar a los bosques como un aliado para lograr la adaptación a la crisis climática.

“Es importante el compromiso de la reducción de la deforestación, me parece que sigue siendo un pilar importante la lucha contra los incendios. Los países de estas dos grandes regiones sostienen una agricultura importante para la humanidad. Hay que mirar los suelos como un área de protección y trabajar mucho más también con la investigación”, considera la experta.

En tanto, Salgado afirma que tanto el Corredor Seco Centroamericano como la Amazonía llegan con suficiente evidencia de que son regiones altamente expuestas y vulnerables a estas condiciones de sequía y de desertificación, por lo que se deben buscar mecanismos de gobernanza, sistemas de alerta y de rendición de cuentas.

“El conocimiento del riesgo puede brindar mucha información. Si los países cuentan con estimaciones robustas de lo que puede llegar a ocurrir, esas cuantificaciones permiten no solamente el diseño de planes más concretos, sino una correcta estimación de los recursos que se necesitan”, afirma.

Salgado advierte que precisamente abordar el financiamiento durante la próxima COP17 será uno de los retos, pues considera que debe haber una conexión con los presupuestos de dónde saldrá el dinero, o de lo contrario, pueden terminar en “listados de buenas intenciones”.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Cada año, el 16 de junio, se conmemora el Día Mundial de las Tortugas Marinas. La fecha llega este año con un panorama que mezcla esperanza y urgencia. Un estudio global publicado por el Grupo de Especialistas en Tortugas Marinas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) reveló que décadas de esfuerzos de conservación están dando resultado. Más del 40 % de las poblaciones de tortugas marinas son consideradas actualmente de bajo riesgo y baja amenaza, frente al 23 % registrado en 2011. Sin embargo, el mismo estudio advierte que la pesca incidental sigue siendo la amenaza más urgente para las tortugas marinas en todo el mundo, junto a otros riesgos como el desarrollo costero, la contaminación por plásticos, el cambio climático y la captura directa de tortugas y sus huevos.

En América Latina, tres historias iluminan tanto los avances como los desafíos que enfrentan estas especies en el Pacífico y el Atlántico Sur. En Ecuador, investigadores descubrieron que dos playas de la provincia de Esmeraldas son refugios únicos en el Pacífico Oriental para la resiliencia de las tortugas golfinas (Lepidochelys olivacea) frente al cambio climático.

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En Colombia, las comunidades afrodescendientes del Chocó protagonizan una transformación profunda: de consumir tortugas a protegerlas, mientras la ciencia advierte la necesidad de acompañar esas iniciativas para que sean realmente beneficiosas. Y en Argentina, un equipo de investigadores logró por primera vez rastrear por satélite a machos de tortuga laúd (Dermochelys coriacea) en el Atlántico Sur, develando los movimientos de los individuos más desconocidos de la especie más grande de todas.

Ecuador: el refugio de tortugas macho

En la costa noroccidental de Ecuador, donde el bosque del Chocó llega hasta el mar y una capa permanente de nubes filtra la luz del sol, dos playas guardan un secreto que la comunidad científica tardó décadas en descubrir: casi todas las crías de tortuga golfina que nacen allí son machos.

El hallazgo, publicado en octubre de 2025 en la revista Climatic Change, podría ser una de las noticias más importantes para la conservación de tortugas marinas en el Pacífico Oriental. Y su historia comenzó, casi por casualidad, con una pregunta sobre el cambio climático.

“Necesitábamos un bioindicador para evaluar los efectos del cambio climático en comunidades pesqueras”, recuerda Rubén Vinueza Chérrez, biólogo marino y uno de los autores del estudio. En 2017, trabajando con la cooperación técnica alemana en el proyecto Procambio, propuso a los reptiles —y en particular a las tortugas marinas— como esa ventana para leer el clima. La razón es biológica: el sexo de las tortugas depende de la temperatura de incubación de los huevos. A más calor, más hembras. A más frío, más machos.

Lo que encontraron al instalar los primeros sensores en los nidos de Portete y Galera —en la provincia de Esmeraldas, al norte de Ecuador— fue sorprendente. Las temperaturas promedio de incubación fueron de apenas 27 °C en Portete y 27.3 °C en Galera, muy por debajo de los más de 30 °C que se registran en la mayoría de playas de anidación del mundo. El resultado: entre el 99.9 % y el 99.3 % de las crías nacidas entre 2018 y 2022 fueron machos.

Estos resultados son clave. De hecho, en la gran barrera de coral, en Australia, hasta el 99 % de las tortugas verdes que nacen son hembras, al igual que en el norte de Chipre. En Turquía, la cantidad de tortugas nacidas hembras alcanza el 74 %. Esta tendencia, asegura la investigación, “conlleva una marcada desproporción entre sexos que puede afectar el éxito reproductivo y, por consiguiente, la viabilidad a largo plazo de las poblaciones, así como la reducción del éxito de eclosión”.

“Para la comunidad científica es urgente encontrar estas zonas que podrían ser refugios del cambio climático. Necesitamos definir qué playas están todavía generando machos”, explica Vinueza Chérrez.

La clave está en la geografía. Portete y Galera se encuentran dentro del corredor del Chocó, uno de los ecosistemas más húmedos del planeta. La presencia de bosque, la nubosidad constante y la humedad reducen la entrada de radiación solar, manteniendo las temperaturas locales significativamente más bajas que en otras zonas tropicales de anidación. Además, la temporada de anidación de la golfina —de agosto a noviembre— coincide con los meses más frescos del año en la región.

El estudio proyectó las temperaturas futuras de los nidos bajo tres escenarios del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Las conclusiones son alentadoras: incluso en el peor escenario posible —el de desarrollo intensivo en combustibles fósiles—, la probabilidad de que las temperaturas superen los 30.5 °C (el umbral a partir del cual se producen hembras) llegaría al 71 % en Portete y al 68 % en Galera hacia finales de siglo. En otras palabras, aun en ese escenario extremo, una porción relevante de los nidos seguiría produciendo machos.

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Eclosión de tortugas marinas en playa Portete, Ecuador. Video: Rubén Vinueza Chérrez y Estefanía Sánchez-Flores. 

Sin embargo, el futuro de estas playas no depende solo del clima. Portete, aunque protegida, enfrenta la presión del turismo de un hotel cercano en Mompiche. Galera, más inaccesible, está por ahora más resguardada. Ambas integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Ecuador, pero “ser área protegida no garantiza el cien por ciento”, advierte Estefanía Sánchez-Flores, coautora del estudio e investigadora en ingeniería ambiental. La urbanización, los perros sueltos en las playas, las luces artificiales y la pesca incidental siguen siendo amenazas reales. Conservar estos refugios, concluyen los investigadores, requiere no solo proteger el clima, sino también el bosque y la oscuridad de la noche.

Colombia: una tortuga viva vale más que una tortuga muerta

En Nuquí, un municipio del departamento del Chocó colombiano, hay personas que cada noche, entre julio y diciembre, recorren la playa esperando el rastro inconfundible de una tortuga que sube a desovar. Cuando la encuentran, esperan en silencio hasta que termina. Luego recogen los huevos y los trasladan a corrales protegidos donde permanecerán hasta la eclosión. El propósito del traslado es proteger los nidos de las mareas que pueden arrastrar los huevos mar adentro o de los perros que excavan la arena para devorarlos.

“Cuando los huevos eclosionan, las dejamos [a las tortugas] caminar solas hacia donde suena la ola”, cuenta Jorge Enrique Murillo Palacio, integrante del Consejo Comunitario General Los Riscales. “Es muy difícil que una tortuga se devuelva para arriba. Siempre busca la parte de abajo”. Esa caminata importa: la playa queda grabada en el vientre del animal, como un mapa, y cuando la tortuga es adulta regresa al mismo lugar a anidar.

Murillo forma parte del Consejo Comunitario General Los Riscales, autoridad territorial que administra más de 31 469 hectáreas en el municipio de Nuquí y que lleva más de 10 años coordinando la conservación de tortugas marinas en la zona. “Para nosotros es algo muy lindo porque estamos contribuyendo a que esa especie pueda seguir existiendo en el planeta”.

No siempre fue así. Un estudio publicado en 2025 en la revista Ethnoscientia, con trabajo de campo realizado en 2015 por Laura Soto-Cortés y Dennis Castillo-Figueroa en las comunidades de Jurubirá, Panguí y la cabecera de Nuquí, documenta una relación histórica mucho más compleja entre estas comunidades afrodescendientes y las tortugas marinas que llegan al Pacífico colombiano para reproducirse, todas en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN): la tortuga carey (Eretmochelys imbricata), en Peligro Crítico; la caná o laúd (Dermochelys coriacea), Vulnerable; la verde (Chelonia mydas), en Peligro; y la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), Vulnerable.

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A partir de entrevistas con pescadores locales, la investigación registró un vínculo multidimensional con las tortugas: alimenticio, medicinal, ornamental, espiritual y ritual. Se consumían huevos y carne y la grasa del animal se usaba para tratar enfermedades respiratorias. El pene del macho, conocido localmente como “el viril” o “la picha”, tenía alta demanda comercial como afrodisíaco, con compradores llegados desde ciudades como Medellín, y podía venderse entre 18 y 36 dólares. Incluso existía una práctica ritual llamada ombligada, en la que partes de la tortuga se ahumaban y raspaban para incorporarlas al cordón umbilical de los recién nacidos. De esa manera se les transfería, supuestamente, cualidades como la resistencia en el agua.

El estudio también documentó que los propios entrevistados percibían una disminución en las poblaciones y la vinculaban directamente a décadas de captura y consumo. “Cuando yo era muchacho, había mucha tortuga. Uno se iba por aquí, por la playa de Boca Chori, encontraba 10 nidadas de huevos y la gente se las traía”, relató uno de los participantes de Jurubirá. Los investigadores concluyen que incorporar estas percepciones y valores culturales locales es indispensable para diseñar estrategias de conservación verdaderamente efectivas y sostenibles en el tiempo.

Hoy, según Murillo, la transformación en Nuquí es real: quien sea encontrado con carne o concha de tortuga puede ser judicializado. Además, “nos dimos de cuenta de que una tortuga viva nos puede generar mucha más plata que terminar con su existencia. Nosotros anteriormente matábamos la tortuga. Pero gracias a Dios desde hace varios años a la tortuga la miramos como una fuente de ingreso, porque hay mucha gente turista que viene acá y de una u otra forma dejan recursos en el territorio”.

Sin embargo, la práctica de reubicar huevos, advierten los investigadores ecuatorianos Rubén Vinueza Chérrez y Estefanía Sánchez-Flores, “es complejo” y debe hacerse considerando diversos factores para evitar daños en las tortugas. De acuerdo con los especialistas, las tortugas seleccionan zonas de playa con perfiles térmicos específicos, y un nido mal reubicado —demasiado superficial o en una zona más expuesta— puede alterar la temperatura de incubación hasta afectar, incluso, el desarrollo neurológico de las crías. La reubicación puede ser necesaria, coinciden los investigadores, pero debe tomarse como última opción y con conocimiento técnico del perfil térmico de cada playa. No basta con que las tortuguitas lleguen al mar. Importa también cómo llegan.

