Detuvieron hoy al joven de 23 años acusado de haber asesinado a Morena Domínguez, la niña de 11 años que el pasado 9 de agosto fue golpeada y arrastrada por motochorros para robarle el celular mientras se dirigía a la escuela en el partido bonaerense de Lanús. Facundo Alejandro Ortiz tenía pedido de captura desde hacía un mes y estaba prófugo.

El acusado fue trasladado a las celdas de la comisaría 5ta de Lanús, en Villa Diamante, en la calle Warnes 3077. El intendente interino de Lanús, Diego Kravetz, exigió a través sus redes sociales que, ahora que fue detenido, “no se libere a este imputado como ya pasó anteriormente con otro de los detenidos” y que el caso sea elevado a juicio oral.

La detención de Ortiz ocurrió en la ciudad de Punta Lara a manos de efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría 5ta de Lanús, a cargo de Javier Paola. Los oficiales se trasladaron a dicha localidad de Ensenada y lograron capturarlo esta madrugada en el cruce de Almirante Brown y calle 46.

Hace unos días, detectives de las Divisiones Homicidios tanto de la policía bonaerense como porteña habían ubicado a Ortiz en el Barrio Ricciardelli (ex 1-11-14) del Bajo Flores, Ciudad de Buenos Aires, pero no pudieron capturarlo. “Lo teníamos acorralado en la 1-11-14, pero logró escapar rumbo a Punta Lara y allí pudimos localizarlo y detenerlo”, explicó un jefe policial que participó de la investigación.

Para los investigadores, con la detención de Ortiz, los dos presuntos responsables del crimen de Morena ya están presos. El otro acusado, Miguel Humberto Madariaga (25) alias “Miguelito”, ya había sido atrapado poco después del homicidio y ya fue procesado con prisión preventiva. Su hermano Darío Ángel Madariaga (28), que había caído preso como presunto coautor del delito, fue liberado el pasado 8 de septiembre en tanto se determinó que no había participado del hecho.

Ortiz ─que ya había sido detenido ese mismo día por otro delito en la Ciudad de Buenos Aires y luego excarcelado─ ahora se negó a declarar ante la fiscal a cargo de la causa, Silvia Bussano, de la Unidad Funcional de Instrucción /UFI) 7 de Lanús.

Qué pasó la mañana que mataron a Morena

La niña de 11 años fue asaltada antes de las 7.30 del 9 de agosto pasado, cuando Morena cuando llegaba a la Escuela Almafuerte de la calle Molinedo al 3200, de Villa Diamante, Lanús. Las cámaras de seguridad de la municipalidad registraron el momento en que Morena cae al asfalto tras se abordada por dos motochorros y recibir un golpe de su parte para poder robarle el celular.

Un automovilista que presenció el crimen intentó encerrar a los delincuentes, que también fueron perseguidos por un barrendero, pero lograron escapar con la moto a toda velocidad.

La estudiante, que a pesar de la asistencia no podía incorporarse, fue atendida por el SAME y fue trasladada al Hospital Evita donde falleció producto de un paro cardiorrespiratorio. La autopsia luego determinó que murió como consecuencia de “un fuerte golpe en la zona abdominal” que le generó lesiones en el riñón y el hígado, además de una hemorragia interna.

ACM con información de agencias.

A pocos días de conocer el veredicto del juicio, los ocho acusados por el homicidio de Fernando Báez Sosa recibieron hoy la última visita de sus familiares en la ciudad de Dolores. El encuentro se produjo en la Unidad 6, donde los imputados fueron alojados el 1° de enero pasado para estar cerca de los tribunales donde se desarrolló el juicio.

Todos están detenidos temporalmente hasta que finalice el proceso, el próximo 6 de febrero, cuando se confirmará si son -o no- condenados a prisión perpetua, de acuerdo con el pedido de la Fiscalía y la querella, representante de los padres de Báez Sosa.

Los ocho jóvenes están imputados por “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, en perjuicio de Báez Sosa, en un hecho que se produjo en Villa Gesell en enero de 2020. En tanto, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Dolores, María Claudia Castro, Christian Ariel Rabaia y Emiliano Javier Lázzari darán a conocer el veredicto el lunes venidero.

