El ex jefe de la Policía Federal en el gobierno de Fernando De La Rúa, el comisario Rubén Santos se entregó hoy ante el Tribunal Oral Federal 6 para comenzar a cumplir la condena a 3 años y seis meses de prisión por la represión de 2001 que dejó firme la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Santos estaba de viaje en España cuando el máximo tribunal del país rechazó un recurso de su defensa, volvió del mismo de manera anticipada por orden judicial y este lunes se presentó en Comodoro Py 2002 para quedar detenido, informaron fuentes judiciales.

Lo mismo hizo el jueves último el ex secretario de Seguridad de ese Gobierno, Enrique Mathov, quien quedó alojado en la cárcel de Ezeiza mientras se resuelve un pedido de arresto domiciliario por ser mayor de 70 años que hizo su defensa.

A Santos, el TOF6 le había dado 72 horas para regresar al país, plazo que cumplió.

En el caso de Mathov fue condenado el 18 de mayo de 2021 por tres homicidios culposos y las heridas que sufrieron decenas de manifestantes en la zona de Plaza de Mayo durante la represión que precedió a la renuncia del fallecido ex presidente Fernando de la Rúa, quien resultó sobreseído en el caso.

El exfuncionario estuvo preso por esta causa 6 meses y 25 días desde el 1° de enero de 2002 y el 26 de julio de 2002, cuando se lo excarceló. Por lo tanto, según el cómputo de pena que hizo el tribunal su condena se dará por cumplida el 22 de mayo de 2028.

En el caso del ex jefe de la Policía Federal Santos estuvo detenido 5 meses y 19 días en 2002 por lo cual su condena se dará por cumplida el 28 de septiembre de 2027.

El Tribunal citó a ambos luego que la Corte Suprema de Justicia dejó firmes las condenas y rechazó por “inadmisibles” los recursos extraordinarios que presentaron las defensas Santos y Mathov fueron condenados en un juicio oral en 2016 por el Tribunal Oral Federal 6.

El veredicto de ese juicio oral fue apelado, lo revisó Casación y ordenó modificar las penas, que fueron reducidas a las que ahora la Corte dejó firmes al rechazar los recursos.

Mathov y Santos quedaron condenados por la muerte de tres de los manifestantes, Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego Lamagna y las heridas que la Policía causó a otros 20 durante las protestas en Plaza de Mayo, en medio del estado de sitio que había decretado De La Rúa.

Con información de agencias.

IG

Cuando faltan dos meses para que se cumplan 23 años de la brutal represión en medio de las manifestaciones contra la gestión del entonces presidente Fernando De la Rúa, el 20 y 21 de diciembre de 2001, la Corte Suprema de Justicia dejó firmes las condenas a prisión al exsecretario de Seguridad del Gobierno de la Alianza, Enrique Mathov, y al ex jefe de la Policía Federal de ese periodo, Rubén Santos, en el marco de la causa que investigó los homicidios de Alberto Márquez, Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego Lamagna y la tentativa de homicidio de Martin Galli y Paula Simonetti, además de las lesiones, en distinto grado, cometidas en perjuicio de 117 víctimas. La represión se desató también en el interior del país y dejó un total de 38 muertos y decenas de heridos.

En su fallo, el máximo tribunal declaró “inadmisibles” los recursos extraordinarios que habían sido presentados por las defensas de ambos condenados, por lo que quedaron firmes las penas impuestas tras una revisión de la sentencia en la Cámara Federal de Casación.

De esta manera, Mathov deberá cumplir 4 años y tres meses de prisión y Santos, 3 años y seis meses. Los dos fueron condenados a cumplimiento efectivo, lo que recién se dará ahora, ya que permanecían en libertad porque la sentencia no estaba firme, pero al ser mayores de 70 años (Mathov tiene 76 y Santos, 78), podrían pedir el arresto domiciliario.

Mathov y Santos fueron encontrados culpables en 2016 tras un juicio oral en el Tribunal Oral Federal 6 por la muerte de tres manifestantes, Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego Lamagna, y por las heridas que la Policía causó a otras 20 personas durante las protestas en Plaza de Mayo, en medio del Estado de sitio que había decretado De La Rúa. El veredicto de ese juicio oral fue apelado, lo revisó Casación y ordenó modificar las penas, que fueron reducidas. Ahora la Corte las dejó firmes al rechazar los recursos.

En tanto, la revisión de la condena del expolicía Norberto Gaudiero se declaró “inoficiosa” porque su defensa informó su fallecimiento, al igual que el expolicía Raúl Roberto Andreozzi.

El testimonio de la hermana de Diego Lamagna, asesinado en la represión de 2001

Karina Lamagna, hermana de Diego Lamagna, asesinado durante la represión policial del 20 de diciembre de 2001, relató hace un tiempo que, durante más de dos décadas, su familia padeció “una impunidad que vulneró sus derechos”, y aseguró que con “años de lucha, garra y corazón” se pudo conocer la verdad de lo que sufrieron las víctimas de la violencia institucional ejecutada durante el estallido social.

En diálogo con la agencia Télam, Karina contó que, en diciembre de 2001, Diego había viajado desde Córdoba donde vivía hasta la localidad bonaerense de Avellaneda para pasar las fiestas junto a su madre, en un momento en el que atravesaba “una gran incertidumbre económica y duelo para la familia” por la muerte de su hermana, sucedida en marzo de ese año.

“Diego trabajaba en una panadería desde los 11 años. Veía como todo lo que se había construido con mucho sacrificio se iba cayendo por la cuestión económica. Inclusive mi mamá, que era pensionada, sufrió recortes ese año. Estábamos todos recontra precarizados con trabajos que no cubrían para nada los consumos básicos”, recuerda Karina.

Diego y su mamá siguieron “muy atentos” las noticias sobre lo que sucedía en esos convulsionados días que marcarían el final del gobierno de la Alianza, con el “corralito, que fijaba un límite para la extracción de dinero en efectivo de los bancos, saqueos a los comercios, Estado de Sitio, y la represión policial del día 20.

La imagen de las Madres de Plaza Mayo reprimidas cuando intentaban hacer la tradicional ronda de los jueves lo movilizó a salir a las calles y protestar contra un estado de cosas que parecía arrasarlo todo.

“Eso de las madres para él cómo que se cruzara un límite. Sintió que, si las vulneraban a ellas, le podían hacer lo mismo a su mamá. Él siempre fue muy protector y solidario, y esa situación significó para Diego como la representación del 'que se vayan todos'. Entonces decidió salir a la calle a protestar”, recuerda su hermana.

Como miles de personas que ese día ganaron las principales arterias del centro porteño en abierto desafío al Estado de Sitio, Diego se integró a las columnas espontáneas de manifestantes que intentaban llegar a la Plaza de Mayo.

Eran grupos de personas de a pie que avanzaba y retrocedían en un intento de copar la Plaza de Mayo, mientras los efectivos de Policía Federal los dispersaban con balas de goma, gases y cargas de caballería.

En una de esos embates de los efectivos de la Federal, y cuando Diego se encontraba sobre Avenida de Mayo en el cruce con Tacuarí, recibió una perdigonada de plomo, disparada por una escopeta.

Los demás manifestantes intentaron socorrerlo; buscaron ayuda, pero no pudieron salvar su vida. Diego murió cuando la asistencia llegó al lugar donde había caído.

El 21 de diciembre, los amigos del joven fueron los primeros en percatarse de que en la portada del diario Clarín había una foto de su cuerpo sin vida, e inmediatamente buscaron a la madre para llevarla a la morgue judicial, donde “les decían que los cuerpos eran NN y no sabían a quién pertenecían”, evoca Karina.

Ella buscó al médico del SAME que en la foto le estaba haciendo técnicas de respiración y verificó que en las actas del hospital Argerich, el cuerpo de Diego entró documentado.

Karina recordó que gracias al aporte de una enfermera supo también que habían llevado la vestimenta del joven a una comisaría del barrio porteño de La Boca.

“Me arrojaron sus ropas ensangrentadas y en mi desesperación yo les decía '¿esto no es prueba? ¿no se lo tienen que quedar ustedes?'. Después me enteré de que había una intención de desaparecer los cuerpos y una decisión de (la jueza federal) María Servini (de Cubría) la que logró impedirlo”.

El 22 de diciembre, Karina recurrió al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) con la idea de que la causa abarque a los responsables políticos de la orden emanada y a los responsables materiales del asesinato.

Desde su perspectiva, el accionar de la fiscalía “fue paupérrimo y tuvo graves desinteligencias”, y señala que las pruebas, testimonios y filmaciones (hasta de las cámaras de la Policía) las aportaron los familiares y el CELS.

“Llegar a saber cómo fueron los hechos que causaron la muerte de Diego y las otras víctimas fue todo lucha y garra por parte de las las familias. En la causa se sabe de dónde partió la perdigonada que mató a Diego y que fueron escopetas usadas por la Policía Federal”, afirma Karina.

El testimonio de la madre de Carlos Almirón: “Le cortaron las alas por protestar”

Carlos 'Petete' Almirón era un estudiante de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que murió en las calles del centro porteño durante la represión a las protestas del 20 de diciembre de 2001.

Para su madre, Marta Almirón, a 'Petete' “le contaron las alas” por movilizarse y denunciar “lo mal que estaba el país” en aquellos convulsionados días que signaron el final del gobierno de Fernando De la Rúa.

Carlos tenía 20 años, colaboraba con la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y militaba en un movimiento barrial independiente de izquierda en Remedios de Escalada.

“Fueron a la plaza para que se vayan todos y al final se fueron nuestros hijos, mi hijo al menos. Tendría que estar en los libros, en la historia de argentina”, señaló Marta hace tres años en declaraciones a Télam Radio.

“Después de que se murió y me contaron todas las cosas que hizo en su corta edad, recién ahí acepté que ya no estaba conmigo”, explicó su mamá.

En la entrevista, Marta recordó que el 19 de diciembre se despidió de Carlos y sus compañeros cuando se dirigían a Plaza de Mayo, con la intención de sumarse a la multitud que desafiaba en las calles el Estado de sitio.

“Fui a despedirme de ellos y les pregunté '¿Están por arreglar el mundo?' y me respondió 'En eso estamos, Mami´”, evocó.

Ese fue el último día que la familia de Carlos lo vio con vida. Almirón había avisado a su abuela que volvería al día siguiente, pero no pudo cumplir esa promesa.

El militante popular recibió un disparo en el pecho cuando se encontraba al frente de una columna de manifestantes en Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo y falleció en el Hospital Argerich como consecuencia de una hemorragia interna.

Al otro día, Marta esperaba que llegara su hijo, pero volvió a verlo “tres días después y en un cajón”, en el que le entregaron sus restos.

“Nos dicen que los culpables ya están muertos (como De la Rúa), o ya son grandes, ¿y nosotros? ¿no vale nuestro dolor? ¿no vale nuestra perdida?”, planteó Almirón.

“Deseo que realmente se haga justicia. Hasta ahora, lo van posponiendo y los años van pasando. Una madre siempre va a escarbar hasta lo último, mientras siga caminando voy a seguir si Dios quiere”, aseguró Almirón.

El testimonio de Camila, la hija de Gastón Riva, el motoquero asesinado en 2001

Camila Riva, hija del trabajador de reparto de motos Gaston Riva, una de las víctimas emblemáticas de la represión policial del 20 de diciembre de 2001, tenía apenas 8 años cuando su padre fue asesinado en las calles del centro porteño, y asegura que, desde entonces, creció acompañando el reclamo de justicia que durante años sostuvo su familia y “para mantener la memoria”.

“Desde el 2001, nada fue igual para nadie en la Argentina. A medida que fui creciendo, empecé a tener noción de lo que había pasado. Desde entonces, la gente piensa más en política y se pregunta por sus derechos”, reflexionó Camila Riva hace tres años en declaraciones a Télam.

Camila, hija del matrimonio que Gastón había formado con María Arena, recuerda que, el día que murió su papá, su mamá estaba “muy nerviosa atenta a la televisión y a su familia que corría ”de un lado para el otro buscando información“.

Fue recién a la mañana siguiente que le explicaron que su padre había fallecido como consecuencia de la represión.

“Me entere al día siguiente cuando mi mamá me lo contó, me dijo que él ya no estaba más. También me acuerdo mucho del momento en que fuimos a Ramallo, la ciudad donde nació mi papá para velarlo y enterrarlo”, explicó Camila.

Su padre tenía 31 años cuando el 20 de diciembre de 2001 fue baleado por la policía en la esquina de Avenida de Mayo y Tacuarí.

Ese día había ido con su moto hasta la Plaza de Mayo para manifestarse en contra del gobierno de Fernando de la Rua; tras ser alcanzado fue trasladado al Hospital Argerich y allí murió.

“Creo que mi papá no salió por su situación en particular sino por lo que pasaba en la Argentina. Se vivía un momento con mucha pobreza y faltaba trabajo. La violencia de la Policía ese día era tremenda. Fue algo que conmovió muchísima gente”, remarcó Camila.

“Lloré cuando dieron las condenas en 2016 porque fueron bastante escasas. Pensé que iba a pasar otra cosa, Mathov y Santos recibieron pocas penas por haber tenido tanta responsabilidad. Fueron 39 muertos en todo el país”, apuntó.

A los 28 años, Camila formó una familia y se mudó al sur este año, y de esta forma siete que cumplió un anhelo que su padre quería alcanzar y no pudo.

A más de dos décadas de estallido social que se llevó puesto al gobierno de la Alianza, Camila destacó como “importante” que en la agenda de los colegios secundarios “se hable de este capítulo de la democracia argentina porque ”hay mucha desinformación“ al respecto.

“La historia reciente es lo que hace que se tomen ciertas decisiones como el voto y los posicionamientos políticos. Son veinte años que marcaron un antes y un después. No hay que olvidar que esto que pasó fue gravísimo y se tiene que mantener la memoria”, puntualizó.

Con información de agencias.

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Este miércoles 24 de enero la Confederación General del Trabajo (CGT), ambas CTA (Autónoma y de los Trabajadores) y movimientos sociales realizarán un paro general convocado en protesta por la ley ómnibus y el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 dictado por el presidente Javier Milei (La Libertad Avanza). 

Adhirieron otros sindicatos como Metrodelegados -Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro – AGTSyP-, que son los trabajadores de los subtes de la Ciudad de Buenos Aires, y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que nuclea a los gremios de Unión Ferroviaria, Camioneros, Conductores de Taxi, Unión Tranviarios Automotor (UTA), Dragado y Balizamiento, Patrones Fluviales, APTA, CEAMSE, Aviadores de líneas aéreas, entre otros. 

Será un paro general entre las 12 y las 00:00 horas, con movilización a la Plaza de los Dos Congresos. Sin embargo, el paro de transporte de pasajeros (colectivos, trenes y subtes) se limitará sólo entre las 19 y las 00:00 horas.

Se trata de la primera medida de este tipo que enfrentará el presidente Milei, a un mes y medio de haber asumido. ¿Qué pasó en gobiernos anteriores? ¿Cuántos paros se registraron en las presidencias desde 1983?

¿Qué cantidad de paros generales hubo desde 1983?

Chequeado realizó un análisis de los paros generales que ocurrieron en cada presidencia desde el retorno a la democracia en 1983. Los datos surgen de la consultora Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría que lidera el analista político Rosendo Fraga y de un relevamiento del propio medio.

Desde el regreso de la democracia hasta hoy, hubo en la Argentina 45 paros generales, entendidos como aquellos que organizan centrales con sindicatos de distintas ramas de actividades (bancaria, comercio, construcción, transporte, entre otras). Esto da un promedio de una medida gremial cada 10 meses. 

Del análisis de los datos surge también que ningún presidente enfrentó un paro general tan rápido: Javier Milei (LLA) lo tiene a los 45 días de gestión. Le siguen Fernando De la Rúa (Alianza-UCR), quien tuvo su primer paro al tercer mes de gestión, y Eduardo Duhalde (Partido Justicialista), a los 5 meses de administración.

¿Cuántos paros hubo por presidencia en los últimos 40 años?

Desde 1983, el presidente que tuvo mayor cantidad de paros generales fue Raúl Alfonsín (UCR), quien gobernó durante 67 meses. Los paros fueron 13, un promedio de uno cada 5 meses. 

Los mandatarios/as que gobernaron desde 1983 hasta hoy no lo hicieron la misma cantidad de meses. Si se tiene en cuenta el tiempo de gestión, De La Rúa fue el presidente con mayor frecuencia de paros por mes: uno cada 3 meses. En total, fueron 9 paros en sus 24 meses de mandato. 

Eduardo Duhalde (Partido Justicialista) gobernó 16 meses, en los cuales le hicieron 3 paros, lo que da un promedio de uno cada 5 meses, mismo promedio que Alfonsín. 

Durante el primer mandato de Carlos Menem (Partido Justicialista) hubo 3 paros generales: uno cada 24 meses. En el segundo mandato esto aumentó y se realizaron 5, uno cada 11 meses.

Los únicos presidentes que no tuvieron paros generales fueron los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria) -en su primer mandato- y Alberto Fernández (Frente de Todos).

A Néstor Kichner (Frente para la Victoria-PJ) los gremios le hicieron un solo paro en sus 55 meses de gobierno.

Fernández de Kirchner -en su segundo mandato- y Mauricio Macri (Cambiemos) tuvieron la misma cantidad de paros generales: 5 en 48 meses de gestión. La última medida de fuerza convocada por sindicatos se realizó el 29 de mayo de 2019, durante el gobierno de Macri. 

Esta nota fue publicada originalmente por Chequeado https://chequeado.com/

En Argentina y a nivel mundial, un 19 de diciembre ocurrieron muchos hitos que marcaron la historia. Aquí, un listado con algunos de ellos.

ACM

La historia político económica de los últimos cuarenta años en la Argentina puede contarse a partir de frases de los presidentes, algunas de las cuales quedaron como marcas indelebles en el imaginario nacional. Se trata de cuarenta años de democracia ininterrumpida que comienzan el 10 de diciembre de 1983, cuando Raúl Alfonsín asumió el gobierno de un país herido en su tejido social por casi diez años de terrorismo de estado, siete de dictadura cívico militar, y más de cincuenta de democracias interrumpidas. Cuarenta años de democracia que, frente a los fantasmas golpistas que se agitan, vale la pena recorrer para ver, entre otras cosas, el daño físico, psicológico y de una economía endeble que las dictaduras dejaron en un país siempre en llamas, inmerso en un contexto internacional, y que las complejidades de la política no logran llevar a flote.

Con estas palabras, el candidato por el radicalismo, Raúl Alfonsín (1927-2009), cerraba su campaña en un escenario montado junto al obelisco, con una multitud de personas que fuimos a escucharlo y a vivarlo, cuatro días antes de las elecciones presidenciales, que se llevaron a cabo el 30 de octubre de 1983 y lo dieron por ganador, con el 51,75% de los votos, sobre un 40,16% del Partido Justicialista, cuyo candidato era Ítalo Argentino Luder, constituyendo la primera derrota electoral del peronismo en su historia. Alfonsín asumió el 10 de diciembre de ese mismo año.

Que la dictadura se iba a acabar era algo que cantábamos en las calles, en marchas y en las plazas. Que no iba a volver a ocurrir un golpe de Estado era una expresión de deseo, que Alfonsín capitalizó. El discurso fue poderoso y la frase que la historia viralizó fue: “Con la Democracia se come, se cura y se educa”. 

Sin embargo, la promesa no sería de fácil realización; la dictadura había dejado una pesada herencia en aspectos económicos, además de una herida muy profunda en el tejido social. La democracia volvía a nacer, pero trastabillaba en sus primeros pasos. La economía, tras una leve recuperación, se estancaba; el líder gremial Saúl Ubaldini iniciaba una serie de huelgas generales, en las que se coreaba: “Traigan al gorila de Alfonsín, para que vea, que este pueblo no cambia de idea, sigue las banderas de Evita y Perón”.

