Las retiradas de los imperios que se desmoronan se caracterizan inevitablemente por las evacuaciones atropelladas. Civiles en estado de pánico se dirigen a terminales desvencijadas de aeropuertos con la esperanza de encontrar un vuelo de emergencia que los saque del caos. Esa fue la escena poscolonial en Niamey, la capital de Níger, la semana pasada, cuando cientos de nacionales franceses se unieron a otros ciudadanos de la UE para escabullirse del país de África occidental.

Facciones militares habían ejecutado un golpe de Estado contra Mohamed Bazoum, presidente democráticamente elegido de Níger, justo antes del 3 de agosto, fiesta nacional del país, en que se celebraban 63 años de la independencia nominal de Francia en 1960.

Multitudes cantaban “Abajo Francia” mientras apuntaban a la embajada de ese país, rompiendo ventanas y encendiendo fuego a las paredes perimetrales. Mientras Bazoum permanecía bajo arresto domiciliario, sus estrechos aliados en París temían que la seguridad de los occidentales no podía ser garantizada más tiempo. Un arrogante comunicado del Palacio del Elíseo advertía de que Emmanuel Macron “no tolerará ningún ataque contra Francia y sus intereses”. Si alguien resultaba herido, la represalia vendría “inmediatamente y sin concesiones”, dijo Macron, sonando como el gran jefe imperial que emitía una severa advertencia a nativos ingobernables que estaban causando problemas a más de 2.000 millas de distancia.

Pese a la ilusión de una retirada completa, Francia tiene aún una guarnición de 1.500 soldados en Níger, junto a una base aérea que asiste a aviones de combate y drones de ataque. Todo esto es un recordatorio forzoso de que, a pesar de un largo y sangriento periodo de descolonización, Francia conservó un cuasi-imperio furtivo en África, y este se encuentra amenazado como nunca antes.

La actual crisis nigerina puede de este modo vincularse con las antiguas relaciones coloniales, que fueron reestructuradas como ‘Francáfrica’, un formidable nexo neocolonial a lo largo del África sub-sahariana que cubre lazos económicos, políticos, de seguridad y culturales basados en la lengua y los valores franceses.

Charles de Gaulle, el presidente francés más influyente de la posguerra, resumió su importancia diciendo: “El poder mundial de Francia y el poder de Francia en África están vinculados inextricablemente y mutuamente confirmados”. Al tiempo que reconocían los movimientos de autodeterminación en África, De Gaulle y los líderes franceses subsiguientes quisieron aferrarse a sus estratégicas bases militares, así como a los recursos energéticos y a los acuerdos comerciales favorables, junto al control financiero.

Todos esos líderes veían a África como un ‘pré carré’ de Francia, o patio trasero –una metáfora que se remonta a los monarcas pre-revolucionarios para referirse al territorio conquistado que necesitaba ser defendido–. Níger, por ejemplo, es el séptimo productor mundial de uranio, y Francia, cuya energía depende en un 70% de la generación nuclear, es un importador clave.

Asesores militares y gubernamentales de París permearon sucesivamente las administraciones nigerinas, en especial la que acaba de ser depuesta. De manera crucial, el francés permanece como la lengua oficial para 25 millones de nigerinos, y las organizaciones culturales en el grupo francófono de naciones –aquellos unidos por la lengua de Mollière– abundan.

Más allá de esto, la abierta corrupción jugó también una parte en el mantenimiento del orden poscolonial. Francáfrica cobijó países destacados por la violación de derechos humanos, incluido Níger. Líderes títeres subordinados ignoraron el compromiso de promover el progreso democrático a cambio de los programas de ayuda. Sobornos fueron pagados vía contratos armamentísticos y otras ayudas en seguridad, y -por supuesto- en dinero efectivo puro y duro que fue lavado.

El flujo de dinero fue siempre de doble vía, ya que los africanos también proveyeron de maletines llenos de dinero a veteranos políticos franceses. El expresidente Nicolas Sarozy, delincuente ya convicto, fue acusado de aceptar millones del finado coronel Muammar Gaddafi, por ejemplo. Sarkozy niega la acusación.

La herencia más duradera del colonialismo galo es el franco CFA (Comunidad Financiera Africana), una moneda siempre ligada a la divisa francesa, y ahora al euro. Esto le da a Francia una hegemonía monetaria sobre varios estados africanos, incluido Níger.

Estados Unidos apoyó siempre esos acuerdos explotadores, originalmente porque las excolonias francesas eran vistas como bastiones contra la influencia geopolítica e ideológica de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. La noción de que Francia era el “gendarme de África” ahora se extiende a que desempeña un papel vital en la lucha contra los insurgentes terroristas como Al-Qaeda en la vasta región del Sahel, que ensarta cerca de una docena de países desde Eritrea a Senegal, vía Níger.

El gran problema de Francia, sin embargo, es que los nigerinos –como muchos africanos– están rechazando la Francáfrica con tanto fervor como sus antecesores rechazaron el Imperio francés. En este sentido, el tradicional dominio de Francia se está desintegrando.

Níger es el último país en la región que vivió un golpe, después de Mali en 2020 y 2021 y Burkina Faso (dos veces) en 2022 –ambos excolonias francesas que ganaron la independencia en 1960–. Todos expresan resentimiento hacia Francia, y hacia Occidente, mientras potencias rivales, incluyendo Rusia, Turquía y China, amenazan con sacar beneficio de la situación.

Las juntas militares en Burkina Faso y Mali advirtieron que cualquier intento por restituir a Bazoum en Níger mediante una intervención militar será visto como una declaración de guerra. Tropas trabajando para Wagner, el grupo mercenario ruso, se encuentran entretanto operando en el interior de los barrios de Níger, y ofrecieron su apoyo a los nigerinos rebeldes.

