El Súper RIGI es una iniciativa económica del gobierno de Javier Milei que tiene como objetivo atraer inversiones superiores a los 1000 millones de dólares. Este instrumento fue diseñado para captar capitales en nuevas industrias de frontera tecnológica, pero especialistas afirman que el proyecto otorga beneficios extraordinarios por 30 años sin definir con precisión las actividades alcanzadas, sin evaluación oficial de impacto fiscal y sin condiciones ambientales, productivas ni tecnológicas verificables.

Los data centers o centros de datos, megainfraestructuras para el desarrollo de la inteligencia artificial, y granjas de criptomonenas son dos de los proyectos que el Gobierno quiere atraer. Estas construcciones ya han demostrado en países como Estados Unidos sus impactos ambientales: contaminación sonora, emisión de calor, fragmentación del hábitat para la biodiversidad, excesivo uso del agua -que contrae la escasez de agua para las poblaciones cercanas- y el aumento del precio de la energía eléctrica para los habitantes cercanos.

Esta decisión de Milei tiene un antecedente directo. En agosto de 2024 ya se había implementado por decreto una primera iniciativa similar: el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), enfocado en promover la minería y la exploración de gas y petróleo. Esta medida, según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), genera una fuerte “desprotección ambiental” porque no exige estudios de impacto ecológico y limita la capacidad de las provincias para regular el uso de los recursos naturales.

Ariel Slipak, economista, docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y coordinador del área de Investigación de FARN, explicó a Mongabay Latam que el RIGI es más que un incentivo y esquema de exenciones de tipo fiscal, aduaneros o de tipo cambiario, ya que da un blindaje jurídico a grandes inversiones y extractivas.

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“Uno de los primeros artículos de este régimen establece que las normativas de tipo municipal, provincial e incluso nacional no deben ir en contra de los beneficios que adquiere un beneficiario del RIGI. En otras palabras, el tener las exenciones del RIGI se termina imponiendo por sobre la legislación ambiental, laboral u otro tipo de regulaciones”, resaltó Slipak.

A dos años de su implementación, existen 40 proyectos que comprometen más de 138 000 millones de dólares en el RIGI, según el Observatorio del RIGI, una iniciativa colaborativa que reúne a FARN, la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín (EPyG-UNSAM), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Transnational Institute (TNI), el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE) y el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS).

De ellos, 21 corresponden a proyectos mineros (litio, cobre, oro y arena de fractura), 13 al sector de hidrocarburos (petróleo, gas y fertilizantes), tres al sector energético, dos a infraestructura y uno a siderurgia. De los 40 proyectos presentados, 21 ya fueron aprobados. Entre ellos, 12 corresponden a minería, cinco a petróleo y gas y los cuatro restantes a energía, infraestructura y siderurgia. Los otros 18 proyectos continúan en evaluación y uno fue rechazado.

Los 21 proyectos aprobados implican una inversión de 46 626 millones de dólares.

Proyectos extractivos

El petróleo constituye el principal destino de las inversiones comprometidas por el RIGI: con siete proyectos, concentra el 43.3 % del capital anunciado, impulsado por los desarrollos asociados a Vaca Muerta, el mayor yacimiento de hidrocarburos no convencionales del país y uno de los más grandes del mundo.

Le siguen el cobre, que reúne seis proyectos y concentra el 24.6 % de la inversión total, y el gas natural -incluyendo las plantas de GNL y la infraestructura asociada-, que representa el 17.2 % del capital comprometido a través de cinco iniciativas.

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En cuanto al litio, aunque concentra 11 proyectos, es decir, la mayor cantidad de iniciativas presentadas, representa el 10.5 % de la inversión total.

En conjunto, estos cuatro subsectores reúnen el 95.6 % de la inversión comprometida bajo el RIGI, mientras que los restantes siete subsectores explican apenas el 4.4 % del capital anunciado.

El RIGI no solo otorga estabilidad a las inversiones; también puede desplazar los conflictos desde los territorios hacia tribunales arbitrales internacionales, reduciendo el margen de intervención de las comunidades y de la Justicia argentina.

El Súper RIGI tiene el nombre oficial de Ley de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias. Slipak afirma que las exenciones impositivas son aún mayores que con el RIGI y que da más beneficios a industrias extractivas grandes, como la de hidrocarburos y la del litio. Pero hay más: “Lo preocupante del Súper RIGI es que parece estar hecho a la medida de proyectos de centros de datos, minado de criptomodenas o cosas que tienen un gran consumo energético y, además, es generadora de más calor en centros urbanos”, dijo.

Este tipo de industrias incluyen sectores como las energías renovables o actividades que aún no existen en Argentina o se encuentran en etapa experimental, como la biotecnología y la inteligencia artificial, entre otras , dijo el experto.

El proyecto de Súper RIGI -que ya cuenta con media sanción de Diputados- ahora está a la espera del debate en el Senado. Esta iniciativa abrió un debate sobre hasta dónde se debe llegar con los incentivos para competir por inversiones en sectores estratégicos como los centros de datos y qué condiciones debería exigir el país a cambio.

Slipak remarcó que el proyecto no incorpora condiciones ambientales específicas sobre consumo energético, uso del agua, emisiones de carbono ni evaluación de impactos acumulativos. Esta omisión –dijo- resulta preocupante frente a la posibilidad de que el régimen alcance a proyectos de infraestructura digital y centros de datos de gran escala.

“Los centros de datos pueden demandar enormes volúmenes de energía, agua y suelo. Sin reglas claras, su instalación podría tensionar redes eléctricas, profundizar conflictos por el agua y consolidar infraestructura crítica en manos privadas sin control público suficiente”, dijo Slipak.

En los centros de datos que utilizan refrigeración evaporativa, una parte sustancial del agua se pierde localmente por evaporación y deja de estar disponible para otros usos. Como referencia, el centro de datos de Google en Iowa, Estados Unidos, consumió alrededor de 3800 millones de litros de agua 2024, según recogió la organización Global Investigative Journalism Network.

Mongabay Latam buscó la posición del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, pero esa entidad no respondió los requerimientos. Este ministerio es el encargado de elaborar el proyecto del Súper RIGI.

Afectaciones a comunidades indígenas

Silvina Ramírez, doctora en Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), miembro de la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena (AADI) y experta en Derechos Indígenas, afirmó a Mongabay Latam que el Súper RIGI responde a un “modelo económico, una matriz productiva y energética, un modelo de desarrollo” que afectará a comunidades indígenas.

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“Las comunidades indígenas son uno de los principales sujetos afectados. No sólo por el desconocimiento de sus derechos, sino porque prolijamente se fue desarticulando un andamiaje que, aunque precario, permitía austeramente avanzar hacia la titulación colectiva de tierras”, afirmó Ramírez. Tierras que ahora el Gobierno podría entregar a las empresas que realicen estas grandes inversiones.

Además, la experta afirmó que lo alarmante es que ante cualquier nueva ley local de protección ecológica que afecte intereses de las inversiones extractivas, las empresas pueden llevar al Estado a tribunales internacionales de arbitraje. “Las comunidades indígenas están habituadas al hostigamiento judicial, pero ahora esa situación será más complicada”, dijo Ramírez.

Según el proyecto, los eventuales conflictos los resuelve la Justicia internacional: los beneficiarios eligen individualmente dónde llevar adelante los conflictos que puedan generarse, adoptando los reglamentos de la Corte Permanente de Arbitraje, la Cámara de Comercio Internacional, o el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con sedes fuera del territorio argentino.

Esteban Paulón, diputado y miembro del Partido Socialista de Argentina, afirmó a Mongabay Latam que uno de los puntos más controversiales del proyecto son la instalación de los centros de datos, que son infraestructuras de consumo energético y de agua masivos.

“El Súper RIGI no contempla nada vinculado a la protección de pueblos originarios ni de protección ambiental. Presenté un proyecto especifico para incorporar protecciones ambientales, de sustentabilidad y de derechos humanos, porque no están contemplados en el texto original. Este proyecto deja al descubierto a muchos pueblos originarios y también al ambiente”, detalló Paulón.

La iniciativa de Paulón establece que la norma del Súper RIGI debe efectuarse bajo siete protecciones: el derecho a un ambiente sano consagrado; el dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales existentes en su territorio; las leyes nacionales de presupuestos mínimos de protección ambiental; los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional o supralegal; el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú); el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales; y a los principios preventivo, precautorio, de equidad intergeneracional, progresividad y no regresión en materia ambiental.

El Super RIGI sigue por ahora en el Senado, donde el partido oficialista negocia con la oposición ciertos puntos para lograr la aprobación del proyecto.

En las aguas del sur de Chile, una faena de pesca puede terminar cuando los lobos marinos llegan a las embarcaciones. Para los pescadores artesanales, la escena se ha vuelto cada vez más frecuente y costosa. Ellos narran que los animales se acercan, persiguen las líneas y comen los peces capturados. En ocasiones incluso dañan los aparejos. Para científicos especializados en mamíferos marinos, en cambio, la pregunta es otra: ¿reducir la población de lobos marinos realmente resolvería este conflicto?

La discusión ha cobrado fuerza después de que el gobierno chileno planteara levantar la veda que protege al lobo marino común (Otaria flavescens) y analizar la eventual fijación de una cuota o la realización de una caza selectiva.

El debate tuvo uno de sus principales episodios el 21 de julio, cuando la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile convocó al subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia; al director ejecutivo del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), Luis Parot; y a dirigentes de la pesca artesanal para abordar el aumento de las interacciones entre lobos marinos y la pesca de merluza austral. Se trata de una pesquería de importancia económica y social especialmente para comunidades costeras de las regiones de Los Lagos y Aysén.

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“El mensaje que quiero enviar con esto es que los pescadores están primero, que los seres humanos están primero, salvo que haya razones fundadas —y yo no veo que las haya (...)— para ver de manera distinta al lobo marino, como cualquier otro recurso”, dijo Urrutia durante la sesión. Pero antes, agregó, se requiere un proyecto que determine aspectos como el número de animales a extraer, las condiciones de captura, su procesamiento y eventual destino comercial.

También señaló que esos antecedentes serían necesarios para evaluar las implicaciones comerciales de la medida y conversar con autoridades de Estados Unidos. La dimensión comercial es relevante porque Estados Unidos aplica, mediante la Marine Mammal Protection Act, requisitos relacionados con la protección de mamíferos marinos para las pesquerías extranjeras que exportan a ese mercado.

Un problema que se ha agravado para los pescadores

La posibilidad de modificar la protección del lobo marino ha sido recibida con expectativa por organizaciones de pescadores artesanales que han denunciado por años pérdidas económicas y dificultades para desarrollar sus faenas. En contraste, una declaración pública firmada y publicada en agosto por investigadoras e investigadores de distintas instituciones, sostiene que la evidencia científica no respalda el control poblacional como solución a estas interacciones y advierte sobre los impactos ecológicos y comerciales de una eventual cuota de caza para el lobo marino.

Desde la pesca artesanal, estas interacciones son descritas como una afectación cada vez más frecuente durante las faenas. Jorge Bustos Nilsson, presidente del Consejo Regional de Pescadores Artesanales de Los Lagos (COREPA), dijo en entrevista con Mongabay Latam que los reclamos de los pescadores de la región se remontan a unos 15 años y que, según su experiencia, las interacciones con los lobos marinos comenzaron a hacerse más frecuentes a partir de 2016.

Bustos Nilsson vincula ese cambio con la crisis sanitaria de la salmonicultura de ese año —provocada por el virus ISA (Anemia Infecciosa del Salmón)— y el desplazamiento de parte de esa industria hacia la Región de Aysén. Según explica, los centros salmoneros constituían una fuente de alimento accesible para los lobos y, después de su traslado, los animales permanecieron en las aguas interiores donde operan los pescadores artesanales.

“Nosotros nos quedamos con la herencia de los lobos”, afirma Bustos Nilsson. “Desde aquel año no hemos podido encontrar una solución a este tema y cada vez los ataques son más frecuentes”.

Desde su perspectiva, ni el Estado ni la academia han logrado cuantificar la población de lobos marinos. La información presentada por el IFOP situó la población del lobo marino común en aproximadamente 130 000 ejemplares, mientras que el subsecretario de Pesca citó estimaciones de un censo realizado en 2018 que ubican entre 112 000 y 150 000 individuos.

“Como pescador y conocedor del litoral, prácticamente de todo Chile, puedo decir que tenemos más o menos 600 000 mil lobos”, dice Bustos Nilsson. Los censos efectuados mediante drones o fotografías aéreas, explica el dirigente, no permiten contabilizar a los individuos que permanecen en cavernas, áreas con vegetación o sectores alejados de la costa.

Las pérdidas para los pescadores artesanales, afirma, en ocasiones representan el total de una captura. También describe daños a los aparejos y riesgos para los trabajadores, especialmente durante el virado manual de las líneas de pesca. Cuando un lobo toma un pez enganchado, explica, tira del aparejo y puede provocar que los anzuelos terminen clavándose en los pescadores.

“Eso es pan de cada día”, afirma al describir los accidentes. Para reducir el conflicto, asegura que los pescadores han probado distintas medidas para evitar las interacciones: dispositivos acústicos y electromagnéticos, cambios en la velocidad de las operaciones y otros sistemas disuasivos. Según su experiencia, ninguna de estas alternativas ha solucionado el problema de manera permanente, pues los lobos aprenden rápidamente a reconocer las estrategias utilizadas para alejarlos.

Para Bustos, la respuesta debe dirigirse especialmente a los ejemplares que se han habituado a aprovechar las capturas de las embarcaciones. No plantea, dice, eliminar la población de la especie, sino controlar las poblaciones de aquellos animales que generan el conflicto.

“Tampoco me interesa ser parte de una matanza; eso nosotros tampoco lo vamos a permitir. Pero sí controlarlo y regularlo como corresponde. Con todas las de la ley”, dice Bustos Nilsson.

Hernán Cortés Bernal, presidente del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP), estima que las interacciones generan pérdidas para la pesca artesanal por distintos conceptos: capturas que se pierden, daños en los aparejos, mayores gastos de combustible y jornadas de pesca suspendidas por reparaciones.

Según sus cálculos, elaborados a partir de los reportes de los propios gremios, el impacto alcanzaría 1770 millones de pesos chilenos (unos 1.8 millones de dólares) al año a nivel nacional. Cortés, sin embargo, advierte que se trata de una estimación y que actualmente no existe una investigación que cuantifique de manera sistemática estos daños.

“No hay ningún registro, ningún estudio que cuantifique el impacto de los lobos en la pesca artesanal”, insiste Cortés Bernal. “Falta mucha voluntad política para financiar proyectos de investigación relacionados con las pesquerías en Chile y en específico las que afectan a la pesca artesanal. No hay una cuantificación seria que pueda dar respaldo a lo que nosotros estamos diciendo”.

Bustos Nilsson agrega que están dispuestos a conversar con el gobierno, científicos, organizaciones ambientales y otros actores para buscar una solución. Pero insiste en que el conocimiento acumulado por los pescadores debe incorporarse a las decisiones. “No tenemos ningún problema en sentarnos a conversar con la organizaciones, con los ambientalistas, con el gobierno, con la academia, con la universidad… con quien tengamos que sentarnos a conversar”, afirma.

El debate científico

Los científicos también cuestionan que exista una sobrepoblación de lobos marinos. En su comunicado, señalan que, aunque algunas poblaciones de lobo marino común se recuperaron tras la explotación comercial del siglo pasado y décadas de protección, los censos muestran que las poblaciones se han mantenido estables durante las últimas tres décadas. Para los investigadores, esa recuperación no implica por sí misma que exista una abundancia excesiva.

Desde esta perspectiva, el aumento de las interacciones con la pesca no estaría explicado por un crecimiento de la población, sino por una combinación de factores. Entre ellos, el comunicado menciona la disminución de los recursos pesqueros asociada a la sobrepesca y los cambios ambientales, como el fenómeno de El Niño, que pueden aumentar el contacto entre pescadores y fauna marina. Los investigadores también apuntan a la habituación de algunos lobos a la presencia humana, favorecida por la alimentación intencional en caletas y por el acceso a residuos pesqueros y urbanos.

“Los lobos marinos son lo que se denomina especies centinelas, es decir, hablan de la calidad de un ecosistema”, explica Maritza Sepúlveda, doctora en Ecología y Biología Molecular y académica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valparaíso, en entrevista con Mongabay Latam.

“¿Cómo vamos a permitir la caza de un animal que nos está diciendo cómo está el ambiente? Por este y todos los demás argumentos, la autorización de caza es insostenible”, asevera Sepúlveda, una de las investigadoras firmantes del comunicado y quien se ha dedicado a estudiar este fenómeno.

Trabajar en conjunto con pescadores, Estado y científicos es la clave, señala Sepúlveda. “Hemos tenido buenos resultados en algunos casos particulares al hacer trabajo conjunto con los pescadores para buscar soluciones. Todo el mundo tiene que abrirse”, explica la científica. “Después de varias reuniones y conversaciones, ellos entienden la importancia de los lobos marinos. Como ellos mismos me han dicho: ‘Es tan víctima como nosotros de la sobreexplotación pesquera’”.

Rodrigo Hucke, especialista en conservación marina y presidente del Centro Ballena Azul, también suscribió la declaración. Para él, remover parte de la población de lobos marinos para resolver un problema pesquero es especialmente cuestionable en un escenario de cambio climático.

“Estamos hablando de una especie que ha vivido mucho más que los humanos en esta zona”, sostiene el científico. “Lo que más me llama la atención es que no se toma en consideración el rol ecológico que tiene esta especie que vive desde Ecuador hasta Argentina, como un depredador de mayor orden. Me parece sumamente simplista considerar que matarlo va a resolver un problema”.

Según la evidencia internacional citada en el comunicado de los científicos, sería necesario remover hasta alrededor del 50 % de la población para conseguir una disminución significativa de las interacciones y mantener esa extracción en el tiempo. Para los firmantes, ese escenario “sería biológica, ética y legalmente inviable”.

El comportamiento aprendido

Los especialistas plantean que parte de las interacciones puede estar relacionada con el comportamiento aprendido de los animales. Hucke señala que los descartes y residuos de pescado pueden convertirse en una fuente de alimento fácil. Los lobos, animales inteligentes y con capacidad de aprendizaje, pueden asociar la presencia de embarcaciones con comida disponible.

Por eso, una de las recomendaciones es eliminar prácticas que faciliten ese acceso, además de modificar las operaciones pesqueras en aquellos sitios donde las interacciones sean particularmente intensas. El comunicado propone probar mejoras en las artes de pesca, cambios en las operaciones, manejo de residuos y descartes, prevención de la alimentación intencional de fauna y estrategias específicas para cada pesquería.

Hucke agrega otra posibilidad: aprovechar el interés que despiertan estos animales para desarrollar actividades de observación y turismo, siempre que se realicen bajo condiciones que no alteren las colonias reproductivas ni generen nuevos conflictos.

“Son muy interesantes, a mí me parecen sumamente atractivas en términos de las capacidades que tienen para escalar, nadar maravillosamente y bucear”, describe el especialista. “Las colonias reproductivas son maravillosas: se puede ver a las crías tomando leche, a las mamás gritándoles para ver dónde están y poder encontrarlas dentro de la colonia. Con torres de observación y binoculares, se podría darle la vuelta a hacer algo más novedoso, entretenido y seguro”.

Un problema sin solución acordada

El gobierno chileno aún no ha anunciado una decisión sobre una eventual modificación de la veda, que sigue vigente hasta 2031. Mongabay Latam consultó a la Subsecretaría de Pesca sobre el diagnóstico actual de las interacciones, sus impactos para la pesca artesanal, el estado de la veda, las alternativas de mitigación y los antecedentes científicos y técnicos que se considerarían antes de adoptar nuevas medidas. Al cierre de esta nota, la institución no había respondido a la solicitud de entrevista.

Para los investigadores, proteger a los lobos marinos y sostener la pesca artesanal no son objetivos incompatibles. Para los pescadores, la conservación no puede ignorar las condiciones concretas en las que desarrollan su trabajo.

“La coexistencia entre lobos marinos y el humano sí es posible”, concluye Maritza Sepúlveda. “Pero necesitamos tener una mirada amplia, ecosistémica y de trabajo conjunto entre Estado, pesca y ciencia; esta triada virtuosa con la que podríamos encaminarnos para buscar medidas en conjunto que traten, al menos, de mitigar y lograr una convivencia”.

El artículo original fue publicado por Astrid Arellano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El 24 de agosto se celebra el Día Internacional de los Parques Nacionales. La fecha recuerda la importancia de mantener intactas áreas que albergan paisajes únicos, biodiversidad asombrosa y servicios ecosistémicos de los que dependen la provisión de agua limpia, el aire fresco, la polinización de alimentos y la captura de gases de efecto invernadero.

Aunque en Latinoamérica los parques nacionales son una de las categorías más altas de protección dentro de los sistemas de áreas protegidas nacionales, enfrentan todo tipo de amenazas. El avance de la deforestación, la minería ilegal e informal y la expansión de la industria petrolera son tres de ellas.

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En el Parque Nacional Natural La Paya, en Putumayo, el extremo sur de Colombia, la ganadería ilegal, cultivos de coca y la presencia de grupos armados ilegales han provocado la pérdida de bosques en una zona clave para la conectividad entre el Escudo Guayanés, la Amazonía y Los Andes.

En el Parque Nacional Islote Lobos, en Río Negro, el noreste de la Patagonia argentina, la construcción de un oleoducto y una terminal de exportación petrolera preocupa por los antecedentes de derrames de petróleo que ha habido en el país. Un vertimiento podría llegar en menos de un día a sitios de anidación y de reproducción de fauna marina.

En el Parque Nacional Bahuaja Sonene, entre Puno y Madre de Dios, en el sur de Perú, la minería ilegal e informal acecha al parque. Aunque se logró detener la actividad al interior del área protegida, la actividad se expande en la zona de amortiguamiento y los ríos que la rodean.

Mongabay Latam habló con especialistas y conocedores de las tres áreas para entender mejor qué está en juego y las soluciones que plantean.

Colombia: la deforestación pone en riesgo la conectividad del Parque Nacional La Paya

El Parque Nacional Natural La Paya está en el extremo sur de Colombia, en la triple frontera con Ecuador y Perú. La zona es tan biodiversa que los otros dos países también tienen áreas protegidas en sus límites. Sin embargo, este es considerado por muchas autoridades y expertos el punto fronterizo más conflictivo de la cuenca amazónica. La expansión de la ganadería ilegal, los cultivos de coca y las carreteras ilegales están destruyendo los bosques de La Paya, de acuerdo con Julia Miranda, quien dirigió Parques Nacionales de Colombia entre 2004 y 2020.

Entre 2013 y 2023, el parque perdió 8759 hectáreas de bosque, según el más reciente informe de la iniciativa Parques Cómo Vamos. Esta pérdida convirtió a La Paya en la quinta área protegida más deforestada del país.

La deforestación continuó en 2024, año en el que se perdieron 459 hectáreas adicionales de bosque, según datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) de Colombia, enviados a Mongabay Latam por Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS). En 2025, 433 hectáreas más fueron deforestadas. Es decir, 892 hectáreas en esos dos años.

“Se perdieron zonas que habían sido restauradas durante las últimas dos décadas, que son críticas en la recuperación de la conectividad del parque”, señala Botero.

La exdirectora detalla que detrás de la tala no solo hay campesinos que amplían sus asentamientos y potreros. Asegura que también hay grupos armados ilegales que controlan buena parte de esos territorios. Botero añade que el parque “ha sido epicentro de la disputa entre las facciones disidentes de los Comandos de la Frontera y el Estado Mayor Central, con graves implicaciones sobre las poblaciones locales”.

Para el director de FCDS, el mayor impacto de la deforestación es la pérdida de conectividad, “la principal función de La Paya”. Explica que es un paisaje que conecta al noreste con el Parque Nacional Serranía de Chiribiquete, mientras que al sur conecta con el Parque Nacional Güeppí-Sekime, en Perú, y la Reserva de Producción de Fauna de Cuyabeno, en Ecuador.

“La gran biodiversidad que se mueve entre Los Andes, el Escudo Guayanés y la depresión del Napo está siendo seriamente afectada por este proceso de deforestación”, dice Botero.

La pérdida de bosque también amenaza la gobernabilidad, tanto de Parques Nacionales como de los gobiernos indígenas, de acuerdo con Miranda. “Los grupos ilegales imponen sus actividades ilícitas y afectan la vida tranquila de las comunidades indígenas”, se lamenta. Las comunidades siona, que dependen del bosque para obtener alimentos y medicina ancestral, han rechazado las economías ilícitas, asegura la exdirectora y hasta hace poco congresista.

Para la exfuncionaria, revertir la tendencia depende de una decisión política de hacer control territorial. Frente al mal recuerdo que quedó en La Paya tras la operación militar Artemisa de 2019 contra la deforestación, por su nivel de violencia, Miranda recomienda que se establezcan mesas de diálogo encaminadas a que se cumpla el Acuerdo de Paz, que estableció rutas de reubicación para las familias asentadas en parques antes de 2016.

Argentina: una terminal de exportación petrolera amenaza al Parque Nacional Islote Lobos

Al Parque Nacional Islote Lobos y a Punta Colorada, donde se tiene planificado construir la terminal de exportación petrolera Vaca Muerta Oil, los separan cerca de 10 kilómetros. Un derrame de petróleo podría alcanzar la zona, en la costa oeste del Golfo San Matías, provincia de Río Negro, Argentina, en un plazo de entre seis y 12 horas bajo ciertos escenarios de viento, según un modelado de Wildlife Conservation Society (WCS) Argentina.

“Diez kilómetros pareciera ser una distancia razonable en tierra, pero ecológicamente eso no sirve de nada, porque cualquier derrame de petróleo se va a desplazar sobre el agua siguiendo las corrientes, las mareas y los vientos”, explica Raquel Perier, bióloga marina e integrante de la Multisectorial de Defensa del Golfo.

El área protegida es un pequeño archipiélago costero. Alberga una importante diversidad de aves marinas y costeras, incluyendo migratorias. También acoge un importante apostadero de lobos marinos (Otaria flavescens) y la colonia de pingüinos de Magallanes (Spheniscus magellanicus) más septentrional del mundo, de acuerdo con la información oficial del parque.

“Esta colonia se comenzó a formar en la década de 1990 y actualmente reúne a miles de parejas de pingüinos”, cuenta la especialista. Los islotes y las zonas intermareales funcionan como área de nidificación, descanso y alimentación, añade. La colonia de pingüinos se concentra entre septiembre y enero.

La forma del Golfo San Matías agrava los impactos de un posible vertimiento, de acuerdo con la especialista. “Es como una olla, con profundidades centrales mayores que su plataforma adyacente”, señala. Esa configuración hace que el agua recircule dentro del golfo durante meses en lugar de dispersarse hacia el mar abierto, explica.

De suceder un vertimiento, el petróleo podría alterar el aislamiento térmico del plumaje de estas aves, que además podrían ingerirlo cuando se acicalan, indica Perier. Otro impacto sería el que ocasionarían los hidrocarburos al adherirse a los sedimentos intermareales, prolongando su presencia más allá de las manchas visibles en la superficie del agua.

Desde 1990, la ley provincial 3308 prohibía toda actividad hidrocarburífera y de infraestructura portuaria en el Golfo San Matías. En 2022, la legislatura de Río Negro modificó la norma y habilitó el transporte y la construcción portuaria para exportación de petróleo y gas.

La construcción del proyecto Vaca Muerta Oil Sur ya arrancó. Consiste en un oleoducto que comienza en Vaca Muerta, provincia de Neuquén, y llega hasta Punta Colorada. Perier, como parte de la Multisectorial de Defensa del Golfo, denuncia que las audiencias públicas del proyecto no garantizaron participación ciudadana real.

Aunque las autoridades dicen que tienen planes de contingencia, la bióloga marina se muestra desconfiada. “A unos kilómetros de nosotros, en Catriel, un pequeño derrame lo pararon con una pileta de plástico”, relata.

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Perier también cuestiona la ausencia de un análisis de impactos acumulativos sobre el conjunto del golfo, que incluye proyectos de exportación de gas natural en Bahía San Antonio y Caleta de los Loros, otras dos áreas naturales protegidas de la misma costa.

“Cada vez más gente se nos está acercando y viendo la posibilidad de quedarnos sin un golfo azul por siempre”, dice. Y concluye: “No está dicho nada hasta la última palabra y mientras tanto seguimos resistiendo”.

Perú: la minería ilegal presiona la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene

La minería ilegal e informal ha afectado 5680 hectáreas del Parque Nacional Bahuaja Sonene y su zona de amortiguamiento hasta el segundo trimestre de 2026, según datos de Amazon Mining Watch. Un guardaparques que prefiere proteger su identidad por seguridad envió un mapa oficial a Mongabay Latam y explicó que la información de Amazon Mining Watch incluye la zona de amortiguamiento, donde se realiza gran parte de la actividad ilegal. Asegura que la extracción se logró detener dentro del parque en 2023.

El ambientalista Pedro Solano no descarta que el área protegida sufra bastante presión a medida que se incrementa el precio internacional del oro. “Se está convirtiendo en una suerte de zona de guerra”, afirma. El Bahuaja Sonene, ubicado entre las regiones de Madre de Dios y Puno, colinda con la Reserva Nacional Tambopata, que acumula casi 29 000 hectáreas afectadas, según Amazon Mining Watch. Esta, a su vez, colinda con el corredor minero de Madre de Dios, departamento que suma 163 000 hectáreas de superficie minada, según la misma herramienta.

Entre 2021 y 2023, funcionarios del parque registraron más de 50 puntos de minería ilegal al interior del área protegida. Los focos estaban en las quebradas Palma Real Grande y Patuyaku, en el sector de Vigilancia y Control Heath, detalla el guardaparques. “No contábamos con puesto de vigilancia ahí, entonces el personal no llegaba a hacer los patrullajes”, contextualiza.

Intervenciones conjuntas de la Fiscalía Especializada en Ambiente, la Marina de Guerra y la Policía Nacional frenaron la extracción ilegal, asegura el guardaparques. Hoy, el parque ya tiene un puesto de vigilancia permanente en el área.