El “sueño” de Alfonsín, como lo describe Marcos Novaro, en su libro Historia Argentina: 1955-2010 (Siglo XXI), parecía incumplible: “Alfonsín creyó que la promesa de ‘democracia con justicia social’ con que había logrado derrotar a Luder lo habilitaba para recoger tanto el legado de sus predecesores en la intransigencia como el jefe ausente de los derrotados”.

El 22 de abril de 1985 comenzó el juicio a las juntas militares. Tras casi ocho meses de debates y testimonios de victimas del terrorismo de estado, el tribunal condenaba a nueve comandantes. El fiscal Julio Strassera, tomando el título de la CONADEP, terminó su discurso con una frase que hoy pertenece a todos los argentinos: “Nunca Más”.

Dos años después, en un clima de inestabilidad, las rémoras de los 70 volverían a acechar a la joven democracia, al producirse una serie de tres sublevaciones carapintadas, lideradas por el coronel Aldo Rico primero, y luego por Mohamed Alí Seineldín. Luego del levantamiento carapintada en la Semana Santa de 1987, Alfonsín dio un discurso frente a un pueblo ansioso de explicaciones, donde deseó Felices Pascuas y pronunció su célebre frase: “La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina”. Aunque la casa no estaba tan ordenada, los levantamientos no desestabilizaron la democracia, pero lograron ejercer suficiente presión para que el gobierno decretara las leyes de Obediencia debida y Punto final.

La situación económica e institucional del gobierno era endeble. El Plan Austral de 1985, que significó un cambio de moneda temporario, fracasó. 1989 llegó con la hiperinflación bajo el brazo. Como relata Jennifer Adair en el libro 1983. Un proyecto inconcluso (FCE), una ciudadana le envió a Alfonsín el 1° de mayo de ese año convulsionado, una carta con la pregunta: “¿Por qué nos quitaste las esperanzas? ¿Por qué nos abandonaste?”. La autora analiza cómo la recesión, el endeudamiento y la desilusión de buena parte de la población precipitaron el fin de su gobierno. A mediados de año, un Alfonsín ya muy debilitado acordó una salida anticipada con un político riojano de larga militancia en el justicialismo: Carlos Saúl Menem (1930-2021). 

“Síganme, no los voy a defraudar”. 

El lema de campaña del carismático gobernador de La Rioja, cautivaba a las masas, que se habían llevado un gusto agridulce de la vuelta a la democracia. El muro de Berlín colapsaba, y con él, el orden bipolar; una Unión Soviética muy diezmada perdía control sobre el bloque del Este, y entraba en su fase final. La hegemonía del neoliberalismo, cocinado en EE.UU. y aceptado por el mundo occidental, avanzaba. Argentina no era ajena a este proceso; los principales candidatos adherían al nuevo esquema: Menem (PJ), el radical cordobés Eduardo César Angeloz (UCR) y Álvaro Alsogaray (UCeDé), que había sido ministro de Industria en el gobierno de facto de Pedro Eugenio Aramburu, y autor de la célebre frase “Hay que pasar el invierno”, en 1959, para justificar la falta de pago de salarios a trabajadores. 

“Ahora es el turno de la economía” fue el argumento de campaña de Angeloz. Menem levantaba las banderas del “salariazo” y “la revolución productiva”, que devendrían promesas incumplidas. Menem arrasó en las elecciones, le sacó más de 10 puntos de ventaja al Angeloz. El 8 de julio de 1989, Alfonsín le puso la banda presidencial a Menem: el acercamiento entre el peronismo y radicalismo, que retrotraía al célebre abrazo entre Perón y Balbín, reafirmaba la transición democrática.

Menem, preso durante la dictadura, a los cuatro meses de haber asumido, firmó los indultos de los ex comandantes sancionados por la Guerra de Malvinas, 39 militares procesados por violación a los DDHH, y 64 ex integrantes de organizaciones guerrilleras, además de los militares procesados por participar de los levantamientos carapintada. A pesar de estas medidas “pacificadoras” (y que ponían sobre el tapete una vez más la discusión sobre la teoría de los dos demonios, o pretendían saldarla), el 3 de diciembre de 1990, el Coronel Seineldín lideraba otro levantamiento carapintada. El 29 de diciembre Menem indultó a los comandantes detenidos, Videla, Massera, y Viola, y al líder de Montoneros, Mario Firmenich.

Este intento de pacificación no era suficiente para calmar el malestar del pueblo; era necesario atender la cuestión económica. El presidente, visto con desconfianza por el empresariado, ponía en marcha el “achique del estado”, que se tradujo en un plan de privatizaciones, y el inicio de la convertibilidad ejecutada por Domingo Cavallo.

El 17 de marzo 1992, se produciría un nuevo hecho de violencia, pero esta vez no surgiría de un conflicto interno: una camioneta cargada con explosivos se estrelló contra la Embajada de Israel, en el barrio de Retiro, murieron 22 personas y 242 resultaron heridas. En 2004, Menem, en una entrevista al programa Fuego cruzado de Canal 9, lanzó algunas conjeturas al decir que había “sido el único presidente argentino que visitó Israel… Quizá esto haya ofendido a estas organizaciones terroristas… Lo otro que puede ser es el envío de las naves argentinas al Golfo con motivo de la invasión de Irak a Kuwait”. Dos años después, ocurrió el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en el barrio porteño de Once, que dejó un saldo de 85 personas muertas y 300 heridas. El Presidente sería acusado de encubrir a los autores intelectuales de un acontecimiento que tendría repercusiones en la política argentina hasta el día de hoy.

El 6 de abril de ese mismo año fue hallado el cuerpo del soldado conscripto Omar Carrasco en una dependencia del Ejército en Zapala, Neuquén, con signos de haber recibido una brutal golpiza. A raíz de este hallazgo, el 31 de agosto el gobierno puso fin al servicio militar obligatorio.

En noviembre, Menem y Alfonsín se encontraron en la quinta presidencial y establecieron un acuerdo que se conoció como el Pacto de Olivos, dando lugar a una reforma constitucional, que permitiría la reelección del riojano el año siguiente.

A pesar de las denuncias de corrupción contra el gobierno y su entorno político y familiar, Menem obtuvo un aplastante triunfo en primera vuelta, sacándole más de veinte puntos al candidato del FREPASO (una alianza de partidos de centroizquierda), el mendocino José Octavio Bordón. La UCR, con Horacio Massaccesi a la cabeza, se ubicó en un lejano tercer puesto. El oficialismo triunfó en todas las provincias, con la excepción de la Ciudad de Buenos Aires: el talón de Aquiles del justicialismo, pero incluso allí perdió por menos de un punto. 

Menem nunca dejó de alzar las banderas del justicialismo. Sin embargo, su primera gestión, con la liberalización del mercado, el alineamiento político con EE.UU. y la decadencia de la industria nacional,  poco tuvo que ver con el “peronismo de Perón”.

En su segundo mandato (1995-1999) subían los índices de pobreza, desempleo, indigencia, y trabajo no registrado. Las puebladas de Cutral Có y Plaza Huincul, que tuvieron su origen en los despidos masivos de YPF, vieron nacer al movimiento piquetero. Un PJ muy desgastado tuvo que enfrentarse en 1999 con la Alianza, la unión entre el FREPASO y la UCR. La fórmula elegida fue Fernando De La Rúa-Chacho Álvarez. El menemismo se presentó dividido: Domingo Cavallo, ex ministro de Economía, presentó lista propia, mientras que Eduardo Duhalde, vicepresidente y gobernador de la Provincia de Buenos Aires, representó el PJ. 

“Dicen que soy aburrido… aburrido, je”. 

Con una campaña publicitaria disruptiva, ideada por el publicista Ramiro Agulla (creador de “La llama que llama” para Telecom), la Alianza obtiene una victoria abrumadora en las elecciones, con un 48,5% de los votos, frente al 37,9% del PJ. Como Alfonsín en 1983, quien se convirtió en el primer presidente en vencer al justicialismo en elecciones, De La Rúa sería el primer radical en suceder al peronismo en la presidencia. Lejos de un parque de diversiones, heredó una situación económica gravísima, y tampoco fue capaz de revertir la situación. La convertibilidad menemista era una bomba imposible de desactivar; solo quedaba postergar su estallido. Como señala Ricardo Delgado en su libro La Herencia: Treinta años de economía argentina en democracia (FCE): “El destino de la convertibilidad estaba echado, y le tocó en suerte al gobierno aliancista ser el que convirtió, tortuosamente, con escasa imaginación y un uso equivocado de las herramientas, con su final.”

Aún faltaba para el “Que se vayan todos” de 2001, aunque esta expresión ya estaba latente. Para Delgado: “Era de suponer que el gobierno no heredaría el discurso menemista… no fue así. De La Rúa adhirió por completo a la idea de que la recesión se explicaba por el déficit fiscal y no por el dólar barato.” El gobierno iba a continuar con los ajustes y la “disciplina fiscal”. José Luis Machinea, ministro de Economía, fracasaba: con la macroeconomía desestabilizada, las clases medias y populares pagando el ajuste y las provincias gobernadas por el PJ desfinanciadas, nada podía augurar un final “divertido”.

Tras acusar a su propio gobierno de corrupción, Chacho Álvarez renunció a su cargo el 6 de octubre del 2000. Graciela Fernandez Meijide, ministra de Desarrollo, declaró años después en una entrevista para la TV Pública: “Yo creo que Chacho dio como excusa una presunta coima pagada en el senado… creo que se dio cuenta rápidamente que desde el punto de vista económico no íbamos a poder dar ninguna buena noticia a la gente”. La renuncia anticipada le había echado leña -o nafta- al fuego. En marzo del 2001, Machinea renuncia y asume Ricardo López Murphy, que recorta en Educación, jubilaciones, Salud, subsidios, mientras aumenta el IVA y las cooperativas comienzan a pagar ganancias. Tras su renuncia,  no queda más remedio que llamar al “padre de la criatura”. Así,Cavallo volvía al frente de la cartera clave, con un nuevo ajuste, en el que jubilados y funcionarios públicos serían las víctimas: un descuento del 13% a cargo de Patricia Bullrich, al frente del Ministerio de Trabajo. La economía acumulaba doce trimestres consecutivos de caída, la pobreza y el desempleo crecían, y los precios de las exportaciones se derrumbaban en un contexto internacional poco favorable.

Entonces, vino el estallido: ante la corrida bancaria, Cavallo impuso el “corralito” que dejó cautivos los ahorros en los bancos, que generaron protestas frente a las entidades bancarias; el 13 de diciembre las centrales obreras declararon la huelga general, hubo saqueos a comercios, cacerolazos y piquetes y, en respuesta, una feroz represión. El acontecimiento, que se conoció como el Argentinazo (y que analizo en la Revista Cuaderno de la BN), se colocaba al frente de la larga serie de -azos que se sucedieron en el país, al menos desde el Cordobazo en 1969. El 19 de diciembre el gobierno declaró el Estado de sitio, las movilizaciones continuaron, y entre el 19 y 20 de diciembre, las fuerzas de seguridad dejaron un saldo de 39 muertos. El 20 de diciembre, un De la Rúa vencido huyó en helicóptero desde la terraza de la Casa Rosada.

Cinco presidentes en once días

El 20 de diciembre por la noche asume la presidencia el titular del Senado, Ramón Puerta, que convoca a una Asamblea Legislativa, en la cual se elige como presidente a Adolfo Rodríguez Saá, quien en una semana de mandato suspende el pago de la deuda externa, medida celebrada en el Congreso. Sin apoyo político, el puntano renuncia y es sucedido por Eduardo Camaño durante tres días. El 1° de enero de 2002, el bonaerense Eduardo Duhalde (1941) inauguró el nuevo año como presidente elegido por la Asamblea Legislativa.

El 6 de enero de 2002 se deroga la Ley de Convertibilidad, se devalúa la moneda, se pesifican los depósitos bancarios en moneda extranjera, se congelan las tarifas de servicio. Contra todos los pronósticos, la economía deja de caer en abril, y Argentina respira. Jorge Remes Lenicov, a cargo de estas medidas, por diferencias con el presidente, renuncia, y en abril, Roberto Lavagna se hace cargo del ministerio de Economía. 

La explosión del 2001 estaba lejos de ser un asunto del pasado, las protestas sociales continuaban, y el 26 de junio, se produce la Masacre de Avellaneda. En el Puente Pueyrredón, que liga la Capital con la zona Sur del Gran Buenos Aires, los movimientos de desocupados (para entonces la desocupación era la más alta de la historia del país) se movilizan contra el Gobierno, que responde haciendo ostentación de un despliegue represivo notable, al enviar efectivos de la Policía Federal, la Bonaerense, Prefectura naval, y Gendarmería nacional. Las fuerzas de seguridad dejaron un saldo de 33 heridos por balas de plomo y dos muertos: Maximiliano Kosteki y Darío Santillan. Duhalde decidió adelantar las elecciones.

En los meses posteriores el gobierno empezaría dar vuelta la página de uno de los períodos más oscuros de la historia Argentina: la economía se reactivó, se consolidaron las condiciones de gobernabilidad, y el mundo empezaba a dar señales favorables al país. El mérito de la gestión de Duhalde fue hacer posible la salida de la convertibilidad y no morir en el intento. Un país que lentamente empezaba a enderezarse, tendría que elegir a un nuevo representante. Ya se habían ido todos. 

Pero antes de continuar con la línea histórica, una pequeña observación:

Habían transcurrido el auge y la declinación del menemismo, las crisis inflacionarias y deflacionarias durante los períodos radicales, el “que se vayan todos”, las contradicciones del duhaldismo. No obstante, desde el regreso de la democracia, la izquierda ha mantenido un perfil electoral relativamente discreto. Jorge Marchini, académico, economista, investigador de CLACSO, arroja una mirada sobre este fenómeno: “La izquierda tiene un gran problema: el peronismo, que es el gran movimiento histórico”. Contra la idea ya abonada desde el PC, Marchini afirma: “El peronismo no es el fascismo, aunque tenga algunos elementos, pero tiene rasgos de participación popular y de expectativa popular enormes”. Si nos remontamos a la década del 70, luego de que Perón defraudara a la juventud militante, y no trajera en su retorno el “socialismo nacional”, los jóvenes de la resistencia optaron caminos distintos. Desde la vuelta a la democracia, el trotskismo ha conservado la hegemonía de la izquierda partidaria nacional, con una postura básicamente opuesta al peronismo.

Un peronismo envalentonado con tres candidatos, una UCR completamente diezmada y dos ex-aliancistas, se iban a disputar la presidencia, en lo que fue casi que una elección de “quintos”. En los comicios de 2003, Menem obtendría el 24 por ciento de los votos, seguido por un tal Néstor Kirchner (1950-2010), con el 22%; Ricardo López Murphy, un 16%; Adolfo Rodríguez Saá, el 14,11% y Elisa Carrió, el 14,05%. Al bajarse Menem del balotaje, el Frente Para la Victoria, liderado por la fórmula Kirchner-Scioli, llega a la Casa Rosada.

Parafraseando a Marthin Luther King en su célebre discurso “Tengo un sueño”, el patagónico Néstor Kirchner se presentaba en sociedad sabiendo que tenía una difícil tarea: que la gente volviera a creer en la democracia. El ex-gobernador santacruceño analizó: “Era muy difícil ser candidato en esta elección, por la bronca de la gente con la política, había que jugarse…” El 25 de mayo asume esta tarea titánica;  se lo ve calmo: juega con el bastón presidencial en el Congreso ante las risas de su esposa, la abogada y senadora por Santa Cruz, Cristina Fernández, que devendría Primera Dama.

En una de sus primeras jugadas al frente del gran ajedrez nacional, Néstor mueve una pieza fundamental: mantiene a Lavagna en el Ministerio de Economía. En 2003, el PBI crecería un 8,8%; los números de desempleo empiezan a ceder, y el Banco Central, a recuperar reservas. El éxito económico le dio legitimidad al flamante presidente, quien supo establecer alianzas con distintos sectores de izquierda y centro-izquierda. La mejora económica coordinada en alianzas estratégicas con diversos sectores lo ayudaría a construir una gobernabilidad muy sólida.

El 21 de agosto del 2003 se anulan las leyes de Obediencia debida y Punto final, en un primer paso que abre la puerta a reivindicaciones por la Verdad, Memoria, y Justicia, y la reapertura de las causas por crímenes de lesa humanidad. El 24 de marzo de 2004, en un gesto más que simbólico, Kirchner ordena al jefe del Ejército descolgar los cuadros de los represores Videla y Bignone de una de las paredes del Colegio Militar de El Palomar. Hasta el día de hoy escuchamos en las marchas: “Cuando bajaste los cuadros, todo empezó a cambiar”. Toda acción genera una reacción: en 2006, desaparece por segunda vez Julio López, cuando iba a declarar en el juicio contra el represor Miguel Etchecolaz en La Plata. El gigante dormido parece despertar y los fantasmas se agitan. Ese año se funda La Cámpora, ala de la juventud K.

El gobierno de Néstor Kirchner tuvo un saldo positivo: la economía crecería de forma constante, y en paralelo descendían los niveles de pobreza y desempleo. En 2005 se estableció una quita del 76% de la deuda externa, y el 3 de enero del 2006 se abonó la deuda con el FMI. Un país que estaba en las ruinas parecía lograr la utopía: el Fondo Monetario ya no condicionaría los destinos del país. Claro, sabemos que nada es para siempre. Kirchner la tenía clara: “Para cambiar las estructuras sociales se necesitan 20 años de un plan continuo, cuatro o cinco mandatos, y eso son por lo menos dos presidentes diferentes. Tenés que gobernar, ser reemplazado, y volver después”. La cita figura en Néstor. El hombre que cambió todo, de Jorge “Topo” Devoto (Planeta). Pero Néstor no pudo volver.

Un país que había vuelto a cobrar vida, le agradecería en las urnas al peronismo. La victoria fue culminante: la candidata del FPV, la platense Cristina Fernández (1953), acompañada en la vicepresidencia por el radical mendocino Julio Cobos, ganó con el 45 % de los sufragios, convirtiéndose en la primera presidenta mujer electa por el voto popular, seguida por Elisa Carrió, quien arañó el 23 %. 

Cristina continuaba con el legado de Néstor: durante su mandato la pobreza disminuyó el 6% y la indigencia el 2%, la desocupación bajaba y se duplicaba el presupuesto en educación. Durante su gobierno, se extendió la cobertura del PAMI, se dictó la ley de Matrimonio igualitario y se otorgó por decreto la AUH (Asignación Universal por Hijo).En 2008, año de crisis internacional por el estallido de la burbuja inmobiliaria estadounidense, se detona “el conflicto del campo”: el 11 de marzo, la resolución 125, anunciada por Martín Lousteau, ministro de Economía, fijaba un sistema de retenciones móviles atado a la evolución de los precios internacionales. La reacción de estancieros y chacareros fue contundente. Las patronales agropecuarias darían meses de luchas, con cortes de ruta y otras medidas, que CFK bautizó “Piquetes de la abundancia”. Como resultado, Lousteau presentó su renuncia. La “125” fue aprobada en Diputados pero no pasó en Senadores. El vicepresidente Cobos se definió por la negativa: “Que la historia me juzgue, pido perdón si me equivoco, mi voto no es positivo”.