Durante todos los miércoles de enero recibieron la visita de sus familias en el penal ubicado a unas diez cuadras de los tribunales. Hacia allí también fue varias veces Hugo Tomei, el abogado de los ocho acusados, para planificar el desarrollo del juicio y hasta el día previo a lo que fue la declaración indagatoria de la mayoría de los imputados, el 18 de enero pasado.

Antes de estar alojados en Dolores, los ocho implicados por el crimen estaban con prisión preventiva en el penal de Melchor Romero (partido de La Plata) y aún no está confirmado si luego de un eventual veredicto condenatorio, volverán a ese lugar o se les destinará otro sitio de detención.

Este último punto es un asunto que mantiene en vilo al Servicio Penitenciario Bonaerense, debido a que los ocho permanecen aislados del resto de la población carcelaria ante el temor de que sean agredidos. A tal punto que no solo están en un lugar aislado, sino que el poco tiempo de aire libre que se les concede también lo hacen en soledad.

También fue motivo de queja por parte de la defensa las condiciones de detención en Melchor Romero porque, según plantearon, se les da poco tiempo en el patio, justamente por las estrictas condiciones de seguridad que hay en torno a ellos y para evitar la agresión de otros detenidos.

En el penal de Dolores también permanecen aislados y hace poco hubo un operativo donde se le secuestraron los teléfonos celulares a Blas Cinalli y Enzo Comelli, a raíz de un supuesto uso indebido, porque habrían interactuado con cuentas de la red social Instagram que los apoyan.

Los celulares fueron otorgados en la cárcel durante la pandemia,  para que los detenidos no pierdan el contacto con sus familiares, pero el uso de las redes sociales les está prohibido y, ante la sospecha, les retiraron los equipos.

Con información de NA

La etapa de presentación de prueba del juicio a los ocho acusados de matar a golpes a Fernando Báez Sosa, que coincidió con el tercer aniversario del crimen ocurrido en Villa Gesell, finalizó este miércoles con los testimonios de dos peritos que cuestionaron durante más de dos horas el informe de autopsia al considerar que no es concluyente sobre la causa de la muerte porque no precisa si ciertas lesiones fueron producto de los golpes o de las maniobras de reanimación que le practicaron.

“Tuvo 60 segundos de golpes y más de 45 minutos de RCP (reanimación cardiopulmonar)”, dijo el especialista en medicina legal Juan José Fenoglio en su exposición ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores. Para el forense convocado por la defensa a cargo de Hugo Tomei, “es importantísimo saber qué arteria sangró y qué golpe le produjo la lesión”, ya que consideró “raro que una persona con este traumatismo se muera en el lugar del hecho”.

Al iniciar su declaración, el testigo dijo que “no coincide la conclusión” del informe de autopsia elaborado por el forense Diego Duarte “con lo observado en la autopsia” y consideró que la lesión en el hígado de Fernando a la que se refiere el perito oficial “puede ser por un aplastamiento en el hígado provocada por la reanimación por RCP”.

“Un golpe no produce este tipo de lesiones”, destacó Fenoglio, quien agregó que “el médico que hizo la autopsia tenía que investigar” la posible “presencia de un aneurisma” para determinar si podía explicar la rotura de una arteria.

Cuando el querellante Fabián Améndola le preguntó concretamente por qué murió Fernando, el perito respondió: “No lo sabemos, porque la autopsia no lo explica”. Además dijo que según consta en la autopsia, el fallecimiento fue constatado a las 6, pero no hay datos “de lo que pasó entre las 5.15” cuando la médica que trasladó a la víctima “lo deja en el shock room hasta las 6”.

Otro de los peritos convocados por la defensa, el médico emergentólogo Jorge Rodolfo Velich, aseguró por su parte que “el escrito de la autopsia causa vergüenza ajena como médico forense”. A su criterio, la víctima “inicia su camino a la muerte por golpes en el cráneo, golpes de determinadas intensidades que no quedaron claras en la autopsia” y aseguró que no cree que el joven“ haya muerto en el lugar, pero sí que estaba inconsciente”.

