Noche del domingo 20 de noviembre de 2021 en El Bolsón. En algunas esquinas del centro un pequeño grupo de mapuches y vecinos cortan las calles, con pequeñas fogatas, en protesta por el asesinato del joven Elías Garay. Minutos antes de la medianoche una horda de participantes de la Fiesta de la Tradición que se realizaba en un gimnasio cercano gana las calles. Armados con palos y cuchillos, ataviados como gauchos, a caballo y con rebenques, alcoholizados, repiten consignas nacionalistas, según los testigos. Corren a los mapuches, los agreden. Gritan “viva la patria”.

Nueve horas antes, dos personas que dicen ser cazadores llegan hasta la comunidad Quemquemtrew, en Cuesta del Ternero -a unos 15 kilómetros de El Bolsón-, una ocupación territorial donde durante 53 días no ingresó nadie sin identificarse ante la policía. Los dos hombres portan armas largas y un calibre 22, disparan. Matan de un tiro al joven mapuche Elías Garay y hieren con dos balazos a Gonzalo Cabrera. Se van sin que los detengan.

Tarde del sábado 25 de noviembre de 2017, en Villa Mascardi, a unos 30 kilómetros del centro de Bariloche. Cinco integrantes del grupo de élite Albatros de la Prefectura Naval Argentina ingresan al territorio de la comunidad Lafken Winkul Mapu con la orden de custodiar el lugar. Pero al cruzarse con integrantes de la comunidad dan la voz de alto e inmediatamente comienzan a disparar. Persiguen a los mapuches más allá del límite del territorio que debían “resguardar”; disparan entre 114 y 129 veces con munición de plomo utilizando pistolas Beretta y subfusiles MP5; reciben piedrazos como respuesta. Matan por la espalda a Rafael Nahuel y hieren a otros dos jóvenes. Desde aquel momento, solo uno de los uniformados pasó menos de un mes detenido.

Cuatro años después, la causa está a un paso de llegar a juicio oral, pero el expediente muestra incongruencias y contradicciones, lo cual permite anticipar que las condenas, en caso que existan, se darán bajo la figura de “homicidio agravado cometido con exceso en la legítima defensa”. Es decir, un delito con un atenuante que podría permitir a los uniformados eludir la prisión efectiva.

Los cinco Albatros siguen cumpliendo funciones en el destacamento San Fernando de la Prefectura Naval Argentina.

¿Hubiera sido posible que Elías no fuese asesinado si el Poder Judicial hubiese condenado a los Albatros de la Prefectura Naval Argentina responsables del crimen de Nahuel? ¿Los dos responsables del homicidio cometido el domingo pasado en la lof Quemquemtrew hubiesen sujetado su impulso criminal si hubieran registrado que la Justicia actúa eficazmente ante este tipo de casos?.

Además de los obvios puntos en común entre los dos hechos, el contexto también se asemeja: los gobiernos y los medios hiperconcentrados replican discursos de odio contra los mapuches, dicen que son “terroristas”, advierten sobre el riesgo de ruptura del orden institucional, dicen que está en peligro la integridad territorial, crean un enemigo interno.

El asesinato del joven mapuche Elías Garay es el hecho cúlmine de esa escalada en el discurso de odio y racismo, que durante los últimos meses incluyó el uso de términos como terrorismo, indios al ataque, secesión patagónica. Se produjo, además, cinco días antes de cumplirse el cuarto aniversario del crimen estatal de Rafael Nahuel.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre ese hecho? Minutos antes del ingreso de dos personas vestidas de civil a la lof Quemquemtrew un dron sobrevoló el lugar. Desde la comunidad se asegura que era accionado por la Policía desde el retén que impide el acceso, ya que por una cuestión de cercanía era imposible que un particular se acerque al lugar para manejarlo, sin ser visto.

Garay y Cabrera se acercaron a las dos personas para pedirles explicaciones por su presencia. Éstos respondieron con, por lo menos, tres disparos. Y salieron del lugar sin ser detenidos por la Policía.

El cuerpo de Elías permaneció más de un día en el territorio. Cuando la comunidad logró que los fiscales a cargo de la investigación, conducidos por el Fiscal Jefe Martín Lozada, le permitiera realizar su ceremonia de despedida, el cuerpo fue bajado hasta la ruta, donde una camioneta lo trasladó a Bariloche.

También hacia esa ciudad fue llevado Gonzalo Cabrera, para garantizar su tratamiento en el Hospital Zonal, de mayor complejidad que el de El Bolsón. La comunidad, a través de su vocera Soraya Maicoño, advirtió que debe garantizarse la seguridad del joven, ya que es el único testigo del asesinato de Elías. De hecho, Cabrera ya declaró y dio detalles de lo sucedido y dijo que era capaz de reconocer a los autores del hecho.

Desde la Fiscalía hay mucho hermetismo sobre la investigación. En las últimas horas se produjeron allanamientos en la ciudad de Esquel, Chubut. La comunidad, mientras tanto, permanece en el territorio.