Un año después, el grupo Clarín “se le paraba de manos” a Cristina. La Ley de Medios Audiovisuales, que buscaba limitar la concentración de los medios de comunicación, sería rápidamente denunciado por Clarín, que se opuso fuertemente a esta ley, argumentando “persecución política” y “limitación de la libertad de prensa”. Esta rivalidad perduró en el tiempo. En 2023, luego del intento de asesinato a CFK, y en una doble referencia al atentado y al juzgamiento de la entonces vicepresidenta por presunto enriquecimiento ilícito, el diario titulaba: “La bala que no salió, la condena que va a salir”. En el libro Sinceramente (Sudamericana), Cristina escribió: “Néstor me lo dijo: ‘te van a proseguir a vos y a tus hijos’. No fue altisonante”. El 27 de octubre del 2010, mientras se realizaba el censo nacional, Néstor Kirchner murió. Tenía 60 años, los militantes y simpatizantes del expresidente inundaron las calles en señal de duelo, y presidentes de toda la región viajaron a la Argentina para despedirlo.

Las elecciones de 2011 le dieron a Cristina la segunda victoria más holgada de la historia argentina, por detrás del triunfo de Marcelo T. de Alvear en 1922. Con un 54,11% de los sufragios, la fórmula Fernández de Kirchner-Bodou le sacó más de 37 puntos a la segunda, Binner-Morandini, evidenciando algo que hasta hoy es cierto: la socialdemocracia no logra hacer pie en la Argentina.

Uno de los principales hitos del segundo mandato de Cristina fueron las estatizaciones de Aerolíneas Argentinas y de YPF, el avance en materia de DDHH con el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad y la sanción de leyes que protegen a mujeres y diversidades sexuales. En cambio, no prosperó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que sería sancionada en 2020.

Entre 2011 y 2013, el PBI creció, la inflación se mantuvo controlada y la construcción de escuelas llegó a su récord histórico, con el gran mojón del plan “conectar igualdad”. Sin embargo, la pobreza no bajaba del 25/30%, un umbral que desde el retorno de la democracia no se pudo romper. En 2014, este ciclo virtuoso finalizó: la moneda se devaluó, la inflación creció de manera sustancial, cayeron las exportaciones y el PBI decreció. En este contexto económico el kirchnerismo empezó a recibir cada vez más críticas, la izquierda denunciaba la falta de justicia redistributiva en el contexto de un crecimiento económico sostenido, y crecían las denuncias por corrupción y por medidas “populistas”. Chiche Duhalde, ex senadora del PJ, y esposa de Eduardo Duhalde, decía que “...niñas de 12 o 13 años se embarazan para cobrar un plan social”. Salieron a la luz casos de corrupción vinculados a figuras del gobierno como Lázaro Baéz, y Julio De Vido, y el kirchnerismo perdió alianzas con agrupaciones sociales. Todo auguraba una derrota electoral.

De cara a las elecciones de 2015, Mauricio Macri (1959), jefe de Gobierno porteño, exdiputado nacional y expresidente del Club Boca Juniors, se plantó con un discurso de “no cambiar las cosas que sí se hicieron bien”, de transparencia y republicanismo, que caló en el electorado antikirchnerista. El oficialismo llevaba como candidato a Daniel Scioli, vicepresidente de Kirchner y gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

El 25 de octubre, en las elecciones nacionales, María Eugenia Vidal sería la primera mujer en llegar a la gobernación de la Provincia de Buenos Aires, la más habitada del país y un bastión históricamente peronista. A nivel nacional hubo balotaje: el 22 de noviembre, con el triunfo de Macri, el presidente de la Argentina por primera vez en la historia de la democracia no fue radical ni peronista. Su gobierno se caracterizó por medidas de austeridad graduales, como el “sinceramiento” de las tarifas de servicios públicos. En su primer año de mandato la inflación fue del 40%, aumentó la pobreza y decreció el PBI, la salida del cepo cambiario en la que se depositaban tantas expectativas los sectores de la oposición tuvo malos resultados. La protesta social creció. La postura macrista en materia de DDHH le generó muchas críticas al mandatario, que reflotó la teoría de “los dos demonios”, con un funcionario como Darío Lopérfido, ministro de Cultura de CABA, discutiendo la cifra de 30.000 desaparecidos en 2017. 

Ese año, el país volvió a crecer y la inflación le dio respiro al gobierno. Pero hechos como la desaparición del submarino ARA San Juan, el asesinato de Santiago Maldonado en la Patagonia, la reforma previsional y una feroz represión sobre los jubilados, provocaron una caída en la aprobación popular al gobierno continuara. Las organizaciones de izquierda y piqueteras pedían la renuncia anticipada de Macri. Los años siguientes, la economía se volvería a contraer y entraría en crisis. En 2018 Argentina renegoció su deuda con el FMI y recibió el mayor préstamo de la historia del organismo, que representaba un 11% del PBI del país. En las canchas de todos los equipos de fútbol se oían cánticos repudiando al presidente y las marchas en su contra eran reprimidas. 

El macrismo tuvo que enfrentar las elecciones del 2019, contra un peronismo relativamente reconciliado, más movimientos sociales y sectores de la izquierda que se unían al nuevo Frente de Todos para enfrentar al oficialismo.

La fórmula Fernández-Fernández (Alberto y Cristina, en ese orden), se enfrentaba a un muy menguado Cambiemos, que mantenía a Mauricio Macri como cabeza de fórmula, y de vice al ex FPV, el peronista Miguel Ángel Pichetto. Con un 48.5% de votos, el Frente de Todos ganó en primera vuelta. Macri se convertía en el primer presidente en intentar la reelección y perder. El resultado sería aún más abultado en PBA: Axel Kicillof le sacó más de 14 puntos de ventaja a Vidal. El primer experimento por fuera del bipartidismo radicalismo-peronismo terminó en un fracaso y fue castigado en las urnas.

La figura de Alberto parecía tener respaldo político y ser sólida. Exjefe de ministros de Néstor y de Cristina, de larga data en la política, parecía la respuesta adecuada para el fallido experimento del outsider. Todo parecía ir viento en popa, pero a principios de 2020, el mundo enfrentaría una catástrofe sin precedentes.

Mientras se celebraba la llegada del nuevo año, las alarmas en la comunidad científica se encendían: en la ciudad de Wuhan, en China, comenzaron a registrarse múltiples casos de una enfermedad desconocida, un virus subestimado que llegó rápidamente a Argentina. El 7 de marzo se confirmó la primera muerte en el país y en Latinoamérica a causa del COVID-19; a partir de allí, se desataron una cadena de eventos que llevaron a una grandísima caída en la percepción popular de Alberto Fernandéz: al anunciar la cuarentena, y durante un breve período, creció su imagen positiva, pero rápidamente hubo resistencia a las medidas restrictivas, y la economía entró en caída libre en el marco de la pandemia, que según las estimaciones del Banco Mundial y el FMI causó la mayor recesión global desde la Gran Depresión en 1929.

Los dos años siguientes representaron un gran caos para el gobierno de Alberto, se lo acusó de tardar en levantar la cuarentena, y por la altísima inflación, además de la devaluación de la moneda. La inflación en 2022 llegó al 94%, y la pandemia dejó un saldo de 130.000 muertos. En un marco de fricciones internas, el ministro de Economía, Martin Guzmán, renunció a su cargo; en su lugar asumió Silvina Batakis, quien rápidamente fue reemplazada por Sergio Massa.

En ese marco de alienación social, un personaje verborrágico empezaba a tomar vuelo, manifestándose en contra del gobierno, el comunismo, el feminismo, el radicalismo y los movimientos de DDHH. Este discurso extremo penetró en varios sectores de la sociedad, sobre todo entre hombres jóvenes, acaso alejados de la racionalidad (los efectos de la pandemia en la salud mental de la población distan de haber sido analizados a fondo).

En 2023, la principal figura del oficialismo es Sergio Massa. La economía continúa con su reactivación post pandemia, pero se produce una profunda devaluación de la moneda, en el marco de la enorme deuda con el FMI, más una inflación que sobrepasa el 100% por primera vez desde 1989. Con las elecciones en la mira, JxC crece de la mano de las figuras de Larreta y Bullrich, y se agranda la figura del ultraderechista Javier Milei, un extravagante personaje que fue creciendo gracias a la televisión y luego a las redes, biografiado por el periodista Juan Luis González en el libro El loco (Planeta), con su flamante partido “anticasta”, La Libertad Avanza.

El oficialismo anuncia como candidato a Eduardo “Wado” de Pedro, hombre cercano a Cristina y con aval de los gobernadores del PJ, pero el panorama cambia repentinamente, y será el superministro Massa quien asuma el rol de precandidato a presidente por Unión por la Patria, compitiendo en la interna contra Juan Grabois, el nuevo representante de la izquierda peronista. 

La interna en JxC sería entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de CABA, cuya imagen venía en picada debido a su discurso moderado, en un contexto tan polarizado. La nota la dará Milei, con sus exóticas propuestas de dolarización, libre portación de armas, venta de órganos y disolución de ministerios, y quien, tras una muy pobre performance a nivel federal, va a dar una gran sorpresa en las PASO.

El 13 de agosto, se realizan las elecciones primarias. Tuvimos miedo: la posibilidad del triunfo de Milei agitó las alas de un ave siniestra que creíamos que no echaría de nuevo a volar. El libertario obtiene casi el 30% de los votos, seguido por Bullrich con el 28%, y tercero Massa, con 27,3%. Fue un baldazo de agua fría para la “casta” de Milei, pero hizo despertar al peronismo. Massa anuncia una serie de medidas en favor de los trabajadores, los intendentes y gobernadores del PJ se involucran más en la campaña, y se activa cierto sentido de urgencia. Algo que anticipa un libro escrito por académicos al calor de la necesidad: Ensayos urgentes, que editorial Marea publicó y distribuye en forma gratuita online.  

El 22 de octubre,Massa-Rossi se imponen con casi el 37% de los sufragios, Milei-Villaruel obtuvieron menos del 30%, y Bullrich-Petri no alcanzan 24%. Alivio fue una de las palabras más escuchadas, entre quienes apostamos a la continuidad del consenso democratico. El clima era de euforia en el oficialismo, con un Axel Kicillof que arrasó en la Provincia de Buenos Aires con el 45%. En CABA, el triunfo de Jorge Macri asegura la continuidad de años del macrismo en el poder, y Leandro Santoro (por UxP) se bajó de la contienda. 

Pero el gran perdedor de las elecciones fue JxC. El 25 de octubre Bullrich y Macri le clavarían un puñal en la espalda de esa alianza, cuando en una rueda de prensa “Pato” anunció que apoyaría a la Libertad Avanza en el balotaje, luego de haber denunciado penalmente a Milei por difamación, al haberla acusado de “montonera” que ponía “bombas en jardínes de infantes”. La UCR, escandalizada, salió a repudiar la decisión de Bullrich. Hasta Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y presidente del radicalismo, responsable de la prisión política de la líder indígena Milagro Sala, declaró: “Macri está feliz, es lo que quería, joderle la vida a JxC”. Y Lousteau, vicepresidente de la UCR, dijo: “Milei es un demagogo que afecta a la convivencia democrática”.

Estamos inmersos en un acontecimiento político sin precedentes, que seguramente marque nuestro porvenir. En palabras de Lenin: “Hay décadas en las que no pasa nada, y hay semanas en las que pasan décadas”. En la Argentina, en cuarenta años pasó un siglo y en estos tres meses, está pasando otro.

GS/MG

Colaboró en la investigación y producción Lucas Durán

José Ignacio de Mendiguren no es sólo secretario de Industria y Desarrollo Productivo. También fue presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) en 2001 y después ministro de la Producción en 2002, cuando colapsó el modelo de la convertibilidad, por la que el peso se ató al dólar por 11 años. Y por eso en la apertura este miércoles del Latam Economic Forum recordó la crisis política, social y económica que se desató en ese entonces, ahora que el candidato presidencial favorito, Javier Milei, quiere aferrarse a la moneda norteamericana.

Justo uno de los organizadores del evento era Research For Traders, la consultora de Darío Epstein, uno de los principales asesores de Milei, que ayer aclaró que sin dólares no dolarizará. El otro convocante, FinGurú, comparador de productos financieros. La recaudación del evento, que se armó en el Alvear Palace Hotel, irá a las fundaciones de Acción Social Jabad y Casa Grande.

“La salida es por la producción y administrando bien”, sostuvo De Mendiguren. “La foto de la Argentina es inviable pero la película es imbatible si miramos sector por sector, región por región. No somos optimudos -bromeó sobre una mezcla de optimistas y boludos-, somos realistas.”

El funcionario cercano al ministro candidato, Sergio Massa, comentó que en una reciente reunión con una ejecutiva del Banco Mundial ella le dijo: “Hoy la Argentina es un activo público global”. “Lo que en el mundo entró en crisis estructural nosotros lo tenemos en abundancia. ¿Qué vamos a hacer con eso? Este es el debate. Con el gas, ¿vamos a ser Nigeria o Noruega? ¿Con el litio, vamos a exportar materia prima o instalar la planta de baterías y acumuladores más importante de la región? Tenemos la gran posibilidad de ser propietarios de nuestros recursos o inquilinos.”

De Mendiguren recordó que en el pasado argentino ha habido “quimeras” como la “inflación cero” de José Ber Gelbard, ministro de Economía de Juan Domingo Perón, la “tablita” de José Alfredo Martínez de Hoz -en el mismo cargo pero en la dictadura-, los planes Austral y Primavera en el gobierno de Raúl Alfonsín y la convertibilidad en los de Carlos Menem -ídolo de Milei- y Fernando de la Rúa. “Parecemos cobayos de laboratorio”, lamentó.

“De la crisis 2001 salimos con el periodo más largo de crecimiento hasta 2011, con tipo de cambio competitivo, baja inflación y superávit fiscal y comercial. Después abandonamos eso”, admitió el secretario. “¿Volveremos a un invento o retornamos a un sendero positivo? Podemos nivelar vía el ajuste. Me sorprende que gente que estuvo en la Alianza (gobierno de De la Rúa) hoy viene con la receta del mismo ajuste que nos llevó a la peor crisis económica”, apuntó contra la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, que fue ministra de Trabajo en 2000 y 2001.

“No podemos salir al mundo con dolarizaciones y cosas mágicas”, opinó De Mendiguren, que rescató que Massa evitó el default de la deuda en pesos o una devaluación brusca. “La inflación es un gran problema hoy. Indudablemente nos cayó un meteorito, que nos quitó una cuarta parte de todas las exportaciones. Hay que hacerse cargo, ¿pero con magia hago 'chic' y me llevo la inflación? En vez de ver tantas formulas esotéricas, tenemos que ver cómo transformamos trigo en harina, pastas, galletitas”, propuso y recordó que las toneladas de productos industrializadas valen mucho más que las materias primas. “Miren dónde tenemos los dólares. Hoy la Argentina exporta para animales, no para humanos. Cuando se habla de inserción argentina en el mundo, tenemos que preguntarnos si nos vamos a insertar con lo que necesitamos o con lo que nos quieren comprar. ¿No es más fácil ir por ahí a buscar esos dólares?”, se preguntó.

En el evento también expusieron economistas: Diana Mondino, eventual canciller de Milei; Martín Redrado, secretario de Asuntos Estratégicos del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta; y Marina Dal Poggetto, que asesoraba al radical Facundo Manes y que advirtió que en el país se quiere vivir como en un país desarrollado como Suecia pero pagando tan pocos impuestos como en Paraguay. Después fue el turno de los analistas políticos Gustavo Marangoni, que advirtió sobre el derrumbe histórico del peronismo, y Alejandro Catterberg, que puso énfasis en la mala elección de Juntos por el Cambio. “¿Puede ganar Milei en primera vuelta? No lo podemos descartar”, advirtió Catterberg, siempre y cuando “el peronismo sigue durmiendo la siesta”. El candidato libertario figuraba como último orado del Latam Economic Forum.

AR/DTC

El precandidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, criticó hoy la propuesta económica de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y lo calificó como “peor que el blindaje de De la Rúa ya que se endeuda para sostener una corrida cambiaria sin resolver el problema de las LELIQs y con dudosa solución al desequilibrio fiscal”.

La precandidata presidencial del ala dura de Juntos por el Cambio había ratificado que, en caso de ser electa presidenta, levantará las restricciones cambiarias “lo más rápido posible” y que, para ello, buscará un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a fin de “blindar de dólares” a la economía argentina.

De acuerdo con la perspectiva de Milei, tal proyecto no brinda una solución definitiva al problema monetario en tanto “los políticos siguen teniendo el control de la maquinita de billetes”. Se trata de un planteo alineado a su discurso anti casta y concepción minarquista de la política, según la cual el Estado debería limitarse a impartir seguridad y justicia y, así, evitar el “robo” de los políticos mediante, entre otras fuentes, “impuesto inflacionario”.

A fin de reforzar su comparación con el gobierno de De la Rúa, el dirigente libertario destacó que algunos funcionarios del gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) también integraron gabinete nacional entre 1999 y 2001. “Cargan con el karma de que muchos de ellos han sido parte del fracasado gobierno de Fernando De la Rúa luego de conseguir el blindaje”, expresó en relación a la ex ministra y el actual jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Milei no fue el único en cuestionar el plan económico de Patricia Bullrich. Su rival en la interna de Juntos por el Cambio también rechazó un proyecto de “blindaje”. “El blindaje fue algo que hizo De la Rúa y no lo vamos a repetir. Miremos la historia argentina, estudiemos. ¿Cómo terminó ese gobierno después de ese préstamo? ¿Así vamos a arrancar un Gobierno?”, destacó Rodríguez Larreta en una entrevista con CNN Radio.

El proyecto económico de la ex titular del PRO recuerda a aquel que suscribió De la Rúa el 28 de enero de 2000 para conseguir un desembolso de 7.400 millones de dólares, y aún con ese préstamo, no se logró contener la fuga de capitales y la crisis que terminó en estallido social en diciembre del 2001.

Con información de agencias.

La liquidación de los bonos en dólares del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y otros organismos públicos despertó el debate sobre la plata de los jubilados. Veamos entonces con quién les fue mejor a los trabajadores retirados, tanto a los haberes mínimos y medios como en la evolución del fondo que debería garantizarlos, el FGS; y su antecesor, el sistema privado de administradoras de fondos de jubilados y pensiones (AFJP), vigente entre 1994 y 2008.

El sistema de AFJPs tiene algunos nostálgicos como el empresario más millonario de la Argentina, Marcos Galperin. “Qué lindas épocas cuando cada uno de nosotros tenía nuestros ahorros jubilatorios en nuestras propias cuentas privadas y podíamos ver la evolución de nuestros ahorros todos los meses”, reaccionó Galperin cuando el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que la Anses se deshacía de sus títulos públicos en dólares y la oposición respondió con una demanda judicial que ya recibió un fallo contrario.

A pedido de elDiarioAR, el economista e investigador del sistema previsional Carlos Martínez, de la Universidad de General Sarmiento, elaboró el cálculo de la evolución de las jubilaciones mínimas y medias y del fondo de las AFJP y su sucesor, el FGS, según pasaron los años y los gobiernos.

En el segundo mandato de Carlos Menem (1995-1999), el haber medio subió 19,6% en términos reales

En el segundo mandato de Carlos Menem (1995-1999), cuando ya estaba vigente el régimen de las AFJP en las que cada trabajador en blanco aportaba a un fondo de ahorro para su futura prestación, el haber medio subió 19,6% en términos reales, es decir, medido en pesos ajustados por inflación. En el de Fernando de la Rúa (1999-2001), pese al ajuste del 13% nominal que les impuso a los trabajadores pasivos, la jubilación media se incrementó en términos reales el 4,4%, en medio de una deflación por el contexto recesivo.

