En medio de las sucesión de agresiones por parte de fuerzas de seguridad en las marchas en las que cada miércoles los jubilados encabezan en las cercanías del Congreso en reclamo de mejoras en sus haberes, acompañados por diferentes organizaciones sociales, políticas y sindicales, que este mismo 22 de octubre tuvo a Ramón (un adulto mayor que participaba de la protesta) como víctima de la violencia represiva del protocolo antipiquetes que ordena ante cada manifestación la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el fiscal federal Eduardo Taiano solicitó en las últimas horas que se eleve a juicio la causa que tiene como acusado al efectivo de la Policía Federal Cristian Miguel Rivaldi, quien durante la manifestación del 11 de septiembre de 2024 roció con gas irritante a Fabrizia Pegoraro, una niña de 10 años, y a su madre, Carla Pegoraro.

La carátula de la causa lleva el nombre de Patricia Bullrich y Rivaldi está acusado de abuso de autoridad y lesiones leves.

La causa

La Justicia federal resolvió a fines de mayo procesar al agente Cristian Rivaldi, integrante de la Policía Federal, por haber rociado con gas a una niña de 10 años durante la represión de una protesta de jubilados frente al Congreso, el pasado 11 de septiembre de 2024. El fallo lo imputa por abuso de autoridad y lesiones leves, en el marco de una causa que investiga el accionar de las fuerzas de seguridad durante esa jornada. En julio, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento.

Según el juez Sebastián Ramos, Rivaldi utilizó gas contra dos personas —una de ellas una menor de edad— que estaban caídas en el suelo y no representaban ninguna amenaza. “Actuó contrariando la normativa vigente, sin justificación ni necesidad de intervenir de ese modo”, señala la resolución judicial.

La víctima fue alcanzada por el gas junto a su madre mientras ambas se encontraban en el piso, sin ofrecer resistencia. “El agente se encontraba en pie, en una posición de dominio, y aun así eligió apuntar directamente al rostro de las mujeres”, agregó el magistrado.

En su defensa, el uniformado presentó un extenso descargo de 60 páginas en el que aseguró haber cumplido con los protocolos y actuado siguiendo las instrucciones de sus superiores. Además, sostuvo que ningún superior le llamó la atención por su proceder y que nunca vio a una niña en la escena. “Si la hubiera visto, la habría retirado del lugar”, dijo.

El policía sostiene que en esa jornada había “violencia” en “forma constante” y que, a través de la radio policial, recibieron órdenes “con disposiciones tales como 'avance, disperse a los revoltosos y liberen la calzada'”. El operativo estuvo conducido políticamente por Patricia Bullrich, que en aquellos días negó la actuación policial y llegó a decir “nadie gaseó a la nena”.

Rivaldi aseguró que actuó “siempre de acuerdo con lo ordenado por la Superioridad” y bajo las órdenes de la sala de “Comando Unificado de las Fuerzas Federales”. Dijo que sus desplazamientos de esa jornada fueron “por disposiciones emanadas de tales mandos, concordantes con el servicio, y siempre con las precauciones del caso”, y remarcó que no recibió “en ningún momento alguna orden manifiestamente ilícita, ni mucho menos”.

“Nunca vi a una menor en el lugar”, remarcó y añadió que su atención estaba centrada “lógicamente en los sitios donde se producían los desmanes”. Sobre la nena remarcó que “jamás” imaginó que una menor estaría “solapada en esos grupos violentos”: “En toda mi carrera, nunca hubo menores en las variadas manifestaciones de la que me tocó participar como grupo de operaciones”, señaló.

Asimismo, expresó que, si hubiese visto a una menor, “lo primero que hubiera hecho era sacarla del lugar” u ordenar que alguien “urgentemente” así lo hiciera, agregó. Por otro lado, en relación a la presencia de la niña, el policía hizo referencia a que “es la madre a quien le incumbe sus deberes de protección y cuidado derivados de la responsabilidad parental”.

El juez desestimó esa versión y valoró como veraz el testimonio de la querella. “Las imágenes son contundentes y respaldan plenamente lo relatado por la denunciante. Por el contrario, los argumentos del imputado resultan poco creíbles. Es evidente en los registros fílmicos que apuntó de manera directa e intencional”, concluye el fallo.

Qué había dicho Bullrich

Pese a la contundencia de las imágenes registradas por las cámaras, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, negó al día siguiente del hecho, el 12 de septiembre de 2024, que la Policía Federal Argentina haya rociado con gas pimienta a una nena de 10 años y a su madre durante la manifestación de este miércoles en los alrededores del Congreso nacional en contra del veto a la ley.

En el video, se ve como un cordón policial avanza sobre un grupo de manifestantes y empieza a arrojar gas pimienta, e inclusive uno de los agentes hace lo propia contra una la niña y su madre que estaba tirada en la calle intentando cubrir a su hija. 

“Nosotros ayer estuvimos frente a una situación que sabíamos que iba a explotar la violencia en el momento que explotó. Nadie gaseó a una nena”, dijo la funcionaria de Javier Milei. 

“Nadie le tiró intencionalmente a una nena”, insistió Bullrich durante un tenso intercambio con el periodista Eduardo Feinmann, que le adjudicó responsabilidad política a la ministra por la represión presuntamente indiscriminada.

“No es gasear a una nena. La policía esta avanzando. La señora está en el piso, la policía avanzando y lo que hace es poner atrás a la nena”, relató Bullrich. 

El conductor de LN+ en todo momento intentó contrastar la versión de la funcionaria con las imágenes registradas. “Hay un oficial que le apunta a la nena y a la mamá”, afirmó Feinmann.

“No señor, nadie le apunta a la nena ni a la mamá. Eso es querer poner a la policía en un lugar en el que no está. La policía está todo el día en tensión frente a los intentos permanentes de violencia que sufre. El otro día tiraron agua caliente. Ayer estaban con gases y con pimienta los manifestantes. Hay un grupo de gente con uniformes naranjas que están todo el día dando instrucciones para plantear como se cubren y como tiran gases. Eso grupo está armando desde la provincia de Buenos Aires”, indicó, en referencia al Gobierno de Axel Kicillof.

“Pero eso es otra cosa, Patricia”, contestó el periodista.

“No es otra cosa porque nadie le tiró intencionalmente a una nena”, retrucó Bullrich.

“La imagen es clara. ¿Quiere que se la muestre en cámara lenta? ¿Qué le frene la imagen? ¿Qué mas quiere?”, ironizó Feinmann, tratando de dejar en ridículo a la ministra.

“Muéstremela como quiera, pero de ninguna manera la intención...ni siquiera se ve la nena. Se ve al policía que saca el gas, empieza a tirar para dispersar a ese de verde y a todos los que alrededor les habían tirado”, explicó Bullrich.

“Pero apunta para bajo. La nena estaba con la mamá sentada en el piso…”, insistió el comunicador.

“No. Los policías están con los cascos, no escuchan. Hubo un error de mandar un video que nosotros de ninguna manera lo avalamos ni dijimos en ningún tuit. Voy a hablar con el jefe de Policía si él fue el que mandó”, señaló la jefa de la cartera de Seguridad.

Segundos antes, Feinmann le había revelado a la ministra que quien le había hecho llegar el video a la producción del canal era Luis Alejandro Rolle, el jefe de la Policía Federal.

Un hombre identificado como Octavio Buccafusco murió tras un forcejeo con personal de la patrulla municipal de Vicente López, en un episodio que se encuentra caratulado como “averiguación de causales de muerte”. La familia reclama que la causa se investigue como homicidio y no como un simple accidente.

Ante esta situación, el hermano de la víctima, el bailarín Augusto Buccafusco, relató que “Octavio llamó al 911 porque estaban robando en su casa, pero nadie atendió. Después llegó la patrulla municipal, le pidieron los documentos y, como él no se los dio, decidió ir a la comisaría que queda cerca de Güemes y Maipú”.

Los hechos quedaron registrados en cámaras de seguridad. De acuerdo con su testimonio, “cuando llegó a la esquina lo abordaron entre cuatro o cinco agentes, lo aplastaron y lo dejaron sin vida”. Buccafusco insistió en que “quieren cambiar la carátula de muerte en domicilio por homicidio culposo, pero en los videos se ve claramente que hubo una fuerte golpiza”.

Además, el hermano de la víctima señaló que esas imágenes de cámaras de seguridad contradicen la versión oficial de que Octavio murió solo en la vía pública.

En diálogo con las agencia NA, agregó que su hermano, de 34 años, “estaba pasando por un momento emocional complicado, con ataques de pánico y casi sin contacto con la familia”, una situación que , según él, “quieren usar para hacer creer que murió solo en la calle y que no hubo responsabilidad de los agentes”.

Fuentes de la investigación indicaron que la autopsia realizada en la morgue de Lomas de Zamora, que depende de la Procuración, determinó que el joven murió por un paro cardíaco “que no guardaría relación con el accionar policial”. Se esperan nuevos informes médicos para esclarecer la situación.

Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), “a Octavio Buccafusco cinco agentes de la Policía Municipal de Vicente López lo detuvieron en la calle con su perro y su bicicleta. Octavio sufría una crisis de salud mental. Lxs policías se le tiraron encima varios minutos y lo esposaron. Octavio murió de un paro cardíaco”.

Con información de la agencia NA

Brasil registró 44.127 muertes violentas en 2024, un número un 5,4% inferior al de 2023 y el menor en los últimos doce años, cuando comenzó la medición en el Anuario Brasileño de Seguridad Pública, cuya nueva edición fue divulgada este jueves por el Fórum Brasileño de Seguridad Pública (FBSP).

La reducción acumulada entre 2012 y 2024 de las muertes violentas, que incluyen homicidios dolosos, latrocinios, lesión corporal seguida de muerte y muertes en acciones policiales, alcanzó el 25%, con bajas registradas en todas las regiones del país.

La tasa de muertes violentas en Brasil cayó desde 21,9 para cada 100.000 habitantes en 2023 hasta 20,8 para cada 100.000 habitantes el año pasado.

Según el FBSP, la región nordeste —que abarca los estados de Alagoas, Bahía, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte y Sergipe— fue la más violenta del país en el período analizado, con 33,8 muertes por cada 100.000 habitantes.

Del otro lado, la región sudeste, la más poblada del país y que incluye los estados de Espírito Santo, Minas Gerais, Río de Janeiro y São Paulo, registró en 2024 la menor tasa de muertes violentas de la serie histórica, con 13,3 muertes por cada 100.000 habitantes.

A pesar de mantenerse en niveles bajos, el número de muertes violentas en São Paulo aumentó un 7,5% el año pasado.

El 91,1% de los muertos totales fueron hombres, siendo que, en lo que respecta a homicidios dolosos, los hombres fueron el 89,7% de las víctimas y, en intervenciones policiales, este porcentaje subió hasta el 99,2% del total.

El 79% de las víctimas de muertes violentas en 2024 fueron negras y el porcentaje alcanzó el 82% cuando se analizaron los óbitos en acciones policiales, mientras que las personas blancas sumaron un 17,6%.

Si se analizó la cuestión etaria, el 48,5% de las víctimas de muertes violentas fueron jóvenes de hasta 29 años.

Un 14% de las muertes por intervención policial

El 14,1% del total de las muertes violentas registradas por el país suramericano el año pasado correspondieron a fallecidos en acciones policiales, lo que representó un leve aumento con respecto a 2023, cuando fue del 13,8%.

En total, 6.243 personas fallecieron el año pasado a causa de acciones policiales, lo que representó 17 víctimas por día.

En los últimos diez años hasta 2024, la violencia policial acumuló un total de 60.394 víctimas.

En el informe se destacó el caso de São Paulo, el estado más poblado, que manifestó un crecimiento del 61% en la tasa de víctimas de intervenciones policiales entre 2023 y 2024.

En este sentido, el informe aseguró que “aunque el país está experimentando una reducción en los homicidios y los robos con violencia, la letalidad provocada por agentes del Estado sigue siendo elevada en varias regiones del país”.

Récord de femicidios y violaciones

En 2024 al menos cuatro mujeres fueron víctimas de femicidios por día en Brasil, lo que dio un total de 1.492 muertes, 17 mujeres asesinadas más con respecto a 2023.

Este nuevo dato representó el mayor número ya registrado desde 2015, cuando Brasil promulgó la llamada 'Ley del Femicidio' para incorporar este crimen al Código Penal y lo diferenció del homicidio común.

El 70,5% de las víctimas de femenicidios registradas el año pasado tenían entre 18 y 44 años.

El informe aclaró que “probablemente” el número de mujeres asesinadas por cuestiones de género sea “mayor de lo que marcan las estadísticas”, ya que muchas veces los profesionales del sistema judicial solo catalogaron como femicidio aquellos crímenes relacionados con violencia intrafamiliar o doméstica.

Asimismo, 87.545 personas fueron víctimas de violación en 2024, una tasa del 41,2 para cada 100.000 habitantes.

De las víctimas de violaciones, el 76,8% eran consideradas vulnerables, es decir, menores de 14 años o personas que por cuestiones mentales o físicas no pudieron dar consentimiento u oponer resistencia.

De este último grupo, por cada niño víctima de abuso se registraron cinco de sexo femenino.

JJD, con información de EFE.

La Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó que Lucas Gonzalez, el joven de 17 años acribilldado cuando salía de entrenar con sus amigos en el club Barracas Central, fue asesinado por “odio racial”, tal como había determinado la justicia en primera instancia. Por esa razón, los jueces confirmaron la condena a prisión perpetura de los tres agentes que integraban una brigada de la Policía de la Ciudad.

El tribunal, en cambio, decidió absolver y liberar a otros dos de los policías que habían sido condenados por el crimen.

El 11 de julio de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 25 que condenó a los acusado habia considerado el causal de agravante de “odio racial” ya que los policías que persiguieron y dispararon a Lucas y sus amigos cuando salían de entrenar lo hicieron sin motivo. La única razón, según los jueces, fue por su aspecto físico. El caso dejó al descubierto la violencia institucional dentro de la fuerza.

Los condenados fueron Gabriel Isassi, Fabián López y Juan José Nievas. Todos habían recibido una pena a prisión perpetua por el homicidio quíntuplemente agravado en perjuicio de Lucas y la tentativa de homicidio agravada contra tres de sus amigos.

Los tres habían sido defendidos por el abogado Martín Luis Sarubbi, conocido por defender a policías involucrados en casos de gatillo fácil. Sarubbi representó al policía acusado de disparar contra Santiago Moreno Charpentier, “Chano”, y también a Sabrina Basile, integrante de Revolución Federal y Ximena de Tezanos Pinto, la vecina del piso de arriba de Cristina Kirchner, ambas investigadas en la causa por el atentado contra la expresidenta.