Banderas rusas fueron enarboladas por los manifestantes frente a la embajada francesa en Niamey, mientras muchos pedían a Vladímir Putin que reemplace a Macron como su mayor soporte global. Esto plantea la perspectiva de un nuevo “revoltijo por África” –la descripción clástica de la manera en que las potencias europeas se anexionaron pedazos del continente hasta la primera guerra mundial. Si –como parece ser– el odio hacia Francia se intensifica, existe entonces la posibilidad de evacuaciones en toda regla, incluyendo la de los soldados franceses, mientras las naciones clave de Francáfrica del África subsahariana completan finalmente el proceso de descolonización.

El resultado más positivo de todo esto sería que Níger y otros estados africanos en similar proceso eligieran el autogobierno y un futuro democrático. Pero es más probable que países con incluso mayor historial de corrupción, abusos de derechos humanos y mala gestión general irrumpan para llenar el vacío de poder. 

LC

Poco después del golpe de Estado de la semana pasada en Níger, una marcha de manifestantes tomó las calles para mostrar su apoyo a la junta militar. Muchos de ellos ondeaban banderas rusas y se podían ver carteles con lemas como ‘Abajo Francia, viva Putin’. Es la misma escena que se había visto en Burkina Faso tras el golpe de Estado de octubre de 2022. En ambos países, incluso los manifestantes atacaron la embajada de Francia. El país vecino, Mali, había vivido otro golpe en mayo de 2021 y la gente también salió a las calles ondeando las banderas de franjas blancas, azules y rojas.

“Las banderas rusas son un símbolo de un cambio de poder percibido y un deseo de alejarse de las influencias tradicionales occidentales”, dice a elDiario.es Gustavo de Carvalho, investigador de las relaciones Rusia-África del think tank South African Institute of International Affairs. “No se debe necesariamente a un amor innato por Rusia, sino más bien a un anhelo de alternativas a la presencia occidental, particularmente de Francia, que se ha interpretado como neocolonial”, apunta.

De Carvalho cree que lo que se produce en estos países es una “creciente frustración con las dinámicas de poder existentes y el lento progreso del desarrollo”. “Hay una percepción de que la presencia occidental ha llevado a una dependencia desigual. Por lo tanto, la hostilidad podría ser una expresión de descontento y el deseo de un cambio más que una aversión específica a Francia y Occidente”, explica De Carvalho.

La influencia rusa

Aunque estos movimientos de poder generaron gran preocupación en Occidente, Samuel Ramani, investigador del think tank británico RUSI (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies) y autor del libro Rusia en África, cree que en Europa y EEUU se interpreta de una forma “muy reduccionista” como una batalla geopolítica entre Rusia y el bloque occidental.

“En Níger, por ejemplo, el golpe responde a los intereses personales del líder golpista. No necesariamente Francia va a salir y Rusia va a entrar. A Moscú le faltan las relaciones institucionales necesarias con este país”, decía Ramani este jueves en una conferencia sobre las conclusiones de la cumbre Rusia-África celebrada el fin de semana pasado en San Petersburgo. Sin embargo, el investigador señala que pese a que “Rusia no es el principal instigador [de estos golpes de Estado], sí es el principal actor que está tratando de capitalizar estos movimientos”. 

Aunque Moscú tiene la intención de seguir expandiéndose en el continente, Ramini opina que es posible que su influencia “haya alcanzado su pico” porque “le faltan los fundamentos para seguir creciendo”, pero asegura que esa influencia es “sostenible” y “ha llegado para quedarse”. De Carvalho sí observa en muchos países africanos una progresiva cercanía al discurso de multipolaridad, nueva gestión de las relaciones con Occidente, etc. “Y eso resuena mucho en el público”, asegura.

El foco principal de la relación entre Occidente y estos países fue, en muchos casos, la lucha antiterrorista. “Las estrategias militarizadas de los países occidentales para abordar la actividad terrorista global en las últimas dos décadas empoderó a los mismos líderes militares que ahora desprecian a Washington y se acercan a Moscú”, señalaba esta semana el think tank estadounidense especializado en terrorismo Soufan Center.

Problemas para Francia

Francia es uno de los países más afectados por el terremoto político reciente en África Occidental. En Mali, el Gobierno expulsó a finales de enero del año pasado al embajador francés del país con un margen de 72 horas tras las declaraciones del ministro de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, contra la junta por no celebrar elecciones. Un mes después, Francia anunció la retirada de sus tropas, que se completó en agosto. Meses después, en enero de este año, Burkina Faso dio un mes a París para sacar sus tropas del país tras el final de un acuerdo militar entre ambos.

Ahora, las autoridades golpistas de Níger decidieron “poner fin a los acuerdos de cooperación en materia de seguridad y defensa con Francia”, tal y como anunciaron el jueves en un comunicado. Francia, sin embargo, respondió que no reconoce la autoridad de la junta militar, afirmando que “solo las autoridades legítimas de Níger” pueden tomar tal decisión.

“Una retirada total de Níger sería un desastre para Francia, y por eso el golpe recibió mucha atención en el país. Los intereses vitales de Francia en África han sido golpeados”, escribe Rama Yade, directora del programa de África del Atlantic Council y exviceministra de Exteriores francesa.

“Parece que el Gobierno francés se queda sin soluciones para los desafíos de la región. Los críticos se preguntan por qué Francia piensa que necesita controlar las cosas en África, incluso antes del golpe, esos críticos se preguntaban por qué una respuesta militar a los problemas en el Sahel (una respuesta que ya ha fracasado) sigue siendo la única sobre la mesa”, opina Yade. 

La analista franco-senegalesa cree que ajustar la ayuda a la región no es una solución al problema: “Francia necesita cambiar de paradigma. Todavía tiene tiempo de hacer las cosas de otra manera. Puede renovar viejas redes y reformular su política hacia África para acercarse a Costa de Marfil, Senegal y Gabón (sus otros socios de África Occidental), países que se han visto sacudidos por manifestaciones que cuestionan la presencia francesa. En este momento, estos países todavía pueden recibir tropas francesas sin arriesgarse a una agitación política interna”.

Yade considera que mientras los socios occidentales de los países africanos se ven “atrapados entre estrategias ineficientes y la no interferencia”, Rusia es “rápida en prestar su apoyo a los países bajo el liderazgo de los golpistas”. Sin embargo, la postura oficial de Moscú en el golpe de Níger ha consistido en pedir una “rápida recuperación del Estado de derecho”, así como autocontrol por ambas partes. 