En el gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001), pese al ajuste del 13% nominal que les impuso a los trabajadores pasivos, la jubilación media se incrementó en términos reales el 4,4%

“Durante la convertibilidad el haber medio previsional aumentó casi un 25% en poder de compra, pero ello fue efecto del achicamiento en la cobertura, que hizo que, a medida que se iban muriendo los jubilados más pobres, no fuesen reemplazados por otros del mismo estrato social”, analiza Martínez. “Esto hacía que el haber de las jubilaciones bajas resultase siempre muy inferior al de las altas, las de los nuevos jubilados, de sectores medios y altos. Ello se verifica en el hecho de que el haber mínimo en ese período apenas creció un 3% en su poder de compra de 1995 a 2001 y ello fue porque, pese a estar congelado nominalmente en 150 pesos, hubo deflación tres años seguidos (1999-2001) por la recesión”, continúa el economista.

En 2002 saltó por los aires la ilusión de la convertibilidad, el esquema creado por Menem y sostenido por De la Rúa por el que un peso equivalía a un dólar, y entonces se disparó la inflación y la jubilación media derrapó 27,7%. Gobernaba Eduardo Duhalde. En la administración de Néstor Kirchner (2003-2007), la media se recuperó 14,4%, al tiempo que la cobertura previsional, es decir, la cantidad de mayores con jubilación, se elevó del 65% a casi universalizarse a más del 90% por la primera moratoria del kirchnerismo.

En 2002 saltó por los aires la ilusión de la convertibilidad y se disparó la inflación: la jubilación media derrapó 27,7%

En el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner la prestación media se incrementó un 7,8% y en el segundo, otro 8,2%. En su primer año de gestión, en 2008, se reestatizó el sistema previsional, se eliminaron las AFJP y se creó el FGS. Para entonces, menos del 10% de los jubilados cobraba parte de su haber de las AFJP, dado que estas recién habían sido creadas 14 años antes y para retirarse se necesitan 30 años de aportes. Incluso la mayoría con jubilación privada sólo recibía la prestación básica universal que otorgaba el Estado y nada de las AFJP porque se habían diluido sus ahorros al invertirse en activos financieros que derraparon en el colapso de 2001/2002 y en la crisis mundial de 2008. Por fuera de esa minoría, más del 90% de los jubilados cobraba ya entonces del Estado.

En la administración de Néstor Kirchner (2003-2007), la jubilación media se recuperó 14,4%

El gobierno de Mauricio Macri se inició con la salida del cepo que sinceró otra vez el valor del dólar, pero en esta oportunidad regía la fórmula de movilidad jubilatoria que había creado el kirchnerismo y además en 2016 se hizo la reparación histórica para elevar las prestaciones medias y altas de acuerdo con lo que habían aportado los trabajadores. Entonces la jubilación media incluso creció ese año 0,9% pese al salto inflacionario. Sin embargo, entre el cambio de la movilidad que votó el Congreso a fines de 2017 y la nueva disparada de los precios en 2018 y 2019, el balance de la gestión de Macri arrojó una caída del 10,5% en las jubilaciones.

En el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner la prestación media se incrementó un 7,8% y en el segundo, otro 8,2%

Con la actual administración del Frente de Todos de Alberto Fernández y Cristina Kirchner volvió a cambiarse la fórmula de actualización jubilatoria y la inflación alcanzó picos aún más altos. ¿El resultado de ambos factores? El haber medio lleva cayendo un 21,7% hasta el primer trimestre de 2023. La conclusión que es que a las jubilaciones medias nunca les fue mejor que con Menem, pero un tercio de las personas mayores no cobraban nada. El peor momento ocurrió con Duhalde, pero la pregunta radica hasta qué punto fue su responsabilidad la explosión de un régimen monetario que comenzó a mostrarse insostenible desde finales del menemismo.

“Desde la salida de la convertibilidad y hasta marzo de 2023 inclusive, el haber medio de las jubilaciones y pensiones perdió casi un tercio de su poder de compra (-32%), con una fuerte caída en 2002 (-28%) y una recuperación paulatina a lo largo del kirchnerismo que lo ubicaba en 2015 apenas un 3% por debajo del valor de 2001, pero con una cobertura mucho más amplia, que incorporó a dos millones y medio de adultos mayores que antes estaban fuera del sistema”, señala Martínez.

“Durante el macrismo, en 2016 y 2017, siguió aumentando, acorde a lo establecido en la ley de movilidad de 2008, hasta llegar a ser, en 2017 un 7% más alto que en 2001. Pero ante el cambio en la ley de movilidad se desmorona, con un recorte real de 13% en 2018 y 7% en 2019, que lo ubica, en ese año, un 10% por debajo del de 2015. En el actual gobierno, creció un 5% en 2020 y cayó un 8% en 2021, estando, tras dos años, un 3% abajo de 2019, pero en 2022 el haber perdió un 16% de su poder de compra y en el primer trimestre de 2023 otro 4%. Así, respecto a 1995, hoy el haber previsional promedio es un 12% más bajo”, prosigue el investigador de la Universidad de General Sarmiento.

El balance de la gestión de Mauricio Macri arrojó una caída del 10,5% en las jubilaciones

En cuanto a las jubilaciones mínimas, apenas conservaron su valor en el segundo gobierno de Menem: subieron 0,8% en términos reales. Eran los tiempos en que protestaba la jubilada Norma Plá. Con De la Rúa se incrementaron 2,3%. En 2002, con la salida de la convertibilidad instrumentada por Duhalde, se derrumbaron 29,1%.Con Néstor Kirchner saltaron 70,4%. En el primer periodo de Cristina Kirchner se elevaron 7,5% y en el segundo, sólo 1%. Con Macri se pincharon 12,2% y con Alberto Fernández, 14,5%. El gobierno actual compensó la merma del poder de compra complementando la prestación con varios bonos.

¿Conclusión? A los que ganan la mínima, les fue mejor con el ex presidente Kirchner y peor, en 2002. Pese a la inflación actual, las jubilaciones mínimas todavía son 43,9% mayores que las de 1995, cuando Menem logró su reelección y cuando un tercio de los mayores pasaban su vejez sin nada.

“Con respecto al haber mínimo, cayó 29% en 2002, pero se recuperó rápidamente, y en diciembre de 2003 ya era mayor al de diciembre de 2001”, recuerda Martínez. “Así, al concluir el kirchnerismo, en diciembre de 2015, la jubilación mínima compraba casi el doble que durante la convertibilidad (+86%). Durante el macrismo cae un 12% (principalmente durante 2018, con un recorte del 13% en su poder de compra). Durante los primeros dos años del actual gobierno se le logró empatar a la inflación: en diciembre de 2020 el haber mínimo era un 1% más bajo que un año antes, pero en diciembre de 2021 un 1% mayor que el de diciembre de 2019, con una fuerte caída del 11% en 2022 y del 4% en el primer trimestre de 2023. Así, a marzo de 2023, se encuentra un 14% por debajo de diciembre de 2019, es un 25% inferior al de diciembre de 2015 y, todavía, permite comprar un 40% más que en diciembre de 2001”.

Con la actual administración del Frente de Todos de Alberto Fernández y Cristina Kirchner el haber medio lleva cayendo un 21,7% hasta el primer trimestre de 2023

Otro cantar ocurrió con la rentabilidad del llamado ahorro de los jubilados, que antes estaba en manos de las AFJP para ir pagando a los que se iban retirando, y que ahora controla la Anses a través del FGS, aunque no lo usa para abonar haberes. En la actualidad, las jubilaciones se financian con los aportes de los actuales trabajadores y empleadores y con contribuciones del Tesoro. En 2008, cuando se dio por terminado el sistema privado de capitalización para volver al público de reparto, las AFJP invertían el 60% en títulos públicos, el 20% en dinero disponible porque estaba en cuentas bancarias o en fondos comunes de inversión, el 10% en plazos fijos, el 8% en acciones y el 2% en proyectos productivos de infraestructura. A junio de 2022, último periodo informado por la Anses, que lleva cierto retraso a la hora de difundir los datos, el FGS estaba compuesto en un 78% por bonos estatales, sólo 2% por dinero disponible, un 1% por plazos fijos, el 10% en acciones, el 4% en proyectos productivos de infraestructura y el 5% en préstamos a jubilados, otros beneficiarios de la Seguridad Social y provincias.

Las jubilaciones mínimas tuvieron una evolución similar a las medias, salvo que con el menemismo estuvieron congeladas y ahora se compensan con bonos

En el segundo gobierno de Menem, la rentabilidad anual de las AFJP creció 11,4% en dólares. Con De la Rúa cayó 10,5%. En 2002, cuando Duhalde rompe con la ficción del uno a uno, los fondos de pensiones perdieron 46,6%. En la gestión de Néstor Kirchner, las AFJP recuperaron renta anual: 18,3%. En la primera administración de Cristina Kirchner, en 2008 el sistema privado perdió 20%, lo que constituyó el detonante de la decisión de reformar el sistema previsional. Entre ese ruinoso 2008, con las AFJP, y el periodo 2009-2011, con el naciente FGS, en el primer gobierno de CFK el fondo de los jubilados terminó ganando 6,3%. En el segundo mandato, medida en dólares oficiales, el FGS mejoró un 3%.

En el periodo de Cambiemos, que liberó y después reinstaló el cepo cambiario, el FGS perdió 6% y en el de Alberto Fernández se recuperó el 7%. ¿Pero qué pasaría si se lo midiese en dólares blue? Sería otro cantar. Claro que el economista Carlos Martínez considera que no tiene sentido hacerlo: “Los jubilados no compran fideos guiseros, Lotrial (antihipertensivo) o Metrogas en dólar blue”, responde.

El experto de la Universidad de General Sarmiento señala que en la era de las AFJP, que cobraban elevadas comisiones equivalentes a un tercio del aporte de los afiliados, la rentabilidad anual del fondo de los jubilados fue del 3,6%. En la etapa del FGS ha sido mayor: 3,9%. “Los fondos de las AFJP tuvieron una rentabilidad razonable durante la convertibilidad (7,5% anual) aunque muy sesgada por lo que pasó en los primeros años (1995-1997 con una rentabilidad anual del 17,1%) respecto al rendimiento mucho más modesto en sus últimos años (1998-2001, con un 0,9% anual) y un rendimiento negativo tras la salida de ella (-0,1% en promedio anual en 2002-2008), totalizando una rentabilidad promedio anual de 3,6% (pero que se reduce a 0,3% si se cuenta el rendimiento en 1998-2008)”, analiza Martínez.

Las AFJP tuvieron menos rentabilidad que el fondo FGS de la Anses, que perdió con Cambiemos

“Mientras que el FGS acumuló, entre fines de 2008 y mediados de 2022, una rentabilidad anual de 3,9%. En ese período fue muy elevada durante el kirchnerismo (9,7% anual, con una rentabilidad muy baja en 2011 y 2013 y un valor negativo de 7,5% en 2015), negativa durante el macrismo (-6% anual, con una rentabilidad de -31,9% en 2018 y -8,5% en 2019) y elevada durante el actual gobierno (7% en los primeros dos años y medio, con un 13,3% anual en 2020-2021 y una caída de 4,6% en el primer semestre de 2022)”, completa el profesor de la universidad del conurbano bonaerense.

AR

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó este domingo que “las garantías procesales de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho no aplican si sos peronista”, al ampliar sus dichos sobre los antecedentes jurisprudenciales del caso contra el exmandatario Fernando de la Rúa por la represión de 2001 y compararlos con el proceso judicial en su contra por la causa Vialidad.

“Lo dicho el viernes en nuestro alegato: las garantías procesales de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, y todas las demás, no aplican si sos peronista”, reiteró la Vicepresidenta en una publicación que compartió a través de su cuenta de Twitter, donde advirtió que “para el peronismo” hay “Derecho Penal de autor”.

Al referirse a la acusación contra De la Rúa por los asesinatos de manifestantes en las protestas del 19 y 20 de diciembre de 2001, sostuvo que “para el resto, aunque sean delitos contra la vida ocurridos a metros de la Casa Rosada, a plena luz del día y transmitidos en vivo por todos los canales de televisión, Derecho Penal liberal, con todas las garantías y principios del debido proceso”.

“La Sala 1 de Casación, integrada por Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, es la que tiene dos causas de Asociación Ilícita, (Memorándum y Hotesur-Los Sauces), que junto a la de Vialidad, que también calificaron como asociación ilícita, forman parte de las cinco causas que en forma separada y con el mismo tipo penal se llevan adelante en mi contra o sea… cinco veces juzgada por el mismo hecho”, consignó.

Fernández de Kirchner recuperó la resolución del Tribunal Oral Nº 6 (TOF 6) que “redujo la sentencia contra los responsables de la represión de los días 19 y 20 de diciembre de 2001”, debido a una revisión de la Cámara de Casación Federal.

De esa manera, explicó que la Cámara “en su pronunciamiento había cuestionado que en la misma sentencia de juicio se había realizado una doble valoración del carácter de funcionarios públicos de los condenados”.

Y agregó que, en ese entonces, se consideró que “se habría transgredido el principio llamado 'ne bis in ídem', es decir la garantía de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”.

Además, planteó que no sólo De la Rúa fue sobreseído por el fallecido juez Claudio Bonadio “en la acusación por homicidio culposo” sino que el jefe de Gabinete de esa administración, Chrystian Colombo y el ministro del Interior, Ramón Mestre, “ni siquiera resultaron acusados, pese a que el artículo 102 de la Constitución establece la responsabilidad solidaria de los ministros sobre los decretos que firman”.

A la vez, sostuvo que “tampoco se tuvieron en cuenta las responsabilidades que establece el artículo 100 de la Constitución para el jefe de Gabinete” y señaló que “ambos funcionarios nunca fueron requeridos ni reprochados penalmente por los jueces de Comodoro Py”.

De esa manera, se preguntó: “¿Nadie fue condenado por la violencia que provocó tantos muertos en la Plaza de Mayo y en el resto del país y que hizo colapsar la institucionalidad en la República Argentina?”.

Y luego recuperó el proceso judicial contra los demás imputados por los asesinatos del 2001 y recordó que, en 2016, el TOF 6 estaba integrado por los jueces José Valentín Martínez Sobrino, Adrián Martín Grünberg y Rodrigo Giménez Uriburu, a quien identificó como “el jugador del Liverpool, equipo que integra con el fiscal (Diego) Luciani”.

También destacó que la Justicia impuso para el exsecretario de Seguridad Enrique Mathov cuatro años y nueve meses de prisión, y resaltó que el organismo dependía “en ese entonces del Ministerio del Interior”.

Además consignó que en ese proceso se investigaron los homicidios de Alberto Márquez, Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego Lamagna, y la tentativa de homicidio de Martín Galli y Paula Simonetti, como así también lesiones en perjuicio de 117 víctimas.

En ese aspecto, señaló que la sentencia fue apelada y los jueces Daniel Antonio Petrone, Diego Barroetaveña y Ángela Ledesma, integrantes de Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal en el 2020, “confirmaron la sentencia y ordenaron devolver las actuaciones al tribunal de origen para que resuelva nuevamente sobre las penas impuestas”.

También explicó que, en 2021, el TOF , ya integrado por los nuevos jueces Néstor Costabel y Sabrina Namer y con la continuidad de Rodrigo Giménez Uriburu en su cargo, “redujo la sentencia contra los responsables de la represión de los días 19 y 20 de diciembre de 2001”.

En esa línea, expuso que “luego de una reevaluación del monto de las penas”, previamente ordenado por la Cámara Federal Penal, el Tribunal “redujo la condena de Enrique Mathov a cuatro años y tres meses de prisión”, y detalló que tomó la misma decisión con Rubén Santos, exjefe de la Policía Federal, que pasó de tener una pena de cuatro años de cárcel a tres y medio.

Asimismo, detalló que a Mathov también “le dictaron la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos sólo por el término de 8 años y 6 meses”, y que fue condenado “como autor penalmente responsable de los delitos de homicidio culposo en perjuicio de Gastón Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón, y lesiones culposas en perjuicio de más de 20 víctimas”.

Indicó que la Cámara de Casación “solo debatió el monto de las penas”, ya que su “objetivo”, dijo, era “lograr penas excarcelables para los acusados”.

Por último consignó que en mayo de este año, la Sala I de Casación “hizo lugar al recurso extraordinario de Mathov y Santos” y remarcó que, entonces, “las penas por los homicidios en la represión del 19 y 20 de diciembre del 2001 se encuentran sin ejecución por no estar firmes”.

CRM con información de la agencia Télam

El alcance del fallo sobre la responsabilidad de Cristina Fernández de Kirchner en el caso Vialidad planteará un precedente inédito para la clase política, coinciden jueces y fiscales consultados por elDiarioAR ante el alegato de la defensa de la vicepresidenta que culminó este viernes.

¿Pudo estar la entonces presidenta ajena a las decisiones que su gobierno tomaba en torno a su principal socio comercial y a su principal política de Estado en inversión? La fiscalía aseguró que no podía desconocerlo. La defensa enfatizó que Fernández de Kirchner no tenía competencia para tomar ninguna de esas decisiones y que las que sí tomó son legales porque fueron validadas por el Congreso, según expusieron los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy y la propia funcionaria ante el Tribunal Oral federal número 2.

Sin mencionar a Báez ni su relación comercial con el empresario (construyó sus hoteles y otras propiedades, gerenciaba sus hoteles y le alquilaba propiedades), Fernández de Kirchner comparó cómo los jueces de Comodoro Py habían juzgado al expresidente Fernando De La Rúa por las muertes ocurridas en diciembre de 2001, en el marco de la represión policial ordenada por el gobierno del radical.

“En esa jornada trágica, murieron más de 31 personas. Hubo juicios que tramitaron en el juzgado de Bonadio, se investigaron cinco homicidios cometidos. Bonadio sobreseyó al doctor De la Rúa. La Cámara de Apelaciones, Martín Iruzun y Eduardo Farah confirmaron el sobreseimiento de De la Rúa por el delito de homicidio culposo, Casación también lo sobresee, todo Comodoro Py”, argumentó.  “Todo Comodoro Py lo sobreseyó (y) señalaron que no estaba en las competencias de De la Rúa todo lo ocurrido”, pese a “haber dictado el Estado de sitio” que terminó con la brutal represión y los homicidios, afirmó Fernández de Kirchner. Y citó un extracto del fallo de sobreseimiento al radical: “Dijeron que juzgarlo sería incurrir en cuestiones que no están dentro del Derecho Penal”. “Pero mirá qué bien, cuando se trata de un gobierno no peronista el Código Penal se respeta”, agregó la vicepresidenta.

Si bien se trata de delitos muy diferentes (De La Rúa estaba acusado de un delito culposo y Fernández de Kirchner es acusada de delitos dolosos, en los que se analiza su voluntad de cometer el supuesto delito de corrupción), la vicepresidenta comparó el alcance de la responsabilidad de los presidentes. “¿De La Rúa no veía lo que estaba pasando en la plaza, no veía la televisión, no escuchaba lo que estaba pasando?”.

Teoría vs. práctica

Otros de los puntos centrales de la defensa es sostener que la fiscalía creó una fábula en la que Fernández de Kirchner decidía sobre sus ministros, jefes de Gabinete y diputados y senadores. Para argumentarlo, se basó en las reglas, normas y procedimientos constitucionales que establecen las funciones y competencias del Presidente, el jefe de Gabinete y otros cargos clave. La fiscalía, en cambio, remarcó varias veces durante su alegato que Fernández de Kirchner no necesita presionar o solicitar a otros que beneficiaran a Báez, ya que habría contado con la complicidad de los organizadores de la supuesta asociación ilícita: el ministro Julio De Vido; el secretario de Obras Públicas, José López; el director nacional de Vialidad, Nelson Periotti; y Báez.

Cristina lo remarcó este viernes al sostener que el Estado funciona como marca la Constitución y que las voluntades políticas nunca tuercen esas normas. Sostuvo, por ejemplo, que era fantástico creer que los jefes de Gabinete seguían órdenes de Néstor y Cristina Kirchner a la hora de decidir qué obras se financiaban en la provincia de Santa Cruz.