El Proyecto Mapeo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés) de Amazon Conservation identificó que, entre 2021 y 2023, 2439 hectáreas fueron deforestadas para la minería en las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas del sur de Perú. Las más afectadas fueron la Reserva Nacional Tambopata, Bahuaja Sonene y la Reserva Comunal Amarakaeri, tres áreas contiguas. En el sector de Bahuaja Sonene hay minería ilegal y en menor medida, en proceso de formalización, de acuerdo con el guardaparques.

Para agosto de 2025, MAAP encontró que parte de la deforestación por minería de oro se mantenía en la zona de amortiguamiento del Bahuaja Sonene, aunque no ofreció cifras. El proyecto también identificó al río Inambari como uno de los afectados. En esa cuenca, relata el guardaparques, los mineros llevan a cabo operaciones con maquinaria pesada, embarcaciones artesanales y campamentos móviles.

Además, el parque sufre impactos indirectos de la minería realizada en otras zonas. El río Tambopata ya llega con alta sedimentación y con contaminación por mercurio, combustibles y aceites. Esto ha provocado que la nutria gigante (Pteronura brasiliensis) se aísle, asegura la fuente en el territorio. Las taricayas (Podocnemis unifilis), por otro lado, han perdido las playas donde anidaban y los peces son cada vez más vulnerables. Los pobladores de la zona que dependen de la pesca también sufren las consecuencias.

Según Solano, las interdicciones, que implican destruir maquinaria, generan violencia en la región. A eso se suma la violencia que ejercen los mineros contra los defensores ambientales. Por eso, cree que se necesita aplicar una política integral que atienda la pobreza rural y que ofrezca oportunidades económicas.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El gobierno de Javier Milei impulsa un proyecto de ley que amenaza la permanencia de comunidades indígenas en tierras rurales, de acuerdo con expertos y legisladores de la oposición consultados por Mongabay Latam. El texto que comenzará a debatirse en la Cámara de Diputados en los próximos días ya tiene media sanción del Senado, aunque con varias modificaciones introducidas durante el debate parlamentario. Aún así, contempla, entre otros aspectos, acelerar los procesos de desalojo y obstaculizar las expropiaciones estatales.

El proyecto, titulado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, podría tratarse en la Cámara de Diputados a finales de mes, afirmó a Mongabay Latam Esteban Paulón, diputado del Partido Socialista de Argentina, quien además explicó que la oposición debe estar alerta ante el debate de este proyecto y poner el foco en dos aspectos: las facilidades para las expropiaciones y para los desalojos rápidos en áreas rurales donde habitan pueblos indígenas que reclaman la titularidad de tierras que consideran ancestrales.

“Esta norma facilita desalojos de comunidades originarias donde se encuentran pueblos asentados y que la Constitución garantiza como espacios ancestrales. Seguro estos temas animarán el debate en la Cámara de Diputados, que, se estima, será a finales de este mes”, afirmó Paulón.

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Durante el debate en el Senado, el proyecto del Gobierno sufrió varios reveses. Entre ellos, uno clave: el Ejecutivo pretendía modificar la Ley de Tierras actual y modificar el porcentaje del tope de extranjerización permitido actualmente en tierras rurales de 15 % máximo a 25 % máximo. Tras protestas y oposiciones de otros sectores políticos, el bloque que responde a Milei desistió de ese punto para poder avanzar en el debate y que se apruebe el proyecto.

Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), explicó a Mongabay Latam que al retirar el Gobierno capítulo del proyecto sobre compra de tierras a favor de extranjeros, los riesgos ambientales se achican. Sin embargo, todavía hay preocupación por la situación de comunidades indígenas ante la aceleración de los procesos de desalojo que sí quedarían habilitados para realizarse con mayores facilidades y rapidez en caso de que el proyecto se apruebe en Diputados tal cual llegó desde el Senado.

El experto afirmó que esta disposición violenta los tratados internacionales firmados por Argentina en materia de derecho indígena y también la Constitución Nacional, que establece la preexistencia y el derecho a la tierra de los pueblos indígenas. Por lo tanto, es una norma –dijo- que entra en flagrante contradicción con esas normas.

“En línea a los proyectos que este Gobierno quiso aprobar, [este] tiene un sesgo totalmente individualista, es decir: la temática de la propiedad es solo una temática de carácter individual. No toman en cuenta las cuestiones de carácter colectivo, la propiedad comunitaria de la tierra y los reclamos que hacen las comunidades indígenas desde hace mucho tiempo”, afirmó Napoli.

Silvina Ramírez, doctora en Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), miembro de la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena (AADI) y experta en Derechos Indígenas, coincide con Nápoli y Paulón. En diálogo con Mongabay Latam dijo que a pesar del rechazo generalizado que obligó al oficialismo a resignar el capítulo sobre extranjerización de la tierra y las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, existen los riesgos en dos temas centrales: modificaciones al régimen de expropiaciones y de desalojos.

En el primer caso, aseguró, habrá más restricciones para declarar la utilidad pública de un bien inmueble y luego expropiarlo para, por ejemplo, entregar la titularidad de esas tierras a las comunidades que las reclaman como ancestrales. La Ley 21.499, vigente desde 1977, establece que se debe satisfacer el principio de “utilidad pública” para que tenga lugar una expropiación, explicó el medio especializado Chequeado>, que analizó el proyecto de ley. “La propuesta del Gobierno establece una definición más restrictiva de ese principio: su declaración ‘deberá identificar en forma específica y concreta el fin perseguido, y la expropiación del bien deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo’”.

En el segundo aspecto resaltado por Ramírez, la abogada explicó que se flexibiliza el procedimiento para los desalojos y se agilizan las vías para facilitarlos. Por ejemplo, busca facilitar la ejecución anticipada antes de la sentencia y reducir las posibilidades de defensa del ocupante. Chequeado explicó que “el cambio más estructural es la conversión del proceso al trámite sumarísimo -el más breve del Código Procesal- y la eliminación de la caución real (garantía, generalmente económica) como requisito para obtener la desocupación inmediata, reemplazándola por una simple declaración jurada del propietario sin respaldo patrimonial”.

Piden un escudo para las comunidades indígenas

“Es probable que la discusión en Diputados llegue con sorpresas y otras negociaciones. De la lectura de lo aprobado, y específicamente alrededor de los desalojos, pueden extraerse consecuencias e impactos para las comunidades indígenas, siempre amenazadas, que hoy carecen de lo que es tan valioso y ponderado para el sector empresarial, pero totalmente ignorado para el mundo indígena: la seguridad jurídica”, dijo Ramírez.

En este caso, detalló que se permite que cualquier persona que invoque un derecho o interés legítimo puede presentar la acción de desalojo contra comunidades que ya viven en las tierras rurales. “En territorios en donde los títulos siempre son oscuros, en donde la manipulación, la corrupción y el favorecimiento para unos pocos están a la orden del día, la posibilidad de que, prácticamente, cualquier individuo pueda iniciar una causa judicial complejiza mucho más el escenario”, afirmó la experta.

En Argentina, explica Ramírez, no existe una estadística oficial de cuántas hectáreas o porcentaje del territorio nacional está habitado por pueblos indígenas debido a no se concluyó el relevamiento técnico jurídico catastral que ordenaba la Ley 26.60 de emergencia territorial, la cual, además fue derogada en diciembre de 2024.

Ramírez añadió que las comunidades indígenas están habituadas al “hostigamiento judicial”. “Este proyecto de ley, que hoy tiene media sanción, facilita la persecución judicial a través del litigio, restándole mecanismos de defensa a quienes defienden sus territorios, invocando los derechos territoriales reconocidos por la legislación vigente”, resaltó.

En esa línea, la especialista acotó que las modificaciones a la expropiación y al desalojo “son también una llamada de alerta y una pieza más para el montaje de una maquinaria que sólo pretende generar recursos económicos a costa del sufrimiento de enormes sectores de la población. Dentro de ellos, y como siempre, se encuentran las comunidades indígenas”.

Antecedentes en el Senado

Dos cuestiones clave quedaron fuera del proyecto durante el debate en el Senado. La Ley 26.737 de Tierras Rurales, sancionada en diciembre de 2011, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, establece límites a la propiedad extranjera sobre tierras rurales: las personas y empresas extranjeras no pueden poseer más del 15 % del total de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. Además, determina que ninguna nacionalidad extranjera puede superar el 30 % de ese 15 % permitido, y que un mismo titular extranjero no puede tener más de 1000 hectáreas.

Durante la votación en el Senado también se retiró el capítulo que modificaba la Ley de Manejo del Fuego, que reducía protecciones tras incendios (especialmente fuera de bosques nativos) y cambiaba reglas sobre uso del suelo, informó Chequeado tras el análisis del proyecto votado.

Antes del debate del proyecto de ley en el Senado, distintos sectores sociales y ambientales salieron a las calles para protestar contra las modificaciones que pretendía el oficialismo.

La Libertad Avanza, el partido de Milei, no logró reunir los votos y retiró ambos capítulos. La posibilidad de que empresas extranjeras compren tierras rurales en Argentina fue el capítulo más polémico de este proyecto. El argumento que presentó el oficialismo para derribar los límites existentes a la compra de tierras por parte de extranjeros es que estos son un freno a la inversión privada.

Patricia Bullrich, jefa de la bancada oficialista en el Senado, decidió finalmente retirar ese capítulo del proyecto. “[Esa decisión] fue adoptada por unanimidad entre los integrantes del espacio con el objetivo de continuar trabajando sobre ese capítulo y alcanzar un mayor nivel de consenso”, afirmó Bullrich en un comunicado, según medios locales. Mongabay Latam intentó comunicarse con la senadora a través de su equipo de prensa, pero no tuvo respuesta.

En mayo pasado, cuando se presentó la iniciativa a empresarios agropecuarios, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dijo que “la Ley de Tierras es a las economías regionales lo que la Ley de Glaciares fue a la minería”. El funcionario aseguró que “en su estado actual es una ley que prohíbe la inversión extranjera directa en tierras, en el agro, en puertos y en la industria forestal”. Derogar esa ley podría traer inversiones cercanas a los 15 000 millones de dólares, sostuvo.

Las estadísticas oficiales sostienen que a pesar de que el techo actual para la extranjerización de la tierra es del 15 %, solo el 5 % de las tierras rurales del territorio nacional está en manos de extranjeros. Pero hay otro contexto: el análisis regional muestra una alta concentración local en algunas provincias, donde la extranjerización de las tierras supera el 15 % establecido a nivel nacional.

Investigadores de Conicet del Instituto de Estudios Sociales y Humanos y de la Universidad de Buenos Aires presentaron a fines de 2025 un mapa interactivo de la extranjerización de la tierra en Argentina. De acuerdo con el estudio, más de 13 millones de hectáreas -casi el 5% del territorio nacional, una superficie similar a Inglaterra- pertenecen a firmas o Estados extranjeros.

En 36 distritos ya exceden el límite legal del 15 %, como en Lacar (provincia de Neuquén), General Lamadrid (provincia de La Rioja), Molinos y San Carlos (provincia de Salta), donde la extranjerización supera el 50 %. También hay altos porcentajes en zonas estratégicas del río Paraná, sostuvieron los investigadores.

El diputado Paulón explicó que uno de los argumentos de la oposición para frenar la modificación de la Ley de Tierras fue que aumentar la compra de tierras con recursos naturales por parte de corporaciones extractivas del exterior podía presionar a las autoridades para modificar las leyes ambientales vigentes, como sucedió recientemente con la Ley de Glaciares. “Estas compras y ventas incluían zonas de frontera, acuíferos, humedales, zonas de recursos naturales, cuencas de agua”, destacó Paulón.

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El fenómeno climático de El Niño se origina por el calentamiento del océano Pacífico por encima de las temperaturas promedio en el mar. Sus consecuencias son previsibles pero también intensas. En muchas zonas del continente traerá fuertes lluvias e inundaciones. En otras, disminución de las precipitaciones y sequías. Mongabay Latam consultó a expertos en este fenómeno del clima que viene siendo registrado desde finales del siglo XIX y que en 2006 y principios de 2027 podría ser más intenso que en el pasado.

“El Niño es un evento recurrente y es parte de la dinámica del planeta”, afirma Ana Sabogal, directora del Instituto de la Naturaleza, Tierra y Energía (Inte) de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). A continuación, los especialistas explican qué países y zonas pueden esperar las grandes lluvias.

René Garreaud, investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), explica que El Niño es un evento que “impacta el clima en todo el mundo”, pero “no en todas partes con la misma intensidad”. Afecta muy “intensamente en Sudamérica”. También impacta en Indonesia, norte de Australia, muchas partes del sudeste asiático, así como en Norteamérica y algunas zonas de África, entre otros lugares.

Durante la entrevista, Garreaud muestra un mapa de Sudamérica en el que se puede ver cómo impacta El Niño en cada zona de la región. Tormentas y lluvias intensas en parte de Chile, las costas de Perú y Ecuador, así como en el norte de Argentina, el sur de Brasil y Uruguay, que tendrán mayor cantidad de lluvias durante octubre, noviembre y diciembre. “Lo que usualmente hace El Niño es potenciar la estación lluviosa” en estas zonas.

En contraste, hay otras zonas que sufrirán sequías: otros sectores de Chile y al otro lado de la cordillera de Los Andes, afectando con menores precipitaciones de lo normal a Colombia y Bolivia, así como partes de Ecuador y Perú. En la Amazonía, las condiciones climáticas también se ven más secas. “El altiplano sudamericano, es decir, parte de Perú, parte de Bolivia y parte del norte de Chile experimentan condiciones más secas y más cálidas”, explica el experto.

“Son impactos globales de precipitación y temperatura, pero después se traducen, por ejemplo, en problemas de seguridad alimentaria o sanitarios. Más agua, más lluvia, más temperatura puede ir de la mano con brotes de cólera y enfermedades infecciosas”, comenta Garreaud, quien también es académico del departamento de Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.

La posibilidad, cada vez más creciente, de que en esta oportunidad nos enfrentemos a un Niño más intenso ha despertado el recuerdo de aquellos eventos que dejaron ciudades bajo el agua, economías fragmentadas y cientos de personas damnificadas.

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Mientras tanto, el Centro de Predicción Climática de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) del gobierno de Estados Unidos también ha informado que “el Niño se está fortaleciendo, con una probabilidad mayor del 90 % de un evento muy fuerte para el otoño e invierno del hemisferio norte 2026-27”. La alerta publicada el 13 de agosto por este organismo señala que se podría tratar de una evento histórico que superaría la intensidad de los eventos El Niño registrados desde 1950.

Las tormentas en Chile

“Chile central y el norte de Chile han tenido tormentas muy intensas, eso es característico de los años de El Niño y ocurre, más bien, en invierno”, comenta Garreaud sobre las tormentas que ya están cayendo en ese país y que están dejando miles de damnificados y más de una decena de fallecidos.

Garreaud explica que en el caso de Chile e incluso al otro lado de la cordillera, en la parte sur de Brasil, norte de Argentina y Uruguay, ya se experimentan condiciones más lluviosas. En Chile sucede desde el invierno, en junio, julio y agosto; mientras que el sur de Brasil y Uruguay experimentarán una primavera muy lluviosa, en los meses de octubre, noviembre y diciembre, explica el experto.

El 10 de agosto el gobierno chileno decretó la “emergencia preventiva” por seis días en el norte de Chile, en las regiones de Arica, Parinacota y Coquimbo, ante el anuncio de fuertes lluvias durante esos días.

Las tormentas ocurridas en Chile durante el mes de julio obligó al gobierno de José Antonio Kast a declarar “estado de catástrofe” en el norte del país, en las regiones de Atacama y Coquimbo, por un período de 30 días a partir del 21 de julio. Las lluvias torrenciales han dejado por lo menos diez personas fallecidas en Atacama y Araucanía, unas 16 personas heridas, cuatro desaparecidos y más de 2400 damnificados. Las tormentas ocasionaron desbordes de ríos y canales, anegamientos, cortes de servicios básicos y restricciones en las carreteras.

“Efectivamente han ocurrido tormentas muy intensas, tanto de lluvia como de nieve”, agrega Garreaud. “Todo el Pacífico se calienta y eso afecta a Perú y a lugares como Antofagasta, Iquique, en el norte de Chile, que están con temperaturas por encima del promedio”.

El experto habla de los impactos económicos y sociales en Chile como consecuencia de la presencia de El Niño. “Se estima que el costo, por ahora, va del orden de los 1200 millones de dólares, por cortes de camino producto de aluviones, cortes de infraestructura vial e inundaciones en la zona centro y sur”.

Por otro lado, Garreaud menciona que los pasos fronterizos entre Chile y Argentina estuvieron cerrados, lo que produjo problemas en el transporte terrestre y de importación y exportación de artículos. “La gente lo está pasando muy mal porque cada vez que hay una tormenta grande se cierra la escuela, se corta el agua potable, se cortan los suministros básicos”.

Sin embargo, Garreaud también menciona algunos beneficios que traen las lluvias de El Niño. “En Chile tenemos una generación eléctrica que involucra centrales hidráulicas y este año les ha ido muy bien. Afortunadamente se han llenado nuestros embalses. Hasta junio estábamos en una condición muy crítica de escasez hídrica en Chile que se ha revertido”. Las intensas lluvias que han ocurrido en Chile han significado un superávit pluviométrico del 30 % sobre lo que se esperaba para esta época, comenta Garreaud.

“La temperatura actual, en la zona a la que denominamos Niño 3.4 [corresponde a la zona central del Pacífico ecuatorial] está mucho más cálida que todos los eventos anteriores. Está en el orden de 2.5 °C por encima de las condiciones normales. Nunca habíamos visto una anomalía tan grande en esta época del año”, asegura el experto chileno y recuerda que en marzo y abril de 2026 las condiciones climatológicas estaban por debajo del promedio de esa temporada, pero sucedió un cambio acelerado y repentino hasta llegar a la situación actual.

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Los efectos en Perú

“Ahora estamos sintiendo los efectos que se van a intensificar hacia octubre y noviembre de este año, fundamentalmente, el aumento de la temperatura en general y el aumento de lluvias”, explica Ana Sabogal, del Instituto de la Naturaleza, Tierra y Energía (Inte) de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). .

Sabogal explica que las lluvias durante El Niño se concentran en la zona norte de Perú, por tanto, disminuyen en el sur. “En general, a nivel global, existe una cantidad definida de agua, entonces, esa agua se reparte, y si llueve en el norte, esa humedad no llega al sur, por eso es una característica recurrente que cuando aumentan las lluvias en el norte, disminuyen las lluvias en el sur. Por tanto, tenemos lluvias extremas en el norte y sequías en el sur”.

“Las zonas que más van a sufrir con el aumento de lluvias son Tumbes, Piura, quizás Chiclayo y Trujillo”, comenta Sabogal. “Se espera un aumento muy grande de lluvias en la zona norte de Perú y tendrá efecto hasta la mitad del país, inclusive Lima”.

Estas lluvias, dice Sabogal, tendrán efecto sobre las ciudades, los cultivos. Además, el aumento de la temperatura y de las lluvias producen el incremento de insectos. “Tenemos que prevenir el dengue y la chikungunya. Es una cadena de diferentes cosas que van sucediendo. Estamos hablando de una población de alrededor de 9 millones de personas que tendrán efectos directos por El Niño”.

El último comunicado oficial de la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) de Perú, publicada el 14 de agosto, prevé que en la región denominada 1+2, es decir cerca a las costa de Perú y Ecuador, la magnitud del evento será entre “fuerte y extraordinaria hasta el verano” de 2027, para que, posteriormente, “ocurra una transición gradual hacia la condición neutra a partir de mayo de 2027”.

El comunicado también informa que “para el trimestre agosto–octubre se prevé la continuidad de temperaturas del aire muy por encima de lo normal en toda la costa y que en los ríos de la región hidrográfica del Pacífico se registrarán, predominantemente, caudales dentro de sus valores normales. El reporte también informa sobre el repliegue de la anchoveta frente a la costa central de Perú y la presencia de especies como pez sierra, samasa, perico, barrilete y atún aleta amarilla.

“Hay impactos que han sido notorios. El más evidente es el de la anchoveta. Se dio una cuota menor que las cuotas habituales y se ha pescado un poco más del 25 %” de lo normal, señala Juan Carlos Sueiro, director de Pesca de la organización Oceana.

Sueiro señala que también se están dando impactos negativos en la pesca artesanal. “El impacto principal es la presencia de lo que los pescadores llaman la jaiba morada (Euphylax dovii), un tipo de cangrejo que no tiene valor comercial, que sus tenazas son muy fuertes y rompen las redes”. La presencia de esta especie ha sido reportada en Tumbes, Chimbote y Chancay. “En varios lugares del litoral han advertido la presencia de este cangrejo”.

La presencia de este cangrejo está estrechamente vinculada a condiciones oceanográficas cálidas y ya se ha reportado su presencia en Perú y en Ecuador. Según un análisis realizado por el Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca de Ecuador, “la proliferación del molusco está asociada a temperaturas superficiales del mar entre 26° C y 27 °C, la alta disponibilidad de nutrientes y condiciones ambientales favorables”.

Otro impacto en la pesca, señala Sueiro, ocurre con el pejerrey, que se espera tenga una reducción significativa, al igual que la merluza que “tiene reducciones significativas cuando hay un evento El Niño”. Esto se debe al aumento de la temperatura del mar. “También sucede con la concha de abanico que tiene efectos diferentes, dependiendo del lugar, pues en la Bahía Independencia, en Pisco, se espera un incremento; mientras que en la Bahía de Sechura, en Piura, se espera mortandad grande”, explicó.

Sueiro dice que “si bien hay generalidades que se cumplen, no hay un fenómeno del El Niño exactamente igual a otro”. Pone como ejemplo que durante El Niño 1982-83 ingresó a lo largo de la franja costera abundante langostino y percebes, que son propios de Paita, Piura, y el efecto llegó hasta Cerro Azul, al sur de Lima. “Por dos a tres meses en varias ciudades de la costa hubo abundante oferta de langostinos, pero en El Niño 1997-98 no hubo. La gente estaba preparándose de nuevo para el langostino, pero no hubo langostino”.

Sueiro también explica que la ausencia de especies como la anchoveta afecta a otros animales que se alimentan de ellos, como los pelícanos. Por eso las aves marinas, como los pingüinos, y los lobos marinos “están teniendo una mortandad grande” y se estima que es por la falta de alimento. “Esta mortandad se está reportando en múltiples sitios y se seguirán viendo animales muertos, desnutridos, nidos abandonados”.

El problema, dice Sueiro, es que las poblaciones de aves vienen de una mortalidad por gripe aviar que ocurrió hace dos a tres años. “Esa población debilitada está enfrentando a El Niño de esta magnitud, donde la perturbación del ecosistema es bastante grande”.

En julio de 2026 Mongabay Latam informó que en Perú se registraron muertes inusuales de lobos marinos en dos áreas naturales protegidas de la región Ica, así como aves marinas muertas, debilitadas y nidos abandonados debido a la reducción de alimento provocada por el fenómeno de El Niño.

Hace unos días, el gobierno peruano anunció la creación de la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño, presidida por el ministro de Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, para implementar acciones efectivas ante las emergencias por El Niño.

“Esta comisión lo que busca es tomar decisiones de manera rápida y convocar a todas las autoridades competentes. Acá lo importante es trabajar con velocidad, con eficiencia y estar preparados”, dijo la presidenta Keiko Fujimori durante su viaje a Lambayeque, en el norte del país, una de las zonas que podrían resultar más afectadas durante un evento El Niño.

El último domingo 16 de agosto, Vinelli informó que de los 1900 puntos críticos identificados en el país se priorizará la atención de 600 para mitigar los efectos de El Niño. Indicó que esos puntos críticos están ubicados en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima y Arequipa, y que los trabajos se ejecutarán hasta diciembre. “Nuestro mayor esfuerzo será evitar que el impacto sea grande”, dijo en una entrevista ofrecida al canal de televisión Latina.

El lunes 17 de agosto, la presidenta Kaiko Fujimori anunció que declarará en emergencia los distritos del sur de Lima, luego de que intensas lluvias afectaran varios de estos distritos. También se declarará en emergencia las regiones que estén afectadas por las intensas lluvias.

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Frío intenso en el sur de Argentina

“El Niño ya está activo, bastante intenso, y se espera que a medida que avance el año el fenómeno se siga intensificando”, comenta Cindy Fernández, de Meteored Argentina. “Lo que venimos observando este invierno, que es característico de El Niño es, en primer lugar, un frío extremo en la Patagonia Argentina”.

Fernández comenta que este invierno, “sobre todo julio y lo que llevamos de agosto, el extremo sur de Argentina ha sido extremadamente frío, alcanzando valores de temperatura récord, olas de frío extensas como ha ocurrido en la provincia de Santa Cruz. Y también hemos tenido valores de temperatura inferiores a los 20 grados bajo cero en zonas bajas”.

Otra característica que menciona Fernández es que durante un evento de El Niño “se hacen más frecuentes los ríos atmosféricos que llegan a la franja central de Argentina y de Chile”. Se trata de grandes cantidades de vapor de agua que avanza desde zonas tropicales e impacta sobre la cordillera central de los Andes y forma precipitaciones principalmente en forma de nieve durante el invierno.

“Sectores de Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja tienen acumulados más de tres a cinco metros de nieve, complicando los pasos internacionales hacia Chile. Y hay poblados que están completamente aislados. El paso Cristo Redentor, que es el paso más importante que tenemos hacia Chile, lleva prácticamente un mes cerrado”, cuenta Fernández. “Esto trae pérdidas millonarias tanto a Argentina como a Chile, porque hay dos países que quedan incomunicados en su principal paso”.

Fernández agrega que otra consecuencia de El Niño, que se extiende hasta la primavera y el verano, es un aumento en las precipitaciones. “Tenemos tormentas intensas, mucho más frecuentes. Esto no solamente afecta a Argentina, sino a Uruguay, Brasil y Paraguay. En estas últimas dos semanas hemos tenido cuatro o cinco temporales bastante intensas con tormentas severas, con granizo de gran tamaño y, en los últimos 10 días, hemos tenido cuatro tornados registrados entre Brasil y Argentina”. Junto con las intensas lluvias llegan las inundaciones que conlleva a miles de personas a desplazarse por las crecidas de los ríos.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan fuertes precipitaciones en el norte del litoral, La Pampa, Sudoeste de Buenos Aires, oeste de Cuyo y el este de la Patagonia. El gobierno argentino ha iniciado el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026-2027, destinado a fortalecer la preparación ante posibles inundaciones y tormentas severas.

El último 3 de agosto, la secretaría general de la Presidencia, Karina Milei –hermana del presidente Javier Milei– lideró un encuentro de coordinación con las provincias “para anticipar y responder de manera coordinada ante inundaciones y otros eventos asociados al fenómeno El Niño”, dice el comunicado de la Secretaría General de Argentina. El plan contempla acciones de planificación preventiva, monitoreo permanente y coordinación operativa entre diferentes organismos del Estado.

“Para nosotros El Niño enciende muchas alarmas porque genera graves pérdidas económicas y miles de desplazados. Para tener un ejemplo, el último El Niño intenso que tuvimos, en 2015-16 en Argentina, el sur de Brasil, Paraguay y Uruguay hubo más de 150 000 desplazados. Este El Niño podría ser más intenso y afectar a la región de una manera similar”.

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Los impactos en Ecuador

“Las temperaturas están entre 2 y 3 °C sobre lo normal en el aire y 2 °C en la temperatura del mar. Este cambio altera dos cosas: las pesquerías y los ecosistemas”, dice María del Pilar Cornejo, docente e investigadora de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, de Ecuador.

Cornejo explica que en los ecosistemas se ha visto la mortandad de aves a lo largo de la costa, porque al estar el agua más caliente, sus alimentos, que son peces, se hunden más, buscando agua fría y las aves no pueden bucear. “Entonces, se mueren de hambre”. Y un segundo efecto ha sido la aparición de la jaiba mora o morada –al igual que en Perú– que daña las redes. “Ha sido como una plaga, pero es un indicador biológico de que las temperaturas han estado altas”.

Cornejo señala que en sector pesca aún no se reportan impactos importantes, pero que deben empezar a verse pronto porque “las anomalías de temperatura están como en 3 a 4 °C sobre el normal”. “Eso sí tiene un efecto en la pesca semiindustrial e industrial”.

El aumento del nivel del mar es otro efecto del que habla Cornejo, aunque aún no se han presentado reportes, si han habido “casos de erosión en algunas playas o incremento de la cantidad de arena”, comenta Cornejo, ex secretaria de Gestión de Riesgos de Ecuador.

Cornejo también menciona que dependiendo de la magnitud de las precipitaciones que empiecen en enero en la costa de Ecuador, van a tener una época de lluvias muy fuerte que afectará toda la cadena logística en la producción de diferentes sectores. “Lo que estamos revisando es cuánto del producto interno bruto (PIB) podría afectar. Cuando tuvimos el Niño de 1997-98, la afectación fue entre el 14 % y el 17 % del PIB [5000 millones de dólares], pero los impactos no dependen del tamaño de la amenaza, también depende de cómo está la vulnerabilidad en el país”, comenta.

En ese sentido, Cornejo dice que las tasas de empleo, desempleo, nutrición de la población, el acceso a servicios básicos y servicios básicos como alcantarillado y agua potable pueden afectarse durante un evento de El Niño. “Lo que uno tendría que trabajar son escenarios similares a lo que pasaba en eventos extremos como el de 1997-98 y ver cómo está la vulnerabilidad en el país”.

Las zonas que más se ven afectadas por El Niño en Ecuador, dice Cornejo, son la Cuenca del Guayas, que alberga un poco más de 4 millones de habitantes, casi el 25 % de la población total del país y donde se generan los tres productos más importantes de exportación: camarones, banano o plátano y la pesca de atún. “Estos tres rubros importantes de exportación podrían verse afectados por el evento, por el tema de las precipitaciones”.