La Cámara también confirmó la condena de Roberto Orlando Inca, Fabián Alberto Du Santos, Rodolfo Alejandro Ozán y Héctor Claudio Cuevas por encubrimiento y el intento de homicidio de los otros jóvenes que iban con Lucas.

Entre los agravantes que se consideraron en primera instancia figuran, además del odio racial, el uso de arma de fuego, alevosía, la intervención premeditada de varias personas y el abuso funcional como miembros de una brigada de la Policía de la Ciudad.

Según el fallo que ahora fue ratificado por la Cámara, “es claro que [los tres intervinientes] obraron en base a un designio común, que todos pretendían lograr el mismo objetivo, esto es matar a los jóvenes, que todos estuvieron de acuerdo en la manera de desarrollar ese ‘iter criminis’ y que lo hicieron ejecutando acciones típicas y necesarias para lograr el resultado, valiéndose de sus armas reglamentarias, alevosamente, con el concurso premeditado de dos o más personas, por odio racial y mediante abuso funcional -de lo cual además pretendieron valerse para lograr su impunidad”.

Sin embargo, la decisión de la Cámara da marcha atrás sobre la situación de dos de los condenados en primera instancia. Se trata de Juan Horacio Romero y Sebastián Jorge Baidón quienes habían recibido una pena de a 6 y 8 años de prisión respectivamente. Para la Cámara, la condena a Romero no describió de forma clara ni fundamentada las acciones específicas que se le atribuían.

Sobre la situación de Baidón, los jueces Pablo Jantus, Alberto Huarte Petite y Gustavo Bruzzone detallaron que existían dudas razonables sobre la validez del reconocimiento realizado por la víctima.

El asesinato de Lucas González ocurrió a fines de 2021 cuando el adolescente y tres amigos salieron del predio del club Barracas Central luego de entrenar.

En medio del trayecto “fueron interceptados por un auto modelo Nissan que no tenía ninguna identificación policial ni tampoco contaba con la patente trasera. De allí descendieron tres hombres que les apuntaron. Ante esto, y de acuerdo a lo relatado por los jóvenes en el juicio, intentaron esquivar la situación al considerar que se trataba de un robo”, destaca el escrito del Ministerio Público Fiscal.

En ese momento, los tres integrantes de la brigada dispararon contra el auto: uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Lucas, que debido a las heridas falleció en el hospital “El Cruce” de Florencio Varela al día siguiente, mientras que sus amigos quedaron detenidos.

Para Gregorio Dalbón, abogado de la familia de Lucas, la decisión de la Cámara es un “fallo histórico que marca un antes y después para los casos de violencia policial”. En su cuenta de X, el abogado señaló: “¿Por qué este fallo marca un precedente? Porque gracias a la lucha que llevamos adelante junto a la familia de Lucas, logramos que se condene el racismo estructural en las fuerzas de seguridad y poner de relieve que el Poder Judicial no debe ser cómplice de la impunidad policial”.

Según opinó Manuel Tufró del CELS, el “fallo de Casación confirma que la policía actuó de manera racista y será clave para discutir cómo los agentes intervienen en los barrios populares, como cuando las brigadas de las comisarías se mueven sin ninguna identificación”.

“Al principio decían que éramos la punta de lanza, pero no, somos el polo de resistencia por el que se articula una lucha que es transversal,” dice Nancy, docente jubilada. Viene de un control médico porque después de los gases que recibió la semana pasada quedó afectada.

Son las 2 de la tarde y mientras hay incertidumbre entre los mercados, sube el dólar y el riesgo país por la expectativa de una posible devaluación, dentro del Parlamento se viven momentos de máxima tensión por lo que más tarde será la aprobación de un nuevo acuerdo con el FMI del que se desconoce el monto, las condiciones y el plazo.

“Es una locura lo que están votando, no se sabe para qué va a ser la plata, capaz que es para que Milei la ponga en una nueva criptoestafa”, dice muy enojado Eduardo Beliboni, del Polo Obrero.

La atmósfera se torna más tranquila afuera del Congreso, blindado completamente por vallas que separan por 100 metros a la redonda a los jubilados, organizaciones sociales, gremiales, estudiantes y otros sectores de la sociedad que se sumaron tras la brutal represión del miércoles pasado. No se registraron hinchadas de clubes de fútbol.

Sobre la calle Rivadavia, una mujer de 78 años se agacha dificultosamente para mostrar sus piernas picadas por balas de goma. Un señor de casi 80 se levanta la remera y en su abdomen arrugado hay lastimaduras y moretones. Entre las personas de la tercera edad, los hay baleados desde los pies hasta una señora con la mandíbula perforada.

Todos ellos son jubilados que ganan la mínima: $350.000 al mes mientras que para afrontar los gastos básicos se precisan $1.200.523, según la Defensoría de la Tercera Edad. También se manifiestan porque el domingo vence la moratoria, razón por la cual cada año dejarán de jubilarse alrededor de 200.000 argentinos y argentinas, el 70% mujeres.

Al costado de este grupo, se observa un anciano de baja estatura que renguea porque se esguinzó el tobillo tras ser empujado con un escudo policial. “Todavía estamos reponiéndonos, aún tratando de sanar”, lamiéndose las heridas dice el hombre del tobillo hinchado.

“Un compañero que no pudo venir tiene un dolor intenso en el pecho porque recibió una granada parecida a la que le tiraron a Pablo Grillo, no sabemos si tiene lesiones internas”, avisa Alicia, jubilada. “Grillo nos acompañó desde siempre, todos los miércoles, registrando nuestras luchas. Bullrich tiene que renunciar ya, porque Pablo fue fusilado.”

Pablo Grillo es el fotoperiodista alcanzado por un cartucho de gas lacrimógeno que el cabo primero Guerrero disparó en forma horizontal, y que impactó en su cabeza provocándole pérdida de masa encefálica. Si bien sigue en estado crítico, su familia adelantó que se encuentra “esperanzada” porque esta mañana realizó movimientos “en manos y piernas”.

El caso de Grillo y Beatriz Blanco fueron los más resonantes. Ésta última es la jubilada de 87 años que fue gaseada y empujada por un agente de la policía. Recibió una herida craneoencefálica. La ministra de Seguridad la llamó “señora patotera” al mismo tiempo que denunció a la jueza Karina Andrada por haber liberado a los más de 114 detenidos tras la represión (entre los que estuvieron dos menores de 12 y 14 años).

Según los datos de la Posta de Salud y Cuidados y de la Comisión por la Memoria, en la jornada del miércoles pasado hubo 989 heridos, incluyendo traumatismos de cráneo (con y sin pérdida de conocimiento), traumatismos de tórax, síncopes, lipotimias, heridas abiertas en el rostro, hemorragias, esguinces, luxaciones y dificultad respiratoria aguda.

“Está mucho más tranquilo que la semana pasada, eso es porque cortaron las calles y todas éstas vallas que pusieron,” dice Malena, una estudiante de enfermería que integra la Posta de Salud (integrada por la Asociación de licenciados de Enfermería y profesionales del Garrahan) presente en las distintas marchas desde la Ley Bases. Ellos también recibieron balas de goma y gases lacrimógenos.

A diferencia de la semana pasada, cuando las fuerzas de seguridad, envalentonadas durante días por su ministra, reprimieron indiscriminadamente, el Gobierno ahora orquestó, desde el despacho de Santiago Caputo junto a Patricia Bullrich y la cúpula de la SIDE, un megaoperativo que consistió en infundir miedo a través de frases en pantallas y altoparlantes en las estaciones de trenes que advertían que “la policía va a reprimir todo atentado contra la República”.

“No tengo miedo un carajo, ¿vos conocés a Norma Plá, pibe? tengo 80 años, cuántos años más tengo de vida, sacá la cuenta, prefiero que me pase algo acá a morirme arrodillado por estos chantas estafadores”, dice un jubilado alto y encorvado, con un bigote blanco prolijamente cortado.

Las fuerzas de seguridad también revisaron en las cabeceras del transporte público a los pasajeros para determinar que no lleguen con “elementos sospechosos”; y apostaron a la delación entre ciudadanos, ofreciendo sumas millonarias a aquellos que “brinden datos” de los “autores de promover disturbios”.

Desde las 9 de la mañana, la zona del Congreso, es decir, las 15 manzanas que van desde las calles Sarandí, Adolfo Alsina, Sáez Peña y Bartolomé Mitre estuvieron cortadas. Hubo un despliegue de al menos 1500 efectivos entre Federales, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria, y 900 agentes de la Ciudad.

“Luchamos por los viejos que están deprimidos en sus casas, por los que no pueden llegar porque tienen problemas físicos,” dice un hombre mayor ubicado afuera del cine Gaumont.

En los alrededores de la Plaza del Congreso, a las 14.30 de la tarde, hay personas que están por fuera de todo reclamo, durmiendo en la vereda. A lo lejos está la prensa con sus cámaras y cascos colgando. Pasan dos señoras en silla de ruedas, una con un caniche en sus piernas y un vendedor ambulante quiere venderle un banderín de Argentina.

“Espero que todos agarren los banderines así esta marcha es pacífica, además a mí me ayuda,” dice. “Los buenos somos los de la celeste y blanca, no los de azul.” A unos metros dos vendedores de sánguches lo miran con cierta burla.

“No es bueno el curro de vender banderas, quien quiere una bandera ahora si capaz en un rato la gente agarre piedras”, dice el joven mientras prepara uno de salame y queso a 7 mil pesos y el otro grita “baratita la bandera argentina a mil pesos”. Se van sumando los que ofrecen garrapiñadas, bebidas, helados y chipa.

Sobre la sombra que se genera en la calle Rivadavia, dos hombres cargan una virgen, un grupo se aproxima con remeras de la frase maradoniana y en los árboles la gente se echa y escucha desde un parlante “La marcha de la bronca”. Aparecen jóvenes con puños gigantes de plástico, representando “la mano de Dios”. “Es la mano que vamos a meterle a este gobierno”, dice el que reparte.

En la corta era libertaria, hubo multitudinarias marchas como la Universitaria y la Antifascita, pero en ninguna represión, ¿por qué hay ensañamiento con los jubilados? “Tal vez porque somos la memoria histórica, el nexo entre los 50 años de dictadura, muchos de los que están acá fueron protagonistas en el Rodrigazo, se enfrentaron a la Triple A,” dice Nancy, la docente jubilada.

A las 15.30 empiezan a llegar columnas desde la avenida de Mayo y el reclamo se ensancha. Sobre todo llegan estudiantes universitarios, sectores gremiales y más jubilados. Se estacionan frente al Congreso vallado. Cantan: “Como a los nazis les va a pasar, adónde vayan los iremos a buscar”, o “Que boludo, que boludo, ahora el protocolo se lo meten en el culo”, o “adónde están que no se ve esa famosa CGT.”

Para las 16 horas un helicóptero se suspende por encima de la manifestación y se arma un cordón de agentes de la Federal a lo largo del Congreso, detrás de las vallas. “Ustedes también van a pagar la deuda, son laburantes”, le grita uno.

Media hora más tarde un grupo de tercera edad se concentra y canta “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”. De 78 años, Paula Arias dice que es luchadora “desde siempre” pero que este momento es “terrible” y “hay que sacarlos”.

A las 17 se escuchan estruendos, pero son petardos que explotan en lo alto lanzado por los manifestantes. Desde el sector final de Plaza Congreso se puede observar la avenida de Mayo, repleta de personas que siguen llegando lenta y pacíficamente.

En un momento dado la marcha se estaciona pero quedan algunos espacios libres. Bajo un sol que a esta hora no quema, los comerciantes de la calle despliegan tranquilamente sus productos, entre chorizos, bondiola, fiambres y cervezas. Se ve también alguno que toma mate y turistas que registran el acontecimiento. “Ahora se puede decir que me hice el día,” dice el de los banderines de Argentina.

Ya para las 18 horas algunos grupos empiezan a desconcentrar. La manifestación adquiere las características de otras marchas multitudinarias, como la Universitaria y la Antifascista: la gente caminando pacíficamente, por momentos arengando y otros tocando bombos y redoblantes. Detrás de las vallas, permanecían dos cordones policiales, mientras el acuerdo con el FMI era aprobado, y en cada esquina del Congreso seguían estacionados, amenazantes, los camiones hidrantes.

LN/JJD

Desde hace décadas, Patricia Bullrich altera la vida pública argentina desde posiciones prominentes en el Estado. Como ministra de Trabajo o Seguridad, diputada o candidata presidencial, Bullrich se erigió en una inexorable agitadora de la violencia, tarea que combina con la mentira aviesa como método. Esta semana, con la vida de un fotorreportero en juego, el método Bullrich alcanzó un nuevo umbral.

La titular de Seguridad ha logrado transitar ese camino, que encuentra conexiones con sórdidos sectores policiales, armamentísticos y de Inteligencia, con una impunidad absoluta. Sin embargo, el disparo que dejó al reportero gráfico Pablo Grillo al borde de la muerte evidencia huellas marcadas que podrían conducir a que la ministra enfrente consecuencias penales, pese a la espesa trama de protección anquilosada en los tribunales federales.

Fabián Grillo, padre de Pablo, tiene su cabeza ocupada en la sala de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía, desde donde surgieron señales alentadoras en las últimas horas. El cuadro de salud de su hijo comenzará a aclararse a mediados de la semana entrante, evalúan los médicos.

Hombre forjado en la militancia política, Grillo tiene claro el grado de responsabilidad de quien alentó y creó las condiciones legales para que las fuerzas de seguridad perpetraran la tentativa de homicidio —culposa o dolosa— de su hijo. Tuvo conversaciones preliminares con abogados que representarán a la familia como querellante, mientras su sindicato, de Personal Superior de Empresas de Energía, ya dio los primeros pasos con ese fin. En paralelo, denuncias por el accionar de las fuerzas federales presentadas por la Procuraduría de Violencia Institucional, la Comisión Provincial de la Memoria y otras organizaciones comienzan a tener su recorrido.

Argentina es el país de la crueldad sádica que disparan los hermanos Milei, pero también el de organizaciones de derechos humanos y de familiares de las víctimas de violencia estatal que nunca se rinden, capaces de mover montañas hasta conseguir justicia. Y Bullrich lo sabe.

Legado de temer

Si el foco se pone en las políticas de “Pato” como ministra de Seguridad, su legado reciente incluye personas privadas de la libertad durante semanas o meses por participar de protestas contra el Gobierno de Macri, que resultaron sobreseídas por falta de pruebas; frecuentes episodios de extranjeros absurdamente señalados como terroristas, liberados en cuestión de horas; confusión chapucera de identidades de presuntos sospechosos, escrachados por la brutalidad mediática del cómplice Grupo Clarín; periodistas heridos por balas de goma y gases lacrimógenos; manifestantes que perdieron un ojo; la muerte de un presunto bagayero en Orán en diciembre pasado, y un largo etcétera.