“Las competencias en derecho administrativo no son tácitas porque delimitan las responsabilidades” de los funcionarios, explicó la vicepresidenta en su alegato de este viernes. Lo dijo para deslindarse del diseño de los presupuestos anuales que le garantizaron la ejecución de partidas presupuestarias a las empresas de Báez: el diseño y ejecución del presupuesto, dijo, es de los jefes de Gabinete y el presidente sólo tiene potestad de control sobre el jefe de ministros. “Hubo toda una fábula montada para traerme de los pelos a mí a este juicio”, agregó.

“¿Qué está probado en este juicio? Que Cristina Fernández de Kirchner jamás impartió ninguna directiva vinculada a estos casos que acá se investigan”, afirmó Beraldi en la tercera y última jornada de su alegato. “Es imposible que el Presidente de la Nación tenga algún tipo de posibilidad de control respecto de las cientos y miles de obras que se licitan, ejecutan y pagan. Esto quedó demostrado en el juicio”, aseguró el penalista.

ED

Donald Trump está parado en un escenario de Nevada. Es 2016 y le habla a sus aficionados en medio de la campaña presidencial cuando el público se empieza a alborotar. Trump no alcanza a darse cuenta de lo que ocurre: en medio del discurso dos de sus custodios se le acercan, lo rodean y lo sacan trotando por una puerta lateral. La secuencia dura 10 segundos. Algunos minutos después, desactivada la falsa alarma, vuelve al escenario y retoma el hilo. 

 Estados Unidos, con un magnicidio en su haber y un largo historial de atentados, tiene un expertise mucho más desarrollado que la Argentina en custodia personal. El ataque contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien el jueves por la noche le gatillaron un arma de fuego a centímetros de la cara, puso en evidencia fallas de su seguridad. 

Los expertos coinciden en que hubo al menos tres faltas graves en los protocolos. En primer lugar, no se dispusieron los anillos de protección necesarios para establecer distancia entre la vicepresidenta y las personas que se le acercaron. Estos anillos perimetrales, que pueden ser uno o más, buscan dar margen de acción para filtrar posibles agresiones. 

Es cierto que en la Argentina los líderes políticos están acostumbrados al contacto estrecho con sus adeptos. Sin ir más lejos, el sábado pasado la Vicepresidenta habló en medio de la multitud en plena calle, en un escenario improvisado con una camioneta. Esta laxitud habitual de los dispositivos de seguridad se revela como un error cuando efectivamente estalla un riesgo no previsto.

Más atrás en el tiempo, su esposo, Néstor Kirchner terminó con un corte en la frente cuando tropezó contra la lente de un fotógrafo el día de su asunción como Presidente. Había saltado una valla llegando a casa de Gobierno para saludar a la multitud. En el tumulto cayó al piso junto con el reportero gráfico.

Durante la campaña presidencial de Fernando de la Rúa, su custodia utilizaba a los periodistas que cubrían la gira para rodear al candidato en sus incursiones callejeras. De esa manera se garantizaban cierta protección del entonces jefe de Gobierno porteño sin dar la imagen de que se mantenía alejado de la gente.

En el caso de lo que ocurrió ayer en Recoleta, como segundo punto, falló el rol del personal civil y uniformado que integraba el cordón exterior de la Policía Federal. Así como los custodios de la primera fila, no logran detectar la amenaza y en los videos no se ven especialmente atentos a los movimientos del grupo de simpatizantes. Observan sobre todo a la vicepresidenta y no a su entorno. 

Una vez que Fernando Sabag Montiel dispara el arma, son los propios simpatizantes de la vicepresidenta los que reaccionan y lo reducen. Los custodios no proceden, como en el caso de Trump, a cubrir a la vicepresidenta con sus cuerpos y armar un pasillo de evacuación. Fernández de Kirchner continúa caminando libremente e incluso se detiene a saludar a otras personas. No se asume, como dicta el protocolo, que podría repetirse el ataque. 

Consultados por este medio, en el Ministerio de Seguridad señalaron que no están en condiciones de decir si se actuó bien o mal porque el episodio está bajo investigación judicial. Hoy se les tomó declaración a tres custodios, en calidad de testigos, y en el proceso se seguirá interrogando a otros miembros de la Policía Federal. 

“Nosotros no tenemos una evaluación hecha respecto de su desempeño y no descartamos nada. No puedo decir si los vamos a echar o no, porque eso se va a decidir en función de lo que arroje la investigación sobre su actuación”, apuntaron.  

Fernández de Kirchner tiene 100 personas de custodia asignadas para ella y su núcleo familiar, a cargo de la División de Custodia Vicepresidencia que depende de la Policía Federal. Ese área está bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, que encabeza Anibal Fernández, motivo por el que algunas fuentes los señalan  por lo sucedido.

A partir del episodio el Gobierno resolvió reforzar la seguridad en las inmediaciones del edificio de Juncal y Uruguay y hay una sugerencia del jefe de custodia de la vicepresidenta, el comisario inspector retirado de la Policía Federal, Diego Carbone, de que Fernández ceda a su estilo y mantenga mayor distancia con los simpatizantes a partir de ahora. 

Según pudo saber elDiarioAR, en 2004 Néstor Kirchner encomendó a funcionarios de su extrema confianza un proyecto de ley para establecer “las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del Servicio de Seguridad Presidencial”. El borrador, al que este medio accedió, tuvo la supervisión de Cristina Fernández, que era por entonces senadora pero se involucró en el detalle porque afectaba directamente a su familia. 

El proyecto, que tiene más de 20 páginas, establece pautas claras sobre el funcionamiento y las obligaciones de la custodia y quedó en suspenso luego, cuando la agenda tuvo que enfocarse en la creación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). “Dieciocho años atrás ya estaban pensando en este tema”, apunta una fuente que participó de esas discusiones.  

DT/MG

Sentado a la vera de la autopista Buenos Aires-La Plata, cigarrillo en mano, camisa blanca a rayas y un pañuelo en el cuello, con el pelo morocho largo hasta los hombros y la barba tupida, Darío Santillán explica el porqué del piquete: “Cortar rutas es hacer un esfuerzo y una acción para poder cambiar la situación en la que estamos viviendo. Cambiarla de fondo. No nos vamos a casa tranquilos porque tenemos un plan de 160 o 200 pesos. Hay un montón de cosas para cambiar acá en la Argentina”, dice a la cámara, y sus palabras parecen tener una vigencia demoledora: golpean con fuerza al escucharlas hoy, en un país otra vez sumido en una grave crisis socioeconómica, con casi 40% de pobreza, más de 50 puntos de inflación interanual, y con un gobierno peronista enfrentado internamente, incluso con los movimientos piqueteros en el medio.

El video grabado de Santillán –que en YouTube ya supera las 155 mil reproducciones– fue al calor de la crisis de diciembre de 2001, pocos días antes de que el 26 de junio de 2002, cerca del mediodía, él mismo entrara corriendo a la estación Avellaneda del tren Roca para intentar auxiliar a Maximiliano Kosteki de la cacería policial. La represión buscaba evitar el corte en el puente Pueyrredón contra el por entonces gobierno de Eduardo Duhalde. 

Darío ya había escapado de las fuerzas de seguridad y hasta se había pasado de la estación de tren, pero volvió a la zona para rescatar al compañero caído. Sabía las maniobras de primeros auxilios y pretendía ayudarlo. El por entonces comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta, que le habían disparado a Maxi, lo abatieron por la espalda.

Darío y Maxi militaban en el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD): Santillán tenía 21 años y era referente del MTD-Lanús, Kosteki, 25, y militaba hacía dos meses en el MTD-Guernica. No se conocían, pero la tragedia de la Masacre de Avellaneda los unió para siempre. Quiso la historia que se convirtieran en mártires de la lucha y la resistencia popular. Incluso la solidaridad y sensibilidad social de Santillán lo relegó en un segundo lugar en la consigna que hoy es bandera, como si pudiera seguir sosteniendo desde atrás a Kosteki más allá del tiempo: este 26 de junio recordamos los veinte años de Kosteki-Santillán.

“Aquel día se sentía la tensión en el aire. Sabíamos que iba a haber represión, pero no que nos iban a matar. Subimos al puente Pueyrredón, y a las doce menos cinco empieza la provocación del comisario Fanchiotti para que comenzara el enfrentamiento. Un enfrentamiento en el que en realidad los únicos que tenían armas eran los policías”, recuerda Orlando Agüero –también integrante del MTD y hoy dirigente del Frente Popular Darío Santillán (FPDS)– ante elDiarioAr.

Como si lo estuviera reviviendo, Agüero recuerda salir corriendo del puente hacia la avenida Hipólito Yrigoyen y acercarse a la zona del bingo. Recuerda encontrarse con compañeros heridos “con balas de plomo”. Recuerda asistir a uno al que un balazo le había atravesado el pie. Recuerda haber parado una ambulancia en medio de la calle y gritarle que los lleven al hospital de Fiorito. Recuerda entonces el peor final: “La situación era grave, con cuerpos de compañeros por todos lados en los pasillos, hasta que me entero que uno había sido asesinado y que era Darío. Fue un día bien fiero, no tuvimos tiempo para sustraernos al dolor y al llanto. Al día siguiente marchamos a la Plaza de Mayo para exigir justicia”. 

Los compañeros y familiares de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki hace veinte años que reclaman justicia. Emulando a las Madres de Plaza de Mayo comenzaron a movilizarse mensualmente cada día 26 en la que hoy es la estación que lleva sus nombres. Lograron que los policías identificados como los que dispararon, primero contra Kosteki, y luego a Santillán por la espalda, hoy estén tras las rejas. 

Fanchiotti y Acosta fueron condenados a cadena perpetua y permanecen en el penal de Baradero. Y como publicó el jueves elDiarioAr, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Lomas de Zamora –Sala III– acaba de rechazar un nuevo pedido de libertad condicional presentado por la defensa de Fanchiotti. “Nosotros interpusimos varios escritos desde la querella con la intención de observar que no eran presos comunes, que formaban parte de la fuerzas de seguridad y que fueron parte necesaria de un armado de la más alta cúpula del gobierno para llevar adelante un crimen de Estado”, contó Agüero a este medio.

El registro fotográfico y la causa política

“Ese día fue caótico. Mi recuerdo más doloroso es el hospital, cuando no nos decían quiénes eran los muertos. Fue terrible. La represión no terminó en el puente mismo, sino que se extendió por toda la zona de Avellaneda, era una cacería. Después nos juntamos en el estudio de uno de los abogados de derechos humanos de la zona, éramos varios, estaba María del Carmen Verdú y otros abogados de Correpi, hasta que llamó uno de los fotógrafos, Sergio Kowalewski, diciendo que tenía las fotos de lo ocurrido”. 

Quien habla es Myriam Bregman, referente del PTS, hoy diputada nacional por el Frente de Izquierda-Unidad y desde siempre abogada en causas vinculadas a los derechos humanos. La mención a Kowalewski no es al azar: el registro logrado por el fotógrafo colaborador con las Madres de Plaza de Mayo fue clave para que apenas al día siguiente de lo sucedido en Avellaneda se le torciera el brazo a la narrativa oficial: que había sido un mero enfrentamiento y que la provocación fue de los piqueteros. “El comisario entró al hall de la estación a los tiros junto a otro oficial delgado al que le quedaba grande la chaqueta, y le dispararon al pibe por la espalda, a unos cinco metros. Después supe que era Darío Santillán”, le contó el 27 de junio de 2002 Kowalewski a Página/12. 

Sus imágenes fueron tan importantes como las del fotógrafo Pepe Mateos de Clarín, que el día siguiente a la masacre llevó en tapa el tristemente célebre titular de “La crisis causó 2 nuevas muertes”. “Al día siguiente a la represión, el clima seguía siendo de terror y pensábamos que nos iban a meter en cana a todos, pero igual propusimos hacer una marcha. Y cuando estábamos haciendo la movilización aparece la foto de Clarín –recordó a elDiarioAr Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero y también hoy legislador porteño del FIT–. En muy poco tiempo se dio vuelta la situación, involucrando al gobierno. Porque este fue un operativo de los servicios y del gobierno, y les salió el tiro por la culata”.

Condenados Fanchiotti y Acosta, la Justicia nunca avanzó sobre las responsabilidades políticas detrás de la Masacre de Avellaneda. La querella apunta contra Duhalde, el por entonces secretario de la presidencia Aníbal Fernández –actual ministro de Seguridad–, el ex gobernador Felipe Solá –también ex canciller de Alberto Fernández–, el ex titular de la ex SIDE, Carlos Soria, el ex canciller Carlos Ruckauf –que había alertado en la previa que iba a haber “días de desbordes”–, y el entonces ministro de Seguridad de la provincia, Luis Genoud, actual juez de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. 

La última prueba aportada por los familiares de Kosteki y Santillán en el expediente que duerme en la fiscalía de Paloma Ochoa y el juzgado de Ariel Lijo en Comodoro Py fue parte del documental Diciembre de Alejandro Bercovich y César González, del año pasado, donde el ex presidente de alguna manera admite que lo de Avellaneda fue un operativo pensado políticamente. 

“Dí orden que no pasaran para Capital Federal. Fue una cuestión de orden, porque la gente no puede hacer lo que quiere”, se lo escucha decir a Duhalde en esa entrevista, que 20 años después, al igual que la de Santillán, se puede ver por YouTube. Y como una provocación a la historia, sin lamentarse por lo sucedido, e imponiendo una mirada más cercana a la conservación del status quo frente al “cambio de fondo” que reclamaba Darío a la vera de la autopista Buenos Aires-La Plata, el ex mandatario sentencia: “La gente no debe hacer lo que quiere. Lo que no significa que hay que matarlas. Simplemente no hay que dejarlas pasar”.

Uno era secretario de Pyme del gobierno de la Alianza entre el radicalismo y el Frente País Solidario (Frepaso) el 20 de diciembre de 2001. Frepasista, Enrique Martínez había llegado al cargo cuando José Luis Machinea era ministro de Economía y siguió cuando Domingo Cavallo volvió a ese cargo. Después Martínez se peleó con Cavallo y el entonces presidente Fernando de la Rúa lo mandó bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, que conducía Patricia Bullrich. Después, entre 2002 y 2011 presidió el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Ahora coordina el Instituto para la Producción Popular, de la asociación civil Construcción Colectiva. 

El otro era el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI) el 20 de diciembre de 2001, Claudio Loser, que como argentino tenía la particularidad de monitorear la negociación con su país, otra negociación, como la de ahora. Loser se desempeñó en ese cargo desde 1994 hasta 2002, desde que la Argentina se erigía como modelo del FMI hasta su debacle, lo que precipitó su jubilación. Hoy es socio de una consultora en Washington, Centennial Group, que asesora en política y estrategia.

Martínez y Loser, ambos de 78 años, eran funcionarios en 2001, pero con visiones bien distintas. Y hoy en día piensan aún más diferente. Uno desde su casa en Lobos, la cuna de Juan Domingo Perón, y otro desde su residencia en la capital de Estados Unidos recuerdan en conversaciones por separado por Zoom con elDiarioAR desde la desconexión de De la Rúa de la realidad hasta los insultos de Cavallo. Y proponen soluciones contrapuestas al atolladero al que se enfrenta la Argentina por el préstamo récord que el gobierno de Mauricio Macri tomó del FMI en 2018.

¿Qué recuerdan de aquellos tiempos?

Claudio Loser: Es un aniversario triste, dado que en 20 años daría la impresión que la Argentina no ha aprendido o no ha podido salir de sus problemas, aunque los problemas de hoy son ligeramente distintos. Ciertamente hay que reconocer que esa fue una situación terrible, donde las condiciones o las razones por las que el país entró en esa crisis tan grande fueron totalmente generadas internamente. Esa es la diferencia. De alguna manera, el día de hoy yo diría que el gran porcentaje es generado internamente, aunque la pandemia también agravó la situación.

Enrique Martínez: Yo fui secretario de Pyme, nombrado por José Luis Machina. Continué en el fugaz ministerio de (Ricardo) López Murphy y también en el gabinete de Cavallo, aunque con un serio conflicto con Cavallo, que motivó que el presidente De la Rúa pasara la Secretaría al Ministerio de Trabajo. Los últimos meses del Gobierno de De la Rúa fui también secretario de Empleo.

¿Por qué fue una relación tensa con Cavallo?

Martínez: Cavallo, para decirlo lisa y llanamente, porque me parece que es momento de hablar en castellano básico, no entendía absolutamente nada del mundo pyme. Lo primero que hice cuando asumió Cavallo fue pedirle una reunión para preguntarle cuál era su política para la Secretaría Pyme. Y me dijo que había una sola, que era conseguir que los empresarios pyme estuvieran en blanco. Cualquier política de promoción pyme entraba en colisión con la ignorancia absoluta de Cavallo al respecto. Así fue que al poco tiempo Cavallo pidió al presidente que me removiera del cargo porque entendía que no estaba dentro de la política que él pretendía.

Entonces pasó a la órbita de Bullrich…

Martínez: Fue todo un goce transitar por esos ministerios.

¿Cómo veía la política económica de entonces? Porque había un consenso hasta del Frepaso en favor de la convertibilidad…

Martínez: Fue una trampa el tema de la convertibilidad, en la que cayó buena parte del del espectro político. Yo recuerdo claramente que los argumentos de buena parte del Frepaso y de la gente del peronismo era que la convertibilidad estaba generando serios problemas, pero no había más remedio que darle continuidad. Sólo hubo algunas voces disidentes como la de Héctor Valle, que era el compañero de Mercedes Marcó del Pont en su trabajo profesional. Buena parte de quienes lo acompañábamos coincidíamos con él en prácticamente todo y lo criticábamos en eso, cuando en realidad él tenía razón. Yo me considero y me consideré toda la vida un productivista, no un experto en macroeconomía o un experto en economía financiera, y fuimos comprendiendo la importancia de haber seguido una política absolutamente más soberana en relación al manejo de la divisa. Hoy queda claro que un país que no maneje de manera soberana su propia moneda tiene dificultades muy serias de tener una política de crecimiento independiente.

No era sólo la convertibilidad: tampoco el progresismo cuestionaba el modelo neoliberal en su totalidad.

Martínez: No creo que ese sea un pecado de ese momento y de ese gobierno. Yo creo que tal vez ese fue un punto límite de la progresiva desaparición, como elemento de presión intelectual, de aquellos que creían en una estructura productiva distinta. Digamos que los economistas que consideran que la macroeconomía es la que ordena el país ya tenían hegemonía desde la época de Cavallo (que había sido ministro de Economía del gobierno de Carlos Menem de 1991 a 1996).

¿Qué autocrítica hace usted, Loser, sobre su papel y el del FMI?

Loser: El Fondo tuvo su evaluación de la situación, que hizo en la Oficina Independiente de Evaluación, donde básicamente se dijo que el Fondo tendría que haber exigido un movimiento del tipo de cambio o tendría que haberse ido de la Argentina antes de lo que lo hizo. Contrariamente a lo que gente importante como Cavallo dijo, de que el Fondo tendría que haber continuado prestando a la Argentina. Si se hubiera hecho eso en ese momento, ¿se hubiese solucionado la situación? En términos personales, por supuesto, fue una situación difícil. Yo era un poco el jamón del sandwich. Por un lado en la Argentina o los argentinos diciendo de que yo en mi posición de director del Departamento de Hemisferio Occidental no me jugaba por la Argentina y en el Fondo diciendo que, “como argentino, no sé si le tenemos la suficiente confianza para ser totalmente objetivo”. Algunos de la gente técnica del Fondo decían: “Tenemos que ayudar, pero no se puede en estas condiciones”.