Además aclaró enfáticamente que “no fue la RCP la que mató a Fernando Báez Sosa pero agravó la situación por la movilización” del cuerpo. “El cuadro tiene nombre y apellido: politraumatismos graves”, indicó Velich, a partir de una pregunta del fiscal Gustavo García.

Los forenses estaban sentados frente al estrado mientras analizaban los puntos salientes de un informe que hicieron sobre la autopsia, el cual fue incorporado a la causa como parte de la Instrucción Penal Suplementaria por pedido de la defensa. Acompañan su declaración con imágenes del informe realizado del por el médico Duarte, que practicó la autopsia seis horas después del crimen en el Hospital de Pinamar.

Los padres de Fernando, Graciela Sosa y Silvino Báez, quienes llegaron a los tribunales vestidos con una remera que tiene estampada una foto de ambos con su hijo junto a una frase que dice “nos tenemos”, optaron por retirarse de la sala de audiencias para no escuchar en detalle la descripción de los forenses.

En cambio, sí seguían de cerca las declaraciones de los peritos los ocho imputados, Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Ayrton Viollaz (23), Luciano (22), Ciro (23), Lucas Pertossi (23) y Blas Cinalli (21). Éstos dos últimos solicitaron hablar ante el tribunal para explicar su postura sobre la prueba. Cinalli fue el único que aceptó responder preguntas de la fiscalía.

“Los chicos mintieron. Un borracho no puede escribir mensajes. Espero que lo de hoy salga todo bien. Esperamos que se haga Justicia para que Fernando pueda descansar tranquilo”, dijo Silvino Báez, padre de Fernando, al terminar la audiencia.

El Tribunal, por su parte, dispuso que los alegatos de las partes en el juicio sean llevados a cabo los próximos miércoles 25 y jueves 26 de enero: el primer día será el turno de la fiscalía y el particular damnificado, mientras que al siguiente alegará la defensa.

Los cruces durante el debate

“No pueden discutir entre ustedes”, exclamó en un momento la jueza María Claudia Castro cuando Fenoglio y el abogado de los padres de la víctima, Fernando Burlando, tuvieron un cruce sobre uno de los puntos relacionados con la autopsia.

Es que Burlando cuestionó al testigo por el uso de “conceptos confusos” y por su falta de definición respecto de las posibles causales de la muerte en caso de que no fueran correctas las determinadas por Duarte, perito oficial que realizó la autopsia, a lo que el especialista expresó: “Usted entiende cualquier cosa”.

En otro tramo de la audiencia, el querellante insistió en que el perito no era preciso en sus respuestas, por lo que se generó otro momento tenso: “A ver doctor: pupilas midriáticas, sin signos vitales, sin pulso, no responde a ningún tipo de estímulo, una persona que está inmóvil, inerte, ¿qué diagnóstico me da?”, le preguntó, a lo que el médico respondió: “Según el estado en que se encuentre. La medicina no es una cosa exacta. Puede estar viva. Hay criterios”.

Antes, cuando ya había pasado más de una hora y media de exposición, había tenido otro contrapunto con el fiscal García, quien le preguntó al mismo perito si tenía conocimiento y habían podido analizar cerca de 60 fotografías de la autopsia que el Ministerio Público pidió incorporar a la causa dos semanas antes del inicio del juicio.

“Para nosotros, las fotografías que ilustran la autopsia van en la autopsia, no tres años después”, respondió el forense, quien agregó: “Si me viene un alumno con esta autopsia, la nota es cero”.

La presidenta del tribunal, por otro lado, debió intervenir también en otro momento para pedirle al forense que se limitara a responder por sí o por no, sin “explicaciones” que no sean solicitadas, cuando Fenoglio se encontraba parado con el puntero en la mano junto a la pantalla donde se exhibía la imagen del cuerpo de Fernando.

DA/MB

Fernando Sabag Montiel y Brenda Elizabeth Uliarte quedaron imputados en la investigación caratulada como “homicidio en tentativa” por “haber intentado dar muerte a Cristina Elisabet Fernández de Kirchner” y “haber contado para ello con la planificación y acuerdo previo entre ambos”, según confirmó una fuente directa del expediente.

Durante su indagatoria, Sabag Montiel dijo: “Brenda no tuvo nada que ver”, despegando a su novia, pero este miércoles también trascendió de dos fuentes directas de la declaración que a continuación agregó: “Y yo tampoco”.