Ningún caso alcanzó la gravedad del homicidio por la espalda del joven mapuche Rafael Nahuel en noviembre de 2017, ultimado por una patrulla del Grupo Albatros de Prefectura Naval en un bosque de Bariloche. Tras atravesar la maraña de obstáculos que anega al fuero federal, la investigación llegó en 2023 a sentencias de hasta cinco años de prisión contra cinco prefectos.

La muerte de Nahuel en la sombra de un bosque junto al lago Mascardi, a 1.500 kilómetros de Buenos Aires, y la estigmatización de los mapuches lavaron las responsabilidades políticas del hecho. Tres meses antes, el ahogamiento de Santiago Maldonado en un río inhóspito de Chubut, el falso testimonio de un testigo mapuche que afectó la denuncia y la digitación del juez de la causa desde el mismo despacho de Mauricio Macri sirvieron para que el Gobierno de Cambiemos no sólo se eximiera de consecuencias, sino que tomara impulso para incrementar su ofensiva.

El ataque al fotógrafo Pablo Grillo es distinto. El trayecto de la granada disparada por un gendarme en un costado de la Plaza Congreso quedó expuesto con absoluta claridad y el rastro de Bullrich resulta indeleble, tanto, que será difícil enterrar la causa, por más títulos intoxicantes del Grupo Cómplice y proclamas presidenciales sobre “la mejor ministro de la historia”.

Combo urgente

Es comprensible que Bullrich intente erigirse en denunciante y arrastrar el expediente a los tribunales federales de Comodoro Py. Con justificadas razones, considera propio ese territorio, pero esta vez no tuvo la mejor de las suertes.

La denuncia por “sedición” del Ministerio de Seguridad recaló en el juzgado federal 11, subrogado por Sebastián Casanello, y la investigación quedó a cargo del fiscal Franco Picardi. Tanto Casanello como Picardi forman parte de los magistrados que han demostrado criterios autónomos y son mirados con recelo por esa implacable trama de impunidad orquestada por los servicios de Inteligencia y tentáculos del macrismo que funciona en el edificio de Retiro.

Bullrich necesita coronar un combo: que intervengan varios juzgados federales y todo conduzca al embudo de la Cámara de Casación Federal

Fernando Oscar Soto, abogado manodurista del ministerio de Bullrich, presentó una denuncia por “sedición, atentado al orden constitucional y la vida democrática, y asociación ilícita”. El texto, de prosa grandilocuente, incluye recortes periodísticos, lanza unos pocos nombres de responsables, enumera policías lesionados y reza: “Lamentablemente también han resultado heridos un fotógrafo, Pablo Grillo, y una señora mayor de edad (Beatriz Blanco, 81 años)”. Refiere a los dos casos más graves entre decenas de manifestantes heridos, que Soto omite.

Bullrich necesita coronar un combo en lo inmediato: que intervengan varios juzgados federales sobre la supuesta sedición, el encarcelamiento de decenas de personas y la previsible acusación en su contra por el intento de homicidio de Grillo, y que todo conduzca al embudo de la Cámara de Casación Federal. A falta de Bonadio, a la ministra le urge que el enfoque preponderante sea sobre un intento de golpe de Estado. Sería un disparate, pero serviría para hacer ruido y consagrar, una vez más, la impunidad.

A través de Soto, la ministra reclamó que la justicia federal declare la incompetencia de la jueza del fuero ordinario Karina Andrade —a quien Clarín etiqueta como “camporista” en notas que, por vergüenza, nadie firma—, y anticipó que apuntará a destituir a la magistrada por haber ordenado la liberación de 114 detenidos.

Pero Bullrich se vuelve a encontrar con Bullrich. En el auto que ordenó la libertad de los detenidos, la jueza Andrade puntualizó la palmaria carencia de pruebas para mantener a manifestantes privados de la libertad. Esa mezcla de temeridad y chapucería, que la ministra intenta subsanar con sonoras acusaciones y zócalos de sus amigos de la tele, reaparece en la presentación de Soto ante Comodoro Py.

“La denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad enuncia una serie de delitos graves vinculados a la alteración del orden constitucional y menciona a presuntos responsables, pero, pese a estar cargado de afirmaciones, no aporta ninguna prueba”, evaluó una fuente de la investigación.

Para cubrir los agujeros de la denuncia, Picardi solicitó al Ministerio de Seguridad que aporte “registros, documentaciones e información” de los presuntos barrabravas y sus mandantes acusados de atentar contra la vida democrática. Por lo pronto, ya está demostrado que, de los cinco mencionados como “barrabravas” (¡sobre más de cien detenidos!), al menos dos no lo son.

La hipótesis de trasladar la investigación de Andrade a Comodoro Py no está cerca, porque ni siquiera tiene cuerpo la acusación por sedición, y si lo tuviere, habrá que demostrar el nexo de los detenidos con el golpe de Estado. De modo que la ansiedad de Bullrich, los Milei y los Macri por disparar un festival de arrestos con un horizonte de varios años de prisión deberá esperar.

Los registros de gendarmes y policías federales y de la Ciudad actuando como vándalos ante jubilados y manifestantes son profusos y quedaron a la vista de todos. Penetran hasta en los canales de noticias oficialistas. “Vengan zurdos”, arengó una voz desde una tanqueta hidrante pinochetista de la Policía de la Ciudad, a cargo de los Macri, que en este juego, luchan espalda con espalda los Milei. Si un grupo de policías a bordo de ese vehículo actúa como un grupo de tareas de la dictadura en plena Avenida de Mayo, y otro detiene a niños de 12 y 14 años en Plaza de Mayo ¿cómo no dar crédito a decenas de testimonios que dan cuenta de abusos y torturas contra los detenidos?

El desmadre policial fue tan burdo como otra invariante. En medio de la batahola, encapuchados logran parsimoniosamente incendiar autos particulares y patrulleros sin que nadie los moleste. Ocurre en cada protesta. Hombres con mochila se mueven entre los manifestantes, saltan, agitan, provocan, encienden contenedores o vehículos, rompen y se esfuman detrás de cordones policiales. Están filmados, pero no los buscan. A Bullrich se le acaban los videos y la estridencia a la hora de encontrar a los autores de esos desmanes.

La pista

El 14 de diciembre de 2023, con cuatro días en su segunda oportunidad como titular de Seguridad, Bullrich anunció la derogación del “protocolo garantista de Garré”.

Se refería a la resolución 210 de 2011 de la entonces ministra de Seguridad, con la memoria reciente de las muertes en el Parque Indoamericano porteño por una actuación conjunta de las policías de la Ciudad y Federal, y muchas otras víctimas de la brutalidad institucional en todo el país.

La reglamentación de 2011 establecía restricciones a cierto tipo de armas y una serie de medidas preventivas sobre los modos de actuación policial para que no ocurra, por ejemplo, que un gendarme dispare un proyectil que acabe con la vida de un fotógrafo.

Bullrich se solaza con la violencia y encuentra eco en la dirigencia política y económica, y en los votantes. El “protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” (antipiquetes) firmado por la titular de Seguridad fue celebrado por la claque mediática oficialista.

A contramano del protocolo de Garré, el texto de Bullrich otorga una amplia discrecionalidad a la Policía y establece normas tan estrictas para las manifestaciones, que terminan conculcando el derecho a la protesta. Todo reclamo —como manifestar por haber perdido un cuarto del ingreso jubilatorio en un año— pasa a ser considerado infracción y habilita el palazo policial.

La ministra intentó completar la faena en la primera versión de la ley Bases, que anulaba el derecho a siquiera denunciar los abusos policiales, lo que habría transformado al Gobierno de Milei en una dictadura lisa y llana.

Días después de emitido el protocolo antipiquetes en diciembre de 2023, el juez Casanello hizo lugar a un habeas corpus presentado por la legisladora de izquierda Celeste Fierro, y dictó una cautelar para suspender su implementación, en resguardo del derecho constitucional. En su resolución, Casanello enumeró preceptos sostenidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual el país es signatario, así como mandatos dirigidos al Estado argentino por la Relatoría Especial sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación de Naciones Unidas.

En sintonía con el Gobierno ultra que acababa de asumir, dos columnas de la Cámara Federal de Comodoro Py, Martín Irurzun y Eduardo Farah, hicieron lo esperable. Quitaron la causa a Casanello, lo que originó un conflicto de competencia con un juez del fuero ordinario, que no aceptó tratar el caso. El expediente llegó a la Corte Suprema, donde el pedido de habeas corpus, un recurso ante la afectación de derechos constitucionales que debe ser resuelto de manera urgente, quedó cajoneado. Sus señorías Rosatti, Lorenzetti, Rosenkrantz y Maqueda tuvieron otras ocupaciones, como denunciarse entre ellos de cometer graves delitos.

Ese aviso emitido por el juzgado federal de Casanello tuvo un correlato en reclamos contra el protocolo antipiquetes de organismos de Naciones Unidas, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras, sindicatos periodísticos como Sipreba, entidades de derechos humanos como el CELS y muchos otros. Todos ellos alertaron el peligro que significaba dar rienda suelta a la brutalidad policial contra los manifestantes y, en particular, el periodismo.

Premonitoriamente, el 10 de marzo pasado, 48 horas antes de la manifestación de los jubilados y las hinchadas de fútbol, la Asociación de Corresponsales Extranjeros hizo pública una nota en la que alertó que los periodistas “se han visto en la necesidad de comenzar a utilizar cascos, máscaras respiratorias y otros tipos de protección durante coberturas en la vía pública”. La entidad, con décadas de existencia y afiliados de medios de todo el mundo, aludió al creciente número de corresponsales y periodistas heridos, “producto del accionar policial dependiente del Gobierno nacional”.

Dos días después, Pablo Grillo, uno de los fotorreporteros independientes que han venido cumpliendo una función esencial en el registro de las manifestaciones y la brutalidad policial, logrando imágenes de altísimo valor que luego recorren continentes, se desplomó producto de un disparo anunciado desde el mismo momento en que Bullrich alardeó de derogar “el protocolo garantista de Garré”.

Si el autor del disparo resulta identificado, lo que no parece improbable, lo sensato en su beneficio sería que no acepte la defensa legal que gentilmente le ofrecerá Gendarmería. Un abogado defensor independiente tendría margen para aducir que el efectivo cumpiió órdenes, lo que no lo eximirá de responsabilidad, pero podria compartirla con la autora del protocolo.

Es tiempo de justicia.

SL/DTC

En 2024, el derecho a la protesta social en la Argentina enfrentó una de las mayores embestidas represivas de la democracia. Con la entrada en vigencia del protocolo antipiquetes, en diciembre de 2023, se instauraron políticas de control que limitaron severamente las manifestaciones. El informe de Amnistía Internacional titulado "Un año de protestas" es un anuario que detalla un panorama alarmante de violencia institucional, criminalización de manifestantes y restricciones al ejercicio de derechos fundamentales.

Amnistía relevó 15 protestas reprimidas entre enero y septiembre de 2024. Estos eventos dejaron 1.155 personas heridas, de las cuales 33 sufrieron impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro, algunas perdiendo parcial o totalmente la visión. Entre los afectados se contaron 50 periodistas que intentaban documentar los hechos y sufrieron agresiones mientras cumplían su labor.

Entre los afectados se contaron 50 periodistas que intentaban documentar los hechos y sufrieron agresiones mientras cumplían su labor

El informe destaca casos paradigmáticos como el de Claudio Astorga, un manifestante que perdió parcialmente la visión de un ojo tras ser impactado por una bala de goma en la marcha frente al Ministerio de Capital Humano. Similar fue la experiencia de Diego Ricciardi, periodista herido en el mentón mientras transmitía en vivo. Estos ejemplos ponen de manifiesto la falta de protocolos claros para el uso de armas menos letales.

La resolución 943/2023, conocida como protocolo antipiquetes, califica cualquier corte de vía pública como un delito flagrante, habilitando el despliegue policial inmediato. Esto incluye el uso de gases lacrimógenos, camiones hidrantes y balas de goma para dispersar manifestaciones. Además, permite iniciar demandas judiciales contra los manifestantes para que asuman los costos operativos de los despliegues policiales.

La normativa no solo vulnera derechos constitucionales como la libertad de expresión y reunión, sino que también contraviene estándares internacionales. En enero de 2024, las Relatorías Especiales de la ONU exhortaron al gobierno de Javier Milei a revisar esta resolución, petición que fue ignorada.

El informe de Amnistía subraya el uso desproporcionado de la fuerza como práctica sistemática. Los gases lacrimógenos, muchas veces utilizados en espacios cerrados, causaron graves afectaciones respiratorias y dermatológicas, especialmente en adultos mayores, niños y embarazadas. Testimonios documentados relatan que los efectos de estos compuestos irritantes podían durar horas, causando dolor intenso y dificultad para respirar.

Por otro lado, las balas de goma fueron dirigidas en múltiples ocasiones a la parte superior del cuerpo, contraviniendo las recomendaciones internacionales que estipulan que deben apuntarse a las extremidades inferiores. Este patrón quedó registrado en varias manifestaciones, incluyendo la marcha de jubilados del 11 de septiembre, donde una niña de 10 años y su madre fueron rociadas con gas pimienta directamente en el rostro.

Las balas de goma fueron dirigidas en múltiples ocasiones a la parte superior del cuerpo, contraviniendo las recomendaciones internacionales que estipulan que deben apuntarse a las extremidades inferiores

La represión no solo apuntó a manifestantes. En al menos 15 protestas, periodistas y trabajadores de prensa fueron blanco de agresiones físicas y detenciones arbitrarias. Diego Ricciardi, Agustina Binotti y Pablo Alonso son solo algunos de los nombres que resuenan en el informe como víctimas del accionar policial. SiPreBA y FOPEA denunciaron esta situación como una amenaza directa a la libertad de prensa.

En la Plaza del Congreso, el 1 de febrero, 35 periodistas resultaron heridos en un operativo que utilizó gases y balas de goma indiscriminadamente. “Proteger la función periodística y su integridad física es una responsabilidad ineludible del Estado”, señalaron las organizaciones de prensa.

Más allá de los números, las historias detrás de las cifras revelan el costo humano de estas políticas. Manifestantes que salieron a pedir por derechos laborales, educación pública o mejoras jubilatorias enfrentaron golpes, gases y balas como respuesta. El caso de Claudio Astorga, quien aún lucha por recuperar su visión, es solo uno entre muchos que reflejan la brutalidad de estas prácticas.