Argentina: los machos invisibles del Atlántico Sur

De las siete especies de tortugas marinas que existen, la laúd (Dermochelys coriacea) es la más grande y una de las más misteriosas. Los adultos pesan entre 200 y 250 kilos —el ejemplar más grande registrado superó los 900 kilos—, pero a pesar de su porte, se sabe muy poco de ellas.

Victoria González, investigadora del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras de la Universidad Nacional de Mar del Plata y el Conicet, explica que la especie pasa la mayor parte de su ciclo de vida en zonas alejadas de la costa, lo que la hace muy difícil de estudiar. Aunque esta dificultad aplica tanto para hembras como para machos, todo lo que la ciencia conocía provenía de las playas de anidación, donde las hembras salen a desovar y los investigadores pueden acercarse. Los machos, que nunca abandonan el océano, permanecían como una incógnita.

Eso empezó a cambiar en aguas cercanas a la costa de la provincia de Buenos Aires, donde un equipo de investigadores logró colocar transmisores satelitales a machos de tortuga laúd. Capturarlos no fue sencillo. La metodología consiste en aproximarse lentamente a los animales con una embarcación y colocar en su camino un aro —similar a uno de básquet, pero mucho mayor— para que entren solos en la red. Una vez retenidos, se los sube a una balsa inflable. “A la cuenta de tres, entre tres o cuatro personas”, cuenta González, quien también es investigadora del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). La colaboración de pescadores artesanales, acostumbrados a trabajar en el mar y a manejar cargas pesadas, fue indispensable.

Los transmisores, fijados en el caparazón, envían datos de geolocalización cada vez que los animales salen a respirar. Los primeros resultados revelaron comportamientos inesperados: los cuatro machos marcados permanecieron durante semanas en aguas de la plataforma continental argentina, alimentándose en el norte de la provincia de Buenos Aires, muy cerca de la costa y no mar adentro como se pensaba. “Quizás lo vienen haciendo hace cientos de años, pero no lo sabíamos”, reflexiona la investigadora.

Uno de ellos hizo luego algo diferente a los demás: se desplazó bordeando la costa bonaerense hacia el Rincón, otro sistema de alta productividad donde hay abundancia de medusas, su alimento principal. Los pescadores artesanales empezaron a reportar presencia de medusas en las redes y al poco tiempo los transmisores confirmaron que los animales los seguían. Hacia finales de mayo, los cuatro iniciaron el desplazamiento hacia el norte. Hoy están en el sur de Brasil.

A partir de este hallazgo se disparan muchas preguntas, dice González. “¿Cuántas hay? ¿Están separadas en grupos? ¿Están todas juntas?”, se preguntan los investigadores.

Se sabe, por estudios genéticos, que las tortugas laúd que llegan a Argentina provienen principalmente de una pequeña población del norte de Brasil, en el estado de Espíritu Santo, y de colonias en la costa occidental de África, en Ghana, Gabón y Congo.

Hace unos 20 años, hembras muertas en playas argentinas con marcas metálicas colocadas para su identificación en las aletas permitieron comprobar por primera vez la migración transatlántica de la especie. El año pasado, el equipo capturó una hembra que llevaba en las aletas una chapa colocada 11 años antes en el Congo.

El seguimiento satelital busca no solo identificar los corredores migratorios una vez que las tortugas llegan a Argentina, sino también identificar zonas de superposición con las actividades pesqueras, uno de los principales factores de mortalidad a nivel global, y con los residuos en el mar. La contaminación por plástico es otra amenaza documentada: en tortugas verdes recuperadas muertas es frecuente encontrar bolsas, fragmentos de plástico duro y tapas de botella en el estómago, cuenta González.

El equipo espera colocar cuatro transmisores más en la próxima temporada, si consiguen financiamiento.

El artículo original fue publicado por Michelle Carrere en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En medio de la crisis que atraviesa Bolivia, el gobierno de Rodrigo Paz firmó un acuerdo con la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) que pretende habilitar y ampliar actividades mineras en áreas protegidas y territorios indígenas. El convenio tendrá un impacto negativo sobre los parques nacionales, fuentes de agua y pueblos indígenas, aseguran expertos, legisladores y representantes indígenas.

El acuerdo se firmó el 14 de mayo en plena crisis social, política y económica que atraviesa Bolivia. Son más de 40 días de bloqueos de carreteras, marchas y enfrentamientos que tienen cercada, sobre todo, a la ciudad de La Paz. Varios sectores sociales exigen la renuncia del presidente Paz, quien insiste en el diálogo a pesar de la presión de activar un estado de excepción para terminar con los conflictos.

Uno de los sectores que participó activamente de las manifestaciones y bloqueos en la primera etapa de la crisis fueron los mineros cooperativistas, quienes incluso llegaron a enfrentarse con la Policía Boliviana en La Paz y utilizaron dinamita para intentar ingresar a las calles cercanas al Palacio de Gobierno. Esta organización fue convocada al diálogo y luego de horas de debate cerraron el acuerdo.

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Tras esa reunión se firmó un acta de ocho puntos. El último se titula “Políticas en Medio Ambiente” y es el que dispone que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam) “restablecerá el Reglamento de Otorgación de Derechos Mineros en Áreas Protegidas de manera pronta”.

Además, establece que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) “repondrá el reglamento para la emisión del Certificado de Compatibilidad de Uso de Suelo como instrumento técnico para la otorgación de derechos mineros en áreas protegidas, conforme al artículo 220 de la Ley 535 de Minería”.

El acuerdo también tiene puntos relacionados con representación institucional, concesiones mineras, provisión de explosivos, contratos y participación del sector en decisiones estatales.

En Bolivia ya existen casos de minería ilegal dentro de áreas protegidas. La reserva más afectada es el Parque Nacional Madidi, en el norte del departamento de La Paz, donde existen denuncias de los propios guardaparques sobre actividades mineras en el río Tuichi, un afluente que fue catalogado como sujeto de derechos por el Tribunal Agroambiental.

Este tipo de minería aluvial en áreas protegidas puede provocar contaminación del agua por el uso de mercurio en la amalgamación del oro, lo que afecta a la fauna acuática y la salud de las poblaciones locales. Además, ocasiona la deforestación por el uso de dragas que devastan las riberas de los ríos y arrasan con los bosques.

Otro impacto es la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, ya que las operaciones mineras irrumpen en territorios indígenas dividiendo comunidades y afectando su soberanía alimentaria.

Críticas al acuerdo

Cecilia Requena, diputada de Alianza Unidad, calificó como “nefasta y macabra” la reunión entre el gobierno de Paz y el sector minero cooperativista y consideró que el acuerdo fue firmado bajo la presión que realizan los cooperativistas mineros con cualquier gobierno. La legisladora afirmó a Mongabay Latam que una manera de solucionar el conflicto con este sector fue brindarles “concesiones inaceptables”, refiriéndose a las áreas mineras que buscan tener en áreas protegidas y territorios indígenas.

“El Gobierno no puede sacrificar bienes comunes vitales, como nuestras áreas protegidas, nuestras fuentes de agua. Se debería hacer respetar las resoluciones del Tribunal Agroambiental”, resaltó Requena en diálogo con este medio.

La diputada se refiere a la resolución que emitió a inicios de 2026 el Tribunal Agroambiental, instancia que ordenó prevenir medidas regresivas contra el ambiente y las áreas protegidas de Bolivia. “Nadie detiene el envenenamiento con mercurio de niños y niñas y pueblos indígenas”, dijo Requena. El mercurio es un mineral altamente contaminante y tóxico que se utiliza en la separación del oro de los sedimentos de ríos, el tipo de minería que los cooperativistas buscan realizar en las áreas protegidas de la Amazonía.

Los efectos de la contaminación por mercurio en poblaciones humanas incluyen efectos neurológicos. “Está entre las diez sustancias más peligrosas declaradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, explicó a Mongabay Latam Claudia Vega. Vega es coordinadora del Programa de Mercurio del Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA), una organización enfocada en la investigación e innovación para el desarrollo sostenible del bioma. “Es un problema para la salud pública y de hecho el mercurio es el único elemento que tiene un convenio, el convenio de Minamata, donde alrededor de 128 países se han comprometido a reducir el uso de mercurio para la protección de la salud humana y la salud del ecosistema porque se reconoce su alta toxicidad”, aseguró en una entrevista en 2025.

“Una de las cosas que más preocupa en mercurio es que puede atravesar la barrera hematoencefálica y placentaria. Eso quiere decir que si una mujer embarazada come mercurio [a través del consumo de peces de los ríos contaminados], este puede atravesar la placenta y llegar al cerebro del feto. Puede afectar al niño en edades tempranas y tener impacto para toda su vida. Los niños no pueden pararse, no oyen”, afirmó Vega.

La legisladora Requena acotó que el acuerdo entre Paz y los mineros ignora los impactos ambientales de la minería aurífera, particularmente la contaminación por mercurio y la afectación a ríos, lagos, glaciares y bofedales. “Muy pocos defendemos el medio ambiente”, reprochó Requena.

Mientras, la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap) demandó a través de un comunicado la anulación inmediata del acuerdo entre el gobierno de Paz y Fencomin, cuestionando que se haya cedido al ingreso de la minería en áreas protegidas bajo presión de los mineros.

“El acuerdo con Fencomin busca monopolizar decisiones sobre la minería para una mayor proliferación de cooperativas mineras y mayor violencia y devastación del ambiente, mientras el Gobierno no tiene ni tendrá control sobre la extracción de minerales como lo venimos advirtiendo desde la aprobación de la Ley del Oro”, cuestionó Ruth Alipaz, representante de Contiocap.

La activista indígena acusó al presidente Paz de desconocer sentencias constitucionales que declaran a los ríos como sujetos de derechos y eliminar el rol de la Asamblea Legislativa Plurinacional al comprometer la aprobación de contratos mineros que “no cumplen con los requisitos y salvaguardas ambientales”.

Alipaz enumeró cinco artículos de la Constitución Política del Estado de Bolivia que se estarían violando con el acuerdo entre cooperativas mineras y el Gobierno y también demandó la suspensión de toda ampliación de zonas mineras sin garantías reales de fiscalización y protección ambiental. “Estamos exigiendo la adopción inmediata de medidas normativas, institucionales y operativas contra la minería ilegal y los delitos relacionados”, dijo Alipaz.

Los defensores de la reserva natural de Tariquía, al sur de Bolivia, también se manifestaron contra el acuerdo, al que consideran que califican que “representa una amenaza para ecosistemas que cuentan con protección legal y para comunidades que habitan estos territorios”.

Félix Choque, miembro del Comité de Defensa de Tariquía, afirmó a Mongabay Latam que se adhieren al pronunciamiento de Contiocap debido a que comparten las observaciones planteadas sobre el impacto que podrían tener las nuevas disposiciones. 

“Las medidas acordadas vulneran los derechos de las poblaciones asentadas dentro de reservas naturales y territorios protegidos. Nosotros también rechazamos este acuerdo porque está vulnerando los derechos de todos los que vivimos dentro de las reservas”, afirmó Choque.