En el caso del banano, explica, si no son haciendas muy tecnificadas, los drenajes no pueden evacuar la cantidad de agua que llega con las fuertes lluvias. En el caso del camarón, al llover tanto la salinidad baja y esto puede afectar la calidad del camarón que se produce. En el caso de la pesca, normalmente durante un año de El Niño, el atún migra. “Estos impactos afectarían mucho la economía del país”.

El 21 de julio, la actual secretaria nacional de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, anunció el inicio de alerta naranja para 17 provincias y 143 municipios, y confirmó que se había aprobado el Plan de Acción Nacional ante el Evento El Niño 2026-2027.

“Lo ideal es que el evento de El Niño sea parte de cualquier planificación. El clima tiene que estar incluido en cualquier planificación y no esperar a tener planes de contingencia. Es un cambio de mentalidad que debe permear en todos los niveles de gobierno, tanto en el sector público como en el sector privado”, puntualiza Cornejo.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Los países de Latinoamérica enfrentan un escenario complejo en la degradación de la tierra. Por un lado, la conversión de los suelos para monocultivos o ganadería extensiva está provocando desertificación. Por otro lado, la crisis climática y fenómenos climáticos como El Niño intensifican los efectos por la degradación de los suelos. Los resultados ya se ven directamente en la vida diaria: menor acceso al agua y menos producción de alimentos, más riesgos de incendios y con ello el desplazamiento de personas y comunidades.

En medio de este escenario, la región tendrá la oportunidad de abordar estas realidades en la sesión 17 de la Conferencia de las Partes (COP17) de la Convención de las Naciones Unidas de la Lucha contra la Desertificación (UNCCD) que se realiza en Ulán Bator, Mongolia, a partir de este lunes y hasta el 28 de agosto, con el objetivo de encontrar caminos para restaurar de los suelos. Mongabay Latam estará informando desde el centro de reuniones durante los próximos días.

Se trata del único tratado internacional que obliga a los 197 países que son parte a comprometerse en la gestión sostenible de la tierra para proveer alimentación, agua y oportunidades económicas para todas las personas. Además es una de las tres Convenciones de Río —junto con la biodiversidad y el cambio climático—, los grandes acuerdos internacionales firmados en la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro, Brasil, las cuales también sesionarán a finales de 2026.

Este año, los países también pondrán sobre la mesa las alternativas y posibles soluciones a la degradación de la tierra. Los pastizales tendrán un rol protagónico al ser considerados ecosistemas aliados y estratégicos para gestionar de forma sostenible los suelos de regiones impactadas por la desertificación.

Especialistas consultadas por Mongabay Latam explican los acuerdos y mecanismos clave a seguir en esta COP17, los escenarios que enfrentan los países más vulnerables de Latinoamérica a la desertificación, así como las alternativas que ya se construyen en nuestra región.

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Perder alimentos por la desertificación

La degradación de la tierra y la desertificación tienen uno de sus impactos más visibles en la alimentación, pues se traducen en la pérdida de cultivos e inseguridad alimentaria para quienes dependen de la agricultura.

Esto es importante para América Latina y el Caribe, donde la agricultura familiar representa cerca del 50 % de la superficie destinada a productos como hortalizas, frutas, cereales y raíces y tubérculos, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Yasna Palmeiro Silva, investigadora y consultora en cambio climático y salud, explica que en la región la amenaza se exacerba por la combinación de procesos de degradación del suelo con fenómenos naturales y climáticos como El Niño, que históricamente se ha traducido en menores lluvias y aumento de las temperaturas en ciertas regiones del continente.

“Se combinan las vulnerabilidades sociales que tenemos en Latinoamérica, donde uno de los principales sectores económicos es la agricultura. En el Corredor Seco en Centroamérica desde hace bastante tenemos afecciones a la seguridad alimentaria y al agua. Hay poblaciones que se han tenido que desplazar dejando su casa debido a esta escasez”, explica la especialista a Mongabay Latam.

Palmeiro agrega que esta combinación de agravantes del suelo ya se dan también en otras regiones de Latinoamérica, como la de Cerrado -en la sabana brasileña-, la Amazonía, la región del Chaco sudamericano o Coquimbo, al norte de Chile.

“En estas zonas en particular, las personas han tenido que estar dependiendo de camiones aljibe que llevan agua para consumo porque ya no llueve, no tienen agua en las capas subterráneas y eso genera una inseguridad hídrica importante”, dice la investigadora y agrega que hay un desplazamiento de comunidades ante la sobreexplotación de los suelos.

La agricultura y las actividades económicas, sostiene, “se han ido desplazando y la gente ha tenido que cambiar completamente de actividad económica, porque la agricultura en particular no sirve ni para comer ni para generar ingresos”.

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El Niño: un detonador de riesgos en Latinoamérica

Las sequías, los aumentos de temperatura y los incendios que muestran el avance de la desertificación se están combinando con la variabilidad del clima y con las consecuencias de las actividades humanas, como la transformación de los suelos.

Especialistas explican que aunque siempre hemos interactuado con los efectos de El Niño, al combinarse con otros factores sus impactos crecen y representan mayores riesgos. Para 2026, por ejemplo, se estima un aumento de incendios severos en ciertas zonas asociados a este fenómeno, de acuerdo con un análisis de la red de científicos World Weather Attribution.

Los vínculos de El Niño con las inundaciones y sequías en Latinoamérica están históricamente identificados por científicos e investigadores. Por ejemplo, suelen implicar mayores temperaturas y lluvias intensas en el norte de México, Perú, Ecuador y en algunas zonas de Chile y Uruguay, mientras que las sequías tienden más a impactar Centroamérica, el norte de Brasil, Colombia y Venezuela.

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“Además de esos procesos climáticos y meteorológicos de variabilidad natural que están ocurriendo estamos cambiando un suelo debido al uso que le damos. Estas tres cosas confluyen para un desastre perfecto”, sostiene Palmeiro, quien agrega que donde se viven más los efectos de la crisis climática, se intensifican los fenómenos naturales.

Belén Valenzuela, oficial del programa de Bosques y Pastizales de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) América del Sur, coincide en que estos fenómenos impactan en conjunto en las zonas más vulnerables con sequías más intensas y temperaturas que afecta las productividad de la vegetación. Esto expone a estas regiones a incendios.

“Es importante entender que estos factores no actúan de manera aislada, sino que se refuerzan entre sí. Se produce un círculo bastante preocupante”, explica la especialista. “Tienes un ecosistema degradado que responde peor a una sequía o a una crisis climática extrema y que puede acelerar aún más su degradación”, explica.

Palmeiro agrega que esta combinación de efectos ya está teniendo un impacto en la salud y el bienestar de las personas. De acuerdo con un comentario científico elaborado por la investigadora, durante el fenómeno de El Niño 2023-2024, Latinoamérica registró su peor temporada de dengue de la historia, con un aumento del 600 % en los casos de países andinos y del Cono Sur, especialmente en Brasil y Paraguay. También se reportaron cerca de 8436 muertes más de las esperadas, asociadas a olas de calor.

“Las lesiones y las muertes las vamos a ver de inmediato, pero hay un cierto rezago de otro tipo de enfermedades que empiezan a aumentar a las semanas o inclusive meses después del evento”, dice la investigadora a Mongabay Latam.

También menciona que los sistemas de los países de la región no están preparados para estos efectos acumulados. “Son sistemas que se hicieron bajo un clima que no existe más. Estamos ante un escenario completamente nuevo, lo vamos a seguir estando dependiendo de las decisiones que tomemos”, puntualiza.

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Instrumentos clave para la COP17

Uno de los esquemas clave que Naciones Unidas ha implementado contra la desertificación es el concepto de neutralidad en la degradación de la tierra (LDN, por sus siglas en inglés) y busca impedir la erosión de los suelos y revertir el impacto que ya existe en el 70 % de todas las tierras libres de hielo para 2030, de acuerdo con el organismo internacional.

Para ello, la mayoría de los países firmantes se han comprometido a diferentes medidas que forman parte de este esquema, como restaurar 1000 millones de hectáreas para 2030.

Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), destaca que uno de los temas pendientes a seguir será el recién instaurado Fondo de Inversión para la Resiliencia a la Sequía, que busca respaldar la agricultura sostenible, mejora el acceso al agua y promover soluciones basadas en la naturaleza.

“Veremos algún primer reporte en la agenda cuando aborden sequías, si ya han podido acceder a fondos, en qué estado está toda la la cuestión operativa, si efectivamente ya están implementando o todavía están en el proceso de definir proyectos o firmar contratos, todo lo burocrático que suele estar asociado a ello”, advierte la abogada ambientalista.

Di Pangracio explica que a nivel político también está pendiente definir un instrumento vinculante que permita atender mejor el tema de las sequías y que no pudo traducirse en un acuerdo político desde la COP de Desertificación pasada, en 2024, en Arabia Saudita.

“Se listaron una serie de instrumentos que van desde una simple declaración hasta un protocolo. Desgraciadamente no se dio el acuerdo político para definir qué instrumento. Veremos si prospera en esta COP17, va a estar más difícil por toda la situación geopolítica, por lo polarizado que está todo”, dice la especialista a Mongabay Latam.

Por otro lado, Valenzuela, de UICN América del Sur, sostiene que esta COP17 será importante para la participación de pueblos indígenas y comunidades locales porque se buscará avanzar en la creación del Caucus, espacios donde líderes indígenas eligen a representantes que expresan inquietudes y necesidades en los altos espacios de negociación política.

“Esto es significativo justamente porque permite pasar de una lógica en la que los pueblos indígenas y los comunidades locales participan a través de eventos o consultas a tener un espacio institucional propio, articular posiciones, influir en las negociaciones y dar seguimiento a la implementación”, explica Valenzuela a Mongabay Latam.

Aunque estos mecanismos no toman decisiones directas en las negociaciones, la especialista advierte que pueden convertirse en una especie de plataforma para que las prioridades latinoamericanas sobre derechos territoriales, restauración, gobernanza, conocimiento tradicional y financiamiento tengan mayor peso dentro de la COP.

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Pastizales y sabanas, aliados estratégicos y poco vistos

Mientras los bosques han concentrado buena parte de la atención de las políticas de conservación y cambio climático, los pastizales y sabanas siguen siendo ecosistemas subestimados pese a sus beneficios en los suelos y en la producción de alimentos. Así lo considera Gabriel Quijandría, director regional de UICN para América del Sur, región que puede encontrar un aliado en estos ecosistemas.

“El hecho de que en América Latina cerca del 33 % de todos los biomas que hay son pastizales y sabanas, te das cuenta de este del rol enorme que deberían tener en términos de captación de carbono, de todas estas posibilidades de apoyar al esfuerzo de conservación o de recuperación de la naturaleza”, dice a Mongabay Latam.

Los pastizales son fundamentales, explica Valenzuela, porque sostienen funciones ecológicas, productivas y sociales que no suelen verse a simple vista. “Protegen y forman suelos, almacenan carbono, regulan el agua, reducen la erosión y sostienen también una gran diversidad de especies”, expone.

Los especialistas de UICN precisan que además cumplen un rol clave para la seguridad alimentaria y la economía de cerca de 30 millones de personas.

“Los pastizales y las sabanas muchas veces son la base de sistemas ganaderos y pastoriles y sostienen los medios de vida de millones de personas. No son tierras vacías y tampoco son tierras degradadas por definición, son ecosistemas naturales que tienen una enorme capacidad de contribuir a la biodiversidad, al clima, al agua y a la producción”, insiste.

Como parte de un esfuerzo de articulación con gobiernos, sociedad civil y organizaciones, UICN elaboró un documento regional que identifica tres grandes riesgos a la salud de estos ecosistemas: la expansión agropecuaria y el cambio de uso de suelo; manejo de ganado inadecuado y sobrepastoreo; y la crisis climática.

“La amenaza más estructural es la conversión. Hay pastizales y sabanas naturales que están siendo transformados en cultivos. Hay presiones fuertes que están enfrentando paisajes como las Pampas, el Cerrado y el Gran Chaco y cuando ocurren este tipo de transformación, no perdemos solamente vegetación, sino tenemos fragmentación de hábitat, degradación del suelo, pérdida de funciones que estos ecosistemas prestan para el agua, la biodiversidad o la producción”, detalla Valenzuela.

Por esta razón, los representantes de UICN consideran que la COP17 es una buena oportunidad no solo para posicionar el tema pastizales y sabanas, sino para también posicionar a América Latina como un liderazgo en adaptación y soluciones.

“Poner este tema sobre la mesa le abre a América Latina esta potencialidad precisamente porque tenemos estas extensiones tan grandes, pero tan importantes también en términos económicos, vinculados a la cultura”, señala Quijandría.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño Lopez en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El dron avanzaba hacia el nido cuando, de pronto, una rapaz salió del bosque. El ornitólogo Tomás Rivas Fuenzalida, quien estaba al mando del aparato, no había visto al ave. Tampoco la persona que lo acompañaba. Era un vuelo corto hacia un nido que ya no estaba ocupado por el polluelo: ahora, el águila tirana (Spizaetus tyrannus) juvenil había comenzado a volar, aunque todavía regresaba ocasionalmente al árbol para alimentarse. El ave apareció de improviso, se lanzó sobre el aparato y lo derribó.

“Vi cómo el dron empezó a dar vueltas y, cada vez que apuntaba hacia el cielo, estaba el águila encima, mirándolo mientras caía”, describe a Mongabay Latam el director de investigación de la Fundación Ñankulafkén, en Chile. El dron, que era de un tamaño muy pequeño, terminó en el suelo del bosque. El ave, en cambio, no sufrió heridas.

Rivas Fuenzalida explica que las rapaces juveniles suelen acercarse a objetos nuevos por curiosidad y juego. En este caso, el equipo pudo capturar al ejemplar tiempo después y comprobar que no tenía lesiones en las patas. El incidente, sin embargo, dejó una tarea menos sencilla: recuperar el dron en el territorio.

El episodio resume uno de los dilemas que durante años han enfrentado los investigadores de aves rapaces en Latinoamérica: los drones pueden hacer posible observar nidos que de otra manera serían casi inaccesibles, pero también pueden alterar la conducta de las aves y provocar respuestas potencialmente riesgosas cuando se utilizan sin las precauciones necesarias.

Un estudio publicado en Scientific Reports reunió una década de observaciones de investigadores de ocho países de América Central y del Sur para intentar entender mejor qué ocurre cuando esos dos mundos se encuentran. El trabajo, liderado por la bióloga brasileña Francisca Helena Aguiar-Silva, analizó 227 vuelos realizados entre 2014 y 2024 sobre 119 nidos activos de 27 especies de rapaces neotropicales.

“Cuando se va a iniciar una investigación con drones para volar cerca de un nido, debemos tener en cuenta una pregunta que justifique el vuelo y no tener como único objetivo tomar fotografías o recopilar datos de comportamiento: ¿cuál es la justificación para realizar este vuelo, considerando el riesgo de generar estrés en las aves?”, dice Aguiar-Silva.

La pregunta no es menor. “Tenemos información y evidencias de que las rapaces responden de forma activa a la presencia de estos drones”, explica. “Entonces, los próximos proyectos tienen que justificar muy bien por qué volar un dron y no utilizar otra técnica de monitoreo”.

El resultado principal del estudio no es que los drones sean buenos o malos para las aves. Es más preciso: las rapaces responden a su presencia, pero no todas lo hacen de la misma manera.

Según los datos del estudio, el 81 % de las especies estudiadas reaccionó ante la presencia de los drones. La respuesta estuvo fuertemente influida por las características ecológicas de cada especie, la etapa reproductiva y las condiciones del vuelo.

Las conductas defensivas fueron las más frecuentes. Los ataques y los intentos de escape, en cambio, fueron poco comunes y estuvieron asociados sobre todo con aproximaciones cercanas, vuelos prolongados o vuelos por encima de las aves. Las especies más pequeñas y ágiles tendieron a atacar, mientras que las águilas de mayor tamaño generalmente evitaron el enfrentamiento.

Los nidos incluidos en el análisis albergaban adultos, huevos y aves inmaduras en distintas etapas: polluelos, volantones —individuos recién salidos del nido que todavía permanecen en sus inmediaciones— y juveniles de entre ocho y 24 meses.

Entre las especies con más vuelos registrados estuvieron el águila harpía (Harpia harpyja), con 64 vuelos (36 %); el águila poma (Spizaetus isidori), con 34 (19 %); el águila albinegra (Spizaetus melanoleucus), con 32 (18 %); el cóndor andino (Vultur gryphus), con 22 (12 %); el halcón pechinaranja (Falco deiroleucus), con 14 (8 %); y el águila crestada (Morphnus guianensis), con 11 (6 %).

Una herramienta que también puede perturbar

Los investigadores comenzaron a utilizar drones para resolver un problema muy concreto: cómo llegar a nidos que desde el suelo son difíciles o incluso imposibles de observar. Muchos están a decenas de metros de altura, en árboles emergentes, acantilados o zonas de montaña a las que llegar caminando puede tomar horas. Antes de los drones, podían pasar días o incluso una semana intentando confirmar la existencia de un nido.

Mateo Giraldo Amaya, biólogo y director del Proyecto Grandes Rapaces Colombia, recuerda que cuando comenzó a trabajar con drones, alrededor de 2016, todavía había muy poca información sobre cómo utilizarlos con rapaces.

“No había dónde consultar ni a quién preguntarle”, recuerda. El aprendizaje fue, en buena medida, autodidacta: “Con el conocimiento de la biología de las especies, sabiendo qué les puede molestar e ir viendo sus reacciones, fuimos adoptando algunas prácticas”.

Ese aprendizaje disperso entre investigadores de distintos países terminó formando parte del estudio. Los autores reunieron observaciones de sitios de reproducción en Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Perú, Chile y Argentina. El trabajo abarcó los bosques tropicales húmedos del Darién, el Chocó biogeográfico y la Amazonía, así como los páramos y bosques montanos de los Andes y los bosques templados australes.

Los drones han ofrecido una ventaja evidente. En unos pocos minutos pueden revelar si un árbol alberga un nido, si hay un huevo o un polluelo e incluso permiten estimar la edad de una cría, información que desde el suelo podría requerir horas de observación.

“Yo siempre trato de hacerme una pregunta antes de despegar y es para qué voy a despegar el dron, si vale la pena o no. No se va a volar el dron porque sí”, coincide Giraldo Amaya.

En determinadas circunstancias, agrega, el dron puede resultar menos perturbador que los métodos que reemplaza. “Un dron puede ser invasivo, pero si comparas un dron con trepar un árbol, obviamente un dron significa levantar un aparato cinco o diez minutos, pero trepar un árbol es una actividad que te puede llevar dos o tres horas”, explica Giraldo Amaya. “Entonces, sí, los drones son perturbación, pero los estamos usando para evitar perturbaciones mayores”.

El estudio, sin embargo, muestra que incluso una aproximación breve puede provocar respuestas. Durante los vuelos, los investigadores registraron desde cambios en la atención —como seguir el aparato con la mirada— hasta conductas defensivas, vocalizaciones, persecuciones, ataques o abandono del nido. Para los investigadores, por eso, la ausencia de un ataque no significa necesariamente ausencia de reacción.

Fernando Angulo, ornitólogo e investigador principal del Centro de Ornitología y Biodiversidad (CORBIDI), en Perú, quien no participó en el estudio, considera que el balance entre utilidad y perturbación puede ser favorable cuando la tecnología se utiliza de manera responsable y en favor de la conservación. El especialista compara el uso de drones con la captura de aves para anillarlas o colocarles dispositivos de seguimiento, que implican la manipulación de los individuos.

“Hace valer la pena el estrés al que han sido sometidos los animales”, dice. “Mejor aún si la información obtenida puede ser reinvertida en la conservación y en mejorar el conocimiento para aplicarlo para una mejor protección de la especie”.

Sin embargo, Angulo ejemplifica que en Perú no existe actualmente una regulación específica para el uso de drones en el monitoreo de nidos. “Lo que preveo es que en el futuro debería haberla, para evitar que esto se popularice de forma tal que cualquier persona piense que puede volar un dron y obtener esa información”, advierte.

No existe una distancia universal

Durante años, la experiencia de campo permitió a los investigadores desarrollar reglas prácticas. Pero reunir observaciones de especies y ambientes distintos permitió comprobar que no existe una distancia universal a partir de la cual un vuelo sea seguro.

En el estudio, las respuestas comenzaron a distancias que iban desde los dos hasta los 300 metros, dependiendo del contexto. Durante la crianza se observaron algunas de las respuestas a mayor distancia. En cambio, durante la etapa previa a la puesta y la incubación, las respuestas tendieron a producirse a distancias menores.

La trayectoria de los vuelos también importa. Las aproximaciones a los nidos desde arriba provocaron respuestas en el 73 % de los vuelos registrados en esa categoría, frente a porcentajes menores para las aproximaciones diagonales, horizontales y verticales.

Y hay otra variable que puede cambiar por completo la escena: quién está en el nido. Rivas Fuenzalida cuenta que, trabajando con halcones, descubrieron que determinadas aproximaciones podían realizarse durante la incubación cuando solo estaba presente la hembra, siempre que se tomaran precauciones y hubiera otra persona observando el entorno para prevenir la llegada del macho, ya que se trata de una género de aves muy veloz y riesgoso para los drones.

Aguiar-Silva encontró algo parecido al comparar individuos. Algunas rapaces toleraban que el dron se acercara bastante, mientras otras reaccionaban cuando el aparato todavía estaba lejos. Incluso dentro de una misma especie podía existir una gran variación. La experiencia previa del individuo, su estado reproductivo y su historia de vida podrían ayudar a explicar esas diferencias, dice la experta.

Por eso, la recomendación de los investigadores no consiste simplemente en establecer una distancia fija y aplicarla a todas las aves.

“Es importante que previamente se observe el comportamiento de los individuos presentes en estos nidos antes de iniciar el vuelo”, insiste Aguiar-Silva. “La recomendación general es realizar observaciones directas de las aves en los nidos con binoculares, para poder interrumpir el vuelo si se observa que este está generando estrés en el ave”.

Hay una regla que se repite con los investigadores: el piloto no debería estar solo. Mientras una persona opera el dron, otra debería observar al ave, el nido y los alrededores. La pantalla del control muestra lo que registra la cámara, pero no necesariamente permite advertir que un adulto está acercándose desde otro árbol o que un juvenil acaba de aparecer entre el follaje.

El estudio establece precisamente que, si aparece una respuesta activa, el avance del dron debe detenerse. En 11 de los 14 ataques registrados, los investigadores interrumpieron el vuelo antes de que hubiera contacto. En tres casos, sin embargo, los drones resultaron dañados: dos ataques fueron protagonizados por águilas arpías y otro por un águila crestada.

Una anécdota de campo de Giraldo Amaya ilustra el problema. En una ocasión, el equipo pensaba que un nido estaba vacío. Levantaron el dron y descubrieron que había un huevo. La hembra apareció rápidamente y atacó el aparato. El error no fue simplemente acercarse demasiado. Fue no saber qué había en el nido antes de despegar.

“Nos demoramos mucho para mover el dron y alejarlo, porque si hay un huevo la madre está cerca”, describe. “En medio segundo llegó el águila Spizaetus ornatus, lo cogió y lo catapultó al suelo. A la hembra no le pasó nada, siguió volando, pero el dron lo destruyó completamente”.

El resultado que sorprendió a los investigadores

Quizá el hallazgo más inesperado apareció cuando los investigadores analizaron los vuelos repetidos. Una de las hipótesis era que las aves podrían acostumbrarse al dron después de verlo varias veces. Es lo que se conoce como habituación: con exposiciones repetidas a un estímulo que no representa una amenaza real, una respuesta puede disminuir.

Pero ocurrió lo contrario. La probabilidad de que las rapaces reaccionaran aumentó con los vuelos sucesivos. El análisis estadístico encontró un incremento significativo de la probabilidad de respuesta a medida que avanzaba el orden de los vuelos, un patrón compatible con sensibilización, más que con habituación.

Para Aguiar-Silva, una posible explicación es que las aves interpreten el objeto volador como una amenaza persistente, semejante a un depredador o a un competidor. Las rapaces viven en ambientes donde las interacciones con otros depredadores y competidores forman parte de su historia evolutiva.

“No se recomienda repetir vuelos”, agrega la científica. “Lo ideal es tener un intervalo suficiente entre vuelos para reducir la probabilidad de respuestas activas derivadas del estrés en las aves”.

La necesidad de protocolos adecuados

En los nidos estudiados no se observaron impactos reproductivos de mediano o largo plazo. El 71 % de los nidos fue monitoreado durante temporadas reproductivas posteriores y todos permanecieron activos. Los autores, por lo tanto, no concluyen que las respuestas conductuales observadas hayan provocado un daño reproductivo a largo plazo.

Sin embargo, Aguiar-Silva plantea que todavía queda una pregunta más difícil por responder: qué ocurre dentro del organismo cuando un ave se comporta como si estuviera bajo amenaza. El estudio observó la conducta, pero no midió variables fisiológicas como frecuencia cardíaca u hormonas. Tampoco permite saber si respuestas repetidas podrían tener consecuencias acumulativas después de décadas.

Las rapaces grandes pueden vivir muchos años y utilizar los mismos territorios y nidos durante largos períodos. Para conocer los efectos de una perturbación que se repite durante toda una vida, diez años de observación pueden ser apenas el comienzo.

Por eso, la propuesta de los autores es que los futuros protocolos incorporen el comportamiento de cada especie y las condiciones específicas de cada vuelo: etapa reproductiva, distancia, trayectoria, tamaño del dron, duración y presencia de aves alrededor del nido. Y, sobre todo, que antes de despegar exista una pregunta que justifique ética y científicamente hacerlo.

En el fondo, el cambio que propone esta investigación es sencillo: dejar de pensar el dron únicamente como una cámara que vuela y empezar a considerarlo también como un estímulo dentro del mundo de las aves.

Para quienes estudian rapaces, esa diferencia puede determinar si una herramienta extraordinariamente útil sirve para conocer mejor a las especies que se busca conservar o termina convirtiéndose en otra perturbación que ellas deben aprender a enfrentar.

“La investigación no consiste solo en la recopilación de datos”, concluye Aguiar-Silva. “Sino en generar conocimiento que contribuya efectivamente a la conservación de estas especies y de este grupo de aves en la naturaleza”.

REFERENCIA

Aguiar-Silva, F.H., Junqueira, T.G., Rivas-Fuenzalida, T. et al. Behavioural responses of Neotropical raptors to drone approaches to nests. Sci Rep 16, 21841 (2026). https://doi.org/10.1038/s41598-026-47248-5

El artículo original fue publicado por Astrid Arellano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Un grupo de investigadores analizó más de 142 000 documentos oficiales y llegó a una conclusión: la provincia de Chaco, en el noreste de Argentina, auspició el desmonte de más de 500 000 hectáreas de bosque nativo protegido durante 15 años, entre 2009 y 2024. No fue necesario modificar la Ley Nacional de Bosques para alentar la deforestación, ya que se utilizaron decretos y trámites administrativos para perforar la normativa nacional y dar vía libre al desmonte, según detalla el estudio realizado por los científicos.

Este trabajo de investigación fue liderado por investigadores de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Humboldt de Berlín, Alemania. Tiene un contexto internacional: los bosques secos están desapareciendo debido a la expansión agrícola y la extracción de madera, impulsadas por el consumo en el extranjero, determina el estudio.

“El reglamento de deforestación de la Unión Europea (UE), que entrará en vigor a fines de 2026, aborda este problema al exigir que las importaciones a la UE se produzcan cumpliendo con las leyes de protección forestal de sus países de origen”. Sin embargo, en la provincia de Chaco y otras provincias que forman parte de la región chaqueña, como Santiago del Estero, Formosa y Salta, la deforestación avanza para la producción sojera -principalmente para la alimentación de ganado-, ganadería y para extraer productos madereros (madera, carbón y extractos de tanino).

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La investigación identificó seis mecanismos para sortear la Ley Nacional de Bosques y lograr el desmonte en la provincia: recategorización de predios, permisos desvirtuados, sobreexplotación de madera, “blanqueo” de origen irregular, multas mínimas y actualización del mapa provincial para correr los límites.

Esta deforestación tuvo lugar en la zona del bosque conocido como el Impenetrable chaqueño, ubicado en la región del Chaco Sudamericano, la segunda región boscosa más grande de Sudamérica y donde los pueblos indígenas, como los qichí, gom y moqoit, denuncian la destrucción de sus territorios.

Estos seis mecanismos fueron implementados, según el estudio, por actores públicos y privados que “relajaron la ley provincial de Ordenamiento Territorial de Bosques para eludir los estándares mínimos de la ley nacional argentina de protección de bosques”. Así, ampliaron las áreas donde se podría producir madera o productos agrícolas en cumplimiento de las políticas transnacionales contra la deforestación.

Los autores afirman que “para evitar que estas respuestas desadaptativas se propaguen a otras regiones productoras, los países importadores deberían exigir productos que generen cero deforestación bruta”.

Matías Mastrangelo, especializado en ambiente, conservación y sustentabilidad y unos de los autores del estudio, explicó a Mongabay Latam que esta investigación revela que solo la región de bosque llamada el Impenetrable, en la provincia de Chaco, perdió alrededor de 500 000 hectáreas de bosque nativo, el 90 % de toda la deforestación registrada en la provincia durante el periodo analizado, entre 2009 y 2025.

Entre las normas analizadas, Mastrángelo tomó una como ejemplo: el decreto provincial 2157/22 transformó zonas catalogadas en la Ley de Bosques como zonas amarillas (donde está prohibida la deforestación total del área) en zonas verdes, habilitando el desmonte total de esas zonas de bosque nativo.

“Nosotros calculamos que alrededor de 370 000 hectáreas de bosque protegido se perdieron en estos 15 años mediante estos mecanismos. De esa cifra, 270 000 fueron desmontadas de forma ilegal, sin ningún tipo de permiso. A esas 370 000 que ya se perdieron es posible que haya que sumarles las más de 200 000 hectáreas por la actualización del mapa de la provincia y ahí hablamos de más de medio millón de hectáreas que se perderían por estos seis mecanismos”, detalló Mastrángelo.