Consulta sobre la publicación de este informe, la ministra Bullrich dijo a la radio El Observador: “Amnistía Internacional no entiende nada. [Vivíamos en] un país que desde hace 25 años que tenía piquetes, que además eran con la gente extorsionada, con la gente yendo para que le den un sueldo, presos de los gerentes de la pobreza. Hemos logrado terminar con eso, con la mínima violencia. Que salgan con un informe así, la verdad es que, bueno, están del lado de los delincuentes”.

Bullrich se mostró indignada por el informe de Amnistía y dijo que en la organiazción “están influenciados por una mirada absolutamente alejada de lo que le pasa a la sociedad”. “¿Por qué no le preguntan a la sociedad si quiere seguir viviendo como vivió durante 25 años, donde los dueños de la calle eran los piqueteros y que le pregunten también a los mismos piqueteros que eran llevados y les sacaban una parte de la plata de su salario? ¿Por qué no les preguntan a ellos, en vez de hacer un informe total y absolutamente fuera de lugar, ridículo? Bueno, nosotros creemos que lo de Amnistía Internacional es pura ideología: la ideología de proteger siempre a los victimarios y a los 46 millones de argentinos, víctimas de los piquetes, de las extorsiones y demás, a esos no los protege nadie. Tranquilo, Amnistía, que nosotros los protegemos”.

La respuesta de Amnistía a Bullrich

Amnistía Internacional salió a responderle a Bullrich, con un posteo en X (Twitter): “Sí, entendemos. Entendemos que los gobiernos se enojen con nuestro trabajo. De hecho, entre los países que desacreditan nuestros informes sobre el uso abusivo de la fuerza, armas menos letales y detenciones arbitrarias están, por ejemplo, Venezuela y Nicaragua. Tiene sentido: demostramos con evidencia que cometen violaciones a los derechos humanos y en múltiples oportunidades nuestras investigaciones han contribuido para que los funcionarios responsables rindan cuentas ante la justicia”, resaltó.

Amnistía Internacional es una organización global que defiende los derechos humanos, investigando abusos y promoviendo justicia, libertad y dignidad. Actúa mediante campañas, informes y presión a gobiernos, buscando garantizar los derechos reconocidos internacionalmente para todas las personas.

La respuesta a la ministra de Milei continuó: “Amnistía Internacional denuncia la represión a la protesta social en todo el mundo, desde España, hasta Rusia, Bangladesh y Filipinas. Nuestros reportes están sujetos a una estricta metodología científica y se nutren de investigación en terreno, entrevistas a las víctimas, pedidos de acceso a la información pública, entre otras herramientas fundamentales. Denunciamos la violencia policial independientemente del gobierno de turno, tal es el caso del encierro en condiciones inhumanas en centros de aislamiento, las desapariciones y asesinatos de personas por parte de las fuerzas de seguridad durante la pandemia, cuyos relevamientos e informes están disponibles en nuestra página web”.

Denunciamos la violencia policial independientemente del gobierno de turno, tal es el caso del encierro en condiciones inhumanas en centros de aislamiento, las desapariciones y asesinatos de personas por parte de las fuerzas de seguridad durante la pandemia, cuyos relevamientos e informes están disponibles en nuestra página web

Amnistía Internacional — en respuesta a las críticas de Patricia Bullrich

Y finalizó: “Entendemos también que tocamos un nervio cuando exponemos los abusos. Recordamos el dramático caso de la niña gaseada en una protesta frente al Congreso. Se difundió un video falso que buscaba trasladar la responsabilidad por el lanzamiento de gas lacrimógeno contra una niña a una manifestante. Luego, la evidencia (eso con lo que trabajamos) mostró que quien había atacado a la niña fue un policía que actuaba bajo el protocolo antipiquetes”.

JJD

Hernán Confino y Rodrigo González Tizón son dos historiadores nacidos en democracia, especializados en historia argentina reciente. En Anatomía de una mentira. Quiénes y por qué justifican la represión de los setenta, recientemente editado por Fondo de Cultura Económica, procuran desarmar las falacias argumentativas de las narrativas de la llamada “memoria completa”. Este libro explica con rigurosidad y de forma amena por qué la Argentina no sufrió una guerra civil en los setenta, qué se conoce respecto del número de desaparecidos y por qué los crímenes de la guerrilla no pueden ser considerados de lesa humanidad. En diálogo con elDiarioAR, los autores ponen en debate la manera en que se ha abordado hasta el momento la violencia de Montoneros y el ERP y sostienen que “los intentos de reconocimiento de las víctimas civiles de la guerrilla, que consideran legítimos, no pueden partir jamás de la equiparación de la violencia de las organizaciones armadas a la desplegada por el Estado”.

—¿Cuáles fueron los principales desafíos de salir a discutir desde las ciencias sociales con los discursos que relativizan, banalizan e incluso reivindican la represión clandestina?

Hernán Confino (HF): —Como explicó el historiador francés Pierre Vidal-Naquet, cuyos padres murieron en Auschwitz, hay una diferencia entre discutir con los negacionistas y acerca de ellos. Nosotros no discutimos con Nicolás Márquez, Agustín Laje o Victoria Villarruel personalmente, sino que discutimos acerca de estos discursos. Es muy difícil establecer parámetros comunes con personas a quienes no le genera ningún tipo de estupor que una mujer haya parido arriba de una mesa mientras la picaneaban. Lo que buscamos es ofrecer una explicación desde la historia que esté fundamentada y que pueda permitirle a quienes están interesados en la temática detectar dónde está la falacia de aquellos grupos que reivindican o banalizan la represión clandestina en los setenta. 

Rodrigo González Tizón (RGT): —En un momento en que los debates se corrieron tan a la derecha, decidimos salir a defender los consensos de la democracia, con rigor histórico y sin esquivar ningún tema. Observamos que las ultraderechas aprovechan los flancos débiles de las políticas de memoria y derechos humanos para elaborar sus estrategias. Por ejemplo, la decisión de establecer desde 1966 la periodización para definir quién es una víctima del terrorismo de Estado, puede generar que alguien diga: “Al final víctima del terrorismo de Estado fueron todos, entonces no fue nadie”. Además, buscamos dar respuestas a preguntas genuinas que la sociedad se hace, por ejemplo, alrededor del número de los 30.000. Que un pibe de 16 años nos pregunte cuántos desaparecidos hubo no lo vuelve un negacionista de la dictadura, es una pregunta legítima y, con este libro, ofrecemos herramientas para poder responder a esa inquietud sin caer en simplificaciones. 

Nosotros no discutimos con Nicolás Márquez, Agustín Laje o Victoria Villarruel personalmente, sino que discutimos acerca de estos discursos

—El libro expone algunos temas espinosos de la narrativa hegemónica construida hasta el momento, por ejemplo, el cuestionamiento a las prácticas concretas de la militancia armada o los reclamos por las víctimas civiles de la guerrilla. ¿Cómo se puede hablar de estas cuestiones sin caer en los discursos de las ultraderechas?

HC: —El presente nos terminó demostrando de una manera bastante dolorosa que los debates que no se dieron, se nos volvieron en contra. Nosotros procuramos construir un debate amplio que pueda dar lugar a consensos, quizás más pequeños, pero más sólidos. Consensos que puedan ser sentidos como propios por la mayor cantidad posible de personas. En las gestiones kirchneristas, en lo que fue una política de derechos humanos y memoria muy amplia, con muchos aciertos, también hubo errores no forzados. Por eso nos preguntamos: ¿Cuál tiene que ser el discurso del Estado sobre nuestro pasado y qué lugar deben tener en esa construcción las organizaciones de víctimas? Discutimos, por ejemplo, con la idea de que las acciones de quienes militaron en los setenta son imposibles de criticar porque fueron realizados por personas que empeñaron su vida en ello. 

—¿Cómo se explica que esas voces que justifican la represión clandestina hayan avanzado tanto en la agenda mediática y política en los últimos años? 

HC: —Entre el 2009 y el 2013, se puede observar todo un sector progresista no peronista que cuestionó profundamente el tratamiento de los setenta que hizo el gobierno kirchnerista y que, de hecho, encontró bastante intolerancia de parte del oficialismo. Por otro lado, no podemos pensar en el momento actual sin considerar los diques que rompió el gobierno de Mauricio Macri para diferenciarse del kirchnerismo, con un enfoque más pragmático que ideológico. 

RGT: —Nuestra hipótesis es que la discusión sobre el pasado se inscribe en una disputa mucho más amplia que empieza a ganar volumen a partir de la construcción de la grieta entre kirchnerismo y antikirchnerismo. En la actualidad, esta discusión es parte de la mentada “batalla cultural” de la que hablan estas extremas derechas que están pululando en distintas partes del mundo. Una batalla contra el progresismo, el comunismo, el colectivismo, el movimiento feminista, la militancia por la diversidad de género, etc. 

Entre el 2009 y el 2013, se puede observar todo un sector progresista no peronista que cuestionó profundamente el tratamiento de los setenta que hizo el gobierno kirchnerista y que, de hecho, encontró bastante intolerancia de parte del oficialismo

—¿Qué efectos pueden tener estos discursos sobre el pasado en el presente? 

HC: —La aceptación de la violencia estatal del pasado habilita nuevos avances sobre nuestros derechos en el presente. En 2024, vivimos cómo personas que fueron a una manifestación en contra de la ley Bases, fueron señaladas como terroristas que querían atentar contra la democracia y terminaron detenidas en un penal federal. Patricia Bullrich, desde el Ministerio de Seguridad, pretende requerir a las Fuerzas Armadas para la seguridad interna, como sucedió con Macri. Y hace apenas unas semanas, Milei firmó un decreto para modificar la Ley de Defensa Nacional que tiene que preocuparnos. Por otro lado, a nivel judicial, hay grupos que están buscando revertir la jurisprudencia argentina de que las organizaciones armadas no cometieron delitos de lesa humanidad. Para eso, apelan al Estatuto de Roma, que en 1998 planteó la posibilidad de que este tipo de delitos sean cometidos por actores no estatales. Sin embargo, este estatuto no está pensado para agrupaciones como Montoneros o el ERP, sino para organizaciones que tuvieron políticas sistemáticas de ataque generalizado contra población y controlaron porciones del territorio. Sabemos que la violencia guerrillera argentina no tuvo esas características, sino que fue más bien selectiva. Con esto no buscamos justificar los delitos cometidos ni negar que hayan asesinado a civiles, sino subrayar que, en la Argentina, las guerrillas no estructuraron una política armada sistemática que tuviera esa finalidad. Por ende, cometieron delitos comunes, susceptibles de prescripción. 

—El 19 de diciembre pasado, la Cámara Federal ordenó la reapertura de la causa por la bomba en el comedor de la entonces Superintendencia de Coordinación Federal de la Policía Federal, ocurrido el 2 de julio de 1976 y citó al exjefe de Montoneros, Mario Firmenich, a declaración indagatoria. ¿Cómo se explica esta decisión desde la mirada de la historia?

HC: —Primero, tenemos que entender quiénes están detrás de esas querellas y cuál es su estrategia judicial. La agrupación de abogados Justicia y Concordia tiene como referentes a Laura Olea y Ricardo Saint Jean, familiares directos de represores, uno que estuvo en Río Negro en la Escuelita y el otro, Ibérico Saint Jean, fue interventor de la provincia Buenos Aires, autor de aquella frase “Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y, finalmente, mataremos a los tímidos”. Esa gente es la que hace los “habeas corpus” para poder liberar a los perpetradores de terrorismo de Estado y son los mismos que patrocinan la reapertura de la causa del comedor de la policía, de Rucci, de Larrabure y de Viola. Son organizaciones que en sus redes sociales reivindican en pleno a Astiz. Incluso la justicia aceptó como querellante a Eduardo Kalinec, un represor condenado a perpetua cuya hija es miembro del colectivo Historias Desobedientes. Me parece que es bastante cristalino, ¿no? La estrategia es: “¿No podemos liberar a los represores? Entonces hay que condenar a los militantes”. Desde su lógica, cuando haya una buena cantidad de militantes presos, quizás podrán presionar por una amnistía.  

RGT: —Además, una de las falacias absolutas que expresan estos grupos es decir que no ha habido investigaciones judiciales en relación con los crímenes de la guerrilla. Para poner en contexto, es importante saber, en primer lugar, que para los hechos más emblemáticos por los cuales se reclama, hubo en su momento investigaciones judiciales y varios de ellos tuvieron condenados. En segundo lugar, hay que recordar que tras cada atentado de las organizaciones armadas, el Estado desplegó acciones represivas que fueron absolutamente ilegales. Inmediatamente después del atentado al comedor, sucedió la masacre de Fátima, en Pilar, donde se dinamitaron 30 personas como represalia. Lo que ha realizado el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTY) de Victoria Villarruel es construir un reclamo en espejo al de los organismos derechos humanos convencionales para, a través de un discurso técnico y a la vez emocional, volver a construir un escenario de guerra interna, desprovisto de todo contenido histórico, y buscar la equiparación de las acciones de las organizaciones armadas con las acciones represivas llevadas de forma clandestina por el Estado.

HC: —Para entender la magnitud de la reacción hay que pensar en cuáles fueron los procedimientos que se hicieron desde el kirchnerismo en materia de política de memoria y de derechos humanos. Iniciativas como la del CELTY de Villarruel aprovechan el hecho de que la política de memoria del kirchnerismo que no brindó un reconocimiento para las víctimas de las organizaciones armadas. Desde nuestro punto de vista, lo que hay que hacer es reconocer a estas víctimas, pero sin perder de vista las diferentes violencias que las generaron. Porque no es lo mismo que te mande una organización armada, a que te mate el Estado. No hay herramientas desde historia ni desde el derecho que permitan homologar esas violencias.

—Con las últimas noticias de desarticulación del Centro Cultural Conti en el predio de la ex ESMA, ¿se viene una nueva etapa en el avance sobre las políticas públicas en torno a la memoria y los derechos humanos por parte del gobierno de Milei?

RGT: —Venimos de un año de desgobierno con una intención muy clara de desarticular la estructura en la Secretaría de Derechos Humanos. En mi caso personal, trabajé en el Archivo Nacional de la Memoria hasta que el año pasado, un día me avisaron que no aparecía más en el sistema y nunca recibí una explicación. Durante la gestión del actual secretario Alberto Baños, muchas áreas muy sensibles quedaron vacantes en sus conducciones. En el caso del Centro Cultural Haroldo Conti, fue perseguido en el momento de hacer el seminario que anualmente se realiza allí de políticas de memoria y estuvo sin autoridades todo el año, sin ningún tipo de interlocución de parte del secretario. Hoy el Conti está cerrado, con los trabajadores en esta figura perversa de la guardia pasiva y están echando a los que no se atuvieron el retiro “involuntario”. La situación es crítica y están en riesgo también otras áreas que el Ministerio de Justicia absorbió luego del cierre del Ministerio de Mujeres y del INADI.