¿Se quedó con ganas de hacer algo que no pudo hacer?

Loser: Había ciertas cosas que decíamos algunos que tenían un efecto traumático: mover el tipo de cambio antes de lo que se hizo y no de la manera en que se hizo. Después de la crisis de diciembre de 2001, me hubiera gustado continuar trabajando para ver cómo el gobierno de (Eduardo) Duhalde podía salir de la situación. Ahí hubo obstáculos más bien del Fondo. En ese momento se me pidió primeramente que dejara de trabajar en la Argentina. No había suficiente confianza como para ayudar y lo que pasó de alguna manera a mí me frustró y lo reflejé en un libro que escribimos con Ernesto Tenembaum, ‘Enemigos’. En última instancia me jubilé, algunos dirían me jubilaron, pero lo fundamental era que el director gerente del Fondo, el señor (Horst) Koehler, en aquel momento decía: “No, no, no podemos entrar hasta que no estén claras las reglas del juego”. Contrariamente a lo que hace normalmente y aún hoy el Fondo, de meterse en el baile. A la larga terminó perdiendo el Fondo porque los distintos países grandes lo presionaron a que entrara en un programa que no era necesariamente el mejor (el de 2003) y que no tuvo toda la participación necesaria por parte del personal del Fondo.

Al FMI se lo critica también porque su receta siempre consiste en ajuste fiscal, reformas laboral y previsional…

Loser: En la crisis de 2001 había claramente un desajuste fiscal importante. Había falta de competitividad, las exportaciones estaban sufriendo, no había financiamiento externo. Por supuesto, se dice que hay que ajustar la parte fiscal dependiendo de las circunstancias. Hay que ajustar el tipo de cambio dependiendo de las circunstancias. Hay que ver la expansión monetaria. Uno se sienta y discute con las autoridades, mucho más negociado de lo que se piensa. En la Argentina se dice que es una receta. Hay muchas recetas para hacer pan, pero hay que hacer el pan. Y el tema es que de alguna manera a nivel político en la Argentina decían: “Tenemos que hacer el pan, pero sin ponerle harina”. Cuando hay desajuste fiscal, cuando no se le quiere prestar al país, pueden hacerse reestructuraciones de deuda, como a la larga se hizo en la Argentina, pero hay que poner la casa en orden. Y eso pasa con el Fondo o sin el Fondo. En cuanto a temas como la reforma laboral, la previsional, eso no es necesariamente parte de un programa con el Fondo. Depende de la capacidad del país de proteger a su gente mayor, que termina siendo más protegida que los jóvenes muchas veces. Cuando se habla de reforma laboral se dice que se quiere menos protección a los trabajadores, pero en el caso argentino muchas veces se protege a los trabajadores que están en los sindicatos y no a la mayoría de la gente que está en el mercado negro.

¿Qué causó la crisis de 2001, Martínez?

Martínez: La principal fue la pérdida de peso progresivo del gobierno de la Rúa, de la figura del presidente, incluso que nunca tuvo una figura respetada, ni siquiera el interior de la coalición. La política de De la Rúa era confiar en los planes de salvataje financiero. Se notaba tan débil, tan angustiada, la actitud del presidente que inexorablemente arrastró toda posibilidad de ejercer una política de consenso en el país. Ni siquiera los mismos radicales creían en él, al punto tal que el 19 y 20 de diciembre De la Rúa no tenía prácticamente ningún correligionario al lado. Agreguemos las muy descabelladas medidas de Cavallo, que con el corralito y toda la historia terminó de subordinarse a la patria financiera y eso aceleró el desastre.

¿Pero usted cree que la causa fue más política que económica?

Martínez: La crisis económica era profunda, el plan de salvataje fue un manotazo. El Fondo Monetario tenía un destrato notable por la Argentina. Yo, francamente, no me animo a sostener cuál hubiera sido en ese momento la salida, pero claramente lo dominante fue político. Si hubiera habido una figura política fuerte que hubiera declarado el default, como después hizo (Adolfo) Rodríguez Saá, probablemente hubiéramos tenido solución.

¿Se arrepiente de haber participado de aquel gobierno?

Martínez: Fui casi fruto de las circunstancias. Siempre traté de poner lo mío. Cuando me nombraron secretario Pyme, había muchísimo por hacer. Está claro que con la mirada global, creo que aquello fue un fracaso grosero. El conjunto de la acción. Pero no me preocupa que alguna eventual imagen mía haya quedado vinculada a eso, porque uno conoce para qué está en la vida y cuál es su pasado, su presente y su futuro, ¿no?

¿Recuerdan alguna anécdota de aquellos días? 

Martínez: Tengo una anécdota muy categórica. El 19 de diciembre fue el día de los saludos de los funcionarios del Ejecutivo al presidente, como sucede todos los años antes de Navidad, todos van a la Casa de Gobierno y lo saludan. Estábamos saludando cuando empezaron a aparecer los rumores, ruidos, llamados de la radio, de los incidentes en las calles. Me llamó un periodista de Radio Mitre y me la pasé en pleno Patio de las Palmeras casi gritando, diciendo que era urgente que Cavallo renunciara al cargo. ¡Fíjese qué loco!, ¿no es cierto? Con lo cual me quedé casi último en la fila de saludo al presidente. Éramos dos o tres que quedábamos y le dije que era muy importante que se interviniera en eso, que estaban pasando cosas muy graves, que había que resolver urgente el problema de los alimentos. Y el presidente, con una aparente calma, no sé si era real o aparente, me dijo: “¿A qué se refiere con esos disturbios?”. “Presidente, no son disturbios, son problemas muy serios”, le dije. “No, hable con el secretario si quiere ayudar en la mesa chica de alimentos, pensemos soluciones, pero no me parece que sea tan delicado el tema”, contestó. Se acabó la reunión y es la última vez que vi a De la Rúa en mi vida. Eso da una medida del desconcierto.

Loser: El diálogo se había cortado para el 20 de diciembre. Hubo diálogos muy intensos durante todo el período, desde junio de 2001 hasta diciembre, con Cavallo. Cavallo se enojaba mucho con nosotros porque decía: “¡Lo que tienen que hacernos es prestarnos, con eso se soluciona el problema!”. Yo no estaba directamente a cargo de la negociación, un poco por mi argentinidad. Los dos momentos más tristes fueron: en septiembre la misión a la Argentina, cuando se le dijo a Cavallo y al presidente, separadamente, que no podíamos seguir así, no podíamos seguir prestándoles porque no tenían reservas, tenían un déficit muy grande, no lo podían corregir y no se tapaba con un poquito más de dinero. Eran 1.200 o 1.500 millones de dólares. Recuerdo haber tenido una conversación con el entonces embajador argentino en Washington, mandando un mensaje a través de él directo al presidente diciéndole “mire, la situación está muy mal”. Cavallo en ese momento quería que toda la información pasara a través de él y que él la presentara a su manera al presidente. Esos fueron momentos muy difíciles y cuando se instaló el corralito, que no nos avisaron, también fue un momento muy difícil, por supuesto.

Cavallo era de gritar…

Loser: Sí, era efusivo en estas discusiones, como yo puedo ser efusivo en mi familia cuando me encuentro con algún problema. Él y la gente que trabajaba con él me insultaron directamente más de lo que me han insultado en ningún otro país. En otros países me decían muchas cosas, pero nunca me gritaron. Cuando en algún momento en 2001 dije que había que ver el tipo de cambio, Cavallo me gritó delante del director gerente. Y en otras oportunidades también decía que yo no ayudaba a la Argentina. Debo decir hoy en día que, a pesar de que él tiene ciertos enojos conmigo y me lo ha dicho, somos buenos amigos y conversamos. No lo veo seguido, pero conversamos bastante.

¿Qué piensan que hay que hacer para evitar otro 2001 en Argentina?

Martínez: No creo que no haya otro 2001 en la Argentina porque en aquel entonces el sistema financiero era tan endeble que permitía que apareciera cualquier aventurero como Cavallo e hiciera lo que hizo. Me parece que desde entonces lo que se hizo fue, no reforzar a toda la sociedad, sino reforzar a los bancos. En consecuencia, no puede haber una disparada bancaria o una crisis financiera de esa naturaleza. Lo que sí puede haber es la acumulación de falta de soluciones al 45% de la pobreza, que recordemos que cuando De la Rúa cayó era del 25%. Vamos a un país resignado a que la mitad sea pobre o a fuertes discusiones al interior del campo popular que permitan conseguir nuevas alianzas de gobierno que le den prioridad a la lucha contra la pobreza más que al equilibrio macroeconómico.

¿Cómo ven la negociación del acuerdo con el FMI?

Martínez: Yo estoy atento a la negociación, no me parece que todos debamos ser ministro de Economía o presidente en las sombras. Aventuré en las últimas semanas la idea de que la dimensión de la deuda con el Fondo Monetario era enorme para nosotros, pero era casi una propina para el intercambio comercial chino en el mundo, con lo cual se podía intentar una negociación con los chinos para que a través de exportaciones incrementales a lo largo de una década, por ejemplo, se le podría devolver a China una eventual cancelación del pasivo con el Fondo, con lo cual nos ahorraríamos tener al Fondo encima. Una cosa bastante parecida a la que el empresario Gerardo Ferreyra propuso hace dos semanas. Yo sigo insistiendo en que, con o sin acuerdo, hay que transformar la deuda financiera en deuda comercial porque el horizonte de un país, con mucha o poca deuda con el Fondo, pero gobernado cultural y presupuestariamente por las decisiones del Fondo no es positivo. No es la institución, sino su pensamiento. La lógica neoliberal es una carga absolutamente pesada, que deja fuera la mitad de la población. Hace 20 años dejaba fuera a un cuarto. Me pregunto cuándo descubriremos que hay que actuar de otra manera. ¿Cuántos tienen que quedar afuera para que eso pase?

Loser: Es una tragedia que la Argentina sea el país latinoamericano que más programas ha tenido en los últimos años con el Fondo. Por lo menos desde que volvió la democracia a la Argentina. Y siempre se complica. Acá el elemento político, lamentablemente, crea muchos problemas. ¿Por qué? Yo no tengo información interna del Fondo, pero el equipo argentino habría llegado, me imagino, a un acuerdo en la parte fiscal que estaba reflejada en el presupuesto 2022. Para el Fondo, era muy importante que hubiera un entendimiento acerca de la necesidad de ajustar. Evidentemente la oposición está jugando un juego político diciendo “ustedes tienen que hacernos caso, no pueden venir con una cosa y nosotros lo aprobamos así nomás”. Me imagino que el ministro dirá: “Vamos a poner el presupuesto 2021”, al que nadie va a creer, el Fondo tampoco, y tendrán que sentarse a negociar internamente. Es complicado a la larga. Interpreto esto como fuegos artificiales e internos de parte de la oposición, que está utilizando su nueva fuerza en el Congreso. No estoy opuesto a eso, pero evidentemente va a afectar.

¿Habrá acuerdo con el FMI?

Loser: Esto lo complica, pero yo creo que va a haber acuerdo porque no hay alternativa seria. Muchos argentinos dicen: “Si no le pagamos, no llegamos a un acuerdo, el que se embroma es el Fondo”. El Fondo tiene toda la capacidad de aguante. La Argentina es el principal deudor, pero es sólo 5% o 6% de la capacidad de préstamos del Fondo. Entonces, si no le pagan, va a crear problemas, va a crear mucho enojo, porque los otros países van a decir que sus contribuyentes tienen que pagar por los errores de la Argentina, pero la Argentina entraría en una situación de no tener nada de dinero, no tener reservas, no poder ganar por ninguna parte y que se le corten los préstamos que con el Fondo entrarían, que son los de Club de París, los bilaterales, el Banco Mundial e incluso el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), por mencionar algunos.

¿Pero Estados Unidos, la Unión Europea y Japón no tienen un interés geopolítico por acordar para evitar que la Argentina recurra a la ayuda de China?

Loser: Creo que eso es importante. Lo que quiero decir es es otra cosa. Yo no creo que los chinos ayuden a la Argentina. ¿Por qué? Porque creo que China en esto ha aprendido algunas lecciones, no necesariamente con la Argentina, sino con el mundo. Dio préstamos a diestra y siniestra por razones geopolíticas y se quemó muchas veces. Tiene problemas serios de deudas que no se pueden pagar en China. No entrarían a prestarle en forma masiva a la Argentina si no hay un acuerdo con el Fondo. Por otro lado, el Fondo quiere sacarse el problema encima, así que yo diría que el programa desde un punto de vista conceptual probablemente sea no muy fuerte. El Fondo estaría dispuesto a aceptar un programa, a juicio de uno, mediocre, pero que de alguna manera ayudaría a la Argentina a salir. No hay alternativa a esto. Y la oposición y el kirchnerismo van a tener que entender eso, van a tener que entender que es necesario encontrar algún tipo de unidad implícita para funcionar.

AR

Una habitación ensombrecida. En la cama estaba mi papá, tieso, inmóvil, con la mirada fija y las manos cruzadas sobre el pecho sosteniendo un crucifijo plateado. No hablaba. Ni siquiera parpadeaba. En la mesa de luz había una radio, un cenicero, tres atados de cigarrillos Particulares y una estampita de la Virgen de Luján. Respiraba suave mi papá. Un hilito de agua le caía por el costado de los ojos grises.

Siempre tuve miedo de entrar en esa habitación y encender la luz. Sentía una tensión fuerte en el cuerpo. Al apretar la perilla me acercaba despacio para ver si aún respiraba. Recuerdo la frustración que me generaba preguntarle si se iba a levantar de la cama para almorzar con nosotras. Entre tanta incertidumbre, había una certeza: su respuesta, que era “no”. Mis hermanas Florencia y Agustina tampoco lo lograban. Él se quedaba en el lado izquierdo de la cama matrimonial.

Mi papá, Carlos Alberto del Bianco, falleció hace un año, en 2020. Tuvo dos accidentes cerebrovasculares, uno en octubre y otro en noviembre, ambos el año pasado. Pero no fueron los únicos. Todo empezó hace poco más de dos décadas, cuando cerró 605, la fábrica de jugos que mi papá había fundado 18 años antes. Su empresa, pequeña, familiar, es una de las casi 40 mil pymes que cerraron entre 1998 y 2002, durante los gobiernos de Carlos Menem primero, y de Fernando de la Rúa después. Cuando la fábrica quebró mi papá tenía 51 años.

La fábrica de mi papá, pequeña y familiar, es una de las casi 40 mil pymes que cerraron entre 1998 y 2002, durante los gobiernos de Carlos Menem primero, y de Fernando de la Rúa después.

La fábrica estaba pegada a nuestra casa. Sólo nos separaba una puerta. Y como los protagonistas de Casa tomada, el cuento de Cortázar, papá fue dejando de habitar espacios. Primero dejó de ir al galpón de producción y se refugió en las oficinas. Después dejó de usar su escritorio y se instaló en un piecita más chica, con la puerta cerrada y envuelto en el humo de su cigarrillo. Un día no pisó más la fábrica y se quedó en la cama. Tuvo un accidente cerebrovascular, el primero, que le afectó la parte izquierda del cuerpo. Y se deprimió. Así pasó más de veinte años, la mayor parte del tiempo en esa habitación, con la luz apagada y la radio encendida, día y noche, en el mismo dial: AM 590 Continental.

Cuando todo se quebró, mi mamá, Susana, tenía 48 años. Mi hermana Florencia tenía 20 y Agustina, 10. Yo había cumplido 15. Nunca sabremos si fue el ACV o la depresión lo que dejó a mi papá en ese estado. Lo que sí sabemos es lo que lo provocó.

Las hijas embotellan jugos mientras la madre salva las cuentas del banco

Es el año 1997. En la oficina de la fábrica de jugos 605, en Luján, mi mamá revisa las facturas, los recibos de los proveedores y los cheques. Aprende tan rápido como puede los detalles de la administración que mi papá había soltado. Saca cuentas en la calculadora con un rollo de papel Olivetti y mueve los dedos sobre las teclas. Los números que se reflejan en la pantalla no ayudan. Cuando se acerca a la habitación para preguntarle a mi papá alguna cuestión administrativa, él dice que no sabe nada. Mi mamá, entonces, llama al banco y pide que no le corten la cuenta corriente. Salva un cheque, después otro, pide plata primero a su familia, después a los usureros.

En la pared de la oficina está colgada la foto de un auto de carrera que lleva la publicidad de la empresa familiar. Florencia, mi hermana, entra apurada a ese despacho. Busca las etiquetas para ponerle a las botellas de jugo. Son pocos los empleados que quedan en la fábrica: muchos se fueron cuando advirtieron que todo se iba a pique. Florencia tiene las manos anaranjadas, con olor a pulpa de cítricos correntinos y las palmas endurecidas por pegarle a las tapitas de plástico para cerrar las botellas.

Mi mamá, entonces, llama al banco y pide que no le corten la cuenta corriente. Salva un cheque, después otro, pide plata primero a su familia, después a los usureros.

“Cuando se enfermó, teníamos que estar con mami en la fábrica. Trabajábamos los sábados, los domingos. Íbamos con ella en la camioneta a buscar los tanques de pulpa de 200 kilos a San Fernando. Otras veces viajaba con Moyinga, el único empleado que había elegido quedarse. Hacíamos el reparto de los pedidos en Las Flores, Arrecifes, Salto y toda esa zona de la provincia de Buenos Aires”, recuerda mi hermana Florencia, hoy de 43 años.

“Verlo así, sin reacción, me daba bronca. Por ahí le echaba culpas porque no había hecho las cosas de tal manera y porque no me había enseñado a manejar la fábrica. Pienso que podría haberme explicado algo más y no solamente a poner el jugo en una botella”, dice Florencia. La incertidumbre económica generó pánico y estrés en muchos trabajadores y trabajadoras de la Argentina. De acuerdo a estadísticas oficiales, para el 2001, las consultas de salud mental en hospitales públicos habían aumentado un 40%.

La fábrica de jugos se convierte en un Club del Trueque

Mi papá nació el 2 de mayo de 1948 en San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires, pero siempre vivió en Luján. Terminó el primario pero no cursó el secundario. Trabajó en una fábrica automotriz, vendió huevos en una furgoneta, puso un almacén y después construyó la 605, que tuvo dos sucursales. Junto a otras personas abrió la escuela de fútbol social e infantil “Los Pumas” y una sociedad de fomento en el Ameghino, uno de los barrios más pobres de Luján. Le decían “el gordo del Bianco” y andaba siempre en una camioneta F-100 verde.

Los motores de las máquinas dejaron de sonar en 1999 y un silencio metálico ocupó el lugar. Por meses permaneció ese olor a pomelos y naranjas con el que nos criamos. El timbre del teléfono fue el único sonido que interrumpió esa mudez. No se podían hacer llamadas por la falta de pago, pero sí podíamos recibirlas. Eran los acreedores. Mi papá perdió más de 30 kilos en ese tiempo.

No se podían hacer llamadas de teléfono por la falta de pago, pero sí podíamos recibirlas. Eran los acreedores. Mi papá perdió más de 30 kilos en ese tiempo.

En 2002, el año en que mi hermana Agustina festejaría su Quince, el galpón donde se producía el jugo se convirtió en un Club de Trueque. Hombres y mujeres del barrio Zapiola se acercaban a intercambiar mercadería: tortas, verduras, ropa, electrodomésticos, plantas. Todo estaba ahí. Alrededor de cinco millones de personas participaron de los trueques en todo el país durante la crisis económica. “Un par de veces fui, aprovechaba que mami llevaba cosas e iba con ella. Yo vendía unas plantas que me daba el verdulero de la esquina y me quedaba con una comisión en créditos que era el billete que se usaba”, me cuenta mi hermana menor, Agustina.