La actualización del mapa de la provincia de Chaco es el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), sancionado bajo la Ley Provincial número 4005-R. Este mapa redefine las zonas de conservación ambiental (rojo, amarillo y verde) que regulan el uso del suelo y los permisos forestales en el territorio.

El experto añadió que auditaron 15 042 permisos de uso del bosque, 127 632 guías de transporte forestal y múltiples expedientes tramitados entre 2009 y 2024. Además, detalló que una “porción significativa” de la superficie afectada correspondía a categorías de alto (zona roja) y mediano valor de conservación (zona amarilla), donde el cambio de uso del suelo está prohibido o regulado por la ley nacional, respectivamente.

Las maniobras que abrieron el desmonte

La investigación detalla los seis dispositivos administrativos que se utilizaron para avalar el desmonte en supuesta complicidad con la autoridad forestal chaqueña. La primera es la recategorización de predios, que consta en la modificación del mapa de zonificación para pasar de áreas protegidas a categorías que autorizan el desmonte.

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El segundo dispositivo son los permisos silvopastoriles desvirtuados, que son autorizaciones para manejo integrado que terminaron ejecutándose como tala rasa y sustitución total de la cubierta vegetal.

Luego viene la sobreexplotación maderera, que involucra permisos de extracción otorgados por encima de las tasas naturales de regeneración del bosque.

El cuarto mecanismo es el blanqueo de madera, que son los esquemas de regularización e incorporación al circuito comercial de productos forestales extraídos de desmontes ilegales.

Además, detectaron las multas no disuasorias: la aplicación de sanciones económicas cuyos montos resultaron insignificantes frente al beneficio financiero del cambio de uso del suelo.

Por último, están las actualizaciones del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que redujeron de manera sustancial la superficie bajo protección estricta. Esto fue llevado adelante por las autoridades de la provincia de Chaco.

“La intención con la que los propietarios desmontan estos bosques protegidos apelando a este tipo de maniobras es sembrar la soja o maíz, o para sembrar pasturas y criar ganado. Sin embargo, esta zona es muy seca y frágil, ya que tiene suelos que rápidamente pierden su fertilidad cuando se les quita el bosque. No es una zona agrícola o ganadera”, afirmó Mastrángelo.

Mongabay Latam contactó a ex autoridades de la provincia de Chaco que tuvieron a su cargo el área ambiental y de bosques durante los años en que los investigadores señalan la aplicación de estas maniobras, pero no logró respuestas. También se contactó al equipo de comunicación del actual gobierno provincial, pero tampoco emitieron un pronunciamiento sobre este tema.

Mastrángelo afirmó que él también intentó contactarse con la actual gestión del gobierno de Chaco para mostrar los resultados del estudio y emitir algunas recomendaciones. “A pesar de mostrar esta evidencia, ellos siguen con la insistencia de ampliar la frontera agropecuaria y de seguir yendo en contra de sus bosques y de las familias que habitan en estos bosques”, dijo el experto.

Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y quien no participó del estudio, afirmó a Mongabay Latam que el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) es una herramienta fundamental para proteger los ecosistemas forestales de Argentina. Sin embargo, advirtió que las actualizaciones en la provincia de Chaco hacen evidentes inconsistencias legales, técnicas y procedimentales en estos procesos.

Además, el experto detalló que los ajustes en los trámites administrativos violan principios ambientales clave, como los de no regresión -la imposibilidad de dar marcha atrás con una norma de protección ambiental- y progresividad -que implica la modernización y digitalización de trámites-, además de afectar directamente a las comunidades locales, especialmente indígenas, que habitan en estos territorios.

“Estas medidas representan un retroceso ambiental preocupante, ya que buscan habilitar el desmonte indiscriminado en un área clave para la biodiversidad. Con estos mecanismos se institucionaliza un incentivo perverso, promoviendo el negocio de la madera proveniente de desmontes ilegales. Todo esto implica un retroceso enorme para la protección de los bosques nativos chaqueños y consolida un modelo de explotación insostenible”, remarcó Nápoli.

El bosque chaqueño en riesgo

Chaco es una de las provincias argentinas más afectadas por la deforestación. En 2024 se perdieron casi 40 000 hectáreas de bosque nativo a pesar de las restricciones legales vigentes, de acuerdo con el monitoreo de la organización Greenpeace Argentina. Luego vino una baja considerable en las cifras que se debió a que la Justicia Federal de Chaco ordenó suspender los desmontes a mediados de 2024. Aún así, en 2025 se perdieron otras 17 000 hectáreas de bosque nativo en la provincia.

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En el estudio se destaca que las tácticas administrativas observadas en la provincia de Chaco guardan marcadas similitudes con procesos de erosión institucional documentados en la Amazonía brasileña y peruana, así como en el Cerrado, otro ecosistema boscoso clave de Sudamérica. Por ello, el caso chaqueño se posiciona como un modelo de estudio clave para comprender cómo se debilitan las políticas de conservación ambiental aun con marcos regulatorios vigentes, según detalló Mastrángelo.

El experto añadió que estos hallazgos adquieren especial relevancia en la coyuntura actual argentina, en la que se reactivan debates legislativos sobre reformas a la Ley 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental para el manejo sostenible y la conservación de los bosques nativos, y cuando varias provincias revisan sus ordenamientos territoriales para reducir las áreas protegidas de bosque.

“El estudio deja abiertos interrogantes centrales sobre el impacto real en la biodiversidad, la disponibilidad del recurso hídrico, las comunidades locales y la efectividad de los controles e incentivos financieros previstos por el Estado nacional”, dijo Mastrángelo.

Según la investigación, entre el 16 % y el 28 % de los permisos habilitaron la extracción de entre dos y tres veces la cantidad de madera que es posible extraer sosteniblemente. Ese excedente, dijo Mastrángelo, permite incorporar al circuito legal madera proveniente de zonas rojas o de desmontes sin permiso.

También aparecen las “autorizaciones especiales”, que permiten a empresas de carbón y tanino comprar madera de áreas desmontadas ilegalmente. En 2024, el 55 % de la madera extraída en la provincia del Chaco proviene de desmontes ilegales con este tipo de autorizaciones.

Según el estudio, las multas tampoco funcionaron como freno. En 2024, solo con la venta del quebracho colorado, un propietario pudo pagar la sanción y conservar una ganancia inmediata de 126.5 dólares por hectárea.

Ese mismo año, la provincia de Chaco modificó su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN): excluyó de estrictos controles 270 000 hectáreas desmontadas ilegalmente y redujo la protección de otras 220 000. Así, casi medio millón de hectáreas quedaron habilitadas para el desmonte.

REFERENCIAS

Mastrángelo, M.E., Aguiar, S. & Krause, V. Subnational mechanisms undermine transnational anti-deforestation policies. Nat Sustain (2026). https://doi.org/10.1038/s41893-026-01917-5

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Han pasado seis semanas desde que el doble terremoto de 7.2 y 7.5 grados de magnitud devastara Venezuela el 24 de junio. La última cifra oficial presentada el 3 de agosto por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, indica que han muerto 6125 personas, mientras que la cifra oficial de desaparecidos ofrecida por el gobernador de La Guaira –la zona más afectada por el doble sismo– José Alejandro Terán, habla de unas 1400 personas.

En medio del dolor y la destrucción y mientras los sobrevivientes siguen buscando a sus familiares enterrados bajo los escombros de las casas y los edificios colapsados, empiezan a surgir nuevas preguntas sobre los daños a largo plazo que podría dejar esta tragedia. El gobierno venezolano indica que al menos 190 edificios quedaron completamente destruidos. Además, 6433 viviendas fueron clasificadas como de alto riesgo y otras 9866 están bajo la categoría de uso restringido.

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La mayor devastación ocurrió en La Guaira, una ciudad costera ubicada a 30 minutos de Caracas. Aunque en la capital venezolana también colapsaron casas y edificios, los derrumbes en La Guaira destruyeron gran parte de la ciudad. Según un reporte elaborado por las Naciones Unidas a pocos días de ocurridos los sismos, los daños físicos directos en edificaciones e infraestructura alcanzaban aproximadamente 37 000 millones de dólares.

“Se vieron como nubes inmensas de polvo y, en el caso de La Guaira, mucho mayores porque la cantidad de edificaciones que colapsaron fueron muchas más”, dice Alejandro Álvarez, coordinador general de Clima21. “Esa cantidad de polvo puede producir daños a la salud humana y ambiental. No tenemos conocimiento ni referencia de que se esté haciendo alguna evaluación sobre esos daños para que se puedan hacer advertencias a la comunidad, sobre todo a las personas más vulnerables”, agrega Álvarez.

Tras el terremoto, las imágenes de La Guaira mostraban toneladas de cemento, fierros y otros materiales de construcción de los edificios caídos por toda la ciudad. Las fotografías y videos que han circulado tras los terremotos dejan ver una gran destrucción en la ciudad.

El gobierno de Delcy Rodríguez también ha informado que alrededor de 24 000 personas damnificadas permanecen en refugios temporales en Caracas y La Guaira, mientras continúan los trabajos de remoción de escombros y la búsqueda de desaparecidos.

El destino de los escombros

Las primeras semanas de julio empezaron a circular en redes sociales mensajes sobre el destino de la gran cantidad de escombros que había dejado la destrucción de la ciudad. “Desde el principio se vio que había camiones que estaban extrayendo el material de las grandes montañas de escombros y echándose directamente al mar”, comenta Álvarez sobre lo que se denunciaba en ese momento.

“Todos estos escombros que van saliendo, se van depositando en diferentes lugares, afectan la flora y la fauna de los ecosistemas en general. El daño mayor puede ocurrir si son echados al mar. Las grandes cantidades de sedimentos pueden destruir zonas donde hay especies que son importantes en la cadena alimenticia, en los sedimentos, pueden afectar zonas importantes de pesquerías”, comenta Álvarez y agrega que estos desechos pueden contener productos con algún tipo de elemento tóxico.

A la bióloga Mariana Hernández, investigadora doctoral en la Universidad de Manchester, en Inglaterra, le preocupa el destino de los desechos en La Guaira, sobre todo, si estos se depositan en la zona costera, debido a que “la energía de olas puede hacer que los escombros se rompan, se fragmenten y se descompongan rapidísimo”.

Para Hernández, el caso del plástico es grave por la problemática de los microplásticos. “Mientras más oleaje lo golpee, más rápido se va a ir descomponiendo en fragmentos pequeñitos, estamos hablando de mesoplásticos y microplásticos desde 5 milímetros hasta menos de un milímetro que ni siquiera podemos ver, pero que tienen impactos gravísimos”, comenta la experta sobre cómo los escombros que puedan llegar al mar terminan transformándose.

A la bióloga no solo le preocupan los microplásticos, sino también el resto de componentes de los escombros que ha dejado el derrumbe de decenas de casas y edificios. “Tenemos concreto, arena, ladrillos, materiales de construcción muy diversos. Metales; asbesto, que es muy preocupante; tuberías de PVC; pinturas con elementos pesados y, bueno, toda esta mezcla hace que el impacto ambiental sea muy fuerte, justamente porque se colocan en una zona donde las olas hacen que se rompa rápidamente”.

Hernández explica que cuando se arrojan escombros sobre un suelo marino se genera una especie de turbidez y oscuridad. “Cuando está muy turbio, se bloquea la luz y afecta a las especies que tienen branquias y que son filtradoras. Pero además tenemos la contaminación química y, como decía, los metales pesados de las pinturas y el asbesto me preocupa muchísimo”.

Otra preocupación son las pequeñas áreas de arrecifes de coral que hay en la zona de La Guaira, comenta Hernández, con especies de macroalgas, porque ninguna de estas especies “va a poder escapar del enterramiento y de la turbidez”. Los escombros que llegan al mar también afectarán erizos, caracoles, mejillones, bivalvos y todas las especies que forman parte de este ecosistema. “Es gravísimo porque va afectar los huevos y las larvas de los peces en una zona pesquera donde habitan especies de importancia para los pescadores para el país”.

“No es un impacto de hoy, sino es un impacto también para mañana, no es un ecosistema que se va a haber afectado a corto, sino más a largo plazo”, agrega Hernández.

Desde que se informó que los restos de los edificio se estaban depositando en la costa de La Guaira e incluso, arrojándose al mar, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, dijo que “bajo ningún concepto, ni a nosotros ni a los expertos internacionales que convocamos, se nos va a ocurrir lanzar los escombros de las edificaciones colapsadas al mar” y aseguró que las autoridades estudian mecanismos para clasificar y reutilizar más de un millón de toneladas de residuos.

El Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo de Venezuela también se pronunció ante las denuncias y a mediados de julio emitió un comunicado en el advirtió que tendrá “tolerancia cero” ante los vertidos ilícitos de escombros al mar. “Verter desechos sólidos, líquidos o cualquier sustancia contaminante en el mar o en espacios naturales es una actividad ilícita que conlleva sanciones que van desde multas hasta procesos penales, así como la obligación de restaurar los espacios afectados”, indicó en el comunicado.

En una reunión del ministro para el Ecosocialismo, Nelson Rodríguez, con representantes de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y del Equipo de Evaluación de Desastres y Coordinación de las Naciones Unidas (UNDAC) se definieron protocolos para la gestión técnica y segura de los escombros, especialmente en Caracas y La Guaira.

“La movilidad de escombro tiene que hacerse con mucho cuidado”, dice Gustavo Carrasquel, Director General de Azul Ambientalistas, una organización dedicada a la conservación de los océanos. “Se deben clasificar por tipo de material para posteriormente triturarlo, molerlo o transformarlo en otro tipo de materia prima que pueda servir nuevamente para la construcción, para algún tipo de infraestructura”.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (Semarnat), los escombros de los terremotos no se deben depositar en zonas de áreas naturales protegidas, barrancas, marismas, manglares, esteros, pantanos, humedales, estuarios, planicies aluviales, fluviales, recarga de acuíferos ni arqueológicas, y tampoco sobre cavernas, fracturas o fallas geológicas.

Semarnat también sugiere que estos desechos se deben ubicar a una distancia mínima de 500 metros de ríos, arroyos, lagos y lagunas. Además, se deben reciclar y, de ser posible, reutilizar los materiales en otras obras de infraestructura urbana, vial e hidráulica, así como en rellenos sanitarios y en la misma reconstrucción de las zonas de desastre.

Mariana Hernández menciona que si bien el gobierno venezolano ha asegurado que existe tecnología para reutilizar estos escombros, no confía en que esto se concrete. “No hay detalles sobre eso. Sabemos que para cosas mínimas como separación y reciclaje de residuos del día a día no existen los espacios por parte del gobierno, entonces es difícil imaginar que tenemos la tecnología y las condiciones para una emergencia y una situación de esta magnitud”.

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Los efectos del polvo

Una de las preocupaciones sobre los escombros del terremoto es sobre los efectos que pueda tener el polvo en la salud humana. “Estamos viendo familiares que están yendo a colaborar en la zonas de derrumbes con las labores de desescombrar y el polvo y todo lo que se levanta al quitar los escombros afecta, por ejemplo, a los asmáticos y estamos viendo reagudizaciones de asma y personas con problemas de bronco espasmo porque han aspirado el contenido del polvo”, señala Carmen Limiñana, médico de emergencias del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunidad Valenciana, quien viajó a La Guaira dos semanas después de los sismos.

Limiñana también señala que se están presentando “patologías crónicas reagudizadas” porque las personas que han perdido su hogar y sus pertenencias y que padecían alguna enfermedad crónica se quedaron sin tratamientos, sin el control de los sistemas sanitarios que también resultaron deteriorados. “Eso es lo que corresponde a estas etapas [de la emergencia]”, comenta.

A la bióloga Mariana Hernández le preocupa que las sustancias como el asbesto que se pueda encontrar como parte de los materiales de construcción también puedan significar un riesgo para la salud de quienes están en contacto con los escombros.

Sobre este tema, Damián Soriano García, ingeniero de edificación oficial del Servicio contra Incendios del Ayuntamiento de Albacete, en España, y Responsable de la Sección de Intervención en Catástrofes de Bomberos Sin Fronteras España, explica que el asbesto normalmente va asociado a elementos de hormigón que forman parte de productos prefabricados. Elementos usados para proteger las estructuras del fuego también pueden contener amianto o asbesto. “Antiguamente se aplicaba amianto a elementos de impermeabilización de cubiertas, placa de fibrocemento, incluso a tuberías”, explica el experto.

“Durante los trabajos de remoción de los restos de colapso o incluso de en fase de rescate de cuerpos, es necesario llevar un traje encapsulado, es decir, una protección exterior, un traje que podamos tirar y gestionar adecuadamente como residuo. También es importante la protección de manos, de cara, ojos y una máscara facial para no respirar las fibras” respirables de asbesto, aconseja Soriano.

El asbesto es un grupo de minerales en forma de fibras diminutas resistentes al calor y a muchas sustancias químicas. La exposición prolongada a estas fibras puede ocasionar problemas serios en los pulmones y causar cáncer, según la Agencia para el Registro de Sustancias Tóxicas y Enfermedades de Estados Unidos. Actualmente está prohibido en Venezuela pero sigue formando parte de las construcciones antiguas, como las que colapsaron con el terremoto.

“Para que haya asbestosis tiene que darse una exposición prolongada como ha ocurrido con la gente que trabaja en fábricas durante muchos años. En este caso, que es una exposición aguda, por tanto, una patología muy grave del asbesto no se va a producir”, asegura la médico Limiñana.

No obstante, el ingeniero y bombero Soriano advierte que es muy importante que las personas que estén en contacto con la gestión de los escombros de los edificios derrumbados “cuenten con equipo de protección individual para evitar la inhalación de esas fibras”. Sugiere también que el tratamiento de estos residuos se realice en una zona de acopio determinada con una gestión adecuada.

“La manipulación es peligrosa cuando se rompe una placa de fibrocemento con amianto o asbesto, por tanto, todos los equipos de protección personal que hayan estado en contacto con ese tipo de material tienen que ser también gestionados como residuos”, aclara Soriano.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Dos décadas después de que Chile suspendiera la pesca de arrastre de fondo en los montes submarinos del Archipiélago Juan Fernández, los ecosistemas todavía no muestran señales de recuperación. Las zonas arrastradas tienen marcas visibles de los masivos instrumentos de pesca, una pobre cobertura de corales milenarios formadores de hábitat y menor riqueza y diversidad de especies.

Estas son las principales conclusiones del artículo científico Impactos de la pesca de arrastre de fondo en la cordillera de Juan Fernández, publicado en la revista Deep-Sea Research Part I, en junio de 2026. Ignacio Petit lideró el estudio. Es científico de Oceana Chile e investigador asociado al Centro de Ecología y Manejo Sustentable de las Islas Oceánicas (ESMOI, por sus siglas en inglés) de la Universidad Católica del Norte.

“Este estudio nos da evidencia científica robusta de que el impacto es real, a largo plazo y que los ecosistemas destruidos no se recuperan fácilmente”, dice Felipe Paredes, director de políticas marinas de Oceana Chile sobre el trabajo de sus colegas.

La expedición Seamounts of Southeast Pacific, realizada en 2024, permitió recabar 56 horas de video de tres montes de Juan Fernández y compararlos con Solito, un monte submarino donde no existen registros de intervención. Para eso, se usó el vehículo operado remotamente (ROV) SuBastian, del buque de investigación R/V Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute.

“Fue bien contrastante no ver corales del tamaño que veíamos en Solito y ver un sistema más simple en cuanto a su estructura por carecer de las especies formadoras de hábitat”, describe Javier Sellanes, investigador del ESMOI, líder de la expedición científica y coautor del estudio.

En Juan Fernández se analizaron los montes JF1, JF2 y JF6, con datos de ubicación de arrastres históricos proporcionados por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) de Chile.

“Hay que reconocer el liderazgo de los científicos chilenos porque no es fácil sacar un estudio de alta complejidad académica donde intervienen actores institucionales, científicos, ONG, etc”, dice Renato Gozzer Wuest, ingeniero pesquero peruano.

Ecosistemas poco resilientes

Los montes submarinos son ecosistemas profundos, dominados por corales de aguas frías de lento crecimiento y “extremadamente frágiles”, detalla Petit. Se considera que están entre los organismos más antiguos del planeta. De acuerdo con el artículo, los corales negros del género Leiopathes y las esponjas de vidrio pueden vivir hasta por 2800 años y tomar siglos en recuperarse.

En medio del hábitat que conforman, viven estrellas quebradizas, langostinos endémicos y decenas de otras especies. Además de su gran biodiversidad, los montes submarinos se caracterizan por su endemismo, es decir, por tener especies únicas en el mundo. Las elevaciones también favorecen la conectividad en el océano. Especies altamente migratorias, como tiburones y ballenas, desarollan aquí diferentes actividades de su ciclo de vida, como reproducción y alimentación.

Por estas características, estos ecosistemas “son muy poco resilientes ante perturbaciones externas como las que causa la pesca de arrastre”, señala Sellanes.

La pesca de arrastre de fondo estaba dirigida a las pesquerías de orange roughy, también llamado reloj anaranjado, (Hoplostethus atlanticus) y alfonsino (Beryx splendens). Se inició en 1999 y operó durante cinco años, de acuerdo con los autores. Las pesquerías cerraron en 2006 debido a las bajas tasas de captura, luego de más de 500 kilómetros arrastrados en el área.

“Fue tal el nivel de sobreexplotación que cuando volvieron, ya no lo encontraron”, dice Paredes con respecto al orange roughy. La especie es muy demandada y de alto valor, pero se destinó principalmente a mercados internacionales. “Esta pesquería no iba a solucionar los problemas alimentarios de Chile”, resalta.

En 2012, el Congreso chileno prohibió la pesca de arrastre de fondo en 117 montes submarinos conocidos dentro de la Zona Económica Exclusiva. Solito no estaba en ese grupo porque no se conocía formalmente de su existencia. De hecho, su nombre no es oficial. Por eso, los autores recomiendan que se lo incorpore en algún esquema de protección.

Cicatrices en el fondo del mar

Las redes de arrastre son artefactos de fierro que pueden alcanzar varias decenas de metros de longitud, con largas cadenas que permiten llegar al fondo marino. “Esas cadenas, esos fierros, son los que destruyen. Es como un arado en el mar que rompe todo a su paso”, describe Paredes.

De los 277 cuadrantes analizados para el estudio, 47 mostraron evidencia del arrastre. “Las redes raspan la roca y queda con cicatrices”, dice Petit sobre lo que vio en los videos del ROV SuBastian. La profundidad promedio de los cuadrantes arrastrados fue de 544 metros, con registros de hasta 718 metros.

JF2 fue el monte más intensamente arrastrado, con 30 cuadrantes que mostraban afectaciones. Le siguió JF1, con 12 cuadrantes visiblemente afectados y una cobertura de sedimento blando superior al 50 %, bastante mayor que el resto de los sitios.

En Solito, donde no hubo intervención, la cobertura de sedimento blando fue más baja. Además, hubo más coral vivo formador de hábitat y una acumulación considerable de “esqueletos” del coral Madrepora oculata, lo que refleja la mortalidad natural ante la ausencia de daño mecánico.

Contrastes en la biodiversidad

Jan Maximiliano Tapia, coautor y especialista en taxonomía y ecología de la fauna del fondo marino, relata que al estudiar las zonas más profundas de Juan Fernández y del monte Solito observaron hábitats complejos. “Encontramos hábitat rocoso bastante heterogéneo, compuesto por paredes verticales, zonas de grandes corales, esponjas de cristal y todo lo que conlleva especies formadoras de hábitat, bastante críticas en este tipo de ambiente”, describe.

Después evaluaron las cimas de los montes submarinos, donde vieron diferencias importantes porque hasta allí, entre 500 y 700 metros de profundidad, llegaron las redes de pesca de arrastre a Juan Fernández.

En las zonas someras de Solito observaron alta cobertura de coral vivo, mayor complejidad de hábitat y una fauna abundante de corales, esponjas y crustáceos. Además, vieron mayor biomasa de invertebrados, incluyendo crustáceos de interés comercial como el cangrejo dorado (Chaceon chilensis) y la langosta de Juan Fernández (Projasus bahamondei). “Conservar los montes submarinos también contribuye a sostener las pesquerías artesanales de la zona”, asegura Sellanes.

En total, el equipo científico identificó 74 organismos distintos. La abundancia de estos grupos varió entre sitios. Los Cnidarios, que incluyen a los corales de aguas profundas, alcanzaron su mayor densidad en Solito y la más baja en JF1 y JF2.

Los artrópodos y las esponjas también fueron más abundantes en el monte no arrastrado. Donde hubo pesca de arrastre, los artrópodos fueron menos abundantes y las esponjas (Porífera) estuvieron casi ausentes.

Impacto Adverso Significativo

Los equinodermos –filo que agrupa estrellas, pepinos y erizos– mostraron el patrón inverso, con mayor abundancia en JF1 y JF2 y menor abundancia en Solito. Se identificó, principalmente, alta densidad del erizo Dermechinus horridus.

Los investigadores documentaron ejemplares juveniles de D. horridus aparentemente alimentándose de corales bambú (Keratoisididae) cerca de una zona arrastrada en JF2. Por eso, plantean la hipótesis de que la proliferación de este erizo en sustratos alterados podría estar retrasando aún más la recuperación de las colonias coralinas.

“Además de que estos corales son de tasas de crecimiento muy lenta, estos animales podrían estar provocando que la recuperación sea muchísimo más lenta que lo normal y podría darse a una escala temporal humana no visible”, explica Petit.

“[Los hallazgos son reveladores porque] muchas veces se piensa que basta dejar descansar los hábitats de fondo para que regresen las comunidades que vivían antes de la actividad antrópica. Todo lo contrario, un hábitat que está sentido puede ser aprovechado por otra especie”, dice el ingeniero Gozzer Wuest.

Los autores señalan que especies milenarias como los corales negros y las esponjas de vidrio se reproducen cada cinco o 10 años y pueden tardar entre 20 y 40 años en recuperarse. Estas características limitan aún más su capacidad de repoblar zonas degeneradas.

El estudio concluye que los montes de Juan Fernández han sufrido un Impacto Adverso Significativo. Es un criterio establecido en las Directrices Internacionales para la Ordenación de las Pesquerías de Aguas Profundas de la FAO (2008) que se aplica cuando existen daños que superan un tiempo de recuperación de 20 años.

Montes y cordilleras por proteger

Mientras los montes de Juan Fernández están dentro de áreas marinas protegidas, Solito no cuenta con ningún estatus de protección. La elevación está ubicada a unos 600 kilómetros al norte del archipiélago, en la ecorregión Desventuradas.

“Todavía hay montes prístinos alrededor del área, que sigue siendo inexplorada, nos motiva a seguir explorando”, dice Tapia. “Si no hay manejo adecuado en las pesquerías, esto puede repercutir por años, como ocurrió en Juan Fernández”, agrega.

Los autores recomiendan implementar medidas de manejo espacial para proteger a Solito de futuros impactos antropogénicos, incluyendo su eventual incorporación a instrumentos de conservación existentes.

En el caso de los montes de Juan Fernández, recomiendan establecer un programa de monitoreo de largo plazo para evaluar la recuperación y sucesión de especies. “Debemos volver en 15 o 20 años más para ver si hubo recuperación”, sugiere Tapia. Solito podría servir como sitio de referencia para comparar la recuperación de los montes afectados.

Petit resalta que los impactos vistos en los montes submarinos son similares a los que sufren otros ecosistemas chilenos en donde se realiza pesca de arrastre. Por eso, Oceana buscó en el pasado prohibir este tipo de pesca, pero no fue posible. No obstante, ahora buscan que no se expanda a otras zonas.

Además, buscan que se protejan montes submarinos fuera de Chile. “Usamos este ejemplo como proxy para conversar sobre los riesgos de la pesca de arrastre en lugares como las cordilleras submarinas Salas, Gómez y Nazca [en altamar]”, dice el líder de la investigación. Detalla que flotas internacionales pescan en esa zona altamente vulnerable.

Para conseguirlo, Oceana está trabajando junto a la comisión científica de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur (SPRFMO, por sus siglas en inglés) en el levantamiento de información sobre las dorsales para prohibir la pesca de arrastre en el fondo y en la columna de agua de las dorsales, dice Paredes. Además, en el futuro se apunta a declararlas área marina protegida, bajo el Tratado de Altamar.

REFERENCIA

Petit, I., Tapia-Guerra, J. M., Gaymer, C. F., Sellanes, J., Castro-Contreras, M., Gallardo, M.-A., Easton, E. E., Watling, L., & Payá, I. (2026). Impacts of bottom trawl fishing in the Juan Fernández ridge, Chile. Deep-Sea Research Part I, 230, Artículo 104723. https://doi.org/10.1016/j.dsr.2026.104723

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Algunos de los lugares más impresionantes del mundo son custodiados por guardaparques. Con su labor protegen selvas, manglares, páramos, pampas, humedales y paisajes antárticos. Del buen funcionamiento de esos ecosistemas y del mantenimiento de la biodiversidad dependen los servicios ambientales como el aire puro, el agua fresca o la polinización de alimentos. Por eso, desde 1992, el 31 de julio se celebra el Día Internacional de las y los Guardaparques.

Latinoamérica representa solo el 16 % de la superficie global, pero alberga cerca del 40 % de la biodiversidad del planeta, de acuerdo con datos del Grupo del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sin embargo, en varios países se reportan recortes presupuestarios para las áreas protegidas y los guardaparques. También es una región amenazada por el narcotráfico, la extracción legal e ilegal de recursos y la inequidad de género.

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En este contexto trabajan hombres y mujeres que se enamoraron de la naturaleza y se comprometieron con cuidarla a pesar de que el oficio de guardaparques no sea siempre reconocido.

Mongabay Latam habló con tres guardaparques de la región que enfrentan diferentes retos. En el Parque Nacional Natural La Paya, en Colombia, Hernán Chilito insiste en lo fundamental de trabajar con las comunidades locales para fortalecer los objetivos de conservación.

En el Parque Nacional Yasuní, en Ecuador, Tanya Villalba demuestra que una mujer puede liderar el área protegida más grande del territorio continental, la cual también atrae gran atención internacional por su gran diversidad biológica y cultural.