El jefe de los mercenarios de Wagner, Yevgueni Prigozhin –cuya relación actual con el Kremlin tras protagonizar la insurrección de junio en Rusia no está clara–, ha celebrado el golpe en Níger y ha culpado de la situación del país a “los antiguos colonos”. Esta semana, uno de los líderes golpistas de Níger ha viajado a reunirse con las autoridades de Mali, que acogen a alrededor de 1.500 mercenarios de Wagner. Entre los que han recibido a la delegación nigerina está el ministro de Defensa maliense, sancionado por EEUU por facilitar la entrada de Wagner en el país, lo que ha generado inquietud en algunos países occidentales.

La respuesta de Occidente al golpe ha sido más contundente que la mostrada desde Moscú. La UE y Francia han suspendido la ayuda económica al país, que es uno de los más pobres del planeta y el tercero con el peor Índice de Desarrollo Humano del mundo, y han solicitado la restitución del presidente elegido democráticamente. EEUU ha amenazado con hacer lo mismo. “Esto podría abrir más la puerta a la influencia rusa en el país”, advierte el Soufan Center.

El golpe de Estado que un grupo de militares, con el general Abdourrahmane Tchiani a la cabeza, dio el pasado miércoles en Niamey provocó un impacto que afecta no sólo a la estabilidad de Níger, sino también a toda la región del Sahel, con el riesgo real de que pueda acabar provocando una guerra regional con implicación directa de actores externos.

Para poder entender lo ocurrido y vislumbrar algunas de las consecuencias que puede tener tanto la voluntad de los golpistas por aferrarse al poder como el ultimátum de una semana lanzado por la CEDEAO (Comunidad Económica de los Estados de África Occidental) para restituir al presidente Mohamed Bazoum, conviene fijar la atención en estos puntos:

Níger: pobreza y democracia

En clave socioeconómica, Níger es uno de los países más pobres del planeta, con más del 60% de sus 25 millones habitantes malviviendo por debajo del umbral de la pobreza, a pesar de ser el cuarto productor mundial de uranio. Es el tercer país del mundo con el peor Índice de Desarrollo Humano, una clasificación del desarrollo de los países que no tiene en cuenta únicamente los criterios económicos.

En términos políticos, y a diferencia del perfil golpista de los gobiernos de muchos de sus vecinos, Níger figura como una democracia parcialmente libre capaz de llevar a cabo una sucesión relativamente pacífica del poder. Aun así, arrastraba una cadena de cuatro golpes de Estado y varias intentonas desde su independencia de Francia en 1960 (la última en marzo de 2021, tan solo unos días antes de que Bazoum tomara posesión del cargo).

Sus fuerzas armadas apenas cuentan formalmente con unos 12.000 efectivos, aunque el propio presidente Bazoum sostenía recientemente que llegaban hasta los 40.000, añadiendo diversos grupos paramilitares; insuficientes en todo caso para garantizar la seguridad de un país de 1,2 millones de kilómetros cuadrados y con 5.500km de fronteras en el que grupos yihadistas ligados a Al Qaeda (como el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes, JNIM) y a Dáesh (como el Estado Islámico del Gran Sáhara) aumentan su presencia a ojos vista.

Quiénes son los golpistas

Los golpistas han actuado fundamentalmente en defensa de sus intereses personales. Como en tantas otras ocasiones, han pretendido dar una pátina patriótica a su asonada, con una plataforma artificial como el Consejo Nacional para la Salvaguarda de la Patria (CNSP), que se supone que han creado para luchar contra la corrupción reinante y para hacer frente de manera más efectiva a la inseguridad.

Más allá de cualquier disfraz ideológico, es inmediato constatar que Tchiani, hasta ahora jefe de la Guardia Presidencial, se ha movido en un intento por adelantarse a los intensos rumores sobre su inminente reemplazo al frente de esa unidad de elite.

En definitiva, un golpe que busca poder y prebendas y que ha contado a su favor con una parte de la población crecientemente crítica con un Gobierno incapaz de mejorar su bienestar y seguridad y con un presidente (exministro de Interior y responsable de la represión ejercida en estos pasados años) cada vez más impopular.

Intereses franceses y de EEUU

Tchiani y los suyos buscan legitimación mientras que Estados Unidos y Francia, por un lado, como Rusia, por otro, también mueven ficha. En principio, tanto Washington como París parecían contar con cierta ventaja, no solamente porque la mayor parte de los mandos militares nigerinos han sido formados por ellos, sino también porque ambos países han logrado crear sólidos intereses mutuos en Niamey.

EEUU tiene la base aérea de drones de Agadez, que le permite tener ojos sobre el terreno para responder a la amenaza yihadista y estar al día de los movimientos migratorios y los comercios ilícitos. Por su parte, una empresa estatal francesa explota varias minas de uranio en el país (alrededor del 24% del uranio utilizado en Europa viene de Níger. En el caso de Francia, ese porcentaje es del 15%) y París tiene además un contingente militar estimado en unos 1.500 efectivos.

Rusia tiene mucho menos que ofrecer en términos comerciales, de ayuda o de inversión, pero en un contexto de creciente oposición al tradicional dictado francés sobre los países sahelianos –que ya ha derivado en su salida forzada de Malí y Burkina Faso–, a Moscú se le presenta ahora la ocasión de aumentar su presencia, con el grupo mercenario Wagner como punta de lanza, sobre todo si los golpistas se ven necesitados de apoyos militares para sostener sus posiciones. En alguna movilización popular a favor del golpe se han visto ondear banderas rusas, en línea con lo sucedido también en Mali y Burkina Faso.

Un ultimátum con “uso de la fuerza”

La CEDEAO ha pedido la restitución del presidente Bazoum. “En caso de que las demandas de las autoridades no se cumplan en una semana [CEDEAO] tomará todas las medidas necesarias para restablecer el orden constitucional”, señalaba este domingo la organización regional en un comunicado, entrando así en una retórica mucho más dura que la empleado con ocasión de los golpes sufridos en Burkina Faso, Guinea y Malí.