—Como historiadores jóvenes, de una generación nacida en democracia, ¿sienten que pueden hacer preguntas diferentes sobre estas heridas de nuestro pasado?

HC: —Por un lado, contamos con la ventaja de haber ingresado a un campo de estudios que fue construido por colegas de generaciones previas que desbrozaron el camino. Por el otro, al no estar generacional o familiarmente implicados, buscamos un acercamiento lo más profesional posible. Eso genera libertad, también rispideces. 

RGT: —Durante mucho tiempo se planteó que abrir determinado debate era cederle terreno a la derecha. Eso se ha venido modificando en los últimos 15 años, y creemos que mientras uno lo haga desde una de una postura éticamente posicionada, hay que hacerlo. La clave está en la intención con la que se reabren esas cuestiones. Nosotros lo hacemos para comprender mejor el pasado, los referentes de la llamada “memoria completa” lo hacen para revivir el pensamiento contrainsurgente, para obtener la impunidad de quienes violaron sistemáticamente los derechos humanos y para desprestigiar el proceso de memoria, verdad y justicia como un todo. En última instancia, lo que es más perverso, buscan trasladar la carga de la culpa a las víctimas.

MNA/JJD

Una noche de fines de los 90 Sandra Cabrera escapa de una mujer casi 20 años mayor que ella. Están a una cuadra de la Terminal de Ómnibus, en una de las zonas rojas de Rosario. Sandra va a cumplir 30 y es rápida arriba de los tacos. Trabaja en la calle desde hace una década y está acostumbrada a escapar, correr y esconderse de todas las divisiones de la Policía santafesina. Esta vez no corre, camina rápido. La ignora, se hace la mala, se va a otra esquina. La mujer insiste. 

—Mirá que nosotras en Buenos Aires no vamos más presas. 

Sandra frena, la mira, se presentan.

La mujer se llama Elena Reynaga y Sandra ya la conoce. Es la secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar). Desde hace unos meses recorre el país con preservativos, folletos y una misión: que el sindicato de trabajadoras sexuales nacido en la ciudad de Buenos Aires a mediados de los noventa sea federal y tenga filiales en todas las provincias. Cada vez que llega a una ciudad hace lo mismo. Va a las zonas rojas y busca entre las prostitutas una con pasta de dirigente. Y Elena sabe, todas se lo dijeron, que en Rosario esa pasta la tiene la sanjuanina Sandra Cabrera. 

Rock y Gilda

Sandra llegó a Rosario desde San Juan apenas comenzaba la década del noventa. Quería juntar plata para pagar la operación de pies de uno de sus dos hijos. Ya era prostituta. Había empezado cuando se separó del padre de los chicos. Apenas migró buscó una esquina en el centro de Rosario. Después fue a la zona Terminal de Ómnibus, a la cortada Quintanilla y San Lorenzo. En esa esquina se hizo amiga de los vecinos y la compartió con su comadre Claudia Lucero durante 10 años. Hablaban durante horas entre cliente y cliente, salían a bailar, comían facturas calientes recién salidas de la panadería y escapaban de cada patrullero para no ser detenidas. 

—Hablamos por primera vez en el pasillo del Hotel Cantábrico. Era el único lugar donde podíamos laburar porque el dueño arreglaba con la cana. En esa época caíamos presas todos los días. Era una semana en Moralidad Pública, la otra en la séptima, la otra en la sexta. Me las conozco como a mi casa a las comisarías. Nos daban hasta 40 días. Con Sandra en el hotel cruzábamos un hola y nada más. Yo siempre de ahí me iba a las bailantas de cumbia. Sandra era más rockera, aunque era devota de Gilda. Un día yo estaba sola porque ninguna de mis amigas quería ir y la invité al baile. Ahí nos hicimos uña y carne. Y ella me invitó a trabajar a su esquina. 

Cuando nació Macarena, la tercera hija de Sandra, Claudia se convirtió en su madrina. Las hijas y los hijos de las putas se criaban juntos. Entre las madres organizaban los cumpleaños. Trabajaban toda la noche para pagar la torta, los regalitos y la piñata. Salían en las fotos sonrientes con ojeras y maquillaje corrido. Y también cuidaban los chicos cuando alguna caía presa. 

—El día que la mataron yo no había ido a trabajar porque estaba indispuesta. Nunca me lo voy a perdonar. Siempre pienso en qué hubiera pasado. Ella estaba contenta porque se iba a Córdoba de vacaciones con la Paola. 

“Ofensa al pudor”

Hay una imagen recurrente. Sandra en la motito, a veces sola, a veces con Macarena, recorriendo las zonas de trabajo sexual callejero repartiendo volantes y preservativos. Sandra dando educación sexual integral en las esquinas antes de que existiera una ley. 

Las primeras reuniones de la incipiente seccional Rosario de Ammar se hicieron en un bar de la zona de la Terminal. Elena Reynaga viajaba cada dos semanas para formar a las que se animaban a participar. Las prostitutas participaban un rato, agarraban los preservativos y volvían a trabajar. Sandra era la única que se quedaba. Charlaba con Elena, la escuchaba atenta, fantaseaba con la derogación de las tres contravenciones que permitían a la Policía detenerlas: ofensa al pudor, prostitución escandalosa, travestismo. En 2003 presentaría el primer proyecto en la Legislatura provincial para eliminarlas y empezarían las amenazas. 

—Cuando caminaba era como que decía “acá vengo yo”. La quise mucho porque cuando nosotras estábamos paradas en la esquina, nadie nos daba bola. Ni la sociedad, ni la familia, ni nadie. Un día me dijo que quería armar un sindicato. Yo trabajaba en la zona oeste, cerca del Village y pensé que estaba loca. Y lo armó nomás, en el 2000 abrió la oficina. 

Myriam Auyeros es la actual secretaria general de Ammar Rosario y una de las amigas de Sandra. Tiene un vozarrón y es una narradora de la historia de las putas. La oficina estaba en el primer piso de la CTA, donde hoy funciona ATE Rosario. La primera vez ella entró a visitar a Sandra sintió vergüenza. Nunca había estado en un lugar lleno de trabajadores y trabajadoras organizados. 

Nosotras nos sentíamos sapo de otro pozo, lo nuestro era la noche, pero en la CTA nos trataban como iguales

Myriam Auyeros — Secretaria general de Ammar Rosario

—Nosotras nos sentíamos sapo de otro pozo, lo nuestro era la noche, pero ahí nos trataban como iguales. Cuando me enteré que la mataron me agarró una locura y empecé a los gritos. Mi nene, el más chiquito, me miró y me preguntó: ¿Y ahora quién me va a dar las monedas de un peso? Cada vez que él iba conmigo al sindicato la Sandra le daba una moneda de un peso. 

Denuncias contra la policía

La primera nota que le hicieron a Sandra en los medios de Rosario fue en diciembre de 2001, en el diario El Ciudadano. En plena crisis, piquete y cacerola, pedía bolsones de alimentos para las prostitutas que no tenían para comer. Los consiguió para navidad. Después vino la gestión de los planes jefas y jefes de hogar para 50 compañeras. 

La nota la escribió la periodista Mariela Mullhall y fue también quien le hizo la última, dos días antes de que la mataran. Sandra había llegado al diario un sábado por la tarde con una compañera. Venían de denunciar en Tribunales a Moralidad Pública. Ya en septiembre de 2003 habían removido a la cúpula cuando Sandra denunció en los medios que les cobraban coimas de 50 pesos para dejarlas trabajar. Esta vez, había pasado lo mismo. 

Sandra siempre prefirió el trabajo sexual callejero al de los boliches, cabarets y whiskerías. En la esquina la ganancia era toda para ella. Cuando se convirtió en secretaria general de Ammar, una de las causas que más militó fue la denuncia de las condiciones de trabajo en los privados. Se metía de prepo y juntaba pruebas de que ahí adentro había trata de menores y acuerdos con la policía. Más de una vez la sacaron a los golpes. 

La pelea con la policía era cotidiana. Sandra quería terminar con las detenciones. En 2003 empezaron las amenazas: a ella por la calle y por teléfono, al sindicato, contra Macarena. Le pusieron custodia policial, que estuvo en la puerta de su casa hasta cuatro días antes de ser asesinada. 

En un programa de televisión de diciembre de 2003 dijo que había muchas prostitutas que salían con policías y que ella no entendía por qué, cuando eran los primeros que las explotaban. Hacía más de un año que estaba enamorada de un policía de la Federal, de la división de Drogas Peligrosas. . 

La vendetta

El 26 de enero de 2004 hacía mucho calor. Esa noche Sandra salió a trabajar. Pasó por el quiosco en el que siempre hacía base, compró gaseosa y un palito bombón helado. Se paró en la esquina de trabajo con Paola,  amiga, compañera de esquina y de vacaciones. Se habían apoyado en una columna, dándose la espalda. Eran eso de las 3.30 cuando un tipo se le acercó. 

—Ya vengo— le dijo Sandra, y se fueron caminando para el lado de Iriondo. 

Paola declaró varias veces que no le vio la cara al supuesto cliente. Su testimonio aparece varias veces en la causa y siempre la misma respuesta: no le vi la cara y no podría reconocerlo de espaldas. 

Días después la kiosquera de la esquina de Cafferata y San Lorenzo declaró que esa noche Sandra se fue con el de Drogas Peligrosas. Que estaban charlando y ella le dijo “ahí está Diego”, y se fue. Fue la última que la vio viva. 

La primera autopsia indicó que la mataron entre las dos y las cinco de la mañana de un tiro en la nuca. La segunda fue más precisa: 5 de la madrugada. Recién a las 08.15 se registró el primer llamado denunciando un cuerpo en la puerta de una casa en Iriondo al 600. 

El cuerpo de Sandra Cabrera estaba a dos cuadras de la esquina donde trabajaba. Boca arriba, con los pantalones y la bombacha bajos y un tiro en la nunca. En la escena había un envoltorio de preservativo Camaleón y una colilla de cigarrillo. Nadie barajó la posibilidad de que la haya matado un cliente. La certeza se expandió como la noticia de su muerte: a Sandra la había matado la Policía. 

Un crimen impune

El expediente de la investigación del crimen de Sandra Cabrera no está en los Tribunales provinciales de Rosario. Hace ocho años quedó guardado en un sindicato, el mismo donde estuvo la primera y única oficina de Sandra. 

La guardiana del expediente se llama Liliana Leyes, dirigente de ATE. Con Sandra compartieron el día a día en las oficinas, aprendió de ella sobre la situación de las prostitutas y cuando la mataron, estuvo en cada reclamo por el esclarecimiento del crimen. En esas conversaciones cambió su mirada sobre la prostitución y los derechos de quienes la ejercen. 

—Tenía una voz gruesa y un lenguaje distinto al de cualquier ama de casa, el lenguaje que aprenden las compañeras en la calle. Era un cuadro impresionante,  incondicional con sus compañeras, las cuidaba mucho. Le dio un aire distinto a la CTA tener a Ammar acá. Se cayeron muchos prejuicios. Convivíamos y salíamos juntas a la calle. 

El expediente es un testimonio de época: la convivencia entre la máquina de escribir, el manuscrito y las primeras computadoras. La mala calidad de las fotos, la poca circulación de celulares, la inexistencia de cámaras de seguridad. Muestra las detenciones sistemáticas de las mujeres y travestis que trabajaban en la noche, del ninguneo de la Policía y de la violencia institucional. Evidencia cómo era aceptable dar de baja una investigación por considerar que los testimonios de trabajadoras sexuales eran “frágiles, que pertenecen a personas con actividades callejeras que transcurren las madrugadas con un itinerario errante, que no pueden otorgar datos certeros”. 

Es también un perfil de Sandra: muestra a una mujer compleja, madre, laburante y solidaria, que se metía en las comisarías a repartir volantes del sindicato entre las putas detenidas. Una sanjuanina de carácter fuerte, que más de una vez golpeó la puerta de la casa del papá de su hija lista para irse a las piñas. Una dirigente sindical mediática, con conciencia de clase, enamorada de un cana. También es una denuncia permanente del abuso policial y de poder, del circuito de la droga y la caja negra, de las complicidades y relaciones personales entre trabajadoras sexuales y policías. 

La mañana del 27 de enero de 2004 la causa judicial quedó a cargo del juez Carlos Carbone y el fiscal Ismael Manfrín. Carbone siguió desde un primer momento las huellas de la Policía en el crimen, con el foco en Moralidad Pública y las últimas denuncias de Sandra contra la dependencia. 

La investigación decantó en Diego Víctor Parvluczyk, del área de Drogas Peligrosas de la Policía Federal. La fuerza nacional convivía con Moralidad Pública y las comisarías 6º y 7º en la zona de trabajo sexual de la Terminal. Todas se disputaban los negocios de la zona y el avasallamiento a los pocos derechos que tenían las putas. 

A mediados de 2004, Carbone lo procesó. El policía federal estuvo detenido cuatro meses. Lo liberaron en noviembre de ese año, por resolución de la Sala I de la Cámara Penal, integrada por Ernesto Pangia, Eduardo Sorrentino y Alberto Bernardini, que consideró que las pruebas contra él no eran suficientes y que los testimonios de las trabajadoras sexuales no eran válidos. 

Carbone fue recusado meses más tarde. En 2007, el juez de Instrucción de la 10° Nominación, Alfredo Ivaldi Artacho, dictó el sobreseimiento del único imputado y detenido por el delito de homicidio agravado por alevosía contra Sandra Cabrera. En los años siguientes no hubo otras líneas de investigación y la causa quedó impune.

Te llevo en la piel

Macarena se tatuó por primera vez en la adolescencia. Se hizo en la espalda un círculo con flores, una S y una fecha: 27-01-04. Tenía 8 años cuando mataron a su mamá. Ella estaba en Mendoza. Sandra había conseguido un lugar para que viajara con un grupo de boy scout. El 27 de enero a la mañana el coordinador la separó del grupo y le dijo que tenía que volver a Rosario. Todo el viaje Macarena repetía en su cabeza. “Si mi mamá no se murió, a mi mamá la mataron, si mi mamá no se murió a mi mamá la mataron”. 