La posición del Gobierno y los mineros

El Ministerio de Minería y Metalurgia envió un comunicado a Mongabay Latam en el que establece que el acuerdo firmado con el sector cooperativo minero no vulnera “los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos” y expresó que se mantiene la “plena vigencia y cumplimiento obligatorio la consulta previa, libre e informada, así como la normativa ambiental”.

“La actividad minera se encuentra regulada por una estricta normativa ambiental. El sector minero cuenta con un marco normativo específico que establece controles, procedimientos y obligaciones ambientales para todos los Actores Productivos Mineros [APM]”, dice el comunicado. Entre estas disposiciones, agrega el Ministerio, se encuentra el Reglamento Ambiental para actividades mineras, “cuyo cumplimiento es obligatorio y constituye un requisito indispensable para el desarrollo de cualquier actividad minera en el territorio nacional”.

En diálogo con Mongabay Latam, el presidente de Fencomin, Josué Caricari, defendió el acuerdo firmado con el Gobierno y dijo que su sector busca ingresar a trabajar en zonas que fueron abandonadas por empresas privadas, argumentando que su labor reactiva económicamente estos espacios. Sobre el ingreso a áreas protegidas, afirmó que respetan la normativa ambiental, pero que existen “derechos preconstituidos”, es decir que, para los mineros, prevalece el derecho de quienes tenían áreas mineras en estas zonas antes de la creación de las reservas y parques nacionales, que datan de varias décadas atrás.

“Nosotros vamos a cumplir toda la normativa ambiental y hubo mucha desinformación sobre el acuerdo firmado [con el Gobierno]. Hay derechos preconstituidos en algunas zonas, pero serán pues los Certificados de Compatibilidad de Uso (CCU) los que establezcan o no operaciones mineras [en áreas protegidas]”, detalló Caricari.

En Bolivia, el CCU es un documento emitido por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) para determinar si una actividad minera propuesta es compatible con una zona específica, especialmente en áreas protegidas donde algunas actividades son permitidas. Si bien el CCU no es un permiso minero final, es un paso importante para obtener la licencia ambiental y la autorización para la actividad.

Alerta por violación de normativas ambientales

Rodrigo Herrera, abogado y representante de la Asociación Legal Justicia Ambiental, afirmó a Mongabay Latam que la resolución del Tribunal Agroambiental de 2026 ordenó medidas destinadas a proteger los derechos ambientales (al agua, al aire limpio y los de otros seres vivos), “así como de los derechos de pueblos indígenas, frente a cualquier norma, política o acto de Órgano Ejecutivo que relaje salvaguardas e implique regresión en la protección ambiental”.

“En el acuerdo entre el Gobierno y Fencomin se contraviene el principio de no regresión, el principio precautorio y el ordenamiento jurídico ambiental vigente. Además, lamentamos que entre los puntos del acuerdo se encuentre el restablecimiento del Reglamento de Otorgación de Derechos Mineros en Áreas Protegidas y la liberación de nuevas áreas mineras”, criticó Herrera.

Según el Colegio de Biólogos de La Paz, el acuerdo vulnera normas ambientales, ya que no es posible el desarrollo de actividades mineras u otras extractivas en áreas protegidas después de su creación. “La reposición por parte de la Ajam de un reglamento que es abiertamente contradictorio a la normativa ambiental que aplica a las áreas protegidas resultaría totalmente ineficaz, por ser nulo de pleno derecho”, afirmó la institución en un comunicado.

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El gobierno de Javier Milei oficializó una reducción de 3879 millones de pesos (más de 2.7 millones de dólares) al presupuesto de la Administración de Parques Nacionales, afectando la preservación de 46 áreas naturales protegidas. Según los expertos consultados por Mongabay Latam, este recorte agrava especialmente la situación de los costos operativos que se realizan en las áreas protegidas, vinculados al consumo de combustibles y lubricantes, pero también en el pago a guardaparques, quienes, a través de su sindicato, también criticaron la decisión.

El 65.9 % —2557 millones de pesos, unos 1.7 millones de dólares— del recorte afecta directamente al funcionamiento cotidiano de las 46 áreas protegidas. Entre los rubros alcanzados se encuentran la contratación de servicios técnicos y profesionales, el mantenimiento y reparación de maquinaria, vehículos e infraestructura, combustibles y lubricantes, repuestos, limpieza, energía eléctrica y provisión de insumos básicos.

El 34.1 % —1322 millones de pesos, alrededor de un millón de dólares— restante desfinancia los programas de Actividades Centrales, Formación y Capacitación, Infraestructura en Áreas Naturales Protegidas, Planificación, Formulación y Ejecución de Políticas de Conservación en Áreas Naturales Protegidas y el Sistema de Áreas Marinas Protegidas, de acuerdo con un informe de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

La reducción presupuestaria afecta incluso a algunos de los parques más emblemáticos de Argentina, entre ellos Nahuel Huapi, Los Glaciares -donde se encuentra el glaciar Perito Moreno-, Iguazú -sede de las mundialmente famosas Cataratas del Iguazú-, Lanín y Los Alerces, este último afectado recientemente por incendios forestales en la provincia de Chubut.

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El ajuste quedó formalizado mediante un decreto firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Según las autoridades de ese país, esta reducción, que también se aplicó a otras áreas como ciencia y salud, se da en el marco de la política de recorte del gasto público.

Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina, explicó a Mongabay Latam que esta reducción de los recursos comprometidos para la conservación de la biodiversidad no es un ahorro y no es una contribución al déficit cero, como dice el gobierno. “Implicará retrocesos en procesos y avances que luego serán más costosos de recuperar. Sin mencionar el debilitamiento en materia de prevención de incendios forestales, que luego se traducirá en enormes gastos que indefectiblemente habrá que afrontar ante la emergencia”, detalló Jaramillo.

El experto resaltó que el monto reducido es más relevante si se considera que el presupuesto nacional para este año se aprobó con una pauta de inflación anual de aproximadamente 10.1 %. Sin embargo, dijo, la inflación ya acumuló 9.4 % de incremento en los primeros tres meses de 2026. “Esto agrava la situación de muchos de los costos operativos de las áreas naturales protegidas”, afirmó Jaramillo.

“¿Qué significa este recorte en territorio?”, se pregunta el especialista. Pone como ejemplos los casos del Parque Nacional Nahuel Huapi, donde el recorte alcanza casi 191 millones de pesos (132 463 dólares). Además, el Parque Nacional Lanín perdió 157 millones de pesos argentinos (180 876 dólares); Los Alerces vio su presupuesto reducido en 70 millones de pesos argentinos (48 541 dólares); y al Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz, le quitaron más de 77 millones de pesos (53 400 dólares).

“En la Patagonia argentina, la recurrencia e intensidad de los incendios forestales sobreexige los presupuestos de toda la Administración pública y en particular de la Administración de Parques Nacionales para dar respuesta a la prevención, ataque temprano, combate y restauración post incendios”, remarcó Jaramillo, quien añadió que también “el reciente brote de hantavirus en la región patagónica es una alerta adicional de las necesidades presupuestarias que deberán afrontar los parques nacionales patagónicos para brindar seguridad y protección al ambiente, los visitantes y al propio personal”.

 Reclamo de los guardaparques

El Sindicato de Guardaparques Nacional de la República de Argentina (Sigunara) reclamó que la reducción de presupuesto afecta directamente la capacidad operativa del sistema de áreas protegidas en todo el país, lo que implica menos combustible, menos vehículos, menos equipamiento, menos formación, menos mantenimiento y menos recursos para prevención y respuesta ante incendios, rescates y control territorial.

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“Mientras se recortan funciones esenciales de conservación, el documento oficial intenta disimular la desinversión operativa mediante movimientos contables y fondos inmovilizados”, aseguró Sigunara a través de un comunicado enviado a Mongabay Latam. “Debilitar parques nacionales es debilitar la protección del agua, la biodiversidad, el patrimonio natural y cultural y la soberanía territorial. Sin presupuesto no hay conservación efectiva. Sin trabajadores con condiciones dignas no hay protección real del territorio”, agregaron desde el sindicado.

Este medio envío una solicitud de información a la Subsecretaría de Ambiente de Argentina para conocer su posición sobre la reducción presupuestaria a las áreas protegidas, pero no obtuvo respuesta. Asimismo, Mongabay Latam pidió información al Ministerio de Seguridad, encargada por decisión de Milei del combate a los incendios forestales, pero tampoco hubo respuestas.

Uno de los casos que más preocupación genera es el del Parque Nacional Los Alerces, ubicado en la provincia de Chubut y declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. El área protegida fue una de las más golpeadas por los incendios forestales de este año, donde brigadistas y personal ambiental trabajaron durante semanas para contener el fuego.

Pese a ese antecedente reciente, el parque sufrirá la reducción presupuestaria. Los Alerces es además uno de los principales atractivos naturales de la Patagonia, reconocido por sus bosques milenarios, lagos y cascadas sobre el río Manso, además de su valor ambiental y turístico internacional.

Trabajadores en ese parque advirtieron que el ajuste podría limitar seriamente la capacidad operativa frente a nuevos focos ígneos durante la próxima temporada de incendios, estimada para finales de año.

Claudio Bertonatti, naturalista, museólogo y docente de la Universidad Maimónides, criticó la determinación oficial y sostuvo que las áreas protegidas representan una inversión estratégica y no un mero gasto para el Estado. El experto afirmó que la lógica del Gobierno al recortar el presupuesto de los parques nacionales es “difícil de comprender”.

“Todo indica que nuestros economistas consideran que los parques nacionales son áreas ociosas, cuando en realidad son áreas productivas. Recortar los presupuestos es como mal alimentar a la gallina de los huevos de oro, o pegarle, o no curarla. No es sensato, sencillamente”, afirmó Bertonatti a Mongabay Latam.

El experto contrastó la situación argentina con la de otros países que invierten en sus parques nacionales, los dotan de mejor infraestructura y desarrollan proyectos de investigación, educación pública y conservación. “Estamos yendo un poco a contramano de lo que se debería hacer”, consideró Bertonatti, quien puso énfasis en la necesidad de que la población cuente con funcionarios ambientales formados y experimentados para una gestión eficiente del Estado.

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Andrés Napoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), afirmó a Mongabay Latam que, aunque en términos cuantitativos la reducción pueda parecer limitada, su impacto resulta significativo cuando se analiza en el marco del deterioro presupuestario acumulado durante los últimos dos años y medio. El experto detalló que, siguiendo los datos publicados en el último Monitor Ambiental del Presupuesto, la Administración de Parques Nacionales (APN) perdió cerca de un tercio de su presupuesto real respecto a 2023, tanto por la falta de actualización de sus fondos como por la decisión política de subejecutar su presupuesto.

“Si se considera la proyección inflacionaria incluida por el propio Gobierno en la Ley de Presupuesto 2026, la Administración de Parques Nacionales registraría este año una caída real del 32.3 % respecto de 2023. Sin embargo, si se toma como referencia la estimación del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la pérdida de poder adquisitivo se profundizaría hasta alcanzar el 39.4 %”, destacó Napoli.