Su postura, sin embargo, puede acabar desencadenando un desastre aún mayor. Tanto EEUU como la UE han mostrado su apoyo explícito al comunicado de la CEDEAO, que para algunos transmite presiones de Washington y París para no perder una influencia que podría acabar favoreciendo a Moscú.

Por otro lado, la organización ha designado como mediador al chadiano Mohamat Deby, líder de una junta militar de un país que ni siquiera es miembro de la CEDEAO y que es visto como demasiado próximo a Francia y al CNSP.

Más allá de las enormes dudas que hay sobre la capacidad de los 15 miembros de la CEDEAO para desplegar una fuerza militar en Níger –solo Nigeria estaría en disposición teórica de hacerlo, pero tiene a sus fuerzas armadas ya embebidas en sus propios problemas–, un paso de esas características podría crear un nuevo juego de poder entre potencias internacionales rivales.

Suspensión de la ayuda

La UE ha suspendido la ayuda económica y la cooperación en materia de seguridad con Níger y EEUU ha amenazado con hacer lo mismo. Se trata de un elemento importante y de imprevisibles consecuencias en términos geopolíticos, ya que, según la OCDE, la ayuda occidental supone en torno al 10% del PIB del país. Lo seguro es que sus habitantes acabarán sufriendo las consecuencias. La ONU ha dicho que el golpe no ha afectado a sus entregas de ayuda humanitaria.

En una prisión fuertemente custodiada de la ciudad de Agadez, en el norte de Níger, Sade Yaya*, que cumple condena por el delito de tráfico de personas, se sienta en un taburete en el patio. Durante varios años se dedicó a llevar a migrantes por el desierto desde esta región hasta la frontera con Libia.

La ruta por la región de Agadez, antaño paso obligado de personas que emigraban al norte para trabajar en Libia o Argelia o que intentaban llegar a Europa, se convirtió en delito para la mayoría de los viajeros en 2015 en virtud de una ley contra el tráfico de personas promulgada por el Gobierno de Níger con el apoyo de la UE.

Yaya fue procesado en virtud de esta ley, formulada en plena crisis europea de refugiados. La ley quería frenar los flujos hacia Europa, pero el cierre de rutas lo único que ha hecho es que se abran otras, ya que las anteriores están ahora fuertemente patrulladas.

Agadez, ciudad de milenarias rutas comerciales y a veces llamada “puerta del desierto”, era el punto de partida de una peligrosa ruta migratoria. Ahora, años después de la entrada en vigor de la ley, siguen apareciendo historias de personas que toman rutas más peligrosas por el desierto y desaparecen. Yaya dice que tras la entrada en vigor de la ley “a menudo” veía cadáveres en la arena durante sus viajes ilegales hacia el norte.

Investigadores y organizaciones de derechos humanos, además del relator de la ONU sobre derechos humanos, expresaron su preocupación por el hecho de que la ley está empujando a muchas personas a realizar viajes migratorios más arriesgados y señalan que socava el derecho a la libertad de circulación consagrado en la región. Desde la entrada en vigor de la regulación también se documentaron casos de traficantes que abandonan a personas en el desierto porque temen ser detectados por las autoridades. Yaya, condenado a 18 meses en virtud de la ley, afirma que la norma le empujó a él y a otros a adentrarse en el desierto evitando los pozos de agua donde patrullan los soldados nigerinos.

Al menos 212 muertes

La región del Sáhara comprende 400.000 kilómetros cuadrados que forman el desierto del Teneré, que se extiende desde el noreste de Níger hasta el oeste de Chad, lo que hace que las misiones de búsqueda y rescate sean muy complejas, a lo que se suma la amenaza de bandidos armados o grupos terroristas.

Julia Black, del Proyecto Migrantes Desaparecidos dice que se desconoce la cifra real de muertes en el desierto: “Las 212 muertes que registramos en el Sáhara el año pasado son solo la punta del iceberg. Las muertes durante la migración transahariana siguen siendo en gran medida invisibles, ya que documentarlas en una zona tan vasta e inhóspita supone de por sí un enorme desafío”.

Níger, uno de los países más pobres del mundo, fue el destinatario de algunas de las donaciones más cuantiosas de la Unión Europea, por un valor total de más de 1.300 millones de euros entre 2014 y 2020 en proyectos de ayuda, gran parte de los cuales se destinaron a la gestión de la migración. Entre 2015 y 2022, 13 de los 19 proyectos financiados por la UE en el país se centraron en el control de fronteras y el cumplimiento de la ley. En el mismo periodo, Alemania destinó más de 166 millones de euros en 14 proyectos relacionados con la migración, según la ONG alemana Misereor.

La ONG Privacy International asegura que Níger se convirtió en una “frontera europea externalizada”. Su investigación señaló que el dinero destinado al Fondo Fiduciario de la UE para África, un fondo de 5.000 millones de euros creado para abordar “las causas profundas de la migración irregular”, incluía 11,5 millones de euros de asignaciones para el control de la migración, incluidos drones, software y cámaras.

Detrás de las sumas de siete cifras que se han destinado a la región hay personas como Ralan Abi*, de Senegal, a quien abandonaron en la ruta del desierto. Abi formaba parte de un grupo de unas 75 personas que en 2021 se dirigía a Libia. A los dos días de viaje, cerca de Séguédine, un oasis en medio del Sáhara, los contrabandistas los abandonaron por miedo a ser juzgados.

Algunos del grupo fueron a buscar agua, y Abi dice que cinco murieron de sed junto a él. Los soldados nigerinos acabaron rescatándolo y más tarde fueron a buscar a más supervivientes. “Encontraron a nueve personas (muertas)”, explica. “De las 75 personas que hicimos esta ruta, sobrevivieron 28”.