Era chica pero sabía de las amenazas. Sentía el peligro. Después quedó a cargo de su abuelo, la mandaron a San Juan, se escapó, volvió a Rosario, sufrió violencia intrafamiliar, se escapó de nuevo, se fue a vivir con Claudia mientras Liliana la seguía de cerca e intentaba conseguirle una casa. Estuvo una década en una relación violenta. Tuvo cuatro hijos. Hace dos años logró separarse y ahora vive en una casa en la periferia de Rosario con los chicos. Está juntando plata para abrir un quiosco. Cuando ve las pocas fotos que hay de su madre se ve físicamente distinta, pero se reconoce en la mirada. Desde que está sola con los chicos la entiende más. 

AB/MG

Esta nota fue realizada a partir de la investigación de Laura Hintze y Arlen Buchara para el podcast Matar a una puta sindicalista.

Tou Thao, ex agente a la policía de Minneapolis, fue condenado a cuatro años y nueve meses de prisión por complicidad en el homicidio de George Floyd, el hombre afrodescendiente asfixiado por otro uniformado en el marco de una detención en el 2020. El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, había solicitado una condena de cuatro años y tres meses, pero Cahill decidió dictar una sentencia más severa, con 6 meses adicionales.

El fallo se ejecutará en conjunto con los 3 años y medio de cárcel que Thao ya había recibido previamente debido a una condena federal por violar los derechos civiles de Floyd. El ex policía había contenido a una multitud de transeúntes mientras Derek Chauvin y otros dos agentes sometían a la víctima.

Hace dos años, Chauvin fue declarado culpable del homicidio de Floyd, luego de que quedara registrado en un video de un celular arrodillándose sobre el cuello de la víctima durante más de nueve minutos el 25 de mayo de 2020. En este marco, el agente fue condenado a 22 años y medio de prisión estatal y a 21 años por cargos federales de violación de derechos civiles.

Los otros dos efectivos involucrados en el crimen son Thomas Lane y J. Alexander Kueng. Ambos sujetaron a Floyd por las rodillas y las nalgas mientras era asfixiado. En 2022, los dos agentes se declararon culpables ante un tribunal estatal y fueron condenados a tres años y medio, y tres años de prisión, respectivamente. Al igual que sus compañeros, también fueron encontrados culpables de violar los derechos civiles del hombre asesinado, por lo que Lane fue condenado a dos años y medio de cárcel y Kueng, a tres.

Con información de agencias.

Mauro Coronel había discutido con su pareja y esa pelea terminó en una pelea con un vecino. Cuando llegó la policía, todos agentes de la 10ma de la ciudad de Santiago del Estero, a Coronel lo redujeron de un itacazo en el pecho. Eso ocurrió la noche del 30 de abril de 2020, hace más de tres años, y lo que siguió fue una reconstrucción impulsada por su familia, que cuenta con el apoyo de Amnistía Internacional Argentina. Los testigos y los videos refieren que al joven, de 22 años, lo esposaron al poste del patio de la comisaría, le echaron agua fría y lo golpearon hasta que perdió la conciencia; después lo tiraron en un pasillo. Los días siguientes, Coronel fue y vino del hospital a la dependencia. Primero le diagnosticaron un edema encefalocraneano y luego una posible insuficiencia respiratoria, producto de una neumonía causada por una bacteria intrahospitalaria.

Un mes atrás, el abogado Ignacio Fernández Camillo en representación de Laura, la madre de Coronel, pidió la imputación y la elevación a juicio de seis policías identificados por tres testigos y de la Coordinadora de la Unidad Fiscal de Violencia Institucional, Érika Leguizamón, la fiscal que debió investigar las circunstancias de la muerte del joven. El Juzgado de Control y Garantías aun no se ha expedido. Tampoco permitió que la querella acceda al expediente. Además, la investigación se centra en “vejaciones” y no en las torturas que, según las imágenes y tres testimonios, sufrió la víctima.

De acuerdo a la requisitoria de elevación a juicio a la que tuvo acceso elDiarioAR, a los policías Pablo Enrique Del Valle Palacio Giménez, Matías Nahuel Paz, Marcelo Sebastián Jiménez, Carlos Eduardo Salvatierra, Manuel Rafael Brandan Serrano y Marcelo Soria los acusan de ser autores de la muerte y piden que sean imputados por los delitos de homicidio calificado por ser cometido con alevosía y por miembros de las fuerzas de seguridad en concurso ideal con torturas seguidas de muerte en concurso real con los delitos de apremios ilegales, vejaciones y severidades. A la fiscal Leguizamón, por los delitos de retardo de justicia en concurso ideal con encubrimiento calificado. De haber habido otros agentes involucrados en el muerte de Coronel, la fiscalía no los ha buscado. Por otro lado, los seis policías siguen en funciones. La noche de la detención llevaban pasamontañas puestos. Eran los inicios de la pandemia.

Noelia Garone, Directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos en Amnistía Internacional Argentina, dijo a elDiarioAR que una vez agotadas las instancias de apelaciones en la Justicia local, recurrirán a la Justicia Internacional. “Hicimos cuatro pedidos formales para reunirnos con la fiscal y ninguno fue respondido. Fuimos nosotros los que logramos acreditar la participar de estos policías. El Estado podría tener que rendir cuenta ante los Tribunales Internacionales por el caso de Mauro Coronel”, agregó Garone.

Las circunstancias de la muerte de Mauro Coronel

De acuerdo a la reconstrucción que hizo la familia y Fernández Camillo, el abogado que los representa, Coronel ingresó en la comisaría 10ma, ubicada en la avenida Borges 435 de la ciudad de Santiago del Estero el 30 de abril por la noche. Descalzo y solo vestido con una remera y el calzoncillo, fue esposado a un poste en el patio de la dependencia. Estaba a la intemperie, en una noche helada. Los testigos relataron que al menos en tres ocasiones le echaron agua fría en forma de baldazos. Usaban tachos de pintura de 20 litros.

“Ha sido una noche de tortura. A él lo pegaban, lo pegaban y el gritaba todo y el gritaba que lo dejen de pegar, le gritaba a la madre que lo venga a sacar porque lo iban a matar (...) le echaban baldes con agua, lo tenían en boxer y de remera y le echaban baldazos con agua y ese era el celdero también el que ha grabado y era fresca esa noche, (...) estábamos abrigados, (...) estaba fresco esa vuelta, ese tiempo estaba fresco”, relató un testigo, que esa noche estaba detenido en la misma comisaría y cuya identidad en esta nota se reserva.

Después, los golpes. Un testigo contó que vio a Coronel a través de la hendija por dónde pasan la comida: “Y bueno por ahí se veía a donde él estaba en el poste de luz, se veía todo lo que le hacían, pasaba un policía, pum le pegaba una piña de costado, pasaba otro policía pegaba otro y pasaban así cada rato, pasaban le pegaban, pasaban con un palo le pegaban y así toda la noche. Con puños, porque cada vez que pasaban le pegaban así una piña en las costillas, en la cabeza, pero más era golpe por abajo, por las piernas, y palazos le pegaban también en las piernas (...) alrededor de 5 policías fueron los que pasaban y le pegaban”.

Por lo menos hasta el 2 de mayo, es decir, dos días después de la detención, Coronel estuvo tendido en un pasillo de la comisaría 10ma. Esa mañana lo trasladaron al Hospital Regional porque dijo que le dolía el cuerpo. Allí le realizaron una tomografía que determinó un edema encéfalo-craneano leve. Hecho el diagnóstico, lo llevaron de vuelta a la 10ma. Hay que recordar que Coronel había sido detenido luego de protagonizar una pelea con su pareja primero y con un vecino después. Dos horas después, ese mismo 2 de mayo, Coronel se descompensó y tuvieron que trasladarlo otra vez al Hospital Regional. Le detectaron una insuficiencia respiratoria y una posible neumonía.

Al día siguiente, 3 de mayo, Walter Daniel Ardiles, su padre, pudo hablar con él. Coronel le dijo: “Me han pegado en todo el cuerpo en la Comisaría Décima, ahí me han hecho re cagar en la Comisaría papá, me han pegado mucho”. Al día siguiente lo inducen al coma. Un día después, el 5 de mayo, Coronel muere. En su informe final, el perito de parte afirma que “las condiciones en las que Coronel permaneció privado de su libertad Coronel, el haber sido desprovisto de abrigo y golpeado en total indefensión en un lugar a cielo abierto, son la causa mediata de su cuadro mortal. El nexo entre la privación de la libertad, los tormentos y la infección subsecuente es indiscutible”.

Laura, la madre de Coronel, se acercó a la comisaría la noche en que lo detuvieron. Con cuidado de que no la descubrieran, logró filmar con su celular. Las imágenes son borrosas. Pero es posible distinguir la súplica de su hijo: “Má, sacame de aquí. Me están matando”.

VDM/MF

Nuevos testigos declararon el juicio a seis policías por el crimen de Joaquín Paredes, el adolescente de 15 años asesinado durante un operativo policial el 25 de octubre de 2020 cuando regía el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) por la pandemia de coronavirus, en la localidad cordobesa de Paso Viejo.

Este miércoles, jóvenes relataron su versión de los hechos ante el Tribunal de Cruz del Eje, integrado por los jueces Ángel Francisco Andreu, Javier Rojo y Ricardo Arístides y jurados populares. El día anterior, habían declarado los seis policías juzgados: Maykel Mercedes López (25), Iván Alexis Luna (26), Enzo Ricardo Alvarado (29), Jorge Luis Gómez (34), Ronald Nicolás Fernández Aliendro (27) y Daniel Alberto Sosa Gallardo (43). Lo hicieron, además, la madre de la víctima, Soledad Paredes, y un amigo del adolescente que también fue baleado durante el incidente.

López es el único acusado como autor del “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” de Paredes (15). La fiscal Fabiana Pochettino pidió, en nombre de la familia del adolescente, que se juzgue a todos los policías con esta misma carátula, pero el requerimiento fue desestimado por el tribunal. Así, Luna seguirá imputado por “lesiones graves” contra el amigo de la víctima, Sosa Gallardo por “amenazas calificadas” y Alvarado, Gómez y Aliendro por “omisión de deberes” y “disparo de arma de fuego calificado”.

Según la acusación, la madrugada del 25 de octubre un grupo de policías llegó a la plaza de Paso Viejo, una localidad cordobesa de mil habitantes, tras ser alertado por una reunión de jóvenes mientras regía el aislamiento. En el lugar, se produjo una discusión con los adolescentes que derivó en una balacera por parte de los policías: dispararon al menos siete veces. Según determinaron los peritajes, cuatro balas correspondían al arma del agente Luna mientras que las tres restantes a la de López y fue precisamente uno de estos últimos disparos el que ocasionó la muerte de Paredes.

Con información de agencias.

Diecinueve policías que eran juzgados por la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco fueron absueltos este martes por un tribunal federal luego de un juicio que había comenzado hace un año y medio y en el cual declararon más de 200 testigos.

En octubre del 2014, el joven bonaerense de 22 años estuvo detenido en una comisaría rosarina, y su cuerpo fue encontrado tres semanas después en el Río Paraná.

El fallo del Tribunal Oral Federal en lo Criminal 2 (TOFC) de Rosario fue por mayoría y generó un fuerte repudio por parte de Ramón Casco, padre de la víctima, quien denunció que “no hay justicia en este país” y que “a Franco lo mató la policía, esa es la verdad”.

Miembros de la Multisectorial contra la Violencia Institucional de Rosario y otros militantes acompañaron a la familia de Casco en la sede de los Tribunales Federales de esa ciudad, durante la lectura del veredicto del juicio oral que se inició en diciembre de 2021.

La sentencia del tribunal en voto dividido dictó la absolución a los 19 policías que llegaron al juicio oral por el crimen de Franco Casco, a pesar de que la fiscalía había solicitado en su alegato condenas para 14 de ellos.

El fallo mayoritario, el cual dictó las absoluciones de todos los involucrados, fue firmado por los jueces Eugenio Martínez y Ricardo Vázquez, quienes además ordenaron la libertad de los procesados que cumplían prisión preventiva.

El presidente del tribunal Otmar Paulucci, cuyo voto fue en disidencia, se inclinó por la condena a prisión perpetua de tres policías por la desaparición forzada seguida de muerte de Casco, y de encubrimiento de otro grupo de miembros de esa fuerza de seguridad.

Salvador Vera, uno de los abogados querellantes de la familia Casco, dijo que evaluarán la apelación de la sentencia una vez que se conozcan los fundamentos, el 25 de septiembre próximo. La fiscalía que participó del debate oral, a cargo de Fernando Arrigo, también adelantó que apelará el fallo.

“Vamos a hacer lo que sea necesario para que haya justicia, a Franco se lo llevaron detenido, lo verduguearon, lo cagaron a palos hasta matarlo, lo tiraron al río, lo desparecieron y queremos que se haga justicia”, dijo una miembro del a Multisectorial afuera de Tribunales, entre llantos y con inocultable bronca.

Casco era oriundo del partido bonaerense de Florencio Varela, y en octubre de 2014 viajó a Rosario a visitar a unos familiares. De acuerdo con la investigación, el 6 de ese mes fue visto por última vez cuando estaba por viajar en tren para regresar a Buenos Aires. Finalmente, su cuerpo fue encontrado el 30 de octubre flotando en el río Paraná.

LC con información de agencia Télam

Gregorio Dalbón, el abogado de la familia de Lucas González, sostuvo que la Justicia emitió “el fallo más importante desde el regreso de la democracia” tras conocer las penas contra los 14 efectivos de la Policía de la Ciudad y se mostró conforme por el veredicto.

“Es el fallo más importante desde que la democracia ha vuelto al país. Es el fallo más importante en relación a lo que es que el Estado mate y por el color de la piel. Esto va a ayudar a que nunca más maten por el color de la piel. Se condenó a la mafia. No olviden que los chicos fueron presos y ellos se fueron a tomar champagne esa noche”, sostuvo.

Luego de que los jueces Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero y Ana Dieta de Herrero sentenciaran a prisión perpetua a Gabriel Alejandro Isassi, Fabián Andrés López y Juan José Nieva por el crimen del adolescente de 17 años, el letrado sostuvo que se trató de “una sentencia histórica”.

A pesar de que el Tribunal absolvió a cinco de los 11 imputados en el caso, el defensor remarcó: “Son 9 condenas sobre 14 y me quiero dedicar a eso. Después estudiaré y evaluaré cuál de las absoluciones vale recurrir”.

“Le dieron perpetua a los tres y les metieron cinco agravantes, entre ellos el placer y el odio por racismo. Nombraron a las víctimas como víctimas de violencia institucional. Es una sentencia histórica en la Argentina, para que no haya más un Lucas González y para que nunca más la Policía nos mate”, opinó Dalbón.

Sobre cómo tomaron la condena la madre y el padre de la víctima, Dalbón destacó: “Estaban muy emocionados porque lo que buscábamos era la perpetua y el agravante de racismo. Hemos conseguido que los llamen como víctima de la violencia institucional”.