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Una cría huérfana de elefante marino del sur (Mirounga leonina) logró regresar al océano en las costas de San Clemente del Tuyú, Argentina, luego de completar una compleja rehabilitación que se extendió durante siete meses. El caso es considerado excepcional por los especialistas, ya que la cachorra fue abandonada por su madre apenas horas después de nacer y logró sobrevivir gracias a un intenso trabajo de rescate y recuperación.

El animal fue encontrado el 22 de octubre de 2025 en Villa Gesell, en la costa atlántica. Según los especialistas de la Fundación Mundo Marino, la madre habría huido debido a una posible perturbación humana, dejando sola a la cría en una etapa crítica para su supervivencia. Tras esperar durante toda la noche con la esperanza de que la hembra regresara, guardaparques de la Reserva Faro Querandí consideraron que el reencuentro no ocurriría.

“Las hembras de elefante marino rara vez abandonan a sus crías de forma voluntaria en los primeros días de vida. En esa situación, quedó claro que hubo imprudencia humana”, señala Sergio Rodríguez Heredia, biólogo y responsable del Centro de Rescate y Rehabilitación de la Fundación Mundo Marino.

Cuando fue trasladada al Centro de Rescate y Rehabilitación de la fundación, la pequeña elefante marina presentaba signos de debilidad y deshidratación.

El desafío para los especialistas era enorme. La leche de las hembras de elefante marino posee un contenido graso muy alto, lo que permite que las crías tripliquen su peso en apenas tres semanas. Ante la ausencia de antecedentes similares, un equipo integrado por veterinarios, biólogos, técnicos y nutricionistas desarrolló una fórmula experimental para sustituir la leche materna y ajustó constantemente el tratamiento según la evolución del animal.

Durante las primeras semanas, la prioridad fue estabilizar su estado de salud mediante hidratación, monitoreo permanente y medidas preventivas para evitar infecciones. También se implementaron estrategias para reducir la dependencia hacia los humanos, incluyendo el uso de un peluche como objeto de apego y una rutina de alimentación diseñada para imitar las condiciones naturales.

Con el paso de los meses comenzó otra etapa decisiva: aprender a alimentarse por sí sola. Tras varios intentos, la cachorra aceptó pescado entero y posteriormente consiguió capturar peces vivos, una habilidad indispensable para sobrevivir en libertad.

Una vez alcanzado el peso mínimo establecido por los especialistas, superior a los 100 kilos, llegó el momento más esperado. Aunque nunca había estado en una playa abierta ni había tenido contacto directo con el océano, la joven elefante marina exploró la costa durante varias horas hasta que finalmente ingresó al agua y se alejó mar adentro.

Ahora, un plan de monitoreo permitirá seguir su evolución. La cría fue identificada con una caravana numerada para facilitar futuros avistamientos y verificar que logre alimentarse de manera exitosa en su ambiente natural.

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Mientras los glaciares de los Andes centrales se reducen a un ritmo sin precedentes, en Santiago, la capital chilena, se reactiva un viejo engranaje burocrático. El pasado 14 de abril, el ministro de Economía y Minería de Chile, Daniel Mas, y el secretario de Minería de Argentina, Luis Enrique Lucero, acordaron retomar las sesiones de la Comisión Administradora del Tratado de Integración y Complementación Minera, un pacto que busca abrir proyectos mineros en la alta cordillera para operaciones transnacionales.

En palabras simples, este acuerdo —firmado originalmente en 1997— crea un territorio que borra los límites fronterizos tradicionales. A través de los llamados Protocolos Adicionales Específicos (PAE), el tratado aplica normas especiales para que las empresas exploten yacimientos conjuntos y coordinen su logística, permitiendo que las compañías operen en las altas cumbres como si ambos países fueran uno solo.

Desde el Ministerio de Minería de Chile confirmaron a Mongabay Latam que el gobierno del presidente José Antonio Kast se ha propuesto reactivar la agenda de trabajo de este acuerdo de 1997, para lo cual retomarán formalmente las sesiones de la Comisión Administradora Binacional el próximo 7 de julio en Buenos Aires.

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De acuerdo con la cartera, el tratado busca facilitar sinergias para proyectos fronterizos aprovechando la experiencia e infraestructura chilena, especialmente entre las regiones de Atacama y Valparaíso (norte y centro del país), lo que abre “la posibilidad concreta de avanzar en colaboración estratégica, en transferencia de conocimiento, apoyo logístico y comercio exterior” para impulsar inversiones que generen empleo local.

Para la sociedad civil y la comunidad científica, este reimpulso es una señal de alerta.

Según el geógrafo argentino Marcelo Giraud, los proyectos de minería binacional enfrentan una colisión inevitable con la naturaleza. Debido a que las vetas de mineral se concentran en las cumbres más altas de los Andes —justo en el límite internacional—, las áreas de concesión suelen incluir y superponerse con glaciares descubiertos (masas de hielo blanco expuesto), cubiertos (capas de hielo protegidas por sedimentos) y de escombros (estructuras de roca mezcladas con hielo subterráneo), además del ambiente periglaciar. Al quedar atrapados dentro del polígono de operación industrial, estos cuerpos quedan directamente expuestos a la destrucción.

Intervenir estas zonas, agrega Constanza Espinosa, directora de la Fundación Glaciares Chilenos, impactaría sobre el suministro básico de agua. “Más del 70 % de la población de Chile se abastece con agua proveniente de glaciares ubicados en la cordillera. En un contexto de crisis climática, estos sistemas funcionan como un seguro hídrico natural”, asegura.

“Un tratado suscrito a fines de los 90, y cuya última modificación fue en 2001, no está en concordancia con los cambios que han ocurrido en los últimos 25 años en materia regulatoria, como tampoco en el territorio mismo”, agrega Flavia Liberona, directora ejecutiva de la ONG chilena Fundación Terram.

¿Qué está en juego en las altas cumbres de los Andes tras la reactivación de este tratado binacional?

Tratado minero: el agua de las cuencas en la balanza

Para los investigadores, lo que se arriesga en la alta cordillera no radica en las líneas divisorias de los mapas, sino en la intervención de un ecosistema clave bajo el suelo. Álvaro Ayala, glaciólogo e investigador del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), explica que en el norte de Chile y el área de la provincia de San Juan en Argentina, el valor hídrico fundamental se encuentra en estructuras ocultas, como los glaciares de roca y el ambiente periglaciar. Este último corresponde a las áreas de alta montaña donde el suelo permanece congelado —fenómeno conocido como permafrost— y donde el hielo se esconde mezclado con rocas y tierra.

En estas zonas extremas, el entramado subterráneo funciona como un gigantesco regulador hídrico natural, atrapando el agua de las escasas lluvias y nevadas para liberarla gradualmente. “Toda la lluvia y nieve que se derrite y se acumula ahí va quedando en el suelo, se congela debido al clima frío y después se va liberando poco a poco”, detalla Ayala. En periodos normales, su flujo es menor que el de los ríos superficiales, pero su valor se vuelve absoluto en épocas de escasez de agua.

Al respecto, Giraud, quien es integrante de la Asamblea Popular por el Agua (asamblea de vecinos autoconvocados en la provincia de Mendoza por la defensa de los bienes comunes y especialmente del agua) aporta un dato crítico para dimensionar el riesgo: “Varios equipos de investigadores argentinos y chilenos han demostrado que en las regiones áridas andinas, en contexto de megasequía como la registrada a partir de 2010, las reservas estratégicas que constituyen los glaciares y el ambiente periglaciar pueden aportar más del 50 % del caudal de los ríos, amortiguando el impacto negativo de la escasa precipitación”.

Tanto Ayala como Giraud coinciden en decir que intervenir estos cuerpos de agua destruye la “cuenta de ahorro” que entregan los glaciares.

A esta alerta se suma el diagnóstico técnico sobre los impactos de la minería pesada en las altas cumbres. Espinosa, de la Fundación Glaciares Chilenos, detalla que las amenazas van desde la remoción física del suelo y la construcción de infraestructura —que afectan directamente a glaciares y ambientes periglaciares— hasta la intervención de glaciares rocosos, cuerpos que muchas veces son invisibles o poco conocidos en las evaluaciones.

A esto se suma el uso intensivo y la potencial contaminación química del agua, un factor que golpea severamente la calidad y disponibilidad del recurso. Espinosa enfatiza en el impacto del material particulado en suspensión, que al depositarse sobre el hielo cordillerano acelera su proceso de derretimiento. Para la experta, el escenario de crisis climática actual no resiste estas presiones extractivas adicionales, pues los hielos que ya retroceden pueden acelerar su pérdida de cobertura de forma irreversible.

“El riesgo no es solo ambiental, sino también social”, advierte la investigadora, subrayando que estas afectaciones comprometen de manera directa la seguridad hídrica de las comunidades que dependen de estas fuentes de agua.

Dudas en la protección legal

El diputado argentino Esteban Paulón, del Bloque Unidos, advierte que la reactivación del tratado binacional dinamizará capitales privados bajo marcadas diferencias institucionales: “Hay un marco de asimetría entre los requisitos ambientales. El monitoreo, en el caso de Argentina, va a recaer en los gobiernos provinciales, y en el caso de Chile va a seguir en manos del gobierno nacional”.

Esta descentralización del control se volvió crítica tras la aprobación de la reforma a la Ley de Glaciares en Argentina. Giraud explica que la normativa original protegía de forma homogénea a todos los glaciares basándose en criterios científicos unificados por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), pero los cambios introducidos permiten ahora a las provincias objetar dicha protección alegando que ciertos cuerpos de hielo podrían no ser una “reserva hídrica estratégica”, un concepto que la ley no define.

“Si un gobierno provincial considerara que no son estratégicos, podría ordenar al Ianiglia que los elimine del Inventario Nacional de Glaciares y permitir allí actividades mineras, hasta incluso destruirlos por completo”, advierte Giraud.

Sin embargo, el alcance real de esta desprotección permanece congelado en los tribunales. Giraud aclara que la modificación a la Ley de Glaciares está siendo impugnada ante los tribunales federales de su país por violar el principio de no regresión en materia ambiental y el derecho a la participación ciudadana consagrados en el Acuerdo de Escazú, además de la consulta previa a los pueblos indígenas del Convenio 169 de la OIT. “Si las acciones judiciales no prosperan, constituirá un pésimo precedente para los ecosistemas existentes dentro del polígono del tratado binacional”, enfatiza el geógrafo.

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La fragmentación burocrática y política que implica la eventual aprobación de la Ley de Glaciares preocupa en el lado chileno. “La reciente aprobación que modificó la Ley de Glaciares podría activar la intención de desarrollar proyectos binacionales utilizando este tratado”, explica Liberona. Sin embargo, advierte que la desprotección es compartida, ya que en Chile no existe una regulación que proteja los glaciares ni los recursos hídricos en alta montaña.

Para la especialista, el tratado genera un escenario donde el control integral de los ecosistemas compartidos se diluye, pues se realizan evaluaciones ambientales por separado y con estándares distintos. “No se tiene una visión integral del impacto que genera el proyecto o de los impactos que se originan en un lado de la frontera cuando la evaluación ocurre en el otro”.