Rutas más peligrosas

De vuelta en un patio de Agadez, Merkam Linou*, una camerunesa de 35 años sentada con un bebé en el regazo, relata una odisea en el desierto hace 18 meses, después de que los migrantes tomaran una peligrosa ruta hacia el norte. Dice que tardaron días en encontrarlos, pero todos sobrevivieron.

Un informe reciente del grupo de investigación Border Forensics concluye que el impacto de la ley contra el contrabando ha empujado a las personas a tomar rutas cada vez más peligrosas. El informe del grupo afirma que “se desconoce la verdadera magnitud de las muertes de migrantes en el desierto”.

La organización Médicos Sin Fronteras de Níger, que gestiona clínicas en el norte del país, afirma que las misiones de búsqueda y rescate que ha llevado a cabo la organización han sido complicadas debido a la “extensión del desierto”. A veces, dice la ONG, no han encontrado a las personas que enviaban llamadas de socorro.

Las autoridades nigerinas han afirmado para este reportaje que no han registrado ninguna muerte este año y tan solo 52 el año pasado. La agencia fronteriza de la UE Frontex, que cuenta con un funcionario de enlace en Níger, señala que “no ha recogido datos sobre el número de migrantes dados por desaparecidos en Níger”.

La Comisión Europea ha lamentado “la pérdida de vidas humanas y está convencida de que salvar vidas es un deber moral”. Asimismo, asegura que sigue apoyando las labores de búsqueda y rescate en el país. La UE renovó en 2022 su asociación “contra el tráfico de migrantes” con Níger, al que ha calificado de “socio clave”. Representantes de la UE y sus Estados miembros son visitantes frecuentes, incluida una delegación holandesa que viajó en febrero y prometió elaborar su propia “asociación sobre migración”.

Según los borradores de documentos de la Comisión a los que ha tenido acceso The Guardian, Países Bajos planeaba apoyar los esfuerzos de gestión de la migración con una contribución de 55 millones de euros a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Níger para el periodo 2021-2023. Del mismo modo, Reino Unido ha aportado fondos a la OIM por valor de tres millones de euros para un proyecto de un año de duración en el periodo 2021-22 de lucha contra “la trata y el contrabando entre Nigeria y Níger”. El proyecto se centra en una frontera “extremadamente porosa y no regulada”, señala Londres.

Mientras este dinero sigue entrando en el país, Nassim Amanda*, eritreo de 24 años, se sienta bajo un árbol. Fue expulsado de Argelia y lleva durmiendo a la intemperie en Agadez desde mayo del año pasado, pues se siente más seguro en la calle que en el campamento.

“No tendré fuerzas para volver al desierto”, susurra. Amanda conoce demasiado bien los peligros de la arena: la mayoría de las personas que conoció y que se atrevieron a intentar la travesía están ahora fuera de contacto.

* Se han cambiado los nombres para proteger las identidades

Este artículo se ha elaborado con el apoyo de Journalismfund Europe

Traducción de Emma Reverter.

Alrededor de las cinco de la tarde del 4 de febrero, a unos 110 kilómetros al norte de Libia, un dron blanco de reconocimiento con una cámara en su parte inferior rodeó una patera con un centenar de migrantes a bordo, desesperados por cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa. Las imágenes de vigilancia de la cámara del avión se transmitieron en directo a una oficina en Varsovia, en Polonia, en la sede de Frontex, la agencia de vigilancia de fronteras de la Unión Europea.

La tensión en la balsa aumentaba a medida que se agotaba la paciencia y el espacio minúsculo abarrotado de personas sólo hacía el viaje más pesado. “La gente decía: 'Oye, ¿por qué me empujas?' '¡Quédate ahí!' 'Quédate ahí'”, cuenta Mohamed David Soumahoro, uno de los migrantes que iban a bordo de la patera. “El capo estaba allí para mantener el orden en esos momentos”.

Dos horas más tarde, gracias a estas imágenes de vigilancia, una embarcación de la guardia costera libia alcanzó a los migrantes y les ordenó que se detuvieran, a pesar de que estaban muy lejos de las aguas libias. Los agentes armados subieron entonces a los migrantes a bordo, los golpearon salvajemente y los llevaron de vuelta al único lugar al que no querían ir: los centros de detención de Libia.

Eficaz y brutal, la captura en el mar y el internamiento en tierra de estos migrantes es celebrada por los políticos de la Unión Europea como parte de una exitosa asociación con Libia en sus esfuerzos de “rescate humanitario” a través del Mediterráneo. Sin embargo, para muchos, la verdadera intención de esta campaña conjunta no es tanto salvar a los migrantes de morir ahogados como impedir que lleguen a las costas europeas.

Desde que comenzó la crisis de acogida de migrantes en 2015 y cientos de miles de personas empezaron a cruzar el mar Mediterráneo, las autoridades europeas han confiado en los libios para frenar el flujo. La UE no solo equipó y formó a los guardacostas libios, sino que también presionó a la organización marítima de las Naciones Unidas para que reconociera una zona ampliada de búsqueda y rescate para que Libia pudieran tener un mayor alcance frente a sus costas. El resultado de esta colaboración ha sido un descenso vertiginoso del número de personas que alcanzan Europa de forma irregular: unos 20.000 migrantes llegaron en los primeros siete meses de este año, frente a más de un millón en el punto álgido de la migración en 2015.

La primera vez que Mohaned Almustafa intentó migrar a Europa desde su natal Sudán llegó a ver de cerca la playa de Malta. Después de tres días en el mar, su balsa se acercaba por fin a las costas europeas. Pero, antes de que pudieran desembarcar, los migrantes fueron capturados por la guardia costera de Libia y llevados a centros de detención donde “las milicias abrieron fuego indiscriminado contra los detenidos”, asegura Almustafa. “Vi cómo mataban a otros dos prisioneros delante de mis ojos. Incluso nuestras ropas y cuerpos estaban manchados con su sangre. Sentí su sangre caliente goteando en mi cuerpo. Los milicianos nos dijeron que iban a matarnos y a arrojar nuestros cuerpos al mar, y que nadie nos buscaría. Y, como dijeron, nadie ha buscado a los muertos cuyos cuerpos fueron arrojados al mar”.