Desde el Parque Nacional El Palmar, en Argentina, Facundo Alcalde apunta a la sostenibilidad financiera del área protegida a través del incremento de las visitas y el turismo sostenible, siempre con base en datos científicos y la precaución.

Colombia: Hernán Chilito busca reconstruir las relaciones con las comunidades

Cuando el guardaparque Hernán Chilito llegó al Parque Nacional Natural La Paya en 2016, la relación entre la institución de Parques Nacionales y las comunidades campesinas “era muy débil”, asegura. En décadas pasadas, se había realizado una negociación para que 68 familias que habitaban dentro del parque salieran a cambio de acuerdos con diferentes instituciones donde se pagaron los cultivos, predios y mejoras. Pero el Estado quedó en deuda con otros acuerdos, como el de vivienda y el de tierras por diferentes complejidades en los procesos.

“Con Parques Nacionales se buscó encontrar alternativas y soluciones”, dice el experto en el uso, ocupación y tenencia con comunidades campesinas en parques naturales. Después de varios procesos infructuosos, consiguieron implementar proyectos productivos sostenibles para la seguridad alimentaria. También les entregaron árboles frutales de la Amazonía colombiana, incluyendo cacao maraco y chontaduro.

Luego, la Asociación Astracam planteó la necesidad de conocer los límites del parque. Se creía que 27 veredas estaban dentro, pero después de hacer reconocimientos, descubrieron que solo 80 familias estaban al interior y otras estaban sobre los bordes.

La Paya es un parque azotado por el narcotráfico. Sin embargo, mientras avanzaban los diálogos de paz, los guardaparques continuaban con sus acciones. Hasta que en 2019 llegó la cuestionada Operación Artemisa. Esta avanzada militar buscaba controlar la deforestación, pero en la zona dejó viviendas quemadas, 27 familias afectadas y siete familias judicializadas. Los grupos armados que operan en la región asociaron el despliegue a Parques Nacionales, convirtiendo a sus guardaparques en objetivo militar.

Los funcionarios no pudieron trabajar con las comunidades hasta 2023, cuando la comunidad El Triunfo quiso retomar el trabajo de precisión de límites. También hubo un acercamiento con comunidades de Mecaya y Sencella, pero los grupos armados no lo permitieron. Con El Triunfo se plantearon acuerdos de trabajo para resarcir las relaciones entre la comunidad y Parques Nacionales, incluyendo acompañamiento psicológico para las familias y acuerdos de convivencia.

El guardaparques destaca los avances en restauración ecológica participativa, construcción de la casa comunal, implementación de seis viveros transitorios e inicio del proceso para la compra de cinco fincas que están dentro del parque. “El otro logro que se obtuvo es el establecimiento de la confianza de la comunidad y la institución y el trabajo articulado entre las dos partes, es muy difícil de lograr, pero lo logramos”, resalta.

“Yo soy parqueano de corazón”, dice y añade que le gusta mucho el trabajo para el que se ha especializado, uno que combina lo social con lo ambiental.

Ecuador: Tanya Villalba alza la voz contra los micromachismos

Para las mujeres guardaparques en Ecuador, no es poco común que sus compañeros las subestimen. Aunque no lo hacen de manera frontal, frases como “mejor quédate cocinando”, dejan claros sus pensamientos. “Esto recae en sentir que como mujer estás solo para cocinar y barrer”, dice Tanya Villalba, guardaparque encargada de la administración del Parque Nacional Yasuní. “Eso repercute porque al final sientes que no tienes las mismas oportunidades”, agrega.

En la campaña “Eso que dices sí importa”, la organización Wildlife Conservation Society recoge 10 frases para identificar y evitar micromachismos en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Los testimonios de las guardaparques revelan que sus compañeros sugieren a través de palabras sutiles que las mujeres no pueden ser brigadistas contra el fuego, que solo son buenas para realizar actividades de oficina o que consiguieron el puesto a través de favores sexuales.

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Funcionarias como Villalba demuestran lo equivocados que están. Antes trabajó en atención al usuario en las ventanillas provinciales del Ministerio de Ambiente y cuando tuvo la oportunidad de convertirse en guardaparque, el cambio fue radical. Su turno de 20 días empezó a finales de año. Mientras en gran parte del planeta las familias se reunían por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, ella y sus colegas estaban incomunicados en medio de la selva.

Extrañaba a su familia, pero decidió quedarse cuando atestiguó escenas que normalmente se ven solo en portadas de libros. Aún recuerda una de las especies que vio por primera vez. En un sendero despejado y bajo los rayos del sol, un árbol caía en diagonal. Al acercarse descubrió que una boa grande y pesada que dormía en el tronco había provocado la inclinación. “Esto es lo que enamora a los turistas”, afirma sobre lo maravilloso de la escena.

Aprendió a planificar sus actividades y equipaje para los 20 días en el campo, vivir en campamentos, hacer control y vigilancia, registrar y muestrear fauna, entre otros. “Ha sido un aprendizaje constante”, admite y cree que ser proactiva le permitió llegar a la administración hace año y medio.

Con más de un millón de hectáreas de superficie, actividad petrolera, al menos dos pueblos indígenas y pueblos en aislamiento voluntario en el interior del parque, su administración es un reto. A eso se suma la falta de recursos y personal. A pesar de eso, y de amenazas relacionadas a la extracción ilegal de recursos madereros y auríferos, Villalba ha liderado proyectos de gobernanza participativa y gestión pesquera para fortalecer la protección del área protegida.

Villalba cree que así como ella, otras directoras de áreas protegidas y las guardaparques demuestran que son capaces de hacer trabajo duro y técnico. Cree que esto tiene el efecto de cambiar las actitudes de los hombres. “Es buscar la equidad de hombres y mujeres, que tengan las mismas oportunidades”, afirma.

Argentina: Facundo Alcalde apuesta al turismo para la conservación

De Iguazú a la Antártida, el guardaparque Facundo Alcalde se ha dejado impresionar por la naturaleza argentina durante los últimos 20 años. Ha caminado en medio de la calurosa selva de Misiones por hasta dos días sin encontrar agua, cóndores han volado a pocos metros de su cabeza en la Patagonia y ha visto hasta la humedad del ambiente convertirse en cristales de hielo al sur del continente. “No lo cuento como algo traumático, sino como experiencia de vida, como algo que me sirvió, como algo enriquecedor”, dice.

Aunque en Argentina los guardaparques se forman en una escuela de dos años y después se van especializando a lo largo de su carrera, asegura que todos deben tener una característica en común: “Estar preparados para adaptarse a los cambios y a las diferentes funciones”.

En el Parque Nacional Nahuel Huapi trabajó en proyectos de reconversión productiva con comunidades mapuches y criollas. Después, pasó por el Parque Nacional Iguazú, el más visitado de Argentina, con hasta 13 000 personas por día en los picos de Semana Santa. En 2022 sumó 14 meses en la base Orcadas, en la Antártida, a cargo de un laboratorio interdisciplinario con 13 proyectos de investigación.

Luego de trabajar un año en la Dirección de Coordinación Operativa en Buenos Aires, asumió la intendencia del Parque Nacional El Palmar. Esta área protegida, donde se protegen 8200 hectáreas de las ecorregiones Espinal y Pampa con humedales de importancia internacional, es la sexta más visitada del país.

Como especialista en turismo sostenible, está impulsando un plan para mejorar la calidad de la infraestructura y los servicios con el objetivo de aumentar la recaudación propia sin afectar el ambiente. Según Alcalde, el parque cubría el 20 % de su presupuesto operativo al inicio de su gestión, en agosto de 2024. El porcentaje subió a 30 % en 2025 y para fines de 2026 se plantea superar el 40 %.

Para el guardaparque, la conservación y el turismo no son incompatibles. Reconoció que los extremos, tanto el turismo desregulado como el conservacionismo estricto, pueden generar impactos negativos, ya sea ambientales o económicos. Por ahora, trabaja con base en la ciencia, ajustando los procesos a medida que aumentan las visitas y buscando que haya cada vez más eficiencia para que el trabajo de sus colegas se concentre en la protección de la naturaleza.

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La ballena sei (Balaenoptera borealis) es uno de los cetáceos más misteriosos y también una de las especies más desconocidas del océano. Este cetáceo convirtió las costas patagónicas en un escenario clave para la ciencia marina. En los últimos 15 años, mantuvo un crecimiento poblacional histórico y convirtió al Golfo San Jorge, al sur de Argentina, en un espacio indispensable para su supervivencia. Un equipo de científicos monitorean a dos ejemplares que ahora son analizados con tecnología satelital.

La ballena sei es el tercer animal más grande del planeta. Pertenece al grupo de los rorcuales y está en peligro crítico de extinción. Este animal permaneció desaparecido durante casi 100 años como consecuencia de la caza intensiva que produjo su depredación. Pero en 2024 un equipo de científicos marinos halló el rastro de una ballena sei en el litoral patagónico. Desde esa fecha, se hicieron varios estudios y monitoreos para verificar las rutas que realiza este cetáceo. Los resultados son espectaculares.

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Mariano Coscarella, biólogo e investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), lidera el trabajo de campo junto a un equipo que incluye docentes e investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, sigla en inglés) y Rewilding Argentina con el objetivo de comprender el uso real que los animales hacen del entorno patagónico.

El experto explicó a Mongabay Latam que los cetáceos se acercan a la región comprendida entre Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, al sur de Argentina, buscando alimentos, especialmente la langostilla. Además, en esa zona las ballenas se alimentan de copépodos y pequeños peces pelágicos.

Los copépodos son pequeños crustáceos que viven en el agua y son un componente crucial del plancton. Son extremadamente abundantes en los océanos y sirven como alimento para muchos animales marinos. Los pequeños peces pelágicos, por su parte, habitan la columna de agua, generalmente en aguas abiertas, lejos de la costa, y también alimentan a varios depredadores marinos.

El especialista añadió que, según datos recopilados, las ballenas sei permanecen en esta zona de alimentación desde octubre hasta junio, momento en el que inician una travesía misteriosa que la ciencia ahora busca documentar con total precisión.

“Lo que tenemos establecido es que, para junio, las ballenas empiezan a migrar hacia el norte. Algunas lo hacen sobre la plataforma costera, otras lo hacen por fuera de la plataforma, por aguas más profundas y se dirigen al sur de Brasil. Todavía no tenemos claro cuál es el lugar de destino final en Brasil”, detalló Coscarella.

La tecnología que se utiliza para rastrear a las ballenas es satelital. Los científicos implantan rastreadores en la piel de las ballenas con una fijación en la grasa. Duran entre 30 y 40 días. También se utiliza otra tecnología que tiene los mismos rastreadores que se implantan un poco más profundo en la grasa y pueden durar tres o cuatro meses. El satélite toma toda la información cuando el animal sale a respirar.

Un estudio que puede ayudar a crear áreas protegidas en el mar

Coscarella afirmó que lo importante de utilizar este tipo de tecnología es que les permite a los expertos establecer que el Golfo San Jorge se convirtió en una zona de alimentación para las ballenas sei y verificar zonas donde habitan estos cetáceos para luego crear áreas protegidas marinas. Además, este trabajo también podrá establecer la zona de reproducción de las ballenas en Brasil para establecer medidas de protección en esas áreas.

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“Se decidió rastrear los movimientos de esta especie mediante tecnología satelital para comprender cómo utilizan el entorno patagónico”, resaltó Coscarella.

La ballena sei es el tercer cetáceo más grande del planeta, solo por detrás de la ballena azul (Balaenoptera musculus) y el rorcual común(Balaenoptera physalus). Puede alcanzar hasta 18 metros de largo y superar las 20 toneladas de peso, aunque se caracteriza por tener un cuerpo más estilizado y ser una de las ballenas más veloces del océano. Son grises, con el vientre blanco y su cuerpo es alargado, y tiene una aleta dorsal alta y en forma de hoz. Es raro que muestren su cola fuera del agua y su soplo es relativamente bajo.

Según Coscarella, los primeros datos revelaron que uno de los animales con rastreador llegó hasta el sur de Brasil antes de perder la señal, reforzando la hipótesis de que allí podrían encontrarse sus áreas de reproducción. Actualmente, dos ballenas transmiten en tiempo real desde las costas brasileñas, lo que podría aportar información inédita sobre el destino final de su migración.

El especialista aclaró que la mayor parte del seguimiento se realiza cerca del Área Natural Protegida Punta Marqués, en la provincia de Chubut, Argentina, donde los ejemplares prefieren congregarse. Si bien en esa zona se cuenta con enclaves excepcionales más al norte, como el Parque Provincial Patagonia Azul, es en este sector específico del Golfo San Jorge donde se genera un nivel altísimo de productividad biológica.

“Esta riqueza subacuática atrae a una enorme diversidad de aves marinas, delfines, ballenas y bancos de peces que transforman el área en un ecosistema fascinante para la ciencia”, remarcó a Mongabay Latam la bióloga Marina Riera, una de las expertas que también es parte del equipo.

La experta explicó que este proyecto buscó conocer cómo las ballenas sei se adaptan a su hábitat y a su dieta, y que el objetivo fue hacer un estudio sobre las especies de cetáceos cerca del área protegida Punta Marqués, en el área central del Golfo San Jorge. “Queríamos conocer cuántas ballenas hay, cuándo las podemos ver, cómo se comportan y cómo se relacionan con otros grupos”, explicó Riera.

Según la experta, el comportamiento de las ballenas sei dentro de ese espacio representaba un gran interrogante para los observadores. Las estimaciones aéreas previas confirmaban la presencia de cetáceos a partir de 40 kilómetros mar adentro, pero la tecnología satelital logró aportar la pieza que faltaba para armar el rompecabezas. La información que llegó de los dispositivos indica que los animales permanecen en una franja de 30 a 40 kilómetros de la costa y que se alimentan exclusivamente allí.

“Los datos confirmaron que el área de mayor uso se extiende desde el norte de Comodoro Rivadavia [Chubut] hasta el sur de la localidad santacruceña de Caleta Olivia. Conocer esta dinámica poblacional resulta fundamental para diseñar futuras estrategias de manejo y pensar en la creación de un área marina protegida que garantice la conservación del hábitat a largo plazo”, destacó Riera. Chubut es una provincia petrolera y en un golfo cercano, el San Matías, en la provincia vecina de Río Negro, ya están previstos proyectos de oleoductos e instalación de buques gasíferos en el mar.

Una especie cazada por su grasa que se encuentra en peligro de extinción

Según el estudio, la mayor parte del seguimiento se realiza cerca del Área Natural Protegida Punta Marqués, donde los ejemplares se congregan masivamente. Aunque existen enclaves excepcionales más al norte, como el Parque Provincial Patagonia Azul, es en el Golfo San Jorge donde se registra la mayor productividad biológica.

Los investigadores destacan que la información obtenida permitirá orientar políticas públicas, regular actividades turísticas y fortalecer la protección de un ecosistema clave para la biodiversidad del mar argentino.

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“Este aprendizaje no solo aporta a la ciencia, sino que también sienta las bases para un futuro sistema de avistaje turístico en la zona sur de Chubut, diversificando la economía regional y promoviendo la conservación”, destacó Riera.

Se estima que cerca de 300 000 ejemplares de ballenas sei fueron cazados en el mundo y alrededor 110 000 de ellos fueron capturados en el hemisferio sur durante los siglos XIX y XX. Esto provocó que su población se redujera en un 80 %, lo que llevó a que la especie fuera oficialmente catalogada “en peligro de extinción”.

Esta especie era cazada principalmente para obtener su grasa, que servía como combustible de lámparas y cera de vela, algo muy cotizado en el comercio de la época. La caza comercial comenzó a disminuir cuando la especie se redujo considerablemente, al punto de que la escasez promocionó otra forma más económica para iluminar las ciudades del mundo: el crudo de petróleo.

De acuerdo a Coscarella, en la actualidad todavía se cazan ballenas sei en Japón e Islandia, para consumo de su carne. El experto recalcó que esa práctica es reducida y que en 2025 en Japón cazaron alrededor de unos 30 ejemplares.

Según la lista de la Unión Internacional para la Conversación de la Naturaleza (UICN), esta especie se encuentra en peligro de extinción. Aunque se desconoce con exactitud la cantidad de ejemplares que viven en la actualidad, se estima que solo podrían quedar entre 10 000 y 50 000 en el mundo.

El seguimiento satelital de la ballena sei en Chubut abre una ventana inédita al conocimiento de una especie que eligió la Patagonia como fuente de alimento. Coscarella dijo que descubrir sus rutas migratorias y áreas de reproducción permitirá consolidar estrategias de conservación y proyectar un futuro donde ciencia, turismo y protección ambiental convivan en equilibrio.

*Imagen principal: las ballenas sei retornaron al Golfo San Jorge, al sur de Argentina. Esta especie está en peligro de extinción. Foto: Diego Cabanas/Proyecto Cetáceos San Jorge

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Andrés Bräutigam es médico veterinario especializado en fauna silvestre y trabaja en un centro de rescate en San Isidro de Heredia, un cantón cercano a San José, la capital de Costa Rica. En 2025 recibió a un pequeño margay (Leopardus wiedii) que, entre sus innumerables pacientes, le es difícil olvidar. Su cuerpo, recuerda, tenía “todas las muestras del conflicto felino-humano”.

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El animal —que se encontraba cerca de la comunidad de Turrialba, en el centro del país— había entrado a un gallinero en busca de alimento. Al verlo acorralando a las gallinas, los perros de la zona lo persiguieron y luego un habitante lo golpeó en el cráneo en represalia. Pero la historia no acabó allí. Tras ser llevado al centro de rescate, Bräutigam y su equipo evidenciaron que el margay, además de las heridas, estaba infectado con dos enfermedades comunes en gatos domésticos: sida (FIV) y leucemia felina (FeLV).

“Mucho de ese conflicto —dice el veterinario— se deriva de un ecosistema que está altamente alterado”. Es una cadena de eventos desafortunados. Sin un ecosistema conservado en el que el felino pueda desplazarse y camuflarse para cazar a sus presas, y con comunidades humanas que se expanden hacia zonas conservadas, el animal se acerca cada vez más a las personas e interactúa con sus animales de crianza y mascotas, pudiendo contagiarse de enfermedades de las que aún se conoce poco.

La transmisión de enfermedades de animales domésticos a felinos silvestres se ha convertido en una preocupación en aumento entre grupos de conservación, biólogos y médicos veterinarios. Como asegura Jim Sanderson, fundador y director de la Fundación para la Conservación de los Pequeños Felinos Salvajes (SWCCF, por sus siglas en inglés) y miembro del Grupo de Especialistas en Felinos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), “es, sin duda, el asesino silencioso más grave, generalizado y devastador” para los félidos silvestres.

Enzo Aliaga-Rossel, investigador asociado del Instituto de Ecología de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz y miembro del Programa de Investigación de Félidos de Bolivia (PIF), explica que el contagio de virus entre la fauna silvestre y los animales domésticos se conoce como “salto zoonótico” y ocurre cuando la actividad humana altera los ecosistemas, ocasionando el contacto estrecho. Los animales domésticos, comenta, actúan frecuentemente como “puentes epidemiológicos” que transmiten estos patógenos.

Además, el impacto potencial de las enfermedades “domésticas” no se limita a una sola especie, sino que puede exponer a diferentes felinos a patógenos peligrosos que, en muchos casos, pueden ser mortales, asegura la científica brasileña Flavia Tirelli, doctora en Zoología y coordinadora del Geoffroy’s Cat Working Group, una red internacional que lucha por la conservación del gato del bosque o gato montés (Leopardus geoffroyi) y de otros felinos silvestres. La transmisión de enfermedades pone en riesgo, especialmente, a los felinos silvestres que ya están en peligro de extinción.

Desde los grandes jaguares (Panthera onca) y pumas (Puma concolor), hasta los más pequeños y poco conocidos como el gato de las pampas (Leopardus munoai), el gato colocolo (Leopardus colocola) y la oncilla nebulosa (Leopardus pardinoides), se enfrentan a los riesgos de contraer enfermedades virales, hongos, bacterias o parásitos de animales domésticos. Se trata de una amenaza en aumento, que no conoce fronteras y de la que los gatos salvajes no pueden huir por instinto.

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Si a esto se le suman otras presiones como la pérdida de ecosistemas, el avance agrícola y urbano en sus zonas de distribución, su captura para el tráfico de fauna o la caza por retaliación (es decir, como respuesta a los ataques a animales domésticos), la situación que enfrentan los gatos silvestres es dramática.

En esta entrega especial, Mongabay Latam documentó el avance de numerosas enfermedades de animales domésticos que afectan a los felinos silvestres en seis países de la región: México, Costa Rica, Ecuador, Chile, Brasil y Bolivia.

Una amenaza cada vez más cerca

Diversos estudios han documentado cómo los gatos y los perros domésticos pueden impactar gravemente la fauna silvestre. Los perros, por ejemplo, han llevado a la extinción a 11 especies de aves y han puesto en peligro la supervivencia de 96 especies de mamíferos. Los gatos cazan y se comen más de 2084 especies de diferentes grupos de animales, de las cuales 347 (16.65 %) están amenazadas de extinción. Además de esto, durante las interacciones, pueden transmitirles enfermedades.

Como explica Tirelli, “la fragmentación del hábitat y la expansión urbana han facilitado en gran medida la transmisión de patógenos entre especies domésticas y silvestres. Cuanto más aumenta esta fragmentación, con más ‘pedacitos’ de áreas naturales modificadas, los humanos traen consigo animales domésticos que pueden transmitir enfermedades a los animales silvestres”. Además, advierte Diego Ramírez-Álvarez, especialista en manejo y conservación de la biodiversidad, esas enfermedades “se están presentando con mayor frecuencia en los últimos años, debido al aumento de mascotas de libre deambular en territorios silvestres, al acortamiento de la interfaz humano-silvestre y a una pésima tenencia responsable de mascotas”.

Cámaras trampa de biólogos y científicos en distintos países de Latinoamérica han evidenciado cómo los animales domésticos se mueven por las mismas zonas que los silvestre, compiten por recursos y se depredan, incluso al interior de áreas protegidas. “El problema no son el perro o el gato, sino que las personas no son conscientes de lo que pueden causar a la fauna silvestre”, señala la médica veterinaria Carolina Sáenz, directora del Hospital de Fauna Silvestre (Tueri) de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ).

José Daniel Ramírez, biólogo costarricense, creó el programa “La amenaza invisible” para entender la relación entre las enfermedades de mascotas y los felinos silvestres en su país y para detectar patógenos que podrían pasar desapercibidos entre ellos. En el bosque nuboso de Monteverde, donde trabaja, se encuentran las seis especies de félidos de Costa Rica (jaguar, puma, oncilla, margay, ocelote y yaguarundí). “En el país, todas están en peligro de extinción y las enfermedades transmitidas por animales domésticos actúan como una presión adicional”, señala.

Los registros de sus cámaras trampa han documentado que el mismo sendero por el que pasa una puma con sus dos crías se convierte, algunas horas más tarde, en el camino de tres perros pastores alemanes. “Esa era una de nuestras cámaras trampa más remotas. Pero no ha sido la única vez ni la única zona. Es una muestra de que están compartiendo el hábitat”, insiste Ramírez.

En México, el profesor Heliot Zarza Villanueva, biólogo y vicepresidente de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar (ANCJ), levanta otra señal de alerta: “Las áreas naturales protegidas han sido una de las estrategias de conservación más sólidas a nivel mundial. Pero no pueden proteger la biodiversidad por sí solas. Necesitan también de lo que está fuera de sus límites”.

El último censo de jaguares coordinado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la ANCJ y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) mostró un crecimiento de la población en un 10 % en un periodo de seis años en ese país, pasando de 4800 ejemplares en 2018 a 5326 en 2024. Sin embargo, los investigadores advierten que este incremento —atribuido a la expansión de áreas protegidas— no significa que la especie esté a salvo.

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La situación se repite en otros países. “Como investigadores, solíamos ir a áreas naturales, revisar las cámaras trampa y decir: ‘Acá hay muchos ocelotes (Leopardus pardalis), yaguarundíes (Herpailurus yagouaroundi) o margays’, o ‘hay cachorros, juveniles o adultos’, y creíamos que esa era una muestra de poblaciones saludables y una esperanza de conservación”, señala Abel Gallo Pérez, biólogo ecuatoriano especialista en felinos silvestres. “Pero ahora se nos abre una nueva ventana que antes ignorábamos: ¿Y si están enfermos? Es una amenaza que existe, que pone en riesgo a las poblaciones de felinos silvestres y que puede llevarlas a su colapso”.

En palabras de Isabel Hagnauer, veterinaria de Wildlife Rescue Costa Rica, “si desde hace muchísimos años estábamos hablando de que algunas de estas especies están en peligro de extinción, la posibilidad de que se infecten con estas enfermedades podría hacer que las poblaciones disminuyan mucho más rápido de lo que hemos visto hasta ahora”.

Ya han ocurrido eventos similares en otras partes del mundo. En Tanzania, a principios de los años 90, murió un tercio de los leones del Parque Nacional Serengueti a causa del distemper canino (más conocido como moquillo), que fue contagiado por los perros domésticos de las comunidades de pastores masái.

Virus y parásitos, un riesgo invisible y subestimado

El biólogo Rodrigo Núñez, integrante de la asociación Alianza Jaguar, lleva tres décadas monitoreando felinos en el occidente de México. A través de cámaras trampa ubicadas en la Reserva Chamela-Cuixmala, donde trabaja, pudo ver cómo un ocelote (especie en peligro de extinción en México) se deterioraba progresivamente. En 2011, el félido era uno de los machos dominantes del área y se encontraba sano y robusto, pero en el transcurso de un año se convirtió en un animal extremadamente delgado, con cambios y lesiones en la piel.

“Lo más probable es que el ocelote haya muerto de sarna sarcóptica, una enfermedad causada por ácaros que se alojan en la piel y que se contagia por contacto directo”, dice el experto. Aunque se cree que esta enfermedad no es muy peligrosa porque los perros y gatos pueden sobrevivir a ella, lo cierto es que la fauna silvestre la pasa “realmente mal”. Animales como los ocelotes y pumas, explica Núñez, “necesitan estar quietecitos para poder acechar a su presa. Si se están moviendo por la comezón, les va a costar mucho trabajo poder cazar. Además, como se quedan pelones (calvos), pierden la protección que les da su camuflaje”. Ese deterioro los puede llevar hasta la muerte.

El panorama de la transmisión es complejo porque hay distintas formas en las que los animales domésticos pueden contagiar a la fauna silvestre: intercambio de fluidos, secreciones nasales, heces en lugares no debidos e incluso por garrapatas. Enfermedades como el sida felino —también conocido como virus de la inmunodeficiencia felina (FIV)— y la leucemia felina (FeLV), que suelen transmitirse por contacto directo con fluidos de los gatos domésticos, inquietan fuertemente a los veterinarios debido a su alta prevalencia en muchos países y la gravedad de las enfermedades asociadas.

La saliva, mordidas o rasguños típicos en enfrentamientos, por ejemplo, pueden contagiar los virus que causan inmunodepresión, anemia, pérdida de condición corporal y deterioro general de la salud del animal.

De hecho, investigaciones realizadas en Brasil han identificado gatos domésticos que dieron positivo para leucemia felina y que se encuentran al interior de áreas protegidas. “Podemos reconocer esto como una amenaza real y grave para las poblaciones de felinos salvajes, especialmente en áreas protegidas, donde la densidad de estos felinos salvajes tiende a ser mayor”, señala el estudio.

Además de los virus más conocidos, como los causantes del FIV y el FeLV, un estudio de 2024 dedicado a la revisión bibliográfica sobre enfermedades en felinos silvestres de Brasil también destacó el riesgo de exposición al virus del distemper viral canino (CDV, por sus siglas en inglés), a los adenovirus y al virus de la rabia.

Otro caso bien documentado en Chile es el de la güiña (Leopardus guigna). Las poblaciones de este felino silvestre, uno de los más pequeños de América, han contraído leucemia felina, inmunodeficiencia felina y endoparásitos gastrointestinales y cardiorrespiratorios de gatos domésticos, así como parvovirus de perros. Constanza Napolitano, una de las científicas que ha liderado estos estudios y directora del Laboratorio de Genética de la Conservación del Departamento de Ciencias Biológicas y Biodiversidad, de la Universidad de Los Lagos, afirma que “la evidencia de la presencia de estos tres virus de gran importancia epidemiológica la encontramos a través de todo el rango de distribución de la guiña en Chile, por lo que se puede afirmar que es un problema generalizado en el país y bastante grave por su extensión y magnitud”.

El investigador Enzo Aliaga-Rossel alerta que la panleucopenia felina (conocida popularmente como moquillo felino y causada por un virus es perteneciente a la familia Parvoviridae), es una de las más comunes entre animales domésticos que habitan las zonas rurales de Bolivia. Según explica, se trata de un virus altamente contagioso, extremadamente resistente y que afecta a diversas especies de fauna silvestre. “Este virus puede saltar fácilmente entre especies. Los grandes felinos, como leones o tigres, y también los pequeños, como los gatos monteses, son altamente susceptibles a contraer esta enfermedad”, insiste.

“Le decimos ‘amenaza invisible’ porque, desde afuera, puedes ver a los animales ‘normales’, pero cuando haces algunas pruebas específicas te das cuenta que tienen enfermedades que se transmiten por animales domésticos. Y ahí es donde viene la preocupación”, afirma José Rodríguez, de Costa Rica.

Claudio Ahumada-Sanhueza, médico veterinario de la Unidad de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad Andrés Bello (UFAS-UNAB) e integrante del ColoColo Project, en Chile, coincide: “Las enfermedades infecciosas que transmiten animales domésticos, como perros y gatos, terminan siendo súper graves para los animales silvestres porque ellos no están preparados para esto. Terminan enfermándose y, cuando son encontrados, son casos sumamente difíciles de tratar”.

Esfuerzos comunitarios para superar las dificultades del monitoreo

En general, hacer monitoreo de felinos silvestres es una tarea sumamente compleja. Son rápidos, se camuflan, huyen y es muy difícil verlos en entornos naturales.