“Esto es el principio porque lo que viene ahora es ir a los jefes. Acaban de decir que se extraigan testimonios para tratar de investigar al jefe de la Policía”, sentenció Dalbón. También hizo hincapié en el dictamen del Tribunal sobre la familia: “El reconocimiento como víctimas de violencia institucional está diciendo que las mató al Estado”.

En cuanto a los condenados, indicó que “se van a morir en la cárcel porque mataron a un futbolista, no a alguien que compraba droga”, indicó.  El letrado también manifestó que esta condena es ejemplar y que permitirá que “jamás le arrebaten el sueño a otro chico”.

Héctor González, parde de Lucas, expresó entre lágrimas a la salida del tribunal porteño: “Estoy feliz, se hizo justicia”. “Le pido a Lucas que me de fuerzas para seguir adelante. Le agradezco a la gente y a mi familia”, dijo. Por último, remarcó que no siente bronca ni enojo con los policías de la Ciudad.

Las cámaras de televisión captaron el momento en el que González se abrazó con el abogado Dalbón.

LC con información de agencia NA

Al menos 157 personas fueron detenidas en la sexta noche consecutiva de disturbios en Francia —con muchos menos incidentes que la precedente—, según las cifras presentadas este lunes por el Ministerio del Interior. Pese al descenso de la intensidad de los disturbios, el Gobierno ordenó nuevamente desplegar un extenso contingente de seguridad compuesto por 45.000 agentes, en una jornada +marcada por la indignación ante el ataque a la familia de un alcalde en la periferia sur de París.

“Esta noche, por tercera noche consecutiva, 45.000 policías están movilizados por toda Francia para asegurar de manera duradera la vuelta del orden público. La movilización de las fuerzas de seguridad internas continúa. No decae”, transmitió el Ministerio de Interior francés a través de Twitter.

Durante la noche pasada, al menos 719 personas fueron detenidas, 45 policías resultaron heridos, hubo 871 incendios en la vía pública y desperfectos en 74 edificios, según las autoridades francesas. Pese a lo abultado aún de las cifras, el Ministerio de Interior confirmó que la última noche fue “más tranquila” que las precedentes.

Ataque a la familia de un alcalde

Lo que sí que causó una gran conmoción el domingo fue un incidente ocurrido en el marco de los disturbios en L'Haÿ-les-Roses, en la periferia sur de París. Allí, el alcalde Vincent Jeanbrun sufrió de madrugada un ataque a su residencia familiar. Mientras él trabajaba en el Ayuntamiento, unos individuos lanzaron un coche en llamas contra la casa, en la que se encontraban sus hijos, de 5 y 7 años, y su esposa. Uno de los niños tuvo que ser atendido por lesiones, al igual que la madre, con una fractura en la pierna. Se busca a esos hombres por intento de asesinato.

“No tengo palabras lo bastante fuertes para describir mi conmoción ante el horror de esta noche. Pero la única forma de hacer aceptable lo inaceptable es que no sea para nada”, manifestó el alcalde en un comunicado a primera hora.

Este episodio provocó una fuerte indignación social y la condena rotunda de la clase política francesa: “No dejaremos pasar nada. Estaremos al lado de los alcaldes”, subrayó esta tarde la primera ministra francesa mientras visitaba L'Haÿ-les-Roses.

La abuela de Nahel pide detener la violencia

El detonante de esta oleada de altercados fue la muerte de un joven de 17 años y ascendencia árabe llamado Nahel, que recibió un disparo mortal por parte de un policía cuando trataba de huir de un control policial en Nanterre el 27 de junio. Las imágenes del incidente, grabadas por testigos, desataron una fuerte indignación en el país, lo que derivó en disturbios, sobre todo en los barrios populares de las grandes ciudades y en el cinturón metropolitano de París.

Este domingo, en declaraciones al canal de televisión BFM, la abuela del menor, Nadia, pidió a los alborotadores que dejen de usar a su nieto como “pretexto” para sembrar la violencia. “Quiero al policía que mató a mi nieto, es todo lo que quiero. Los policías están ahí, felizmente están ahí, y a la gente que está destrozando, les digo: paren”, recalcó la abuela del fallecido, quien aseguró que confía en la justicia.

Nuevas reuniones este lunes

En paralelo al despliegue de seguridad para la noche, el presidente Emmanuel Macron encabezó una reunión en el Elíseo a la que estaban convocados la primera ministra, Élisabeth Borne, y varios de sus ministros. De acuerdo a fuentes de la Presidencia, la convocatoria tenía por objeto hacer una evaluación detallada de la situación actual, tanto a nivel de seguridad como judicial y de impacto económico de los disturbios.

Asimismo, se abordaron algunos de los planes del Gobierno para los próximos días, cuyos detalles trascendieron a la prensa aunque ni el jefe de Estado ni los ministros hicieron declaraciones públicas tras la reunión.

Por un lado, Macron tiene previsto reunirse este lunes con los presidentes del Senado, Gérard Larcher, y de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, y, por otro, el martes recibirá en el Elíseo a algo más de dos centenares de alcaldes de municipios afectados por los disturbios, según informó el canal BFM.

LC

Agentes de la policía de tráfico pararon este martes a un adolescente de 17 años que conducía un coche sin carnet en Nanterre, a las afueras de París. Uno de los agentes sacó su arma y disparó improvisadamente contra el menor. Una sola bala le atravesó el brazo y después el tórax causando su muerte. En el vehículo, no se encontraron objetos peligrosos ni estupefacientes. La muerte de Nahel, que se investiga como homicidio, provocó dos noches consecutivas de disturbios en los suburbios de París y en otras ciudades del país.

Una intervención policial abusiva

Según la información inicial de la policía, un vehículo Mercedes de color amarillo cometió una infracción de tráfico y a continuación fue perseguido por dos agentes de policía en moto. En su primer informe tras el incidente, la policía afirma que cuando disparó lo hizo en defensa propia porque el joven aceleró hacia ellos. 

Un vídeo grabado por un vecino cuestiona la versión policial. En la grabación, uno de los agentes parece amenazar con meterle “una bala en la cabeza”. El joven acelera intentando huir y el policía dispara. El vehículo choca unos metros más adelante y Nahel muere.

El fiscal de Nanterre declaró este jueves que “a la luz de las investigaciones de las pruebas reunidas, la Fiscalía considera que no se reúnen las condiciones legales para el uso del arma”. Al agente, que fue suspendido, lo detuvieron y se abrió una investigación por homicidio voluntario. 

De 9.000 a 40.000 policías en las calles

La primera noche de disturbios terminó con 24 detenidos. El jefe de la policía de París afirmó que se quemaron 42 vehículos y que varios agentes resultaron heridos en los disturbios. En la segunda noche, los disturbios escalaron aún más. Se atacaron e incendiaron comisarías, colegios y escuelas y hubo 150 detenidos. En la tercera, al menos 875 personas fueron detenidas. El presidente Emmanuel Macron preside este viernes una célula de crisis.

Como respuesta, el ministro de Interior, Gerald Darmanin, anunció este jueves que multiplicará por cuatro el dispositivo policial en todo el país, pasando de 9.000 agentes a 40.000. “Los profesionales del desorden se deben ir a casa. La respuesta del Estado será extremadamente firme”, dijo . Una decena de colegios no pudieron abrir sus puertas este jueves y las autoridades suspendieron los servicios de autobús y tranvía en toda la región de Île-de-France.

Este jueves, más de 6.000 personas pidieron justicia por las calles de Nanterre en una marcha encabezada por la madre de la víctima. “Vamos a mostrarles que no somos salvajes”, decía la organización encargada de la marcha. Durante la concentración, se lanzaron cánticos contra la policía y se mostraron pancartas con el lema “la policía mata”. La manifestación acabó con nuevos disturbios y enfrentamientos con los agentes, que lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a la gente.

Violencia policial en Francia

Según los datos disponibles, 13 personas murieron en Francia a manos de la policía en 2022. Y tres murieron en lo que va de 2023. “En Alemania se produjo un tiroteo mortal en 10 años por desobediencia frente a los 16 de Francia en año y medio”, señaló en una entrevista con el periódico suizo Le Temps Sebastian Roché, profesor en la universidad Sciences Po que investigó las intervenciones de la policía en Francia en los últimos años. El pasado 14 de junio, la policía mató a otro joven de 19 años de origen guineano en un control de tráfico. 

Sin embargo, la portavoz de la policía nacional en Francia, Sonia Fibleuil, señaló que, “contrariamente a lo que se dijo”, la policía redujo en 2022 el uso de las armas de fuego (285 incidentes) respecto al año anterior (290). Roché, director de investigación del Centro Nacional de Investigación Científica, argumenta que aunque el uso de las armas de fuego disminuyó ligeramente en 2022, “ese nivel entre 285-290 nunca se alcanzó en los cinco años anteriores a la aprobación de la ley de febrero de 2017”.

Dicha ley, planteada en el marco de la lucha antiterrorista, relajó las condiciones para el uso de armas de fuego por parte de la policía. La legislación autoriza a los agentes a disparar “cuando no puedan inmovilizar, salvo mediante el uso de armas, los vehículos (...) cuyos conductores no obedezcan la orden de detenerse” y “sean susceptibles de perpetrar en su huida atentados contra su vida o su integridad física o la de otras personas”.

Roché comparó los tiroteos mortales de la policía contra vehículos en movimiento en el periodo previo y posterior a la ley de 2017 y concluye que estos se multiplicaron por cinco. “Tenemos una diferencia muy marcada con nuestros vecinos. En Francia tenemos un modelo policial bastante agresivo y que pretende generar miedo, más que en otros países europeos, pero menos que en Estados Unidos”, dijo el investigador.

El fantasma de 2005

El ministro descartó por ahora el estado de emergencia, una medida que sí se aprobó en 2005 con los disturbios que estallaron tras la muerte de dos jóvenes que huían de la policía en los suburbios de París y fallecieron electrocutados. Solo en una noche, se incendiaron entonces 1.295 vehículos y se detuvo a 312 personas. En total, se quemaron más de 9.000 vehículos en 21 noches de enfrentamientos. Hubo dos muertos, 3.000 detenidos y 56 policías heridos.

Mientras aumenta el despliegue policial, el presidente Emmanuel Macron llamó a la calma para evitar una repetición de lo ocurrido en 2005. El presidente calificó la muerte de Nahel de “injustificable” e “inexcusable”. Este jueves también dijo que “los ataques contra la república son injustificables”. “Las próximas horas deben estar marcadas por la justicia y la calma”, pidió. Mientras tanto, algunos partidos de la oposición, como Rassemblement National, de Marine Le Pen, y los conservadores de Les Republicains, sugirieron la necesidad de declarar el estado de emergencia.

El tono no es el mismo que el utilizado entonces por el ministro de Interior, Nicolas Sarkozy, que decía que quería “limpiar el barrio con una Karcher (manguera a presión)”.

“Esto va a ser peor que en 2005”, declaró un joven junto a un vehículo quemado a un periodista del diario Le Monde. “Esto se está volviendo muy hostil y muy tenso”.

LC

Casi 900 personas fueron detenidas en Francia entre el jueves a la noche y esta madrugada, en la tercera jornada de protestas y disturbios por el asesinato de un joven repartidor baleado por la policía, que incluyeron saqueos y daños en comercios del centro de París y quema de unos 2.000 vehículos, informó el Gobierno.

El Ministerio del Interior precisó que 875 personas fueron detenidas, casi la mitad de ellas en París (408) y sus alrededores suburbanos, 492 edificios fueron atacados, 2.000 vehículos incendiados y se detectaron 3.880 incendios en las calles en la pasada madrugada y noche.

Al caer la noche, la violencia emergió con más fuerza. En París, varias tiendas en el centro comercial Halles y la calle Rivoli, que lleva al museo Louvre, fueron “vandalizadas”, “saqueadas” o “incendiadas”, dijo un alto cargo policial citado por la agencia de noticias AFP.

En Pau, en el suroeste, los manifestantes lanzaron un cóctel molotov contra una comisaría, informó la Prefectura. Y en Lille (norte) una alcaldía de distrito fue incendiado y otro apedreado, explicó la alcaldía.

En la noche previa habían sido incendiadas comisarías, alcaldías, escuelas y autos en varias ciudades, con un balance de 180 detenidos y de 170 miembros de las fuerzas de seguridad heridos.

El regulador del transporte público en la región parisina IDFM anunció este viernes la suspensión hasta nuevo aviso del servicio público de colectivos y tranvías esta noche a partir de las 21, tal como ocurrió en la víspera.

La violencia estalló el martes en las afueras de la capital, después del crimen de Nahel, de 17 años, por un disparo a quemarropa de un agente en un control vial que quedó registrado en video.

El agente, de 38 años, fue puesto en prisión preventiva acusado de homicidio voluntario.

El presidente Emmanuel Macron convocó una reunión de crisis para estas horas, la segunda en dos días, lo que lo obligó a dejar antes la cumbre de la Unión Europea (UE) que se celebra hasta hoy en Bruselas.

La primera ministra francesa, Élisabeth Borne, afirmó hoy que “todas las opciones” están sobre la mesa para restablecer el orden, al ser consultada sobre la posibilidad de declarar un estado de emergencia como reclama la oposición de derecha conservadora y extrema derecha.

“Examinaremos todas las opciones con una prioridad en mente: el regreso del orden”, dijo la primera ministra durante la visita a una comisaría de Évry-Courcouronnes, al sur de París.

En tanto, la ONU le pidió a Francia que se ocupe seriamente de los “profundos” problemas de “racismo” en sus fuerzas de seguridad, tres días después del asesinato del adolescente.

“Es el momento de que el país aborde seriamente los profundos problemas de racismo y discriminación racial entre las fuerzas de seguridad”, declaró Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, durante una conferencia de prensa periódica de la ONU en Ginebra.

En 2005, el Gobierno del entonces presidente conservador Jacques Chirac declaró el estado de emergencia tras diez días de disturbios en los suburbios por la muerte de dos adolescentes cuando huían de la Policía.

Ante “el alcance de la violencia” nocturna, la derecha conservadora y la ultraderecha reclaman instaurarlo de nuevo, ya que permite a las autoridades administrativas tomar medidas excepcionales como la prohibición de desplazarse.

Sin embargo, el gobierno duda. El ministro de Ciudad, Olivier Klein, indicó hoy que esto significaría reconocer un “fracaso”, pero su par de Territorios, Christophe Béchu, aseguró que era un tema que se estaba evaluando. 

Con información de agencias.