Este estudiante de Medicina tuvo que abandonar la Universidad de Nyala, en Darfur, tras ser detenido por la policía y por la agencia de inteligencia sudanesa bajo el régimen de Omar Hassan Ahmad al-Bashir. Entonces decidió emigrar a Europa para terminar sus estudios. Pero los guardacostas libios truncaron sus planes. “Empezaron a golpearnos con palos e incluso sacaron sus armas, pero por suerte estábamos en territorio maltés, así que no pudieron dispararnos. Siguieron golpeándonos durante un rato hasta que alguien de nuestro lado cayó al agua y murió”, dice Almustafa, que en junio fue rescatado por un barco de Médicos Sin Fronteras en su segundo intento de buscar una vida mejor al otro lado del Mediterráneo.

A bordo de ese barco de Médicos sin Fronteras, otros migrantes compartieron sus historias: testimonios de torturas, palizas y extorsiones a manos de la guardia costera libia.

Pero, sin el apoyo del reconocimiento aéreo de Frontex, los guardacostas libios estarían buscando con los ojos cerrados. Frontex lleva mucho tiempo negando la cooperación directa con Libia, un Estado fallido dirigido en gran parte por milicias. Insiste en que su único objetivo es salvar vidas, y afirma que sólo alerta directamente a las autoridades libias de las embarcaciones de migrantes en caso de verdadera emergencia.

“El derecho internacional obliga a todos los buques a prestar asistencia a cualquier persona que se encuentre en peligro... [Frontex] nunca ha cooperado directamente con las autoridades libias”, ha señalado un portavoz de la agencia de fronteras a The Outlaw Ocean Project, organización periodística sin ánimo de lucro con sede en Washington.

Cada vez hay más pruebas que demuestran lo contrario.

20 casos documentados

El año pasado, por ejemplo, Lighthouse Reports, una organización de vigilancia en Europa, documentó 20 casos en los que las aeronaves de Frontex se encontraban en las proximidades de embarcaciones de migrantes que posteriormente fueron capturadas por los guardacostas libios, como publicó elDiario.es. En una docena de esos casos, Lighthouse determinó que Frontex fue la primera en identificar los botes, lo que significa que, en virtud del derecho internacional, estaba obligada a notificar no sólo a los guardacostas libios, sino a la embarcación más cercana -gubernamental o comercial- para que rápidamente se pudiera llevar a cabo un rescate.

“Se puede distinguir un patrón claro”, afirman los investigadores de Lighthouse. “Se localizan embarcaciones en peligro, se producen comunicaciones entre los agentes europeos y la guardia costera libia. No se avisa a los barcos comerciales cercanos ni a los de las ONG, a pesar de su proximidad a situaciones urgentes en las que las embarcaciones están en peligro en mar abierto”. Aunque las cifras reales podrían ser muy superiores, esta muestra representativa demostró que Frontex estuvo presente y vigilando mientras al menos 91 personas desaparecían, y se presume que se ahogaron“.

Ese mismo año, The Guardian, en colaboración con Lighthouse, publicó la conversación real grabada entre un avión de vigilancia europeo y los guardacostas libios mientras éstos intentaban interceptar dos embarcaciones de migrantes. “Bien, señor, mi radar no es bueno, no es bueno, si se queda [sobre la embarcación] le seguiré”, dijo por radio al avión un capitán de la guardia costera libia. “Nos quedan aproximadamente cinco minutos en la estación”, apuntó el piloto del avión, mientras intentaba guiar a los guardacostas hacia las embarcaciones de migrantes. “Pasaremos por encima de la embarcación, el bote de goma, y encenderemos nuestras luces de aterrizaje”.

Hussein Baoumi, investigador de Amnistía Internacional sobre Libia, explica que no le sorprende que Frontex siga negando una relación formal con la guardia costera libia. “Quieren separarse de los aspectos más sucios de la contención de los migrantes”, mantiene Baoumi. “No importa. Están cooperando. Son directamente cómplices”.

La UE también ha negado haber financiado directamente el complejo de los centros de detención de migrantes en Libia, ha admitido sistemáticamente los abusos que se cometen en ellos y ha pedido mejoras. Sin embargo, hasta la fecha se ha resistido a los llamamientos para que ponga fin a su colaboración con Libia y tome medidas para rescatar a las personas atrapadas en las cárceles de migrantes del país.

Pero si la UE no financia la construcción de los centros de detención o el personal de sus guardias, el dinero europeo sí paga prácticamente todo lo demás en el sistema inhumano donde los migrantes son rutinariamente torturados, violados, retenidos ilegalmente y a veces asesinados. Una investigación de The Outlaw Ocean Project, que trabajó sobre el terreno en Trípoli, revela que Frontex pasa información de inteligencia al Gobierno italiano, que a su vez alerta a los guardacostas libios.

Uno de los migrantes devueltos, asesinado

La operación del 4 de febrero entregó a los migrantes de esa patera a la prisión más brutal de Libia, Al Mabani (“El edificio”, en árabe). Esta cárcel ha sido señalada en repetidas ocasiones como un lugar de extorsión rutinaria, violaciones y otros abusos. Aliou Candé era uno de los migrantes detectados por el dron de Frontex, devuelto a la costa libia. Había huido de Guinea Bissau por la crisis climática.

En un mensaje de audio al que ha tenido acceso The Outlaw Ocean, el migrante guineano, escondido en la cárcel de Al Mabani, pedía por última vez a su familia que enviara el rescate que necesitaba para ser liberado. Candé fue finalmente disparado y asesinado en este centro de detención. No se castigó a nadie por su muerte. Diplomáticos de la UE pidieron una investigación, pero luego guardaron silencio.

Las personas encerradas en esta prisión para migrantes nos hablaron de celdas tan abarrotadas que los detenidos tenían que dormir por turnos. Describían una sala especial en la que a veces se golpeaba a los migrantes mientras estaban colgados boca abajo de las vigas del techo.