“Muestrear vida libre es muy difícil. Ir a agarrar tigrillos, pumas o yaguarundíes para hacer un censo de enfermedades requiere mucha logística y muchos recursos”, asegura la veterinaria Natalia Montero. “Casi no se ha hecho, pero eso no significa que las enfermedades no estén allí”. Por lo mismo, los expertos consultados para este especial coinciden en que —aunque falte evidencia— las enfermedades revisten un riesgo que no puede ignorarse.

Aliaga-Rossel, de Bolivia, señala que, además de la dificultad de ver a estos animales en su hábitat natural, otra razón por la que hay pocos estudios es por la falta de “financiamiento masivo, tecnología de punta y permisos especiales” para monitorear y tomar muestras en poblaciones de felinos silvestres.

La veterinaria Susana Illescas, que se ha encargado de la contención, anestesia y evaluación clínica de grandes carnívoros en proyectos de investigación en México, coincide con Aliaga-Rossel. La logística en campo para capturar felinos, anestesiarlos y tomar muestras tiene una limitación difícil de ignorar: el presupuesto. Tomar y procesar muestras implica una costosa cadena de frío, reactivos y laboratorios especializados. Sin estos recursos, conocer la escala y el avance de las enfermedades sigue siendo un desafío.

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“A mí un ocelote puesto en la mesa, sólo para hacerle un panel de exámenes de tres enfermedades domésticas [sida felino, leucemia felina y moquillo], me cuesta unos 500 dólares”, dice Eliana Molineros, directora médica del Proyecto Sacha, en Ecuador, que desde 2019 decidió hacerle ese “panel” de pruebas a todos los ocelotes que llegan a su centro de rescate. “Pero es importante hacerlo para tomar las mejores decisiones por ese animal y para todas las especies”, agrega.

Ante la dificultad de llegar a las poblaciones silvestres, y para hacer frente al avance de las enfermedades, biólogos, veterinarios, centros de rescate y organizaciones de conservación han hecho esfuerzos conjuntos para controlar una de las fuentes del problema: muestrear a los perros y gatos de las comunidades cercanas a las áreas protegidas y bosques con felinos silvestres. Así han podido identificar algunas de las enfermedades presentes y han adelantado campañas de vacunación y esterilización para los animales domésticos. También han realizado talleres sobre la tenencia responsable de mascotas y acuerdos con comunidades rurales aledañas a las áreas protegidas.

Sólo en 2024 se esterilizaron 255 perros domésticos y 196 gatos, y se vacunaron 2020 perros domésticos y 562 gatos de zonas rurales de México, Costa Rica, Ecuador, Chile, Brasil, Bolivia, Perú, Colombia y Argentina. Pero los esfuerzos deben redoblarse e incluir participación de los Estados, pues, como advierte la bióloga Paola Nogales, coordinadora del Programa de Investigación de Félidos de Bolivia, “la frontera entre la salud de las mascotas y la fauna del bosque es hoy más delgada que nunca”.

Mientras la ciencia trabaja a contrarreloj y con fondos limitados, los felinos se acercan cada vez más a las poblaciones humanas para sobrevivir a la fragmentación de su hábitat, una de las principales raíces de estas nuevas amenazas.

El artículo original fue publicado por Daniela Quintero Díaz en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Cada 14 de julio, conservacionistas y científicos del mundo invitan a detenerse un momento para pensar en unos animales que rara vez inspiran ternura, pero que sostienen el equilibrio de los océanos desde hace más de 400 millones de años. Es el Día Mundial de los Tiburones, una fecha creada para recordar algo que la ciencia repite desde hace décadas: sin depredadores tope, los ecosistemas marinos se desmoronan. Y sin embargo, más de un tercio de las especies de tiburones y rayas del planeta están amenazadas de extinción, según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). La mayoría es víctimas de la pesca —dirigida o incidental—, que no da tregua.

En América Latina, son numerosos los ejemplos donde la ciencia ha emprendido una carrera contra el tiempo para intentar comprender y proteger a estos animales antes de que sea demasiado tarde. En Galápagos, Ecuador, un estudio le pone precio a la industria del turismo de tiburones para desafiar a la presión pesquera que desde hace años intenta legalizar un método de pesca que pondría en riesgo a los tiburones. En el Golfo de California, México, un corredor migratorio empieza a mapearse de la mano de los propios pescadores para convertirse en área protegida. Y en Argentina, transmisores satelitales están revelando los movimientos de un primitivo tiburón.

Mongabay Latam conversó con los científicos detrás de estas tres historias. Esto es lo que están descubriendo.

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Ecuador: el avistamiento de tiburones en Galápagos gana puntos contra la pesca ilegal

Desde hace años el sector pesquero artesanal de la Reserva Marina de Galápagos presiona para legalizar el palangre, una línea con cientos de anzuelos prohibida en el área desde el año 2000. El argumento de ciertos pescadores es que el uso del palangre les permitiría acceder a especies de alto valor destinadas a la exportación. Para científicos y conservacionistas, en cambio, el palangre representa una grave amenaza: engancha todo lo encuentra en su camino, incluyendo a los tiburones amenazados de extinción que, justamente, son parte de la razón de ser del área protegida. La discusión ha vuelto una y otra vez, pero los científicos de la Fundación Charles Darwin están inclinando la balanza a favor de la conservación. Sus datos demuestran que el avistamiento de tiburones deja ganancias en el archipiélago que sobrepasan con creces las que pudiera dejar la pesca ilegal con palangre.

Un equipo de científicos liderados por Gabriel Vianna, coinvestigador principal del Programa de Ecología y Conservación de Tiburones de la Fundación Charles Darwin, calculó que el turismo de avistamiento de tiburones generó, en 2023, un impacto económico de 76 millones de dólares en Galápagos —cerca del 15 % de toda la economía del archipiélago— y sostuvo directamente unos 1900 empleos.

El tiburón martillo común (Sphyrna lewini), la estrella de esa industria, aportó 14.6 millones de dólares, 30 veces más de lo que llegó a generar la captura de esta especie a nivel nacional, antes de que su comercialización se prohibiera en 2020. El tiburón ballena sumó otros 5.1 millones en apenas seis meses de temporada. Son los primeros datos que ponen a Galápagos entre las industrias de buceo con tiburones más grandes del mundo.

Según la investigación, la pesca dirigida a los tiburones en las décadas de los 90 y 2000 dio lugar a capturas anuales estimadas entre 63 000 y 405 000 tiburones solo dentro de la reserva, creada en 1998. “Esas capturas generaron ingresos netos anuales en Galápagos de entre 0.6 y 9.4 millones de dólares entre 2000 y 2005”, indica el estudio. Considerando la inflación, los científicos calculan que la pesca ilegal de tiburones en Galápagos, de haber continuado a esa misma escala, habría generado aproximadamente 7.5 millones de dólares en 2023. Esa cantidad representa solo el 15 % de los ingresos generados por el turismo de observación de tiburones en el mismo año.

El porcentaje real, sin embargo, sería mucho menor, dado que los niveles actuales de pesca ilegal de tiburones son mínimos en comparación con las décadas anteriores. Y es que no hay que olvidar que “a principios de la década de 2010, la caída de los precios de las aletas en el mercado negro, junto con las mejoras en la vigilancia y la aplicación de la ley, provocó un importante descenso de la pesca artesanal ilegal de tiburones dentro de la Reserva Marina de Galápagos”, señala el estudio.

En todo caso, estas cifras calculadas por los científicos de la Fundación Charles Darwin son la pieza que le faltaba a la discusión sobre el palangre. Otra investigación liderada por Vianna y publicada en la revista Marine Policy concluye que el uso sostenible de los recursos marinos es esencial para mantener los medios de vida en Galápagos, incluyendo los de los pescadores. Y es que el turismo consume el 70 % de la producción pesquera artesanal local, “así que los mismos pescadores terminan beneficiándose de que los tiburones sigan vivos”, dice Vianna.

Abrir una pesquería artesanal de palangre para exportación, en cambio, tendría costos sociales, económicos y ambientales mucho mayores que sus beneficios, costos que terminarían pagando otras industrias, el Gobierno y las comunidades locales.

“No se trata de ponerle precio a la vida de un animal”, señala Vianna a Mongabay Latam. “Deberíamos conservar porque los animales tienen su derecho de existir”, agrega. El problema, indica, es que “la conservación en base a ese argumento perdió”. De hecho, “las poblaciones de tiburones están entre 30 % y 40 % —tal vez entre 20 % y 40 %— de lo que eran hace 50 años. Tenemos que tener argumentos más efectivos”, explica.

México: pescadores y científicos buscan proteger un corredor marino clave para los tiburones

Entre Loreto y Los Cabos, en el suroeste del Golfo de California, hay una autopista submarina que nadie ve desde la superficie. Es un corredor migratorio que conecta islas y montañas submarinas, por el que se mueven numerosas especies marinas, entre ellas tiburones. James Ketchum, cofundador de la organización Pelagios Kakunja, lleva más de una década documentando esos movimientos.

La especie emblema es el tiburón martillo común, Sphyrna lewini, famoso por formar los grandes cardúmenes que en los años 90 era posible ver en el Golfo de California. “Lo que estamos haciendo es tratar de recuperar esos grandes cardúmenes que vimos en su tiempo y que básicamente desaparecieron”, dice Ketchum.

El corredor cumple varias funciones para la especie: es zona de alimentación, de reproducción, de descanso y de limpieza. Además, al estar conectado con las zonas costeras de crianza, el corredor es un espacio de tránsito para las hembras que van a parir cerca de la costa.

Lo que distingue a este proyecto es quiénes lo están construyendo. Desde el inicio, casi todo el trabajo de Pelagios Kakunja se ha hecho de la mano de pescadores artesanales locales, comunidades con más de 100 años pescando en estos mismos bajos con piola y anzuelo. Son ellos quienes conocen cada roca submarina y quienes han llevado a los investigadores a los sitios exactos donde han podido capturar y marcar a los animales. Muchos de esos pescadores fueron tiburoneros hasta hace pocos años; dejaron de serlo ante la escasez de animales y la caída del precio de la aleta a un tercio de lo que valía. Hoy se dedican a la pesca de escama —como pargos o cabrillas — en las mismas montañas submarinas donde antes buscaban tiburones.

Con algunos de ellos Ketchum y su equipo ya probaron que la transición hacia otras actividades productivas funciona. En el Parque Nacional Archipiélago Espíritu Santo, que es parte del corredor migratorio, Pelagios Kajunja financió hace unos años una embarcación para que un grupo de pescadores extiburoneros hiciera vigilancia en el área marina protegida, particularmente en el Bajo de Espíritu Santo donde está prohibido pescar con redes y otras artes de pesca consideradas de impacto. Este año, esos mismos pescadores comenzarán a ofrecer turismo de avistamiento de tiburones y fauna marina. El problema es que la protección que existe en Espíritu Santo se detiene en la frontera invisible del parque nacional.

Por ejemplo, a solo 20 millas al norte, en un islote llamado Las Ánimas, no existe ninguna protección ni regulación, excepto la veda de tiburones y rayas que dura tres meses. “Las Ánimas es un área abierta a la pesca”, indica Ketchum. El problema es que los tiburones martillos que nadan protegidos en Espíritu Santo se mueven hacia allí, donde barcos industriales que utilizan redes de cerco se aproximan a pescar, explica el científico. “Tiran sus grandes redes y sacan de todo, incluido los tiburones. Están básicamente acabando con lo que queda”, señala Ketchum.

El corredor marino que se quiere proteger —y que es al mismo tiempo una de las Áreas Importantes para Tiburones y Rayas (ISRA) reconocidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza— cubre justamente esos vacíos. La iniciativa, sin embargo, deberá nacer de los pescadores para que pueda ver la luz. “Para que este corredor marino se pueda conservar y proteger, se tiene que involucrar a los pescadores desde un inicio y sean ellos quienes busquen las mejores herramientas para su conservación y manejo”, dice Ketchum.

Científicos empiezan a desentrañar los misterios del tiburón gatopardo en Argentina

Durante décadas, lo que se sabía sobre el tiburón gatopardo —Notorynchus cepedianus, uno de los depredadores más grandes del mar argentino— era un rompecabezas armado con piezas sueltas: reportes de pesca deportiva, desembarcos ocasionales, observadores a bordo de barcos industriales. Nadie tenía un mapa real de por dónde se movían. Ahora, gracias a transmisores satelitales ese mapa empieza a dibujarse.

El gatopardo tiene una anatomía que delata su antigüedad evolutiva: una sola aleta dorsal, siete hendiduras branquiales en lugar de las cinco habituales y una mandíbula de articulación primitiva. Es uno de los tiburones de mayor tamaño que se pueden encontrar en en la Patagonia argentina —las hembras llegan a medir hasta 2.68 metros— y lo que es más sorprendente: este tiburón podría ser, incluso, un depredador tope más relevante que la propia orca (Orcinus orca).

Nelson Bovcon, investigador del Instituto Multidisciplinario para la Investigación y el Desarrollo Productivo y Social de la Cuenca Golfo San Jorge (IIDEPyS-GSJ) y del Instituto de Hidrobiología de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, forma parte del equipo que este año, en colaboración con la Universidad Provincial del Sudoeste y Rewilding Argentina, colocó ocho transmisores satelitales en ejemplares capturados en Caleta Malaspina, Chubut, y en Cabo San Antonio, provincia de Buenos Aires.

La técnica de marcado es artesanal. Dado que estos animales nadan muy cerca de la costa, los pescan con caña apenas unos pocos metros desde la playa, meten al animal en escasos centímetros de agua para inmovilizarlo sobre una camilla y en menos de dos minutos lo miden, lo sexan y lo liberan. “Nadan tan cerca de la costa que a veces los agarramos de la cola y los sacamos hacia fuera. De noche escuchas los coletazos; con la linterna ves el brillo de los ojos. Es increíble la cantidad que suele haber”.

Los datos que empezaron a llegar confirmaron los movimientos de estos animales para entender cómo ocupan el territorio marítimo. Todos los ejemplares monitoreados se movieron hacia el norte y al menos una hembra recorrió, casi en línea recta, la distancia completa entre Chubut y la provincia de Buenos Aires. Otro ejemplar nadó 300 kilómetros de ida y vuelta entre Caleta Malaspina y el Golfo Nuevo en un mismo verano. Los hallazgos también están apuntando hacia la posibilidad de que estos animales no nadan siempre pegados al lecho marino como se pensaba, sino que ocupan toda la columna de agua, aunque esto sigue siendo una hipótesis.

El gatopardo está clasificado como Vulnerable por la UICN, aunque Bovcon aclara que esa categoría es, sobre todo, precautoria: es una de las pocas especies cuyo esqueleto no se calcifica, así que no hay forma de determinar con certeza la edad de un ejemplar ni, por lo tanto, cuántas camadas puede llegar a tener en su vida. Lo que sí hay son testimonios de pescadores que documentan una reducción de la población en las últimas tres generaciones. Además, “se conocen matanzas importantes en la década de los 80 y 90. Iban pescando y mataban de a 15, 20 ejemplares. Era algo anecdótico”, cuenta Bovcon.

La amenaza hoy no es tanto la pesca dirigida —nadie sale a buscar gatopardos— sino la incidental. De hecho, aparecen con frecuencia en las redes agalleras costeras de Buenos Aires que los pescadores instalan para capturar otras especies.

La función del gatopardo en el ecosistema, así como la de todos los tiburones, es indelegable. Al ser depredadores topes, regulan las poblaciones de otras especies marinas y garantizan el equilibrio de la cadena alimenticia. Aunque son numerosas las preguntas que aún permanecen sin respuesta para entender a esta enigmática especie, conocer sus movimientos es el primer paso para protegerla.

El artículo original fue publicado por Michelle Carrere en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Los incendios forestales no solo destruyen bosques y fauna. También alteran la calidad del agua de ríos y arroyos. Un estudio analizó el impacto de las quemas ocurridas en 2021 en la región de Chubut, en el sur de Argentina, y detectó cambios en nutrientes, turbidez y composición química en arroyos de montaña. La investigación se centró en cuatro arroyos, donde se identificaron concentraciones de fósforo que llegaron a ser 17 veces superiores respecto de arroyos no afectados por los incendios.

La investigación fue realizada por un equipo de investigación del Centro de Investigación Esquel de Montaña y Estepa Patagónica (Ciemep) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), en colaboración con investigadoras del laboratorio de Química de la empresa INVAP. El estudio incluyó el análisis de la dinámica de nutrientes de arroyos de cuencas quemadas durante 28 meses posteriores al incendio de 2021.

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Esta investigación destaca la importancia de comprender los efectos del fuego sobre ríos y arroyos de cabecera. Para evaluar los efectos del fuego, el equipo comparó cuatro arroyos afectados por las quemas con otros cuatro cursos de agua de características similares que no habían sido alcanzados por las llamas.

Yanina Assef, bioquímica, farmacéutica y doctora en el área de Ciencias Fisiológicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) es una de las autoras del estudio. La experta, en contacto con Mongabay Latam, afirmó que el incendio forestal de 2021 se originó cerca de las localidades de Las Golondrinas y El Hoyo, en la provincia del Chubut, y afectó más de 13 000 hectáreas de bosque de la Patagonia. Assef dijo que estas quemas provocaron importantes pérdidas ambientales, incluyendo extensas áreas boscosas y fauna silvestre, pero también afectó los cuerpos de agua cercanos.

“Todos los efectos [post incendios] pueden tener consecuencias sobre los ecosistemas acuáticos tanto inmediatas como a largo plazo. Por ejemplo, la intensa escorrentía de sedimentos puede tener graves consecuencias para la biota fluvial, incluyendo peces, macroinvertebrados y perifiton [una compleja comunidad de microorganismos]”, detalló Assef. La experta añadió que los aumentos de temperatura que pueden observarse como consecuencia de la reducción de la sombra por las riberas quemadas también pueden tener efectos negativos sobre estas comunidades acuáticas.

“Y el aumento de nutrientes, como fósforo y nitrógeno, puede favorecer un crecimiento excesivo de algas y bacterias, alterando el equilibrio del ecosistema y pudiendo afectar toda la cadena trófica”, dijo Assef.

La investigadora detalló que, durante este período inicial, las concentraciones de fósforo en los arroyos estudiados llegaron a ser hasta 17 veces más altas que las de los cauces donde no hubo afectaciones por los incendios. “Posteriormente, a medida que los niveles de fósforo comenzaron a disminuir, observamos un aumento sostenido y muy importante de los compuestos nitrogenados, especialmente de los nitratos, una tendencia que se mantuvo hasta el final del estudio”, resaltó Assef.

Según el estudio, el crecimiento de nitratos tras un incendio implica una alteración severa del ciclo del nitrógeno en el suelo. Se manifiesta a corto y mediano plazo debido a la rápida descomposición de restos orgánicos, la muerte de microbios y la acción de bacterias nitrificantes sobre el amonio liberado por el fuego. Los nitratos son altamente solubles. Tras las lluvias, son arrastrados fácilmente hacia ríos o acuíferos.

Hallazgo de metales pesados

El estudio también detectó un incremento inicial de algunos metales pesados, incluso en zonas no alcanzadas directamente por el fuego. Los investigadores explicaron que esto podría estar relacionado con el transporte de partículas generadas por la combustión a través del viento.

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“Además del fósforo, que aumenta inmediatamente después del incendio junto con los sedimentos transportados por la corriente de agua, se notan aumentos muy importantes en el nitrógeno -amonio y nitratos y nitritos-. Estos compuestos nitrogenados aumentan luego de uno o dos años de ocurrido el incendio, no inmediatamente”, resaltó a Mongabay Latam Cecilia Brand, bióloga, doctora en Ciencias Naturales, docente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y miembro del Centro de Investigación Esquel de Montaña y Estepa Patagónica (Ciemep) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

La experta, que también es una de las autoras del estudio, dijo que detectaron también alteraciones de las condiciones fisicoquímicas -sólidos transportados, conductividad, deposición de sedimentos y concentración de nutrientes- y, luego, que estos cambios alteran los organismos vivos del ecosistema, principalmente microorganismos e invertebrados.

La bióloga detalló que estos cambios pueden generar consecuencias a largo plazo sobre los ecosistemas acuáticos, al modificar las cadenas alimentarias y afectar potencialmente la calidad del agua destinada al consumo humano. Además, remarcó que el monitoreo permanente de ríos y arroyos resulta fundamental para detectar impactos ambientales y desarrollar estrategias de conservación frente al avance de los incendios forestales.

“Las poblaciones que viven en zonas que han sufrido incendios forestales, en general ven comprometidas sus fuentes de agua. Suelen ser zonas rurales que tienen tomas de agua superficial en arroyos. En estos casos, es importante tomar conocimiento de lo que atraviesa el arroyo hasta el punto de la toma de agua”, dijo Brand. La bióloga añadió que los efectos pueden ser inmediatos, como sedimentación o colmatación de filtros, que son muy evidentes, pero otros como el aumento de nutrientes, que resulta en crecimiento de bacterias y algas, son menos evidentes y requieren análisis específicos.

Agua para consumo humano bajo observación

La principal recomendación que lanza Brand para quienes consumen agua de arroyos que drenan zonas incendiadas es que se pueden observar aumento de bacterias desde los primeros meses posteriores al incendio hasta años después. “Sería importante que se realicen análisis periódicos para detectar la presencia de bacterias y en lo posible tomar precauciones antes de consumirla”, dijo.

“Más allá de eso, es importante preservar los ecosistemas acuáticos hasta su recuperación después de un incendio. En este sentido, recomendamos no intensificar otras actividades que también puedan ocasionar aumentos en nutrientes, por ejemplo, desagües cloacales y pastoreo intensivo, ya que pueden agravar la situación en ríos y arroyos”, resaltó Brand.

Mientras, Assef destaca que, si bien la magnitud y la duración de estos efectos dependerán de las características de cada cuenca, como el tipo de suelo, el clima y la hidrología, es esperable que se observen respuestas similares en otros ecosistemas de la región afectados por incendios.

“Lamentablemente, dos importantes incendios ocurridos en el Parque Nacional Los Alerces durante los veranos de 2024 y 2026, generaron una nueva oportunidad para ampliar este trabajo e incorporar otras cuencas a nuestros estudios”, dijo Assef. La experta agregó que esta investigación se encuentra actualmente en curso y permitirá evaluar si los patrones observados hasta ahora se repiten en distintos ambientes, además de mejorar la comprensión sobre los efectos y la recuperación de los ecosistemas acuáticos después de grandes incendios en Patagonia.

Un problema ambiental poco estudiado

El estudio remarca que, aunque los incendios forestales representan uno de los principales disturbios que afectan a la región de la Patagonia y provocan severas consecuencias sociales, económicas y ambientales, el impacto de estos eventos sobre la calidad del agua sigue siendo un aspecto poco estudiado, tanto en la Patagonia como en Argentina en general.

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“Iniciamos el trabajo de campo en junio de 2021, apenas dos meses después de que el incendio fuera extinguido, y desde entonces hemos mantenido un monitoreo continuo que se extiende hasta la actualidad, aunque el artículo publicado muestra resultados de los primeros tres años”, explicó Assef.

Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina y quien no participó del estudio, explicó a Mongabay Latam que cuando existen incendios se pierde la cobertura vegetal, lo que conlleva al aumento de la erosión del suelo, lo que, a su vez, aporta mayor cantidad de sedimentos a los arroyos, quebradas y ríos. Además, dijo que las quemas provocan aumentos de bacterias y eso perjudica a las comunidades ribereñas.

“Hay una sobrecarga de nutrientes –fósforo, nitrógeno y potasio- que quedan expuestos en el suelo y con las lluvias y el viento pueden llegar a los cuerpos de agua, lo que aumenta la hiperfertilización. Eso genera cambios en la microbiota de las aguas”, dijo Jaramillo.

El director general de la ONG añadió que los efectos de los incendios forestales en los ecosistemas acuáticos de la región patagónica varían según la extensión y la severidad del fuego, las dimensiones del arroyo, la topografía y el tipo de cobertura vegetal. Agregó que los incendios más recientes, como los que ocurrieron en el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, en 2024 y 2026, sugieren la oportunidad de continuar estudios.

Afectación severa

Desde Bolivia, Mónica Guzmán Rojo, hidrogeóloga con doctorado en Ciencias de la Ingeniería por la Vrige Universiteit Brussel. profesora e investigadora de la Universidad Católica Boliviana (UCB), sede Santa Cruz de la Sierra, afirmó a Mongabay Latam que los incendios forestales destruyen la capa vegetal, lo que aumenta la degradación de suelos y provoca inundaciones y erosión de la tierra.

“Al no haber capa vegetal, ésta no actúa como filtro y el agua discurre por las laderas arrastrando material, como cenizas y lodo, producto de las quemas, que acabaron en los ríos amazónicos [en Bolivia]”, detalló Guzmán Rojo, quien no participó del estudio.

La experta aclaró que los incendios provocan desastres en cuerpos de agua visibles, como ríos, arroyos y quebradas, pero también a aguas subterráneas, que no son detectables a simple vista. “Las recargas naturales de agua son producto de los procesos de lluvia y los incendios hacen variar el ciclo de lluvias, cambian los suelos, modifican los procesos de filtración y cambia la transpiración”, dijo Guzmán Rojo, quien añadió que “tenemos un efecto mucho más severo del que se esperaría solamente de las lluvias”. “Tenemos que ponerle mucha atención al agua subterránea, que, aunque no la vemos con el tiempo, será cada vez menos”, añadió.

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Construir un futuro con menos combustibles fósiles para enfrentar la crisis climática, como han prometido los países del mundo en diversas conferencias internacionales, requiere una amplia gama —y cantidad— de minerales. La transición energética, advierte la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, es “fundamentalmente intensiva en minerales”. Paneles solares, turbinas eólicas, vehículos eléctricos y redes para transportar la electricidad dependen de una larga lista de esos elementos que hoy son considerados estratégicos.

Entre esos, el cobre se ha convertido en uno indispensable. Como explica Ana Carolina González, directora para América Latina del Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI) —una ONG que apoya a países del sur global en la gestión transparente y responsable de las industrias extractivas—, “si estamos pensando en una economía descarbonizada, donde los procesos de electrificación van a ser altos, el cobre es un mineral muy importante”. Una sola turbina eólica contiene más de cuatro toneladas de este metal y los vehículos eléctricos utilizan, en promedio, casi cuatro veces más cobre que los automóviles de combustión. Los paneles solares y las baterías de almacenamiento también lo requieren en grandes cantidades.

Sin embargo, mientras la demanda crece, la Agencia Internacional de Energía (IEA) alerta que, para 2035, el mundo podría enfrentar un déficit de cobre cercano al 30 % debido a los “limitados descubrimientos de recursos y los largos plazos de ejecución” de nuevos proyectos. Esto, afirma González, pone a América Latina en un lugar “interesante”: la región concentra cerca del 40 % de las reservas mundiales de este metal, pero el desarrollo de proyectos de exploración y explotación aún sigue siendo bajo. Por eso, añade, no es casualidad que Estados Unidos, China e incluso la Unión Europea estén interesados en este potencial y persigan nuevas alianzas.

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De hecho, en Colombia ya se evidencia un boom para buscar este mineral. Mientras que entre 2001 y 2016 se presentaron, en promedio, alrededor de 10 solicitudes de títulos mineros al año —contratos que otorga el Estado para explorar y explotar minerales en un área determinada—, en la última década la cifra aumentó a casi 60 al año, según el análisis de datos realizado para esta investigación.

Pero esa expansión muestra una de las grandes tensiones de la transición energética: la extracción de los minerales estratégicos también avanza hacia zonas con ecosistemas sensibles, áreas de alto valor ambiental y territorios con alguna figura de protección, que son prioritarios para la conservación y que ayudan a enfrentar la crisis climática por su capacidad para capturar carbono y amortiguar los efectos del calentamiento global.

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Para dimensionar el avance de la minería de cobre en Colombia y Argentina, esta alianza periodística recopiló y geolocalizó, a partir de información oficial de la Agencia Nacional de Minería (ANM) en Colombia y de la Secretaría de Minería de La Nación en Argentina, las iniciativas mineras que buscan extraer este mineral.

El análisis identificó 210 títulos activos y 746 solicitudes vigentes de mediana y gran escala en Colombia que incluyen al cobre entre sus minerales de interés, según el catastro minero de la ANM. En Argentina, se registraron 76 proyectos de cobre aprobados por la Secretaría Minera de la Nación, una cifra que podría incrementar si se tiene en cuenta el descubrimiento reciente de grandes yacimientos.

También se pudo evidenciar que al menos 118 títulos para extraer cobre en Colombia y 21 proyectos en Argentina se encuentran en zonas de importancia ambiental (como áreas protegidas y reservas), y que más de 90 están en tierras comunitarias (resguardos o comunidades indígenas, territorios de comunidades afrodescendientes y zonas de reserva campesina).

Una demanda que acelera nuevos proyectos

Argentina y Colombia no han sido grandes protagonistas en la industria del cobre en la región, pero buscan abrirse paso en el mercado global.

En Colombia, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) ha destacado el potencial geológico del país “gracias a su diversidad de formaciones geológicas con manifestaciones en diferentes tipos de depósitos y regiones”. Sin embargo, actualmente solo hay una mina de cobre en explotación industrial y otra que, recientemente, obtuvo el permiso ambiental para iniciar la construcción del proyecto.

“Solo el 2.5 % del territorio del país tiene títulos mineros. Y, de eso, solo el 0.4 % es de proyectos de cobre”, señaló Lina Franco, presidenta de la Agencia Nacional de Minería en un evento para impulsar la exploración de cobre en 14 áreas definidas por su alto potencial y “bajo riesgo” de conflictos socioambientales, según afirmaron en la ANM.

Para José Cabello, geólogo chileno con más de 50 años de experiencia en el desarrollo minero en la región, el descubrimiento en Argentina de yacimientos como Taca Taca o José María —que podrían ser equivalentes a Chuquicamata, el yacimiento de cobre más grande del mundo ubicado en Antofagasta (Chile)— también son la muestra de que ese país tiene un gran potencial productivo. Sin embargo, hasta ahora la única mina activa en Argentina tiene una producción marginal y, según la Secretaría de Minería, las exportaciones de cobre representan solo el 1.7 % del total nacional.