Sabag Montiel “aprovechando el estado de indefensión generado por la multitud”, apuntó hacia la cara de la vicepresidenta con una pistola semiautomática, calibre 32, marca Bersa, modelo Lusber 84 y la numeración “25037” en el lateral izquierdo del cañón, afirmó la jueza María Eugenia Capuchetti en el escrito que se les leyó a ambos durante la indagatoria.

El hombre de 35 apuntó “accionando la cola del disparador en al menos una ocasión sin que se produzca el disparo, pese a encontrarse la misma cargada con cinco cartuchos de bala del mismo calibre y resultar aptas para sus fines específicos”, dice el documento judicial.

“El referido suceso tuvo planificación y acuerdo previo”, dice la imputación. También se le imputó haber llevado o tenido el arma de fuego “sin contar con la debida autorización legal” y con “la numeración parcialmente suprimida en la base de su empuñadura y a sabiendas de ello”; además de haber acopiado 100 municiones calibre 32, secuestradas el día 2 de septiembre de 2022 a raíz de uno de los allanamientos realizados.

Otro hecho por el cual fueron indagados fue la falsificación de los certificados de discapacidad emitidos a su nombre por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, mediante el aporte de sus datos filiatorios.

La jueza ordenó la inspección y el secuestro de los vehículos pertenecientes a Sabag Montiel, mientras espera los resultados finales del peritaje del teléfono de Uliarte y otros seis teléfonos más, y avanza el análisis de cámaras de grabación (tanto públicas como privadas) para reconstruir lo que hicieron ambos imputados el día del hecho.

El juzgado confirmó este miércoles por la noche que los abogados de los imputados son los defensores oficiales Juan Martin Hermida y Gustavo Kollmann. Durante el día había trascendido que Carlos Telleldín, el hombre que entregó la camioneta Traffic con la que se atentó a la sede de la AMIA en 1994, iba a asumir la defensa de la mujer.

ED

En el cierre de los alegatos finales de la causa Vialidad, el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de prisión para la vicepresidenta Cristina Kirchner y la inhibición perpetua para ocupar cargos públicos.

Previamente, la fiscalía dijo que la vicepresidenta Cristina Kirchner era la jefa de una asociación ilícita y será acusada de fraude al Estado. Si el tribunal decide condenarla, la pena de prisión efectiva solo se cumpliría si el fallo queda firme, es decir, una vez que lo revise la Corte Suprema de Justicia, lo que lleva años.

El pedido de los fiscales para los 13 los imputados por la causa Vialidad

Ninguno de ellos, de acuerdo al pedido del fiscal Luciani, estará habilitado para ejercer cargos públicos. Y expresó que se pedirá decomisar 5.321 millones de pesos y que en dólares equivale a una suma de casi 1000 millones. Además, solicitó confiscar propiedades de la familia Báez.

En el caso del extitular de Vialidad Nacional, Nelson Pierotti, dijo que es un “agravante el cargo que ostentaba siendo que desde el organismo salieron las 51 licitaciones adjudicadas a Lázaro Báez”.

Sobre Claudio Abel Fatala, expresó: “Permitió que no haya controles en el registro de empresas constructoras y esto posibilitó que Lázaro Báez siga ganando obras pese a carecer de capacidad de construcción”.

En cuanto al rol de Carlos Kirchner, sostuvo: “Cometió una acción dolorosa en el tiempo en incumplimiento de los deberes que le correspondían como funcionario. Su franca inacción se extendió a lo largo de 10 años”.

NB

El médico clínico contratado para la internación domiciliaria en la que hace un año falleció Diego Armando Maradona fue imputado hoy y citado a indagatoria en la causa por el fallecimiento del astro futbolístico por los fiscales que le reprochan haber visto al paciente en tan solo una oportunidad y no haber hecho un adecuado control clínico de salud, informaron fuentes judiciales.

Se trata de Pedro Di Spagna, quien fue llamado a indagatoria para el próximo 20 de diciembre, acusado por el presunto “homicidio con dolo eventual” de Maradona y se transformó así en el octavo imputado de la causa.