Dónde va la financiación europea

A través de los drones y aviones de Frontex, la UE se encarga primero de detectar las embarcaciones y, a través de las autoridades italianas y maltesas, de entregar esta información a Libia. A continuación, los barcos adquiridos por la UE y operados por los guardacostas libios capturan a los migrantes y los devuelven a la costa.

La investigación de The Outlaw Ocean Project descubre que los fondos de la UE y de los Estados miembro, a veces canalizados a través de organizaciones de ayuda, financian la mayor parte de lo que ocurre después. Con ese dinero se compran los contenedores de transporte que sirven de oficinas portuarias para el personal de la guardia costera libia, y las tabletas electrónicas que utilizan los trabajadores humanitarios que realizan el recuento de los migrantes una vez que desembarcan en Trípoli.

Con este dinero se pagan muchos de los autobuses utilizados para transportar a los migrantes desde el puerto hasta los centros de detención. También las mantas, la ropa de invierno y las zapatillas que suelen recibir a su llegada. Los baños de algunos de los centros de detención, así como las duchas, los aseos, el jabón, los kits de higiene y el papel higiénico se han comprado con dinero de la UE. Lo mismo ocurre con los colchones donde duermen los migrantes detenidos.

El dinero de la UE ha financiado los todoterrenos que utilizan las autoridades migratorias libias para buscar a los migrantes si se escapan de la detención o cuando entran en Libia por el sur a través del desierto del Sahara. Cuando los migrantes detenidos enferman, a menudo las ambulancias que los llevan al hospital han sido compradas por la UE. Y cuando los migrantes mueren -al llegar a la orilla o durante la detención- el dinero de la UE suele costear las bolsas para los cadáveres y formar al personal libio en el manejo de los mismos de forma religiosamente respetuosa.

Gran parte de esta financiación es bien intencionada, e incluso salva vidas. Pero no se puede negar que la UE y sus Estados miembros sostienen financieramente el sistema por el que miles de migrantes son capturados y retenidos en condiciones espantosas en Libia.

Frontex, en el punto de mira

Y como Frontex es la punta de la lanza, cada vez se presta más atención al papel que desempeña y a la legalidad de su participación.

Una reciente investigación del Parlamento Europeo ha dado lugar a una lista de acusaciones contra la agencia. El informe concluyó que ha hecho la vista gorda ante las violaciones de los derechos humanos cometidas por el personal de los guardacostas tanto de los países europeos como de los países asociados de África; que su propio sistema interno para recibir y actuar ante las denuncias de mala conducta era en sí mismo un fracaso; y que el director de la agencia, Fabrice Leggeri, no ha actuado ante cuatro años de advertencias lanzadas por el propio responsable del área de derechos humanos de su agencia.

En una entrevista concedida a The Outlaw Ocean Project a finales de octubre, un alto cargo de Frontex ha afirmado que Leggeri había participado en un juego calculado y poco sincero durante años. El director de la agencia pedía “pruebas” de mala conducta por parte de las agencias fronterizas de la UE como condición para empezar a actuar, mientras no se aseguraba de que se investigaran de forma contundente las denuncias de los posibles abusos, ha añadido la misma fuente.

El alto funcionario subrayó que ya no confiaban en que Frontex cumpliera con su obligación más esencial: asegurarse de que se respetaran los derechos de algunas de las personas más vulnerables del mundo. Según afirmó, las emociones furiosas y volátiles despertadas en Europa en relación con la cuestión de la aplicación de la migración habían erosionado la independencia de Frontex.

“No querían entender”

“La influencia de la política es un problema cuando se gestiona la cuestión de derechos humanos fundamentales”, ha dicho el funcionario. “Incluso si su participación en la devolución de migrantes a Libia es indirecta, Frontex puede estar violando la legislación de la UE”.

“No hay interés”, ha lamentado el funcionario sobre Leggeri y sus otros ayudantes de mayor rango: “No importaba lo que les dijeras. No querían entender”. Leggeri se negó a dar declaraciones en repetidas ocasiones.

Este año, varias personas migrantes han presentado dos casos históricos contra Frontex ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la principal autoridad judicial de la UE. El primer caso, presentado en mayo, afirma que Frontex lleva mucho tiempo actuando en contra de su obligación de denunciar y detener los abusos criminales contra los migrantes que buscan asilo en Europa. El caso alega que dos personas -un chico congoleño de 17 años llamado Jeancy Kmbenga y una mujer de Burundi que pidió permanecer en el anonimato- formaban parte de un grupo de 13 ciudadanos que fue acorralado por las autoridades griegas tras llegar a la isla griega de Lesbos. Dicen que fueron trasladados a la fuerza a un barco de la guardia costera y devueltos al mar antes de ser abandonados en un bote salvavidas, para acabar de nuevo en Turquía.

Las acusaciones en el segundo caso, presentado en octubre, son posiblemente aún más condenatorias para Frontex. El caso alega que una familia siria, con cuatro niños pequeños de entre uno y siete años, fue deportada de Grecia en 2016 sin que se le diera acceso a un procedimiento de asilo, y fue devuelta a Turquía en un vuelo organizado por Frontex, con los cuatro niños pequeños separados de sus padres, mientras el personal de Frontex miraba. La familia fue detenida al aterrizar en Turquía y ahora vive en el norte de Irak.

Estos casos llevan por primera vez a Frontex ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Derechos humanos y Frontex

En un informe publicado el pasado verano, Human Rights Watch hizo una detallada acusación sobre la actuación de Frontex, su cultura organizativa y su liderazgo. “Frontex ha fracasado repetidamente en la adopción de medidas efectivas cuando se le han presentado denuncias de violaciones de los derechos humanos”, recalca Eva Cossé, investigadora de Europa Occidental en Human Rights Watch. “Su rápido crecimiento hasta convertirse en una agencia ejecutiva de la UE, con mayores poderes, financiación y responsabilidades legales, hace aún más urgente que Frontex ponga en marcha herramientas eficaces para salvaguardar los derechos fundamentales”.