El expediente por el asesinato de Rafael Nahuel tiene procesados a cinco integrantes del grupo Albatros. El más comprometido, en función del resultado de la última pericia balística, es el cabo primero Sergio Guillermo Cavia quien lo está por el delito de “homicidio agravado, cometido en exceso de legítima defensa”. Otros cuatro uniformados fueron procesados como “partícipes necesarios”: Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García.

La decisión fue tomada por el Juez Federal subrogante del Juzgado Federal de Bariloche, Gustavo Zapata, y confirmada por la Cámara de Apelaciones de General Roca.

La resolución da crédito al relato sostenido por el gobierno de Mauricio Macri y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en relación a la existencia de un enfrentamiento armado entre los Albatros e integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu.

No existe en el expediente, sin embargo, ninguna pericia concluyente que demuestre que los miembros de esa comunidad dispararon armas de fuego. Solo los testimonios de los propios Albatros y una lectura “amañada” de los resultados de las pericias efectuadas en las manos de los dos jóvenes que bajaron a Nahuel -herido de bala, con partículas de pólvora por todo el cuerpo-, Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca.

El perito Enrique Prueger participó los primeros días de diciembre de la inspección ocular en el territorio. Dijo luego a este cronista que doce días después de ocurrido el asesinato, “cualquiera que ingresara al lugar se iría con pólvora en las manos”, debido a la cantidad de disparos efectuados por los miembros de Prefectura.

El otro punto que permite especular con ausencia de condenas es el resultado contradictorio de las pericias balísticas. La resolución del Juez Zapata avala el resultado de la tercera pericia balística que determinó que el proyectil que mató a Nahuel provino de la pistola de Cavia, mientras que la primera pericia -realizada por peritos independientes- especificó que la bala correspondí al subfusil MP5 que portaba el caso primero Francisco Javier Pintos.

Pintos y Cavia comparten abogado: Marcelo Hugo Rocchetti, ex Jefe de Gabinete del ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal. Rocchetti prepara su estrategia defensiva sobre la contradicción de las pericias balísticas. Defenderá a Pintos y Cavia con el mismo argumento: no está comprobado que la bala que mató a Nahuel haya salido del arma cuestionada.

¿Cómo se llegó a una tercera pericia, a pesar de lo indubitable del resultado de la primera? Porque el por entonces Juez a cargo del expediente, Gustavo Villanueva, accedió a realizar un segundo estudio sobre el proyectil y se lo solicitó a la Gendarmería Nacional, una fuerza de seguridad que, al igual que la cuestionada Prefectura Naval, dependía institucionalmente de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Esa segunda pericia determinó que el proyectil no fue disparado por el arma que portaba Pintos, y así se abrió la instancia de la tercera pericia.

Noche del domingo 20 de noviembre de 2021 en El Bolsón. Dice en un audio de whatsapp una mujer que prefiere no identificarse: “A la medianoche estábamos en la estación de cerveza. Terminamos de ver una banda cuando empezamos a ver corridas en la calle y vienen desesperadas unas doce mujeres mapuches a refugiarse. Entraron y se escondieron debajo de unas mesas dentro de la estación del lado de la feria franca. Detrás venían un grupo de hombres y mujeres. Uno con un palo. Re agresivos con les que intentaban preguntar y ver qué estaba pasando y deteniendo su entrada. La gente que estaba afuera no les dejó entrar. Finalmente dieron la vuelta y por el otro lado tiraron piedras a estas mujeres, rompiendo vidrios y se fueron. A las mujeres las socorrieron y llevaron en autos. A los minutos pasa marchando un grupo de unos 25 policías. Vimos un grupo de unas 30 personas de apariencia paisana. Mezclada la policía bancando a esa manada. Exclamando ‘viva la patria’”.

Diciembre de 1918 en Buenos Aires. Las medidas de fuerza en los talleres metalúrgicos Vasena se extiende. La represión del gobierno de Hipólito Yrigoyen deriva en una huelga general y movilizaciones en todo Buenos Aires. Hay unos 700 muertos producto de las balas de la Policía y la naciente Liga Patriótica.

“Las bandas terroristas armadas que operaban bajo el rótulo de Liga Patriótica Argentina -escribió el periodista e historiador Osvaldo Bayer- lo hacían con total impunidad y la más absoluta colaboración y complicidad oficiales. Se reunían en las comisarías y allí se les distribuían armas y brazaletes. Desde las sedes policiales partían en coches último modelo, y se dirigían a las barriadas obreras, a las sedes sindicales, a las bibliotecas obreras, a la sede de los periódicos socialistas y anarquistas para incendiarlos y destruirlos, todo bajo la mirada cómplice de la policía y los bomberos”. El gobierno y los medios replican discursos de odio contra los extranjeros, dicen que son “terroristas”, advierten por la ruptura del orden institucional, dicen que está en peligro la integridad territorial, crean un enemigo interno. En la calle los integrantes de la Liga Patriótica gritan “viva la patria”.

No siempre la historia se repite como farsa.

WC