Di Spagna había sido contratado para el seguimiento de Maradona en la casa de Tigre por la empresa Medidom, la tercerizada en la que la prepaga Swiss Medical había delegado la atención del “10” en su internación domiciliaria.

Los fiscales Cosme Iribarren, Patricio Ferrari y Laura Capra le solicitaron al juez de Garantías 2 de San Isidro, Orlando Díaz, que le prohíba la salida del país a Di Spagna, como ocurre con los otros siete acusados.

En el dictamen –al que accedió Télam-, al describir la conducta que se le imputa, los fiscales sostuvieron que “en particular, en su carácter de médico clínico designado para el seguimiento del tratamiento del paciente mientras se materializaba su internación domiciliaria, omitió cumplir con los deberes a su cargo ya que se abstuvo -al igual que el resto de los intervinientes- de controlar regularmente el estado de salud del paciente”.

También señalaron que Di Spagna “se presentó en esa calidad solo en dos oportunidades: el 12 de noviembre de 2020, cuando sugirió la realización de una serie de estudios (análisis de sangre y orina, ecocardiograma; placa de tórax y ecocardiograma doopler color) de los cuales nunca se aseguró de su efectiva materialización; seguimiento y/o control en su caso.

“Luego –continúan los fiscales-, sólo concurrió el próximo 18 de noviembre avalando en su carácter de profesional de la salud una supuesta negativa del paciente a ser controlado aumentando así el riesgo en la vida de la víctima pese a su rol y considerar que era necesario el adecuado control clínico del mismo todo lo cual se representó acabadamente”.

Al igual que al resto de los acusados ya indagados, en la imputación los fiscales señalaron que los ocho “ejecutaron acciones contrarias al arte de la salud y omitieron realizar los actos específicos que cada uno debía desarrollar en torno a su función, agravando el cuadro de salud

de Diego Armando Maradona, colocándolo en una situación de desamparo y abandonándolo a su suerte, ya que provocaron el deceso de Diego Armando Maradona el día 25 de noviembre de 2020”.

Di Spagna es el médico en el que muchos de los otros imputados –en especial el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov-, descargaron responsabilidades en cuanto al cuidado de la parte clínica de Maradona.

Además, Di Spagna figuraba en el chat llamado “Tigre” donde los enfermeros reportaron los registros de sus controles, y donde surgió que en los últimos días estaba taquicárdico y edematizado.

La indagatoria a Di Spagna fue fijada para el 20 de diciembre próximo a las 11, en la sede de la Fiscalía General de San Isidro.

En el dictamen, Ferrari, Iribarren y Capra también decidieron prorrogar la etapa de instrucción de la causa –que vencía el 14 de diciembre-, por otros cuatro meses, por lo que la idea original que tenían de elevar a juicio una primera etapa de la causa con los siete imputados ya indagados, quedó desechada.

Fuentes judiciales indicaron a Télam que los fiscales tomaron esa decisión por una serie de medidas y cuestionamientos que hizo el abogado Mario Baudry, querellante por el hijo menor de Maradona, en el pedido de recusación que presentó contra ellos.

Maradona, la mayor figura de la historia del fútbol mundial, murió a los 60 años de un edema pulmonar y una falla cardíaca el 25 de noviembre de 2020 al mediodía, en una casa del barrio privado San Andrés, de Tigre, donde transitaba la internación domiciliaria que está bajo investigación penal en la Justicia de San Isidro.

Tras las conclusiones de una junta médica, los profesionales de la salud que lo asistieron fueron imputados por “homicidio simple con dolo eventual”, figura penal que prevé de 8 a 25 años de prisión y que fue elegida por los fiscales tras una investigación en la que concluyeron que el equipo médico de Maradona fue “deficiente”, “temerario” e “indiferente”, y que sabía que el “10” podía morirse y no hizo nada para evitarlo.

Aparte de Di Spagna, Luque(40) y Cosachov (36); los otros cinco imputados el psicólogo Carlos Ángel “Charly” Díaz (29); la médica coordinadora de la prepaga Swiss Medical, Nancy Edith Forlini (52); el coordinador de enfermeros Mariano Perroni (40); y los enfermeros Ricardo Omar Almirón (38) y Dahiana Gisela Madrid (37).

DA con información de la agencia Télam