Creada en 2004, Frontex tiene ahora un presupuesto de más de 500 millones de euros y emplea a más de 1.400 personas, incluida una fuerza uniformada de unos 600 agentes. La agencia está dirigida por un consejo de administración formado por representantes de Estados miembros y de la Comisión Europea. En teoría, hay una serie de mecanismos por los que Frontex podría rendir cuentas, pero rara vez se ha enfrentado a una verdadera sanción. Obtener información básica de la agencia, incluso para un miembro del Parlamento Europeo, es difícil: “Tenemos verdaderos problemas con la falta de transparencia”, denuncia Tineke Strik, miembro holandés del Parlamento Europeo.

En su análisis sobre la historia del trabajo de Frontex, Human Rights Watch aduce que, según sus propios estatutos, la agencia tiene la facultad de suspender o poner fin a las operaciones de las agencias fronterizas de la UE que hayan cometido abusos contra los migrantes. Pero, en toda su historia nunca lo ha hecho, según Human Rights Watch.

En los últimos meses, se ha pedido la dimisión de Leggeri como director ejecutivo de Frontex en repetidas ocasiones. Recientemente, manifestantes se congregaron frente a las oficinas de Frontex en Bruselas para pedir la supresión de la agencia. En una carta dirigida a su personal, Leggeri, que trabajó en la aplicación de la ley de inmigración como miembro del Ministerio del Interior francés, calificó las protestas de “campaña de odio” y prometió emprender acciones legales.

En junio, Human Rights Watch envió a los máximos responsables de la agencia lo que, en su opinión, eran pruebas de faltas graves cometidas o pasadas por alto por Frontex en tres países europeos. Todavía no ha recibido respuesta. La organización acusó a Frontex de un cínico juego semántico al eludir su responsabilidad por los abusos cometidos tanto en el Mediterráneo como en el Mar Egeo.

“A lo largo de los años, Frontex se ha apoyado en su función de coordinación y en su falta de autoridad ejecutiva para eludir su responsabilidad en materia de derechos humanos”, escribió Human Rights Watch. “En diciembre de 2020, el director ejecutivo de Frontex, Fabrice Leggeri, dijo al Parlamento Europeo que no había pruebas de la implicación de Frontex en los abusos en el Egeo y que sólo los Estados miembros tenían autoridad para tomar decisiones operativas, lo que implicaba que no se podía responsabilizar a Frontex.”

Frontex, bajo presión, ordenó una revisión interna de sus operaciones. Sus propios investigadores ofrecieron una crítica mordaz a los sistemas de la agencia para informar de los problemas en sus filas. Los investigadores afirmaron que la agencia tenía que reconocer sus fallos y recomendaron lo que equivalía a una revisión de la cultura de la agencia en lo que respecta a sus responsabilidades para identificar y actuar en relación con las violaciones de los derechos humanos. Sugirió que Frontex se encargara de grabar en vídeo el trabajo de aplicación de la ley realizado por los Estados miembros de la UE y lo conservara para su investigación.

En junio, una organización de defensa de los derechos de los inmigrantes que durante años había formado parte de una junta independiente de asesores de Frontex, se retiró del grupo. Arguyendo que se sentía ignorada y marginada, la organización, la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Inmigrantes Indocumentados, dijo que había llegado a dudar del papel de Frontex en “una sociedad civil”.

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude también abrió una investigación sobre Frontex para examinar las acusaciones de fraude, los casos de trato ilegal a los inmigrantes que se les devuelve y los problemas de acoso en el lugar de trabajo, pero las acusaciones concretas no se han hecho públicas. Tanto Frontex como la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude confirmaron que se estaba llevando a cabo una investigación, pero no ofrecieron más detalles. “Están actuando con mucha cautela”, dijo Strik. “Pero hablé con ellos en agosto y esperan terminar en unos meses”.

El trabajo de Frontex con Libia, por supuesto, forma parte de un impulso europeo mucho más amplio y costoso para externalizar la aplicación de las leyes de inmigración a terceros países. La UE ha enviado miles de millones a países como Libia, Níger, Túnez y otros, aparentemente para ayudarles a mejorar las condiciones en sus países y así limitar la necesidad de que la gente huya. Sin embargo, decenas de millones de esos dólares se han destinado a endurecer la legislación en materia de inmigración y a dotar de poder a los organismos encargados de hacer cumplir la ley en esos países.

En julio, Amnistía Internacional publicó su último y terrible informe sobre la situación de los migrantes en Libia. Señalaba que los guardacostas libios, a menudo alertados por Frontex de la existencia de migrantes que intentan llegar a Europa, se apresuran a interceptar las embarcaciones de los migrantes y a capturar a los que van a bordo, a veces disparando con armas de fuego a las balsas o botes, y en ocasiones haciéndolos zozobrar. En febrero, por ejemplo, los guardacostas dispararon contra una balsa, perforándola y haciendo que se hundiera. Cinco personas se ahogaron mientras los guardacostas filmaban con sus teléfonos móviles, según el documento.

Frontex es seguramente consciente de las preocupaciones que desde hace tiempo suscita la guardia costera libia a la que asiste regularmente. La guardia costera, que en realidad es una mezcla de autoridades portuarias locales, lleva años trabajando en concierto con las milicias del país, muchas de las cuales están implicadas en el tráfico de personas. De hecho, el jefe de la agencia gubernamental libia que supervisa la represión de los migrantes ha admitido abiertamente en una serie de entrevistas recientes que existe corrupción en las filas de la guardia costera.

El alto funcionario de Frontex que ha hablado con The Outlaw Ocean Project aseguró que habían dejado claro que hacer cualquier tipo de negocio con los guardacostas libios era impensable, en parte porque Europa “no tenía ni idea” de la integridad de los que decían pertenecer a estos equipos de vigilancia marítima. La situación era demasiado confusa y opaca en Libia, un país dividido que aún lucha por salir de años de guerra civil.

“Es imposible investigar quién es quién”, dijo.

*Este artículo se publica en colaboración con The Outlaw Ocean Project, una organización sin ánimo de lucro dedicada al periodismo de investigación sobre los crímenes que ocurren en los océanos.