Además, Libarona hace hincapié en que para las comunidades locales esto se traduce en una vulnerabilidad directa, ya que las decisiones e intervenciones físicas en un país impactan la calidad y cantidad de las aguas que fluyen hacia el otro.

¿Vuelve el fantasma de Pascua Lama?

En la frontera de la Región de Atacama, en el norte de Chile, que colinda con la provincia argentina de San Juan, se despliega el proyecto Distrito Vicuña, un gigantesco complejo de proyectos de oro y cobre —que incluye yacimientos como Josemaría, Filo del Sol y Los Helados— controlado por el grupo canadiense Lundin y BHP.

El proyecto asegura en su página web que se emplaza en Chile y en Argentina y, según Giraud, “se encuentra de lleno en el polígono al cual aplica el tratado”. Organizaciones ambientales ya lo catalogan como el “nuevo Pascua Lama”, el emblemático proyecto binacional que terminó clausurado definitivamente por la Justicia chilena tras provocar severos daños ambientales.

Mongabay Latam envió preguntas al equipo de comunicaciones del proyecto, pero hasta la publicación de esta nota la empresa no respondió.

Ayala explica que la excavación remueve y saca a la superficie rocas ricas en metales que naturalmente están escondidas y aisladas bajo el hielo. Al tomar contacto con el oxígeno y el agua, producen drenajes ácidos y procesos geoquímicos que contaminan los ríos, repitiendo el patrón técnico que sepultó a Pascua Lama.

El Distrito Vicuña no se limita a las altas cumbres.

La intención de utilizar a Chile como plataforma logística amenaza directamente a las comunidades de la Región de Atacama con un aumento drástico en el tránsito de camiones de alto tonelaje, uso de maquinaria pesada e infraestructura portuaria para el embarque del mineral extraído en Argentina.

Para Liberona, el impulso gubernamental parece ignorar las lecciones del pasado, arriesgándose a saturar un territorio históricamente golpeado por pasivos mineros: “De materializarse Vicuña, aumentarían las cargas ambientales negativas”, sentencia Liberona.

Frente a este complejo panorama, la comunidad científica insta a un cambio profundo de paradigma que deje atrás la mirada meramente extractivista y empiece a concebir la alta montaña como un ecosistema compartido. Ayala comenta que, si bien la industria puede ver una “lógica en los acuerdos binacionales”, el verdadero desafío de ambos países corre por otra vía.

“Antes de pensar en eso, pongámonos de acuerdo en qué queremos conservar de los Andes visto como unidad”, reflexiona el investigador del CEAZA. Su propuesta apunta a una diplomacia que no solo se siente a firmar tratados de explotación, sino que sea capaz de unificar criterios de protección. “Pensemos qué queremos para la cordillera desde los dos lados, queremos que sea una unidad más integrada”, concluye el científico, abriendo la puerta a que el futuro de las cumbres andinas se defina desde la conservación y no solo desde el mineral.

El artículo original fue publicado por Barinia Montoya en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En las estepas de la provincia de Santa Cruz, alejada del contacto humano y sometida a bajas temperaturas, habita la gallineta chica (Rallus antarcticus), una misteriosa ave que se creyó extinta durante 40 años.

Al estar refugiada en densos humedales de la Patagonia austral, y por su carácter esquivo, resulta casi inaccesible para los científicos y, por eso, en medio de los alejados parajes, el biólogo Ignacio Roesler se preguntó: ¿cómo saber cuántas hay si casi no se dejan ver?

Con ayuda de la inteligencia artificial se viene construyendo la respuesta. Desde hace dos años, un grupo de científicos argentinos de la Fundación Macá Tobiano y el Laboratorio de Sistemas Dinámicos de la Universidad de Buenos Aires estudian los cantos de estas aves para identificar a cada individuo.

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Conforme se suman registros sonoros —hechos en campo— se va entrenando el software que distinguirá a los individuos por sus voces. Con ello, los expertos apuntan a conocer la salud de esta enigmática especie que se resiste a la extinción y que hoy está considerada como Vulnerable en la Lista Roja de Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

“Como los juncales están tupidos, casi no se la puede ver. Hay que detectarlas casi exclusivamente por el sonido”, cuenta Roesler, director de la Fundación Macá Tobiano.

Se apunta a que el monitoreo masivo de cantos también permita conocer los hábitos, desplazamientos y tiempos de vida de la gallineta chica. A la par, gracias al estudio de la siringe (el órgano vocal de las aves), están construyendo modelos computacionales que recrean los sonidos de la especie y sus posibles variaciones.

Estos trabajos de laboratorio se complementan con las acciones en territorio con ganaderos locales. En la provincia de Santa Cruz se impulsan buenas prácticas de manejo, como cierres y rotación de áreas de pastoreo, para no alterar el hábitat de las gallinetas.

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La enigmática ave que revivió en el sur del mundo

A mediados del siglo XX, había disponibles apenas 20 especímenes de gallineta chica en las colecciones de los museos de historia natural.

Las principales colectas se habían hecho en el siglo XIX, en diversos puntos de la Patagonia, sumando casos excepcionales en Santiago de Chile y la provincia de Buenos Aires. Con los años se tornó más difícil hallarla. Los periodos de tiempo entre capturas se fueron ensanchando, hasta que, en 1959, se la registró por última vez en la provincia de Río Negro. O al menos eso se pensó durante cuatro décadas.

En 1992, en el libro Threatened birds of the Americas: The ICBP/IUCN Red Data Book, la UICN planteó la posible extinción de la gallineta chica debido al tiempo transcurrido sin registros.

Sin embargo, al biólogo argentino Juan Mazar Barnett, que trabajaba en Birdlife International, le hizo ruido esta afirmación. Por las similitudes físicas con la gallineta de Virginia (Rallus limicola), ambas de la familia de los rálidos, dedujo que podrían cantar parecido. Así que tomó algunas grabaciones de la especie norteamericana, que hace migraciones a Centro y Sudamérica, y fue a la Patagonia a buscar a la gallineta chica, el ave que se creía extinta.

Después de pruebas y exploraciones, en enero de 1998, en los bañados del Río Chico, Santa Cruz, detectó cantos similares a las grabaciones que usaba como referencia. En esa ocasión identificó cantos de cuatro ejemplares, logrando ver a uno de ellos entre los juncos. El ave presentaba las características de la gallineta chica y no de la gallineta de Virginia: la parte superior de color beige con rayas gruesas negruzcas; la parte inferior plomiza; el vientre y la cloaca negros, las patas rojas.

Junto con su equipo de trabajo consignó los registros en un artículo donde dio detalles de las vocalizaciones encontradas. El biólogo Ignacio “Kini” Roesler acompañó a Mazar Barnett en sus últimos estudios de la especie.

A pesar de estos trabajos preliminares, la bibliografía sobre la especie sigue siendo escasa y aún con los datos aislados de individuos recolectados en los museos, no es suficiente para establecer patrones de alimentación y reproducción de la gallineta chica.

Por eso, tras el redescubrimiento, Roesler recorrió la zona para saber si existían otros lugares donde aún habitaba la especie. A fines de la primera década de 2000, ya instalado en el área patagónica, empezó a mapear la zona cada año.

Encontró que el área de distribución se había reducido en casi un 80 %. El ave originalmente vivía por toda el área patagónica hasta el sur de Buenos Aires, Argentina, y Santiago, en Chile. Actualmente, sólo quedan gallinetas chicas en la parte más austral de la Patagonia, principalmente en la provincia de Santa Cruz, y por el lado chileno en la región de Magallanes.

“La buena noticia fue que no estaba extinta, sin embargo, está en una situación de conservación bastante complicada”, señala Roesler.

El primer factor de la reducción territorial está vinculado al sobrepastoreo. Durante el siglo XX en la zona se instalaron la mayoría de estancias con ganado vacuno y ovino, pues se aprovechaba la productividad forrajera que les traían los juncales, precisamente el ambiente donde vive la gallineta chica.

En simultáneo, se empezaron a dar liberaciones de visón americano (Neovison vison), un depredador acuático que había sido traído para usar su piel en la industria de la moda. “El momento en que se le pierde el rastro a la gallineta coincide con la llegada de esta especie invasora”, anota Roesler. Su deducción no termina ahí. En el barrido territorial que hizo durante años notó que donde había visón no estaba la gallineta.

A estas amenazas, el científico le agrega las variaciones en los niveles de agua de las cuencas que se están dando por el cambio climático, lo cual impacta directamente en los pequeños pantanos donde mora esta ave.

Esta combinación de factores empujó a la gallineta a lugares menos accesibles y recónditos. Por su volumen, apenas 20 centímetros de altura y 60 gramos de peso, resulta difícil de observar entre los humedales donde se refugia. Tímida, apenas sale a alimentarse en las orillas de la vegetación al inicio y final del día.

“Es una especie muy difícil de observar y capturar. Está en lugares remotos. Son ambientes extremos, tanto por lo climático como por lo logístico”, dice Roesler.

En sus recorridos, hubo varios días en los que no pudo ver un ejemplar, así que el científico recurría a su oído. Cuando los binoculares no alcanzan a distinguir a las gallinetas camufladas entre juncos de dos metros, se sabe que están ahí por sus cantos. Pero, ¿cuántas cantan? ¿Es solo una, son dos o son diez? Roesler, de tanto oír sin poder verlas, comprendió que la clave estaba en los cantos.

Desde 2024, a la tarea de Roesler se unieron también el biólogo Juan Krapovickas y el físico Gabriel Mindlin, especialista en el estudio de la vocalización de las aves, que hoy son los encargados de hacer realidad la detección de huellas sonoras. La investigación forma parte de la tesis doctoral de Krapovickas en la Universidad de Buenos Aires (UBA), que cuenta con el apoyo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y se desarrolla en la Fundación Bariloche.

En una línea similar de trabajo, Mindlin tenía experiencia estudiando poblaciones del cardenal amarillo (Gubernatrix cristata) y recreando cantos perdidos del chingolo (Zonotrichia capensis). La esquiva gallineta chica aparecía como una especie ideal para aplicar esos conocimientos. “Aunque nosotros dijimos: ‘Vayamos un paso más allá, no sólo queremos identificar las poblaciones, queremos identificar a cada uno de los individuos’”, refiere Roesler.

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La IA como aliada de conservación

Antes de buscar los grabadores instalados en los valles de la estancia La Angostura, ubicada en la parte central de la provincia de Santa Cruz, Juan Krapovickas mira la cuadrícula que indica las zonas donde hay gallinetas chicas. En esa amplia estepa, de más de 100 hectáreas, la grilla elaborada a inicios de 2025 es la guía para evitar caminar a ciegas.

Cuando Krapovickas llegó al terreno, con un equipo de tres personas, partieron los juncales en celdas de 150 por 150 metros. Luego recorrieron cada cuadrado con un parlante en mano aplicando la técnica del playback, es decir, reproduciendo cantos de gallineta para estimular respuestas. Conforme obtenían devoluciones, iban marcando en la cuadrícula los territorios activos.

En esos puntos señalados es donde colocaron los micrófonos automáticos —diseñados por el Laboratorio de Sistemas Dinámicos de la Universidad de Buenos Aires (UBA)— para registrar los cantos de las gallinetas. Por estas mismas zonas, pasan también con micrófonos parabólicos para reforzar la captura de sonidos.