Mi mamá pasó de ser ama de casa a jefa de hogar, sin escalas e igual que tantas otras mujeres. Siempre en trabajos precarizados. Después del cierre de la fábrica, trabajó en una panadería, en un restaurante, en una heladería, limpió oficinas y encaró diferentes emprendimientos. Según un informe del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), entre 1995 y 2006, la participación de las mujeres como jefas de familia se extendió del 24,2% al 32,6%.

“No puedo hacer otra cosa más que hacer fuerza”

La radio fue otro de los sonidos de esos años. Papá la encendía para escuchar los partidos de Boca, el programa de deportes de Víctor Hugo y a Luisa Delfino en Te escucho. En 2006, ya recibida de periodista deportiva, entré a trabajar en Continental. Creo que, de manera inconsciente, pensaba que si él escuchaba su apellido en el “aire” iba a ponerse contento. Pero nunca me hizo un comentario, así que me di por vencida.

El año pasado, durante la última internación en el hospital, quiso incorporarse de la cama. Se puso colorado, hacía fuerza, veía cómo se le hinchaban las venas. Le pedí que se quedara tranquilo, que no tenía que esforzarse, que no hacía falta. “No puedo hacer otra cosa más que hacer fuerza”, me contestó. Papá ya hablaba muy lento, le costaba comunicarse. Esa noche, entendí que su fortaleza estuvo en permanecer con nosotras las últimas dos décadas. A pesar de todo.

Siempre digo que el neoliberalismo mata. A veces de manera directa, brutal, como fue en la represión de 2001 que dejó al menos 38 personas muertas. Hay otras muertes, más veladas pero igual de despiadadas. Cuando murió Carlos Menem leí en las redes sociales muchas historias de familias rotas. El tipo de políticas que en ese momento se implementaron desarmaron las bases económicas de la sociedad, los lazos comunitarios, el tejido social. Y desarmaron, también, a las figuras de las que dependen nuestros pequeños universos, como a mi papá.

Celeste del Bianco es periodista. Este texto fue finalista del concurso de crónicas del Festival Basado en Hechos Reales en el año 2019.

Lo primero que hay que decir sobre los eventos de 2001 es que ocurrieron en el marco de una catástrofe. Fue durante el pico de la peor crisis de nuestra historia. Al sufrimiento que produjo en términos de desamparo, hambre y desesperación para millones de personas hay que sumar además los 38 muertos que dejó la represión. Frente a todo eso no caben nostalgias: nadie en su sano juicio desearía volver a ese pasado. 

Dicho esto, no caben tampoco los recuerdos que niegan o banalizan el significado y los profundos efectos que tuvo la extraordinaria movilización social del 19 y 20 de diciembre y las que le siguieron. En el marco de la tragedia, una porción de la sociedad alumbró formas de acción colectiva y construyó lazos de solidaridad de enorme trascendencia que marcaron la política nacional por los siguientes quince años.

¿Qué fue 2001? Algunos intelectuales y periodistas se apresuraron a darle una interpretación estrecha: se trató de una movilización de clase media porteña motivada por un interés económico inmediato. El “corralito” les había tocado el bolsillo y reaccionaron. Punto. Más tarde, otros intentaron reducir los eventos a una simple intriga palaciega del peronismo para desplazar a Fernando De la Rúa. 

Los sucesos reales, sin embargo, no validan esas interpretaciones. Puede que la velocidad de la caída del gobierno tuviese que ver con que el PJ le retirara su apoyo. Pero ni siquiera eso resulta comprensible sin el hecho principal: la rebelión. Porque de eso se trató 2001: no fue una conspiración, ni un espasmo de la clase media, ni tuvo un sentido prioritariamente económico, ni fue de alcance meramente porteño. 

Por el contrario, se trató de una rebelión popular, múltiple en su composición social. Sin dudas el “corralito” había contribuido al descontento y no sólo al de los sectores medios (suele olvidarse que se habían inmovilizado también los sueldos de los trabajadores, cosa que llevó a las dos CGT y a la CTA a decretar un paro general). Pero las motivaciones y demandas de la rebelión excedieron con mucho el problema de las cuentas bancarias. 

De hecho, el cacerolazo del 19 formó parte de una trama de acontecimientos previos protagonizados tanto por sectores medios como por clases populares en todo el país. Desde mediados del mes venía habiendo una escalada de acciones de protesta de comerciantes, trabajadores, estudiantes, desocupados, vecinos. A todo eso se sumó una ola de saqueos que creció en intensidad desde el día 13 y que involucró a barriadas humildes de varias ciudades.

Simultáneamente hubo huelgas, manifestaciones, ataques a edificios públicos y choques con la policía de obreros, empleados públicos, desocupados, docentes, estudiantes y organismos de derechos humanos en varias provincias. El mismo día 19, antes del cacerolazo nocturno, hubo acciones de una multiplicidad de grupos sociales. Docentes universitarios, trabajadores municipales, comerciantes, camioneros, vecinos y desocupados realizaron protestas en diversas partes del país, algunas bastante violentas. Los saqueos se hicieron más intensos, especialmente en el conurbano bonaerense. El cacerolazo se inició precisamente como respuesta al anuncio del Estado de Sitio que anticipaba la salida represiva que el gobierno tenía en mente. De hecho, los cánticos de la multitud esa noche celebraban el bloqueo de esa opción (“¡Que boludos, el Estado de Sitio se lo meten en el culo!”) y exigían “que se vayan” los políticos. No hubo ninguna referencia al problema del “corralito”.

Algo similar sucedió con los eventos del día 20. En varias provincias hubo cortes de ruta y otro tipo de acciones protagonizadas tanto por trabajadores y desocupados, como por pequeños productores y comerciantes. Las imágenes de TV de lo que sucedía en la Capital inspiraban acciones de todo tipo en todo el país. Las centrales sindicales –la CTA y las dos CGT– declararon un paro por tiempo indeterminado. Por otra parte, entre la multitud que combatía con la policía en Plaza de Mayo había gente de sectores medios pero también desocupados y trabajadores. Ese día el corralito tampoco fue motivo de cánticos. “¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo!” –una consigna política y no económica– fue la frase principal que unificó a los que participaban en la rebelión. En varias localidades del interior los manifestantes reclamaron también la renuncia de gobernadores, concejales e intendentes.

Una rebelión popular antipolítica

En fin, la de diciembre de 2001 fue una rebelión que ocurrió en varias regiones del país, fue protagonizada por múltiples sectores sociales y no se identificó expresamente con ninguno de ellos en particular. Fue popular en sentido genérico. En las consignas y demandas con frecuencia se combinaban las aspiraciones de cada grupo. Podían exigir el fin del corralito, pero también el pago de sueldos atrasados y mayores subsidios para desocupados. Se preocupaban por las dificultades financieras de los comerciantes y pequeños productores, pero también por la defensa de la salud y la educación pública. 

Algunas voces nos dicen hoy que careció de un contenido político determinado y que “cada uno vio en 2001 lo que quiso”. Cierto, se trató de una rebelión popular antipolítica. La antipolítica puede tener y con frecuencia tiene un contenido ideológico de derecha. Pero lo interesante del caso es que la dinámica de los acontecimientos orientó la rebelión de 2001 en un sentido opuesto: fue antipolítica –como, en cierto sentido, lo son todas las rebeliones y revoluciones– pero canalizó esa energía de cuestionamiento a la política en un sentido tendencialmente izquierdista. 

La antipolítica del Que se vayan todos asumió esa orientación básicamente por dos motivos. Primero, porque desde mucho antes la narrativa que explicaba el origen de la crisis indicaba que lo que había fracasado era el programa neoliberal de Menem. El empobrecimiento y la exclusión eran su resultado. El peronismo de Menem y Duhalde (y su continuación en De la Rúa) eran percibidos como la derecha, por lo que inevitablemente la rebelión se posicionó en el polo opuesto. Fue antiperonista, claro, pero también anti-neoliberal. Eso se evidenció en las solidaridades amplias que construyó con los excluidos, en la revalorización del movimiento de derechos humanos y sobre todo en la evolución de las demandas de la rebelión. Los reclamos puntuales se entrelazaron con otros más generales y estructurales: del universal odio a los bancos se pasó con frecuencia al cuestionamiento de las multinacionales, las grandes empresas de servicios públicos privatizadas o las políticas neoliberales impulsadas por el FMI.

Pero incluso más importante fue otro hecho, que tiene que ver con la gramática de la rebelión. Porque la antipolítica no se dio en el vacío, sino en el espacio público, en las calles, con movimientos sociales poderosos, como los piqueteros, las asambleas, las fábricas recuperadas, o algunos sindicatos ocupando el centro de la escena. La antipolítica no significó entonces la impugnación de la política por parte de individuos que la rechazan como aquello que los amenaza en el confort de su espacio privado –esta es la antipolítica liberal o de derecha– sino, implícitamente, una impugnación del status quo que realizaba un sujeto político colectivo, presente, que era la multitud ocupando las calles. Váyanse todos, porque aquí estamos nosotros: había en las calles un “nosotros” protagonista de esa rebelión.  Y no era cualquier nosotros: se identificaba políticamente con un horizonte progresista. 

Fue ese horizonte el que, para bien o para mal, determinó el curso de la política nacional durante los siguientes quince años. Porque es preciso no olvidar que, pasadas las elecciones de 2003, no hubo fuerzas políticas relevantes que se presentaran a las elecciones enarbolando un programa o una identidad abiertamente de derecha. Nadie reivindicaba, como sucede hoy, a Cavallo o a los militares. Incluso Mauricio Macri, para ganar en 2015, todavía debió fingir progresismo (Jaime Durán Barba, Federico Pinedo o Alejandro Rozitchner incluso sostuvieron que era “de izquierda”).

En ese sentido, 2001 sí marcó un claro parteaguas entre la década neoliberal y el escenario que se abrió a comienzos del nuevo siglo. Pero no porque alumbrara un nuevo ordenamiento –de eso se ocuparían luego los políticos– sino por su capacidad de interrumpir el curso “normal” de la historia. 2001 fue eso: una interrupción. Alteró el flujo esperable de los acontecimientos. Detuvo parcialmente la máquina. 

Si uno se sitúa mentalmente en comienzos de 2001, se puede ver claramente adónde se dirigía la historia. Todo conducía hacia una salida que profundizaba las reformas neoliberales. Vemos a un De la Rúa que alternaba entre el ministro de economía emblemático de Menem –Domingo Cavallo– y otro figurón del liberalismo extremo como Ricardo López Murphy. Vemos movimientos para habilitar una intervención incluso mayor del FMI. Vemos la continuidad del dominio indiscutido de los intereses financieros con el Megacanje. El plan déficit cero. El recorte de salarios y jubilaciones. La salida era esa. 

Fue ese curso de acontecimientos lo que la rebelión suspendió. Lo volvió políticamente inviable. Y con esa suspensión, abrió una ventana a la democracia sustantiva, un momento en el que la acción popular podía definir rumbos. Abrió una ventana de “anormalidad” en la que se pudieron vislumbrar futuros impensados.

Pierden de vista ese hecho quienes hoy vuelven sobre 2001 y afirman –confundiendo gestualidades y estéticas con realidades sustantivas– que la antipolítica de derecha que florece en la actualidad hereda su impulso. Es todo lo contrario. Cuando los desquiciados de la extrema derecha convocan por TV a la “rebelión”, cuando llaman a acabar con la “casta política”, cuando hacen sonar “Se viene el estallido” en sus actos, se afirman en el gesto profanatorio del recuerdo del 2001, ahora que su ciclo está finalmente cerrado. Que se deleiten en apropiarse de algunas palabras y estéticas de 2001 no demuestra que son sus herederos sino todo lo contrario. Si algún día vuelven de verdad tiempos de rebeliones populares, los veremos como los vimos entonces y otras tantas veces: pidiendo a los militares que saquen los tanques a la calle. 

EA

Tirar a matar para dispersar protestas y saqueos: desde una terraza, desde el interior de una sucursal de banco, desde móviles policiales o camionetas sin identificar. Disparar a mansalva: vestidos de civil o uniformados. Abrieron fuego agentes de las Fuerzas de Seguridad, pero también personal de custodia privada y dueños de supermercados. El 19 y 20 de diciembre de 2001 dejaron un saldo de 38 muertos: diez eran menores de edad; casi todas las víctimas no tenían más de 30 años. A veinte años de la represión, la Justicia no determinó responsables políticos. El ex presidente Fernando de la Rúa fue sobreseído. Ramón Mestre, entonces ministro del Interior, falleció antes de llegar a juicio. La causa contra Carlos Reutemann, entonces gobernador de Santa Fe donde se produjo la mayor cantidad de asesinatos, fue archivada en 2009.

Las condenas llegaron tarde y para funcionarios públicos que ocupaban segundas líneas de mando. Y ni siquiera están firmes. En muchos de los casos no pudieron determinar a los autores materiales de los crímenes. Hay, también, policías condenados que denuncian haber sido “chivos expiatorios”. Y agentes que ocupaban cargos jerárquicos desplazados y con sentencia en contra por haber “encubierto” despliegues violentos que terminaron en asesinatos.

Entre los asesinados hay chicas que tomaban mates en el patio de la casa de sus familiares, adolescentes que salieron, curiosos, a “ver los saqueos”, personas que advertían sobre el peligro de acercarse a “ver los saqueos”, manifestantes que reclamaban por sus ahorros confiscados por los bancos, militantes, referentes de comedores comunitarios. Hubo demoras en la entrega de los cuerpos. Uno, incluso, tardó en aparecer: diez días después dieron con el cadáver de José Daniel Rodríguez, 25 años, militante de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), es uno de los tres entrerrianos asesinados. El cuerpo estaba en una zanja, tapado con neumáticos, baleado y con signos de tortura. 

Sobreseimientos, causas archivadas y condenas que no están firmes

Cinco personas murieron en Plaza de Mayo y alrededores. Diego Lamagna tenía 26 años. Fue herido en el pecho con un perdigón de plomo. Según testigos, le dispararon policías de civil desde un auto particular. Gastón Riva tenía 30 años. Andaba en moto por la Avenida de Mayo cuando recibió un balazo en el pecho proveniente de alguna de las armas de un grupo de cuatro policías que estaban en la zona, disparando. Carlos “Petete” Almirón tenía 30 años. Era militante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) y de la Coordinadora de Desocupados 29 de Mayo. Recibió un disparo de la policía en el pecho en 9 de Julio y Avenida de Mayo cuando encabezaba una columna de manifestantes que intentaba volver a la Plaza de Mayo. Alberto Márquez tenía 57 años. Murió en la Plaza, dos disparos de itaka por la espalda.

Gustavo Benedetto, 23 años, quedó en la línea de fuego de una sucursal del banco HSBC, ubicada en Avenida de Mayo y Chacabuco. Se había quedado sin trabajo: el Día% que lo empleaba había sido saqueado y lo despidieron. Fue a protestar, murió de un disparo. En la investigación determinaron que del banco hacía afuera se efectuaron 60 disparos y ninguno de afuera hacia adentro. Omar Alberto Bellante, subcomisario, recibió la pena de 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 6 años. No es el responsable directo del homicidio, pero fue acusado de encubrir al responsable de la muerte de Benedetto.

Fernando de la Rúa, entonces presidente, fue procesado en 2007 por esos cinco homicidio y 107 lesiones culposas. Al Tribunal Oral Federal N°6 declaró como testigo. Dijo que él no había bajado ninguna orden a las Fuerzas de Seguridad. La Corte Suprema de Justicia de la Nación lo sobreseyó en 2015 por no encontrar pruebas suficientes que lo inculparan. Fernando de la Rúa gobernó entre 1999 y ese diciembre fatal en el que presentó la renuncia. Murió en julio de 2019. Tenía 81 años.

Hace unos días, la Cámara de Casación Penal confirmó las penas para Enrique Mathov -4 años y 3 meses-, quien estaba a cargo de Secretaria de Seguridad en aquel momento, y del exjefe de la Policía Federal de entonces, Rubén Santos - 3 años y 6 meses-. Tienen un plazo de diez días para apelar, pero podrían volver a la cárcel para cumplirlas. Son, por lo pronto, los únicos dos funcionarios públicos de más alto rango en ser condenados.

Raúl Roberto Andreozzi, exsuperintendente de Seguridad Metropolitana, recibió la pena de 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 6 años, y Norberto Edgardo Gaudiero, 3 años y medios de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 7 años. Ninguno apeló la sentencia, con lo cual queda firme. Los cuatro -Mathov, Santos, Gaudiero y Andreozzi- obtuvieron los años de prisión efectiva cercanos al máximo que indica la ley, 5 años, para las figuras de homicidio y lesiones culposas -es decir: son “responsables”, pero no “con intención”-. 

En su declaración a la Justicia, en 2007, de la Rúa apuntó contra su ministro del Interior, Ramón Mestre. Dijo que la Policía Federal Argentina operaba bajo su responsabilidad. Mestre fue imputado pero no llegó al juicio. Murió en 2003, en Córdoba, por una complicación de la hepatitis que padecía y que derivó en un infarto. Tenía 65 años. Mestre aseguró haber renunciado a su cargo en la mañana del 20 de diciembre de 2001. En El palacio y la calle, de Miguel Bonasso, de la Rúa lo desmintió.

En Santa Fe mataron a nueve personas, ocho sólo en Rosario. Se acreditó en la investigación que siete crímenes fueron por balas policiales. Organizaciones civiles y de Derechos Humanos señalaron a Carlos Reutemann, gobernador entonces, como máximo responsable político de la masacre. En abril de 2009, cuando Reutemann ocupaba una banca como senador, archivaron la causa en su contra: la Justicia no encontró elementos que lo incriminen. Reutemann murió en julio, a los 79 años.

VDM

Diego Lamagna tenía 26 años. Fue herido en el pecho con un perdigón de plomo. Según testigos, le dispararon policías de civil desde un auto particular. Gastón Riva tenía 30 años. Andaba en moto por la Avenida de Mayo cuando recibió un balazo en el pecho proveniente de alguna de las armas de un grupo de cuatro policías que estaban en la zona, disparando. Carlos “Petete” Almirón tenía 30 años. Era militante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) y de la Coordinadora de Desocupados 29 de Mayo. Recibió un disparo de la policía en el pecho en 9 de Julio y Avenida de Mayo cuando encabezaba una columna de manifestantes que intentaba volver a la Plaza de Mayo.

Los tres fueron asesinados durante la represión del 19 y 20 diciembre de 2001 en los alrededores de la Plaza de Mayo. Por ese caso, dos de los cinco fallecidos sólo en la Ciudad, fueron condenados tres policías de jerarquía y un funcionario público. No fueron los autores de los disparos sino quienes coordinaron la represión. La Cámara de Casación Penal confirmó hoy las penas y Enrique Mathov, quien estaba a cargo de Seguridad en aquel momento, y del exjefe de la Policía Federal de entonces, Rubén Santos. Tienen un plazo de diez días para apelar, pero podrían volver a a cárcel para cumplirlas.

Los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ángela Ledesma ratificaron la condena a 4 años y 3 meses de prisión para Mathov, más ocho años y 6 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos, y a 3 años y 6 meses para Santos, con 7 años de inhabilitación para ejercer como funcionario. El año pasado, la Cámara Federal de Casación confirmó las condenas y la materialidad de los hechos denunciados, pero ordenó revisar el monto de las penas, motivo por el cual el pasado 4 de noviembre se celebró la audiencia a partir de la cual falló este lunes la Sala I. Tienen diez días presentar un recurso ante la Corte Supresa de Justicia de la Nación.

Los otros dos condenados por la Justicia fueron Norberto Edgardo Gauderio, el responsable de la Mesa de Situación de la Policía Federal en aquel momento, y Raúl Andreozzi, ex superintendente de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal. Todos obtuvieron años de prisión efectiva cercanos al máximo que indica la ley, 5 años.