Para hacerle frente a estos bajos números, Argentina ha impulsado programas como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que promueve la inversión de grandes proyectos a través de exenciones tributarias y fiscales. Un análisis de la consultora financiera Paspartú, publicado en junio de 2026, señala que siete de los 14 proyectos aprobados por el Gobierno Nacional argentino en el RIGI son de minería. De acuerdo con declaraciones de Juan José Carbajales, el titular de la consultora y exsecretario de hidrocarburos de Argentina, muchos de ellos serán proyectos de cobre.

González, del Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI), destaca otro aspecto relevante: el avance de proyectos de cobre está ligado también a la necesidad de encontrar nuevas reservas. “En el mundo hemos explotado el cobre por muchos años y esto significa que los depósitos que existen se están agotando”, sostiene.

Un informe sobre el panorama global de minerales críticos señala que, en promedio, la ley de las minas de cobre —el porcentaje de metal valioso que contiene un depósito, en palabras sencillas— ha disminuido un 40 % desde 1991. “Cada vez necesitas más tierra, más extensión, para lograr la misma calidad que tenías antes”, afirma la experta del NRGI, lo que implica que la expansión de la frontera de extracción termine en zonas ambientalmente sensibles.

El mapa del cobre en Colombia y Argentina

Hasta mayo de 2026, Colombia solo tenía una mina de cobre en operación: El Roble, ubicada en el municipio de El Carmen de Atrato, en el Chocó biogeográfico, una región reconocida por su abundante biodiversidad. Pero eso empezó a cambiar a mediados de ese mes, cuando la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) le entregó al proyecto El Alacrán, al norte del país, el último permiso que necesitaba para iniciar su fase de construcción.

Como estos, cientos de proyectos buscan abrirse camino en la extracción del mineral clave para la transición energética. Según información del catastro minero de la Agencia Nacional de Minería, en Colombia hay por lo menos 210 títulos activos, de mediana y gran escala, que incluyen al cobre entre sus minerales objetivo. De estos, uno se encuentra en etapa de evaluación técnica anticipada (una fase previa a la exploración para evaluar el potencial mineral del área), 89 en etapa de exploración, 17 en construcción y montaje y 103 en explotación.

Sin embargo, como advierte un informe de la UPME, el número de títulos existentes en el país difícilmente refleja la realidad de los proyectos que se encuentran explorando o explotando este mineral, ya que “actualmente las solicitudes y títulos suscritos permiten incluir gran cantidad de minerales, elementos o materiales”. Por ejemplo, de los 210 títulos activos analizados, solo 10 establecieron al cobre como su único mineral objetivo. La mayoría, incluidos los grandes proyectos como El Alacrán y El Roble, incluyen también minerales como oro, plata, platino, plomo, molibdeno, entre otros; aunque no necesariamente extraen todos esos minerales.

“Cuando se solicita un título minero, el catastro está abierto para que el solicitante decida qué minerales van a ser concesibles en ese título [es decir, que podrían ser explotados económicamente mediante un Contrato de Concesión Minera]”, explican desde la Vicepresidencia de Promoción y Fomento de la Agencia Nacional de Minería (ANM) en entrevista. “Entonces, hay títulos que piden muchos minerales distintos y solo cuando avanzan en su Plan de Trabajos y Obras es que queda claro realmente qué mineral van a explotar”, añaden.

En Argentina hay al menos 76 proyectos que buscan extraer cobre que se encuentran registrados ante la Secretaría Minera de la Nación. De estos, 68 —es decir, casi el 90 %— se encuentran en fase exploratoria, siete se encuentran en fases previas a la explotación (como en estudios de prefactibilidad, factibilidad o en construcción) y solo uno se encuentra en explotación.

De acuerdo con los registros de la Secretaría de Minería de la Nación, obtenidos por esta alianza periodística, los proyectos que están más avanzados se ubican en las provincias de San Juan, Catamarca, Mendoza y Salta. Y, de todo el panorama de proyectos argentinos, en al menos seis casos se menciona la relación entre la extracción del mineral y la transición energética. Otros 11 proyectos mencionan temas como eficiencia energética, energías renovables y las metas climáticas globales.

El avance de proyectos mineros sobre ecosistemas sensibles de Colombia

En Colombia, datos de la ANM estiman que el 37 % del potencial de cobre en el país se superpone con Reservas Forestales de Ley Segunda —una categoría de protección que no permite las actividades mineras a menos que el área del título sea “sustraída” temporal o definitivamente, es decir, que se le retire su categoría de reserva—. Otro 22 % se encuentra en áreas donde se prohíbe hacer minería —conocidas, en términos técnicos, como áreas excluibles—.

El análisis geográfico realizado para esta investigación evidenció que, de los 210 títulos de mediana y gran escala que se encuentran activos para buscar cobre en Colombia, hay por lo menos 118 que se superponen con zonas de importancia ambiental como reservas forestales, áreas naturales protegidas, Distritos Regionales de Manejo Integrado, páramos (ecosistemas estratégicos de alta montaña), entre otras. De estos, al menos 24 se encuentran en zonas que actualmente se consideran excluibles (es decir, donde la actividad minera está prohibida), como las Zonas de Protección y Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables de la Sierra Nevada de Santa Marta y del río Magdalena; los Parques Nacionales Naturales Tatama y Paramillo; y los páramos Chiles-Cumbal y Sotará.

Como explica Álvaro Pardo, expresidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y experto en derecho minero-energético, uno de los grandes desafíos al llegar al cargo (en 2022) fue la “depuración” y actualización del catastro minero. “Teníamos una herencia difícil, porque antes se permitía entregar títulos sin mayores restricciones o consideraciones ambientales. Y eso ha sido, históricamente, un problema muy grande en Colombia”.

Cuando asumió la dirección de la ANM, tuvo a cargo la revisión de más de 7000 títulos mineros para, justamente, evitar que avanzaran en áreas con restricciones o prohibiciones. Aunque más de 600 títulos en áreas excluibles fueron archivados, caducaron o fueron devueltos, el problema —insiste— “es que en el pasado se blindó jurídicamente cualquier posibilidad de quitarlos. Cada título que se suprima alegando temas ambientales, se convierte en una posibilidad de una demanda”, señala.

En algunos casos, los títulos mineros se solicitaron cuando las zonas excluibles aún no estaban declaradas como tal. Por ejemplo, los páramos que actualmente tienen títulos mineros vigentes —Chiles-Cumbal (un título) y Sotará (dos títulos)— fueron delimitados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente) en 2018, pero los títulos mineros que se encuentran allí se solicitaron entre 2006 y 2007, y fueron otorgados en 2009, antes de la delimitación. Ese sigue siendo uno de los mayores retos en el ordenamiento minero y ambiental en Colombia.

También hay solicitudes de títulos mineros que se han tramitado en áreas excluibles incluso después de que estas han sido declaradas áreas de conservación. En 2022, por ejemplo, se tramitó ante la ANM una solicitud —actualmente en evaluación— para un título de gran minería (más de 9000 hectáreas) que se superpone con el Parque Nacional Natural Chingaza, un área protegida declarada en 1977 y cuyo páramo terminó su delimitación en 2016. “Cuando un titular minero hace una solicitud sobre esas áreas, no se prohíbe inmediatamente, sino que el titular, a riesgo propio, avanza en los trámites y luego la entidad evalúa su procedencia”, aseguran desde la ANM.

Hay otra parte de los títulos activos en Colombia —94— que se traslapa con zonas ambientales restringidas, es decir, aquellas que también tienen vocación de conservación, pero que, en algunos casos, contemplan la “minería sostenible” o permiten solicitar la sustracción del área protegida para realizar actividades mineras con condiciones, como las Zonas de Reserva Forestal de Ley Segunda. Según el análisis, hay más de 170 000 hectáreas de reservas forestales de Ley Segunda que se traslapan con títulos activos.

Si se tienen en cuenta, además, las solicitudes para nuevos títulos de mediana y gran minería que ingresaron a la ANM (entre 1994 y 2026) y que se encuentran en trámite, al menos 46 se encuentran en zonas excluibles de minería y 308 en áreas con restricciones.

“Desde mi punto de vista, necesitamos los minerales. Y para la transición energética y reindustrializar la economía vamos a necesitar cobre. Pero necesitamos que esos minerales se extraigan con el cumplimiento de todas las normas ambientales que hay y teniendo en cuenta a las comunidades que viven allí”, señala Pardo, quien dejó en 2025 la presidencia de la autoridad minera. “No hacerlo, o flexibilizar esas normativas que llevan tantos años construyéndose, generaría una conflictividad terrible”, insiste.

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Proyectos mineros cerca de glaciares y áreas protegidas en Argentina

En Argentina, el análisis geográfico identificó que al menos 21 proyectos mineros operan en cinco áreas protegidas por acuerdos internacionales y por normativas nacionales y provinciales.

Una de las zonas con mayor cantidad de proyectos es el Parque Nacional San Guillermo, en la provincia de San Juan. Aunque fue declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco, allí operan actualmente cinco proyectos mineros, dos de los cuales forman parte de una de las mayores inversiones mineras de los últimos años: los depósitos José María y Filo del Sol, que en conjunto integran el proyecto Vicuña.

De acuerdo con un Informe de 2023 del proyecto Vicuña, San Guillermo es un área “clasificada como una zona de uso múltiple designada para actividades de desarrollo como la minería, sujeta a requisitos de conservación y uso sustentable de los recursos naturales de manera mutuamente beneficiosa”, algo en lo que también coincide la información oficial y organizaciones ambientalistas consultadas.

También hay 10 proyectos que se superponen o se ubican cerca de geoformas de hielo, en su mayoría en zonas periglaciales: áreas de alta montaña donde el suelo permanece congelado —fenómeno conocido como permafrost— y donde el hielo se esconde mezclado con rocas y tierra.

En conjunto, estas áreas abastecen de agua de manera directa a más de siete millones de personas —el 18 % de la población argentina—, según el Atlas de Glaciares de Argentina, una cifra que equivale a más del doble de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La mayoría de estas geoformas se encuentran en la provincia de San Juan, donde se geolocalizaron 16 proyectos mineros de cobre, entre esos, los proyectos de Los Azules y El Pachón, que figuran entre las iniciativas mineras más avanzadas.

Además, como explica Leandro Gómez, coordinador del Programa Inversiones y Derechos de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina, legislaciones ambientales, como la Ley de Glaciares o la Ley de Bosques, se han flexibilizado para promover el desarrollo de esta industria.

Proyectos mineros y territorios comunitarios

El avance de proyectos para extraer cobre no solo presiona los ecosistemas estratégicos; también se expande en territorios indígenas y comunitarios.

En Colombia, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y los campesinos han sido reconocidos constitucionalmente como poblaciones sujetos de derechos y de especial protección. En sus territorios colectivos (resguardos indígenas y tierras de comunidades afrodescendientes), así como en las Zonas de Reserva Campesina, no está prohibida la minería, pero adelantar actividades de exploración y explotación requiere de instrumentos como la consulta previa y del reconocimiento de las regulaciones o restricciones ambientales de cada territorio.

El análisis geográfico evidenció que en Colombia hay al menos 94 títulos mineros activos de cobre que se superponen con tierras comunitarias: dos están en Zonas de Reserva Campesina, 38 en resguardos indígenas, 28 en Consejos Comunitarios de Comunidades Afrodescendientes y 26 más se superponen tanto con resguardos indígenas como con consejos comunitarios afro.

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En Argentina, las provincias en donde se encuentran los proyectos de cobre son habitadas por más de 110 comunidades pertenecientes a 14 pueblos originarios. Aunque el país reconoció desde 1994 la preexistencia de los pueblos indígenas y la propiedad comunitaria, sus territorios aún no están claramente delimitados: el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) no cuenta con polígonos sobre estos territorios, sino con algunas coordenadas de los puntos donde se instalan las comunidades.

Según Leandro Gómez, de FARN, esto ha puesto en un lugar cada vez más vulnerable a los pueblos indígenas que habitan el país.

El análisis realizado documenta que, de los 76 proyectos mineros inventariados por la Secretaría de Minería, 47 se encuentran a menos de 50 kilómetros de distancia de los territorios indígenas; 17 no superan los 15 kilómetros y hay tres —todos ubicados en la provincia de Salta— que están a menos de cuatro kilómetros. Allí viven comunidades de los pueblos calchaquíes y tastileas, de acuerdo con datos oficiales.

Minerales de Latinoamérica: en la mira de las potencias

El futuro de lo que puede aportar el mapa minero de América Latina al suministro de cobre (y de otros minerales estratégicos) ha hecho que China, Estados Unidos y la Unión Europea busquen intensificar su presencia y establecer nuevas alianzas en la región.

China, por ejemplo, ha impulsado inversiones y numerosas visitas de alto nivel. Solo entre 2013 y 2024, el presidente Xi Jinping visitó seis veces América Latina, más que todas las visitas juntas de los mandatarios estadounidenses Barack Obama, Joe Biden y Donald Trump. El país asiático también ha establecido en su más reciente documento de política sobre América Latina y el Caribe (una especie de declaración oficial sobre la hoja de ruta de prioridades y estrategias conjuntas a largo plazo) que está dispuesto a “ampliar y profundizar la cooperación” en temas de energías limpias y el “aprovechamiento sostenible de recursos minerales”.

El interés por parte de China no es nuevo, señala David Castrillón-Kerrigan, magíster en estudios de Asia y docente investigador de la Universidad Externado de Colombia. “Antes la demanda respondía a otras necesidades, como el desarrollo de infraestructura. Pero ahora la estructura económica china también ha cambiado y produce bienes de otro tipo, con valor agregado”, dice. El caso emblemático es, tal vez, el desarrollo de la industria de vehículos eléctricos y, con ellos, la demanda de minerales críticos.

Pero no son los únicos. La Unión Europea ha dicho que su demanda de cobre podría incrementar en más de un 50 % para 2050 y ha manifestado que América Latina es “estratégicamente más importante que nunca” para garantizar el suministro de materias primas necesarias para la transición. Trump también ha puesto los ojos sobre este y otros minerales: en enero de 2026 le ordenó a sus oficiales concluir acuerdos bilaterales con sus aliados para garantizar el suministro de cobre y otros metales con el objetivo de “no depender de las importaciones de adversarios extranjeros”, como China.

De hecho, su gobierno firmó en 2025 un acuerdo comercial con Argentina para impulsar el comercio de minerales y ofreció 20 000 millones de dólares de apoyo financiero al presidente argentino, Javier Milei.

En palabras de González, de NRGI, América Latina ha avanzado en marcos regulatorios con estándares mínimos en temas sociales, ambientales y de gobernanza, pero en momentos de inestabilidad política, como el actual, esos avances podrían ponerse en riesgo. “Si los países, como bloque, no se ponen de acuerdo en mantener esos estándares mínimos, puede comenzar lo que se ha llamado una ‘carrera hacia el fondo’ que, en palabras sencillas, se traduciría en bajar los estándares, reducir los trámites y flexibilizar normativas para obtener la inversión”, explica. Esa visión, insiste, resulta problemática porque está ganando terreno en la región como una forma de acelerar proyectos extractivos, aun cuando podría profundizar los conflictos socioambientales.

En su opinión, los países deben hacer todo lo contrario: posicionarse con fuerza para defender esos estándares mínimos, pedir a los proyectos que generen valor agregado y que aporten al desarrollo local. “Sabemos —dice— que la demanda [de cobre] tiene su raíz en temas energéticos, pero también tiene que ver con inteligencia artificial, con usos militares, entre otros. Si seguimos demandando minerales a ese nivel, no hay ecosistema ni planeta que aguante”.

* Este artículo fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina y publicado originalmente en Mongabay Latam, puedes leerlo aquí

*Nota metodológica: el análisis de datos realizado para Colombia en este reportaje se hizo con base en títulos mineros activos y solicitudes de títulos vigentes, de mediana y gran escala, que incluyen el cobre como mineral objetivo y que fueron solicitados por empresas, personas jurídicas y/o asociaciones, con corte al 15 de mayo de 2026 (fecha en que se accedió a la información del catastro minero). En Argentina, el análisis se hizo con base en los proyectos mineros de cobre aprobados por la Secretaría Minera de la Nación, con corte al 22 de junio de 2026.

El 14 de abril de 1996 fue un día especial para la provincia de Misiones, en el noreste de Argentina, en la frontera con Paraguay y Brasil. Esa jornada se realizó un plebiscito para consultar a la población si estaba de acuerdo o no con la construcción de una hidroeléctrica. El resultado fue que el 88.63 % de los ciudadanos dijo estar en contra del proyecto. Ahora, tres décadas más tarde, la intención de construir la represa recobró fuerza. El gobierno provincial de Misiones impulsa la consolidación del proyecto junto a autoridades de Paraguay y eso puso en alerta a sectores ambientalistas y científicos.

El proyecto hidroeléctrico fue bautizado con el nombre de Corpus Christi y se trata de una represa binacional entre Argentina y Paraguay sobre el río Paraná, concretamente en la isla Pindo-í, en el municipio de Corpus. Actualmente este proyecto se encuentra en fase de prefactibilidad, es decir, que está en análisis para que las autoridades evalúen si la idea es viable antes de invertir. El objetivo es generar hasta 3500 megavatios (MW) de potencia.

El resultado del plebiscito de 1996 derivó en la sanción de una ley provincial que sigue vigente y que consolidó jurídicamente el veredicto popular. Además, estableció el impedimento para la construcción de la represa de Corpus Christi y de otros posibles proyectos hidroeléctricos de características similares sin la aprobación de la ciudadanía mediante un nuevo proceso de consulta. En otras palabras: ante cualquier proyecto de represa en la provincia de Misiones, el Gobierno provincial debe llamar a votación obligatoria y vinculante, según interpretan los abogados consultados para esta nota.

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Martín Ferroni, activista ambiental y representante legal de la Asociación Civil Orembaé, explicó a Mongabay Latam que el proyecto hidroeléctrico no tiene una Evaluación de Impacto Ambiental y remarcó que la ley provincial que avaló el plebiscito de 1996 está vigente, por lo que considera que no puede ser derogada ni por un decreto ni por otra norma.

“Acá nosotros tenemos un plebiscito con una decisión popular vinculante que no puede ser derogada por una ley ordinaria y mucho menos por un decreto, por más que se consiga una mayoría absoluta en la legislatura, la ley no puede ser derogada por una norma de poder constituido”, resaltó Ferroni.

El abogado detalló que también la Ley General del Ambiente, que rige para toda Argentina, establece el principio de no regresión ambiental. “Esto significa que se alcanzó un nivel de protección, entonces no se puede establecer un nivel de protección menor con otra norma. Nosotros tenemos una ley que prohíbe la construcción de la represa y en ese sentido se estableció el máximo nivel de protección ambiental”, dijo Ferroni.

Además, el jurista añadió que la ley solo puede ser derogada con una declaración de inconstitucionalidad de la norma. “Incluso llamando a un nuevo plebiscito ya se estaría contradiciendo la ley”, sostuvo.

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Por su parte, Raúl Bregagnolo, activista ambiental y representante de la Mesa Provincial No a las Represas, afirmó a Mongabay Latam que existe la intención de una parte de la legislatura de Misiones para aprobar una ley que convoque a un nuevo plebiscito que consulte a la población si está de acuerdo o no con la construcción de la hidroeléctrica Corpus Christi.

La respuesta oficial

La organización Orembaé solicitó en mayo de este año información pública ambiental al Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones. La respuesta llegó a la organización el 29 de ese mes. En el documento se confirma que no existe un estudio de impacto ambiental presentado por los impulsores de la obra, ni dictámenes técnicos de la autoridad ambiental o una Declaración de Impacto Ambiental.

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Mongabay Latam pidió información al Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la provincia de Misiones para conocer en qué etapa se encuentra este proyecto hidroeléctrico y si existen estudios ambientales aprobados. Sin embargo, la entidad pública no respondió los requerimientos.

El delegado argentino en la Comisión Mixta del Río Paraná (Comip), José López, defendió el proyecto hidroeléctrico y aseguró a Mongabay Latam que antes de 2020 se realizaron diferentes estudios ambientales por un consorcio internacional integrado por Harza Engineering (Estados Unidos), IATASA (Argentina) y TECMA (Paraguay).

López afirmó que, entre sus principales conclusiones, los estudios “determinaron la factibilidad ambiental” del proyecto y dijo que se recomendó el emplazamiento Pindo-í como lugar de construcción de la represa “por presentar la menor afectación ambiental entre las alternativas evaluadas”.

“En 2020, la Comip impulsó una actualización de las afectaciones ambientales y sociales del proyecto, revisando información territorial, viviendas potencialmente afectadas, bosques de ribera, áreas protegidas, comunidades originarias y sitios arqueológicos”, detalló López. Dicho trabajo permitió contrastar los resultados de los estudios originales con información más reciente y ratificó la existencia de una base técnica sólida susceptible de actualización y mejora permanente, según el funcionario.

Sin embargo, el también economista aclaró que los estudios actualmente disponibles pertenecen a etapas de prefactibilidad y factibilidad. “Su finalidad es determinar la viabilidad técnica, económica, ambiental y social del aprovechamiento, comparar alternativas y establecer preliminarmente la magnitud de las afectaciones previsibles”, dijo.

“Como ocurre en cualquier proyecto de infraestructura de gran escala, estos estudios no sustituyen la documentación propia de una eventual etapa ejecutiva. Si existiera una decisión institucional de avanzar con el proyecto, deberían actualizarse numerosos relevamientos, profundizarse estudios específicos, incorporar nueva información ambiental y cumplirse integralmente todos los procedimientos previstos por la legislación vigente”, añadió López.

Martín Arjol, diputado provincial de Misiones del Partido Libertario, es uno de los políticos que impulsa un nuevo plebiscito para aprobar la construcción de la hidroeléctrica. El legislador, en contacto con Mongabay Latam, afirmó que la realidad energética de Misiones y de la Argentina cambió completamente y que hace 30 años el contexto era otro. “Hoy la demanda eléctrica crece de manera sostenida, la provincia depende en gran medida de energía generada fuera de su territorio y cada verano vivimos las consecuencias de un sistema cada vez más exigente”, dijo.

Arjol añadió que el proyecto que se estudia “no es simplemente reeditar una discusión del pasado” y confirmó que existe un estudio de prefactibilidad actualizado que identifica al emplazamiento Pindo-í como la alternativa con menores afectaciones socioambientales. Dijo que esta opción reduciría la superficie inundada, las relocalizaciones y otros impactos.

“Nuestro planteo no es construir una represa por decreto. Nuestro planteo es debatir con información actualizada y que la decisión final la tome la ciudadanía”, afirmó Arjol. “Quienes sostienen que el tema no puede volver a discutirse, en realidad están diciendo que los misioneros nunca más pueden opinar sobre una cuestión estratégica para el futuro de la provincia”, afirmó.

Estudios parciales y de 2020

Jonathan von Below, ingeniero forestal de la Universidad Nacional de Misiones y doctor en Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Buenos Aires (UBA), tiene una mirada diferente a la de López. El experto afirmó a Mongabay Latam que la represa, en caso de consolidarse, traerá afectaciones al medioambiente y a la biodiversidad.

Von Below detalló que la iniciativa puede alterar ecosistemas ribereños y generar gases de efecto invernadero al descomponerse la materia orgánica inundada. Dijo que también puede bloquear la migración de peces y alterar el transporte de sedimentos. “Una presa frena el agua. El agua lleva arena y nutrientes. Si el agua se frena, la arena y los nutrientes se quedan atrapados. Esto afecta a los animales del río Paraná aguas abajo”, afirmó.

El especialista resaltó que el estudio de prefactibilidad más actualizado data de 2020 y es el que evalúa el emplazamiento Pindo-í con potencias proyectadas entre 2880 MW y 3456 MW, según explicó. Von Below aseguró que la superficie de inundación permanente sería de 13 838 hectáreas. Al ser un proyecto binacional 6709 hectáreas estarían afectadas en Argentina y 7129 hectáreas en Paraguay.

Además, el experto detalló que nueve áreas protegidas del lado argentino tendrían algún nivel de afectación si se concreta la represa, incluyendo las reservas ícticas (relativas a peces) de Corpus y Caraguatay, que estarían afectadas en su totalidad, y la Isla Caraguatay, que podría verse afectada en un porcentaje alto.

Según von Below, entre agosto y noviembre de 2025 surgieron propuestas de un nuevo plebiscito para materializar el proyecto, pero esta intención –dijo- generó rechazo generalizado de organizaciones ambientalistas y sociales.

Von Below detalló que el proyecto hidroeléctrico está ubicado en la selva paranaense, una zona que es el remanente más importante de la Mata Atlántica en Argentina. La selva misionera alberga el 52 % de la biodiversidad del país: más de 564 especies de aves, 260 de peces, 150 de mamíferos, 116 de reptiles y miles de especies vegetales, según el propio gobierno de Misiones y el Instituto Misiones de Biodiversidad.

“En los últimos 120 años se ha perdido el 95 % de la extensión original de la Mata Atlántica argentina. El 5% restante se concentra mayoritariamente en la provincia de Misiones. El mayor desastre ambiental documentado en esta ecorregión fue precisamente el embalse de Itaipú -ubicada sobre el río Paraná, en la frontera entre Brasil y Paraguay-, que inundó aproximadamente 1200 kilómetros que albergaban cientos de especies vegetales y animales”, destacó von Below.

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Desde los acantilados rocosos de la Región de Valparaíso, en la zona central de Chile, el océano Pacífico se estrella con una fuerza imponente. La panorámica ofrece un mar azul, vibrante y aparentemente inalterado. Sin embargo, bajo esa superficie de oleaje constante, la costa continental e insular chilena ha comenzado a mostrar las huellas de un desequilibrio silencioso. Así lo documentó Mongabay Latam en 2025, cuando dio a conocer que, de acuerdo al Centro de Investigación Marina Quintay (CIMARQ) de la Universidad Andrés Bello, un aumento poblacional de tres especies de erizo negro está transformando drásticamente los ecosistemas marinos.

Tras un monitoreo submarino que combinó buceo con herramientas de inteligencia artificial, el equipo científico de CIMARQ arrojó un diagnóstico inquietante: los erizos negros están devorando sin tregua los bosques de algas, dejando a su paso “fondos blanqueados” desprovistos de alimento, refugio y oxígeno. El peligro es mayúsculo, ya que al desaparecer estas algas —que funcionan como verdaderos “árboles” submarinos—, peces, moluscos y mariscos, de los que depende la pesca artesanal, se quedan sin hogar.

Sin embargo, la ciencia también encuentra matices esenciales para entender el problema. Y es que el erizo no es una especie invasora ni el “malo” de la película, dice Francisco Contreras-Drey, director de ciencia y monitoreo de la Fundación Capital Azul, sino que es un actor nativo e histórico de los fondos rocosos chilenos que hoy simplemente presenta un crecimiento desmedido.

El experto explica que el verdadero origen de la crisis no es el erizo en sí, sino la severa alteración de la cadena trófica: al desaparecer los depredadores naturales de esta especie, debido a la sobrepesca histórica y a las alteraciones del agua por el calentamiento global, “el erizo se quedó sin frenos biológicos que contuvieran su crecimiento”.

Es precisamente esa comprensión la que explica el asombroso éxito de una estrategia comunitaria implementada frente a este escenario de degradación.

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En la región de Valparaíso, específicamente en las caletas de Ventanas y Zapallar, los pescadores artesanales, en alianza con la Fundación Capital Azul, decidieron no combatir al erizo, sino devolverle al ecosistema su equilibrio original a través de los refugios marinos: áreas acotadas de protección estricta y exclusión total de pesca implementadas de manera voluntaria.

Estas zonas de resguardo se ubican al interior de las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB), espacios en el mar regidos por una política pública que entrega derechos exclusivos de uso a organizaciones de pescadores artesanales para administrar de forma sustentable los recursos del fondo marino. Al destinar una pequeña porción de sus AMERB a la no extracción absoluta, los pescadores actúan como diseñadores de su propia restauración ecológica.

Al retirar la presión humana en estos perímetros, la naturaleza respondió con una velocidad inesperada. Los depredadores nativos regresaron a ocupar su rol, el pastoreo de los erizos negros comenzó a bajar de forma natural y, libres de esa presión, los bosques de algas volvieron a colonizar la roca viva, demostrando el poder de las soluciones basadas en la naturaleza.

El retroceso del erizo negro

Para comprender la magnitud de la recuperación de los ecosistemas en estas dos caletas de pescadores es necesario sumergirse en las bitácoras y series de tiempo oficiales que el equipo científico de Capital Azul ha levantado año tras año en el terreno.

El refugio marino de Ventanas, creado en 2016 y formalizado mediante un convenio en 2017, abarca una superficie exacta de 11.7 hectáreas alrededor de Punta Los Lunes, una saliente rocosa cuyas paredes caen de forma pronunciada hasta superar los 20 metros de profundidad.

Esta caleta de 45 socios (44 hombres y una mujer) se ubica en una zona históricamente golpeada por la degradación industrial de la bahía de Quintero. Pese a este entorno complejo, los monitoreos biológicos arrojaron una cifra espectacular. Desde 2019, “la presencia del erizo negro disminuyó en un 96 %”, asegura Contreras-Drey, pasando de registrar 2172 individuos a solo 77 en los últimos censos.

Esta caída masiva de la densidad del erizo negro coincidió con el resurgimiento de la cadena trófica.

A partir de 2020, la abundancia de la estrella común (Stichaster striatus) se multiplicó por tres y la población del sol de mar (Heliaster helianthus) se duplicó. Ambos, al ser depredadores del erizo, regulan el ecosistema.

El bosque submarino, al liberarse de la presión del pastoreo que realizaba el erizo, volvió a brotar. Los ejemplares del alga huiro palo (Lessonia trabeculata) se triplicaron, pasando de 55 a 180 individuos. A su vez, ello abrió espacio para que la actinia naranja (Phymactis papillosa) aumentara ocho veces su presencia, creando un microhábitat que permitió el registro exclusivo de la jaiba mora (Homalaspis plana).