En la temporada de primavera y verano, cada cinco días rotan los grabadores a otros puntos marcados para cubrir la mayor extensión posible y buscar variabilidad vocal. “Necesitamos muchos cantos de gallinetas para entrenar a las redes neuronales, que son modelos de IA”, señala Krapovickas.

El primer objetivo de su tesis doctoral es lograr el reconocimiento individual a partir del estudio de los cantos. Sin la computadora esto no sería posible. Las gallinetas se comunican a través de llamadas muy cortas, cuyas diferencias son sutiles e imperceptibles para el oído humano.

“De la misma manera que la policía usa tecnología para reconocer la voz de personas en llamadas telefónicas, esa misma tecnología se usa para identificar individuos de aves”, explica el biólogo.

Para reconocer a cada gallineta se analizan los sonogramas, que son representaciones visuales del canto. En las computadoras, cada registro sonoro es convertido en gráficos que muestran la frecuencia, intensidad y tiempo. Al compararlos con otros van apareciendo las sutiles diferencias.

Gabriel Mindlin, quien además es director del Laboratorio de Sistemas Dinámicos de la UBA, encabeza esa búsqueda minuciosa porque no es la primera vez que estudia cantos de aves. Su investigación previa con el cardenal amarillo fue un precedente importante para la actual investigación. “En ese trabajo reportamos que era posible entrenar redes razonablemente pequeñas para que pudieran distinguir individuos”, cuenta.

El físico, quien junto a Roesler codirige la tesis de Krapovickas, destaca que estas técnicas no resultan invasivas para especies amenazadas y esquivas, pues en lugar de montar costosas expediciones grupales en territorios agrestes para hacer capturas y colocar anillos, la identificación por IA “resulta una alternativa tecnológica ideal para monitorear esta especie que vive escondida”, anota Mindlin.

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Física y Biología unidas por la gallineta

En las grabaciones que llegan al laboratorio de la UBA también se cuelan cantos de aves nativas de la zona como la becasina magallánica (Gallinago magellanica) o el varillero ala amarilla (Agelasticus thilius). El primer filtro tecnológico consiste en separar sólo los sonidos que corresponden a la gallineta chica. Mindlin refiere que este proceso se resuelve de forma sencilla, ya que las redes usadas en ornitología están entrenadas para separar automáticamente los cantos por especies.

El siguiente paso es la identificación individual, precisamente lo que vienen construyendo en el laboratorio. Según Mindlin, a diferencia de una compleja identificación manual de cada sonograma, la IA puede clasificar varios ejemplares a través de un monitoreo masivo de datos.

Para ello, un investigador ingresará las marcas que caracterizan el canto de una gallineta y, en base a eso, la red neuronal buscará las características comunes, pero también las diferencias en las grabaciones registradas en campo. “A partir de esta individualización se podrá identificar también el número de ejemplares de gallinetas chicas que hay en dicha zona”, apunta Mindlin.

Conocer cuántos ejemplares contestan a los sonidos proyectados por los científicos no sólo permite estimar un número poblacional, sino que abre la puerta a nueva información. “Es súper poderoso, porque si esas gallinetas que nos contestaron un día en Santa Cruz, las volvemos a grabar en San Martín de los Andes, o en años siguientes, nos estarán hablando de sus historias de vida. Vamos a saber hacia dónde migran, cuántos años viven”, asegura Krapovickas.

Los científicos están enfocados en obtener la información más detallada posible. Mindlin sospechaba que la presencia de frecuencias distintas en el canto bisilábico (“qui-di”) de la gallineta chica se debía a una siringe asimétrica, es decir, las membranas y músculos de un lado del órgano vocal son diferentes a los del otro, como era el caso de la paloma maculosa (Patagioenas maculosa). La única forma de comprobarlo era analizando un ejemplar. ¿Pero cómo encontrarían un cuerpo disponible?

Mientras diseñaban los algoritmos para el estudio de los cantos en 2025, un par de llamadas alteraron las rutinas de trabajo de Mindlin, Roesler y Krapovickas: les informaron que aparecieron dos gallinetas muertas. Una había sido encontrada en la provincia de San Luis —un registro excepcional, ya que se encuentra muy distante del área de distribución— y la otra en un humedal costero de Santa Cruz.

Por el tipo de heridas, se presume que habrían muerto por choques producidos durante sus vuelos nocturnos al confundir las luces de la ciudad con reflejos de agua. Ambos cuerpos fueron enviados al Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia de Buenos Aires.

Al tenerlas enfrente, Juan Krapovickas entendió que era una oportunidad única para comprender el comportamiento vocal: por fin conocerían la anatomía de la siringe.

Con el fotógrafo Gonzalo Pardo registraron el pequeño órgano (que no supera los seis milímetros en estas aves) y las imágenes corroboraron la asimetría de la siringe. Esa particularidad es la que complejiza la estructura de los cantos.

A partir de este hallazgo, que les dio información de la física del sonido, los investigadores trabajan en modelos matemáticos que generen cantos artificiales y a la vez les permitan conocer mejor las variaciones. “Parece ciencia ficción”, dice Roesler, quien desde el campo sigue con detenimiento los avances de sus colegas en los laboratorios.

En 2025 se dedicaron a la recolección de cantos, a generar datos preliminares y algoritmos que permitan entrenar a las redes neuronales. En este año continuarán con el acopio de grabaciones y realizarán las primeras mediciones masivas de vocalizaciones. Con la información resultante buscarán identificar historias de individuos que les permitan presentar los resultados del proyecto en 2027. 

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Hábitat seguro

Cada año, cerca de 1500 turistas tocan las puertas de la estancia La Angostura. La mitad de ellos llegan a ese punto austral con una misión clara: ver a la gallineta chica y al macá tobiano (Podiceps gallardoi), dos especies amenazadas que en Argentina sólo viven en esta región.

En este predio ganadero —a 2400 kilómetros de Buenos Aires—, en 1998, Juan Mazar Barnett redescubrió a la gallineta tras 40 años sin registros. Ese hecho fue un punto de quiebre para la dinámica de la estancia. En los años siguientes se fue tornando habitual ver, entre vacas y ovejas, no sólo a productores y operarios de campo, sino también a biólogos y veterinarios que buscaban y estudiaban especies.

De hecho, el equipo de la Fundación Macá Tobiano recorre los campos para monitorear especies o instalar y retirar parlantes, micrófonos y cámaras trampa. En las últimas dos décadas, a la presencia científica se sumaron las visitas de observadores de aves.

“Generamos con la Fundación un proyecto ganadero sustentable, en cuanto a lo económico y también en cuanto a lo ambiental”, dice José Eceiza, administrador de la estancia. En La Angostura hoy conviven la producción, el ecoturismo y la conservación.

Durante la temporada reproductiva de las gallinetas, entre septiembre y enero, la estancia coloca alambre perimetral para clausurar 100 hectáreas de campo donde habita la especie. Esta medida, coordinada con Ignacio Roesler y su equipo, permite que las aves pongan sus huevos y nazcan los pichones sin riesgos de ser pisoteados o desplazados entre los juncales. Asimismo, al evitar estos disturbios, los monitoreos de cantos no sufren interrupciones.

“Las gallinetas están en nuestros mejores terrenos del campo”, remarca Eceiza. En ese periodo las vacas y ovejas se mueven a otra zona para alimentarse. Pasado el verano, los forrajes en la zona restringida están altos y nuevamente disponibles para alimentar al ganado.

Los turistas suelen hospedarse por tres días para recorrer los circuitos de la gallineta chica y el macá tobiano que les ofrecen los anfitriones. Valentín Soto guía las cabalgatas hacia los humedales y las pequeñas lagunas donde se puede ver a la gallineta y refiere que muchos turistas llegan informados sobre las condiciones de la especie. A los que llegan sin conocimientos se les describe la situación de amenaza y las tareas de conservación. “Trabajamos apoyando a la Fundación Macá Tobiano. Queremos que la apuesta por la conservación sea grande”, apunta.

Sus ojos están entrenados para detectar a esta enigmática ave. Y esa habilidad no es cualquier cosa, pues en la misma estancia hay trabajadores que nunca la han visto. Soto asegura que la clave está en los hábitos: “Es difícil de ver, pero no imposible. Los mejores horarios son bien temprano, alrededor de las 6 AM, o cuando cae la tarde, a las 7 PM. Son los ratos en que salen a tomar agua”.

La irregularidad de los periodos de lluvias y nevadas en la provincia de Santa Cruz se compensa con la generación de canales de riego de agua extraída del río Chico. “Con esto contribuimos al buen estado de los juncales y también se favorecieron nuestros campos, porque tenemos un poco más de agua de lo que habría sin la intervención humana”, señala Eceiza.

Sólo en la estancia La Angostura los visitantes saben que tienen garantizados los cantos de las gallinetas chicas. Las escucharán aunque casi no las puedan ver. Ignacio Roesler espera replicar esta experiencia con otros ganaderos de terrenos donde la gallineta chica haya decidido poner sus nidos. “La idea es extender este interesante trabajo de manejo de la especie que a la vez es compatible con los intereses y necesidades de los ganaderos”.

El artículo original fue publicado por Oscar Bermeo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La inteligencia artificial (IA) es protagonista constante de debates y polémicas sobre los usos que las personas puedan darle, pero en lo que sí parece haber un consenso es en que llegó para quedarse. El lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022 fue un punto de inflexión en el tema porque eliminó la necesidad de saber programar y, por primera vez, cualquier persona podía interactuar con la IA simplemente escribiendo en su idioma nativo, como si hablara con otra persona. Su uso se expandió rápidamente y cientos de herramientas de IA empezaron a surgir.

La ecología y la conservación no fueron la excepción. El uso creciente de la tecnología, como las cámaras trampa y la bioacústica, ya ayudaba a los científicos a monitorear bosques, seguir especies, y elaborar programas y proyectos para la protección de la biodiversidad. Sin embargo, el gran volumen de información requería de un intenso trabajo por parte de los investigadores para procesarla.

En otras palabras, se generaba un cuello de botella en el que se obtenían datos en poco tiempo, pero las conclusiones sobre esos datos podían tomar meses e incluso años. Fue precisamente ahí donde la inteligencia artificial empezó a ganarse un espacio.

“El gran paso adelante de la IA no es que identifiquemos aves —los expertos también identifican aves—. Lo interesante con la IA es que nos permite hacer 100 o 1000 veces más procesamiento de datos que antes. Esa es la cosa crítica”, asegura Jörg Müller, profesor de Ecología Animal y Biología Tropical de la Universidad Julius-Maximilians de Würzburg (Alemania) y subdirector del Parque Nacional Bosque Bávaro.

En América Latina ya existen proyectos que han obtenido resultados que hace unos años parecían imposibles de lograr. En Argentina, biólogos y físicos trabajan de la mano para grabar y procesar los cantos de un ave esquiva que se creyó extinta durante 40 años y así conocer más sobre su comportamiento y sus movimientos. En Ecuador, un proyecto científico detecta en tiempo real los sonidos de las motosierras y los disparos para que dos comunidades indígenas kichwa puedan proteger su territorio en la Amazonía. En Colombia, una investigadora se alió con una institución pública para sobrevolar un páramo calcinado y al procesar los videos de dron reconocer cuántos frailejones murieron y cuántos sobrevivieron.