IG

Lucas González quedó tendido en el asiento del acompañante del auto modelo Suran en el que había salido de la cancha Cacho, en el predio del Club Barracas Central lindero al barrio 21 - 24. Quien le disparó al menos dos veces lo hizo de frente. Fue el 17 de noviembre de 2021 y por el crimen están siendo juzgados quince policías de la Ciudad. Tres de ellos formaban parte de la Brigada 6 y esa mañana patrullaban la zona.

El inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial Juan José Nievas abrieron fuego contra el auto en el que iba Lucas junto a tres amigos. Los esperaron para emboscarlos y luego, indica la prueba, modificaron la escena. Dijeron que los adolescentes eran ladrones y que ellos habían actuado para “evitar un robo”. Otros doce policías están imputados por abusos y privación ilegítima de la libertad. A todos les imputan el delito de encubrimiento. El veredicto se conocerá a mediados del mes próximo.

“Ellos eligieron a los chicos porque eran morochos que usaban viseritas. 'Cuatro pendejitos que salían de la villa' como les dijeron, aunque ellos insistían en que eran jugadores de fútbol. Es un crimen cometido por odio racial por ser negritos. Iriarte y Luna, donde empezó todo, es una peatonal, un mundo de gente. Los vieron, lo esperaron y los cazaron”, dice Héctor González, el padre de Lucas. El juicio contra los quince policías, todos integrantes de la fuerza de seguridad porteña, arrancó en marzo. Hay prueba de sobra contra los tres agentes que dispararon contra el auto de los chicos: mensajes y audios que los comprometen, imágenes de las cámaras de seguridad y declaraciones de testigos.

Isassi, López y Nievas patrullaban esa zona de Barracas a bordo de un Nissan sin patente ni identificación policial (el auto no estaba ploteado ni llevaba balizas) y los agentes vestían de civil. Su coartada fue que pensaron que eran ladrones y actuaron en legítima defensa. Desde el principio, el fiscal de instrucción sospechó de esa versión. La prueba que colectó para elevar la causa a juicio determinó que los policías modificaron la escena: hicieron pasar a la víctima y los sobrevivientes por ladrones cuando que las imágenes de las cámaras de seguridad confirman que los eligieron. Plantaron, incluso, un arma en el auto de los chicos. Hace unos días, uno de los imputados se quebró y dijo quien había puesto un arma de juguete en la parte de atrás del auto.

A Lucas le habían disparado en la cabeza, pero estaba con vida cuando la ambulancia llegó al lugar. La médica que lo atendió declaró que uno de los policías gritaba a sus subordinados: “Nadie graba, nadie filma”. El adolescente murió al día siguiente en el hospital El Cruce, de Florencio Varela. El forense apuntó en el informe que, entre el pulgar y el índice, el chico tenía una marca compatible con la de un cigarrillo, un indicio de haber sido torturado. Un perito, que levantó pruebas en el lugar del hecho, observó que dentro del auto de los chicos había un equipo de mate en uso. A los jueces, les dijo: “Si salís a robar no vas tomando mates”. Isassi, López y Nievas están imputados por homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer y odio racial y por ser miembros de la fuerza policial. El resto, por abuso y encubrimiento, entre otros delitos. El asesinato alcanza a la cúpula de la Policía de la Ciudad.

“Quizás gracias a él Lucas pueda descansar en paz”

Héctor Cuevas, uno de los policías imputados, pidió -de manera sorpresiva- ampliar su declaración indagatoria. Confesó al Tribunal que él sabía que habían plantado un arma y dijo el nombre de quién lo hizo. Dijo que Facundo Torres, alias Cachorro, había llevado en la moto a Isassi a la comisaría, que él había tomado la réplica y que, a la vuelta, la había tirado atrás del auto en el que viajaban los adolescentes. Las cámaras de seguridad registraron el viaje de ida y de vuelta,

“Nosotros anhelábamos que uno de ellos llegara a quebrarse y eso pasó. Tardó un año y medio, pero pasó. Cuevas se acercó a darme la mano. En su declaración dijo que lo soñó a Lucas y que no quería ser parte del encubrimiento. Que eso lo llevó a decir la verdad. Nosotros pedimos que consideren esto en la sentencia. Se puso en lugar de padre y por eso estoy muy agradecido. Quizás gracias a él Lucas pueda descansar en paz”, dijo Héctor.

-Gregorio Dalbón, el abogado que te representa a vos y a los amigos de Lucas, habla de “mafia policial”. ¿Por qué?

-Es que hay tanta gente involucrada, hay tanto que está saliendo a la luz... Estamos hablando de un modus operandi, un sistema que ya tenían implementado. Porque no creo que lo hayan inventado esa mañana, no creo que hayan dicho “vamos a hacer esto” y que cada uno haya cumplido su función. ¿Por qué hay tantos rangos? ¿Por qué Cuevas (N. de la R.: el policía que se quebró) y pidió protección? Creo que “mafia” no le queda mal a esto. ¿Tantos iban a exponer su jerarquía, su prestigio, su trabajo como funcionarios públicos para defender a estos tres asesinos que se cruzaron por la vida de Lucas? Me pregunto cuántas veces lo hicieron, cuántas veces hicieron lo que le hicieron a Lucas y nunca salió a la luz.

-¿Cómo sigue la vida después de esto, Héctor?

Cada día es más difícil. Dicen que el tiempo cura todo pero perder a un hijo es muy doloroso. Es difícil vivir sin él decir, es insoportable. Nosotros giramos a su alrededor. Él nació y mamó fútbol. A los tres, cuatro años ya estaba pateando una pelota. A los seis ya estaban Racing. A los 13, en Defensa y Justicia. A los 16, en Barracas. Y nosotros amamos lo que él amaba. A las 5 de la mañana salíamos de casa. Él salía a cumplir un sueño y yo a traer el pan a la mesa. Y esas cosas me rompen el alma porque hoy salgo solo. Desde que él murió yo no trabajo, pero ya cuando termine todo esto tengo que volver a la vida. Y me pregunto cómo se hace, cómo se sigue. Hoy tengo fuerza porque tengo una lucha, pero después no sé cómo volver a la vida.

VDM/MF

El juicio por el asesinato de Lucas González entra en su etapa final. El fiscal pidió perpetua para los tres policías de la Ciudad que abrieron fuego contra el auto en el que viajaba el futbolista de Barracas Central y sus tres amigos en la mañana del 17 de noviembre de 2021, y penas de entre 17 y 4 años para los otros doce agentes que están siendo juzgados por abuso de poder, privación ilegal de la libertad y encubrimiento. Hoy, y a pedido de la fiscalía y la querella, el Tribunal ordenó que investiguen la actuación que tuvo en el caso el jefe de la fuerza, Gabriel Berard. Sucede que las defensas de dos de los policías plantearon en su alegato que la cúpula policial estaba al tanto de las maniobras desplegadas para encubrir a los asesinos de Lucas.

Augusto Nino Arena es el abogado defensor de Héctor Cuevas, el policía que llegó al juicio acusado de encubrimiento y terminó aportando información fundamental: que plantaron un arma en el auto en el que viajaban los chicos y el nombre de quién lo hizo. En su exposición, el abogado Nino Arena pidió la absolución de Cuevas y consideró que Berard tenía conocimiento de que no se había tratado de un enfrentamiento armado entre agentes porteños y delincuentes, como intentaron hacer creer los policías.

“Cuando declaró (el exministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo) D'Alessandro dijo que el jefe de Policía le contó que hubo un enfrentamiento armado. ¿Vamos a creer que el jefe de Policía de la Ciudad no sabía nada? Cuevas le tiene pánico a esta gente, pánico por su vida, la de sus hijas y esposa. ¿Realmente ustedes creen que el jefe de Policía no sabía?”, preguntó Arena a los jueces del TOC 25, a cargo del debate.

Más tarde, Natalia Arévalo, la codefensora y hermana del detenido por encubrimiento Ángel Darío Arévalo, también apuntó a la cúpula de la policía porteña: “La madre de Lucas merece saber la verdad, quienes son los verdaderos encubridores de esto, (los culpables) no son los de menor jerarquía, sino que viene de más arriba”. La abogada recordó que tras el arresto de su hermano intentó muchas veces contactarse con las autoridades de la Policía de la Ciudad, lo que pudo concretar el 23 de febrero de 2022, a más de dos meses de la detención. “Pensábamos que nos iban a dar una respuesta y la verdad que nos encontramos con lo peor que le pueden decir a una familia en ese momento, ya que el jefe de policía y el subjefe nos dijeron algo que no puedo olvidar, que no puedo sacar de mi mente: 'Nosotros sabemos que sus familiares son inocentes, pero no podemos hacer nada porque esto es un tema político y no queremos que llegue a nosotros'”, relató.

Tras la finalización de los primeros seis alegatos, los jueces dictaron un cuarto intermedio hasta el próximo jueves a las 9, cuando sea el turno de las exposiciones de las defensas del comisario inspector Daniel Alberto Santana (43), y de los comisarios Fabián Alberto Du Santos (52) y Juan Horacio Romero (51), y el subcomisario Roberto Orlando Inca (47), también juzgados por el encubrimiento del hecho y las torturas de los sobrevivientes.

Más cerca de la sentencia

Para el martes 4 de julio será el tuno del alegato de los abogados Fernando Soto y Martín Sarubbi, codefensores del inspector Gabriel Alejandro Isassi (42), el oficial mayor Fabián Andrés López (48) y del oficial Juan José Nieva (38), acusados del homicidio del adolescente. Finalmente, el jueves 6 se espera el alegato del oficial Sebastián Jorge Baidón (28), otro de los 11 agentes imputados por el encubrimiento. Fuentes judiciales confirmaron a Télam que el tribunal espera dar a conocer el veredicto entre el 11 y 13 de julio.

La fiscalía y la querella pidieron perpetua para Gabriel Isassi, Fabián López y Juan Jose Nievas, los tres policías que iban en el auto Nissan que esperó y emboscó a Lucas y sus amigos en la esquina de Perdriel e Iriarte. Eran de la Brigada 6 de la Policía de la Ciudad y el vehículo en el que se movían no tenía patente ni baliza policial, ni ningún tipo de ploteo que los identifique como policías. En la etapa de prueba del juicio, quedó claro que desde el primer momento modificaron la escena para hacer pasar el fusilamiento como una maniobra de prevención de un intento de robo. Las escuchas telefónicas, los mensajes que se enviaron, las imágenes de las cámaras de seguridad y la declaración de varios testigos los comprometen.

AS/

El concierto de Rocío Saiz del pasado sábado con motivo del Orgullo en Murcia acabó con amenazas por parte de la policía y una denuncia por alteración del orden público. Durante la actuación se descubrió los pechos, algo que no gustó a la Policía Local, que amenazó a la organización con parar el concierto si Saiz no se cubría. “Les dije que no me iba a vestir, esta parte del show la llevo haciendo diez años”, defiende la intérprete en una entrevista a este diario. “No creo que en España tengamos libertad de expresión, cada vez tendremos menos”, reflexiona tras lo ocurrido.

Los responsables del evento cubrieron a la cantante con una bandera LGTBI, ante la amenaza por parte de la Policía de suspender el concierto: “Desde la organización me trataron muy bien, también los amenazaron con multas”, explica Saiz.

“El policía me dijo que o le pedía perdón o me llevaba esposada”, resume Rocío su interacción con los agentes. Tras bajar al escenario, la esperaban cinco miembros de la Local: “Me pidieron la documentación en la misma escalera, se metió por medio la organización y me dijo que no les diera nada”. 

La persecución siguió, y dos policías la esperaban en el camerino, que le dijeron que hasta que no hablase con su inspector no la dejarían irse: “No iba a entrar a un espacio cerrado con un policía. Esto era coacción, no iba a hablar con nadie si no quería”.

Finalmente, el inspector se aproximó a la cantante “con los ojos exaltados”, definiendo su actuación en el concierto como “una vergüenza” y “exaltación del orden público: ”Les dije que no iba a pedir perdón por lo que hice, se puso como un loco y empezó a pedirme la documentación“. 

Saiz preguntó al agente que si de ser un hombre la estaría denunciando, algo que el Local negó rotundamente: “No es ilegal”, espetó. “Tengo tres hijas y las detendría si hubieran hecho lo mismo que tú”, le insistió el agente. Lo que hizo Saiz durante el concierto tampoco se considera una infracción en Murcia, donde no hay una normativa municipal en contra de la exposición de los senos en espectáculos de ocio. Existe una infracción a nivel nacional por actos obscenos, pero solo se castiga al individuo en caso de “exhibición obscena ante menores de edad o incapaces”. La ausencia de normativa no ha frenado al policía a acusarla de alteración del orden, exhibicionismo y desacato a la autoridad: “Y supongo que la de la homosexualidad y vagos y maleantes que vuelve a estar en activo”, ironiza la artista.

Segunda vez con problemas de “censura en la Región

Es la segunda ocasión en la que Saiz se enfrenta a problemas “de censura” por quitarse la camiseta en un concierto en la Región de Murcia. En 2018 la entonces cantante de Las Chillers recibió las críticas del PP de Molina de Segura –“irrespetuoso”, “carente de valores” y “erótico”– por enseñar los pechos durante un concierto que ofrecieron en el festival de música B-Side. El Ayuntamiento molinense, en aquel momento gobernado por el PSOE, defendió “la libertad de las artistas” y aseguró que no hubo “faltas de respeto”. Para la artista, lo ocurrido contra ella el domingo en el Orgullo en Murcia ha sido “lo mismo pero con más violencia y con la policía”.

“Venía de tocar de un pueblo de 4.000 personas en Navarra y todo había ido genial. Avisé de que me iba a quitar la camiseta durante la actuación y también advertí de que habíamos tenido problemas aquí [en referencia a la Región de Murcia]”, ha explicado a este periódico la cantante. “Además, había un tipo muy pesado que no paró de merodearme durante toda la noche”, ha señalado Saiz. “No creo que se vuelva a celebrar un Orgullo en la plaza de la catedral de Murcia y veremos si no dejan de contratarme en determinados sitios. La peor violencia es la que no se ve”, ha añadido la vocalista.

“Hoy estoy fatal, lo siento. Estoy muy triste y tengo muchísima ansiedad. [...] No puedo evitar llorar”, ha explicado también Saiz en la red social. Alteración del orden, exhibicionismo y desacato a la autoridad son las leyes “por las que me llegará el atestado policial y que se supone que he incumplido”, y “supongo que la de la homosexualidad y vagos y maleantes que vuelve a estar en activo”, se puede leer en su cuenta de Twitter.

Preguntado por el incidente, desde el Ayuntamiento de Murcia han señalado que “fuentes de la Policía Local han informado de que no hubo ninguna instrucción política. El policía actuó por su cuenta. La Policía Local ha abierto una investigación interna de lo sucedido”.