“Este es una antecedente importante en la región porque jamás se condenó a un político ni a un jefe de la Policía por ordenar y coordinar desde el Estado una represión en Democracia”, dijo Rodrigo Borda, abogado del Cels, patrocinante de las familias de Riva y Lamagna en el juicio. Esto sucede a poco más de diez días de la reunión que mantuvo el presidente Alberto Fernández con familiares de víctimas del 19 y 20 de diciembre de 2001. Allí se comprometió a a enviar al Congreso un proyecto de ley reparatoria para víctimas y familiares de la represión, de la que en breve se cumplirán veinte años.

AS con información de Télam.

- ¿Viste a alguien llamando a un Argentinazo?

La pregunta la deja, flotando sobre la mesa, un funcionario nacional, hombre de vínculos estrechos y conocedor de la dinámica de los territorios y las “orgas” sociales. La invoca para lanzar, casi como antídoto, su dictamen: “Ya no hay más conflicto social en diciembre. Nadie salta las vallas. Hasta las orgas más duras entienden que si hay crisis, los que pierden son los más pobres”.

La dimensión de la certeza busca contrarrestar el pánico que se instala en los gobiernos los fines de año de cada año, los días ásperos de diciembre, cuando se acumulan protestas y reclamos. Ocurre en estos días en que, admiten en Casa Rosada, “aumentó la movilización social” pero no la traducen como un riesgo cierto. Este año, además del efecto lacerante de la pandemia sobre la pobreza, interviene el reflejo muscular de lo que ocurrió en 2001, aquel 19 y 20 que precipitó el fin del gobierno de Fernando De la Rua, episodio que dejó 39 muertos y del que se cumplen veinte años.

¿Puede impactar ese registro histórico, la memoria de aquellos días? Según el mapeo que hizo elDiarioAR, en consultas con intendentes, funcionarios nacionales, provinciales y municipales, y dirigentes sociales, no hay indicios de tensión extra. No implica, claro, que no pueda ocurrir: la realidad tiene como práctica habitual, eso de actuar por sorpresa.

“Todos los diciembres son duros”, apunta un intendente del PJ del conurbano. “Pero hay mucho despliegue y presencia en el territorio, hay contención. ¿Puede pasar algo? Siempre puede pasar algo. El riesgo es que haya alguna movida armada, incentivada para tratar de generar un efecto contagio”, plantea el alcalde a elDiarioAR, en off, porque es un tema sensible que, dice, puede funcionar como un llamador. Donde se supone que está todo bien, puede aparecer alguien a hacer ruido.

El argumento, también repetido, de protestas digitadas o motorizadas, naufraga cuando se pregunta sobre el quién. “Los únicos sueltos son los grupitos anarquistas, minúsculos, sin capacidad de generar algo grande”, describe una fuente oficial. Es decir: la dinámica del foco, dominó, una chispa que inicie un incendio. “No hay indicios, no hay alerta. Nación, provincia, los municipios, las organizaciones, todos están activos conteniendo. La economía, que mejoró, ayuda”, aporta desde el gobierno bonaerense. Dicen que Sergio Berni, el ministro de Seguridad, encargado de monitorear ese proceso, no elevó ningún planteo sobre potenciales conflictos.

Asistencia

En las consultas de este diario se repite el diagnóstico sobre un fuerte sistema de asistencia, que se reforzará en estas semanas con bonos, cajas de alimento. En PBA está pautada la distribución de 1,2 millones de cajas navideñas. Podría no ser la única tanda. “Hay más movilización pero no se detecta nada que pueda generar una situación que se salga de control”, aporta una fuente bonaerense de un área que opera, a diario, con los barrios.

“Se estuvo muy cerca de los que la pasan peor. Ahora empezó a mejorar la economía, eso cambia el clima”, agrega un intendente del oeste, zona del gran Buenos Aires que históricamente tuvo picos críticos. Uno de los últimos se produjo en San Fernando allá por el 2014. Pero siempre, se mira especialmente a Moreno, quizá desde ese distrito, en el 2001, partió una movilización rumbo a Plaza de Mayo encabezada por quien era el intendente, Mariano West.

Juega, además, otro factor. En general, los intendentes experimentados saben olfatear las crisis y controlarlas, conocen los puntos más calientes de su distrito y a quien tocar para atender esa demanda. En Moreno hay una intendente nueva, Mariel Fernández, de nexos con La Cámpora y con organizaciones sociales, a la que elogian en Nación y en Provincia. Por las dudas, en los límites con José C. Paz, hay coordinación con Mario Ishii por eventuales alertas.

La maquinaria territorial que se movió en la previa de las elecciones, tanto del FdT como de Juntos, aparece como un factor adicional respecto a la cercanía. “La mayoría de los intendentes, luego de un año con dos elecciones movidas y muy trabajadas como estas, tiene un termómetro preciso de lo que pasa. No debería pasar nada raro”, apunta un dirigente de diálogo fluido con los intendentes.

“Hay mucha movilización, habrá una concentración muy grande contra el ajuste del FMI. Hay una situación social muy grave pero está canalizada por la contención de las organizaciones sociales. El Estado debe dar respuestas: está pendiente la promesa del gobierno nacional de pagar el medio aguinaldo y el alimento para los comedores y los productos navideños”, explica Eduardo “Chiquito” Belliboni, del Polo Obrero (PO) que no ve clima de estallido pero avisa: “El gobierno trata de contener pero no descarto nada”.

Advierte, eso si, sobre pequeños grupos que organizan petitorios en los supermercados para pedir alimento. Deja una referencia como dato abierto. “Abrieron los planes, muchos entraron. Todos esperan lo que puede pasar en diciembre que hay como un mito ¿y si la inflación sigue? ¿Y el ajuste por el acuerdo con el fondo? ¿Y si ocurre en marzo?”. Belliboni habla de enojo en los barrios con el gobierno y que eso se expresó en los resultados que obtuvo la izquierda en la última elección.

Tensión social

Aparece, sin embargo, otro componente, en cierto modo menos político y más difícil de administrar. También de predecir: la violencia, tanto en forma de delitos como en lo social.

“Aumentaron mucho los delitos. Desde la apertura post pandemia y siguen en alza”, indica un funcionario de un municipio controlado por Juntos por el Cambio. Lo atribuye a la crisis, al desorden de la economía y aunque evita la linealidad pobreza-delito, entiende que eso tiene un efecto sobre la inseguridad. Un jefe territorial del PJ coincide con esa mirada y aporta otro dato. “Los hechos aumentaron, sobre todo desde que se volvió a abrir masivamente la actividad nocturna”, agrega un dirigente de FdT que controla un territorio.

Esa tensión aparece como un fantasma cierto aunque, en el testeo que llega al gobernador Axel Kicillof no figura ningún elemento de alarma adicional. Advierten, sin embargo, que se preparan para una temporada de verano “caliente”, las noches de vacaciones y una tensión acumulada post pandemia.

Un funcionario relata a elDiarioAr una experiencia en primera persona. Asistió, en un mismo fin de semana, a dos episodios de violencia social, uno con armas de fuego y disparos, conflictos sin que tenga un componente de intento de robo aunque también puede estar cruzado por peleas de territoriales de grupos narcos o de rivalidad de pandillas.

El elemento seguridad es, también, impredecible aunque aparece como un alerta prioritario en el gobierno. Berni aceleró en estas semanas, en general junto a Martín Insaurralde, nuevas camadas de efectivos policiales y apuró la inscripción de aspirantes para incorporar, a lo largo del 2022, 20 mil nuevos policías en la provincia de Buenos Aires.

“Un hecho delictivo trágico puede desatar una pueblada y escalar. Eso es inmanejable. Lo que está claro que suelen quedan encapsulados y cuando se mete la política, se frena. Lo del kioskero de Ramos Mejía generó una movilización entre sus vecinos pero cuando lo quisieron llevar a San Justo, a la municipalidad, no fue nadie”, detalla, conocedor del tema, un funcionario.

PI

“El día que me doy cuenta de que la situación se complica es el 18 de diciembre, cuando Fernando de la Rúa se reúne en Cáritas con representantes de la Iglesia, empresarios y la CGT. Estaban Raúl Alfonsín y Eduardo Duhalde, que eran senadores. También estaba el presidente de la Sociedad Rural… Ese día de la Rúa se sienta con los organismos más representativos de la sociedad. Una reunión hermética, blindada. Ni yo pude entrar. Pero te decía: me di cuenta de que la situación no daba para más cuando de la Rúa sale y vuela un adoquinazo que impacta sobre el Móvil A, que es el auto presidencial. No le pegó de casualidad. Y cuando siento el ladrillazo pienso: ‘esto termina mal’”.

Habla Víctor Bugge, 65 años, 43 como fotógrafo presidencial. Retrató a todos los Jefes de Estado desde 1978. Los de la dictadura: Videla, Viola, Galtieri y Bignone. Los constitucionales: Raúl Alfonsín, Carlos Saúl Menem, Fernando de la Rúa, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández. Y también retrató a cada hombre que compuso la saga de una Argentina a la deriva, la frontera trágica que dividió el año 2001 del 2002. Cuatro presidentes en once días: Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Camaño y Eduardo Duhalde.  

“El día del ladrillazo al auto presidencial pensaba que la cosa terminaba mal. Pero me convencí de que ‘se terminó’ al día siguiente, el 19 de diciembre. Me avisan que vaya al despacho, que de la Rúa iba a grabar el discurso que luego pasarían por cadena nacional. Yo estaba con la cámara, esperando para tomar la foto oficial. Eran las cinco y media, seis de la tarde. Y cuando escucho ‘estado de sitio’... Estado de sitio: ahí me convenzo. La cuestión es que de la Rúa se equivoca, un furcio, nada grave, y tuvieron que volver a grabar. En esa interrupción, él se levanta, ordena unos papeles que estaban sobre el escritorio y ahí me acerco y lo apunto con la cámara y el tipo se pone mal. Me dice, muy enojado: ‘¡¿Qué quiere?! ¡¿Qué hace usted acá?!’ Y pum, disparo la cámara y le hago la foto”.

Víctor Bugge habla. Polera negra ajustada, jean, medias estampadas con líneas blancas, azules y negras, zapatos de vestir muy lustrados. Un par de uñas pintadas de rojo, hábito que adoptó cuando el músico Charly García le pidió que lo fotografiara porque él también merecía tener un retrato firmado por quien le toma fotos al poder. Bugge está sentado en uno de los sillones de su oficina. Corcovea de a ratos, la cadera a un lado y a otro, se yergue, se inclina, se toca los brazos. Su oficina está apenas separada por una pared de vidrio que no llega al techo. El resto del ambiente es un rectángulo amplio en el segundo piso de la Casa Rosada. Las paredes están revestidas en madera, los sillones son de cuero y los respaldos, capitoné. Hay una gran mesa de vidrio y televisores encendidos en canales de noticias. Y hay fotos y pinturas y objetos y copas de champagne con fondos de gaseosa. Hay, aquí, un clima de azotea, de altillo: un lugar donde se conspira, una guarida. Una luz ocre, de postigos apenas abiertos. Y una luz diáfana que corre apenas por dos ventanitas, no más grandes que una caja de pizza, a las que aquí llaman “las ventanitas de Bugge”. 

“Bueno, terminan de grabar el discurso en el que De la Rúa declara estado de sitio, yo ya había hecho la foto oficial. Y... quedé medio preocupado, ‘acá se terminó todo’ pensaba. Estaba en el salón blanco viendo cómo se iban, en fila: De la Rúa, Lopérfido, Cavallo, asistentes, secretarios. Eso no quise fotografiarlo. Y me vine para acá. Estaba Roberto Buceta, fotógrafo y compañero, que falleció. Y Damián Schapovaloff, fotógrafo, mi sobrino, un pibe, 20 años tenía. Me pongo a editar las fotos, todos teníamos una sensación… Y cuando largan la cadena, pum, tiro la foto oficial a los medios. Ahí me acerco a la ventanita y veo que se paran en la plaza un par de chabones. Se para una moto. Después un pibe en bicicleta y grita algo sobre la madre de de la Rúa, que no voy a reproducir. Y después una camioneta. Yo veía por la ventanita todo eso. Bocina, bocinita, bocinazo. Cacerola. Insulto, insulto. Cacerola. Cacerolazo. Los miré a los chicos, a Roberto y a Damián. Los tres, sin hablar, decidimos que nos íbamos a quedar acá”.

Víctor Bugge se crió en San Andrés, un barrio de San Martín, partido ubicado al noroeste del conurbano. No terminó la escuela primaria. Fue caddie y asistente de zapatero remendón. Se probó en el club Chacarita y quedó: fue wing izquierdo de las Inferiores de fútbol. Cuando lo desafectaron no se fue: tenía un lugar en la popular, al costadito -digamos- de la barra brava. Su padre, Miguel Bugge, era fotógrafo en La Nación. Cuando Víctor le dijo que quería ser reportero gráfico, él le colgó una cámara al cuello. Le dio una sola instrucción: “Sacá”. Y él sacó. Sacó para La Nación, para Editorial Atlántida y para Códex, una editorial que publicaba la revista La Deportiva. En 1973, con Juan Domingo Perón al mando, le ofrecieron tomar fotos oficiales. El contacto fue a través de su padre y de Higinio González, un fotógrafo que entonces colaboraba para El Gráfico. Víctor Bugge aceptó sin dudar. La muerte de Perón, la asunción a la presidencia de su esposa, María Estela Martínez, y el Golpe de Estado de 1976 demoraron su entrada como fotógrafo oficial. Lo logró en 1978, en plena dictadura. Tenía 22 años.

“Después de la cadena nacional y mientras la gente se iba juntando en la Plaza, subí a la terraza y tomé la foto del helicóptero. Fernando de la Rúa se va, se va para (la Quinta de) Olivos. Por el lenguaje corporal de esa salida creo que ellos estaban convencidos de que el estado de sitio iba a ser una solución, que íbamos a dormir todos tranquilos. Y acá, en Casa Rosada, no quedó nadie. El grueso de la Guardia Militar se había ido. Quedaba una seguridad mínima para cuidar el edificio. A la noche la Plaza estaba llena. Pero no era solo Plaza de Mayo: era la Plaza y toda la Avenida de Mayo hasta el Congreso. Ni una bandera había, ni una. Mirá que yo vi plazas, eh. Esa plaza del 19 de diciembre fue espontánea. A la medianoche llega un pequeño refuerzo de la policía. A las dos de la mañana empezaron los itakazos. Por la ventanita yo veía que cuando retrocedía la gente, avanzaba la policía. Y al revés. Había unas vallas acá, de no más de un metro de altura. Las revoleaban. Nos miramos con los chicos: ¿y si toman Casa Rosada? ¿qué hacemos? ¿y si la prenden fuego?”.

A Víctor Bugge nunca se lo confirmaron, pero él averiguó y se diagnosticó solo. Esas patadas y pisotones súbitos, estirar las piernas de manera inesperada como si fuesen serpentinas, tics como sacudir la cabeza rápido, de repente y sin control, esos sonidos guturales que aparecían cada tanto sin que él pudiera advertir tenían nombre de trastorno: Síndrome de Tourette, una enfermedad neurológica que aparece en la infancia. Hubo apodos, “Cabeza con hipo” o “Vito Nervio”. Nunca hizo un tratamiento. Hubo una época en que dominó los latigazos de las piernas y el vaivén de la cabeza con cierto “control mental”. Pero quedaba agotado. Así que, en sus palabras, “abrazó como si fuese un amigo” al síndrome. Dice que ha perdido muchas fotos porque el tic apareció justo en el momento del disparo de cámara. Bugge sentía que todos los ojos se posaban en esos espasmos que él no podía gobernar. Dice, también, que gracias a aquellas ojeadas demoledoras aprendió a estar en guardia. La cámara es el escudo del hombre que después de sufrir la mirada del otro trabaja, justamente, de mirar.

“Estaban reprimiendo. El clima era muy tenso. Entraban custodios heridos. Así que se nos ocurrió vestirnos como la gente que estaba ahí, protestando. Me saqué el traje y me puse un jean. Damián se vistió con una malla y Roberto se puso unas bermudas. Nos camuflamos, por las dudas. A ver si entraban y nos confundían, ¿viste? Bloqueamos el ingreso a la sala con un armario. Acá ya no se podía estar porque por las ventanitas, que dan a la Plaza, entraban gases lacrimógenos. Salíamos al patio, el interno, el de Las Palmeras, pero tampoco se podía respirar. Tenemos esta ventana que da a la explanada, uno de los laterales de Casa Rosada. Agarramos unas frazadas que teníamos acá, porque acá pasamos mucho tiempo, y armamos una linga. Porque… en un momento… en un momento pensamos: ‘Nos tiramos desde acá’”.

Víctor Bugge es autor de fotos inolvidables. La del 2 de abril de 1983, por ejemplo, en la que Galtieri está solo en el balcón de la Rosada, con la mano extendida frente a una Plaza de Mayo colmada. La del Pacto de Olivos, en la que Alfonsín camina por la Quinta junto a Menem, ambos de espaldas. La de Menem envuelto en un traje amarillo y rodeado por los Stones. Kirchner y la frente abierta por un golpe de cámara. Cuando Víctor Bugge no saca fotos oficiales, trabaja temas. La cárcel de Caseros, por ejemplo. En 1980 ganó un 0 kilómetro. Fue por una foto que había tomado en una época en la que le interesaba el boxeo. “La mejor del año” de acuerdo al jurado. En la imagen una mano entra en tandas y va directo a la cabeza abierta, herida, de un boxeador. El cuerpo del boxeador está intacto, detenido. Bugge trabajaba en baja velocidad. En esa foto hay acción y quietud. Él observa ahí el síndrome con el que convive. 

“En la madrugada del 20 de diciembre ya había muertos...  Por la ventanita yo miraba una represión brutal. Nunca, en mis 43 años acá adentro, vi algo así. Te digo una cosa: si esa noche no hubiese estado acá adentro, en la Rosada y trabajando, era un tipo más en la Plaza. Pero mi trabajo es acá, tres días encerrados estuvimos. Porque mi trabajo… Mi trabajo es ser vos pero acá adentro. Esa siempre fue mi idea, con el respeto que se merecen los personajes de turno, eh, pero yo no sirvo para hacer fotografía oficialista. Todos los presidentes y la presidenta me respetaron. Si no, fijate… El 21 de diciembre vuelve de la Rúa. Viene a firmar su renuncia al despacho. ¿Te acordás que dos días antes, cuando interrumpieron la grabación del discurso para tirar en cadena nacional se había enojado conmigo? Que yo me acerqué con la cámara y me gritó que qué estaba haciendo… Bueno, cuando vino a dejar Presidencia, de la Rúa me dijo: ‘Vení, Víctor, vamos a hacer la última foto’”.

Víctor Bugge comenzó a trabajar como fotógrafo cuando “ver” la foto llevaba, por lo menos, 39 minutos. En laboratorios, a veces improvisados en baños, le daba tiempo al revelado, fijado, lavado, secado y se encomendaba a la ampliadora. Si no había luz de seguridad prendía un cigarrillo, pitaba para afuera y esa lumbre debía alcanzar para chequear la separación de los negativos. Pasaron 43 años. Bugge ostenta un récord de ocupación en un puesto requerido. Dice que si puede quedarse, de aquí no se irá. Dice, también, que no retrata presidentes sino personas. Conserva material inédito, como la foto de De la Rúa enojado en aquel intervalo de la grabación del discurso en el que declaraba estado de sitio. Quizás Bugge no sólo saca fotos. Quizás en cuatro décadas de permanencia se dedicó a escribir su propio relato.

VDM/SB