El Instituto Smithsonian trabaja contrarreloj en Panamá para describir la gran variedad de insectos que habita en la isla de Barro Colorado antes de que se extingan, mientras que científicos tratan de identificar por sus manchas a cada jaguar que habita en la Reserva Nacional Tambopata en Perú y un proyecto innovador en Costa Rica clasificó con precisión y devolvió a los océanos más de una tonelada de conchas que los turistas intentaban sacar ilegalmente del país.

Estos son sólo algunos de los casos de éxito que Mongabay Latam presenta en este especial periodístico donde la IA se ha convertido en una aliada para conservar la biodiversidad.

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Procesando datos a gran velocidad

“Instalamos cámaras hace 20 o 25 años, cuando tenían rollo. La tecnología de las cámaras evolucionó, son digitales, las puedes dejar cuatro meses en el campo y ahora instalamos hasta 200 cámaras. Tienes muchas más imágenes que antes y necesitas inteligencia artificial para procesar toda esa cantidad. En un muestreo, fácil te salen 500 000 imágenes”, dice Mathias Tobler, investigador del San Diego Zoo Wildlife Alliance en Tambopata, Perú.

De hecho, un artículo publicado en la revista Biología Futura en 2024 ya mencionaba que la inteligencia artificial, especialmente el deep learning —que utiliza redes neuronales artificiales para imitar el aprendizaje humano, permitiendo que las computadoras procesen datos complejos, reconozcan patrones y realicen tareas de forma autónoma—, ya es muy relevante para la conservación de la biodiversidad porque ayuda a procesar enormes volúmenes de datos que antes eran demasiado lentos de analizar manualmente. Es por esto que la IA está pasando de ser una herramienta experimental a una infraestructura central para monitoreo, predicción y priorización de acciones de conservación.

Con el paso de los años, la IA está pasando, efectivamente, de un rol secundario a uno central en la conservación. Luego de que un voraz incendio consumiera más de 300 hectáreas del páramo de Berlín, en Santander (Colombia), la investigadora Paula Uzcátegui utilizó drones para sobrevolar el área y con el uso de la IA estimó qué tanto afectó el fuego a los frailejones de la zona, una tarea que a escala manual sería supremamente lenta.

“Desde los drones se pueden ver patrones a una escala a la que antes tú no podías ver. Puedes ver patrones a nivel de cientos de hectáreas y también puedes tener datos de miles de individuos [frailejones]”, comenta Uzcátegui. “La mortalidad la determinamos a partir de la información multiespectral del sensor. No teníamos que ir al lugar para saber si los frailejones estaban vivos o muertos, sino que se veía por el sensor”, agrega.

El procesamiento de imágenes de cámaras trampa y satélites para detectar fauna o cambios en la cobertura forestal es uno de los principales desarrollos de la IA en el campo de la conservación, pero no es el único. El artículo menciona también el análisis de bioacústica y textos, por ejemplo para reconocer cantos de aves o extraer observaciones de redes sociales. También hay sistemas híbridos más eficientes, como el active learning —subcampo del aprendizaje automático donde el algoritmo elige inteligentemente qué datos necesita aprender en lugar de procesar grandes cantidades de información de forma pasiva—, que reducen el trabajo de etiquetado y clasificación humana casi por completo en algunos casos.

Aunque la IA está cada vez más presente en los proyectos, aún no se ha desarrollado todo su potencial. Jorge Ahumada es gerente de conservación en WildMon, una ONG dedicada al monitoreo de biodiversidad y conservación de ecosistemas mediante herramientas de IA, y director ejecutivo de Wildlife Insights, una plataforma global basada en la nube que con IA ayuda a gestionar, analizar y compartir fotos y datos de cámaras trampa para la conservación de la fauna. Según dice, el campo de la IA en conservación “está ahora comenzando”.

“El mayor uso lo veo en tratar de desembotellar el procesamiento de la información básica, mientras que los ecólogos se encargan de los análisis más grandes, ya que llevan muchos años enfocados en métodos para trabajar con la biodiversidad. Yo veo que hay un potencial muy grande para automatizar muchas cosas”, asegura Ahumada.

Muchos científicos están convencidos de esto. Gabriel Mindlin, director del Laboratorio de Sistemas Dinámicos de la Universidad de Buenos Aires, asegura que “la inteligencia artificial va a modificar dramáticamente los esfuerzos de conservación porque va a incorporar un montón de herramientas que permitirán procesamientos masivos de datos cuantitativos para su posterior manejo por parte de expertos”.

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El control sigue siendo humano

“La tecnología CNN [Red Neuronal Convolucional en español] actual es capaz de alcanzar más del 90 % de la precisión humana en la identificación de especies en imágenes de cámaras trampa”, indica el artículo publicado en la revista Biología Futura. Sin embargo, reconoce que para llegar a ese éxito se depende de una gran inversión previa de trabajo humano, pues se deben tener identificadas las especies para que el modelo pueda aprender.

Los expertos enfatizan en que no se trata de reemplazar a los científicos —es más, consideran que es muy poco probable que esto ocurra— sino que puedan dedicarse a asuntos de fondo al ahorrarles tiempo en trabajo repetitivo y hasta operativo. Jorge Ahumada afirma que el valor de un científico radica en responder preguntas mucho más complejas que suceden en los sistemas naturales y la inteligencia artificial aún está muy lejos de eso.

Por ejemplo, una de las preocupaciones de Maxim Larrivée, director del Insectario de Montreal, Canadá, es que los insectos están extinguiéndose a gran velocidad y aún se desconoce el nombre de muchos de ellos. En este momento, dice, existen algoritmos de IA capaces de identificar insectos y nombrarlos, pero sólo pueden hacerlo con las especies que conocen. “Lo que hicimos fue dar vuelta al guión y entrenamos a un algoritmo para reconocer insectos —mariposas nocturnas, en este caso— que nunca había visto. De modo que es capaz de decir: ‘nunca he visto esto, pero se parece mucho a algo que conozco’, y eso ayuda a acotar qué es esta nueva especie y con qué está asociada”.

Para Larrivée, esto es un avance importante porque “todos estos insectos existen allá afuera en el neotrópico y en los trópicos del mundo, pero no tienen nombre porque no tenemos el ‘ancho de banda’ humano para describirlos y catalogarlos”.

Pero no solo se trata de procesamiento y análisis de imágenes, sino también de sonidos. “Con los audios nos ha tomado más tiempo, pero ya empezamos a ver resultados. Tenemos la información, pero siempre hace falta una validación humana. Igual que con las imágenes de cámaras trampa, los audios tienen que pasar por un humano que confirme lo que dice la inteligencia artificial”, comenta David Parra, director de conservación de la Fundación Jocotoco en Ecuador, sobre el trabajo que realizan en la Amazonía para detectar, por sonido, diferentes especies de animales y amenazas como motosierras y disparos.

En Argentina, la IA también permitió que un grupo de científicos conociera más sobre la enigmática gallineta chica (Rallus antarcticus). Como esta ave es muy difícil de observar, sólo a través de sus sonidos pudieron detectar los sitios de la Patagonia donde aún habita.

Pero no se conformaron con esto: “Lo que se hace bastante es identificar especies por su canto, usando redes neuronales. Lo que estamos haciendo es ir un paso más allá y decir: ‘bueno, no sólo queremos identificar qué especie está cantando, sino qué individuo de esa especie está cantando’”.

Estas experiencias de conservación se sustentan en un concepto que aparece cada vez con mayor frecuencia en estudios sobre inteligencia artificial: human in the loop, mediante el cual los expertos participan proporcionando retroalimentación y evaluando las respuestas del sistema durante el entrenamiento del modelo, lo cual es esencial para limitar sesgos y alucinaciones. La IA trabaja a gran escala y reduce esfuerzo, pero el humano conserva el control en las etapas críticas.

“Mi postura definitivamente es: necesitamos a los expertos más que nunca, y todas las nuevas técnicas, desde el metabarcoding [técnica genética que identifica a la vez a todas las especies presentes en una muestra compleja, como agua o tierra] hasta la acústica, necesitan a los expertos urgentemente”, afirma el profesor Jörg Müller.

Yolanda Camacho, bióloga de la Universidad de Costa Rica, asegura que su experiencia utilizando la inteligencia artificial —para clasificar las conchas marinas que se iban a devolver a las playas costarricenses— le permitió comprobar el enorme potencial de esta herramienta para apoyar programas de conservación ambiental. “A mí sola me hubiera tomado mucho tiempo clasificar las conchas, hubiera tenido que pedir hasta seis meses sabáticos para completar la tarea”, dice Camacho, pero agrega que la IA no reemplaza el conocimiento y el trabajo de campo de años de un científico, pues su precisión depende completamente de la calidad de datos con los que se entrena el algoritmo. “Como taxónoma tenía que estar constantemente validando lo que la aplicación estaba mostrando. Si los datos son malos, la respuesta va a ser errónea”.

La premisa para Jorge Ahumada es simple: “no le vamos a creer a la inteligencia artificial todo lo que nos dice. Hay que verificar los datos”. Y esa verificación está en manos de los investigadores.

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El impacto ambiental y otros retos de la IA

El boom de la IA en conservación ha traído expectativas pero también preocupaciones. Por ejemplo, la industria de los centros de datos quiere construir nuevas instalaciones en la Latinoamérica a toda velocidad, prometiendo inversión, empleo y crecimiento para los países. Sin embargo, las comunidades vecinas a esos centros han mostrado varias preocupaciones, entre las que destacan menos agua y cortes de energía, como lo mostró el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en una investigación de 2025.

Las empresas tecnológicas que utilizan agua para el funcionamiento y la refrigeración de estos centros de datos podrían necesitar entre 4200 y 6600 millones de metros cúbicos de agua para 2027.

Los expertos consultados para este reportaje reconocen que mitigar y reducir los impactos ambientales es un asunto en el que se debe trabajar, pero también creen que poco a poco la industria tecnológica se enfocará en ser cada vez más sostenible.

Juan Lavista Ferres, director científico de datos de Microsoft, comenta que el principal reto es la transición de la generación eléctrica hacia fuentes de energía renovable para alimentar estos centros de datos, aunque el mercado de energías renovables aún no es lo suficientemente amplio para satisfacer toda la demanda actual.

“Hay muchos algoritmos que requieren un montón de generación eléctrica, por ejemplo, los grandes modelos de lenguaje (LLM por sus siglas en inglés), pero es importante destacar que no todos los algoritmos de inteligencia artificial consumen la misma cantidad de energía porque no están hechos de la misma forma”, destaca Lavista.

Pedro Galindo, científico de datos y líder del departamento de Tecnología Aplicada a la Conservación de la Fundación Jocotoco, señala que los modelos más pequeños, como las redes neuronales convolucionales (CNN), utilizadas para identificar cantos de aves, ranas o mamíferos, son mucho menos exigentes en términos de energía. Sin embargo, reconoce que casi siempre habrá algún tipo de impacto medioambiental.