Cuando disminuye el erizo negro, explica Contreras-Drey, “la cadena trófica completa se ve beneficiada, atrayendo incluso a mamíferos como el chungungo (Lontra felina), la nutria llamada el gato marino, y diversificando los peces de roca”. Sin embargo “en la literatura científica internacional, la recuperación biológica en áreas restringidas a la extracción tiende a llevar entre 10 y hasta 15 años”, precisa el experto. “Ver estos cambios positivos en sólo cinco o seis años en Ventanas y Zapallar nos llamó bastante la atención”, agrega.

A solo unos kilómetros al norte, el refugio marino de Zapallar —inaugurado oficialmente en 2021 con 12.4 hectáreas alrededor de la emblemática Isla Seca— consolida esta tendencia ecológica de manera impecable. Los datos oficiales de la fundación detallan que en Zapallar el erizo negro se redujo a la tercera parte (un 66 % menos que en 2021), mientras que el huiro palo experimentó una explosión biológica de seis veces, pasando de 20 a 120 ejemplares en los cuadrantes de muestreo.

El blindaje ecológico del refugio marino es evidente cuando se compara con el área del AMERB que es explotada, pues la presencia de la estrella común al interior del refugio es casi el triple que en las zonas vecinas abiertas a la pesca.

Los números en Zapallar muestran que la riqueza de macroinvertebrados móviles, como los caracoles marinos, lapas y pequeños crustáceos se duplicó entre 2021 y 2025 (pasando de 11 a 15 especies), mientras que peces de roca como el bilagay (Cheilodactylus variegatus), la jerguilla (Aplodactylus punctatus) y el rollizo (Pinguipes chilensis) duplicaron su abundancia, registrándose además por primera vez 10 ejemplares de blanquillo (Prolatilus jugularis).

La nueva abundancia de Zapallar

“Al principio fue una idea muy loca, porque nosotros somos una caleta de buzos mariscadores”, relata con honestidad Sergio Veas, presidente del Sindicato de Pescadores de Caleta Zapallar, quien lleva 10 años liderando la organización.

Veas recuerda con profunda emoción a Benjamín Lagos, fallecido científico de Capital Azul, quien llegó a la caleta proponiendo cerrar voluntariamente una porción de mar. “Complicado para nosotros al principio, le dije: ‘Tú estás loco’. Luego le conté a las personas de la caleta y me mandaron a la punta del cerro”, confiesa el dirigente.

El escepticismo inicial se debía al gran valor comercial de la zona elegida. “Dejamos uno de los mejores lugares de pesca, una zona sumamente rentable de donde solíamos sacar 10 000 locos (Concholepas concholepas)”, explica Veas. Sin embargo, el trabajo constante de conversación rindió frutos en un espacio donde el avance del erizo negro ya amenazaba con mermar los recursos. “Cuando tuvimos la votación final, todos levantaron la mano”, cuenta el dirigente.

La resistencia inicial ante un concepto tan contraintuitivo como “conservar para explotar más” se disipó cuando los pescadores comenzaron a evidenciar el “efecto desborde”. Al retroceder el erizo negro por la acción de los depredadores nativos, el refugio comenzó a llenarse de piure (Pyura chilensis), el alimento predilecto del loco, y los moluscos crecieron sin intervención. Hoy, el lugar donde los erizos negros mantuvieron por mucho tiempo la roca desnuda está lleno de peces y familias de locos que se salen del refugio marino colonizando las áreas donde sí pueden ser aprovechados por los pescadores.

“Ellos ponen los botes justo en la orilla del refugio y sacan locos gigantes que valen mucho más en el mercado”, cuenta Veas con orgullo, agregando que el refugio redujo los tiempos de navegación y generó un ahorro sustancial en combustible.

La abundancia es tal que traspasa las mediciones científicas ordinarias y se convierte en anécdota local. Veas relata que durante un trágico operativo de búsqueda de una persona extranjera que cayó al mar cerca de la caleta, los buzos tácticos de la Armada de Chile ingresaron a rastrear las profundidades de la Isla Seca. Al salir a la superficie, los marinos estaban impactados. “Nos contaban que en ningún lado de la costa chilena habían visto tanta vida, tantos pescados y tantos locos juntos”, recuerda el dirigente.

La vida regresó con tanta fuerza que los monitoreos grabaron en video el retorno del pejeperro (Semicossyphus darwini), un emblemático pez de roca que cambia de sexo y color al crecer, y del cual ya se observan parejas reproduciéndose e individuos juveniles nadando entre las algas. “Para nosotros como pescadores, el pejeperro era una especie que ya considerábamos prácticamente extinta en la zona debido a la pesca indiscriminada y a la contaminación. Este refugio marino sirvió para verlo regresar”, dice Veas.

Sin embargo, mantener este oasis no es una tarea exenta de riesgos.

“Si alguien entra a depredar o a extraer a los depredadores que controlan al erizo negro puede echar a perder años de trabajo en una hora”, explica Rodrigo Sánchez, director ejecutivo de Capital Azul.

Para mitigar esta amenaza de pescadores furtivos y buceo deportivo descontrolado, el sindicato de pescadores de Zapallar y Capital Azul implementaron un sistema de monitoreo remoto de alta tecnología: dos cámaras con visión nocturna, infrarrojo y sistemas de disuasión automática instaladas en Isla Seca, complementadas con un proyecto piloto de hidrófonos submarinos conectados a internet en tiempo real, que captan desde el ruido de motores de lanchas sospechosas hasta el canto de las ballenas.

“Pero las mejores cámaras son los vecinos de Zapallar, ellos mismos avisan si anda un bote extraño”, destaca Veas.

La conservación transformó además la economía de la caleta a través de la “plata circular”. La creación del refugio marino dio paso a una escuela de buceo recreativo que lleva a turistas a conocer el área, paseos en bote con tablillas educativas bilingües y un flujo constante de clientes para los locales de empanadas y los dos restaurantes del sindicato. “Perdimos por un lado, pero ganamos por otro. Hoy el sindicato está feliz”, asegura el líder comunitario, quien durante la última Fiesta de San Pedro acordó junto a la fundación Capital Azul renovar el convenio de protección por 10 años. “Cuando se cumplan, quiero firmar uno por 100 años para la conservación”, dice.

Escalando el freno biológico del erizo negro

Para la Fundación Capital Azul, el impacto social y ecológico acumulado en esta década en la Región de Valparaíso demostró que la conservación costera no debe ser una actividad exclusiva de grandes ONG internacionales o de la academia.

Según explican desde la organización, el modelo logró romper el muro que históricamente marginó a los pescadores artesanales de las decisiones científicas y del financiamiento ambiental.

“Un hito histórico se consolidó en 2024 con la promulgación de la Ley Bentónica, que reconoció legalmente la figura de los refugios marinos como zonas voluntarias de protección dentro de las áreas de manejo de Chile”, destaca Sánchez. Según explica el director ejecutivo de Capital Azul, este avance permite que “las comunidades locales accedan formalmente a incentivos y retribuciones por servicios ecosistémicos”, como la recuperación de depredadores que controlan por sí mismos el sobrepastoreo del erizo.

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“Cuando los refugios marinos pasan a ser política pública, surge la necesidad de escalar y llevar este modelo a otras regiones del país”, detalla Sánchez. Con el apoyo de la organización internacional The Nature Conservancy (TNC), Capital Azul cruzó las fronteras de la zona central para implementar el primer refugio fuera de Valparaíso: la localidad de Guadei, en la Región de Los Ríos. Se trata de un área administrada por una asociación indígena que busca resguardar la salud de sus pesquerías. Aquí, el biólogo marino y director del área de ciencia y monitoreo de Capital Azul, Francisco Contreras-Drey, ya se encuentra levantando la línea de base científica para monitorear el estado de salud de los fondos rocosos, antes de que se repitan los desequilibrios tróficos vistos en el norte y centro del país.

Para asegurar la sostenibilidad económica y operativa del modelo, Capital Azul diseñó la “escuela de refugios marinos”. Este programa busca transferir las metodologías científicas y los aprendizajes comunitarios acumulados directamente a municipios, consultoras y sindicatos locales, otorgándoles autonomía. La posta también ya fue tomada en la Región de Los Lagos, específicamente en la comuna de Ancud, Chiloé, donde el Sindicato Mar Adentro de Chepu impulsa de forma virtuosa su propio refugio con el acompañamiento de la ONG local CECPAN y bajo el paraguas del proyecto GEF de Incentivos Económicos para la Conservación de la Biodiversidad.

La relevancia de esta red colaborativa quedó demostrada cuando Capital Azul invitó a Sergio Veas a viajar al sur de Chile para exponer su experiencia ante nuevas comunidades de pescadores que anhelan replicar el éxito de la Isla Seca. Veas, que nunca había salido de su región para hablar de conservación, personifica el cambio de paradigma de la costa chilena: el tránsito de pescadores que pasaron de considerarse “depredadores” a convertirse en guardianes de sus propios bosques sumergidos.

El artículo original fue publicado por Barinia Montoya en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La bióloga argentina Nadia Boscarol navegó el río Bermejo en kayak en 2017, 2018 y 2024, bajó por el río Paraná desde Formosa hasta Buenos Aires remando durante un mes y recorrió el río Santa Cruz. Esa cercanía con el agua atraviesa también su carrera, que pasó por un laboratorio de neurofarmacología del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), el Zoológico de Buenos Aires y casi 20 años en la Secretaría de Ambiente de la Nación, la mayoría trabajando con humedales. Boscarol además es una de las más de 60 activistas y kayakistas que remaron 350 kilómetros por el Delta del Paraná en agosto de 2021 para llevar al Congreso argentino una petición firmada por más de 300 organizaciones exigiendo una Ley Nacional de Humedales.

Formado por sedimentos que arrastra el río Paraná, el Delta se extiende entre las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, y Buenos Aires, en el centro-este del país, creando un entramado de islas, lagunas y arroyos que integran uno de los humedales más importantes de Argentina y una ecorregión de 5.6 millones de hectáreas. Además de su biodiversidad, sus humedales ayudan a regular inundaciones, filtrar contaminantes y abastecer de agua a las localidades linderas. La protección de este sistema ha sido objeto de un extenso debate legislativo: desde 2013 se han presentado sucesivos proyectos de Ley de Humedales para su protección, que nunca han llegado a aprobarse. Bajo el gobierno de Javier Milei, la iniciativa no forma parte de la agenda legislativa nacional y ha perdido centralidad en el debate político.

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Boscarol, con 64 años, coordina el programa Corredor Azul de la Fundación Wetlands International y advierte que ese ecosistema. que cubre de 14 000 kilómetros cuadrados, está bajo una presión múltiple y creciente. “Los humedales son como los riñones del planeta”, dijo en conversación con Mongabay Latam. “Nadie les presta atención hasta que empiezan a fallar”.

A esa presión se suman, en los últimos años, el endicamiento (represamiento de un cuerpo de agua) para ganadería y el relleno artificial para la construcción de viviendas privadas que están transformando el humedal. Además, en noviembre de 2024, el gobierno de Javier Milei abrió una licitación internacional para concesionar por 25 años la hidrovía Paraná-Paraguay, el corredor fluvial por donde circula el 80 % de las exportaciones argentinas y cuyo tramo inferior atraviesa el Delta del Paraná. Este primer proceso quedó sin efecto en febrero de 2025, tras denuncias de supuestas irregularidades.

Diez meses después, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) convocó a un nuevo proceso de licitación que culminó el 18 de junio con la adjudicación al consorcio Jan De Nul N.V.. Según el Pliego de Especificaciones Técnicas, la segunda etapa de obras de dragado sobre la hidrovía, profundizará el lecho del río a 40 pies (12.19 metros) en el tramo Timbúes-Paraná de las Palmas. Desde el Canal Emilio Mitre, que atraviesa el Delta del Paraná, la profundidad prevista es de 39 pies (11.89 metros). Todo esto, advierte Boscarol, sin estudios de impacto ambiental actualizados ni información pública sobre cómo se realizaría la modificación del lecho del río. Las Bases y Condiciones del pliego sólo exigen los permisos ambientales si el concesionario decide profundizar aún más, hasta 42 o 44 pies (12.81 y 13.41 metros), en el tramo hacia el Canal Emilio Mitre.

Además, el “Informe de Gestión y Evaluación Ambiental de la Vía Navegable Troncal” sometido a audiencia pública en noviembre de 2025, aclara explícitamente no ser una Evaluación de Impacto Ambiental y se apoya en planes de gestión ambiental que datan de 2007 y 2011 para el dragado a 36 pies.

El 15 de mayo de 2026, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó un dictamen ante la Fiscalía Federal N°9 en el que advirtió que la licitación avanzó sin Evaluación de Impacto Ambiental y en incumplimiento del Acuerdo de Escazú (tratado regional que garantiza el acceso a la información ambiental y la participación ciudadana, al cual Argentina adhirió en 2021), tras recibir presentaciones de organizaciones ambientales y consorcios portuarios. Con ese dictamen como respaldo, organizaciones presentaron una medida cautelar ante el Juzgado Federal N°7 para suspender el proceso de licitación. Sin embargo, el fiscal Guillermo Marijuan rechazó la cautelar y el proceso siguió su curso.

Boscarol habló con Mongabay Latam sobre los riesgos que enfrenta el Delta del Paraná frente al dragado de la hidrovía Paraná-Paraguay, recién adjudicada por el gobierno argentino.

—¿Qué hace al Delta especial?

—El Delta del Paraná es lo que se llama un humedal fluvial, asociado a un río de llanura que serpentea con muy poca pendiente y que periódicamente se desborda. Cuando eso pasa, el agua queda retenida en lo que se llama el valle de inundación y forma los humedales. Es un sistema vivo y en permanente movimiento. El río Bermejo arrastra desde las montañas de Bolivia una cantidad increíble de sedimentos que llegan al [río] Paraguay y de ahí al Paraná, y eso hace que haya islas que se forman y otras que desaparecen. Yo lo navegué en kayak varias veces y nunca es igual de un año al otro.

Cuando el río desborda, las lagunas que quedan en los humedales funcionan como criaderos naturales, el sábalo (Prochilodus lineatus) desova ahí, las larvas se crían protegidas y al año siguiente vuelven al río como peces adultos. De esas lagunas viven miles de familias de pescadores artesanales en toda la zona de Victoria [en Entre Ríos], Rosario [en Santa Fe] y el Delta de la provincia de Buenos Aires, que salen con su bote, ponen el espinel y venden lo que sacan. Además, el humedal funciona como una esponja que regula las inundaciones y como purificador natural del agua, a través de bacterias y vegetación que filtran contaminantes antes de que lleguen a las plantas potabilizadoras.

—Según un informe del Instituto Nacional del Agua, la bajante extraordinaria del Paraná que comenzó en 2020 generó impactos críticos en el Bajo Delta, incluyendo la inaccesibilidad de cursos de agua y dificultades de abastecimiento en comunidades. Desde el programa Corredor Azul, ¿cuál es su diagnóstico?

—Lo que nosotros seguimos de cerca son los endicamientos. Cada cinco años hacemos un mapeo satelital de cómo avanzan en el Delta y lo que vemos es preocupante. Según nuestra última actualización de 2025, el 14 % de la superficie del Delta ya se encuentra endicada, casi dos millones de hectáreas encerradas por terraplenes. Cuando alguien construye un dique para sembrar soja o para tener ganado todo el año, o rellena un humedal para hacer un barrio privado, esa esponja desaparece, pero el agua no desaparece, va a otro lado, siempre al lugar más bajo, donde vive la gente más vulnerable.

—¿Entonces los endicamientos son la principal causa de la crisis?

—No hay una sola causa y es difícil decir “esto sucede acá por este motivo”. El cambio climático está ahí, pero el sistema también es muy plástico y elástico. Lo que sí podemos decir es que estamos acumulando estresores más rápido de lo que el sistema puede adaptarse, y a eso le sumas que seguimos interviniendo en el sistema. Si yo aumento la profundidad del canal de navegación, el agua se va más rápido y no llega a alimentar a los humedales. Y nosotros necesitamos que esa agua permanezca.

—Con la concesión de la hidrovía ya adjudicada, ¿qué encontró al revisar el pliego definitivo respecto a los estudios de impacto ambiental?

—Lo que encontramos con la hidrovía es que las audiencias públicas y los estudios de impacto ambiental han perdido su sentido originario. El pliego técnico tiene casi 1200 páginas, lo que lo hace muy difícil de analizar. Hubo un pedido de amparo para detener la licitación justamente por la falta de estudios de impacto ambiental y el juez subrogante a cargo lo rechazó en su último día en el cargo. Lo único que el pliego exige en materia ambiental es un estudio técnico, legal y ambiental si en el futuro se quiere profundizar más allá de los 40 pies que se van a dragar ahora, hacia los 42 o 44 pies. Es decir, la concesión no draga directo a esa profundidad mayor, pero queda obligada a estudiar si es viable. Para los 40 pies que arrancan de inmediato, no se exige ningún estudio nuevo.

—¿Existen antecedentes en Argentina de dragados de esta escala?

—En 2023, en el puerto de Diamante una empresa dragadora tiró el sedimento que sacaba del lecho directamente sobre la costa y tapó un río entero [se trata de una obra de dragado portuario provincial, distinta a la licitación nacional de la hidrovía Paraná-Paraguay].

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—¿Qué riesgos concretos implican esos dragados para el ecosistema?

—Habrá afectación a la pesca porque si el agua se va más rápido por un canal más profundo no llega a alimentar las lagunas donde se crían los peces. También, aumento de la erosión en las costas, que ya está destruyendo casas y nadie lo considera en ningún estudio; y alteración de toda la hidrología natural del Delta. Yo nunca pude acceder a información pública sobre qué volúmenes se van a extraer ni dónde se van a depositar los sedimentos. Paraguay ya construyó un barco que se llama Don Tocho, diseñado especialmente para navegar con poca profundidad. En Shanghái, que tiene el mayor comercio fluvial del mundo, los barcos entran unos 200 kilómetros (124 millas) y del resto para arriba trabajan con barcazas. Entonces yo me pregunto ¿por qué adaptar el río a los barcos y no los barcos a los ríos?

—¿Qué queda por hacer frente a este escenario?

—Creo que hay que estar alerta y seguir el proceso, porque también estamos viendo qué pasa con otras situaciones de amenaza ambiental y quizás la situación de la hidrovía cambie. Desde las organizaciones, hay que seguir alzando la voz para que se hagan los estudios ambientales antes de avanzar con las profundizacion a 40 pies previstos para el corto plazo.

El artículo original fue publicado por Ana Victoria Domínguez Britos en Mongabay Latam. Puedes leerlo aquí .

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Claudio Angelo hace una pausa durante la London Climate Action Week, el principal evento sobre políticas climáticas de Europa, en medio de un calor extremo. Hace apenas dos semanas se encontraba en otra ciudad europea: Bonn, Alemania. Allí delegados de todo el mundo se reunieron para sentar las bases de las decisiones que se tomarán en la COP31, la próxima cumbre climática global de las Naciones Unidas.

Angelo regresó con poco entusiasmo de Alemania, donde también fue observador de la sociedad civil. Escribió junto a su colega Stela Herschmann un artículo sobre el escaso avance de los debates entre los países del mundo, los desencuentros entre países desarrollados y en desarrollo sobre quién debe pagar la mitigación y la adaptación al cambio climático y los intentos por bloquear a los científicos en sus conclusiones sobre el calentamiento de la tierra y las medidas urgentes a tomar.

Aún así -dice que no quiere ser optimista- muestra entusiasmo cuando habla del avance de la electrificación en ciertos países y de las energías renovables, que, advierte, se están volviendo cada vez más accesibles incluso en países no tan ricos como el suyo, Brasil. Pero, agrega, el proceso está yendo a un ritmo demasiado lento con respecto al calentamiento de la Tierra. De fondo, el objetivo debe ser limitarlo a muy por debajo de 2 °C, y preferiblemente a 1.5 °C, en comparación con los niveles preindustriales. Para eso, los países deben reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.

En noviembre próximo, Turquía recibirá a los países de la ONU en la ciudad de Antalya para la COP31. Bonn debía implicar avances en las negociaciones en temas de adaptación, mitigación, transición justa y buscar acelerar la transformación de los acuerdos en acciones concretas que beneficien a la población. Angelo explica en esta entrevista con Mongabay Latam que la reunión produjo pocos de esos avances y terminó fracasando, dejando al Acuerdo de París en crisis.

—Escribió que el Acuerdo de París está en crisis y que los países ni siquiera parecen saber qué implica la etapa en la que estamos: la implementación del acuerdo. ¿Cómo deberían avanzar efectivamente los países?

—Lo primero que los países deben comprender es qué significa la implementación. Desde 2022, en la Conferencia del Clima de Sharm el-Sheikh [Egipto, la COP27] se ha dicho que es el momento de la implementación. “Esta es la COP de la implementación”. Después vino Dubái, en 2023. También fue “la COP de la implementación”. Parece que ahora sí hemos llegado al momento de la implementación porque ya se han negociado todos los puntos que debían negociarse dentro del acuerdo. Obviamente, podemos hacer todo lo posible para implementar las decisiones, para implementar el acuerdo. Pero lo cierto es que la implementación, incluso si va bien, será insuficiente. Creo que ese es un punto importante. Es casi como si hablar de implementación fuera una forma de evadir la insuficiencia de la ambición. Es una impresión que tengo escuchando a los países, hablando, escuchando los debates aquí en Londres, en Bonn.

La otra cosa es que esta nueva fase de implementación, incluso con la insuficiencia de la ambición, tiene una belleza, digamos, que es que finalmente te libras de la necesidad de consenso. La implementación es nacional, la decide cada país. Ya no necesitas negociar. Pero los negociadores climáticos lo único que saben hacer es negociar. Por eso me parecieron un poco... desconcertados. Parecían muy confundidos en Bonn.

—¿Por qué?

—Porque siguen trabajando con la vieja lógica y es un poco como si la implementación del Acuerdo de París les estuviera quitando el trabajo. Se vuelven un poco inútiles y se pierden. A mí me parecieron perdidos. El contexto ha cambiado, pero la gente involucrada sigue haciendo las cosas de la misma manera, como si nada hubiera cambiado. Y me temo que la COP31 caerá en el mismo patrón. Pero eso no sería nada grave, ya que no hay muchas decisiones importantes que abordar en la COP 31.

Ahora estamos entrando en la fase de implementación, los resultados negociados perderán importancia cada año que pase y al mundo le importará menos si la COP fracasa o no.

—Los principales desacuerdos, según contó en dicho artículo después de Bonn, giran en torno a quién financiará la implementación del acuerdo, la mitigación del cambio climático, las medidas a tomar para evitar el calentamiento progresivo del planeta. ¿Cuál es el panorama en torno a la financiación de la crisis climática?

—Es muy malo porque tenemos un problema que es, primero, la retirada de Estados Unidos. Se está haciendo más evidente con cada sesión de negociación que la retirada de Estados Unidos tuvo un impacto. La financiación climática es necesaria y nunca pagaron lo que debían. Había una cuestión de cuán importante era Estados Unidos para el comportamiento de otros actores dentro de los países desarrollados. La Unión Europea, principalmente, pero no solo la UE. Entonces sí, sin Estados Unidos y con todo el contexto geopolítico que estamos viendo ahora, con inversiones europeas que necesitan salir de Europa, que necesitan correr déficits públicos para aumentar la inversión en defensa, sí, la perspectiva de financiación pública a los países en desarrollo es muy remota.

De hecho, en Bonn intentaron de nuevo evitar la financiación. Y eso es lo que estancó todo en la adaptación. Esto llevó a que el punto más polémico del orden del día se suspendiera.

—¿Qué implicó suspender la orden del día?

—Cuando las negociaciones fracasan y todo el trabajo se desecha y debe reanudarse en la siguiente sesión. Pero no fue solo eso. En Belém se acordó que habría un programa de trabajo sobre financiación para la aplicación del artículo 9.1, que habla de financiación pública, que es la demanda de los países en desarrollo. Los países desarrollados intentaron reinterpretarlo. Por eso decimos que incluso el pasado es incierto porque intentaron reinterpretar la decisión de Belém. Lo que los países en desarrollo obviamente no aceptaron. Esto llevó a una maniobra del presidente de la COP30 al final de la primera semana para hacer una solicitud a la secretaría para que este tema del financiamiento se incluyera en el orden del día.

Entonces, la financiación no se realizará. Dado el estado actual del mundo, dada la ausencia de Estados Unidos y el retroceso del liderazgo de la Unión Europea, la perspectiva de contar con financiación pública es muy baja. Y esto, evidentemente, es un factor de estrés adicional porque si la financiación no avanza, nada más avanza. Ahora bien, existe este problema en lo que respecta a la implementación de los objetivos del Acuerdo de París, pero al mismo tiempo muchos países están tomando decisiones como electrificar sus redes de transporte. Porque eso les conviene. Les resulta más barato.

Obviamente, tendremos un problema con los países menos desarrollados, con muchos países africanos, donde el costo es muy alto y el costo del capital es muy alto. Estos son países que ya están muy endeudados, así que es difícil. Será difícil para estos países dar este salto sin apoyo, sin respaldo financiero.

—Pero ve una luz en el tema de la electrificación…

—La energía renovable se ha vuelto tan barata que si tomamos, por ejemplo, el caso de Brasil, tenemos un país con costos de capital muy elevados para este tipo de inversión, del orden del 10 % al 12% del valor del proyecto. Si solo se considera el costo del capital, se podría suponer que Brasil es un país que no instalará mucha energía renovable debido a su alto costo.

Pero, en realidad, en Brasil contamos con tanta energía solar en nuestro sistema que necesitamos invertir menos. Brasil tiene un excedente de energía solar. Dado que instalar energías renovables en Brasil se ha vuelto tan económico, el costo del capital deja de ser una barrera. Creo que la disminución del costo de la tecnología, el hecho de que China esté inundando el mundo con paneles solares y otras tecnologías, baterías y autos eléctricos está reduciendo las barreras para algunos países del Sur Global, ya que les resulta económicamente viable y más rentable instalar energías renovables y electrificar su economía.

Vimos, por ejemplo, cómo Etiopía prohibió importar los autos con motor de combustión y lo hizo porque los coches eléctricos son más baratos. Los chinos también, por plazos. Londres acaba de reemplazar toda su flota de autobuses con autobuses eléctricos.

No quiero sonar optimista, porque la realidad es que estamos en plena transformación. Dentro de tres o cuatro años, el mundo superará el umbral de 1.5 °C de calentamiento global y la transición hacia las energías renovables aún está lejos de producirse a la velocidad necesaria. Pero creo que este cambio tecnológico está cambiando de ritmo, está cambiando de velocidad. Por supuesto, esto aún puede sorprendernos. Creo que ese será un tema que se tratará más allá de la COP31.

—Cuando regresó de la Conferencia de Bonn, sostuvo que la reunión fracasó, en parte, debido a las posturas extremas. ¿Podría explicar en qué consistían estas formas de extremismo que observó en Bonn?

—En primer lugar, creo que lo primero que la gente debe entender es que no es una reunión política. Es una reunión técnica. Y los negociadores, los diplomáticos, a nivel técnico, tienen poca autonomía para superar los bloqueos. Así que, la mayoría de las veces, acuden y repiten las posiciones habituales de los países. Hay poca movilización de la opinión pública en torno a Bonn. Así que el coste político de ser extremista, de bloquear, de no avanzar, es bajo porque “en la COP a finales de año, veremos e intentaremos resolverlo”. Así que noté que los países estaban yendo un poco demasiado lejos. Y a juzgar por los discursos, en la sesión plenaria final, también se dieron cuenta de que habían ido demasiado lejos.

Mi impresión es que se agravó muy rápidamente hasta un punto al que nadie quería llegar, porque eso significó dos semanas de trabajo perdidas en la mayoría de las vías de negociación. La financiación ni siquiera llegó a una conversación formal.

—¿Se avanzó en algo?

—Curiosamente, lo que ocurrió en Bonn fueron las conversaciones sobre combustibles fósiles paralelas a la negociación, por ejemplo, los acontecimientos en torno a la presidencia brasileña y las conversaciones en el seno de la sociedad civil fueron interesantes. Todo resultó muy convincente. Existía una genuina voluntad entre muchas personas de debatir sobre combustibles fósiles. Pero todo esto tuvo lugar fuera de las salas de negociación.

—Sabemos que la ciencia es central en las políticas que toman los países contra el cambio climático. ¿Cuál es el panorama para el próximo informe del IPCC, la evaluación científica elaborada por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas ?

—No puedo darle esa respuesta porque el estancamiento sigue siendo evidente. India y China, los países africanos también, dicen que no hay tiempo suficiente para publicar el informe a tiempo. Ante esto, algunos países han tenido que convocar a una red de prensa para decir que necesitamos defender la ciencia. Y la reacción de los países que atacan al IPCC fue muy mala. Llamaron hipócritas a los países que quieren una alineación. Así que fue una forma de intentar desviar el foco de la conversación, en mi opinión.

—¿Cómo actuaron los países latinoamericanos?

—Ya no hay unidad entre los países latinoamericanos. No hay coordinación en algunos temas. Por ejemplo, la transición. América Latina y el Caribe bloquearon todo el debate sobre mitigación y creo que fue innecesario. La causa era justa. La CELAC quiere que los combustibles fósiles se aborden dentro del programa de trabajo de mitigación. Pero la insistencia en que esto sucediera, que fue lo mismo que hizo Colombia al final de la COP30 en Belém, llevó al bloqueo total del debate sobre mitigación. Si este problema no se resuelve a tiempo, nos quedaremos sin un espacio formal para debatir la mitigación dentro de la conferencia, dentro del Acuerdo de París.

—Entonces, ¿América Latina llega debilitada a la COP31?

—No lo creo. Porque el estado general de la negociación en este momento es tan caótico que no hay países fuertes. Todavía hay mucha fuerza dentro del grupo de países en desarrollo, que fueron muy fuertes en Belém.

El artículo original fue publicado por Emilia Delfino en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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