En el caso de las CNN, dice Galindo, a pesar de su bajo consumo, necesitan paneles solares para su alimentación, los cuales contienen minerales específicos que tienen una vida útil limitada. Además, requieren baterías (de litio o gel) para almacenar la energía, lo que añade un impacto adicional, y los componentes electrónicos de estos dispositivos, como las tierras raras y los semiconductores, también contribuyen a afectar el medioambiente. Si bien considera que siempre hay que buscar el menor impacto posible, se cuestiona: “todo esto también lo tienes en tu teléfono. ¿Por qué no tenerlo a servicio de la conservación?”.

Jorge Ahumada plantea un camino a seguir: “Los que estamos trabajando en conservación debemos hacer mucho más énfasis en la necesidad de regulación ambiental en los países y que las compañías sean responsables en el manejo de la energía”, y añade que actualmente hay tanta inversión en inteligencia artificial, que lograrlo no debería ser un problema.

Lo que para Ahumada sí sigue siendo un problema es la financiación, pues gran parte de ella “todavía está muy orientada a inteligencia artificial en cosas comerciales, un poquito en ciencias aplicadas, pero poco en conservación”. Este es un gran reto porque las organizaciones que trabajan en el área de biodiversidad a menudo carecen de recursos, destaca Lavista.

Los expertos consideran que la IA en conservación debe ser incluyente y participativa, por lo que se debe proyectar su uso no sólo para los científicos sino para las comunidades campesinas y étnicas. Lavista asegura que “no queremos a nivel de sociedad que el uso de la inteligencia artificial amplíe la brecha digital que se generó entre la gente que sabe usar computadoras y la gente que no las sabe usar”.

Evitar esa brecha a su vez generará nuevos retos como un trabajo intensivo en capacitación y educación, pero es un trabajo que vale la pena “porque la inteligencia artificial permite separar la parte técnica y hacerla mucho más fácil para un grupo mucho más grande de personas”, concluye Ahumada.

El artículo original fue publicado por Antonio Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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“En los primeros meses de 2026, se han quemado más de 150 millones de hectáreas a nivel mundial, un 50 % más que el promedio reciente y el doble que en 2024 para este mismo período”, señala Friederike Otto, profesora de ciencias del clima en el Centro de Política Ambiental del Imperial College de Londres y cofundadora de World Weather Attribution, una red de científicos que desde hace 12 años analiza los eventos climáticos extremos.

Las afirmaciones de Otto se sustentan en una serie de datos recogidos por esta institución que advierte que este 2026 el planeta se estaría enfrentando a un año de incendios particularmente severos que se podrían agudizar por la ocurrencia del fenómeno El Niño. Otto también advierte que en “todos estos eventos o casi todos vemos que el cambio climático antropogénico tiene una mayor influencia en la probabilidad de intensidad de eventos climáticos extremos”.

Aunque aún no se ha definido la magnitud que podría tener el fenómeno El Niño este año, lo que advierten los investigadores es que el evento puede “tener un impacto significativo en el riesgo de incendios forestales a finales de año y aumentaría la probabilidad de condiciones de calor y sequía severas en Australia, el noroeste de Estados Unidos y Canadá, y la selva amazónica”.

Los datos recogidos por los investigadores indican también que 2026 será probablemente el segundo año más cálido registrado en la historia e, incluso, podría convertirse en el más caliente. Advierten, además, que las temperaturas de la superficie del mar en todo el mundo se acercan a los niveles más altos jamás registrados, superando incluso en algunos días los récords de 2024.

Mientras, la extensión del hielo marino en el hemisferio norte alcanzó sus niveles más bajos para esta época del año y el hielo del Ártico registró un mínimo histórico por segundo año consecutivo.

La información brindada en una conferencia de prensa virtual alerta sobre los riesgos que enfrenta el mundo ante fenómenos meteorológicos extremos. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha señalado que el planeta se encuentra en un estado de mayor desequilibrio que en cualquier otro momento de la historia.

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Incendios, cambio climático y El Niño

En lo que va del año, en Argentina y Chile han ocurrido grandes incendios. La información de los científicos indica que el fuego en estos países quemó alrededor de 10 hectáreas cada minuto y que fueron “avivados por el calor extremo y la sequía”. Además, precisan que “el cambio climático aumentó la probabilidad del incendio”.

Lo mismo sucedió en los estados de Nebraska, Florida y Georgia, en Estados Unidos, donde se registraron incendios históricamente grandes en medio de condiciones de una intensa sequía. Los ejemplos se multiplican en diversos países de todos los continentes.

Uno de estos casos en Latinoamérica, recuerda Otto, fueron “los incendios forestales ocurridos en la Amazonía entre 2023 y 2024, que afectaron a 30 millones de personas en Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia, que provocaron interrupciones de transporte, aislamiento de comunidades y pérdida de incontable vida silvestre”.

En ese momento, los incendios en la Amazonía, agudizados por una intensa sequía que se extendió desde fines de 2022 hasta 2024, generaron niveles récord de calor y zonas quemadas en gran parte de la región, además de las regiones del Pantanal y la Chiquitania de Bolivia, señala el informe Amazonía en Llamas elaborado por el Panel Científico por la Amazonía.

Theodore Keeping, del Centro de Política Ambiental del Imperial College de Londres, se refirió al aumento de un 50 % en la cantidad de hectáreas quemadas por los incendios con relación al promedio anual y precisó que el área quemada actualmente a nivel global es 20 % más que los años anteriores, teniendo como punto de partida 2012, cuando iniciaron los monitoreos. “En muchas partes del mundo la temporada de incendios todavía no empieza, pero el inicio ha sido muy rápido”, comenta.

Keeping también advierte que considerando las proyecciones del fenómeno El Niño se esperan “eventos más severos” y agrega que “el cambio climático influye en la actividad de los incendios forestales y las condiciones secas y calurosas del clima que promueven los megaincendios”.

Además, cita como ejemplos lo que está sucediendo en África, donde este año se quemaron 85 millones de hectáreas, cifra superior al récord anterior de 69 millones de hectáreas. En Asia también las cifras están en aumento: este año se quemaron más de 44 millones de hectáreas, en comparación con los 32 millones de hectáreas reportadas en 2014.

Estados Unidos y Australia también han tenido récords de incendios en comparación con años anteriores. En Australia las condiciones de sequía y calor extremo a inicios de año generaron incendios en Nueva Gales del Sur y Victoria.

“Hay eventos que están aumentando mucho por el cambio climático antropogénico. Las sequías y las olas de calor también se atribuyen en gran medida al cambio climático antropogénico”, agrega Keeping sobre la influencia del aumento de la temperatura en el planeta influenciado en gran parte por la emisión de gases de efecto invernadero, proveniente principalmente de los combustibles fósiles.

En relación al fenómeno El Niño, aunque no se ha confirmado que este año se presente un Niño extremo o “super Niño”, lo que sí asegura es que cualquier nivel que presente “el fenómeno El Niño afectará el riesgo de incendios forestales enormemente” en los meses que siguen. “Podría aumentar la probabilidad de sequías y calor extremo en Australia, en el noroeste de Estados Unidos y Canadá y en la Amazonía”.

“La seriedad de los incendios forestales mayores a un nivel tres —de mayor gravedad— en las regiones ha aumentado mucho por el cambio climático”, comenta Keeping y agrega que en el caso de que El Niño sea muy fuerte, como algunas proyecciones anuncian, los daños por incendios “podrían ser potencialmente los más altos que se han visto en la historia reciente”.

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Los impactos en la salud

Un tema que también preocupa es cómo los incendios forestales representan una amenaza para la salud humana, no solo por las muertes directas, sino también porque degradan la calidad del aire, ya que el humo proveniente de las quemas está compuesto por una mezcla de elementos peligrosos que contaminan el aire.

“A nivel mundial los incendios son la principal causa del aumento de la mortalidad por contaminación del aire en gran parte de las zonas tropicales. Entre 1984 y 2013, el número total de personas afectadas por incendios forestales ascendió a 5.8 millones a nivel mundial. La mortalidad promedio atribuible a la exposición al humo de incendios forestales fue de 339 000 muertes anuales”, señalan reportes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) y del National Center for Biotechnology Information.

El humo de los incendios también ejerce una enorme presión sobre los sistemas de salud debido al aumento de las visitas a emergencia y los ingresos hospitalarios de personas que buscan atención por problemas respiratorios.

Jemilah Mahmood, directora ejecutiva del Centro Sunway para la Salud Planetaria, señala que “el humo que proviene de los incendios forestales no es una contaminación común y corriente”, sino que las partículas que provienen de este humo son 10 veces más nocivas que la misma cantidad de emisiones de genera el tráfico vehicular. “El calor empeora la calidad del aire y se amplifican las enfermedades respiratorias y cardiovasculares”, agrega Mahmood, cuestionando la falta de políticas para enfrentar el cambio climático.

“En un estudio de Lancet de 2024 se estableció que 1.5 millones de fallecimientos cada año están relacionados con la contaminación atmosférica, pero en los incendios la cifra es cuatro veces mayor de lo que se estimaba y más de 90 % de estas muertes se dan en países de renta baja y media”, agrega la experta.

Mahmood también advierte que se están documentando trastornos cardiovasculares, condiciones neurológicas, fallo renal y daños para la salud mental, como ansiedad, en lugares donde ocurren los incendios. “Hay un costo psicológico al ver cómo el entorno se incendia, nuestros hogares desaparecen, las comunidades colapsan. Esto lleva a problemas clínicos reales que nuestros sistemas de salud no están diseñados para enfrentar”.

La experta en salud también menciona que no se trata de eventos aislados, sino que son síntomas de muchos límites planetarios que se están rebasando al mismo tiempo, como la degradación del suelo, el cambio climático, el colapso de la integridad de la biosfera. “Todo esto se convierte en un círculo vicioso que no estamos logrando romper”, comenta.

“Si la Amazonía continúa incendiándose, los sumideros de carbono se debilitan, el planeta se calienta más, el colapso de los ecosistemas también se vuelve más real. Los sistemas alimentarios también comenzarán a fracasar conforme el territorio fértil desaparezca, las pesquerías disminuyen, los riesgos de desnutrición, problemas del sistema inmunológico, las enfermedades infecciosas, eso aumenta”, agrega Mahmood sobre uno de los ecosistemas clave del planeta.

Mahmood también presenta las consecuencias de los efectos en la salud causados por el aumento de la temperatura planetaria por el cambio climático. “Las olas de calor no reciben tanta atención mediática como los desastres, no se activan fondos de emergencia, pero es un asesino silencioso en los hogares y en los campos abiertos, lo sienten los cuerpos de trabajadores y trabajadoras que no les queda más que estar al intemperie. Piensen en esta cifra: 546 000 personas mueren cada año por causas relacionadas con el calor”, sentencia, aunque advierte que esta cifra podría ser mayor. “Hay una metáfora que siempre utilizo, la del sapo que no se da cuenta de que el agua está hirviendo hasta que es demasiado tarde como para saltar y salir de ella”.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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